El articulo Ecuador: Mensaje de Rafael Correa para las elecciones de este domingo 11 de abril apareció primero en piensaChile.

En un documento de la Consultora Imaginaccion, de Enrique Correa, titulado “La situación chilena: coyuntura y escenarios”, el exministro de la administración Aylwin. Correa ve en el alza de las cuentas de luz y del pasaje del Metro la causa de las protestas.  «Allí la crisis comenzó. Este es su origen. Si ese es su origen» sostiene Correa, «sólo una agenda social potente, ingresos mínimos más altos, mayores pensiones ahora, ayuda en la compra de medicamentos y mejores seguros de salud, debieran ser la clave de la solución». Es evidente, que esa receta no traerá las soluciones y la paz con que sueñan los poderosos. Si no hay justicia, no habrá paz.
NdR. piensaChile

 
 

 

Santiago, enero 31 de 2020
Escenario General
El objetivo de estas notas es proyectar escenarios futuros de mediano plazo, desde los menos probables a los más probables.
Para cumplir el cometido, tenemos que reconocer que, con los datos de hoy, hay más imponderables que ponderables.
Podemos afirmar que, después de casi cuatro meses de crisis, el país no se derrumbó.
Su economía ha tenido meses muy malos, sin embargo no se ha quebrado y los factores claves o pilares de su solidez macroeconómica (sistema bancario sólido, Banco Central autónomo, apertura económica y política fiscal responsable) siguen sólidos, sin riesgo inminente que los amenace. La posición fiscal es menos sólida y más alejada de la regla fiscal que en años pasados, pero la caja del Fisco está bajo control.
Las instituciones políticas cuya reputación ha sufrido más daño, Presidencia de la República y Congreso, siguen funcionando con normalidad y la discusión de las leyes en el parlamento sigue su curso, difícil a veces, pero avanza.
El Poder Judicial, la judicatura y el Ministerio Público siguen desarrollando su labor, con lentitud en la investigación sobre hechos de violencia, pero sus investigaciones no se detienen y siguen siendo manejadas con criterios institucionales y con alta neutralidad política.
En resumen, las instituciones del Estado funcionan en medio de un ambiente de muchas críticas que no alcanzan a impedir el cumplimiento de sus cometidos constitucionales.
Ni la economía está en recesión, ni las instituciones de Estado se han desplomado, lo que da muestra de la solidez del andamiaje político, económico y financiero chileno.
Pero todo esto no es suficiente.
 
¿Por qué no es suficiente?
Porque su funcionamiento normal convive con un país en situación de anormalidad. La vida cotidiana de la gente común sufre grandes alteraciones y la violencia no sólo no termina ni decae, sino que gana terreno y legitimidad.
En las primeras semanas de la crisis eran perfectamente distinguibles las manifestaciones pacíficas de las violentas. Hoy la frontera entre ellas es más tenue. En un primer momento, las marchas y manifestaciones fueron masivas y pacíficas, hoy son menos masivas y menos distinguibles de los episodios de violencia que las acompañan.
Se ha popularizado en Chile la expresión “Primera Línea”, aludiendo a quienes con escudos, palos y capuchas defienden o protegen a los manifestantes de la fuerza policial. Se difunde por redes y medios de comunicación más formales un culto a la “primera línea”, un culto a la resistencia, no precisamente pacífica, a la fuerza policial.
Volviendo a los párrafos iniciales, el funcionamiento formal de las instituciones continúa sin alteración y ello convive con una imposibilidad, hasta el momento, del restablecimiento del orden público por parte del Estado.
En el centro de la ciudad, la Plaza Italia se ha transformado en un lugar que, por largos momentos, queda fuera del alcance de la policía y del Estado de Derecho.
El país vive, o sobrevive, por las fortalezas acumuladas en esta década, pero no tiene garantizado su futuro mientras no se restablezca el orden público.
 
En cuanto al orden público, tres consideraciones:
₋ La violencia no ha sido condenada con energía por el mundo político, especialmente por el de oposición.
₋ Enfrentamos una crisis policial de envergadura. Carabineros no ha sido capaz de sobreponerse y derrotar a la violencia. Ha sido, hasta el momento, derrotado por ella.
₋ En los enfrentamientos y detenciones propias de los incidentes, ha surgido un número alto de violaciones a los Derechos Humanos. El tema es muy sensible para el país y para su imagen en el mundo, por su trágica historia de violación de derechos fundamentales durante la dictadura.
 
Otra arista: la desconfianza institucional
Chile tiene una historia de fortaleza de sus instituciones. Estas siguen siendo fuertes y funcionan pese a todo, pero pesa sobre ellas un clima de sospechas y desconfianzas. No despiertan adhesión y su reputación se ha derrumbado.
Especialmente peligroso, por nuestra historia, es la extrema debilidad del apoyo al Presidente. Si bien la crisis es más general y el enojo más multifactorial, ella se concentra con mucha fuerza en el rechazo al Presidente Piñera. La continuidad de los presidentes en sus cargos por todo el periodo que fueron electos es un valor de la institucionalidad chilena. La posibilidad de que se derrumbe y se vea obligado a irse antes del fin de su mandato representa un alto riesgo para el país. Si ello ocurriera, el daño para Chile sería mayor.
Los observadores internacionales levantan dudas sobre Chile en su análisis, toman en consideración nuestros problemas y aprecian también nuestras fortalezas. Se han levantado dudas en el mundo sobre nuestra situación. Si el Presidente cayera y fuera reemplazado, la duda terminaría y Chile pasaría al listado de los países inestables, con gran daño para nuestra política y nuestra economía.
Si bien “la calle” pide la salida del Presidente, el sistema político no comparte ese clamor y se inclina más bien por un acuerdo transversal de estabilidad del Presiente y, más en general, por la estabilidad de la institución Presidente de la República.
Otro elemento preocupante del cuadro político actual es la elevación de los grados de fanatismo, condena y agresión al que piensa distinto. Las redes sociales juegan un gran papel en la condena del disidente. Las funas (forma de agresión callejera), el descrédito, la condena al que piensa según su criterio y ejerce su libertad de expresarlo se generalizan en el país. Incluso son criticados y vandalizados sus símbolos, como la estatua de Alexis Sánchez o los discos de Paloma Mami, sólo porque éstos no se han pronunciado a favor de las movilizaciones. Algo parecido al fascismo, que ha ido convirtiendo al país y a la ciudad en un lugar hostil.
 
Hilando fino: el origen social de la crisis
No hay que olvidar el origen social de la crisis.
La crisis no es el producto de agitadores extranjeros como lo afirmó en su momento el Presidente y el gobierno. No es tampoco una explosión inmensa contra el neoliberalismo, como lo afirman los que marchan y un sector de la izquierda.
El origen de la crisis es el desplome económico del sector más vulnerable de la clase media, la capa inferior del C3. Son los recién llegados de la clase media con la pobreza a la vuelta de la esquina. Satisfechos con su progreso al salir de la pobreza y con miedo, a veces con pánico, ante el peligro de retornar a ser pobres. Por varios años, los estudios y las encuestas mostraron a este sector con una ambivalencia de sentimientos: esperanza y miedo.
Esperanza en el ascenso social y miedo a volver a la pobreza originaria.
Los estudios muestran rasgos más precisos aún. El temor al retorno a la pobreza se concentra en las bajas pensiones y en la incapacidad del sector público de resolver enfermedades catastróficas, es decir, en volver a ser pobre cuando el fin de la vida se avecina. La enfermedad cuyo tratamiento obliga a venderlo todo, a perderlo todo. La pensión tan baja que reduce a la nada la prosperidad relativa alcanzada durante la vida.
Sumemos a ello estos años de estancamiento económico. Bajísimo crecimiento en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, el que el segundo gobierno del presidente Piñera no logró mejorar.
Con ese magro crecimiento los salarios se estancaron y ello tiene una amarga consecuencia en el tramo inferior de la clase media, con 460 mil pesos de salario promedio.
En octubre, el alza de la luz, primero, y del metro después, rebalsó las posibilidades de muchos presupuestos familiares, muy estrechos y fuertemente endeudados. Por ello, respaldaron con simpatía las primeras acciones pacíficas contra el metro, estudiantes saltando los torniquetes de control de pago en el metro. Así como respaldaron con simpatía estas acciones, rechazaron con energía la criminalización de esas acciones por parte del gobierno.
Allí la crisis comenzó. Este es su origen.
Si ese es su origen, sólo una agenda social potente, ingresos mínimos más altos, mayores pensiones ahora, ayuda en la compra de medicamentos y mejores seguros de salud, debieran ser la clave de la solución.
[NdR. piensaChile.: Cuan equivocado está Correa. Pensando seguramente en los intereses de sus Clientes, cree que unos cuantos pesos y un par de limosnas pueden hacer cambiar lo que piensa, lo que siente y lo que exige la mayoría de la ciudadanía: democracia directa, participación en todas las decisiones de lo que afecta y determina la vida de la sociedad]
 
Los actores de la violencia
Tres actores relevantes han sido los causantes de la violencia más dura.
El narcotráfico, que recluta a jóvenes provenientes de la educación municipal pública (cuya mala calidad cierra las puertas a cualquier destino laboral) o del SENAME  (servicio de menores sin hogar). Probablemente este grupo de jóvenes sin destino y con ira combinados con el narcotráfico sean muy protagonistas en saqueos e incendios a supermercados.
Los anarquistas, muy influyente en estudiantes secundarios, que pueden tener una participación importante en los incendios a las estaciones de metro.
Las barras bravas del futbol, muy protagónicas en los desórdenes callejeros.
La presencia de agitadores extranjeros no tiene base empírica alguna.
Harina de otro costal son los marchantes de los viernes (marcha a la que concurren los otros grupos mencionados). En estas marchas, el rol protagónico lo juegan jóvenes sub 35, más acomodados que los otros, de grupos C2, C3, e incluso ABC1, con formación universitaria y muchos con postgrado, que buscan el cambio radical de todo, el fin de la experiencia neoliberal, como llaman a las políticas públicas de la última década. Esos jóvenes que marchan simpatizan con los violentos, se sienten protagonistas de una guerra o revolución y piensan que la democracia actual es una dictadura encubierta.
Esas marchas y esos marchantes tienen, sin embargo, respaldo de la gente. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos, la encuesta más prestigiada del país, da cuenta de un respaldo de un 56% a esta agitación callejera.
Probablemente ello se deba a que los resultados de la agenda social, ingreso mínimo, pensiones, pago de medicamentos y seguros de salud, todavía no llegan al bolsillo de este sector clave de la clase media, el más precario, pero el fiel de la balanza. Lo fue en las elecciones presidenciales anteriores y lo es ahora, en esta crisis.
 
El lado positivo
Señalamos al comienzo la existencia de factores ponderables (pocos) y de factores imponderables (muchos).
El primero de los elementos ponderables incluye el acuerdo que estableció el camino institucional -plebiscito, elección de constituyente y nuevo plebiscito- y los buenos acuerdos tomados en el Senado en materia económica.
El acuerdo constitucional, suscrito por todo el arco político democrático, con excepción de los comunistas, fue una demostración de gran capacidad política de nuestra dirigencia. Proyectó un camino con calendario de solución de la crisis. Propuso la construcción de una nueva estabilidad.
El otro ponderable que ofrece oportunidades de progreso es la fluida relación de acuerdos entre el ministro de Hacienda, los senadores de la Comisión de Hacienda y el presidente del Banco Central, respaldado éste por todo el Consejo del banco. Estos acuerdos con el ministro de Hacienda trasmiten certezas: permitieron aprobar el presupuesto y la reforma tributaria y son una garantía de que la agenda social aprobada por el Congreso será efectiva y sostenible. Este verdadero círculo virtuoso es clave para mantener al país alejado de la recesión, en una situación en que el crecimiento económico estará sobre cero sin llegar a uno.
Así como en la economía dependemos de esta relación entre el poder legislativo y el ministro de Hacienda, en lo político dependemos del cumplimiento de la hoja de ruta constitucional.
Probablemente su resultado será más equilibrado que el que aparece ahora en las encuestas. Lo más seguro es que gane la opción de aprobación a una nueva Constitución, pero que la opción “rechazo” consiga el 30% o más (algún número entre 30 y 40). Un 40% sería un gran éxito para los que sustentan el rechazo.
En la economía, dependemos del impulso fiscal para evitar una recesión y para atenuar el desempleo. Probablemente la fuerza del impulso fiscal estará puesta en proyectos de rápida ejecución, más que en mega proyectos de más larga duración.
La razón de fondo del protagonismo en el impulso fiscal en esta fase se debe a que no tendremos flujo positivo de inversiones mientras no tengamos clarificadas las principales cuestiones constitucionales.
Ruta constitucional, desempeño de la economía sobre cero y mantención del Presidente hasta el fin del período. Si Chile logra estos tres propósitos, las cosas irán mejor.
Todo depende del orden público. Si no se reestablece, los tres propósitos anteriores pueden quedar en entredicho.
Más precisamente, todo depende de cómo resolvemos la cuestión policial. Recurrir a los militares como última instancia no cuenta con la simpatía ni la aprobación militar. No ven razón los militares para que tengan que pagar altos costos institucionales por una institución en problemas que no pueden resolverlos por sí misma.
Si no hay arreglo para un desempeño mejor de Carabineros, muchos quisieran armarse para guardar su seguridad y el de su propiedad o negocio. Si así fuera, este es el peor escenario para el mediano plazo chileno, bajar en su desarrollo un escalón o más. No sería un mejor país, sino uno peor.
Probablemente lo que ocurra es que, después de un duro viacrucis construyamos una nueva estabilidad, más cara y un país más inseguro o no tan seguro como el actual.
Este podría ser el escenario que, no siendo óptimo, puede ser manejable.
Puede ser también el escenario más probable.
 

 

Acerca de Enrique Correa Ríos:

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La historia más reciente de Chile nos proporciona también evidencias abrumadoras de un profundo autoengaño colectivo. Partiendo por el desconocimiento de que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación llegó a una convergencia con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Edgardo Boeninger. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Andrés Bello, 1997; p. 369); y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (Ibid.; pp. 369-70). Y que para que dicha convergencia no quedase desnuda ante sus bases, aquel liderazgo le regaló solapadamente a la futura oposición de derecha (a través de las reformas constitucionales concordadas en 1989) la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba de haber mantenido intacto el texto constitucional (Ver mi Chile: Una democracia tutelada, Capítulo III; Sudamericana, 2000).

También desconocemos que, para evitar los cuestionamientos de una prensa de centro e izquierda que no compartía esa convergencia con el neoliberalismo, los sucesivos gobiernos de la Concertación adoptaron diversas políticas silenciosas, pero muy eficaces, para destruir dichos medios; como lo ha denunciado reiteradamente -entre otros, y sin haber sido nunca desmentido Juan Pablo Cárdenas. Dichas políticas incluyeron -desde Patricio Aylwin la mantención de la discriminación del avisaje estatal que les había hecho la dictadura; el bloqueo gubernamental de sustanciales apoyos financieros prometidos por el gobierno de Holanda; y la compra de algunos de esos medios, por personeros concertacionistas, para luego cerrarlos. De este modo, aquellos gobiernos lograron en los 90 el cierre de La Epoca, Fortín Mapocho, Análisis, Apsi y de Hoy, entre otros. Asimismo, con políticas análogas lograron posteriormente la desaparición de Rocinante, Plan B y Punto Final; así como, luego de un larguísimo juicio internacional -sostenido tanto por los gobiernos concertacionistas como los de derecha propiamente tales-, impidieron que Víctor Pey pudiese obtener una indemnización con la que iba a reabrir el diario de izquierda Clarín.

Otro proceso fundamental -que en gran medida desconocemos- han sido las continuadas políticas de los diversos gobiernos concertacionistas en favor de la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos de la dictadura. De partida, como lo reconoció Boeninger, “una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Eso significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes cometidos con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno de Pinochet” (Ibid.; p. 400).

En este sentido fue también sintomático que la Comisión Rettig, que hizo un valorable esfuerzo de búsqueda de la verdad al registrar oficialmente las víctimas fatales de la dictadura, se denominó de “Verdad y Reconciliación”, denotando la idea de que no se requería la Justicia para el logro de una efectiva reconciliación entre los chilenos.

Luego, sistemáticamente, el liderazgo concertacionista buscó -infructuosamente- convalidar legislativamente aquel decreto-ley y/o lograr una sustantiva disminución de las penas de los agentes del Estado que cometieron graves violaciones de derechos humanos con posterioridad a esa fecha. Fueron los casos del Acuerdo-Marco de 1990; de las propuestas de los presidentes del Senado (Gabriel Valdés) y de la Cámara de Diputados (José Antonio Viera Gallo) en 1991; del proyecto de ley Aylwin en 1993; del proyecto de ley Frei en 1995; del Acuerdo Figueroa-Otero del mismo año; de un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en 1999; del proyecto de ley de inmunidad, presentado por Ricardo Lagos en 2003; de otro proyecto en esa misma dirección presentado por senadores concertacionistas y de derecha en 2005; y del intento de reflotamiento de ese proyecto por Michelle Bachelet en 2007. Todos estos intentos se vieron frustrados dada la gran oposición moral que generaron en las ONG de derechos humanos nacionales e internacionales y especialmente en las agrupaciones de familiares de las víctimas.

Posteriormente, se buscó ampliar la impunidad a los casos de tortura. Así, a los rechazos públicos de búsqueda de justicia en los casos de tortura expresados por el ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza (Ver La Nación; 15-2-2001) y por el senador socialista, José Antonio Viera Gallo (Ver El Mercurio; 14-2-2001); se sumó el que el gobierno de Lagos se negara inicialmente -ante la Comisión Etica contra la Tortura- a establecer una Comisión para registrar las víctimas de aquello en dictadura; viéndose virtualmente forzado a ello, debido ¡a críticas surgidas desde la UDI respecto del abandono en que habían quedado sus víctimas! Pero se le dio a la convocatoria la menor publicidad posible y en un plazo tan corto, que posteriormente el gobierno de Bachelet la reabrió para recibir nuevas denuncias de casos.

Peor aún, en el proyecto de ley de reparación a dichas víctimas -aprobado en cuarenta y ocho horas a fines de 2004se estipularon disposiciones tendientes a reforzar una impunidad moral y judicial para los autores de aquellos graves crímenes. Así, se estipuló un secreto ¡de 50 años! para el contenido de las denuncias presentadas; e incluso ¡se le impidió al Poder Judicial tener acceso al conocimiento de los delitos denunciados en ella!, contraviniendo con esto la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y los principios más elementales del derecho. Y el proyecto presentado durante el segundo gobierno de Bachelet para derogar dichas disposiciones aberrantes quedó sin ser aprobado, dado que aquel le quitó toda urgencia…

El desentendimiento de los gobiernos de la Concertación respecto del tema llegó a tales grados que incluso se designó o intentó designar a embajadores o agregados militares que tenían un historial de vinculación con graves violaciones de derechos humanos. El caso más escandaloso fue el intento del gobierno de Frei Ruiz-Tagle de designar en 1994 como embajador en Suiza a Luis Winter, que había sido Fiscal Naval en Valparaíso luego del golpe, y que como tal había sido acusado cuando se desempeñaba como diplomático en Ginebra en 1977, por una periodista suiza, de haber ordenado torturar a dos presos políticos: Jorge Escalante y Leopoldo Luna. Habiéndose querellado por injurias en contra de la periodista frente a la Justicia suiza, ésta no le dio la razón (Ver La Suisse; 10-1-1981). El intento de nombramiento de 1994 generó naturalmente una indignada reacción de los exiliados chilenos que quedaron en Suiza; por lo que el gobierno no pudo designarlo allí… ¡y lo nombró Cónsul General de Chile en Houston! Los posteriores gobiernos concertacionistas lo siguieron nombrando en altos cargos en la Cancillería, hasta que finalmente Bachelet lo designó en 2007, cuando jubiló, como abogado del Consejo de Defensa del Estado.

Entre los demás casos que suscitaron bochorno internacional para Chile, resalta el de Jaime Lepe (miembro de la Brigada Mulchén de la DINA, que se encargó del asesinato del español-chileno Carmelo Soria), a quien el gobierno de España se opuso que se lo nombrara en la Misión militar de Chile en ese país (Ver Ascanio Cavallo. La historia oculta de la transición; Grijalbo, 1998; p. 350). También el de Pablo Belmar (igualmente de dicha brigada) que se intentó designar en Ecuador. Sin embargo, aquel “no pudo asumir, porque al rechazo del Parlamento de ese país se sumó la firme postura del embajador Roberto Pizarro, quien estuvo dispuesto a renunciar si asumía Belmar” (La Nación; 31-1-1996). Luego, el gobierno quiso nombrarlo en El Salvador, pero allí “el propio Presidente de la República (de la extrema derecha, ARENA), Armando Calderón Sol, confirmó las declaraciones del canciller Ramón González Giner, en cuanto a que su gobierno rechaza la llegada al país” de Belmar “por las acusaciones que pesan en su contra sobre violaciones a los derechos humanos” (La Tercera; 17-2-1996).

Y quizá el que afectó más el prestigio global de Chile fue el del jefe de la Misión de Observadores de la ONU en la frontera indo-pakistaní, el general Sergio Espinoza Davies, que participó luego del golpe en un Consejo de Guerra en Calama “que el 29 de octubre de 1973 cambió una sentencia ya fallada para, bajo presión de mandos superiores, redactar una nueva y condenar a muerte a cuatro dirigentes del Partido Socialista de Iquique. Los dirigentes Freddy Taberna, Juan Antonio Ruz, Rodolfo Fuenzalida y José Sampson” (La Nación; 18-9-1998). Y, pese a la presión de Naciones Unidas para para que el gobierno chileno lo retirara, este prefirió que la propia ONU lo sacara: “Según fuentes e informaciones extraoficiales, el Gobierno prefirió este camino -que conlleva el bochorno internacional como lo planteó el canciller José Miguel Insulza- a tener que responder ante el Ejército por llamar a retiro al brigadier general” (Ibid.; 17-10-1998).

Pero ciertamente que la conducta más escandalosa -y en muchos casos olvidada o desconocida fue respecto de la búsqueda de impunidad del mismo Pinochet. La defensa que se hizo de él, una vez que fue detenido en Londres en 1998, representó la culminación de una permanente defensa de su figura en las reiteradas ocasiones en que sus visitas al extranjero y otros avatares le generaron duras críticas. Esto se dio ya en su primera visita a Inglaterra, en Mayo de 1991, cuando fue defendido por el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, frente a las duras críticas a Pinochet expresadas por parlamentarios laboristas (Ver La Nación; 5-5-1991). En ese mismo periplo -y ante el rechazo del gobierno francés de que pasara por allí- Correa dirigió una protesta al gobierno francés (Ver Fortín Mapocho; 29-5-1991). Y en la escala que hizo en Portugal, ante las duras críticas que le hicieron los periodistas lusos, Pinochet contó con la aprobación del ministro del Interior, Enrique Krauss (Ver La Tercera; 18-5-1991) y del presidente de la Cámara de Diputados, Viera Gallo (Ver El Mercurio; 18-5-1991).

Y en Marzo de 1992 se prefiguraría perfectamente la conducta defensiva que haría el gobierno de Frei Ruiz Tagle a Pinochet en 1998. Así, cuando el exdictador realizó una visita privada a Ecuador, su presidente Rodrigo Borja declaró que “su presencia no es bienvenida”. Ante esto, el gobierno de Aylwin efectuó una protesta formal, presentada por el ministro de RR. EE., Enrique Silva Cimma, al embajador de Ecuador (Ver La Epoca; 20-3-1992).

Sin duda, el antecedente más ominoso de la defensa de Pinochet en Londres, lo representó el duro cuestionamiento gubernativo a la acusación constitucional presentada por varios diputados de la Concertación en contra de Pinochet, para expresar por lo menos un rechazo moral y político a la entrada vitalicia de Pinochet al Senado, luego de cumplir su período como comandante en jefe del Ejército, en Marzo de 1998. Además, que la actitud gubernativa de defensa de Pinochet era “innecesaria”, en la medida que la acusación de todas formas sería rechazada por la mayoría senatorial de derecha. De este modo, incluso antes que se presentara, el Gobierno inició una fuerte ofensiva “destinada a persuadir a los partidos de la Concertación, para que los parlamentarios oficialistas se desistan (…) según trascendió el Presidente Eduardo Frei instruyó personalmente a los ministros del Interior, Carlos Figueroa; de la secretaría general de la Presidencia, Juan Villarzú; y al de Gobierno, José Joaquín Brunner, para solicitar directamente a los presidentes de los partidos de la alianza, y para persuadir a los diputados de la Concertación en Valparaíso, a echar pie atrás en la acusación constitucional” (La Epoca; 7-1-1998).

A las presiones se agregaron ¡las represalias!, una vez que el Consejo del PDC aprobó por 21 votos contra 20, dejar en libertad de acción a los diputados del partido para impulsar la acusación.

Así, fue destituida de su cargo por votar favorablemente, Jacqueline Saintard, quien se desempeñaba como Directora del Programa del Desarrollo de la Mujer (PRODEMU); y Héctor Ballesteros, quien era funcionario de la Secretaría Nacional del PDC (Ver La Epoca; 15-3-1998). Pese a ello, seis diputados del PDC integraron los once diputados que finalmente presentaron la acusación. Ellos fueron los DC Mario Acuña, Gabriel Ascensio, Sergio Elgueta, Tomás Jocelyn-Holt, Zarko Luksic y Andrés Palma; los socialistas Sergio Aguiló, Isabel Allende, Jaime Naranjo y Fanny Pollarolo; y el PPD, Guido Girardi. Las feroces presiones gubernativas hicieron que finalmente la acusación fuese derrotada por 62 votos contra 52, en lo que fueron claves 11 diputados del PDC. Por ello, el diputado DC -y principal líder sindical contra la dictadura-, Manuel Bustos, expresó: “Quiero pedir disculpas a más del 70 por ciento de los chilenos, por lo que han hecho algunos de mis camaradas votando en contra de la acusación al dictador” (La Tercera; 10-4-1998).

Y respecto de la defensa de Pinochet en Londres, además de lo increíblemente vergonzoso del hecho, se utilizaron argumentos particularmente sofísticos. Así, el entonces canciller Insulza señaló en marzo de 1999 a un diario español que “en España, tras la sentencia de los Lores, Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnistía (sic) que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarle aquí son mucho más amplias que en España. El juicio en su país (España) puede que les interese más a los que solo quieren un juicio simbólico” (El Mercurio; 28-3-1999). Todo ello, pese a que, en noviembre de 1997, al pronunciarse sobre las querellas ya presentadas en contra de Pinochet en España, el mismo Insulza expresó: “¿Por qué no se presentan esas querellas en Chile? Porque todo el mundo sabe que eso pondría en grave riesgo el proceso de transición” (La Epoca; 21-11-1997).

Además que, una vez conseguida la vuelta de Pinochet a Chile -por manifiestamente falsas razones de falta de salud mental- el gobierno de Lagos desarrolló una fuerte presión a los tribunales -que fueron finalmente exitosas- para lograr la impunidad de Pinochet, también so pretexto de su “salud mental”. Así, el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, efectuó numerosas declaraciones públicas a los tribunales en ese sentido: “Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio (…) El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho  más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban (…) A mí me gustaría que si el juez (Juan) Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así” (Que Pasa; 2-9-2000). Y, en este mismo sentido, Insulza efectuó varias otras declaraciones periodísticas (Ver La Nación, 10-8-2000; Caras, 18-8-2000; y La Nación, 16-4-2001).

Y que no era por temor que se estaba defendiendo a Pinochet, lo dejaron meridianamente claro diversas personalidades concertacionistas. En particular, Alejandro Foxley (PDC) y Eugenio Tironi (PPD). Así, el primero dijo en favor del exdictador: “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas (…) con Sergio de Castro a la cabeza (…) que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar; desregular; etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

Y Tironi escribió: “La sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transforma-ciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas

de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Grijalbo, 1999; pp. 36, 62 y 162).

Tampoco se ha reparado en el total giro que tuvo la política en favor de los derechos de los pueblos indígenas que -excepcionalmente- tuvo el gobierno de Aylwin. A la aprobación de una Ley Indígena que revirtió la política de asimilación y subordinación que se había desarrollado desde la “pacificación de la Araucanía”, se le sumó una CONADI que, bajo la dirección de José Bengoa, realizó una labor muy eficaz. Sin embargo, Frei Ruiz-Tagle revirtió dicha política con las ilegales presiones a los pehuenches para que permutaran sus tierras a la ENDESA para la construcción de la Central Ralco. A tal punto, que el gobierno destituyó a dos directores de la CONADI por negarse a tal predicamento (Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura) y a los dos representantes de la Presidencia en el consejo de la CONADI (Mylene Valenzuela y Cristián Vives) por la misma razón (Ver Chile: Una democracia tutelada; pp. 313-4).

Posteriormente, Lagos pareció recuperar una política positiva al convocar a una comisión de personalidades, académicos y dirigentes indígenas, presidida por Patricio Aylwin (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas) para efectuar un estudio histórico de sus persecuciones y discriminaciones; y proponer caminos de profundas reformas en su favor. Sin embargo, el Informe consiguiente fue virtualmente archivado, tanto por aquel como por su sucesora Michelle Bachelet. Peor aún, ambos gobiernos aplicaron la ley antiterrorista en contra de los mapuches que efectuaban prácticas incendiarias como método de lucha. Como lo señaló el director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “al utilizar el régimen legal más rígido posible contra los mapuches, el gobierno chileno los está equiparando injustamente con los responsables de crímenes atroces como los asesinatos en masa” (Universidad Diego Portales. Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2005; p. 305).

Y, más grave aún, se estableció una pauta de maltrato en que “numerosos efectivos de Carabineros allanan las comunidades mapuches para realizar detenciones, continúan maltratando físicamente e insultando a los residentes, incluyendo a mujeres, niños y ancianos” (Human Rights Watch y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Indebido proceso: Los Juicios antiterroristas, los tribunales militares y los mapuches en el sur de Chile; Octubre, 2004; p. 50). Aquello derivó en ocasiones en aplicaciones de tortura estando detenidos; y en la muerte a balazos de indígenas, como los de Alex Lemun Saavedra (Noviembre de 2002), Matías Catrileo Quezada (Enero de 2008) y Jaime Mendoza Collío (Agosto de 2009).

También pasó desapercibido el que la Concertación, una vez que adquirió mayoría parlamentaria, continuó en la misma senda económico-social heredada de la dictadura. Así pasó cuando finalmente el gobierno de Lagos obtuvo dicha mayoría entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz. Y, posteriormente, cuando Bachelet la obtuvo desde marzo de 2006 hasta diciembre de 2007, luego que el PDC expulsara de sus filas al senador Adolfo Zaldívar. Y durante todo el segundo gobierno de aquella.

De este modo, en lugar de aprovechar dicha mayoría para modificar sustancialmente el modelo neoliberal, profundizó sus orientaciones en el ámbito de la privatización o concesión de servicios públicos y de la gran minería del cobre; y de la concentración del poder económico en algunas decenas de grandes grupos económicos. Además de mantener todas las estructuras socio -económicas fundamentales dejadas por la dictadura: Plan Laboral; AFP; Isapres; sistema tributario que favorece la “elusión” de impuestos de los más ricos; universidades privadas con fines de lucro; irrelevancia de los sindicatos, juntas de vecinos y demás organizaciones de sectores populares; etc. Es decir, legitimó, consolidó y perfeccionó pacíficamente, lo que la dictadura había impuesto a sangre y fuego…

Por si aquello fuese poco, finalmente el liderazgo de la Concertación asumió la Constitución del 80, luego de algunas reformas de importancia pero que no alteraron la esencia autoritaria y neoliberal de la Carta Fundamental. En particular, se mantuvieron los dispositivos que impiden que el Estado efectúe una planificación indicativa, como la que se realizó en Europa occidental de post-guerra y que permitió (en conjunto con la integración regional) la creación del Estado de bienestar. A tal punto la Concertación hizo suya la Constitución, que desde 2005 ¡aparece firmada por Lagos y por todos sus ministros!; entre ellos, Sergio Bitar, Jaime Ravinet, Francisco Vidal e Ignacio Walker.

Todo esto nos permite, además, comprender las razones de la exultante apología efectuada por destacadas personalidades de derecha de la obra de la Concertación, y particularmente, de quien fue originalmente el más temido de sus líderes: Ricardo Lagos. Así, el destacado cientista político y ex embajador de Piñera, Oscar Godoy, al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por la “capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

Por otro lado, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló a fines de 2005 que a Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) como acá (en Chile) (…) porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005). A su vez, el destacado empresario y economista, César Barros, sostuvo el día final del Gobierno de Lagos que “las alabanzas empresariales dejan pequeñas a las ‘declaraciones de amor’

que le hiciera la cúpula empresarial finalizada la APEC. Un grupo de amigos empresarios que denominaban a Don Ricardo ‘El Príncipe’ (tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República) han optado en llamarlo, de ahora en adelante, ‘Zar de todos los Chiles’

(…) Antes (…) un príncipe socialista solo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha (sic) de todos los tiempos; y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración” (La Tercera; 11-3-2006).

Por su parte, Herman Chadwick (UDI) señaló que el Gobierno de Lagos “fue muy bueno y que el ex Presidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar” (El Mercurio; 21-3-2006). Asimismo, el destacado empresario pinochetista, Ricardo Claro, declaró, en lo que quizás fue la última entrevista de su vida, que “Lagos es el único político en Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC” (El Mercurio; 12-10-2008). Incluso, el ultraderechista, Hermógenes Pérez de Arce, planteó que “la derecha ha visto cómo el modelo de desarrollo económico-social que ponen en práctica los sucesivos gobiernos concertacionistas se parece mucho más al que ella siempre prohijó que a los proyectos propios y originales de la izquierda y de la DC” (El Mercurio; 19-3-2006).

Por otro lado, Arnold Harberger -el segundo economista más importante de la escuela de Chicago, luego de Milton Friedman- señaló en 2007, “que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007). Y en 2010, el mismo Harberger señaló que “yo creo que ha habido una gran evolución de política económica en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo que los gobiernos anteriores, y eso ha seguido hasta hoy día” (El Mercurio; 19-12-2010).

Gigantesco autoengaño histórico (I)
por Felipe Portales (Chile)
Publicado el 9 agosto, 2019

El articulo Gigantesco autoengaño histórico (II) apareció primero en piensaChile.

Roberto Godoy Fuentes fue contratado por el comité de senadores del PPD como asesor en la tramitación del proyecto de ley que busca resguardar los datos personales. Participó en el “grupo técnico” que revisó las indicaciones al proyecto y que sugirió cambios relevantes que favorecen a las empresas que utilizan los datos personales para sus estrategias de negocio. En paralelo, el abogado se desempeña como director de Comunicación Estratégica de una de las principales empresas de lobby: Imaginacción. La firma, controlada por el ex ministro Enrique Correa, tiene interés en ese proyecto y representa a empresas que podrían verse afectadas por la nueva ley. Godoy reconoció a CIPER que nunca reveló su doble rol.

El 1 de septiembre de 2018 el abogado Roberto Godoy Fuentes, militante del Partido Socialista, volvió como un influyente asesor a un edificio que conoce bien: el del Senado de la República. Había estado allí innumerables veces durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Los parlamentarios lo conocen. Participó en las comisiones legislativas, como un destacado técnico del gobierno, en la tramitación de las reformas laboral y previsional de la expresidenta. Pero ahora, con ese bloque político en la oposición, su rol era distinto y tenía una doble cara.

Desde ese primer día de septiembre del año pasado, Godoy Fuentes reapareció  formalmente en la Cámara Alta como asesor del comité PPD en la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, iniciativa que en estos días está siendo votada en la Comisión de Constitución del Senado. Lo que no se sabía hasta ahora es que, en paralelo a su labor de asesoría legislativa,  Godoy era empleado de Imaginacción, la empresa de lobby y comunicaciones corporativas del ex ministro Enrique Correa, donde aún se desempeña como director de Comunicación Estratégica.

El conflicto de interés es evidente, toda vez que la firma de Correa presta servicios a grandes empresas –aunque nunca se ha conocido la nómina de sus clientes– que pueden tener un vivo interés en este proyecto. Esto, porque la nueva ley podría limitar las bases de datos con información sobre los hábitos de los consumidores y que las empresas usan para desarrollar sus estrategias de venta y publicidad.

Es un hecho que Imaginacción tiene interés en este proyecto de ley. Los registros de la Cámara Alta, revisados por CIPER, indican que al menos tres de sus empleados asistieron, hasta marzo de 2018, a sesiones de la Comisión de Constitución del Senado donde se analizó la iniciativa: Beatriz Sanhueza (consultora de Asuntos Públicos de la empresa), Carolina Salas (cientista política) y Denise Schlesinger (consultora).

Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador Felipe Harboe (PPD) confirmó a CIPER que su partido contrató a Roberto Godoy como asesor para revisar este proyecto. El vínculo iniciado en septiembre de 2018 se extendió hasta diciembre de ese mismo año. Harboe señaló que recién a comienzos de enero de 2019 se enteró de que Godoy trabajaba para la empresa de Enrique Correa. Agregó que de inmediato envió un mensaje a su asesor Sebastián Abarca, para poner fin a la relación del comité de senadores PPD con el abogado Godoy. Al final de ese mensaje, el senador puso una frase preocupante: “Con razón la industria conoce los avances del proyecto”.

-¿Él les dijo que era lobista de Imaginacción?

-Yo no tenía la menor idea. Él me dijo que (en la empresa de Correa) no tenía nada que ver con lobby, pero yo le dije que no me parecía adecuado. La industria está presionando mucho porque este es un proyecto muy duro para ellos- indicó Harboe a CIPER.

Aunque, de acuerdo con la versión del senador Harboe, el abogado dejó de ser asesor del PPD en esta materia, Godoy siguió frecuentando la Comisión de Constitución, ahora en calidad de experto.

-Él siguió yendo a la comisión. En abril de este año fue a exponer en dos ocasiones.

-Efectivamente fue en abril. Los senadores nuevos pidieron enterarse del proyecto y ahí se trajo a Roberto.

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EL GRUPO TÉCNICO QUE NO DEJÓ ACTAS

En marzo de 2017 se refundieron dos proyectos de ley sobre protección de datos (uno del senador Harboe y otro del gobierno de Bachelet), pero recién en el segundo semestre de 2018 su tramitación avanzó a paso firme, aunque por fuera de los cauces estrictamente institucionales. En septiembre de ese año comenzó a reunirse semanalmente en el Senado un grupo técnico compuesto por asesores de los parlamentarios y representantes del Ministerio de Hacienda para consensuar el proyecto. El objetivo era acordar indicaciones que dejaran conformes a La Moneda y a los senadores de la Comisión de Constitución.

No hay actas públicas de esas reuniones, por lo que no queda claro quien impulsó los cambios. Y eso es relevante, porque se introdujeron modificaciones que benefician a las empresas que operan con bases de datos: al contrario de lo que pedían varios parlamentarios y el propio gobierno, los “hábitos personales” no quedarán protegidos como “datos sensibles”. Así, por ejemplo, una cadena de supermercados podrá identificar las compras que hace un ciudadano y utilizar esa información para sus estrategias de marketing o venderla a otras industrias de bienes y servicios.  Lo que usted consume o los lugares que frecuenta podrían ser utilizados como insumos comerciales. Y, eventualmente, agencias estatales también podrían conocer en detalle las costumbres de los ciudadanos.

El abogado Roberto Godoy Fuentes –53 años, abogado UC y magíster en Políticas Públicas– integró ese grupo técnico. Desde el comité de senadores del PPD se explicó que se lo convocó para esa tarea por su experiencia en el tema, debido a que durante el tramo final del segundo gobierno de Bachelet estuvo a cargo del proyecto como asesor de Hacienda.

En paralelo a sus labores en ese equipo que decidió los cambios al proyecto de ley, el abogado ya se desempeñaba como director de Comunicación Estratégica de Imaginacción. Pero el enorme conflicto de interés que acompañaba a Godoy Fuentes no fue transparentado ni ante los senadores del PPD ni ante los demás integrantes del grupo técnico. El propio Godoy lo confirmó a CIPER:

-El senador Harboe dice que cuando se enteró de que usted era consultor de Imaginacción, decidió no renovarle el contrato.

-La verdad de lo que ocurrió fue que el trabajo de la comisión acabó en enero de este año, era temporal, y justo coincidió que ahí se acabó la asesoría (al PPD).

-¿Hasta ese momento el senador Harboe no sabía que usted trabajaba en Imaginacción?

-Efectivamente, no tuvo conocimiento de que yo participaba en Imaginacción. Los demás participantes del grupo técnico tampoco. Nunca lo dije, porque mi área de trabajo en Imaginacción no tenía que ver con ese tema.

Godoy agregó que, como él había trabajado en el proyecto de ley durante el gobierno anterior,  en julio de 2018 adquirió el compromiso de asesorar a los senadores del PPD: “Yo, en ese momento, no trabajaba en Imaginacción”.

-¿Cuándo ingresó usted a esa empresa?

-Como en julio o agosto del año pasado.

-Pero el contrato con los senadores PPD lo firmó en septiembre de 2018, cuando usted ya estaba en esa consultora.

-Pero el compromiso había sido anterior.

¿Y por qué no advirtió que en paralelo trabaja en una empresa dedicada al lobby?

-Mi trabajo en Imaginacción no tiene ninguna vinculación con el área legislativa. En la consultora tenemos dos áreas diferenciadas: Asuntos Públicos, donde está el lobby y seguimiento de proyectos de ley; y el área de Comunicación Estratégica, que asesora a empresas en temas comunicacionales. Yo trabajo en esa segunda área, que no tiene vinculación con temas relativos a gestión de intereses legislativos. Ninguna de mis actividades en la consultora se relaciona con algún tema de la ley de protección de datos personales.

No es esta la primera vez que un hombre de Imaginacción participa de instancias legislativas sin informar su pertenencia a esa empresa. En 2014 un reportaje de El Mostrador reveló como un periodista regional utilizaba su acreditación como reportero para recabar información y entregarla a la consultora.

GODOY: “NO HUBO CRUCE DE INFORMACIÓN”

El contrato de  Godoy Fuentes  con el Senado, para asesorar al comité de senadores PPD, fue firmado el 20 de septiembre de 2018. Allí se estipularon sus funciones: “El asesor, en particular, prestará asistencia en materia de datos personales, sin perjuicio de los demás servicios que le encomiende la vigencia del contrato”. La remuneración ($1,4 millón mensual) fue cargada al ítem de asesorías externas de las asignaciones parlamentarias. La asesoría tuvo por objeto “responder, con carácter discontinúo o esporádico, a las necesidades extraordinarias u ocasionales que le formulé el comité de integrantes (senadores PPD)”.

En concreto, su trabajó se limitó a asistir una vez por semana a las citas del grupo técnico y a elaborar minutas e informes comparados con los resultados de esas reuniones.

El punto sexto del contrato establece que el asesor debe “prestar los servicios en forma honesta y leal, con preeminencia del interés general de la Corporación (Senado) por sobre el interés particular” (vea aquí ese contrato).

¿Quién asegura que la información a la que accedió el abogado Roberto Godoy Fuentes no fue utilizada en negocios de Imaginacción? ¿Quién puede garantizar que el interés de la empresa de lobby, y de sus clientes, no prevaleció a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto de ley que resguarda los datos personales? Nadie.

CIPER se lo preguntó directamente a Godoy:

-¿Ha conversado con clientes de Imaginacción que estén interesados en este proyecto?

-No he tenido ninguna relación con clientes de Imaginación sobre este proyecto de ley.

-¿Nunca desde Imaginacción le preguntaron por este proyecto de ley?

-En algún minuto me hicieron una consulta interna, pero que era como de… en términos generales, de la tramitación del proyecto. Era un tema del concepto relativo al “consentimiento”. Esto fue hace una o dos semanas atrás.

-¿Y durante su participación en el grupo técnico, hubo cruce de información?

-No hubo ningún cruce de información.

–¿A qué clientes representa Imaginacción que tengan interés en este tema?

-No lo sé. La parte (de la consultora) a la que le puede interesar este tema es Asuntos Públicos. Son empresas y áreas distintas. Yo no sé qué clientes representa Imaginacción en esta materia.

LOS CAMBIOS CLAVES DEL “GRUPO TÉCNICO”

CIPER revisó el informe final del grupo técnico, el que incluyó recomendaciones sobre cómo votar las indicaciones que se habían presentado durante la tramitación del proyecto de ley, tanto por parte del Gobierno como de los senadores. Y hay sugerencias que involucran temas muy sensibles (vea aquí ese informe completo).

El asunto más delicado que fue modificado por el grupo técnico tiene que ver con el tratamiento de los datos asociados a los “hábitos personales” (como el historial de compras de una persona o los movimientos detectados por aplicaciones conectadas a los GPS de los celulares). Indicaciones del Ejecutivo y de varios senadores habían incluido los hábitos personales dentro del apartado “datos sensibles”, los que en la futura legislación contarán con una protección mayor. Pero el grupo técnico acordó sacarlas de ahí, lo que favorece su uso con fines comerciales.

El proyecto original aprobado por el Senado define así los “datos personales sensibles”:

“Aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural”.

A ese inciso se le presentaron siete indicaciones. La Moneda y los senadores Alfonso De Urresti (PS), Kenneth Pugh (independiente RN), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Guillier (independiente), propusieron agregar en esta nómina de “datos sensibles” los “hábitos personales”, “hábitos y costumbres personales” y “hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad”. Eso permitía proteger más esta información. Pero algo pasó.

En la página 8 del informe comparado que elaboró el grupo técnico se establece que se “acordó rechazar” esas indicaciones. Pero, no se entregan los fundamentos. Y como el grupo técnico no es una instancia contemplada en la institucionalidad del Congreso Nacional, no existen actas públicas que permitan trazar las huellas de esa decisión.

CIPER conversó con distintos integrantes de ese grupo técnico, los que pidieron reserva de su identidad. Entre los argumentos que entregaron para justificar su determinación de evitar que los hábitos personales se contaran dentro de los “datos sensibles”, dijeron que se consideró que el “hábito personal es algo demasiado amplio” y que optaron por acotar la nómina de datos a incluir en ese apartado. Agregaron que eso no significa que los hábitos personales no queden resguardados. Eso es verdad, pero por cierto no tendrán la “protección mayor” que se le dará a los “datos sensibles”.

En un informe del abogado Godoy Fuentes a los senadores del PPD se recomienda rechazar esas indicaciones, porque “los hábitos personales no son información personal que requiera un estándar especial de protección. Su incorporación tiende a banalizar el concepto de dato sensible” (vea aquí ese informe).

Otro cambio relevante decidido por el grupo técnico fue la definición sobre qué se entenderá por “fuentes de acceso público”. Explicado en simple, esa denominación se refiere a las bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona, siempre que no existan impedimentos legales para ello. En este punto, el Ejecutivo propuso que el organismo que tendrá a su cargo velar por la protección de los datos personales debiera “establecer de forma taxativa las bases de datos que cumplan esa categoría”. Y que ese listado se actualizara anualmente. La idea era acotar lo que se entiende por base de datos pública, evitando el desorden actual que permite que los datos privados de los ciudadanos deambulen por internet y oficinas de marketing. El senador Latorre presentó otra indicación en el mismo sentido.

Nuevamente el grupo técnico acordó “rechazar” esas indicaciones y mantener el texto original, el que no varía la actual situación donde cualquier persona puede acceder a una base de datos en internet si es que no existe un impedimento legal para aquello.

La influencia del grupo técnico también apareció en el retiro de indicaciones que buscaban suprimir o acotar el tratamiento de los datos personales sin el consentimiento de sus titulares para actividades como el marketing directo: llamadas a celulares personales por parte de bancos, compañías telefónicas, multitiendas y otros para ofrecer sus productos.  El senador Latorre había propuesto eliminar el inciso que lo permitía y La Moneda presentó una indicación para acotarlo. Sin embargo, el grupo técnico decidió que se mantuviera la redacción original, donde el único requisito que se pone para el uso de esos datos personales es que “no se afecten los derechos y libertades del titular”.

A Godoy Fuentes se sumaron en el grupo técnico asesores del gobierno y de los senadores que componen la Comisión de Constitución: la coordinación corrió por cuenta del asesor del PPD Sebastián Abarca, además de Jessica Matus (asesora del senador Kenneth Pugh, independiente RN); Melissa Mallega (asesora del senador Alfonso de Urresti, PS); Francisco Bedecarratz (asesor de Andrés Allamand, RN); Julio Valladares (en representación de la DC, aunque su participación fue escasa, se trata de un asesor que ha participado en otra consultora dedicada al lobby); Gino Terzán (asesor del UDI Víctor Pérez); y en representación del Ministerio de Hacienda los abogados Catherine Tornel y Juan Pablo Loyola.

El analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Violler, considera que algunas de estas decisiones no solo no aumentan la protección a los datos personales, sino que incluso pueden dejarlos más expuestos:

-Nos preocupa que la comisión no haya incorporado el “hábito personal” dentro de la definición de “dato sensible”, justamente porque hoy nuestra legislación sí lo considera como un dato sensible. En este punto la nueva legislación va a proteger menos que la legislación actual. En particular, porque el hábito personal tiene que ver con el perfilamiento que pueden hacer las plataformas y los servicios en línea. Cuando hablamos de Facebook, redes sociales, Google, esto es parte importante de la discusión a futuro. Y el hecho de que la comisión haya retrocedido nos parece contradictorio.

Escuche la respuesta completa de Pablo Violler a las consultas de CIPER:

AUDIO RESPUESTAS PABLO VIOLLER

Vea la carta enviada por Imaginaccion tras la publicación de este reportaje y la respuesta de CIPER

UN ABOGADO BIEN CONECTADO

Roberto Godoy Fuentes (PS) comenzó a asomar como un técnico con redes en el mundo de la Concertación en el feudo socialista de la Municipalidad de El Bosque, donde trabajó como director jurídico del alcalde Sadi Melo. Lo hizo junto al entonces secretario municipal, Osvaldo Andrade. En 2006, apenas iniciado el primer gobierno de Michelle Bachelet, se fue con Andrade cuando este asumió como ministro del Trabajo (fue su jefe de gabinete).

La cercanía con Andrade se extendió hasta después del cierre del primer gobierno de Bachelet. En noviembre de 2009 formaron parte del grupo que creó Integración Consultores (junto a José María Hurtado Fernández y Juan Sebastián Domeyko Letelier), empresa dedicada a asesorías en temas laborales.

Ya en el segundo gobierno de Bachelet, el entonces consultor en materia laboral retornó al Ministerio del Trabajo. Esta vez como jefe de asesores de la ministra Javiera Blanco y como coordinador de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Bachelet. La prensa de la época le colgó el mote de “cerebro” de esa reforma. Cuando la ministra Blanco fue cambiada al Ministerio de Justicia, Godoy la siguió, aunque solo alcanzó a estar tres meses como jefe jurídico de ese ministerio: fue trasladado al Ministerio de Haciendo como asesor del ministro Rodrigo Valdés.

En Hacienda le tocó representar al Ejecutivo en la tramitación del proyecto de ley que resguarda el uso de los datos personales. En esa época, mediados de 2017, Godoy Fuentes participó del primer grupo técnico al que los senadores le encargaron la revisión de las indicaciones.

Con Javiera Blanco volvió a encontrarse luego del segundo gobierno de Bachelet. A mediados del año pasado el abogado ingresó como director a Imaginacción y en ese momento la consultora estaba asesorando a la ex ministra de Justicia en medio del vendaval de acusaciones que la acosaba tras la muerte de la niña Lissette Villa en un centro del Sename y de su polémica llegada al Consejo de Defensa del Estado.

*Fuente: CiperChile

El articulo El empleado de Enrique Correa que opera como asesor de los senadores apareció primero en piensaChile.

El articulo La mano de Enrique Correa en el poderoso mundo económico apareció primero en piensaChile.

La semana estuvo marcada por una caída y un salvataje. El salvataje es el de Carlos Lavín, Carlos Délano y Pablo Wagner. El fiscal Manuel Guerra transó lo que antes declaraba intransable para, en una acrobacia de ilusionismo, hacer desaparecer los cargos de cohecho y soborno que pesaban sobre los símbolos de la trenza de política y dinero.

El articulo El mago y su truco apareció primero en piensaChile.

Lo primero, que tampoco aparece visible, es que Punto Final luchó por años contra la discriminación total del avisaje estatal de que fue víctima; y que ya había sido la principal causa de la desaparición -en los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos- de numerosos medios escritos afines a la centro-izquierda: La Epoca, Fortín Mapocho, Análisis, Apsi, Hoy, Rocinante y Plan B; entre otros.

En efecto, Punto Final, luego de insistentes e inútiles gestiones para revertir la discriminación del avisaje estatal bajo los gobiernos de Lagos y Bachelet, recurrió en 2009 a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: “Ambas entidades rechazaron nuestra denuncia pero reconocieron que el sistema de reparto de la publicidad fiscal no garantiza los derechos humanos y democráticos más elementales” (Punto Final; N° 894; 9-3-2018). Posteriormente la Camara de Diputados “confirmó que el Estado discrimina su publicidad a favor del duopolio El Mercurio-Copesa y planteó la necesidad de una ley que regule la distribución equitativa de la publicidad estatal para favorecer el pluralismo” (Ibid.).

Punto Final recurrió posteriormente a la Corte Suprema, la que el 22 de abril de 2010 -si bien rechazó su recurso- admitió “la legitimidad de la demanda, cuya solución -dijo requiere de una ley que  favorezca una mayor diversidad informativa. Desde luego ni los gobiernos ni los legisladores se han dignado impulsar una ley de esta naturaleza” (Ibid.). Posteriormente -el 21 de octubre de 2010- la revista efectuó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando el artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH que señala: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos” (Ibid.). Desgraciadamente, el sistema interamericano de protección de derechos humanos aun no se ha pronunciado al respecto. ¡Y ni siquiera esta demanda -que incorporaba un factor de bochorno internacional- aminoró el encarnizamiento del gobierno de Bachelet en contra de la revista, por lo menos para efectos de generar una imagen pública como “respetuoso” del derecho a la libertad de información y expresión!

Es importante recordar que con ocasión de la quiebra de la revista Rocinante en 2005 -que también fue gravemente afectada por la discriminación en el avisaje estatal- su Comité Editorial le envió una carta al entonces presidente Lagos, en que le planteó que “nos parece preocupante que (…) los tres gobiernos de la Concertación se hayan omitido de plantear políticas públicas ante el duopolio de la prensa escrita y la creciente concentración de la propiedad de parte de grandes consorcios que también controlan la radio y el cable. Esta situación resulta particularmente grave si asumimos que el Estado chileno, a través de sus empresas, concentra una cantidad de recursos en materia de inversión publicitaria que refuerza este déficit de pluralismo al invertir casi exclusivamente dichos recursos en los grandes consorcios y monopolios de la comunicación” (N° 84; Octubre de 2005). Esta carta fue suscrita -entre otros- por José Balmes, Sofía Correa, Diamela Eltit, Manuel Antonio Garretón, Martín Hopenhayn, Sonia Montecino, Tomás Moulian, Bernardo Subercaseaux, José Miguel Varas y Faride Zerán.

Y no sólo se utilizó la discriminación del avisaje estatal para destruir los medios escritos de centro-izquierda. También, en 1990, el gobierno de Aylwin presionó al gobierno holandés para que no hiciese  efectiva una ayuda final de 500 mil dólares ofrecida a las revistas Análisis, Apsi y Hoy. De este modo, de acuerdo a lo que en reiteradas oportunidades ha denunciado Juan Pablo Cárdenas (director de  Análisis), a pocos días de haberle comunicado su oferta (y a los demás directores de las revistas) lo llamó el embajador de Holanda “para decirme que está en condiciones de girarnos el cheque de esta ayuda, pero me dice que debía resolver el problema que le planteaba el gobierno chileno en el sentido de sostener que cualquier ayuda a los medios de comunicación de este país sería visto como una injerencia indebida en los asuntos internos de Chile, un país democrático (…) Entonces, los tres directores fuimos a hablar con Enrique Correa, en ese entonces ministro secretario general de Gobierno. El dijo que se trataba de un mal entendido y que se resolvía con una llamada telefónica de él mismo.

Pero esa llamada nunca la realizó, nadie la realizó desde el gobierno y el embajador se aburrió de esperar hasta que nos notificó que ellos tenían interés de apoyar a los medios, pero también tenían interés de tener buenas relaciones con el gobierno” (Boletín Libertad de Expresión; N° 9, Marzo 2008; Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile).

Además, respecto de Análisis se efectuó una operación específica del mismo gobierno de Aylwin para obtener su cierre, lo que ha denunciado también Juan Pablo Cárdenas: “En ese tiempo el gobierno inició el proceso de apoderarse de Análisis, que culminó con el engaño a varios de los directores de la revista, a quienes se le compraron sus acciones y eso le dio la posibilidad al subsecretario del Interior, Belisario Velasco, de nombrar nuevas autoridades en la revista, las que luego determinaron su cierre.

Esto está debidamente acreditado por los registros de transacciones notariales que se hicieron con las personas que vendieron sus acciones; proceso que se hizo en el entendido que los nuevos accionistas iban a consolidar la revista y no a cerrarla” (Ibid.). Todo esto ha llevado a Cárdenas a concluir que “yo siempre he planteado que hubo una política de los gobiernos de la Concertación de exterminio a los medios de comunicación contrarios a la dictadura” (Ibid.).

Todo lo anterior, que puede aparecer políticamente absurdo, adquiere plena comprensión a la luz de los crudos reconocimientos efectuados públicamente por el principal ministro de Aylwin, Edgardo Boeninger, respecto de la línea política seguida por los gobiernos de la Concertación desde 1990. En efecto, en 1997 en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad (Editorial Andrés Bello), Boeninger señaló que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación experimentó una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor

no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369); y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).

El problema era que como los periodistas que habían estado en la vanguardia de las denuncias contra la dictadura no experimentaron dicha convergencia con la derecha; todo hacía esperar que, a la larga, cuando aquella derechización del liderazgo concertacionista se hiciese cada vez más patente para los primeros, los medios centro-izquierdistas que dirigían se convertirían en los reales medios de comunicación opositores de los gobiernos concertacionistas liberales. Por tanto, resulta plenamente comprensible y hasta muy lógico que para que la mencionada convergencia no fuese revelada y conocida plenamente por las bases concertacionistas, se intentara destruir esos medios; evidentemente también de modo lo más solapado posible. Y es lo que finalmente lograron.

Más sobre el tema:

Entrevista a Juan Pablo Cárdenas: La Concertación exterminó la prensa independiente
por Juan Pablo Cárdenas (Chile)
Publicado el 31 marzo, 2008

El articulo Destrucción de Punto Final apareció primero en piensaChile.

El debate se centra en la responsabilidad que le cabe a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco – dilecta amiga de la  Presidenta Bachelet – por el caso   de la muerte de 1.313 niños, como también de maltratos y violaciones y prostitución infantil. SENAME es un verdadero infierno, un continuo atentado a la dignidad de la persona humana y, sobre todo, un matadero infantil, regentado por el Estado.

La responsabilidad de la ex ministra en cuestión es indudable, no sólo en el caso del SENAME, sino también en Gendarmería. Para más remate, un gobierno carente de criterio, la nombra como miembro del Consejo de Defensa del Estado, casi vitalicio, como recompensa por servicios prestados, especialmente durante la última campaña presidencial.

La derecha, encabezada por Sebastián Piñera, tiene como un programa de campaña, vengarse de Michelle Bachelet por el solo hecho de haber intentado realizar algunas reformas, aunque débiles e incompletas, que pretendían, al menos, modernizar el país y luchar contra la desigualdad reinante. El tocar a su amiga Blanco significaba una forma de desprestigiar y castigar a la Presidenta.

El gobierno, por otro lado, empleó un lobby feroz para presionar a los diputados del bloque de gobierno en el sentido de rechazar el Informe sobre  SENAME II.

A la casta política, sea de derecha o de izquierda, poco le importa que este país trate como cerdos a ancianos y niños, y que el Estado sea cómplice del abuso contra los más desprotegidos de la sociedad.

Las acciones criminales contra los niños y adolescentes del SENAME se arrastran desde el año 2005, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, por consiguiente, no sólo es responsable desde el punto de vista político la ex ministra Javiera Blanco, sino también es preciso agregar los nombres de Luis Bates, Isidro Solís, Carlos Maldonado, Felipe Burgos, Teodoro Rivera, Patricia Pérez, Juan Antonio Gómez, la misma Javiera Blanco y el actual ministro del Ramo, Jaime Campos – ministros de Justicia del primer gobierno de Michelle Bachelet, del gobierno de Sebastián Piñera y del actual mandato de Bachelet -.

El diputado René Saffirio, en el programa Tolerancia O, del domingo 9 de julio último, denunció que existe una red de dirigentes de  partidos políticos e instituciones que constituyen el núcleo de la tragedia del SENAME, especialmente,   perteneciente a la Democracia Cristiana, partido que se ha transformado en un enjambre de corrupción e intereses creados.

René Saffirio cita, como  ejemplo,  la Fundación Mi Casa, cuya directora general es Delia del Gatto,  acompañada de  Enrique Correa y Josefina Bilbao, como directores. Según este diputado, la Fundación habría recibido 7 mil millones de pesos de subvención. Otro organismo, también democratacristiano, es la Fundación Rodelillo, cuyo secretario ejecutivo es Tomás Walker, hermano de dos senadores, Ignacio y Patricio, y de un diputado, Matías, con el agravante de que Patricio Walker es el presidente de la  Comisión de Infancia del Senado. Una tercera es la Fundación  León Bloy, manejada por los democratacristianos Martínez-Alvear.

Saffirio relata hechos repugnantes, con testimonios proporcionados por niños y jóvenes que antes estuvieron en el SENAME:   uno de ellos relata el terror que le producía cuando se apagaba la luz, en la noche, y tenía que escuchar los gritos desgarradores de su vecino de cama al ser violado, en algunos casos por sus propios cuidadores.

De los 1313 muertos sólo se han practicado 23 autopsias y, en la mayoría de estos casos, no se sabe la  causa de muerte. Muchos de los niños muertos se les inscribe en las listas de egresados del Centro, por consiguiente, las familias de los fallecidos se entera mucho más tarde de la defunción de sus seres queridos. Según Saffirio, el 98% de los niños del SENAME eran atendidos por instituciones privadas y los fallecimientos no eran informados por estos organismos al SENAME.

Se sabe que en el SENAME existe una violación sistemática de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que Chile y Panamá eran los dos países más atrasados de América Latina en la protección de los derechos de la infancia.

El Ministerio de Justicia ha servido como caja pagadora a los apitutados de los Partidos Radical, Socialista y Democracia Cristiana durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet y, entremedio, de Renovación Nacional y la UDI, durante el gobierno de Piñera.

Los ciudadanos, en general, son olvidadizos y, posiblemente, elegirían a Sebastián Piñera, como antes lo hicieran en la reelección de Michelle Bachelet.

A la casta política en el poder sólo le interesa enriquecerse a costa del dinero fiscal, y muy poco le importa que el Estado atente contra la dignidad de niños, adolescentes y ancianos, las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Con razón, el Parlamento y los partidos políticos son las instituciones más repudiadas por la  opinión pública.

El articulo La red de protección ante el asesinato y violación de niños en el SENAME apareció primero en piensaChile.

Lo que gatilló su “no más” fue el nulo apoyo prestado por su conglomerado ante una de sus iniciativas más importantes: la creación de la Comisión Investigadora Sename 2, para estudiar a fondo por qué las más de 200 recomendaciones efectuadas en su anterior versión (2014) siguen sin ser aplicadas. Su partido fue el único que se restó de votar pese a que la iniciativa recibió un respaldo transversal, desde la UDI hasta el PS. “Al momento de sufragar los diputados de mi partido salieron de la sala”, cuenta con amargura.

Esa fue la gota que rebasó el vaso —declara—. “Tuve que asumir que estaba en un espacio que no me resultaba grato, un partido que no me identificaba ni representaba, que estaba frenando mis expectativas en cuanto al futuro del país y mi compromiso con los asuntos públicos. Mi única salida era renunciar y hacerlo con todo”, dice sobre su partida que —a diferencia de Pepe Auth del PPD, y José Miguel Kast de la UDI, que en esos días abandonaron a sus respectivos partidos—, incluyó su marginación voluntaria de la bancada de diputados demócrata cristianos como también de todas las comisiones a las que pertenecía en su condición de miembro. “Fui más radical. Lo de Pepe Auth y José Miguel Kast fueron semirrenuncias. Ellos siguen haciendo uso de los derechos que les confiere estar en el partido”, dice en su estilo, sin pelos en la lengua.

Otra de las razones que lo llevaron a analizar su pertenencia fueron los ilícitos tributarios cometidos por dos de los hijos de Jorge Pizarro, entonces presidente de la DC. “Se resistió a renunciar hasta el último minuto, poniendo en riesgo al partido y dentro del conglomerado nadie habló del tema… Ese fue nuestro propio Caso Caval”.

Ahí Saffirio tampoco se quedó callado. Luego que Soquimich reconociera que Ventus (de propiedad de los hijos del senador) recibió aportes para campañas electorales, dijo: “El presidente de la DC no tiene autoridad moral para hablar de ningún tema; nos tiene embarcados en un conflicto muy severo”, señaló con dureza.

—¿Cómo afectaron estos y otros dichos en su relación con los miembros del partido?
—Fueron momentos de angustia, pero verbalizar lo que sientes más allá de los costos es tremendamente liberador.

—¿Cómo lo trataban sus camaradas?
Silencio:
—Es que las relaciones personales son muy artificiales aquí dentro (dice dirigiendo la mirada a su entorno mientras en los jardines del Congreso el sol resplandece); se dan vínculos muy complejos, nada de francos ni transparentes. Son relaciones de tipo utilitario: “me relaciono contigo porque sé que eres parte de una determinada comisión y me interesa que en este proyecto que voy a presentar seas tú quien lo firme y defienda para que se transforme en ley…”. ¿Me entiendes?

—Entonces dice que son relaciones motivadas por el interés.
—Pero de tipo individual, no en razón de un fin colectivo, de partido o de coalición. Duele reconocerlo pero de alguna forma los 120 diputados somos 120 individualidades, cada uno con sus complejidades y los vínculos que establecen de manera no muy transparente; cuando conversas con un diputado o un senador siempre estás pensando qué es lo que desea obtener a cambio, qué busca…

—Donde se suelen cruzar los intereses empresariales, ¿o no?
—Ese es el gran drama. Se explicita una visión de un determinado problema, pero lo que subyace tras esa proposición es la protección o la defensa de una red de intereses vinculados a grupos empresariales o de redes de influencia económica.

—Casos como los de Jaime Orpis, acusado por la Fiscalía de haber sido “un empleado más de Corpesca”, ¿están más arraigados de lo que se cree?
—No sé a qué nivel, pero hay más intereses de lo que uno puede percibir. Y las raíces son mucho más profundas de lo que se piensa. Soquimich, por ejemplo… Fui diez años abogado de la Vicaría en Temuco y pude conocer la suerte de cientos de familias que vivieron la muerte, el desaparecimiento, las ejecuciones, las torturas. Sin embargo, algo ocurrió con los que vivieron el exilio fuera de Chile que dieron un giro en 180 grados, se transformaron y se dieron cuenta o se convencieron de que la política los podía conducir al dinero. A partir de ahí se empezó a instalar la idea de que para financiarse en política hay que “cerrar los ojos y extender la mano, como me lo dijo Francisco Vidal en una de las frases más deplorables que he escuchado en los últimos años…

—Cuando habla de aquellas figuras que vivieron el exilio y que después se transformaron, ¿a quiénes se refiere?
—A aquellos que estuvieron comprometidos con el gobierno de Allende, con el cual yo fui un tenaz opositor siendo dirigente estudiantil, ¡y que se transformaron! Yo no sé si fui yo que no evolucioné o ellos derivaron en algo que no debió ser y se convirtieron en operadores, en millonarios, empezaron a sentir la exquisitez del dinero por sobre los principios y valores, y ahora están por todas partes.
Y reflexiona:
—¿Cómo se explica que la alcaldesa de Santiago mientras era presidenta del PPD, el partido haya pagado las cuentas de la luz, el sueldo de la secretaria, con platas provenientes de Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, el hombre que hizo asesinar a su padre? ¿De qué estamos hablando?

—Marcelo Rozas, miembro activo y muy poderoso de la DC, inició el vínculo con SQM hace más de tres décadas.
—Fue uno de los dueños de la revista Hoy en tiempos de democracia (un medio históricamente ligado a la DC), parte del grupo llamado ‘los salvadoreños’ que estuvo en el combate a la guerrilla en El Salvador y hoy es uno de los grandes operadores de la DC… Son nombres que no tienen figuración pública, pero que forman estas redes subterráneas.

—Según usted, hoy los partidos se mueven a través de dos fuerzas: los intereses económicos y la defensa de las cuotas de poder internas, parcelas que defienden a toda costa…
—Hoy, por ejemplo, los militantes no son vistos como lo que son: personas capaces de sostener posiciones políticas al interior de sus grupos. Son avaluadas en tanto instrumentos; cada cierto tiempo son subidos a un automóvil y llevados a los centros de votación durante los procesos de elección interna. Y ellos se han dejado utilizar porque, al formar parte de un partido, apuestan a la posibilidad de llegar a ser gobierno y, de conseguirlo, luego ser contratados como funcionarios públicos, subsecretarios, ministros, directores de una empresa del Estado o de secretarias, la lista es amplia… Eso desnaturalizó el sentido de estar en política.

—En cuanto a la DC, es sabido que sus parcelas de poder están, entre otros, en el Ministerio de Justicia con todas sus reparticiones…
—Alguien tiene que dirigir los servicios y también los ministerios, y en un gobierno de coalición evidentemente que hay ciertos perfiles que están más cerca de determinados sectores. No hay nada de malo. Pero cuando se concibe al aparato público como un botín de guerra después de un triunfo electoral presidencial, entonces impera la lógica de construir redes instalando a personas en determinados puestos clave, los que a su vez deben pagar favores sólo por haber sido instalados ahí… Esto permite a quienes lideran esta máquina el libre acceso a la toma de decisiones, como la adjudicación de contratos o licitaciones realizadas de forma irregular.

—¿Y acceso a los presupuestos?
—Sin duda. El Parlamento lo que aprueba es el presupuesto de la nación pero el que lo ejecuta es el gobierno a través de todas sus reparticiones públicas.
Y agrega:
—Estamos percibiendo los efectos de una sociedad de consumo en que el dinero es el gran Dios y para llegar a él todo vale.

Saffirio tiene una dura visión de su ex partido que, a su juicio, se ha convertido en una “mafia”. Llegó a esa conclusión tras un almuerzo de su bancada, con el diputado Fuad Chahín a la cabeza, realizado hace tres meses. “Relaté una serie de hechos vinculados al funcionamiento del Sename para justificar la existencia de una nueva comisión para que revise las 200 recomendaciones que hizo la primera instancia en 2014 y que, pese a haber sido aprobada por unanimidad, hasta ahora ninguna de ellas se ha aplicado. En esa mesa larga, de más de 20 personas, el diputado Ortiz de Concepción dijo que jamás lo aprobaría porque se ponía en peligro la candidatura al Parlamento de la militante DC Marcela Labraña (renunciada directora nacional del Sename tras el escándalo por la muerte de Lissette Villa, de 11 años). Otros fueron más astutos y dieron argumentos más elaborados, como que era preferible una sesión especial, lo que no es más que un saludo a la bandera… ¡Ese es el criterio bajo el que actúa la mafia! No importa lo que hagan los miembros de ‘la familia’, todo se perdona si es en bien de ‘la familia’, lo importante es protegerse entre ellos: lo que pase con los 15 mil niños que están bajo la tutela del Sename es secundario porque lo primero es y será siempre el partido.

—¿Por qué no hay interés en el Sename?
—No hay voluntad política, no les interesa a los partidos ni a los gobiernos. Hablamos de lactantes que están con medidas de protección o para ser dados en adopción, niños de 2 ó 3 años, que como va pasando el tiempo y nadie los adopta, se pasan la vida en centros del Sename bajo condiciones de vulnerabilidad y abuso. Pero a las instituciones no les interesa que esos niños egresen del sistema porque el Estado les paga una subvención por cada uno de ellos. Es aberrante, un estímulo perverso. Y los recursos que reciben estas instituciones de parte del Estado no son insuficientes. La Fundación Mi Casa, donde Enrique Correa es parte del directorio junto con la ex ministra del Sernam y muy ligada a la DC, María Josefina Bilbao; además de Loreto Ditzel, del círculo de Soledad Alvear y jefa de Protección del Sename cuando estalló el Caso Spiniak —a quienes se suma Delia del Gatto en la gerencia general, cargo que asumió al mes de haber dejado la dirección nacional del Sename— recibió 7.000 millones en 2015. Le sigue la Fundación León Bloy —ligada a personas de la Universidad Miguel de Cervantes, donde el rector es Gutenberg Martínez— que obtuvo 3.000 millones; la Fundación Rodelillo —con Tomás Walker Prieto como secretario del directorio— que percibió 126 millones. En fin, con ese volumen de recursos y los miembros con que cuentan en sus directivas, me pregunto: ¿será o no suficiente el dinero que entrega el Fisco? ¿Por qué entonces las graves condiciones denunciadas no se subsanan?

—En las fundaciones que menciona, ¿se han registrado anomalías?
—No me consta, pero tengo la impresión de que sí; he recibido denuncias a lo menos de la Fundación Mi Casa. Negocios inmobiliarios muy poco claros.

—¿Casos de abuso sexual también?
—De eso no tengo conocimiento.

—¿Cómo explica la aparición de Enrique Correa como parte del directorio de una fundación ligada al Sename?
—No lo entiendo, es como Dios: está en todas partes pero nadie lo ve; sus redes están por todos lados.

Y en una crítica frontal al dueño de Imaginacción, apunta:

—¿Cómo se puede calificar el rol de una persona que se declara progresista, humanista, de izquierda, revolucionario, demócrata, y que deriva en lo que es hoy? No es pecado que te guste el dinero, pero entonces abandona la política; y si te gusta la política, aprende a ser pobre.

*Fuente: Cosas

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