En Bolivia todo lo mejor que puede esperarse es que el conteo físico, voto por voto con fiscalización local y auditoría de organismos internacionales, confirme la exigua diferencia de 0,57% por sobre el 10% que le permite sortear el ballotage. Algo temible tanto allí como en Uruguay porque si bien la oposición se presentó dividida en ocho listas, obtendría el respaldo necesario para desplazar a Evo Morales del poder si no se asumen esas centésimas. El mismo domingo a la noche, el candidato Chi Hyun Chung y Oscar Ortiz (cuyos votos sumados a los de Mesa superan holgadamente los obtenidos por el MAS) expresaron su apoyo al segundo y comenzaron a agitar la desconfianza que es una estrategia a la que siempre apelará el neofascismo si no es aplastado por cifras contundentes. También en Uruguay todas las derechas exhibieron su intención antiizquierdista, cuya aritmética horripila. Por eso es fundamental en Bolivia que la mayor cantidad de fiscales nacionales e internacionales convaliden en un conteo definitivo los guarismos oficiales y deslegitimen las protestas. Tan fundamental como mantener toda la movilización posible y la vigilia ante las amenazas derechistas. Ahora bien, una vez concluido, considerando que el propio Evo obtuvo el 53,74 % en 2005, el 64,22% en 2009 y el 61,36% 2014, ¿no debemos preguntarnos por qué en el contexto del mayor crecimiento sostenido con distribución de la riqueza de toda la historia boliviana cae al 47,07% (-14,29%) en esta oportunidad, desde la última elección que a la vez ya mostraba una leve declinación? ¿Cómo subiendo en 5 años hacia una suerte de meseta durante una década por encima del 60% se produce semejante derrumbe? Sin duda el MAS debe aprovechar este próximo lustro para repensarse a sí, reformarse y renovar la inserción de su militancia, sus modos de hacer política y la erección de candidaturas. La acechanza de la derecha no cejará por un triunfo al filo de la navaja.

La forma de la curva, su amesetamiento, no es muy diferente en Uruguay aunque se estabilice en menor porcentual. Después del triunfo de 2004 en primera vuelta con el 50,45 % (punto inicial de los mejores indicadores socioeconómicos sostenidos de su historia como Bolivia) se asentó en el 48% en 2009 descendiendo tan sólo al 47,84 % en 2014. Podría dar la impresión de una tendencia estable que se quiebra en esta oportunidad al no llegar siquiera al 40%, si no se atendiera a que en las sucesivas elecciones internas el Frente Amplio (FA) fue declinando dramáticamente, mucho más aún que en la proporción en que lo fue haciendo la ciudadanía uruguaya en general (casi 15%) hasta llegar a ser prácticamente duplicado por el conservador Partido Nacional. Si además no se reparara en las derrotas de los referéndums contra la ley de caducidad y el voto en el exterior en 2009 y el carácter muy ajustado del rechazo de la iniciativa de baja de edad de imputabilidad y la reforma actual. En la elección anterior, todas las encuestadoras pronosticaban la pérdida de las mayorías parlamentarias y la posible derrota en ballotage por lo que la actual vicepresidenta Topolansky expresó aliviada que fue el “susto el que despertó al mamado”. Esta vez el susto no alcanzó, porque siquiera se formuló con el dramatismo necesario, apelando por el contrario a la razón, exhibiendo logros. Quienes militamos en las bases fuimos advirtiendo el desgranamiento y en muchos casos el cierre y desaparición de Comités de Base, la exigua o nula comunicación y articulación organizativa, cosa que quienes a la vez tenemos la oportunidad de intervenir en medios lo hemos señalado reiteradamente. Las sucesivas autoridades electas frentistas, desde la Presidencia hasta la Comisión Nacional de Organización (CNO) parecieron más predispuestas a opinar sobre políticas de gobierno y defenderlas, que a organizar y asegurar la apertura de los comités, movilizar y asegurar el contacto militante directo con el elector. Sin militancia de cercanía organizada, la política deviene electoralismo, es decir una mecánica schumpeteriana en la que los electores funcionan como consumidores y los políticos como empresarios donde gana el que tenga la oferta novedosa y el mejor packaging. Y en ese contexto, quien sacó mayor éxito relativo fue el estreno del primer partido neofascista de la historia del país presidido por el ex comandante en jefe del ejército. Se gane o pierda el ballotage, la refundación del FA resulta indispensable en los próximos 5 años.

En Argentina, el macrismo no fue derrotado por la izquierda sino por la más amplia reunificación del peronismo, que tiene dentro de sí fracciones de todo el arco ideológico dándole al panorama, un tono de incertidumbre. La estrategia pareció exitosamente arrasadora en las primarias, pero en estas elecciones definitivas el macrismo realizó actos masivos sorprendentes, canalizó votos que habían obtenido tanto las opciones de ultraderecha (Espert y Centurión) como del centro (Lavagna) sumando 2.350.000 votos más que en las primarias obligatorias. Se acercó a 3 puntos de lograr el ballotage y logró igualar la cantidad de diputados del peronismo y constituirse en una enorme fuerza de oposición.

¿Alcanza el “Grito de Ascencio” al que apela mi querido hermano en estas mismas páginas? Acompañaremos sin conceder que la duda debilite y apelando al sobresfuerzo que proviene del espanto.

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En las elecciones del próximo domingo en ambas orillas del Río de la Plata, habiendo definido ya las opciones para los poderes ejecutivos nacionales, habrá que diferenciar los márgenes de opciones de cada sistema electoral. Por un lado, en Uruguay, pervive la elección por lemas luego de la reforma constitucional que introdujo las elecciones internas eliminando las candidaturas múltiples en cada lema para el presidente pero permitiendo la multiplicidad de sublemas. De la opción explicitada el domingo pasado surge ineludiblemente que debería optar por alguno de los sublemas del Frente Amplio (FA). Haré referencias a la candidatura a senador que es la que puede votarse desde cualquier departamento, ya que es una representación nacional y no departamental como los llamados diputados, no sin dificultad ante la opacidad de la totalidad de las opciones en páginas oficiales, la distancia, ni tampoco las dudas frente a tan brillantes alternativas. Personalmente votaría a Oscar “boca” Andrade, secundado por Carolina Cosse. Quien encabeza tal lista es precisamente aquel que llamé a votar en las internas presidenciales. No dejo por ello de simpatizar por -y alentar- la candidatura de Roberto Conde, a quien apoyé en la interna a la presidencia del FA, o la de Constanza Moreira que fue mi candidata en la interna anterior, todos ellos presentándose en espacios que están plagados de amigos personales. No dejaría tampoco de destacar otra alternativa sobresaliente como la de Daniel Olesker. En suma, en Uruguay es indispensable votar por el FA escogiendo el sublema que mejor represente a cada ciudadano en esta coyuntura, algo tan importante como no votar por la reforma sometida a referéndum, aquella propuesta por un sector de la derecha que militariza la seguridad.

En Argentina el mecanismo difiere ya que está expresamente permitido el corte de boleta optando por partidos y candidatos rivales según cada cargo electivo. Como ya sostuve que a nivel presidencial votaré por Fernández a fin de que se imponga en primera vuelta (con idéntico cálculo que en Bolivia) las opciones que expondré serán para el resto de los cargos. Personalmente voto en la capital, pero en cada provincia estas opciones pueden diferir significativamente. Señalaré mi opción concreta aunque también, por la magnitud demográfica, diré que haría si estuviera en la provincia de Buenos Aires. En la capital, además de la presidencia se elige Jefe de Gobierno de la ciudad (con ballotage si no alcanza el 50%) senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores de la ciudad y miembros de junta comunal. Votaré la única opción de izquierda, el FIT, allí donde tenga chances o no facilite un triunfo macrista. Concretamente, para diputados nacionales, legisladores y a junta comunal ya que podrían lograr un representante. No así para senadores (2 por la mayoría y 1 por la minoría) porque se dirime entre el macrismo y el peronismo. En capital, no obstante, lo haré para Jefe de Gobierno porque si bien la izquierda no tiene ninguna chance, cualquier voto que no vaya a la reelección del actual macrista lo conduce al ballotage donde la decisión en mi caso, ya no será la misma, sino por la alternativa al macrismo que ingrese al ballotage. Si votara en la provincia diferiría en la opción de Gobernador ya que no hay ballotage y si bien el desafío de derrotar a la actual gobernadora del macrismo es idéntico, la única chance de lograrlo es el peronismo en la única vuelta. En suma, votar al peronismo, sólo si es indispensable.

No se me escapan las limitaciones de la única izquierda que pudo erigirse electoralmente en Argentina producto fundamentalmente de la necesidad de articulación frentista que la nueva exigencia del 1,5% del electorado en las internas impuso la reforma electoral de hace 8 años. Es tan sólo un frente electoral de pequeñas organizaciones trotskistas que no ahorran las más agresivas críticas y chicanas entre sí. Pero que, sin embargo, lograron algunos representantes parlamentarios, con algunos auges sorpresivos en algunas provincias, seguidas en general de caídas y pérdidas pero que ya no resulta sólo una opción testimonial para consumo de estudiantes e intelectuales. Aún con su sectarismo, van ganando reconocimiento de la ciudadanía, en parte por la propia difusión que les permite la presencia electoral, tanto como alguna inserción en los movimientos sociales y en las luchas obreras.

El simplismo cuasi pueril de sus propuestas y consignas, la actitud prescindente y maniqueísta que le impide aportar caudal de cualquier tipo ante opciones disyuntivas, no debe soslayar que se encarna en militantes honestos, de inmensa entrega personal y capacidad de lucha. Algo que debería ser elemental en la vida política pero que se constituye en un diferencial decisivo ante la corrupción generalizada de la clase política vernácula, incluyendo sus camaleónicas transformaciones ideológicas y sus permanentes vueltas de campana. La participación de esta -aún limitada- izquierda realmente existente en ámbitos deliberativos como los parlamentos, su intervención en los debates públicos y sus luchas y movilizaciones, contribuyen a nutrir la conformación de un progresismo local.

Sólo ella lo pretende desmentir.

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El mar Mediterráneo, cuyas orillas fueron testigo de múltiples intentos -aún sinuosos y contradictorios- de superación del tribalismo, de inacabadas y hasta destructivas experiencias civilizatorias, resultó sólo en 2018 el sepulcro de más de 2.000 fugitivos del hambre y la guerra según el ACNUR. Otras organizaciones humanitarias contabilizan varias decenas de miles en los últimos 5 años. Cierto es que hubo programas como como el “Mare Nostrum” de Italia y la Unión Europea que logró rescatar más un centenar de miles de reales o potenciales naufragios mortales. O su más modesto sucesor, el programa “Tritón” de relevamiento de costas. Sin embargo hoy son parte del pasado. No sólo no hay programas humanitarios sino persecución a los rescatistas. La capitana Carola Rackete quien logró salvar 52 náufragos migrantes y llevaba 40 en barco, sufrió 3 días de cárcel acusada por el ministro Salvini de tráfico ilegal de personas y haber rozado una lancha policial que pretendía impedir el rescate.

Al otro lado del océano, Trump construye su muro material y simbólico, para que miles de despojados de todo derecho y hasta de su demanda de auxilio, se ahoguen en las menos salinas aguas del río Bravo. La asfixia de los marginados es la desembocadura de la creciente ola fascista que se despliega en el mundo entero.

Los ciudadanos de la riqueza (desigualmente) concentrada se fortifican para bloquear pasaportes y apariencias despreciadas mientras emiten los suyos que filtran las circulaciones y residencias según orígenes, posesiones y fenotipos. La degradación moral de esta omisión (o hasta condena) de asistencia, la indiferencia criminal que la sostiene, no es producto de la perversión de las dos excrecencias humanas mencionadas, sino de una crisis civilizatoria que urge superar y que con más bombas y más hambre sólo recrudecerá.

En nuestro sur, por razones geográficas, las diásporas toman formas más terrestres y hasta más localizadas en emergencias y crisis humanitarias. Desde el éxodo venezolano ante una erosión inflacionaria descomunal, el desabastecimiento y el mercado negro, hasta la hambruna argentina producto de variables económicas que se obstinan en acompañar con proporcionalidad y aceleración a las cifras venezolanas, como sostuve en un artículo de este año. El reconocimiento fáctico de la mayor demanda de alimentos de los comedores populares y merenderos que la sociedad civil y las iglesias tenían montados y multiplican, llevaron al congreso argentino a dictar unánimemente una nueva emergencia alimentaria. Las estadísticas sociales del Indec llegan hoy sólo al 2018 que ya resultan alarmantes aún sin el derrumbe del año en curso, cuyas proyecciones son las de un pasaje del 30 al 40% en el nivel de pobreza en 4 años (60% en la infancia), duplicación de la desocupación y subocupación y desatención sanitaria por ausencia de vacunación y medicamentos que ha llevado por ejemplo a la aparición de brotes de sarampión, una enfermedad hasta hace poco bajo pleno control.

El gobierno Macri no recibió una sociedad escandinava sino con índices de pobreza e inflación crecientes y estancamiento del crecimiento en los últimos años. Pero Macri no hizo más que incrementar todos los guarismos con la más cínica indiferencia llevando al país a una crisis humanitaria.

Bolsonaro tampoco encontró un paraíso, salvo el natural que hoy se convierte en el holocausto de la biodiversidad. También heredó parte del problema porque la agricultura comercial de monocultivo no comenzó con él, sino con la (des)regulación neoliberal de la producción rural y su hegemonía financiera. La producción ganadera ya venía desplazándose hacia la Amazonia. Los riesgos de maquillar con rostro humano la matriz productiva y extractiva neoliberal consisten en omitir las consecuencias de la destructividad de ganaderos, empresas de agronegocios y madereras, además de no presentarle obstáculos a los planes depredatorios de las variantes derechistas si acceden al poder, como es el caso de Bolsonaro o Macri en nuestras latitudes.

Como si no bastaran estos ejemplos de inhumanidad para llevar a las derechas a los arcones de la historia, el presidente de la Asociación Rural uruguaya (ARU) que nuclea a los terratenientes, Gabriel Capurro, sostuvo que los resultados catastróficos de sus únicos países limítrofes no es válida porque “tuvieron una corrupción escandalosa durante 15 años” pontificando que los “gobiernos valiosos son los que hacen las cosas difíciles que hay que hacer”. Se sobrentiende que esas cosas que hay que hacer no necesariamente consisten en combatir la corrupción sino que forman parte del manual de buen neoliberal: bajar el gasto público, desregular los consejos de salarios, flexibilizar el mercado laboral para lograr rotundos éxitos como los vecinos.

Ante estas intimidaciones y la proximidad del proceso electoral del 27 de octubre, no creo que pueda dejarse un solo día sin ocupar cada calle, cada micrófono encendido, cada cámara, cada posible tribuna, para remarcar el programa del Frente Amplio (FA) con sus medidas concretas para evitar las calamidades vecinas y de buena parte del mundo exponiéndolas con el máximo de detenimiento. Luchar por el cuarto gobierno y conseguirlo, no es contradictorio con la apertura hacia una renovación indispensable de la fuerza política, de sus articulaciones organizativas y sus modos de adopción de decisiones y controles del apego al programa.

Nosotros también necesitamos una restauración conservadora: la que nos vuelva a poner a los comités de base como eje de organización y a la resistencia contra la barbarie en horizonte permanente.

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El pasado lunes, bajo una incómoda y fastidiosa lluvia, el oxímoron anual uruguayo cobro más potencia aun cuando una multitud marchó por la principal avenida de Montevideo, provocando que el silencio resulte más estrepitoso que los truenos que enunciaban la gravedad de la tormenta. La edición de esta “marcha del silencio” en particular, estuvo precedida por la negativa del Senado a la aprobación -por mayoría calificada- de las venias del Poder Ejecutivo para disponer el pase a retiro obligatorio de los 4 generales que actuaron en el “Tribunal de Honor” del Ejército.  El mismo tribunal que escuchó y transcribió confesiones aberrantes de reconocidos genocidas sin ver mancillado honor alguno. Algo que le costó el cargo al excomandante del Ejército, hoy político, y al Ministro de Defensa y su vice. Ya tuve ocasión de expresarme sobre la concepción golpista y criminal de las jóvenes generaciones de las fuerzas armadas que avalaron los fallos de los tribunales de honor y los crímenes (con más detalles escabrosos que aquellos a los que accedió la justicia) de 3 monstruos. El flamante nuevo comandante, sostuvo que no repudiaría los crímenes cometidos en el Terrorismo de Estado porque desconocía si estaban confirmados. Para permanecer en el cargo, hizo luego viscosas rectificaciones.

La totalidad de las fuerzas opositoras con representación en el senado impidieron lograr la mayoría calificada en complicidad con los criminales y el continuismo de unas FFAA moralmente descompuestas e inútiles. Al momento de escribir estas líneas, el Frente Amplio (FA) hace un llamado a acompañar una nueva ley orgánica militar. La iniciativa es encomiable, aunque tardía y difícilmente pueda replantearse con mayor profundidad el problema de la defensa (dentro del cual, la cuestión militar es clave) hasta el inicio de un cuarto gobierno frentista en un debate amplio y profundo con la ciudadanía. Sin duda la sucesión de episodios no sólo está reflejando un cierto reempoderamiento de la casta militar producto del ascenso de las derechas a nivel regional (en el caso de Brasil con explícita reivindicación oficialista de la dictadura) e internacional, sino también una crisis en la política del FA que debe ser escrupulosamente revisada, sin trasladar todas las responsabilidades a las derechas. Hay una proporción propia de la resultante, que guarda relación con la política de la izquierda y muy particularmente con la fracasada intención del exministro Fernández Huidobro de “ganarse” a las FFAA.

Un primer paso en esta dirección lo está dando el actual ministro Bayardi, fundamentalmente con sus instrucciones de bajar el perfil público de los mandos superiores, aunque esto resulte acotadamente analgésico, destinado exclusivamente a tratar el síntoma. Más profundamente, Bayardi sostuvo en un reportaje del semanario Búsqueda que la causa de la defensa corporativa intergeneracional de los crímenes del horror dictatorial se debían al carácter endogámico de la profesión militar. Es un avance respecto al silencio precedente. Contará con datos empíricos que permitan mensurar los lazos familiares, aunque intuitivamente es algo muy probable. Sin embargo, si bien se aproxima más a las causas, tropieza con la infinidad de contraejemplos de rebeldía y diferenciación juvenil por fuera del ámbito militar. Ejemplos más extendidos que la continuidad ideológica, estética y discursiva. Y no siempre necesariamente en una dirección ética o políticamente emancipatoria, sino inclusive en contrario, pero cambios insoslayables al fin. En la entrevista sostiene que es “imposible o muy difícil romper con el relato construido sobre los hechos de la dictadura, sin romper a su vez con los vínculos de relación familiares”.

Si efectivamente es así, no creo que sean los lazos familiares los que más influyan en la cohesión discursiva, más aún cuando ésta es criminal. El comportamiento que detentan hasta los jóvenes oficiales es mafioso, es decir basado en la “omertá” que era el código de honor siciliano o ley del silencio de prohibición de informar o denunciar actividades delictivas a riesgo de represalia mortal. Había lazos familiares allí, pero no exclusivamente ni razón del sostenimiento del “código de honor”. En el “código” propio se encuentra la razón de la autosegregación, superando sin desmentir los vínculos de sangre.

La aquiescencia de las izquierdas, no ya con el tribunal de honor, sino con el significante “honor militar” y las implicancias tácitas sobre su significación explican mucho más las paradojales deudas para con los derechos humanos y el elemental principio de igualdad ante la ley que las influencias paternas. Si bien Freud, en el texto sobre Moisés sostiene que el superyó es “sucesor y subrogado” de los “progenitores y educadores” y que “continua las funciones de ellos casi sin alteración”, la propia dinámica de la cultura, la historia y la vida política con sus mutaciones, desmiente todo mecanicismo. Uruguay avanza lenta pero sólidamente en la expansión de derechos, libertades e institucionalidad pero tropieza recurrentemente con este vergonzoso obstáculo.

Un puñado de ejemplos honorables durante la dictadura, o en la propia fundación del FA (v.g. Seregni) han tendido la trampa de aceptar tal honor diferenciado, es decir la autosegregación social de la casta militar. Aquellos fueron honorables porque se opusieron al crimen, al encubrimiento y actuaron decentemente, además de sus méritos políticos. Concluyo que debe rechazarse la propia noción de honor militar, separada de la honorabilidad de cualquier ciudadano honesto, es decir, debe civilizarse e igualarse en digna respetabilidad fundada. De lo contrario, lo que autodesignan “honor” es tan sólo mafiosa podredumbre.

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Aludo a la contradictoria y sarcástica sorpresa porque hasta en la cantidad de puntos contenidos, iguala al conjunto de medidas que fueron sintéticamente popularizadas por el economista John Williamson como “Consenso de Washington” (CW) en 1989 puntualizando las intervenciones y recomendaciones del FMI, el BM y el Tesoro de EEUU. No se trata de un decálogo preciso y suscripto por estas instituciones, sino de una inferencia de sus prácticas en relación a las políticas hacia América Latina que adquirió gran difusión y que puede encontrarse con mayor o menor detalle y controversia en la web o las wikis. Pero Macri no se ha privado siquiera de la notable similitud cuantitativa, aunque es anecdótica respecto a las convergencias cualitativas entre los primeros puntos del decálogo argentino. No fui ganado por la pereza, pero encuentro fascinante la correlación como para transcribir textualmente en itálica algunos puntos de su carta y seguidamente, en caracteres normales, la formulación del CW.

Uno: “Lograr mantener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como en las provincias.” Uno: “Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación al PBI.”

Dos. “Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los países vecinos.” Cuatro: “tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas en términos reales).” Cinco: “tipos de cambio competitivos.”

Tres: Promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. Seis: liberalización del comercio, liberación de las importaciones, con el particular énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.). Cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente uniformes. Siete: Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa.

Cuatro: Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión. Diez: seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

Seis: Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos. Uno (ya citado). Nueve: desregulación, abolición de regulaciones que impidan el acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto las que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente y al consumidor y una supervisión prudencial de entidades financieras.

No obstante, además de replicar el espíritu del CW en al menos 5 de sus puntos, avanza más allá de las medidas hegemónicas de fin de siglo pasado, agiornándolas. Refiere explícitamente tanto a una reforma laboral en el punto 5 (en otros tiempos llamada flexibilización) como también a una reforma previsional en el punto 7 (un documento muy reciente del FMI recomienda reformar el sistema previsional argentino y brasileño, obviamente en detrimento de las jubilaciones y pensiones) y a cambios en la coparticipación federal de la recaudación impositiva en el punto 8.

Por último, además de copia y actualización del viejo CW, tendrá también un límite censurante. No recupera el punto 2 del CW, que recomienda redireccionar el gasto público hacia una mayor inversión en los “servicios favorables para los pobres” en educación primaria, atención primaria de salud e infraestructura. La razón es que Macri, con el fin de acotar el gasto público, redujo el presupuesto de educación, salud y frenó las obras de infraestructura. Más explicable es que no haya retomado el punto 8 que recomienda la privatización de las empresas públicas porque no queda prácticamente ninguna, y menos aún rentable, luego de que se le adelantara Menem en los ´90 y el kirchnerismo lo ratificara dejándolas en idénticas manos, a excepción de YPF.

Ya el último punto (10) es una obviedad, como la ratificación del cumplimiento de deudas, tanto como la elemental continuidad de la independencia de las estadísticas públicas (9) que el kirchnerismo destrozó.

Tal vez se pueda acuñar una palabra para el consenso sin sensibilidad: sinsenso.

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En el plano comunicacional, se vienen produciendo graves deslizamientos hacia la justificación de las formas más crueles de barbarie mediante simples axiomas. Por ejemplo, la punta de lanza en varios de los medios, que en nuestra región reproduce el aristocrático diario La Nación de Buenos Aires, es Andrés Oppenheimer para quién el gobierno de Maduro “es una dictadura”, definida a través de asertos sin matices ni prueba alguna, y en consecuencia su derrocamiento a cualquier costo no puede siquiera ser llamado golpe sino levantamiento militar por la restauración democrática. El diario Clarín acompaña esta tendencia también mediante expertos extranjeros. Consulta a la prestigiosa” abogada Rocío San Miguel quien preside la ONG Control Ciudadano que realiza supervisión de la ciudadanía en “temas de seguridad nacional, defensa y FFAA”. Allí sostiene que el golpismo encuentra la dificultad de las prebendas y corrupción de la aristocracia castrense con sus dudas respecto a una posible amnistía, el destino de sus cuentas en el exterior, a diferencia de los rangos inferiores, que padecerían las mismas penurias que el resto de la población y simpatizarían con Guaidó. Sólo al pasar, remata el artículo sosteniendo que “no es menor el hecho de que una parte de la población aún mantiene su apoyo al chavismo”, como si el apoyo popular resultara una anécdota de color ajena a la democracia.

En The Washington Post Guaidó reconoció haber sobreestimado el apoyo que tenía dentro del ejército (aparentemente nulo) aunque lejos de desalentarlo en la vía golpista declara abiertamente que “tomaría cualquier oferta de Washington para una votación en la Asamblea Nacional”. Más explícitamente, expresa que el parlamento que preside autorice y legitime una intervención armada estadounidense. Entretanto el régimen que Guaidó caracteriza como régimen “liberticida” le permite a sí, moverse libremente dentro y fuera del país, llamar a movilizaciones y sublevaciones golpistas, engañar a guardias con el fin de liberar otros golpistas, como a López, participante del golpe de 2002. Tanto o más criminal resulta la especulación, a la sazón fallida, de que la asfixia económica y los padecimientos populares, ayuden al golpismo. De este modo, el apoyo a las sanciones financieras estadounidentes, la expropiación de activos públicos en el exterior, sólo profundizan el sufrimiento de las grandes mayorías sin permitir golpe alguno.

Sin embargo, más allá del fracaso práctico de las hipótesis sobre las que desplegaron sus acciones los golpistas, particularmente desde el 23 de enero con la autoproclamación de Guaidó, la formulación de las mismas junto a las exhibiciones militares crecientes de Maduro, confluyen en el reconocimiento de la creciente influencia militar en la gestión chavista, mucho más aún que la original con la que el propio Chávez suplió la ausencia de partido al momento de asumir y comenzar la transformación de Venezuela. Como sostiene lúcidamente Temir Porras (ex jefe de Gabinete de Maduro en la cancillería) en un artículo del diario El País de Madrid previo al último intento golpista, “suponer que en un país donde la veneración patriótica del Libertador Simón Bolivar es un elemento fundacional de la Nación y de sus FFAA, una solución consensual podía surgir del candidato preferido e incondicionalmente apoyado por EEUU, es simplemente desconocer la historia de América Latina”. Pero la militarización de cualquier régimen deber ser un motivo de preocupación, cualquiera sea éste, por lo que supone de debilitamiento de la autonomía y control ciudadano a favor de una casta necesariamente burocrática, autoritaria y verticalista, con intereses autonomizados y escasa transparencia y control. Aún si se presume de izquierdas o progresista.

La ausencia de escrúpulos para convocar al golpismo de buena parte de los países occidentales, incluyendo varios latinoamericanos situados en las nuevas olas derechistas, no están exentas de la influencia militar en su seno, aunque no se trata de un fenómeno homogéneo. Imposible eludir la mención del gobierno de Bolsonaro siendo él mismo un ex capitán y su vice un ex general, pero el hecho de que la tercera parte de sus ministros sea militar y cientos de ellos hayan sido nombrados en las segundas y terceras líneas de decisión gubernamental lo afirma elocuentemente. En Paraguay el Presidente no sólo es militar sino el hijo del secretario privado del dictador Stroessner. Pero la podredumbre llega inclusive hasta el Uruguay.

Ha emergido un nuevo partido con la candidatura presidencial del destituido comandante en jefe del ejército Manini Ríos, en momentos en que los más altos rangos actuales se niegan a condenar el Terrorismo de Estado, a pesar de no haber participado de él por razones generacionales, mientras uno de los más mendaces y aberrantes torturadores, Gavazzo, se solaza justificando sus crímenes en la prensa.

Sin duda el camino es el diálogo y la negociación, pero quienes los promueven, como Uruguay, no pueden ser neutrales ante el terror golpista.

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Alarmado reenvié el link a uno de mis lectores fieles y recurrentes con los que he ido forjando una amistad. Son estas experiencias que a través de las redes y las formas de comunicación digital permiten mitigar parcialmente la soledad en la que inevitablemente se desarrolla la escritura. Este amigo que presta una particular atención a la temática de los DDHH es de la ciudad de Paso de los Toros, así que además de esa permanente preocupación suma actualmente la de la instalación de la segunda megafábrica de pasta celulosa de la empresa UPM.

Su respuesta fue que en su muro había aún más información. Particularmente un texto firmado por Néstor Curbelo en el que se pregunta por quién puede haberle entregado al periodista Haberkorn (a quién caracteriza como operador de la derecha) las actas del Tribunal de Honor Militar que bien podría llamarse tribunal de horror. Descartando que se trate del propio tribunal, tanto como del Ministerio de Defensa, su hipótesis es que el propio criminal Gavazzo, quien confiesa ante el tribunal haber hecho desaparecer al militante Roberto Gomensoro, resultó la fuente, fundamentalmente para intentar generar divisiones al interior del Frente Amplio (FA) y particularmente desmontar cualquier simpatía o relación que pudiera haber entre las FFAA y el gobierno. O a lo sumo tensar más aún la rispidez.

De algún modo, el fallecimiento del anterior Ministro de Defensa, el histórico dirigente tupamaro y rehén de la dictatura, Eleuterio Fernández Huidobro (“el Ñato”) devolvió la tradicional política de lucha por la memoria, la verdad y la justicia que fueron y siguen siendo ejes irrenunciables del frenteamplismo. Sin haber sido amigo del Ñato aunque sí compañero de militancia y colega en las contratapas del diario La República (él los jueves y yo los domingos) intercambiamos mails y debates en los que particularmente destacaba su visión -previa a la asunción como ministro- de una modernización y mirada estratégica del problema de la defensa. Sin embargo, al asumir abandonó estas agudas preocupaciones reflejadas con su sensible pluma para proponerse la loable, aunque en mi opinión ingenua e inviable, tarea de ganar políticamente a la oficialidad de las FFAA. Pero peor aún es que, a pesar de sus buenas intenciones que no pongo en duda, lo hiciera al costo de confrontar con los organismos de DDHH (y con el programa frentista) lanzando toda clase de exabruptos y absurdas acusaciones. De algún modo, el artículo de El Observador intenta reavivar en el FA, la polémica y divisionismo del período de gestión del Ñato en Defensa.

Cierto es que el FA no ha mostrado aún capacidad para elaborar una política de defensa eficaz, coherente y doblemente civilizada (es decir basada prioritariamente en civiles y en la igualdad ante la ley de toda ciudadanía) aunque es completamente coherente y defendible su postura en el plano de los DDHH. Pero el resultado no es exclusivamente el FA, sino, además de la cobardía cívica de no haber derogado por democracia directa la aberrante ley de caducidad, es la propia justicia que por el artículo 4° podría investigar a fondo tanto los crímenes de las fuerzas represivas, cuanto las complicidades y apoyos de los civiles que están excluidos de ese engendro jurídico de defensa de la barbarie (y reforzados cuando se trate de provecho económico como explicita el inciso b del art. 2).

Pero hay otra pregunta subyacente cuya respuesta (que no pretendo agotar aquí) podría guiar la elaboración de una futura política de defensa: ¿por qué integrantes de una institución que por razones generacionales no participaron en hechos aberrantes o simplemente delictivos, se solidarizarían con verdaderos monstruos, apoyarían su impunidad y contribuirían al ocultamiento de los peores crímenes? Porque también son monstruos aunque no ejecutaron esas formas tan aberrantes de criminalidad. Porque comparten la metodología, fueron formados para ello, como son formados aún hoy, a pesar de los cosméticos cambios del programa de estudios que el Ñato impulsó. Como sostuve recientemente en este medio ante la destitución del anterior comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, ¿cuál es la razón para que los adolescentes que quieran dedicarse a la defensa estudien matemáticas, lengua, historia, geografía, etc., separados del resto de los liceales? Y otro tanto con la universidad. ¿Qué mejor institución que esa para preparar el dictado de materias técnicas específicas si fueran necesarias?

Reitero que hizo muy bien el presidente Vázquez en descabezar a buena parte de la cúpula del ejército y probablemente tenga que profundizar cuando el nuevo ministro Bayardi lo ponga al tanto de la real situación. Pero también revisar las responsabilidades políticas de quienes no le advirtieron la gravedad de las confesiones y la demora en enviar el caso a la justicia.

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Sobre uno de ellos tuve ocasión de escribir con detenimiento, pero más medularmente sobre la falla del FA en el monitoreo del accionar de sus militantes con responsabilidades funcionales y manejo de recursos, lo que entonces llamé el “scaner de honestidad”. El caso del renunciante vicepresidente Sendic, aunque por monto irrelevante, desnudó la desatención del FA al respecto obligando al TCP a actuar de oficio una vez que la prensa de derecha se encarnizó con él. A ello se agrega el  caso del senador De León, ahora por suma nada irrisoria, nuevamente a través del uso de la tarjeta corporativa. Ambos tuvieron la oportunidad de probar la falsedad de las acusaciones, eludiendo la ocasión mediante negaciones genéricas, balbuceos, deserciones y hasta acusaciones conspirativas que tan sólo otorgan verosimilitud a las sospechas originales, realimentando la lapidación mediática. ¿Cuánto más va a esperar preventivamente el FA para evaluar todos los casos de uso de tarjetas corporativas, no tan solo el de estos dos compañeros y cuánto más para proponer la eliminación de ese instrumento?

La (anti)ética indolente frente las exigencias de austeridad, formalidades y  justificaciones jamás puede fundarse en el trascendentalismo de los fines como tampoco la legitimación de las transgresiones desde la pretendida asepsia burocrática. ¿No hay acaso un deslizamiento ideológicamente pueril en el desprecio por la infracción que desagua en la indistinción práctica entre lo público y lo privado? El divorcio entre ética y política sólo conduce al herrumbre de las izquierdas. Teórica y empíricamente.

Obviamente las faltas mencionadas resultan risibles en magnitud respecto a las maniobras de corrupción de las gestiones pasadas y presentes de los partidos tradicionales. Esas sí fueron corrupciones ocultas, coimas secretas a diferencia de tarjetas corporativas que dejan su huella digital expuesta. Tomemos al azar tan sólo algunos ejemplos contemporáneos del Partido Nacional. El intendente Bascou carece de prurito para venderle combustible a la intendencia a través de su propia cadena de gasolineras. La intendenta Peña no sólo contrata a su pareja como jerarca, sino que lo hace en dos cargos, pagándole por tanto doble salario. Claro que como contraejemplos tanto de los casos dictaminados por el TCP y los de estos dirigentes blancos aludidos encontramos desde la austeridad del ex presidente Mujica, la auto limitación del salario de intendente sucesor de Antía, De los Santos, para donar la mitad de su salario dejando aproximadamente 220 mil dólares a la Udelar, la existencia del Fondo Sendic para el apalancamiento de proyectos solidarios y colaborativos, entre muchos más.

Pero hay un caso que merece una atención más detenida que la que el propio FA le ha otorgado (para no hablar de casi toda la prensa) que derivó  en el procesamiento de quien desnudara un acto de corrupción antigua y actual de la gestión del intendente Antía. Carlos Etcheverry, quien acompañó en parte las gestiones de De los Santos al frente de Maldonado, expuso en Facebook (mediante una serie de interrogaciones) una pretendida maniobra inmobiliaria de carácter millonario en beneficio de amigos, ocurrida dos días antes de la asunción del FA en 2005. Quedó al descubierto de la mano del renacido Antía desde el año pasado. Con asombrosa celeridad emitió entonces una resolución de permiso de obras en tierras de la franja costera en una zona valiosísima, cerca de las mansiones de la farándula argentina, con la firma final del actual Director de Hacienda y entonces Intendente blanco en ejercicio, Sr. Luis Pereira. El propietario, Sr. Costa, las vende inmediatamente a un tal Sr. Rey. Expresamente resoluciones de los años ´90 de la IDM y sentencias del TCA impidieron la venta del espacio público a menos de 150 mts de la rompiente del mar por lo que el gobierno del FA impidió esta apropiación, mientras Rey iniciaba juicio, para volver en 2017 a reclamar la titularidad ante la reaparición en funciones de los antiguos falsarios. Para ello urdieron una veloz y secreta maniobra, ya que la resolución no fue publicada en la web, ni informada a la junta, ni a la fiscalía letrada. Se trata de un caso de “corrupción puente” entre gestiones. Etcheverry, quien la descubre, es imputado judicialmente por difamación e injurias por el Sr. Pereira, autor principal aunque no exclusivo del latrocinio del espacio público. Aunque sobreseído, pesa una apelación en segunda instancia que podría haber dejado prescribir, pero éticamente prefirió retomar.

La solidez del FA no sólo se nutrirá de la firmeza con la que condene a los propios, eludiendo todo encubrimiento, sino también defendiendo a quienes, como Etcheverry, son objeto de hostigamiento por los esbirros de la corrupción y el amiguismo.

El autor, Emilio Cafassi, es Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires
skype: emilio.cafassi
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Obviamente el diario “El País” no se privó en su edición del lunes de exaltar detalles descontextualizados evocando históricos espantos de los privilegiados. Desde la carga tributaria al noble capital hasta las preocupaciones por la reinserción de la minoridad en delito, contrastando inclusive con la visión de su compadre ideológico, “El Observador”, para quien el FA aprobó un programa sin grandes compromisos para los candidatos, eliminando las propuestas más radicales lo que les otorgaría “mayor flexibilidad en economía, inserción internacional y educación”. “La Diaria” y “La República” acentuaron desde su perfil progresista, la igualdad en las precandidaturas, además de describir algunas de las controversias y sus resultados.

Si personalmente tuviera que titular la extenuante experiencia del fin de semana, lo haría igual que un folleto que publiqué a principios de los ´80: “feminismo y política”. Probablemente porque me vi más directamente involucrado en esos énfasis que no desmienten otros tratamientos temáticos y logros. Por un lado porque llevamos con mi comité de base algunas enmiendas (final y felizmente incluidas en el programa) que aludían a la opresión patriarcal, aunque por otro, porque el exuberante entusiasmo de un puñado pluralista de mujeres incluyó mi whatsapp en un grupo que resultó una incontenible metralla de textualidad transversalizada, con ánimos de coordinación ad hoc para la inserción de la mirada de género en cada pliegue temático del largo recorrido programático. Se llamó “congresales”. Desconozco si sobrevive pero puedo dar fe de que vivió y lo hizo a lo largo de los dos días de trabajo con libidinal intensidad ante cada inclusión de sus propósitos o, inversamente, ante cada frustración. Hasta la actual polémica al interior del feminismo sobre el trabajo sexual, entre laboristas y abolicionistas se reencontró en el debate, que a la vez no creo ajeno al estímulo de un seminario realizado en la víspera en la central obrera, el PIT-CNT.

Por supuesto que además de la problemática de género, la política acompañó cada recorrido del proyecto de país, pero acomodó sus ancas en la necesidad imperiosa de una reforma constitucional, que a la vez viene postergada desde el congreso precedente. Diferimos extensa y apasionadamente sobre las características que intentaríamos imprimirle, pero finalmente convergimos en ella poniéndole a la vez un plazo máximo de dos años desde el inicio de una nueva gestión de gobierno.

Un extenso programa que no está dividido en capítulos sino en desafíos, exige precisamente el desafío de renovar la fuerza política sobre la que se asiente. Y si la representación en el congreso refleja aun mínimamente su realidad, el reto mayor excede lo programático ya que las estadísticas expresan elocuentes disparidades.

La representación por género no resultó paritaria. Al momento de realizar estadísticas sobre un quórum de 1.143 congresales, 60% en promedio éramos varones. Pero más alarmante aún es que el 41% superaba los 60 años de edad, que sumados al 22 % de la franja entre 50 y 60, da una idea rotunda del envejecimiento que está sufriendo el FA llegando casi a las 2/3 partes del congreso. Apenas un 8% integraban la banda etaria de los 14 a los 30 años. Sólo el 10,5% entre los 31 y los 40 años. Más concluyentemente, sólo un tercio de los asistentes resultaron menores de 50. Ciertamente entre los 4 precandidatos se refleja una renovación generacional respecto a las 3 presidencias, pero con sólo el tranvía programático con sus rieles y el cambio de un(a) motor(wo)man no existen garantías de llegar al destino del desafío. Será casi imposible sin el combustible de la renovación juvenil, del incremento de la movilización y la participación en los ámbitos plurales de base.

Los desafíos contienen el deseo de luchar contra las desigualdades, las injusticias  y el conservadorismo. Pero por más que el deseo intente enfrentar la regularidad secuencial de los relojes, ellos imponen su implacable pendiente hacia el deterioro como en la trama de Teenessee Williams. No sólo precisamos rebeldía en el espíritu, sino también su encarnadura.

Quienquiera conduzca el tranvía sobre rieles de desafíos.

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No es que en el FA se pueda prescindir de liderazgos o diferenciaciones subjetivas. También en él se erigen dirigentes, líderes o referentes cuya dinámica no desmiente tendencias hacia la personalización de la actividad política y hasta el culto a la personalidad. Pero como mínimo, dada su diversidad, son muchos y están bastante más distribuidos que en otras experiencias inclusive izquierdistas o de pretensión renovadora. No es un agrupamiento de caudillos o grandes personalidades exclusivamente, sino un colectivo militante más amplio que hasta logra reflexionar sobre la miseria y envejecimiento de alguna de sus prácticas intentando precaverse de sus consecuencias y desarrollar -hasta donde le sea posible- una autorregulación de las peores ruinas endémicas de la esfera política bajo la pervivencia del capitalismo.

Durante este fin de semana, el más modesto de los militantes tendrá derecho a intervenir e influir con idéntico y acotado límite de tiempo que el más reconocido de los referentes. Del mismo modo en que las propias intervenciones y las enmiendas y reelaboraciones al documento original pudieron ser elaboradas con tiempo, redactadas y distribuidas con antelación a los participantes. En consecuencia sus contribuciones no se encuentran tan condicionadas por capacidades personales, trayectorias o capacidad oratoria, reduciendo así la manipulación de las “mociones imprevistas”, los llamados manijazos, a los que suele apelar el asambleísmo espontaneísta. Sería tan impracticable, cuanto indeseable, que todo un estadio acometa una tarea tan compleja de elaboración sin secuencias previas, e inclusive sin negociaciones, consensos y acumulación de voluntades. Pasadas tales instancias, la responsabilidad resulta colectiva por acción u omisión.

Llegado a este punto de la redacción en el que el lector probablemente esté cargando sobre quien suscribe ingenuidades laudatorias por desatención de los posibles disciplinamientos corporativos, las chicanas, los arreglos inconfesos a espaldas del colectivo, entre varias otras obliteraciones de la distribución del poder decisional, deberé contraponer que ellas no se eluden estrechando la potestad propositiva ni reflexiva. No se me escapa que el congreso también oficializará las 4 precandidaturas presidenciales que deberán regirse por el único programa reelaborado allí, ni que aspiraciones personales, narcisimos e intereses sectoriales broten de la fertilidad e irrigación que la ausencia de límites estatutarios les proveen.

En tal sentido, el modesto comité de base porteño que me encomienda la defensa de 45 pequeñas contribuciones al programa, el “Fernando Morroni”, intenta concentrarse particularmente en el énfasis sobre los riesgos del personalismo, de la irresponsabilidad jurídica de la representación fiduciaria y, en última instancia, de la caracterización de una democracia sin adjetivaciones como si no existiera otra arquitectura política que la vigente. O como si ésta fuera un mecánico reflejo del imperio del capital. Al igual que en el congreso precedente, en el que se vio frustrada por delegación en instancias más ceñidas la iniciativa de una reforma constitucional, recrearemos la intención de someter a discusión la necesidad de una transformación radical de la soberanía ciudadana y las instituciones, comenzando por el propio FA. El estadio permitirá ver en que “estadio” del propósito nos encontramos.

Aun desestimando las proposiciones, siempre será mejor decidirlo en un estadio que en una oficina. Siempre mejor entre miles que entre decenas, siempre mejor de forma pública que entre corrillos. Siempre mejor compartiendo sueños que intereses inmediatos.

Siempre entre compañer@s.

-El autor, Emilio Cafassi, es Profesor Titular e Investigador en la Universidad de Buenos Aires
skype: emilio.cafassi
whatsapp: +54-911-6151-4266

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