“Caso CLARIN”: 49 años después la Corte Suprema declara nula la disolución de las empresas editoras del diario

Por unanimidad, la Sentencia de 16 de agosto de 2024 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema ha declarado que es nula la disposición del Decreto nº 165, de 1975, firmado por Pinochet, que declaró disueltas la Empresa Periodística Clarín Ltda. y el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A., propietarias y editoras del diario CLARIN, el de mayor volumen de patrimonio y ventas antes de la Dictadura.

En julio de 2020 la Fundación española “Presidente Allende” (FPA), propietaria del 90% de las acciones de ambas empresas, solicitó en los Tribunales de Chile declarar que es nula la disposición del Decreto. La audiencia pública ante la Corte Suprema tuvo lugar el  28 de noviembre de 2023. El Consejo de Defensa del Estado se opuso a la restauración de la legalidad constitucional. Sin embargo, tras nueve meses de estudio y deliberación, la Sentencia ha declarado de oficio que la disolución de las sociedades es nula (págs. 42 a 50).

Los Tribunales del CIADI también han exhortado a la República de Chile a “reparar los daños causados por el régimen militar habida cuenta de la invalidez de las confiscaciones.” Chile no ha hecho honor a su obligación de cumplir el Laudo  e indemnizar el daño causado a la FPA y a D. Víctor Pey por la haber violado el Tratado de Protección de Inversiones extranjeras entre Chile y España. El Convenio del CIADI permite la ejecución forzosa del Laudo en cualquiera de los Estados miembros.

*Fuente: ElClarin

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Es durante el gobierno de Lagos cuando Orrego cumplió un rol fundamental en una estrategia levantada por aquel gobierno para frenar el juicio del ciudadano español Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende (FPA) contra el Estado chileno en el tribunal internacional del CIADI por la restitución de los bienes del diario Clarín, confiscado desde el 11 de septiembre de 1973. La operación en la que participó Orrego no tuvo otra finalidad que impedir que Víctor Pey, dueño del tabloide, lo volviera a sacar a circulación.

El 28 de abril de 2000, el entonces Ministerio de Bienes Nacionales, encabezado por el demócratacristiano Claudio Orrego, emitió la Decisión Nº 43 en la que autorizaba la restitución o indemnización para cuatro personas (o, según correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiación del Clarín. Según el gobierno, esas personas eran Darío Sainte-Marie, Ramón Carrasco, Emilio González y Jorge Venegas.

La operación había comenzado un tiempo atrás. La recordada Patricia Verdugo escribió en la desaparecida revista Rocinante que en 1998 el Comité de Inversiones Extranjeras -dependiente del Ministerio de Economía- encargó un estudio en derecho al abogado Enrique Testa sobre el “caso Clarín”. En 1999 se constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones S.A. (ASINSA) con dos socios: Isidoro Godorischen Rapaport (yerno de Testa y militante del PPD) y Ronald Youlton Vasen.

Cinco días después de constituida, el 27 de abril de 1999, la sociedad ASINSA compró el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la Sucesión de Emilio González González en un millón 600 mil pesos. “¿Qué tenían los herederos de González, muerto en 1991, que ameritara esta compra?” se preguntaba Patricia Verdugo. Nada. Porque no había ningún documento que lo relacionaba con Clarín.

Pero había, claro está, una trampa. La que se abrió cuando el Ministerio de Bienes declaró luego al fallecido González como uno de los propietarios del diario Clarín. De este modo, sólo en esta operación, ASINSA invirtió 1,6 millones y obtendría una ganancia de mil 260 millones de pesos de la época. 

Más que una trampa millonaria, como tantos otros casos de corrupción durante los años de esos gobiernos, esta tuvo la función de ser un obstáculo político levantado por las elites del binominal-neoliberal para impedir el surgimiento de un diario popular que impulsara el pensamiento crítico y la reorganización social.

Las investigaciones y los documentos entregados por los querellantes al Tribunal confirman la relación entre el gobierno de entonces y la creación de esta sociedad, cuya finalidad no fue otra que armar un buen artilugio para la compra venta de derechos y sucesiones y suculentas comisiones de por medio para el posterior pago de la indemnización. Años más tarde, cuando el CIADI emitió su fallo, condenó al Estado chileno por haber montado esta trampa como excusa para no cumplir sus compromisos con el acuerdo de protección de inversiones entre Chile y España.

El laudo arbitral, en sus artículos 80 y 448, al respecto constata lo siguiente:

“El 28 de abril de 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales dictó la Decisión Nº 43, considerada por las partes demandantes como una nueva confiscación o como una nueva manifestación de la confiscación de sus derechos derivados de su inversión (después de las del 10 de febrero de 1975, el 24 de abril de 1975 y el 25 de noviembre de 1977). Esta decisión se adoptó mientras este arbitraje estaba en curso. (…) la Decisión Nº 43 del Ministerio de Bienes Nacionales (…) otorga una indemnización a personas distintas de las partes demandantes por la confiscación de los bienes de las sociedades CPP S. A. y EPC Ltda”.

El procedimiento de la Decisión 43 puede ser calificado, como lo hicieron algunos observadores, como una «irregularidad». Pero también puede ser un acto propio de alta corrupción, como también atendieron otros observadores. El gobierno de entonces gestionó para que el Fisco chileno le entregara alrededor de diez millones de dólares a personas que no reunían los antecedentes para certificar la propiedad del diario Clarín. Pero esta «irregularidad» tiene un agravante. Se realizó mientras el Estado chileno tenía dos causas abiertas: una por la rotativa en un tribunal nacional y el requerimiento ante el CIADI. La única razón de haber actuado de tal modo fue un intento para parar los requerimientos sobre hechos supuestamente consumados.

Hubo, incluso, discusiones internas al interior del gobierno por la extraordinaria celeridad de los pagos, algo poco usual para el lento procedimiento del aparato público ante estos casos.  Una rapidez que tenía su objetivo. Los cheques debían estar firmados antes del 14 de noviembre del 2002, fecha cuando la defensa del Estado chileno presentaría su memoria ante el tribunal. Esos cheques fueron firmados por el ministro de Hacienda de entonces, Nicolás Eyzaguirre, los cuales estaban unidos a los decretos firmados por el ministro de Bienes Nacionales, Claudio Orrego. Finalmente, los pagos fueron registrados por el contralor Arturo Aylwin el 23 de julio.

La Decisión 43 era no sólo «irregular», sino inconstitucional. El artículo 73 de la Constitución prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo resolver problemas pendientes con la justicia. Pero es también un fraude. Emilio González murió hacia inicios de la década de los noventa y dejó un testamento bastante completo sobre sus pertenencias, en el que detallaba, incluso, mobiliario y hasta cuchillos y cucharas. Pero no hay mención alguna de las acciones del Clarín. Por tanto, y como reclamó el demandante ante el tribunal, el gobierno le atribuyó propiedad de las acciones a personas que no presentaron ninguna prueba.

Tras décadas de litigio, el Estado chileno aún tiene pendiente compensar a la Fundación Presidente Allende y a la hija de Victor Pey la indemnización del daño causado por la Decisión 43 y otras violaciones del Tratado bilateral entre Chile y España de protección de inversiones.

*Fuente: Clarin

El articulo La oscura “Decisión 43” que firmó Orrego el 2000 para impedir que el diario Clarín volviera a circular apareció primero en piensaChile.

A los 103 años falleció el ingeniero que arribó a Chile junto a su familia en el barco Winnipeg, tras sobrevivir y combatir durante la guerra civil española. En Chile, fundó el diario Clarín, que fue cerrado por la dictadura y se convirtió en uno de los colaboradores cercanos de Salvador Allende.

Cada vez que vengo a Chile frecuento algunos amigos cuyo contacto me ilumina e impulsa a seguir viviendo en el respeto de reglas que definieron los sabios de la Antigüedad: no aspirar a nada que no dependa de uno mismo, y disfrutar de cada minuto de la vida porque después de esta no hay otra.

Nadie más luminoso que mi amigo Víctor Pey Casado, cuya sonrisa parecía estampada en su rostro de hombre inteligente, lúcido, culto y amable. Víctor llegó a Chile a bordo del Winnipeg, ese barco improbable que Neruda fletara con plata de los mormones para traer a Chile a los combatientes de la República española derrotados por el nazi-fascismo. Años después Víctor pudo devolverle la mano a Neruda, protegiéndole de la insana represión de Gabriel González Videla y su Ley Maldita. Así, un libertario catalán pudo favorecer la clandestinidad, la fuga y la libertad de nuestro poeta.

La vida de Víctor estuvo llena de episodios que en otras épocas podían llamarse y se llamaban gestas heroicas. Víctor era hijo de un periodista y escritor catalán perseguido en su propia patria, refugiado en Francia y luego en Suiza. Allí, en Lausana, descubrió con sorpresa un monumento a Miguel Servet. “Teólogo y médico nacido en Villanueva de Sigena, provincia de Huesca, en el Reino de Aragón”, me precisó ayer Víctor, cuya prodigiosa memoria estaba intacta a los 103 años de edad. “Mi padre, precisó, escribió un libro sobre Servet”.

Durante más de una hora disfrutamos de una conversación solar, llena de evocaciones alegres, riendo de buena gana. Al punto que me atreví a hablarle algunas palabras en catalán, su lengua materna, para recordar los sindicatos de los tranvías de Barcelona, la CNT, los inolvidables combates que le abrieron la puerta a la República luego asesinada. Le dejé tras un abrazo afectuoso, escuchándole llamarme “pariente”, “pariente”, a pesar de que nuestro apellido común es solo una coincidencia. Le prometí visitarle de nuevo, antes de regresar a Francia.

Hoy por la madrugada murió Víctor Pey Casado. En su sueño impasible, en el sentido etimológico: desprovisto de pasiones como llamaban en la Antigüedad a las angustias, al miedo, al sufrimiento, a la desazón, a la incomodidad consigo mismo. Víctor era alegría y generosidad, concentrados en un Hombre universal.

Tal vez por eso los tramposos del NO le negaron justicia en el tema del diario Clarín. En esta democracia vigilada una voz libertaria como la suya es peligrosa, inadmisible. Ayer al mediodía Víctor seguía confiando en que los numerosos procesos judiciales que le dieron la razón terminarían por doblegar la resistencia de un Estado que protege los intereses de los poderosos pagando con el dinero de todos.

Adeu company, adeu mestre, adeu germà… Espérame amb els braços oberts…

*Fuente: Politika

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Santiago, 28 de marzo de 2017.- El Colegio de Periodistas de Chile emplazó al Estado a resolver, a la brevedad posible, las reparaciones económicas ya falladas en tribunales por el denominado “Caso Clarín”, que corresponde a las indemnizaciones a Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, de España, por el perjuicio ocasionado por la usurpación del mencionado periódico tras el golpe militar del año 1973.

Lo anterior, tras conocerse una comunicación enviada por el propio Pey al gremio y que da cuenta del libelo de prácticamente 20 años, por la justa reparación tras perder este importante periódico, el de más alta circulación nacional en los años 60 y 70, que significó no sólo la clausura del medio, sino que la confiscación ilegal por parte de la dictadura de maquinaria, equipamiento e inmuebles de alto valor en Viña del Mar, Santiago y Concepción.

Tras conocerse la misiva en la última sesión del Consejo Nacional de la Orden, a principios de este mes, se mandató a la mesa directiva, que encabeza la presidenta Javiera Olivares, a pronunciarse públicamente acerca del litigio por el Diario El Clarín, que ha sido materia no sólo de debate en los últimos 44 años, sino  también de análisis académico, por la complejidad que tiene este caso.

“Este es un caso sumamente complejo, por las innumerables aristas que lo componen, pero lo que sí está claro es que hay un fallo judicial vigente que fija un monto de reparación y donde el Estado, en forma obcecada a nuestro juicio, ha querido aminorar, dilatando un tema que debió haberse resuelto hace mucho tiempo”, señaló la mesa directiva del Colegio de Periodistas de Chile.

Por lo mismo, el gremio emplazó al Estado “a hacerse cargo de la justa reparación ya resuelta en tribunales y a no seguir extendiendo en forma innecesaria el pago justo por el daño causado. Chile perdió la posibilidad de contar con un espectro plural de medios de comunicación, herencia de la dictadura cívico-militar, y esa deuda que tiene el Estado debe asumirse, aunque sea, respetando los fallos judiciales”.

El 1997, Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende interpusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, una denuncia contra el Estado de Chile por usurpación.  Once años más tarde, en 2008, el laudo del Tribunal Internacional de Arbitraje condenó al Estado de Chile por violar el tratado bilateral con España sobre protección recíproca de inversiones, así como por denegación de justicia, conminándole a indemnizar los daños causados a Pey y a la mencionada fundación.

Asimismo, el 18 de diciembre de 2012 tal sentencia fue confirmada por decisión del comité ad hoc convocado por el CIADI, que las declaró como “cosa juzgada, vinculante y de obligado cumplimiento”. No obstante, este proceso de arbitraje se encuentra aún en fase de cuantificación del monto a reparar.

Al respecto, una resolución dictada en septiembre de 2016 reafirma la condena del laudo de 2008, que obliga reparar la violación del mencionado Tratado, pero la cuantía está siendo impugnada por los reclamantes luego que, posteriormente a esa decisión, aparecieran antecedentes sobre conflictos de interés de dos de los árbitros que fallaron en el caso, lo cual abrió una nueva arista legal.

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15 de octubre, 2016

“Chile tiene plazo hasta el lunes 17 de octubre para dar explicaciones al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) y a los demandantes, Pey y la Fundación Salvador Allende de España, respondiendo a 11 preguntas clave”.

Según “fuentes dignas de fe”, Chile habría “comprado” con contratos del Estado a dos de los tres jueces arbitrales que el 13 de septiembre fallaron contra Víctor Pey, el dueño chileno-español del desaparecido diario Clarín, quien desde hace dos décadas reclama una compensación del Estado de Chile por la expropiación de su periódico, el edificio [ahora sede de los tribunales militares], maquinaria y propiedades inmobiliarias, practicada por la dictadura cívico-militar. Chile tiene plazo hasta el lunes 17 de octubre para dar explicaciones al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) y a los demandantes, Pey y la Fundación Salvador Allende de España, respondiendo a 11 preguntas clave.

Joan Garcés, el abogado de los demandantes, solicitó el jueves 13 de octubre al tribunal internacional de litigios por inversiones conocido como CIADI que el Estado chileno revele sus relaciones de negocios con la empresa Essex Court Chambers, propiedad de dos de los tres jueces arbitrales que dictaron un reciente laudo en contra de los dueños del que fuera el diario más popular de Chile.

El cohecho se habría materializado en contratos y relaciones de negocios no informadas al CIADI del gobierno de Chile con la empresa de abogados Essex Courts Chambers, propiedad de dos de los tres miembros del tribunal que falló sobre el caso Clarín, Sir Frank Berman, QC, y V.V. Veeder, QC.

(La expresión “QC” significa Queen’s Counsel, consejero legal de la reina de Inglaterra, por extensión abogado de juzgados superiores. Según el diccionario Word Reference, un ‘Queen’s Counsel’ es un abogado senior que ostenta el rango más alto de un abogado en el Reino Unido. Estos dos Queen’s Counsels (QC) son propietarios de la empresa de abogados Essex Court Chambers, especializada en litigios y arbitrajes, que venden servicios muy versados y caros en litigios de derecho internacional público).

En la sentencia del martes 13 de septiembre el tribunal en que participan los dos árbitros de las Essex Court Chambers estimó que los dueños de la empresa editora de Clarín no habían aportado la prueba de la cuantía del daño sufrido por la violación del tratado de inversiones con España. Pero esta resolución no es firme ni definitiva: el Convenio de arbitraje del CIADI contempla entre otros mecanismos solicitar al tribunal decisiones suplementarias o correcciones de la sentencia, así como la revisión de la misma e incluso declarar su nulidad total.

De este modo continúa la pelea legal por sus derechos de propiedad de 20 años del ciudadano chileno-español-catalán Víctor Pey, de 101 años de edad, contra el Estado de Chile, después de haber llegado a Valparaíso como refugiado a bordo del legendario Winnipeg en 1939, con 26 años de edad y el título de ingeniero civil debajo del brazo. Víctor Pey es una estatua viviente de la historia política de España, Chile e incluso Francia, pero en lo principal es un increíble monumento a la decencia en un país que se hunde en la corrupción… mirándose el ombligo. Todo esto se debe a que el Clarín de Pey fue y sería de nuevo un diario de izquierda. Teóricamente, Pey también debería ser defendido como inversionista hispano por el gobierno de España, el mismo que en todo el mundo protege a Movistar, Aguas de Barcelona y a otras grandes transnacionales, pero no pasa nada… por la misma razón.

Lo central de la reclamación al CIADI

“Con posterioridad a la fecha de la comunicación de la Sentencia arbitral del 13 de septiembre de 2016 los Demandantes tuvieron conocimiento, de fuentes dignas de fe, que la República de Chile habría mantenido relaciones fluidas con miembros del Essex Courts Chambers  durante el desarrollo de la presente fase del diferendo entre el Estado de Chile y los Demandantes, iniciada el 16 de junio de 2013, y, en particular, después de que dos de sus miembros –Sir Frank Berman, QC, y el Señor V.V. Veeder, QC– fueron nombrados árbitros del presente Tribunal arbitral”, señala el primer párrafo de la reclamación del abogado Garcés, un extenso documento redactado en francés que puede leerse [en francés] en ElClarin.cl. (1).

“Los Demandantes tampoco tuvieron conocimiento que la República de Chile no reveló al CIADI haber tenido cualquier relación, directa o indirecta, con ECC” [Essex Courts Chambers], añade el documento. La parte demandante solicita al CIADFI que exija a Chile una explicación a más tardar el lunes 17 de octubre, invocando que “en los próximos días las partes del presente arbitraje podrían tomar la iniciativa que les concede la Norma de arbitraje nº 49 de pedir a este mismo Tribunal arbitral decisiones suplementarias y/o correcciones de la Sentencia arbitral comunicada el 13 de septiembre de 2016. Las partes pueden también pedir la revisión de la Sentencia en el plazo de 90 días establecido en la Norma nº 50(3) (a)”.

“En consecuencia –prosigue el documento– los Demandantes solicitan que la República de Chile revele plenamente (full disclosure) su relación con Essex Court Chambers, a más tardar el 17 de octubre de 2016, habida cuenta del hecho de que el plazo de la Norma de arbitraje nº 49 se termina ocho días laborables…”

Según las normas internacionales, Chile está obligado a informar a Pey, a la Fundación española y al CIADI de cualquier relación con la empresa de abogados de la que son miembros los dos árbitros, a fin de prevenir conflictos de intereses. La lista de ítems que se preguntan al Estado de Chile es bastante extensa:

“1. si el Estado de Chile, o un organismo dependiente de éste, es un cliente actual o previó de miembros del Essex Court Chambers, y en qué fechas,

2. si la República de Chile, o un organismo dependiente de ésta, es un cliente regular u ocasional de miembros del Essex Court Chambers, y a qué fechas,

3. el número de millones de dólares que la República de Chile, o un organismo dependiente de ésta, habría pagado a miembros y personas relacionadas con Essex Court Chambers hasta el 13 de septiembre de 2016, y las fechas de los pagos correspondientes, en particular, a partir de las fechas en que se nombró a los dos árbitros para el presente Tribunal arbitral,

4. los importes financieros comprometidos por la República de Chile, o por un organismo dependiente de ésta, para el próximo período con miembros de esta empresa (Essex Court Chambers), y las fechas de los acuerdos correspondientes,

5. si los servicios que la República de Chile, o un organismo dependiente de ésta, reciben de miembros perteneciendo al Essex Court Chambers se refieren a consejos estratégicos o transacciones específicas,

6. si los trabajos de miembros del Essex Court Chambers para la República de Chile, o un organismo dependiente de ésta, se efectúan en los lugares donde los dos árbitros están instalados para el presente procedimiento, o en otra parte, y desde qué fechas,

7. si los miembros del Essex Court Chambers al servicio de la República de Chile establecieron un ethical screen o un Chinese Wall como escudo de los antedichos dos árbitros respecto a otros trabajos, y en qué fechas,

8. cuáles son los miembros, los asistentes u otras personas de dicha empresa (Essex Court Chambers) que reciben instrucciones, financiaciones o que se implicarían de algún modo, directa o indirectamente, con la República de Chile o un organismo dependiente de ésta,

9. si en los tres últimos años de los miembros del Essex Court Chambers actuaron para la República de Chile, o un organismo dependiente de ésta, en asuntos sin conexión con el presente arbitraje sin que ambos árbitros hubieran participado en eso personalmente,

10. si un law firm-Chamber [abogado de la empresa Essex Court Chambers] o un experto que compartiría honorarios significativos u otras rentas con miembros del Essex Court Chambers presta servicios a la República de Chile, o a un organismo perteneciente a ésta, y desde qué fechas,

11. si un law firm-Chamber asociado o integrante de alianza con miembros del Essex Court Chambers, pero que no compartiría honorarios significativos u otras rentas de miembros del Essex Corto Cámaras, presta servicios a la República de Chile, o a un organismo perteneciendo a ésta y en qué fechas”.

Ernesto Carmona / Mapocho Press /

Fuente:

http://www.elclarin.cl/images/pdf/2016-10-13Communication%20desparties%20Demanderesses.pdf

http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/20364-victor-pey-pide-que-el-estado-chileno-revele-sus-relaciones-con-la-empresa-de-los-jueces-que-dictaron-el-reciente-laudo-del-tribunal-internacional-del-ciadi-en-el-caso-clarin.html

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