Dunas de corrupción: el santuario de la naturaleza de Concón que sigue bajo amenaza por las zonas grises de la política

Para entender “la larga historia de presiones, inseguridades, negociaciones y cesiones” que Reconsa cita en su demanda al Estado, es inevitable encontrar nombres de personas conocidas en el mundo político y empresarial. Actualmente, el 20% de Reconsa es propiedad del exministro Edmundo Pérez Yoma, a través de la sociedad Rentas CEP. Pérez Yoma, exministro del Interior durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, fue también ministro de Defensa del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle desde el 11 de marzo de 1994. El 9 de marzo de ese año se aprobó el decreto que declara Área Protegida solo a una zona de 12 hectáreas.

El ministro del Interior que asumió el 11 de marzo de ese año fue Carlos Figueroa Serrano, que participa junto a sus hijos en Reconsa, a través de Inversiones Santa Sara, con un 2,6%. A su vez, la propiedad se reparte en Inversiones del Litoral e Inversiones Nelaco, en la que participan los hijos de Francisco Soza Cousiño, ingeniero civil, nacido en Viña del Mar y que fue vicepresidente ejecutivo de Corfo entre abril y octubre de 1975. Conocido empresario de la construcción, encabezó el gremio a mediados de los 60 y en 1979 se hace socio de Edmundo Pérez-Yoma para comprar los terrenos que pertenecían a la Caja de Empleados Particulares, que pronto, en 1981, dejaría de existir como tal con la llegada de las AFP. El terreno se compró al Estado en cuotas.

El largo brazo de la constructora ligada a Pérez Yoma y a la familia de Carlos Figueroa que se enfrenta con el fisco por las Dunas de Concón

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de su compañía de seguros Confuturo, es dueña del 10% de Reconsa. Antes, hasta 2016, ese porcentaje pertenecía a seguros CorpVida, del empresario Álvaro Saieh.

Actualmente, en el directorio de Confuturo está Alejandro Ferreiro Yazigi, exministro de Economía de Bachelet y exsuperintendente de Valores y Seguros (hoy CMF), además de Sebastián Claro Edwards, exvicepresidente del Banco Central.

El edificio Kandinsky fue autorizado en 2011 en la administración de Virginia Reginato como alcaldesa de Viña del Mar, por la Dirección de Obras Municipales que encabeza Julio Ventura desde 1981. En mayo de este año, la alcaldesa Macarena Ripamonti lo denunció a la Fiscalía por presuntas irregularidades en la aprobación de tres proyectos.

Contra la Suprema

La concejala de Concón María José Aguirre (Ind. pro Evópoli) cuenta que el año en que se autorizó la edificación hoy siniestrada en Viña, Reconsa ya había loteado sectores para la construcción de más edificios en la comuna a la que ella representa.

“En 2011 nos enteramos de que venían 11 edificios en la duna mayor y creamos Red Duna Libre, que es una organización ciudadana. Logramos después de dos años proteger las 30,1 hectáreas. En el plan regulador de Concón logramos que 20 hectáreas se zonificarán como área verde”, explica la concejala Aguirre sobre la zona protegida de un total de 50 hectáreas. Sin olvidar que “toda el área es de Reconsa, y la ley no exige implementar un plan de manejo o tampoco cederlo” .

María José Aguirre dice que antes de que se zonificaran 20 hectáreas como área verde, Reconsa había ingresado un anteproyecto de 23 edificios, un hotel con 200 habitaciones y 6.000 estacionamientos. “Afortunadamente este anteproyecto caducó”, señala.

El admirador de Lagos

Otro grupo enfrentado a Reconsa lo representa el abogado Gabriel Muñoz, de la asociación Duna Viva, que se opone al desarrollo inmobiliario en el Área Protegida y además asesora a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar. Muñoz afirma que el caso del edificio afectado por las lluvias ilustra una práctica habitual de Reconsa. La empresa es la que ha urbanizado los proyectos Bosques de Montemar, Lomas de Montemar, Costa de Motemar, entre otros, que aumentan la presión inmobiliaria en la zona.

“La Corte Suprema exigió que Reconsa, por haber construido la calle Cornisa, incurrió en un acto arbitrario e ilegal y que, previo a seguir cualquier proyecto sin permiso de edificación, requerían un estudio de impacto ambiental. Hasta el día de hoy Reconsa no tiene ese estudio de impacto ambiental. Es el modus operandi de Reconsa, hace una calle, después la urbaniza y vende los loteos. Este modus operandi sí le resultó en la calle donde fue el colapso del colector”, dice Gabriel Muñoz.

El abogado alude a un fallo de la Corte Suprema del 5 de junio de 2019 que ratifica una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que impidió seguir construyendo dos torres, justo en el deslinde sur del Área Protegida.

“Se prohíbe construir sin estudio de impacto ambiental en el campo dunar o alrededor del campo dunar. Hay un problema no solo de las inmobiliarias, que las han dejado hacer, sino de las autoridades municipales. Tanto de Concón y Viña del Mar, con Óscar Sumonte y Virginia Reginato, respectivamente, como de la actual. A sabiendas de que existía este fallo y de que podía ocurrir lo que ocurrió, no hubo ninguna reacción de los actuales alcaldes”, sostiene el abogado, que anticipa la presentación de una denuncia por daño ambiental contra la inmobiliaria Vimac, que construye el edificio Alto Santorini, justo detrás del edificio Kandisky.

“En este proyecto estamos requiriendo que la alcaldesa tiene la obligación de demandar a estas inmobiliarias y a las que han hecho el daño en el campo dunar”, afirma Muñoz.

Otro edificio paralizado por un fallo de la Corte Suprema, en 2022, fue el de la inmobiliaria Makrocéanos, que no tendría estudios de impactos de ambiental.

En el caso de Besalco, no enfrentó esta oposición tan férrea para su proyecto en el edificio Kandinsky. Se trata de una constructora fundada en 1944 por Víctor Bezanilla Salinas. Su hijo Víctor Bezanilla Saavedra se declaró  admirador confeso del Presidente Ricardo Lagos por el dinamismo que imprimió al país a través de la Ley de Concesiones viales, y ha sido uno de sus aportantes. Se retiró de la presidencia de la empresa en 2021, dejándola en manos de su hermano Ricardo Bezanilla.

En el directorio de Besalco, también están Rodrigo Vergara Montes, expresidente del Banco Central, y Andrés Serra Cambiaso, director de empresas de Antar Chile, de la familia Angelini.

*Fuente: ElMostrador

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Luego que la  sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en general el proyecto de ley que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas y posteriormente, la Comisión de Hídricos hiciera lo propio con las indicaciones,  diversas voces han llamado a que la iniciativa se convierta en ley lo antes posible.

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Junto con la confusión existente en el gobierno, lo que más daño le está haciendo a la Nueva Mayoría es el constante “penar” de estos dos fantasmas, el de la vieja Concertación, que se niega a descansar en paz, quizás en el purgatorio, lugar que le correspondería, y el del camino propio, que ha sido siempre una tentación de la Democracia Cristiana, desde su fundación, pero como analizaremos en este artículo, es tan solo una ilusión fantasmagórica.

La idea del partido transversal de revivir el triunfo de los autocomplacientes, la democracia de los acuerdos y la permanencia en el statu quo forma parte de las ilusiones de los antiguos concertacionistas, que están muy incómodos por el solo hecho de que el actual gobierno está empezando a cumplir su programa de gobierno, lo cual constituye una insensatez, pues para estos políticos pragmáticos una cosa son las ofertas en período electoral y, otra, muy distante es en la práctica de gobernar.

El sueño del pibe de los viudos de la Concertación sería que la Presidenta, su gabinete y la actual combinación política que la apoya, dejara de lado su “quijotesca locura” – como el personaje de Cervantes – y volviera a la “cordura”, es decir, como ocurrió en el primer mandato de Bachelet, entendiera que es necesario detener el curso de las reformas, o bien, transarlo con la derecha o, en el mejor de los casos, esperar un “mejor momento” para recolocarlas en la agenda.

La idea del “centro político” siempre ha sido un factor de complicación para diseñar las políticas de alianzas dentro de la Democracia Cristiana. Cuando tenía el 2% o 3% en el período de La Falange, era fácil sostener la idea del partido de vanguardia por encima de la derecha e izquierda – como lo sostenía Jaime Castillo Velasco – y luego, la experiencia de partido hegemónico, con Eduardo Frei Montalva demostró, hasta la saciedad, la imposibilidad de seguir el camino propio rechazando las alianzas, pues terminó, hacia el año 1969, en la fragmentación del partido.

Es posible que el fin del sistema binominal abra el camino del replanteamiento de las combinaciones duopólicas, dando lugar a un re-baraje del naipe que sea capaz de despertar las ilusiones del sector concertacionista, en el sentido de abandonar la “incómoda” Nueva Mayoría, que no lo es, como algunos creen, pues incluye a los comunistas que, en muchos aspectos son

Mucho más moderados, leales y responsables que cualquier partido de gobierno. El quiebre de fondo se ubica entre llevar a cabo las reformas o transarlas – una democracia de mayorías, o una democracia de los acuerdos -. Está por verse si la oposición de los huérfanos de la Concertación logrará doblarle la mano a la Presidenta o atreverse a profundizar las reformas.

Lamentablemente, para el ex ministro Edmundo Pérez Yoma la historia, que antes era tragedia – según la frase del filósofo alemán – hoy se repite ya convertida en farsa, pues el camino propio, que servía al sector freista, de los años 60, para disimular su anhelo de alianza con la derecha, hoy se convierte en una comedia que sólo puede representarla personajes como Andrés Velasco y su Fuerza Pública, movimiento integrado por muchos democratacristianos que, tarde o temprano, tendrán que elegir entre la flecha roja o esta sección de “los carabineros”. Por mucho que pataleen los personajes que añoran la vuelta de la Concertación al escenario político, tendrán que convencerse que ya murió, especialmente con la derrota de 2009; lo más sano sería, para el bien de la democracia, dejarla descansar en paz.

13/11/2014

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En lo judicial, la fiscalía de Petorca sancionó a 541 días de cárcel a Rodrigo Mundaca, individualizado como el injuriante, además del pago de una multa por el mismo concepto de pena.

Ante ello, la organización señala que “el juez sentenció que se dio por acreditada la situación fáctica y los dichos de Modatima, en la persona de Rodrigo Mundaca. En otras palabras, se confirma que todos los testigos de Pérez Yoma corroboraron que lo que había dicho Rodrigo Mundaca era cierto, en circunstancias que ninguno de ellos estuvo en el lugar del discurso público, en una plaza pública”.

Luis Soto, actual vocero de Modatima, aseguró que se sienten defraudados: “La justicia chilena está al servicio de los más poderosos, ayer fue así, hoy es igual y mañana será igual, hasta el día que nosotros los pobladores de este país, la gente de este país diga suficiente. La sentencia por supuesto que es una sentencia contra todos los que luchamos por la recuperación del agua para todos los territorios, no es una sentencia solo contra Rodrigo Mundaca, es una sentencia contra todos los que desde Arica a Parinacota hasta los más apartados confines del país luchan por sobrevivir”.

Del mismo modo, aseguró que no se detendrán en las acciones judiciales, e informó que “se va a seguir en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y si nosotros no tenemos éxito vamos a llegar a la Corte Suprema, porque no podemos permitir que en este caso el ladrón esté detrás del juez, no podemos permitir que gente que toda la provincia sabe, porque no es un problema única y exclusivamente de nosotros como Modatima, el Movimiento de Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, es un problema que toda la provincia sabe”.

A la espera de una resolución por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el vocero insistió que continuarán en su lucha por la recuperación del agua.

“La sentencia bajo ninguna circunstancia nos hará decaer en lograr la recuperación del agua para los territorios por el contrario seguiremos adelante. En cada lugar que nos paremos denunciaremos la situación actual en que se vive en la provincia de Petorca y en que se vive en todo el territorio nacional porque esta lucha por la recuperación del agua para los territorios no está perdida, continuaremos hasta que seamos capaces de recuperar el agua para todos y todas”, enfatizó Soto.

*Fuente: Radio de la U de Chile

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Al cabo de unas cuantas paladas apareció una roída tela de jeans, luego un pedazo de género cuadriculado y, a continuación, un roñoso zapato negro de vestir. María apenas daba crédito a lo que veía. Su hijo, en cambio, observaba la escena con disimulado morbo. Las miradas se cruzaron inquietantes.

–¡Para, para! -ordenó la mujer.

Más que una simple faena de jardinería el episodio comenzaba a parecerse a una exhumación ilegal. María decidió suspender la excavación y le pidió a su hijo que enterrara el árbol tal cual: a escasos 30 centímetros de profundidad.

-Me dio julepe, pensé que podía ser un finadito -recuerda ahora Magdalena.

El episodio no pasó a mayores, el durazno creció y hasta hace poco proveía a la familia no sólo de frutos sino de una agradable sombra en el verano. Todo hasta que se enteraron que un estudio elaborado por geólogos de la Universidad de Chile revelara que algunas muestras de frutos tomadas en el barrio, en diciembre del año pasado, estaban contaminadas con plomo y cadmio. Magdalena se enteró de la noticia en una reunión que hicieron en la junta de vecinos a fines de febrero. La investigación, de carácter exploratoria, no sólo reveló altos índices de metales pesados en frutas, sino también en diversas muestras de agua y suelo.

El fantasma de la contaminación volvía a arremeter con fuerza en la villa Estaciones Ferroviarias, luego que un brote del síndrome Guillain Barré -una degeneración del sistema nervioso periférico provocadas por virus, bacterias o exposición a sustancias químicas-, fuera detectado en al menos siete vecinos a fines del año 2003.

El Servicio de Salud Metropolitana, Sesma, aquella vez, realizó exámenes a los pobladores descartando cualquier tipo de secuelas producidas por contaminación. Pero había algo más.

Los habitantes de la villa Estaciones Ferroviarias, dueños de las vilipendiadas casas Copeva, se enteraron que gran parte de su barrio había sido levantado sobre el antiguo basural La Cañamera, un vertedero que funcionó hasta el año 1978, acumulando desechos domiciliarios e industriales de al menos cinco comunas del sur de la capital, correspondiente a una población estimada en más de 900 mil habitantes. El hallazgo de zapatos y ropa en los patios, desde entonces, nunca más fue tomado a la chacota.

La proliferación de enfermedades y el eventual nexo con agentes contaminantes tiene hoy a toda la villa con los nervios de punta. A los antiguos casos detectados de Guillain Barré hoy se suman cefaleas crónicas, diversos tipos de cáncer, sangramiento de narices, abortos espontáneos, insuficiencias renales, artritis reumatoide, anemias y el extrañísimo síndrome de Kawasaki.

El estudio sólo vino a ratificar la sospecha latente de los vecinos. Es por esto que nadie le saca de la cabeza a Magdalena Valdebenito que su nieto, trasplantado de riñón hace 3 años, es una víctima más del vertedero. Igual que su entrañable árbol de durazno plantado en su antejardín.

-Aquí hay mucha gente enferma, niños con enfermedades raras para su edad, para nosotros esto no es casual -concluye.

CALETA PRECORDILLERANA

Primero le vino un intenso cuadro febril, luego le aparecieron pequeñas manchas rojas en el cuerpo y, desde entonces, ya no quiso alimentarse más. La pequeña Noemí apenas tenía un año de vida y ningún doctor podía explicar qué le estaba pasando. “Parecía una muñeca de trapo”, recuerda su madre, Ana Neculqueo.

Luego de un tránsito desesperado entre consultas particulares, especialistas de todo tipo y una multitud de exámenes, Ana supo que la enfermedad que padecía su hija tenía un extraño nombre: síndrome de Kawasaki. La patología, con una incidencia de tres casos entre 100 mil habitantes, provocaba inflamación cardiaca, aneurismas y, en algunos casos, hasta muerte súbita. “En cualquier momento se le podía reventar una arteria”, agrega Ana.

Noemí fue hospitalizada de urgencia en el hospital Sótero del Río durante el invierno del año 1997. Una dosis potente de aspirina calmó su fiebre. Ana respiró más aliviada y fue a conversar con el doctor.

El especialista le dijo que la enfermedad podía adquirirse por contacto con elementos contaminantes provenientes de un vertedero. Luego agregó algo que no se había atrevido a confesar: “la casa donde tú vives se construyó sobre un basural”.

Ana quedó perpleja. Además de aguantar cada invierno el anegamiento de su hogar, ahora debía lidiar con una brutal sorpresa que, para colmo de males, tenía directa relación con la enfermedad de su hija. “Me sentí humillada”, dice.

-Imagínese, comprar con esfuerzo una vivienda, amononarla, para que después se llueva entera y terminar sabiendo que nos tiraron como perros sobre un montón de basura, es para no creerlo -agrega.

Seis años más tarde, Ana Neculqueo confirmaría la tesis esbozada por el doctor. En el año 2003 una tapa de alcantarillado explotó en la población San Guillermo, colindante de la villa Estaciones Ferroviarias, destapando uno de los secretos mejor guardados por las inmobiliarias que construyeron cinco conjuntos habitacionales en el sector.

-Hasta ese minuto la gente no tenía idea de nada pero, cuando comenzaron a hacer estudios de gases, a raíz de la explosión, se enteraron de la existencia del vertedero -afirma Marcela Salinas, vocera de la Asamblea Popular de Puente Alto.

No había que ser un genio para suponer que la explosión podría haber sido causada por gas metano. Aquella vez también hubo exámenes. Los resultados arrojaron altos índices de arsénico en algunos pobladores.

El doctor Enrique Paris, director del Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica, CITUC, que tomó las muestras, mandó incluso cartas recomendando a algunas familias “cambiar momentáneamente su lugar de residencia”.

A los pocos días, sin embargo, Paris se retractó públicamente al sostener que probablemente las muestras estaban alteradas porque la gente había comido mariscos.

-Siempre nos reímos de eso, a lo mejor pensaban que había una caleta de pescadores en la población -acota Eda Albornoz, dirigenta de la villa San Guillermo.

La contramuestra finalmente resultó negativa. El ministerio de Salud repartió un informativo a la población detallando que con los estudios realizados no era posible establecer una relación causal entre el ex vertedero La Cañamera, las explosiones de alcantarillado y los casos de Guillain Barré. Ambas poblaciones quedaron nuevamente de brazos cruzados. Aunque no por mucho tiempo.

DE COPEVA AL “GAS NATURAL”

Antes de llegar a su nuevo hogar Graciela Andrade pasó por un negocio y compró una botella de champaña. Después de 6 años viviendo en una pieza, junto a su esposo y sus dos hijas, lo menos que podía hacer era celebrar su arribo a la villa “como Dios manda”. El solo hecho de saber que ahora tenía un baño la tenía prácticamente en las nubes.

-Antes lavaba los pañales de tela de mis hijas en un tarro y botaba el agua en una cámara de alcantarillado, por eso para nosotros fue como llegar a un palacio- recuerda.

Al igual que la mayoría de las familias que se instalaron en la villa Estaciones Ferroviarias, Graciela obtuvo su vivienda a través de un programa especial para trabajadores (PET), promovido por la CUT, previo pago de alrededor de 600 mil pesos. En total, a la villa llegaron 8.000 habitantes.

El sueño de la casa propia, sin embargo, no tardó en desmoronarse. Las viviendas de la población no aguantaron las primeras lluvias del invierno y se anegaron completamente.

La historia es conocida por todos: el gobierno de Eduardo Frei repartió plásticos, la empresa acordó financiar la impermeabilización y, en algunos casos, fue obligada a pagar un millón de pesos por daño moral a sus clientes.

La única cabeza que rodó fue la del entonces ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, luego que reconociera que uno de los dueños de Copeva le había regalado un caballo fina sangre. La lápida definitiva vendría después con la historia del vertedero.

Graciela Andrade acusó el golpe de inmediato y se transformó en presidenta de la junta de vecinos. Desde entonces ha liderado una larga batalla. Durante todos estos años, junto a otros vecinos, se ha dedicado a demostrar que el lugar donde viven está lejos de ser un sitio inofensivo.

El primer espaldarazo que recibieron los vecinos vino, curiosamente, de un informe encargado por el Ministerio de Vivienda a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, respecto al sellado del antiguo vertedero. El documento, elaborado en el año 1996, reveló que se tomaron 16 mediciones de biogás en la zona encontrándose en cuatro de ellas concentraciones superiores al 5%, con alto riesgo de explosión, y recomienda la instalación de 20 chimeneas. Los ductos jamás se instalaron. La razón era más que evidente.

-Si alguno de nosotros llega a ver las casas y ve chimeneas por todos lados, usted cree que las habríamos comprado -inquiere Graciela Andrade.

René González, abogado que representa a un grupo de vecinos de la villa San Guillermo, donde explotó la alcantarilla, comparte el mismo diagnóstico.

-Esto es un escándalo, un acto genocida. Si hubieran puesto carteles la gente no compra. Aquí ha habido un problema de irresponsabilidad tremendo que involucra a personas que compran un terreno tóxico, a vil precio, y después los hacen pasar por terrenos sanos. En ese sólo lapso se hacen multimillonarios- acusa González.

La apreciación del abogado tiene fundamentos sólidos. En noviembre del año 1994 el ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, reemplazó el plan intercomunal de Santiago, vigente desde 1960, ampliando los niveles de densificación que, en Puente Alto, alcanzan el máximo autorizado por ley: 600 habitantes por hectárea.

La empresa Copeva, de Francisco Pérez Yoma, hermano del entonces ministro de Defensa, aprovecha la oportunidad y compra en 739 millones los terrenos aledaños a La Cañamera, y se los vende al Serviu que, a su vez, le encarga a la misma empresa construir las 4 villas El Volcán. Negocio redondo.

Pocos días después de aprobar el plan regulador, Copeva le compra al organismo estatal un paño para construir la villa ferroviaria 1 y 2. Los dardos, desde entonces, no sólo apuntan a la empresa constructora sino también al Serviu.

-El Serviu deja pasar 7 años, hasta que explota la cámara, para recién construir las chimeneas y, además, entremedio, autoriza que se construyan más poblaciones -agrega Marcela Salinas.

Las suspicacias no terminaron ahí. Otro informe del año 2004, encargado nuevamente por el Serviu a la Universidad Católica de Valparaíso, revela altas concentraciones de plomo, cromo y zinc en muestras de suelo. Debido a que nuestra legislación sólo contempla evaluación de contaminantes en terrenos agrícolas, la comparación del estudio fue hecha con normas internacionales de carácter residencial.

-Si lo comparas con las normas internacionales, como la canadiense, por ejemplo, con características de suelo análogo a los nuestras, no podrías hacer ni casas, ni parques. Tendrías que poner cemento, una valla y arrancarte de ahí -agrega Salinas.

Con los informes sobre la mesa y un montón de dudas a cuestas, los vecinos de la villa Estaciones Ferroviarias deciden levantar un estudio con fondos propios consiguiendo la asesoría técnica de un grupo de geólogos de la Universidad de Chile, encabezado por Joselyn Tapia Zamora. La investigación plantea realizar un muestreo exploratorio de agua, suelo y frutos con el objeto de determinar concentraciones anómalas de metales traza.

Los resultados estuvieron disponibles en febrero y dejaron a los habitantes de la villa más que tiritones: Dos de las tres muestras de agua extraídas sobrepasan en un 90% el máximo admisible de concentración de cobre que establece la norma chilena. Cabría preguntarse, señala la investigación, si existe una relación entre este hallazgo y la descomposición de la basura bajo el suelo. De ser así, sería muy probable que algunos fluidos tóxicos se estén filtrando a través de las cañerías. Hipótesis que no convence al alcalde Manuel José Ossandón.

-Si el estudio salió con el agua contaminada, estaría todo Puente Alto contaminado porque se trata de la misma matriz. Hay que ser responsables en las aseveraciones -dice el edil.

Respecto a las muestras de suelo, el informe señala que “las concentraciones de plomo se encuentran sobre la media definida para los suelos cultivados del valle del Maipo” y que el cadmio, elemento altamente tóxico, excede el límite admisible por el SAG para suelo agrícola en un 50%.

-Si me preguntan si eso puede generar riesgo a la población, yo creo que sí. Pero se necesitan más observaciones -señala el geólogo Rodolfo Ferrando, que estuvo en el equipo que hizo la investigación.

Las muestras de frutas tampoco difieren de los resultados anteriores. A modo de conclusión el estudio revela que la ingesta de un sólo damasco diario podría “sobrepasar el límite permisible de consumo de plomo para un niño y dos para una mujer embarazada”. Ferrando sostiene que todo lo que ha sucedido en la villa Estaciones Ferroviarias responde a un denominador común: el mal manejo del vertedero.

-Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que, inevitablemente, la existencia de un vertedero puede generar algún tipo de riesgo sanitario ambiental. No es posible permitir este tipo de irresponsabilidad cuando se planifica una ciudad- agrega Ferrando.

La aparición del estudio, según cuenta Graciela Andrade, marca un punto de inflexión entre los pobladores: “Ahora tenemos argumentos para ser escuchados y exigir que se hagan nuevos estudios”. Ya existen avances al respecto. Hace un mes los vecinos se reunieron con el doctor Andrei Tchernitchin, una eminencia en el campo de la toxicología ambiental, y le pidieron ayuda para realizar una investigación más acuciosa.

-Es necesario hacer un estudio epidemiológico mucho más detallado, la idea es detectar si hay un denominador común que aumente la probabilidad de contraer enfermedades. Para comenzar habría que hacer una encuesta y a través de ella enfocar un estudio más preciso de suelo -señala el toxicólogo.

La posibilidad de realizar un censo de salud es una alternativa que se está barajando. El doctor Tchernitchin está disponible para encabezar la investigación pero antes prefiere aclarar un punto: “Me parece bien que la población se organice pero la responsabilidad debería recaer en el Estado, porque él fue el responsable de autorizar construir una población en un lugar donde no debería existir, por lo tanto deberían asumir el tratamiento de todos los enfermos que ahí aparezcan”.

Los vecinos de la villa Estaciones Ferroviarias continúan esperando. Esa ha sido la tónica durante los últimos 15 años. La mayoría ha dejado de pagar sus dividendos y en cualquier momento sus casas pueden salir a remate. Atrás quedó el sueño de la casa propia. Ahora anhelan una improbable erradicación. De llegar a concretarse, aseguran, van a destruir sus casas con sus propias manos. “Te juro que la echo abajo, no voy a permitir que alguien siga viviendo en un lugar así”, remata Graciela Andrade.

Fotos: Alejandro Olivares

*Fuente: The Clinic

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