Alberto Acosta[1]

“Las tropas mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas; y el príncipe cuyo
gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo,
porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos.”
Nicolás Maquiavelo, El Príncipe.

Lo que nos faltaba, ¡mercenarios! En medio de la contienda electoral, el presidente Daniel Noboa logra un acuerdo con un tal Erik Prince, uno de los mayores promotores de la soldadesca asalariada transnacional, con espeluznante historial de muerte y violación de derechos en sus hombros.[2] Con esta decisión, en línea con la militarización de la sociedad y con el aprobado retorno de soldados estadounidenses a territorio ecuatoriano, buscando, además, el concurso activo en territorio ecuatoriano de tropas auxiliares de otros países, Noboa pretende, en sus palabras, “combatir el narcoterrorismo internacional e inclusive la pesca ilegal”.

Límites y peligros del “conflicto interno armado”

Al abrir la puerta a lo que se denominó “conflicto interno armado” a inicios del año 2024, que configura el libreto rector de la gestión de Noboa, se construyó un escenario bélico para enfrentar una violencia criminal descontrolada. Este accionar en extremo militarista es aplaudido por amplios grupos de una sociedad desesperada y atemorizada, que ya apoyó una serie de medidas represivas, propias del populismo penal, introducidas con la consulta popular de abril del año 2024, impulsada por el mismo mandatario.

Sin negar la necesidad de enfrentar firmemente al crimen organizado, con la fuerza que la ley otorga al Estado, recurriendo a la experiencia acumulada sobre todo en otros países, podemos constatar que la sumatoria de estas decisiones no dará los frutos esperados. Es más, este paquete en extremo represivo incrementará los problemas.

Ya los estamos sufriendo. La militarización de la sociedad y el endurecimiento de penas no logran contener la violencia criminal, que repunta con fuerza. Mientras que el accionar de la fuerza pública, embarcada en una suerte de guerra civil, acumula sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, entre las que se destaca la desaparición y asesinato de los niños Ismael, Nehemías, Josué y Steven del barrio las Malvinas, en Guayaquil. Es más, la fuerza pública asume de forma creciente tareas de guardia pretoriana de los intereses mineros al reprimir a las comunidades que defienden sus territorios. Este espiral represivo puede transformarse en una suerte de tonel sin fondo, como se ha registrado en México y Colombia, para mencionar apenas dos casos.

La presencia de mercenarios o de acciones vinculadas a sus prácticas no solo que constituye una bofetada para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que abre aún más la puerta para respuestas represivas al margen de la institucionalidad estatal y de los Derechos Humanos. Y, mucho peor aún, ese manejo puede ser un aliciente para el establecimiento del paramilitarismo en el país, que podría consolidarse a través del mismo tipo de alianzas estratégicas, como las que plantea el mandatario ecuatoriano.[3]

Para entender mejor los riesgos de estas decisiones, recurramos a un experto en la materia, Luis Córdova-Alarcón:

“La «guerra contra las drogas» no es una fórmula retórica para describir una estrategia de seguridad antinarcóticos. Literalmente es una guerra en la que los traficantes, los consumidores y los adictos son tratados como enemigos del Estado. Los gobiernos que optan por esta estrategia producen una militarización de doble vía. Por un lado, de su seguridad pública, cuando involucran lógicas militares en unidades de élite de la Policía o implican a militares en tareas policiales. Por el otro, de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esta segunda vía es poco conocida, pero ayuda a comprender por qué la violencia criminal se ha vuelto extrema y brutal, diseminándose en la región. (A través de) los ejércitos privados más letales al servicio del Cartel de Medellín (Colombia) y del Cartel del Golfo (México). Muestra de qué forma las técnicas militares de “guerra especial” desarrolladas por Estados Unidos fueron aprendidas por los sicarios vinculados al narcotráfico en América Latina. Elementos que sugieren que la violencia criminal extrema es un efecto entrópico de la «guerra contra las drogas» promovida por los Estados Unidos de América.”[4]

Es muy grave, entonces, que, a través de negociaciones con grupos mercenarios, se de paso a una suerte de neoliberalización de la lucha en contra del crimen organizado. En medio de esta guerra interna, decretada por el presidente Noboa, cuya conducción -a todas luces- carece de metas claras y de una estrategia adecuada, la contratación de mercenarios configura una “transacción por un servicio”, con “empresas que manejan la muerte como un negocio”: los mercenarios.[5]

Y a todo este conjunto de desatinadas (?) decisiones, de un gobernante que ha demostrado ser un violador contumaz de la Constitución y las leyes, se suma la instalación de una base militar norteamericana en un lugar estratégico en las islas Galápagos[6]. Una base que no es necesaria para combatir el crimen organizado, tal como lo reconoció un embajador norteamericano hace un par de años.[7] Base que, eso si, nos colocará en la primera trinchera del enfrentamiento de las potencias imperialistas, sobre todo de Estados Unidos con China; consolidando el evidente posicionamiento del gobierno de Noboa con los objetivos e intereses del Washington de Donald Trump.

La cultura de la Paz de Montecristi, amenazada

Diversos grupos de la sociedad de seguro verán con buenos ojos todas estas acciones enmarcadas en la lógica belicista del “conflicto interno armado”. Y así, en la actualidad, con una sociedad agobiada por la inseguridad, la coyuntura parecería propicia para desmontar algunos elementos de la Constitución de Montecristi[8], caracterizada por sus elementos para impulsar “la cultura de la Paz”.

En concreto, para empezar, se pretende derribar, vía reforma constitucional, el artículo 5 de la carta magna:

“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”

Recordemos que, entre los cinco primeros artículos aprobados en el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, el día viernes 29 de febrero del 2008, estaba este artículo, que establece que el Ecuador es un territorio de Paz. Irónicamente, al día siguiente de su aprobación, en la madrugada del sábado 1 de marzo, se produjo el bombardeo de las fuerzas armadas colombianas, con evidente apoyo militar norteamericano, en Angostura, territorio ecuatoriano. Entonces se asesinó a un grupo de personas, que incluso no formaban parte de las fuerzas insurgentes de Colombia.

Esa ya fue una clara advertencia de lo difícil que es construir un territorio de paz, impulsado por el sentir pacifista de nuestra sociedad, que se plasmó en el preámbulo de la nueva Constitución, que reza así:

“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano de Ecuador, decidimos construir… Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana -sueño de Bolívar y Alfaro-, la Paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra.”

En consecuencia con lo establecido en la primera página de la carga magna, aprobada en las urnas mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, el 28 de septiembre del 2008, se fijó que

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 4. colaborar en el mantenimiento de la Paz y de la seguridad.” (artículo 83)

En la lista de reclamos por la paz en el texto constitucional, teniendo en el horizonte la construcción de un mundo pacífico, en el artículo 276, se establece que,

“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…) 5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.

No cabe duda que, en la Constitución de Montecristi se optó por visualizar un mundo que condene las pretensiones imperiales de cualquiera de las grandes potencias y que impulse la integración y la convivencia pacífica entre los pueblos.  Esta preocupación se plasma de forma categórica en el artículo 416:

Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.
2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.
3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.
4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. (…)
5. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. (…)
6. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. (…)
7. Promueve la conformación de un orden global multipolar…

Cabría traer a colación otro punto fundamental en la Constitución relacionado con “la cultura de Paz”, expresamente establecida para las regiones fronterizos (artículo 249) e inclusive para impulsar la seguridad humana, asegurando “la convivencia pacífica de las personas” (artículo 393).

Esta cuestión está expresamente establecida como deberes primordiales del Estado en su artículo 3: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz…”; artículo en el que, adicionalmente se establece, como otro deber fundamental: “Garantizar y defender la soberanía nacional”, que a todas luces se verá atropellada con el establecimiento de una base militar extranjera en territorio ecuatoriano o con la presencia de tropas auxiliares o especiales, o con el concurso de mercenarios, sea cual fuera su función.

Por igual habría afectaciones legales de orden internacional, si se llegará a permitir la contratación de mercenarios. Esa posibilidad está textualmente vedada en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.[9] Este documento, suscrito por Ecuador y otros países de la región, prohíbe la contratación o confirmación de equipos de mercenarios para conflictos armados internacionales o internos, como el que sufre Ecuador.

Otro punto medular. El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La presencia de grupos mercenarios -nacionales, extranjeros o mixtos-, por más que estén cobijados con algún acuerdo por el Estado, terminarían por asumir al menos parte de las funciones exclusivas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, establecidas en los artículos 158 y 159 de la Constitución. Resulta, entonces, inaceptable que tropas extranjeras asuman casa adentro parte de esas tareas exclusivas; lo que no impide buscar una cooperación respetuosa de nuestra carta magna con otros Estados para enfrentar el crimen organizado transnacional.

En esta Constitución pacifista no solo cuenta la norma jurídica. Es preciso reconocer el proceso social que llevó a su cristalización, sintonizado con la construcción de un Estado constitucional de derechos, en el que la Constitución misma, en su integralidad, es una base importante de la convivencia pacífica de los habitantes del Ecuador. En su esencia, esta Constitución propone un sistema de derechos imbuido en la conciencia pacífica de su ciudadanía. Reconoce como herramienta democrática la participación ciudadana a través de múltiples formas. Y plantea la construcción de una sociedad profundamente democrática, igualitaria y justa.

Por esa razón, frente a estas complejas amenazas, cabe incluir en este breve repaso otros elementos que configuran esta Constitución de la Paz. En el texto se amplía el concepto de los Derechos Humanos, fortaleciendo los derechos no solo individuales, sino también los derechos colectivos y comunitarios, de pueblos y nacionalidades. En la misma dirección apuntan los Derechos de la Naturaleza, pues hacer las paces con la Naturaleza es vital para la Paz entre los humanos, como demanda el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterrez. Inclusive cuenta el tema de los jueces de Paz, que son elegidos por la comunidad, que introduce desde abajo la equidad como una fuente material del derecho, en clave con la pluralidad jurídica propuesta constitucionalmente.

En síntesis, junto al intento por eliminar muchas de las disposiciones que configuran el corazón de una Constitución pacifista y soberana, hay la pretensión -expresada por las dos candidaturas finalistas- para echar por tierra la Constitución de Montecristi convocando a una nueva Asamblea Constituyente, algo que ya ha sido rechazado desde diversos sectores, incluyendo la poderosa voz del movimiento indígena.[10]

Abriendo aún más las puertas del infierno…

Los grupos de poder, de forma directa o a través de sus tinterillos, siempre orquestados por los grandes medios de comunicación mercantiles, han intentato, una y otra vez, desmontar aquellos elementos transformadores de la Constitución de Montecristi, porque saben perfectamente que, si aplica lo que la carta magna dispone, sus privilegios están en peligro.

Estos grupos oligárquicos, neoliberalmente influenciados, muchos de ellos cercanos a Daniel Noboa, sostienen la idea de construir un país empresarial: económicamente liberalizado y aperturista a ultranza; privatizando todo lo posible, inclusive la seguridad ciudadana. Para lograrlo intentarán reintroducir el arbitraje internacional y la contratación por horas. Y en esa línea pretenderán echar por tierra todas aquellas “barreras constitucionales” -sustentadas en derechos y garantías- para firmar tantos tratados de libre comercio como les sea posible. Para lograrlo, tal como lo hemos visto en estos meses, se busca fortalecer el Estado represor, teniendo en Noboa una transmutación en un Mikele = Milei + Bukele; todos personajes con una profunda vocación autoritaria, en la que coinciden plenamente con Trump.

Coincidiendo con las tesis extractivistas, las dos candidaturas tratarán de anular o al menos morigerar las consultas populares (CRE art. 104)[11], así como impulsarán el debilitamiento de las consultas ambientales (CRE art. 398), incluyendo las consultas previas, libres e informadas para pueblos y nacionalidades (CRE art. 57,7)[12] y la consulta pre-legislativa obligatoria cuando se pueda afectar los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades (CRE art. 57,17)[13]. Por igual, no sorprendería si pretenden desmontar el derecho a la resistencia (CRE art. 98).[14]

Por igual coinciden ambas candidaturas en visiones conservadoras, en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Las dos aceptaron, públicamente, que no impondrían la “ideología de género” desde el Estado, como lo comunicó el Frente Integral para la Regeneración Metapolítica del Estado y la Sociedad en sus redes sociales, donde publicaron los compromisos firmados por ambos aspirantes a la Presidencia de Ecuador para “proteger la familia”.[15]

Habrá que ver, si ya el gobierno, la actual candidata progresista, que ha criticado la política de Noboa en este campo, intenta superar, en la práctica, la lógica del “conflicto interno armado” o concuerda con la política que prioriza la “mano dura militarista” y el populismo punitivista frente al crimen organizado; es decir, sería una política que continuaría fracasando…

Inclusive, entre otras tantas ambiciones, de quienes proponen una nueva Asamblea Constituyente, puede estar dar de baja la plurinacionalidad, las soberanías alimentaria y energética, la economía popular y solidaria, así como otros tantos derechos fundamentales, como son los colectivos, los laborales y quién sabe si también los Derechos de la Naturaleza.

Conocer los caminos del infierno, para evitarlos…

En definitiva, como bien anotan los expertos, los nexos entre militares, mercenarios y narcos son multifacéticos y llenos de múltiples complicaciones. Por experiencia propia sabemos que una base militar extranjera, como la de Manta, en los 10 años de su presencia, no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó. Los envíos de droga se triplicaron. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como denunció un informe del INREDH, en el año 2016.[16]

Por su especialización, miembros de las fuerzas especiales y policías de élite, así como mercenarios, pueden ser también contratados por el crimen organizado. Algo que ya ha sucedido en muchos otros países, en México por el Cartel del Golfo o en Colombia por el Cartel de Cali. Y con eso, en Ecuador se terminaría por abrir mucho más las puertas del infierno de la violencia generalizada, al mercantilizar cada vez más la política de seguridad ciudadana, más aún en un Estado con instituciones frágiles en donde el riesgo del contagio es muy grande.

Es el momento de reflexionar con calma y de tomar decisiones que no ahonden los problemas. Al crimen y la delincuencia hay que combatirlos con firmeza, siempre con la Constitución y la ley en la mano, pues el Estado no puede actuar con la misma brutalidad que el crimen organizado. Igualmente tengamos siempre presente que “no hay un camino para la Paz, que la Paz es el camino”, en palabras del Mahatma Gandhi. Así, para caminar en Paz, tenemos que defender y hacer realidad conjuntamente los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza; derechos que se complementan y se potencian mutuamente. Lo que exige desplegar todos esfuerzos indispensables para conseguir una genuina seguridad ciudadana, cristalizando simultáneamente la justicia social y la justicia ecológica.

Finalmente, precisamos una hoja de ruta para enfrentar estructuralmente al crimen organizado y, por igual, ¡conocer los caminos del infierno, para evitarlos!, como recomendaba Nicolás Maquiavelo.

17 de marzo del 2025

*Fuente: LaLíneaDeFuego

Referencias

[1] Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013).
[2] AFP – Agence France Presse (11.03.2025); “Noboa Establece Una “Alianza” Con El Fundador De Una Empresa Involucrada En Crímenes En Bagdad”. https://www.barrons.com/news/spanish/noboa-establece-alianza-con-fundador-de-empresa-involucrada-en-crimenes-en-bagdad-f594564c
[3] Primicias (13.03.2025); “Así operan los equipos militares privados que comanda Erik Prince, el nuevo aliado del Gobierno de Daniel Noboa”. https://www.primicias.ec/seguridad/daniel-noboa-erik-prince-operacion-equipos-militares-privados-mercenarios-91592/?utm_source=push&utm_medium=primicias&utm_campaign=2025-03-13
[4] Consultar el texto de Luis Córdova-Alarcón (2023): “Militares, mercenarios y narcos – ¿Cómo se formaron los ejércitos privados más letales al servicio del Cartel de Medellín (Colombia) y del Cartel del Golfo (México)?”  https://ordenconflictoyviolencia.org/2023/02/15/militares-mercenarios-y-narcos/
[5] INREDH (14.04.2025); “Contratistas militares: ¿Garantía de seguridad o negocio de conflicto?”
https://inredh.org/contratistas-militares-garantia-de-seguridad-o-negocio-de-conflicto/
[6] Alberto Acosta (2025); La mira imperial puesta en Galápagos- Breve repaso de amenazas y agresiones recurrentes. https://lalineadefuego.info/alberto-acosta-la-mira-imperial-puesta-en-galapagos-breve-repaso-de-amenazas-y-agresiones-recurrentes/<
[7] Ver las entrevista en Revista Vistazo, 10 de junio del 2019: “No se requiere una base militar (americana) en Ecuador”. https://www.vistazo.com/actualidad/no-se-requiere-una-base-militar-americana-en-ecuador-IEVI139331
[8] Constitución de la República del Ecuador https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador
[9] Convención contra Reclutamiento de Mercenarios, Registro Oficial Suplemento 950 de 22-feb.-2017  https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/08/071.-CONVENCION-CONTRA-RECLUTAMIENTO-DE-MERCENARIOS.pdf
[10] Ver entrevista a Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, en la Revista Vistazo, 11.03.2025. https://www.vistazo.com/politica/elecciones-ecuador-2025/2025-03-11-exclusiva-leonidas-iza-segunda-vuelta-gobierno-intenta-dividirnos-tres-formas-JL8940658
[11] En las reformas constitucionales del 2015, impulsadas por Rafael Correa, en las que se reintroducía la reelección indefinida, prohibida en la Constitución de Montecristi, se limitaba dicha consulta; cambios que luego fueron derogados por la Corte Constitucional. También cabe tener presente el sistemático irrespeto a las consultas populares contra la minería en Girón (2019), Cuenca (2021), Distrito Metropolitano de Quito (2023) y la consulta nacional del Yasuní (2023).
[12] Estos dos tipos de consultas no se han cumplido en ninguno de los contratos mineros, se puede puntualizar. Consultar en Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2020); “¿Minería legal o minería ilegal? Una falsa disyuntiva” https://agenciaecologista.info/mineria-legal-o-mineria-ilegal-una-falsa-disyuntiva/
[13] Recuérdese que en la ley de minería, impuesta en el año 2009, no se garantizó la consulta pre-legislativa. La Corte Constitucional reconoció este hecho, pero eso no le impidió declarar su constitucionalidad formal, al año siguiente. https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/casos/Ecuador/Conaie/Ley%20de%20Mineria%202010.pdf
[14] “«Cómo me arrepiento», dice Correa respecto del Derecho a la Resistencia”, La República, 5 de septiembre del 2015.   https://www.larepublica.ec/blog/2015/09/05/como-me-arrepiento-dice-correa-respecto-del-derecho-a-la-resistencia/
[15] Segunda vuelta Ecuador 2025: Daniel Noboa y Luisa González meten la ‘ideología de género’ en la campaña (11 de marzo 2025), Revista Vistazo. https://www.vistazo.com/politica/elecciones-ecuador-2025/2025-03-11-segunda-vuelta-ecuador-daniel-noboa-luisa-gonzalez-rechazan-ideologia-genero-FM8943016
[16] INREDH (2016); “¿Cuál es el saldo que deja la Base Militar Norteamericana en sus 10 años en Manta?”. https://inredh.org/cual-es-el-saldo-que-deja-la-base-militar-norteamericana-en-sus-10-anos-en-manta/