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El «11» en Arica: «Plan Zeta» y «Cordones Industriales»

Redacción piensaChile — Wed, 02 Nov 2022 23:03:31 +0000

01 de noviembre de 2022

Contexto

Julio Cámara Cortés

A fines de los 60, Arica destacaba como una ciudad moderna y pujante, plena de actividades industriales y comerciales. Además, por su condición fronteriza, la ciudad disponía de estrecha y directa conexión con Perú y Bolivia, generando condiciones propicias para el intercambio comercial y un tránsito histórico y fluido de gentes a ambos lados de la frontera, especialmente con Tacna (Perú), y con La Paz (Bolivia).

(Un antecedente adicional en este contexto, es que en el vecino Perú gobernaba desde 1968 el general Juan Velasco Alvarado, a la cabeza del “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, accediendo al poder a través de un golpe de estado institucional).

Arica contaba con un activo y floreciente barrio o zona industrial donde se emplazaban principalmente industrias armadoras de vehículos, del rubro electrónico y también algunas textiles. Empresas internacionales del área automotriz como Citroen, Nissan, General Motors, Miniaustin, empleaban una cantidad significativa de masa laboral. A dicho rubro, se agregaban industrias del área electrónica, como Mellafe y Salas, Sony Cantolla, Chilevisión, entre otras, que armaban principalmente televisores. Entre las textiles destacaban Banvarte y Contex.

Esta actividad industrial y comercial, que concentraba mayoritariamente la fuerza de trabajo de la ciudad, tenía también su expresión a nivel de la organización política y sindical, la que a inicios de los años 70 había dado ya muestras de dinamismo y cohesión en algunos movimientos huelguísticos reivindicativos. (Ej. huelga de industria textil Banvarte)

Importante señalar que tanto en las empresas electrónicas como en las del rubro textil, laboraba un significativo segmento de mujeres, que participaban activamente también a nivel de las organizaciones sindicales.

A lo anterior, se agregaba el hecho que siendo Arica un departamento de la antigua provincia de Tarapacá, con el puerto de Iquique como su capital, la Central Única de Trabajadores (CUT), tenía el reconocimiento excepcional también de provincial, al igual que Iquique, precisamente por la relevancia que había alcanzado el movimiento sindical en dicha ciudad.

Es en este contexto, de pujante actividad industrial y comercial y su correspondiente expresión a nivel de la organización política y sindical, que asume el gobierno del país la coalición política de la Unidad Popular, (UP) encabezada por Salvador Allende, sustentado en un programa de transformaciones sociales inéditas en la historia de Chile.

En lo personal, en 1970, fui electo dirigente sindical en una empresa dedicada al rubro automotriz y, posteriormente, en mayo de 1972, electo dirigente provincial de la CUT, encabezando una lista de jóvenes dirigentes del partido MAPU.

Un hecho relevante ocurrido en las elecciones de la CUT de 1972, es que se realizaron bajo la modalidad “un trabajador un voto”, constituyendo un verdadero hito en la línea de democratizar, desde las bases, la generación de los órganos directivos de dicha organización sindical, y a tono, además, con las inquietudes, y demandas de la ciudadanía y los “vientos de cambios” impulsados por el gobierno de Allende. Indicar, además, que hasta 1973 existía la sindicalización obligatoria, lo que contribuía a contar con sindicatos con mayor fortaleza orgánica y representatividad.

Derivado de los avances en el cumplimiento del programa de la Unidad Popular, y por decisión mayoritaria del Congreso, se nacionalizó la gran industria del cobre, y se dieron importantes pasos en la definición de las tres áreas de la economía, que contemplaba el traspaso al control del Estado de un conjunto de empresas consideradas estratégicas.

Se mejoraron sustancialmente las condiciones laborales en materia de remuneraciones y de condiciones de empleo, estableciéndose un nuevo sistema de negociación colectiva por niveles. El primer nivel, correspondía a un acuerdo CUT-Gobierno, que fijaba condiciones generales o básicas de remuneración para todos los trabajadores del país; luego, y a partir de este “piso”, se negociaba por áreas o sectores de la economía, la que incorporaba mejoramientos que tuvieran en cuenta las especificidades y características propias de cada sector, y finalmente, la negociación se daba por empresa, con la suma de las condiciones establecidas en los niveles anteriores.

Hay que decir que estos avances se dieron en medio de una tenaz y agresiva oposición política por parte de los sectores más conservadores de la DC, y de la Derecha en general, quienes desde el Congreso, y desde las organizaciones empresariales, obstaculizaban y/o boicoteaban las medidas e iniciativas.

(La historia demostró, posteriormente, la activa ingerencia e intervención del gobierno de EE.UU. y de la CIA, en alianza conspirativa con sectores de la DC, Derecha y ultraderecha, en el derrocamiento de Allende a manos de las FF.AA. chilenas).

Los “cordones” industriales.

Las dificultades y tensiones políticas surgidas de la aplicación de un programa de transformaciones sociales, se expresó también con fuerza al interior de la propia coalición gobernante, es decir, de la UP, en la que se evidenciaron al interior de algunos Partidos diferencias frente a las tareas que se debían acometer.

Estas diferencias de apreciación respecto del desarrollo del proceso de cambios que se vivía, se hicieron notorias también en el accionar de las organizaciones sindicales, tanto de las zonas urbanas como agrarias.

Organizaciones políticas de fuera de la UP, en particular del MIR, estimularon esta tendencia a través de sus denominados “frentes de masas”, el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) con inserción en los sindicatos urbanos, y el Frente de Campesinos Revolucionarios (FCR) con campo de operaciones en las zonas agrícolas del país.

En ese contexto, en zonas urbanas determinadas, en la que industrias y/o empresas estaban geográficamente “acordonadas”, surgen instancias de coordinación intersindicatos, que asumieron la denominación, por las características expuestas, de “cordones industriales”. (En la región metropolitana, fueron célebres los “Cordones” Cerrillos y Vicuña Mackenna)

En Arica se replicó esta tendencia, favorecida también por la localización geográfica de las industrias, y al hecho que por la fuerza de los acontecimientos políticos, la mayoría de las industrias habían sido tomadas por sus trabajadores, o “intervenidas”, haciéndose cargo el gobierno de su gestión y administración a través de un responsable de ellas, es decir, un interventor. Similar situación ocurría en gran parte del país.

La CUT, tanto nacional como local (Arica), miraba con cierto recelo estas instancias de coordinación, en la que confluían dirigentes sindicales y trabajadores del MIR, y de sectores más radicalizados del PS, MAPU y Radical.

En la percepción de la CUT, los “cordones industriales” interferían en la relación de dicha central sindical con los sindicatos de base, alterando su estructura orgánica. Por su parte, las organizaciones sindicales integrantes de los “cordones” exteriorizaban posturas críticas hacia la conducción de la propia CUT, tildándola de “reformista”. Igual apelativo se le enrostraba también a Salvador Allende y a su gobierno.

A fin de superar estas fricciones, la CUT decide, a manera de reconocimiento formal, que los “cordones” industriales son organismos intermedios entre las direcciones nacionales y/o provinciales y los sindicatos de base.

Esta definición, que tenía también el propósito de ejercer una dirección al conjunto de la acción sindical y contener los “desbordes” de los “cordones” supeditándolos al liderazgo de la CUT, cobraría cierta importancia, al menos en Arica, en los hechos represivos que siguieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El “11” en Arica

En las primeras horas de la mañana de ese día, la ciudad ofrecía un panorama de aparente normalidad. No se observaban movimientos de tropas en las calles, no obstante que a través de diversas fuentes informativas, gran parte de la población había tomado conocimiento de un alzamiento militar en Valparaíso contra el gobierno de Allende.

Un antecedente a tener en cuenta, es que el jefe militar en Arica era el Coronel Odlanier Mena. Dicho oficial había llegado a la ciudad ese año, y en un encuentro con trabajadores del barrio industrial, en que quien suscribe estaba presente en su condición de dirigente provincial de la CUT, se declaró un militar “constitucionalista” y leal, por tanto, al gobierno vigente, respetuoso del mando militar y partidario de la doctrina que sustentaba en ese entonces, el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats González.

(Años más tarde, y ostentando el grado de general, Odlanier Mena asumió la jefatura de la Central Nacional de Información (CNI), que sucedió a la DINA, cuyo jefe, Manuel Contreras había “caído en desgracia” por su implicancia en el atentado que costó la vida a Orlando Letelier y a su secretaria, en la ciudad de Washington).

La mañana del “11”, la dirección provincial de la CUT resolvió convocar a los dirigentes del barrio industrial a una reunión informativa, a fin de analizar los alcances del alzamiento militar y definir acciones a seguir, lo que daba cuenta, además, de la deficiente información que se disponía respecto de la real envergadura de dicho alzamiento, en la errada idea que podría tratarse de una acción similar al “Tancazo” ocurrido en junio de 1973, en que un reducido grupo de oficiales y tropas intento un alzamiento militar rodeando con tanques el palacio de La Moneda.

Con el correr de las horas, se hizo notorio el movimiento de tropas en las calles, y junto con tomar el control de la ciudad comenzaron las primeras detenciones, entre ellos de algunos dirigentes sindicales y de la CUT, derivado del allanamiento que los militares llevaron a cabo en la industria electrónica en que se había realizado la reunión informativa. A esas alturas, la idea, ingenua por cierto, que se trataba de un nuevo “tancazo” estaba ya totalmente descartada.

Respecto del accionar del “cordón” industrial frente a los acontecimientos, no hubo capacidad de reacción alguna al despliegue y control militar incontrarrestable sobre el barrio industrial y de toda la ciudad. Similar situación ocurrió a nivel de los Partidos y organizaciones políticas de dentro y fuera de la UP.

En Santiago, escenario de los principales acontecimientos, con el bombardeo al palacio de La Moneda y muerte de Salvador Allende, se supo posteriormente que hubo algunos conatos de resistencia en algunos “cordones” los que fueron prontamente reducidos por la superioridad militar.

Quedaba así en evidencia, la escasa y deficiente capacidad de reacción militar no solo de los Partidos de la coalición gobernante, sino sobre todo de los Partidos o movimientos de fuera de la coalición, cuya valoración y énfasis respecto de la “vía armada” para profundizar las transformaciones sociales constituía lo central de su discurso y acción política.

Parte de ese discurso estaba presente también en la acción de los “cordones” industriales, en el convencimiento que ellos podrían constituir una importante base de apoyo y resistencia a los intentos golpistas de un sector de las fuerzas armadas, lo que ya había ocurrido con el ya mencionado “Tancazo” de junio de ese año.

Hay que decir, además, intentando una apreciación sin prejuicios y objetiva de los hechos, que a nivel del gobierno y de algunos Partidos de la coalición, existía un cierto convencimiento que cualquier intento de golpe militar no contaría ni comprometería a la totalidad de las fuerzas armadas, derivado de la presencia de oficiales de alta graduación “constitucionalistas”, especialmente en el Ejercito, leales y respetuosos a un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía, y seguidores o herederos de la doctrina de los generales Schneider y Prat.

Esta percepción, que un intento golpista conduciría a una división de las fuerzas armadas y a un escenario de guerra civil, se tradujo en una consigna, muy presente durante 1973, de “No a la guerra civil”, esgrimida desde el gobierno y los partidos afines, y hábilmente utilizada por las fuerzas de oposición para describir la inestabilidad política a que había llevado al país el gobierno encabezado por Allende.

El otro hecho, no menor, es que utilizando una disposición emanada del congreso, en los meses previos al golpe militar, las fuerzas armadas se dedicaron con esmero y eficiencia a allanar numerosas grandes empresas, muchas de ellas situadas en los “cordones “ industriales, en busca de armas, cuya tenencia y supuesto acopio contravenía la legalidad.

Ello les permitió, como lo reconocieron posteriormente algunos jefes militares, constatar en terreno la verdadera capacidad “combativa” de los denominados “cordones” frente a una intervención militar, revelando de paso, la preocupación que les causaba para sus intenciones golpistas la existencia de dichas instancias de coordinación sindical.

En esta tarea de allanar industrias, participaron todas las ramas de las fuerzas armadas, En Arica, al menos hubo una acción de allanamiento en una industria electrónica, sin encontrar, obviamente, ningún tipo de armamento, ni siquiera una pistola.

La represión: el Plan Zeta y los “cordones industriales”

Al finalizar el día 11, y con el control total de la ciudad por parte de las fuerzas armadas, ya eran cientos los detenidos en la cárcel de Arica, la mayoría conformada por autoridades locales de gobierno, dirigentes políticos y sociales, y militantes y simpatizantes de Partidos de izquierda.

Pero, no solo hubo detenidos en la cárcel, también las propias dependencias del regimiento Rancagua sirvieron de cautiverio y centro de interrogatorios y torturas, agregándose posteriormente para el mismo fin las instalaciones del camping de verano Las Machas.

Regimiento Rancagua

A diferencia de lo ocurrido en otras zonas del país, en los primeros días posteriores al golpe, en Arica no hubo actos represivos con costos de vidas humanas, ni se supo de “enfrentamientos” ni reales ni ficticios, aparte de las detenciones con aplicación de torturas, y los ya conocidos allanamientos en busca de armamento.

Sin embargo, en octubre la represión se abatió con fuerza en contra de militantes de la UP. El día 20 son asesinados tres militantes del PS: Oscar Ripoll Codoceo, 38 años, profesional de SERCOTEC; Julio Valenzuela Bastias, 28 años, radiooperador del ferrocarril Arica – La Paz, y Manuel Donoso Dañobeitia, 26 años, sociólogo y profesor de la Universidad del Norte.

Tres días después, la prensa de Arica informaba de la ejecución de Luis Pedro Solar Welsch, de apenas 18 años, hecho acaecido, según la versión publicada, al interior de un recinto militar. En este caso, como en el de los tres militantes PS, los asesinatos fueron encubiertos a través de burdos montajes, procedimiento que se hizo habitual en innumerables hechos represivos con resultado de muerte a nivel nacional.

En los meses siguientes, y desde la cárcel, cuatro detenidos fueron trasladados a Pisagua, histórico lugar de confinamiento para la izquierda y dirigentes de organizaciones sociales.

También, en los meses que siguieron, se instalaron los tribunales militares en tiempo de guerra, y se sometió a proceso a los detenidos, hombres y mujeres, con interrogatorios a cargo de fiscales adhoc. Debo señalar nuevamente que a diferencia de lo ocurrido en otros centros de detención del país, especialmente en Pisagua, en los denominados “Consejos de Guerra” que se realizaron en Arica, aparte de una sentencia de muerte que no se llevó a efecto, fueron las condenas de cárcel y relegación los castigos aplicados con más frecuencia.

Según mi experiencia como “prisionero de guerra”, calificativo inventado para conferirle algún fundamento a la intervención militar, es decir, que en Chile hubo una situación de guerra civil, con ganadores y perdedores, al menos en los interrogatorios a que fui sometido, dos eran los temas recurrentes que interesaban a los fiscales militares: el “Plan Zeta”, otra ficción creada para justificar también el golpe, y atendiendo a mi condición de dirigente de la CUT, la organización y envergadura de los ya famosos “cordones industriales”.

En tal situación, y requerido en un interrogatorio por este tema, me correspondió reafirmar que los “cordones industriales” eran efectivamente parte de la estructura de la CUT, y no organismos paralelos a la central sindical ni menos de carácter paramilitar, percepción que los militares tenían de dichas instancias de coordinación, como expuse anteriormente. Percepción alimentada, además, por el discurso “belicista” imperante en algunas organizaciones políticas y sindicales con anterioridad al golpe de Estado.

El hecho de reafirmar la dependencia y subordinación de los “cordones industriales” a la estructura orgánica de la CUT, contribuyó a darle sustento a la versión entregada a los fiscales militares por algunos dirigentes sindicales detenidos, y participantes en dichas instancias.

Lo anterior, no obstante las fricciones y diferencias que como dirigente de la CUT sostuve muchas veces con dirigentes sindicales que levantaban las banderas de la autonomía de los cordones industriales frente a cualquier tutelaje y/o subordinación a centrales sindicales “reformistas”.

Para finalizar, no está demás decir que todo lo expuesto corresponde a mis vivencias y experiencias personales como militante, dirigente sindical y de la CUT, en un periodo relevante de las luchas políticas y sociales de Chile.

Julio Cámara Cortés
Ex – dirigente provincial CUT – Arica

Septiembre de 2016

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Encuentran muerto a dirigente social y opositor de Celulosa Arauco en extrañas condiciones

Redacción piensaChile — Thu, 06 Feb 2020 10:16:43 +0000

La mañana del jueves 31 de Enero recién pasado se supo un hecho que mantiene consternada a las comunidades costeras de Mehuin y Mississippi, en la región de los ríos. El dirigente social Marcelo Vega cortés fue encontrado muerto y flotando en la desembocadura del río Lingue, presumiblemente tras el hundimiento de la camioneta que manejaba.
Vega de 47 años era presidente de Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan y un opositor histórico a la instalación de un ducto de la empresa Celulosa Arauco – CELCO para vertir desechos en el mar de Mehuín, por lo que su muerte deja un manto de dudas que pone en alerta a las comunidades de la zona.
Junto a la muerte del dirigente, un supuesto acompañante del vehículo que era conducido por Marcelo Vega, se encuentra desaparecido tras el “accidente”. Razón por la cual la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones de Valdivia indaga la denuncia por presunta desgracia, según indicó el fiscal Alejandro Ríos a radio Bio Bio.
La búsqueda del acompañante está siendo realizada por la Armada, el GOPE de Carabineros y Bomberos, más otros pescadores y familiares.

La vocera del Comité de Defensa del Mar de Mehuín, Eliab Viguera, señaló que las condiciones en las que fue encontrado el vehículo ocupado por Vega, “ameritan una investigación sumamente exhaustiva, pues la camioneta estaba sumergida hasta la mitad, situación que habría permitido que Marcelo hubiera podido salir del vehículo y salvarse, mas tratándose de una persona que tenía conocimientos en buceo”, indicó.

A esto último señaló su preocupación por las dudas que genera este caso en similitud a otras muertes de dirigente sociales en el país. “Nosotros tenemos un manto de duda con respecto a las investigaciones que se están realizando, sobre todo pensando en la serie de dudas que han envuelto la muerte de Macarena Valdés en Panguipulli y el caso de otros dirigentes a nivel nacional, que igual han aparecido muertos en circunstancias que no se han podido esclarecer”.
“En carne propia hemos vivido el actuar mafioso de empresas como CELCO y el actuar irregular de los organismos del Estado”, concluyó.
*Fuente: El Desconcierto

Más sobre el tema:

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Publicado el 5 septiembre, 2006

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ArchivoChile.com
18 de agosto de 2006

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Declaración muerte del dirigente forestal Alex Muñoz García

Redacción piensaChile — Tue, 11 Dec 2018 22:49:17 +0000

DECLARACION

MUERTE DEL DIRIGENTE FORESTAL ALEX MUÑOZ GARCIA

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, a la opinión pública nacional e Internacional, declara:

El día de ayer, domingo 9 del presente en la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de ALEX MUÑOZ GARCÍA, dirigente activo del sindicato de trabajadores de la empresa ‘Paneles Arauco’, en Teno, localidad vecina a la ciudad de Curicó. El sindicalista, como ha sucedido en otras ocasiones, colgaba al interior de su casa, ubicada en el sector Santa Adela de La Montaña, aparentando un eventual suicidio.

Según lo denunciara el mismo día del hallazgo el movimiento ‘Despierta La Montaña’, el dirigente

“[…] llevaba adelante una serie de peticiones a la empresa por las condiciones laborales que se viven al interior de su planta en Teno, específicamente luego de dos explosiones que expusieron la vida de sus trabajadores”.

Una vez más la comunidad nacional se ve enfrentada al ‘suicidio’ de un dirigente sindical en los precisos instantes en que impulsa con valentía las reivindicaciones de sus representados. Si bien es cierto no existen mayores antecedentes acerca de las circunstancias del hecho, no puede éste dejar de vincularse a los casos de Alejandro Castro y de Macarena Valdés, también encontrados ahorcados en extrañas circunstancias. No resulta, así, aventurado suponer que podríamos estar en presencia de un hecho más grave aún cual es la ejecución sumaria y selectiva de dirigentes sindicales y sociales que se atreven a desafiar al poder empresarial.

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS alerta a los trabajadores acerca de estos hechos y les pide extremar las condiciones de seguridad de sus dirigentes ante la eventualidad de un sicariato nacido de una voluntad manifiesta en orden a exterminar a todos aquellos conductores sociales y sindicales que resulten molestos para el desarrollo del capital. Lo sucedido en la comunidad mapuche con la muerte de Camilo Catrillanca y otros dirigentes de nuestros pueblos originarios no constituyen sino un reflejo de lo que sucede en otros ámbitos de la vida nacional donde se organizan los sectores dominados.

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL

Santiago, 10 de diciembre de 2018

Más sobre el tema:

Seremi abre sumario por explosión en fábrica que no fue reportada a Bomberos

Publicado:

Viernes, 28 de Septiembre de 2018

| Periodista Digital: Jaime Morales Amaya

El hecho ocurrió en Teno y dejó a dos trabajadores heridos, que debieron ser trasladados a Santiago.

El Minsal detectó varias «deficiencias e incumplimiento de protocolo» tras el estallido, cuya causa aún se desconoce.

Foto: Jaime Morales Amaya«Debido a la magnitud de la emergencia, Bomberos debió ser convocado», dijo a Cooperativa la institución.

En completo hermetismo se mantenía, hasta ahora, una serie de explosiones registradas en la fábrica de Paneles Arauco, en la comuna de Teno, el pasado 12 de septiembre.

Cuatro calderas estallaron correlativamente en medio de un proceso de mantención, que dejó a dos operarios con lesiones y trasladados al Hospital del Trabajador en Santiago.

Un aspecto que llamó la atención fue que Bomberos de Teno no fue convocado a la emergencia, según señaló a Cooperativa el comandante Carlos Céspedes

«Nos enteramos de la explosión por agentes externos a la planta y por redes sociales, pero desde la empresa no hubo llamado a nuestra central de comunicaciones«, dijo Céspedes, quien estimó que, «debido a la magnitud de la emergencia, Bomberos debió ser convocado para trabajar en conjunto con Carabineros y Salud».

La explosión causó conmoción en los vecinos del sector, que mayoritariamente trabajan en la empresa. «Fue como si un camión hubiese reventado los neumáticos, salimos a mirar y después supimos que fue la fábrica la que explotó», contó Graciela, una residente del sector.

Apelando a eventuales represalias, el personal de la planta evitó entregar declaraciones.

«No se sabe por qué se produjo»

Patricio Fuentes, jefe de la dirección provincial Curicó de la Seremi de Salud, confirmó que «el día 12 de septiembre, en el sector de las cribas, dos trabajadores observaban el funcionamiento tras la mantención y no se sabe aún por qué se produjo una explosión que los dejó con heridas y trasladados al Hospital del Trabajador en Santiago«.

*Fuente: Cooperativa

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Intentan secuestrar a trabajador portuario en Valparaíso: Piñera es responsable

Redacción piensaChile — Fri, 30 Nov 2018 15:00:32 +0000

29.11.2018
Durante la mañana cerca de las 7 AM dirigente de Puerto Valparaíso que es parte activo de la movilización, saliendo de su casa para ir al muelle lo intentaron secuestrar personas armadas en un automóvil sin patente. En el forcejeo y gritos salen vecinos a mirar por lo que los delincuentes entrenados por su forma de actuar huyen del lugar pero antes lo amenazan de muerte si sigue con el paro en el puerto.

Ahora se están realizando las denuncias a las autoridades pertinentes.

Debe hacerse presente que estas patotas de matones responden a los intereses de las empresas portuarias y son ellas las responsables de este tipo de hechos, ellas y los medios de comunicación patronales, que han satanizado al movimiento de trabajadores.

En otro sentido, es también responsabilidad política del Gobierno que sólo ayer interviniera en el conflicto -después de 12 días- hacerse cargo de la seguridad de los trabajadores movilizados quienes ejercen un elemental derecho, movilizándose frente al abuso patronal.

La muerte del Alejandro Castro, dirigente del movimiento de Quintero-Puchuncaví y destacado activista de esta causa fue precedida de un conjunto de amenazas del mismo tenor a lo vivido recientemente por el compañero portuario hoy en la mañana. El informe de CIPER, que da cuenta de seguimientos policiales a la persona de Camilo Catrillanca, obra en el mismo sentido. Activistas y Abogados ligadas a organizacionex o causas de DDHH son habitualmente objeto de acciones de amedrentamiento, fotografías, seguimientos y hostigamiento telefónico

Estamos en presencia de una ofensiva patronal que combina acciones de patotas de matones que funcionan en las sombras de la impunidad, con explícitas acciones represivas de terrorismo de Estado. El discurso fascistizante de Piñera se orienta a aplastar toda forma de resistencia y protesta a sus políticas antiobreras y antinacionales.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones de izquierda, de trabajadores, a aquellas comprometidas con los DDHH y con la democracia en general, a denunciar este hecho y ocupar todos los espacios públicos para detener esta ofensiva represiva en contra de los trabajadores.

Desde las páginas de nuestra revista comprometemos además, nuestro accionar irrestricto en defensa de las movilizaciones y del activismo, que a lo largo del país ha salido a expresar su repudio al Gobierno de los Tiempos Mejores para los Patrones y, muy particularmente, responsabilizamos al Presidente Piñera y al Intendente Martínez de cualquier atentado que pudiese afectar la integridad de los trabajadores portuarios hoy movilizados, cualquier atentado anónimo u oficial.

Si tocan a los portuarios, tocan al pueblo de Chile en su conjunto y es esta unidad la que hay que forjar con urgencia, esta unidad es la que hará al movimiento invencible y abrirá el camino a los Tiempos de los Trabajadores.

*Fuente: El Porteño

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España, Caso Timoteo Mendieta: a propósito de la segunda exhumación ordenada

Redacción piensaChile — Tue, 23 May 2017 03:30:10 +0000

Martes, 16 de mayo de 2017
En días recientes se pudo leer en España que los familiares de Timoteo Mendieta Alcalá, un lider sindical fusilado en 1939 por las fuerzas franquistas, han procedido a una nueva exhumación en una fosa común situada en Guadalajara (Castilla-La-Mancha, España): ello en aras de recuperar los restos mortuarios de esta víctima del franquismo. Se lee en esta nota de prensa de El Pais (España) del pasado 10 de mayo del 2017 que:

«El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha encontrado este miércoles un cráneo en la fosa común del cementerio de Guadalajara donde busca, desde el martes, los restos de Timoteo Mendieta, carnicero y presidente de UGT en su pueblo, Sacedón, que fue fusilado el 15 de noviembre de 1939. Su hija Ascensión, de 91 años, lleva toda la vida buscándolo para darle una digna sepultura«.

El integrante de la ARMH a cargo de los trabajos, René Pacheco, precisa en esta otra nota de prensa la principal razón por la que no se logró encontrar la osamenta de Timoteo Mendieta con ocasión del primer intento: «En esta exhumación observamos lo mismo que en la primera, que estaba muy bien documentada, pero luego comprobamos que los cuerpos se han arrojado de forma aleatoria y no corresponde a lo recogido en la documentación», ha afirmado René Pacheco quien, no obstante, espera que esta vez sí sea posible encontrar los restos de Timoteo Mendieta«.

Un primer intento realizado en el 2016

En enero del 2016, equipos forenses españoles habían procedido a la excavación de esta fosa común en España en busca de los restos mortales de Timoteo Mendieta. Cuando en el año 1939 fue fusilado, aduciendo las fuerzas franquistas «auxilio a la rebelión», su hija Ascensión Mendieta Ibarra tenía 13 años. Ante los obstáculos de la justicia española para acceder a los restos mortales de esta víctima de la guerra civil española enterrada en una fosa común con otros 22 cuerpos, Doña Ascensión decidió acudir a la justicia argentina.

La exhumación de la fosa común de Guadalajara inició el 30 de enero del 2016, con un emotivo acto muy concurrido al iniciar los trabajos (véase video); estos se mantuvieron por varias semanas. En los últimos días del año 2016, se informó que el análisis ADN de los huesos extraídos correspondientes a 11 de los cuerpos, realizado en Argentina, confirmó que ninguno de ellos pertenecía a Timoteo Mendieta (véase nota de CadenaSER del 30/12/2016). Nótese que los análisis de laboratorio para identificar los restos mortales se efectuaron en Argentina.

El hermetismo del Estado español ante el clamor de las víctimas del franquismo

Es gracias a la inclaudicable perseverancia de los familiares de Timoteo Mendieta, quienes interpusieron una demanda en Argentina en el 2010, que la jueza argentina María Servini de Cubría logró obtener de las autoridades de España, en aplicación del principio de jurisdicción universal, que sea exhumada una fosa común ubicada en Guadalajara. Se estima a unos 150.000 los desaparecidos durante la guerra civil española.

En este Boletín de Medicina Legal y Forense de Galicia (2012) se ofrecen diversos estudios sobre la labor realizada por expertos y colectivos en España a solicitud directa de familiares de víctimas del franquismo ante el mutismo de la justicia (véase texto). La nota introductoria de este documento concluye con un vehemente llamado a la clase política española:

«…deseo hacer desde estas páginas un llamamiento a nuestros nuevos representantes políticos. Apelo a su sentido humanitario para que sigan apoyando a todos los ciudadanos de nuestro pais que quieren saber donde están sus familiares desaparecidos en un conflicto que nunca tuvo que haber ocurrido«.

Foto extraída de artículo de prensa titulado: «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad»

La justicia argentina al servicio de las víctimas españolas

Timoteo Mendieta se convierte en la primera víctima del franquismo en ser objeto de una orden de exhumación que emane de la justicia … de Argentina. No existe nada similar originado en España desde un juzgado español en materia de exhumación de víctimas del franquismo.

¿Cómo puede explicarse que la exhumación de una persona fusilada en 1939 en España (y cuyos restos mortales yacen con otros en una fosa ubicada en territorio español) deba ser tramitada por sus familiares españoles ante un juzgado ubicado en Buenos Aires? ¿Cómo explicar que procesos similares hayan tenido lugar en América Latina después de oscuros años vividos en el Cono Sur y en América Central en los años 80, permitiendo a familiares de desaparecidos acudir a su sistema judicial para exigir el respeto a la memoria de sus abuelos o padres, víctimas de la violencia política?

¿Cómo entender que mientras que en América Latina es el mismo Estado (a veces obligado por una sentencia judicial) el que concurre con sus recursos a permitir que familiares puedan cerrar un doloroso proceso de duelo, en España las familias y las asociaciones deben sufragar ellas mismas los costos que conlleva su búsqueda?

Las respuestas a estas y a muchas otras preguntas se encuentran revisando el largo camino recorrido por los familiares de Timoteo Mendieta. Muchas de estas respuestas exhiben la incómoda situación de España con respecto a los avances logrados en América Latina y en diversos foros internacionales en materia de derecho a la verdad y derecho al duelo (ambos consagrados en sentencias de jueces nacionales y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La unión de dos excepciones: España y el derecho a la verdad – Argentina y la impunidad

Entre muchos textos sobre el derecho a la verdad, activamente promovido por Estados de América Latina, podemos citar la resolución 2005/66 adoptada, a iniciativa de Argentina, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2006, la cual «reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos«. En el 2010, a iniciativa de El Salvador, la resolución A/RES/65/196 de la Asamblea General de Naciones Unidas «Proclama el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas» (véase texto). Siempre sobre el derecho a la verdad, se puede citar la resolución AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07) adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2007, la cual insta a todos los Estados del hemisferio americano:

» a tomar medidas pertinentes para establecer mecanismos o instituciones que divulguen la información sobre violaciones de los derechos humanos, y aseguren el acceso adecuado de los ciudadanos a esta información, con el fin de promover el ejercicio del derecho a la verdad«.

Un detallado informe presentado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (véase texto completo) permite, pese a notables avances en la región, señalar varios desafíos aún pendientes en el hemisferio en materia de justicia transicional, en aras de vencer la resistencia de algunos sectores políticos, de los aparatos militares y de varios sistemas judiciales.

En un artículo sobre su experiencia en España como voluntaria con las víctimas del franquismo (publicado en el 2012), la antropóloga forense costarricense Roxana Ferllini Timms explica que:

«España constituye una excepción dentro del proceso de transición de justicia, ya que el paso a la democratización no buscó conciliar la violencia y abusos de los derechos humanos que ocurrieron durante la Guerra Civil y el régimen Franquista. La transición en 1977 creó el pacto del olvido, el cual fundamentalmente dio cabida al silencio, neutralizando toda temática concerniente a ese pasado, incluyendo la exclusión de dichos temas en cursos de historia española» (véase artículo, página 78).

En una entrevista en el 2013, el juez español Baltasar Garzón había declarado:

«Me da mucha pena que tenga que ser en Argentina donde se investiguen estos crímenes porque España en su día paralizó el proceso, cuando me suspendió y con el auto posterior del Tribunal Supremo que cerraba todas las vías para las víctimas«.

No es casualidad si los familiares de Timoteo Mendieta debieron viajar para presentarse ante un juzgado situado en Buenos Aires. Argentina, desde hace muchos años, lidera la lucha contra el olvido y la impunidad en América Latina: los jueces argentinos han logrado avances que sus hómologos latinoamericanos conocen y observan sin poder replicarlos. En el 2016, con relación a una histórica sentencia condenando por vez primera a los responsables del denominado «Plan Cóndor», cuya lectura fue transmitida en directo por varias embajadas argentinas en América Latina, habíamos tenido la oportunidad de señalar que la justicia de Argentina se sitúa a la vanguardia en la región: «esta decisión leída el pasado 27 de mayo representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional» (véase nuestra breve nota publicada por el OPALC).

Foto de Ascención Mendieta Ibarra, su hija y una de sus nietas, extraída de nota titulada: «Una jueza deniega la exhumación de una fosa común porque no se cree los documentos oficiales. La jueza es la titular del Juzgado de Instrucción Nº1, María Lourdes Platero».

La orden judicial expedida por una jueza en Buenos Aires para excavar una fosa común en España

La solicitud hecha en el 2014 por la jueza desde Argentina precisaba (ver nota) a sus homólogos españoles que:

«Líbrese exhorto diplomático al Titular del Juzgado Territorial, que por razones de turno corresponda, con jurisdicción en Guadalajara (…) a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios para que en presencia de quien suscribe se proceda a la exhumación del cuerpo sin vida que se encontraría inhumado en la fosa n° 2, ubicada en el patio n° 4 del cementerio de Guadalajara, ocupando el penúltimo lugar, comenzando de arriba hacia abajo, o segundo lugar de abajo hacia arriba, de diecisiete cuerpos que se hallarían apilados en forma vertical«.

Se lee en este sitio sobre la memoria histórica en Guadalajara que el ayuntamiento respondió al juez español que:

«El informe, fechado el 27 de junio de 2014 y remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Guadalajara, explica que la fosa en la que fue enterrado Timoteo es una fosa común cuyo primer enterramiento data del 16 de noviembre de 1939 y el último el 9 de septiembre del mismo año. En la fosa se enterraron, según consta en el informe, 22 o 23 personas ejecutadas por el Juzgado Especial de Ejecuciones, según los distintos registros«.

El documento del ayuntamiento de Guadalajara y sus anexos está disponible en esta nota, con relación a una primera respuesta negativa de la justicia española en febrero del 2015, aduciendo incertidumbre sobre la localización exacta del cuerpo para proceder a una exhumación.

El sufrimiento y el dolor ante la coraza institucionalizada del Estado español

El malestar de gran parte de la sociedad española con respecto a la falta de respuestas a sus legítimos reclamos por parte del Estado español es profundo. En esta nota de prensa se lee, con referencia a la hija de Timoteo Mendieta, Asunción Mendieta Ibarra, que:

«En 2013 se echó a la espalda sus 88 años y viajó hasta Buenos Aires para declarar voluntariamente ante la jueza Servini. «En España no ha habido justicia para las víctimas ni solidaridad, lo ha impedido la tan cacareada ley de amnistía, que en realidad a quien amnistió fue a los personajes que participaron en las atrocidades que se cometieron contra los ciudadanos de este país», se queja María Ascensión Vargas, y añade que las víctimas de la dictadura no tienen «un estatuto jurídico como sí otras víctimas, por ejemplo las del terrorismo, que me alegro mucho por ellas, pero hemos viajado muy solitos«.

La determinación de los familiares de las víctimas del franquismo es compartida con las nuevas generaciones y, contrario a la percepción errónea de algunos círculos políticos españoles, se va fortaleciendo conforme avanza el tiempo. Como bien lo expresa una de las nietas de Doña Ascensión, la periodista Aitana Vargas, en este reportaje publicado en el 2015 y titulado «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad«: :

«Creo que tal vez el luto de mi abuela sea de esos que conviven en los confines de la eternidad. No hay consuelo para una anciana cuyo padre fue acribillado a balazos cuando era una niña, acribillado a sangre fría como a miles de españoles que compartieron la misma desgracia. A quienes apretaron el gatillo no les tembló el pulso, ni les falló la puntería. Sistemáticamente mataron, asesinaron, torturaron, arrebataron niños de los brazos de sus padres. No hay consuelo ni para ella, ni para los familiares de quienes compartieron semejante destino. Porque no olvidemos que la causa de mi abuela es la causa de cientos de miles de españoles. Y esa causa, en una España democrática, no se puede olvidar ni sepultar bajo toneladas de tierra, piedra, escombros y presiones políticas – jamás«.

En este artículo de Página12 (Argentina) sobre el caso de la familia Mendieta, las lágrimas que brotaron en los ojos de Doña Ascensión, al momento de ser informada del tan anhelado “sí” de la justicia española para poder finalmente proceder a la exhumación de los restos de su padre, ilustran el dolor lancinante de muchas familias en España:

“–¿Por qué llorás? –preguntó la abogada argentina.

–Lloro porque pienso en él; toda la vida bajo tierra –respondió.

En opinión de la letrada, esa expresión revela el sufrimiento del familiar de un desaparecido, al que no ha visto morir ni sabe dónde está.

“Para el familiar, el desaparecido no está muerto hasta que ve sus restos”.

Doña Ascensión: una inclaudicable voluntad que exhibe a España ante el mundo

La tenacidad de Doña Ascensión viene ahora a interpelar ante los ojos de España y del mundo el sistema judicial español y ponerlo a prueba. El hermetismo de las autoridades centrales españolas y del sistema judicial han sido tales que desde las comunidades autónomas, se han gestado valiosas iniciativas. Por ejemplo, lo que se ha calificado como el «insultante menosprecio del Estado» recientemente dió lugar a una iniciativa en Cataluña (véase nota de prensa de enero del 2017), mientras que desde el 2015, se cuenta en el País Vasco con un «Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil» (véase documento). Hace pocas semanas entró en vigor la «Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía» (véase texto de la Ley 2/2017).

Conclusión

Esta reivindicación colectiva se ha convertido en una verdadera onda expansiva. Encuentra su origen en muchas familias cuyos hijos o nietos han decidido romper con silencios de antaño y miradas evasivas, encontrando el apoyo de activas asociaciones de familiares de víctimas. En este contexto, la exhumación de Timoteo Mendieta puede convertirse en un emblemático precedente para muchas víctimas de la guerra civil española y para sus familiares, y contribuir a relanzar el debate en el seno de la sociedad española sobre la pesada deuda que mantiene consigo misma.

Lista de personas enterradas en la fosa común de Guadalajara, según registros de la ARMH, publicada en esta nota de CadenaSer

Nota: Para un análisis, desde la perspectiva del derecho internacional, de las diversas obligaciones que incumple el Estado español al no facilitar en lo más mínimo la labor de los familiares de las víctimas del franquismo y al mantener su sistema judicial hermético ante los constantes reclamos de las víctimas, remitimos al lector a un breve análisis escrito con ocasión de la primera exhumación realizada a inicios del 2016 por los familiares de Timoteo Mendieta. El mismo fue publicado en la Revista Los ojos de Hipatia (Valencia, España) y titulado: «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, enero del 2016, texto disponible aquí.

Agradecemos a los editores de esta revista valenciana por haber aceptado incluir fotografías, mapas e hipervínculos que permiten apreciar el alcance de la labor realizada por Doña Ascención, sus hijos y sus nietos, así como por la ARMH. Una versión ampliada del texto, con algunas referencias bibliográficas adicionales, fue también publicada en España en el sitio jurídico El Jurista (marzo del 2016), disponible aquí.

-Su autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR

El articulo España, Caso Timoteo Mendieta: a propósito de la segunda exhumación ordenada apareció primero en piensaChile.