dictadura cívico-militar de augusto pinochet – piensaChile

Declaración Pública de la Fundación Víctor Jara

Redacción piensaChile — Tue, 08 Sep 2020 21:05:43 +0000

Ante el uso de la frase EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ por parte de la UDI, haciendo evidente alusión a la canción escrita por Víctor Jara, nuestra fundación declara.

1. Víctor Jara compuso esta canción como una forma de protesta contra la guerra de Vietnam impulsada por la invasión de ese país por la súper potencia militar mas grande del mundo como lo era Estados Unidos. Se trató de una guerra tan injusta como desigual, en la que un pequeño pueblo debió defenderse de una agresión brutal. El mundo conoció la ignominia de ver a niños y niñas quemadas por las bombas de napalm de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó contra ese horror sin límites clamando por la paz.

2. Esa misma canción se convirtió así en un himno mundial por la paz. Tanto así que el pueblo japonés la canta en su idioma para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y heridos de por vida.

3. Más recientemente, el pueblo chileno salió a reclamar justicia y dignidad a partir del 18 de octubre pasado. La respuesta del estado fue una violenta represión que dejó decenas de muertos y cientos de mutilaciones oculares. Ante esta situación la canción de Víctor Jara se volvió a escuchar desde miles de hogares, en calles y plazas del país, reclamando el derecho de vivir en paz que se le negaba.

Este es el sentido legítimo y el significado real conque Víctor Jara compuso y cantó esta canción conocida hoy en todo el mundo. Quienes hoy la usan deben responder ellos por sus intenciones. Que el pueblo juzgue.

Fundación Víctor Jara
Santiago de Chile 7 de septiembre 2020.

Nota de la Redacción de piensaChile:,

El partido de Jaime Guzmán, que es el continuador del espíritu de la dictadura cívico militar y nunca ha aceptado que esta cometió miles de crímenes, incluído el de Victor Jara, se atreve a usar su obra para adornar sus decisiones políticas que se orientan a impedir que Chile sea una sociedad verdaderamente democrática:

¿Quién era Jaime Guzmán?

por Haroldo Quinteros (Iquique, Chile)
Publicado el 4 julio, 2017

El articulo Declaración Pública de la Fundación Víctor Jara apareció primero en piensaChile.

Las fuerzas armadas siguen siendo pinochetistas

Redacción piensaChile — Mon, 24 Jul 2017 02:38:12 +0000

Con seguridad que las Fuerzas Armadas han vivido un proceso de modernización en los últimos 25 años, pero no han sido parte del proceso de reformas y cambios políticos democráticos, que ha vivido la sociedad chilena desde el fin de la dictadura de Pinochet. Son variados y contundentes los argumentos, que demuestran, que los militares chilenos no son, ni se sienten formando, parte de los esfuerzos institucionales y políticos, que llevan implícitos la extensión de las ideas democráticas a los diferentes ámbitos de la sociedad nacional.

Al cabo de 28 años de gobiernos post dictadura, lo que ha quedado demostrado es que no es concebible consolidar la democracia, alcanzando a unas instituciones y dejando otras al margen, como sucede con las Fuerzas Armadas y con la constitución. En la actualidad las FFAA no se consideran un elemento más dentro del conjunto de la realidad nacional, en muchos aspectos la subordinación al poder civil es algo formal, eludiendo reformas que hagan más eficiente el vínculo con la sociedad civil.

Hechos concretos así lo demuestran, las FFAA continúan actuando por carriles separados a la democratización del país, por ejemplo, beneficiándose hasta el día de hoy de una ley secreta dictada por Pinochet, en virtud de la cual se apropian del 10 % de los ingresos anuales de CODELCO, empresa estatal y la principal minera de cobre del Mundo, para sus gastos internos y de equipamiento. Lo mismo hace la justicia militar, que continúa actuando en contraposición al ordenamiento civil. En materia de justicia y derechos humanos, las FFAA no han formado parte y en casos solo lo han hecho de manera parcial, de los esfuerzos que se han hecho y hacen, para aclarar todos los crímenes y abusos cometidos durante la dictadura militar, periodo durante el cual fueron, las fuerzas armadas y carabineros, el actor principal y ejecutor de la represión y persecución política,

Los últimos hechos de corrupción en las filas del ejército y carabineros, reafirman esta independencia de las FFAA, las que, por dictamen de la ley reservada del cobre, heredada de la dictadura, no estén sujetos a la fiscalización del Congreso ni la Contraloría, así como, tampoco están legalmente obligadas a dar cuenta y rendir la forma en que gastan los enormes recursos económicos provenientes de la venta del cobre.

El fraude recién descubierto en Carabineros y antes en el Ejército, planeado y ejecutado por altos oficiales de ambas instituciones asciende, en el ejército, a un total de $6.791.378.827, en el año 2014 y, los montos malversados a carabineros, al día de hoy, 4 de julio del año 2017, asciende a 25.500 millones de pesos. Además de otras causas judiciales que involucraron en su momento a la Fuerza Aérea, por millonarias coimas recibidas por oficiales, incluidos el comandante en jefe de la época, general Ramón Vega, por la compra de 25 aviones Mirage a Bélgica en 1994.

Estos hechos de corrupción, indesmentibles, sumados a las recientes declaraciones y decisiones del general Oviedo, actual comandante en jefe del ejército, dejan de manifiesto la lejanía de la institución militar respecto de las reformas y los esfuerzos que la sociedad chilena hace en perfeccionar su democracia. El general Oviedo, reclama abiertamente, establecer un “contexto histórico” para juzgar a los militares quienes violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura.

Lo que significa reconocer o continuar incentivando, “la situación de preguerra civil” que, según los artífices políticos del golpe de estado de 1973, “obligo” a los militares a derrocar el gobierno democrático y legalmente constituido de Salvador Allende. Significa también avalar la falsa guerra, inventada por la junta militar y sus asesores civiles, para justificar la represión y los asesinatos políticos.

Luego el general Oviedo, entrega un instructivo al ejército para que sus efectivos no votaran, ni ejercieran su derecho a voto en las últimas elecciones a primarias, de julio de este año, para la presidencia de la república. Lo que sucedió sin que el ministro de defensa actuara en defensa de la institucionalidad democrática, demostrando la inoperancia del cargo que ocupa, tal cual lo ha sido en todos estos años post dictadura.

Así, solo en nuestro país se justifican tales conductas antidemocráticas, propias de una institución ajena al interés nacional y que reproduce, por acción de sus altos mandos, el modelo que los llevo a quebrar la democracia en 1973, liderados en ese entonces por oficiales ambiciosos y corruptos.

Con esto queda en evidencia, la falta de coraje de los gobiernos post dictadura, quienes han facilitado esta mentira, permitiendo que, en el ejército, hasta el día de hoy, las figuras de Pinochet, Leigh y Merino sean sujetas a honores y reconocimiento por las nuevas generaciones de oficiales. Lo cual facilita acciones derechamente sediciosas, como el reciente llamado que el jefe del ejército hizo a su institución, a través de un instructivo, a no votar en las últimas elecciones primarias en Chile, desconociendo el derecho ciudadano de ejercer el voto sin presiones indebidas.

A la luz de estos y otros antecedentes, lo que se demuestra es que, en el ejército, está vigente una ideología pinochetista, que puede ser no generalizada pero que existe y es impulsada por los altos mandos de la institución, como lo acaba de demostrar con sus opiniones y acciones políticas, el actual comandante en jefe del ejército. Situaciones que una vez más ponen de manifiesto una urgente reforma en las FFAA, iniciándose con la “despinochetizacion” del Ejército, es decir, la conversión de éste en un organismo de profesionales integrados socialmente y con un papel a jugar en la sociedad chilena.

Desde siempre, los militares que nos opusimos al golpe de estado de 1973, que nos negamos a participar en la brutal represión en contra de nuestro pueblo, hemos planteado, en distintas instancias, la necesidad de una profunda reforma en las FFAA. Cuyo punto de inicio es una cultura militar distinta a la actual, entendiendo la defensa nacional como una actividad que afecta a toda la nación y que, por lo tanto, ha de estar encaminada a defender todos los valores morales, físicos y materiales de la comunidad nacional. Entendida de esta manera, la política de defensa se convierte en una parte de la política general de la nación, que viene determinada y dirigida institucionalmente por el Gobierno.

Es lo que permitiría hablar de la defensa de los intereses supremos de la Patria, lo que hasta ahora e influenciadas ideológicamente las FFAA por el pinochetismo, es solo un discurso, porque estos son temas que no pueden ser abordados, sin entender o hacerse cargo de un pasado reciente que les compromete. Un pasado en el cual las FFAA fueron presas de un sistema de adoctrinamiento ideológico, diseñado para enfrentarlas con el pueblo.

Las evidencias demuestran que no se ha cambiado esta visión, que entiende a los militares como el instrumento útil de la elite dirigente, que cuando se asusta y ve peligrar sus intereses, los acuartelan en situación de ‘alerta’ endureciendo la histérica disciplina prusiano fascista. Una visión contraria a la de una defensa nacional como cuestión que nos afecta a todos, y de la que toda la sociedad es responsable; que se apoya, fundamental, pero no exclusivamente, en las Fuerzas Armadas, cuya razón de ser no es otra que la defensa militar de la patria.

La política militar implementada por los gobiernos post dictadura entendió equivocadamente una transformación de las FFAA, alegando una coyuntura política específica. Para justificar al final una transformación que nunca se hizo, negociada con los mandos militares sin poner en riesgo la interminable transición a la democracia.

Se intentó así que los militares y el pueblo chileno, al mismo tiempo, superasen la idea de que las Fuerzas Armadas, se involucraran políticamente, de lo cual la dictadura cívico militar había sido la verdadera culpable. Queriendo imponer, de esta manera, la reconciliación entre los opresores y los oprimidos, sin que los primeros enfrentaran la justicia por todos los crímenes cometidos.

Nada de lo anterior logró sus objetivos, dejando pendiente hasta nuestros días, la necesidad de una política de defensa, con unas Fuerzas Armadas no solo acordes con la realidad económica y social del país, sino que, dispuestas a resolver su pasado, limpiando los horrores cometidos en contra de su pueblo.

-El autor, Enrique Villanueva M., es integrante del Centro de Estudios exonerados Fuerza Aérea 1973

El articulo Las fuerzas armadas siguen siendo pinochetistas apareció primero en piensaChile.

Impunidad, herencia de Aylwin

Redacción piensaChile — Tue, 27 Jun 2017 01:44:33 +0000

Otra vez una nube de indignación silenciosa recorre Chile, esta semana conocimos que la justicia ordeno que le sean devueltos a la familia del dictador, un total de 17 millones dólares, dineros que le habían sido embargados a Pinochet, una vez comprobado que estos fueron acumulados producto de robos al Estado, los que estaban en cuentas de paraísos fiscales para ocultar el desfalco. Una decisión judicial que se produce en los mismos momentos que ex presos políticos, que son las víctimas de la represión dictatorial, realizan una huelga de hambre para ser escuchados en sus justas reivindicaciones, para obtener una reparación digna por los daños causados a su vida personal, familiar y laboral, tal como lo estipulan los tratados internacionales de derechos humanos firmados por los gobiernos chilenos.

Una consecuencia más, de la impunidad pactada por el demócrata cristiano Patricio Aylwin en 1989, unos de los principales conspiradores en contra de Allende, impunidad de la que hasta hoy disfrutan cientos de cómplices, una elite empresarial, militar y política que nunca fue juzgada por su participación en el golpe de estado de 1973 o por haber participado, enriqueciéndose, en el traspaso fraudulento de bienes y empresas que el dictador hizo a sus más fieles partidarios al momento de finalizar la dictadura.

Por ello esto no es un hecho aislado, recordemos que el dictador murió de viejo, con el reconocimiento de sus pares como comandante en jefe del ejército de Chile, con sus condecoraciones y privilegios militares intactos. Pinochet se fue al amparo de la impunidad que le permitió eludir los robos al Estado y los crímenes de lesa humanidad que cometió, burlándose de todos hasta el final de sus días, inventando una enfermedad para huir de la justicia internacional, de su detención en Londres, con el apoyo del gobierno de Frei y de su entonces Canciller JM Insulza.

Así ha operado la justicia transicional que Patricio Aylwin, pronto a recibir una estatua en su nombre, oriento tempranamente para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, decidiendo que la Justicia actuara, pero solo, en la medida de lo posible. Políticas de impunidad que luego Ricardo Lagos continuó, impidiendo que se conociera públicamente, quienes son, civiles y militares, los que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de chilenos y chilenas.

Políticas ambiguas, que todos estos años han protegido a civiles y militares que planificaron, financiaron y apoyaron la represión y el exterminio de personas en Chile, excusándolas de sus delitos, otorgándoles impunidad, que como todos sabemos, fue la condición para iniciar la transición post dictadura en 1989. Hoy, a la vuelta de cincuenta años, son las mismas elites pinochetistas, o sus herederos, las que dueñas del país, protegen el sistema económico y social que construyeron, valiéndose de la dictadura y del terrorismo de Estado.

Todo esto es una vergüenza, la que se complementa con la actitud de derechistas consumados, que imponen su cultura de exclusión, valorando lo hecho por la dictadura, cuestionando la necesidad democrática de dejar de rendir honores a una etapa de nuestra historia en la cual se llevó a la muerte y desaparición a cientos de miles de personas, lo que no puede ser una actitud normalizada en nuestro país, pero que sin embargo lo es.

El resultado de todo esto, es una herencia nefasta, porque mientras no se reconozca que en Chile no hubo guerra, sino que un ataque político y militar en contra de un gobierno legalmente constituido y la práctica del terrorismo de Estado en contra de una población indefensa, los victimarios, incluyendo los cómplices civiles, estos, salvo los ejecutores militares recluidos en la cárcel de lujo de Punta Peuco, no serán reconocidos como criminales de lesa humanidad y no habrá igualdad ante la ley, situación que como lo han hecho hasta hoy, les permite, a estos criminales protegidos, reivindicar públicamente lo obrado.

Sumemos a lo anterior, entre muchos casos, la protección que han recibido los pilotos de la Fuerza Aérea que bombardearon el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, con el claro objetivo de asesinar al presidente de la república Salvador Allende, quienes están identificados pero que, a pesar de ello, gozan de total impunidad.

Así estamos, a pesar de que por años hemos insistido, en que ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea, que no es posible que los familiares de los detenidos desaparecidos, que han visto pasar los años de media democracia en silencio y a veces con humillación, vean que se les va la vida, sin conocer el destino final de los que sufrieron los actos planificados de exterminio

Todo esto existe en el Chile que no se quiebre ver, en la historia que no se quiere leer, una realidad oculta, que apenas y con timidez asoma en la lectura de los nuevos candidatos a la presidencia y al parlamento, en cuyos programas aun no aparece este tema, que es parte de la historia y que se necesita para construir el futuro del país. Sin establecer este nexo histórico necesario, las propuestas para terminar con la herencia dictatorial y sus enclaves, partiendo por la constitución pinochetista, aún vigentes, dejan fuera la impunidad que libra del pasado a quienes hoy tienen el poder en Chile con un historial de complicidades y corrupción que corroe a la sociedad.

Ya basta de verdades a medias, el modelo de justicia transicional impuesto en Chile en 1989 fue un modelo de impunidad, que hoy ha visto caer su legitimidad y su legalidad. Por lo cual es hora de que el Estado ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos. Esta es una decisión política, que requiere:

Primero, de una definición clara y definitiva, que la dictadura fue un régimen criminal y que la mayoría de sus crímenes permanecen impunes judicialmente, en virtud de pactos y artificios legales acordados antes y durante la transición.
Segundo, que terminar con la impunidad significa reconocer el derecho de las víctimas a saber, a la justicia y a una reparación justa y digna, Después de tantos años el derecho a saber, que pasó, en tanto es el derecho individual a conocer la verdad, es también un derecho colectivo, que tiene su origen en la historia, para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan.
Tercero, por contrapartida el Estado tiene el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo. El conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado.
Cuarto, las víctimas tienen el derecho pleno no mediatizado, a la justicia, de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Esto implica que el Estado investigue, persiga a los autores y, si su culpabilidad es establecida, asegurar su sanción acorde a lo que es un crimen de lesa humanidad.
Quinto, las víctimas tienen derecho a obtener reparación, implica medidas individuales como medidas generales y colectivas. En el plano individual, las víctimas deben beneficiarse de un recurso eficaz. Este derecho, reconocido internacionalmente, comprende tres tipos de medidas, de restitución, de indemnización y de readaptación.

Los derechos humanos no son negociables, el hacerlo como se ha hecho en estos años post dictadura, ha facilitado el momento que estamos viviendo, en el cual la justicia exculpa, post mortem, a Pinochet de los robos que le hizo al país. Somos testigos de cómo se intenta librar, de sus delitos de lesa humanidad, a criminales confesos y recluidos en una cárcel de lujo. De cómo se pretende continuar ocultando el régimen de horrores que significo la dictadura. Mientras los ex presos políticos, las victimas del terrorismo de Estado, ven cada vez mas reducidos los esmirriados beneficios que se les han otorgado a cuenta gotas, pensiones de hambre. Los familiares de desaparecidos ven como la justicia elude exigir la información que se necesita para saber el paradero de sus deudos. Vemos como, criminales identificados como lo es el asesino de Víctor Jara, goza de impunidad en Estados Unidos sin que este ni los anteriores gobiernos exijan su extradición desde Estados Unidos. Hemos sido testigos también, de la manera como la justicia sanciona a criminales, culpables de crímenes de lesa humanidad, con penas menores o simplemente les absuelve.

Todo esto hiere el alma de Chile e insulta a quienes perdieron a sus familiares, amigos y compatriotas durante la tiranía de Pinochet.

El articulo Impunidad, herencia de Aylwin apareció primero en piensaChile.

“Cerremos esta cagá de país por fuera”: Indignación total tras devolución de dinero a familia Pinochet Hiriart

Redacción piensaChile — Sat, 24 Jun 2017 03:41:11 +0000

22.06.2017
La Justicia restituyó los dineros de las cuentas bancarias y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet a su familia. Carmen Hertz señaló que el dictamen es «improcedente», y confirmó que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ordenó restituir los dineros de las cuentas bancarias y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet, en el marco del Caso Riggs, que se encontraban embargadas a raíz de un dictamen de primera instancia dictado por el entonces ministro de fuero de ese tribunal, Manuel Valderrama.

Este hecho generó muchas reacciones de indignación partiendo por la abogada Carmen Hertz que señaló que “Este es un fallo que no se condice con la realidad del proceso, con las evidencias acumuladas en relación a la malversación de caudales públicos que cometió Pinochet y la Casa Militar”, según consigna T13.

La jurista señaló que el dictamen es “improcedente”, y confirmó que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema.

También en redes sociales se expresó la indignación contra el fallo y la impunidad de Augusto Pinochet donde se señaló que “no pagó por las muertes y nadie pagará por lo robado”.

Mira las reacciones de Twitter acá:

Que desalentador… No pagó por las muertes y nadie pagará por lo robado. #Pinochet https://t.co/G6TVmKmEp8

— Simón Boric Font (@sboric) 22 de junio de 2017

Pinochet ni muerto deja de meternos el pico en el ojo #Pinoshit

— Pía B (@Roxy_Monoxid0) 22 de junio de 2017

El Caso Riggs es una señal potente de la injusticia e impunidad que se forja en Chile. Cuantos no se vendieron a Pinochet y su llegado (SQM)

— Cristóbal Yessen (@CristobalYessen) 22 de junio de 2017

Increíble!! sobreseídos seis generales de la dictadura y la justicia restituye bienes familia Pinochet. Vergüenza e indignación.

— Edgar Doll Castillo (@DollEdgar) 22 de junio de 2017

la devolución del «Caso Riggs» que restituye dineros a los #pinochet es una ofensa abominable a la memoria de los DD.DD inexcusable

— cristian stuardo (@amalexx) 22 de junio de 2017

Tanta celeridad en devolverle la plata a la familia Pinochet y tanta lentitud en los juicios de DDHH…

— Mauricio Weibel (@mauricioweibel) 22 de junio de 2017

*Fuente: El Desconcierto

El articulo “Cerremos esta cagá de país por fuera”: Indignación total tras devolución de dinero a familia Pinochet Hiriart apareció primero en piensaChile.

Estado chileno comprará cárcel de Pisagua para rescatarla como sitio de memoria

Redacción piensaChile — Mon, 05 Jun 2017 01:21:28 +0000

4 Junio, 2017
El viejo anhelo de comprar la cárcel de Pisagua, que fue lugar de prisión política y tortura, se comenzó a materializar, luego que la Intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, firmara la documentación donde se oficializa la decisión gubernamental, para adquirir el inmueble, a los propietarios de la histórica edificación, quienes residen en Arica.

El anuncio lo hizo a nombre de la autoridad y en su calidad de Presidente de la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de Tarapacá, Luis Caroca, durante la ceremonia conmemorativa de los 27 años del hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, efectuada en el Mausoleo “Para Que Nunca Más”, del Cementerio Nº 3 de Iquique.

“En el día de hoy hemos comunicado en esta tremenda actividad, que la Intendenta Regional ha firmado un documento que se les enviará a los propietarios de la cárcel de Pisagua, donde les anuncia que el Estado chileno va a hacer uso de su privilegio de comprar la cárcel de Pisagua, que es un Patrimonio Histórico”, señaló Luis Caroca, quien también estuvo recluido, siendo un joven dirigente estudiantil.

El anuncio fue recibido con emoción por los asistentes, puesto que durante años vienen luchando para recuperar la cárcel de Pisagua, -hoy cerrada al acceso del público, por ser un edificio privado y por su condición estructural-, “para que se transforme en un sitio de memoria, desde Iquique para el país y el mundo entero, y contar la historia para que estos hechos atroces, no se vuelvan a repetir”.

Así lo explicó Héctor Marín Rossel, Presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados en Iquique y Pisagua, AFEPI. Si bien calificó como “un gran paso”, la decisión gubernamental, también señaló que es fundamental ir avanzando ya, en la verdad y la justicia, situación en las que han sentido que las autoridades desde el regreso a la democracia, no han ido a fondo en el tema.

En la ceremonia también participó Milisa Ostojic, Directora del Consejo de la Cultura y las Artes, CNCA-Tarapacá. Señaló que se siente muy gratificada por el anuncio, puesto que hace 2 años viene trabajando con las agrupaciones en la temática de los derechos humanos. “He sido testigo de su incansable lucha y así se lo hice ver al Ministro, en su reciente visita a Iquique”, precisó la autoridad.

Rigoberto Pizarro, ya octogenario y quien se considera un “sobreviviente de Pisagua”, -muchos de sus compañeros fueron asesinados en ese campo de prisioneros-, también reconoció lo importante que será contar con la cárcel de Pisagua como un sitio de memoria. Especialmente por quienes no están. Así, recordó a Humberto Lizardi Flores, joven profesor del que fuera el Instituto Comercial de Iquique. “El fue detenido el mismo 11 de septiembre, a las 11 horas. Y lo volvimos a ver 27 años después cuando su cuerpo apareció en la fosa clandestina de Pisagua”, señaló mientras recordó a otros números compañeros.

CAUSA POR PRISIÓN Y TORTURA

Enrique Echeverría, Secretario General de la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua entregó antecedentes sobre la causa que se inició el 2012 por Prisión Políticas y Torturas en Pisagua, que llevaba la Ministra en Visita de la Corte de Apelaciones de Iquique, Mónica Olivares. Sin embargo, se creo una macro zona para que los temas se centralicen por regiones, correspondiéndole, en el caso de Iquique, la macrozona norte que tiene como asiento judicial, La Serena.

El juez a cargo de las causas es el ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Vicente Hormazabal. “Para nosotros, él es un juez riguroso, vinculado a temas de derechos humanos y quien se ha comprometido a cerrar el caso, de acá a octubre, así que pueden haber resultados positivos”.

Son unas 50 a 60 personas las que presentaron la demanda y de la que se esperan los prontos resultados. Sin embargo, el tema queda abierto para que se presenten otros muchos casos de afectados por prisión política y tortura. Vale considerar que principalmente las causas de DDHH que se llevan en la ciudad y en el país, están referidas a quienes fueron ejecutados o están en calidad de desaparecidos; por ello, con este proceso, se amplía la posibilidad de abordar judicialmente los casos de prisión y tortura.

*Fuente: Edición Cero

El articulo Estado chileno comprará cárcel de Pisagua para rescatarla como sitio de memoria apareció primero en piensaChile.

La UDI mentiras y venganza

Redacción piensaChile — Sat, 18 Mar 2017 01:38:31 +0000

Nuevamente la UDI, el partido Pinochetista, que defiende a ultranza la dictadura cívico militar, se lanza al ataque, necesitan limpiar su imagen antes de las elecciones presidenciales y la de sus principales cabecillas y dirigentes, procesados en la justicia por corrupción. En paralelo, se autoproclaman defensores de los derechos humanos, con el objetivo de presionar a la justicia para liberar a los criminales presos en Punta Peuco, procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.

En una estrategia desesperada como mentirosa, se lanzan a la ofensiva como perros hambrientos de venganza, utilizando, nuevamente y sin pudor, el homicidio de Jaime Guzmán (1991). Un caso cinco veces reabierto, por presión de la UDI, cinco veces investigado y que aun, a pesar de ello, siguen alegando una supuesta impunidad, menospreciando el papel de la justicia, la que ha obrado y jugado su papel en el mismo.

Esta vez, el diputado UDI, Issa Kort viajo a Washigton a una reunión con el Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su objetivo, lograr una solución amistosa con Argentina para obtener la extradición de Sergio Galvarino Apablaza, ex dirigente de FPMR. Acusándole a priori, forzando al tribunal internacional, al gobierno Argentino y a la justicia, de la misma manera que lo hicieron conmigo, en el año 2010, para que se le condene, violentando la presunción de inocencia y todo lo referido a un juicio justo, tal cual lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.

Como lo denunciamos en su momento, fui juzgado y condenado, alegando mi supuesta participacion en el asesinato de Guzmán, por una acusación extrajudicial fabricada por el abogado de la UDI[1] en acuerdo con Mauricio Hernández Norambuena, un ex militante del FPMR, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán en Chile y preso en Brasil por la comisión de delitos comunes. Ofreciéndosele a cambio de sus declaraciones, la compensación de rebajarle la condena y extraditarlo a Chile.

Una trama sórdida cuyo objetivo fue que me inculpara en la decisión que el y un pequeño grupo de militantes, sin conocimiento de la DN del FPMR, tomaron para asesinar a Jaime Guzmán. En ese momento, 2010, yo era el único ex dirigente del Frente que vivía en Chile con domicilio conocido, desarrollándome laboralmente como Académico en la Universidad de Los Lagos.

Debo recordar que esta trama delictual, para involucrarme en tal delito, contó con el apoyo del gobierno de la época, el primer gobierno de derecha después de la dictadura, cuyo ministro del interior era un militante UDI y, con Chilevisión, cuando aún era de propiedad del señor Sebastián Piñera. Transmitiendo por primera vez, en la historia, por televisión, una delación compensada, para intentar transformar de manera cobarde, una mentira en una verdad judicial.

Posteriormente se vincularon a esta confabulación una serie de falsos testigos cuyos testimonios, sin prueba alguna, se consideraron como validas para condenarme. Entre ellos, un torturador, el ex comisario de la Policía de Investigaciones, Jorge Barraza, asesor de la UDI. Procesado por torturas y el asesinato de militantes de la izquierda (MIR) en la Academia de Guerra Aérea (AGA), el lugar en el que fui encarcelado y torturado, junto a un grupo de Oficiales y Suboficiales quienes nos opusimos al golpe cívico militar en 1973.

Otro falso testigo fue un delincuente con nutrido prontuario policial, Humberto López Candia, condenado entre otros, por asesinato y por enviar una carta bomba a la Embajada de Estados Unidos en el año 2001. Al cual se le agrega el falso testimonio, fabricado por el torturador Barraza, de una ciudadana francesa Enmmanuelle Verhoeven.[2] a quien este señaló como dirigente del FPMR, transformándola en una testigo clave, a pesar de que este testimonio, como la declaración publica de Hernández Norambuena, nunca fueron hechas ante un tribunal o ante la Policía de Investigaciones.

Asi fui juzgado y condenado, utilizando todo el poder del Estado en mi contra, con la derecha y la UDI como gobierno, cuyo objetivo, mas que buscar justicia, fue meter en la cárcel a un dirigente del FPMR, inculpándome falsamente en un delito que no cometi. Sin miramientos se violaron las normas del justo proceso y se me aplicaron normas penales especiales, que habían sido sustancialmente modificadas y derogadas el año 2002, lo que permitió a los tribunales, apreciar la prueba y fallar en conciencia, es decir, sin tomar en cuenta la inexistencia de pruebas en mi contra, impidiéndoseme ademas el recurso de casación. Aberraciones que fueron validadas por el Consejo de Defensa del Estado y el tribunal Constitucional, por el Ministerio del Interior y por cierto la UDI como querellante.

Todas estas infracciones, entre otras, fundan mi queja ante el Estado de Chile que actualmente conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la cual estamos a la espera por una pronta resolución.

En razon de todas estas injusticias y atropellos sufridos en carne propia e injustamente por mi familia, ahogándoseme mis posibilidades laborales y otras consecuencias en mi vida personal y familiar. Habiendo dedicado toda mi vida a luchar en contra de la injusticia, no puedo permanecer indiferente ante las gestiones que realiza la UDI, para obtener, en base a su desmedida sed de venganza, la extradición del ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza.

Quiero alertar a todo hombre, mujer y autoridad respetuosa de los derechos humanos, a que no acceda bajo ningún concepto, extraditar a nadie mientras el Estado de Chile formal y solemnemente se comprometa a no aplicar la Ley de Seguridad del Estado y la ley sobre conductas terroristas vigentes al 1 de abril de 1991, las que se encuentran o derogadas o modificadas en aspectos sustanciales desde mayo del año 2002. Con la aplicación de esas leyes Apablaza u otro (a), podrá ser condenado con todo desprecio por la justicia y la verdad. Simplemente llegaría a Chile ya condenado, lo que es la negación de la Justicia.

Ciertamente que me habría encantado tener el testimonio en mi proceso de Galvarino Apablaza para establecer la verdad sobre mi caso y que se hubieran tomado en cuenta las recientes declaraciones de Enmmanuelle Verhoeven, a un medio nacional, quien desconoce toda vinculación con el FPMR y corrobora que todo fue un invento del torturador Barraza [3]. Una ciudadana francesa a quien jamás conocí. No dudo que ambas declaraciones hoy podrían comprobar el error judicial que se consumó en mi contra. Pero no puedo aceptar que se condene a nadie violándose el Estado de Derecho y el estricto apego a las normas sobre el justo y debido proceso.

Con la misma fuerza y transparencia con la que luche en contra de la dictadura cívico militar, desde que me opuse al golpe de estado de 1973 y en toda mi participación como dirigente del FPMR, reitero que jamás tuve participación alguna en el crimen de Jaime Guzmán. Hubiera preferido confrontarlo en el terreno de las ideas, haciéndole ver, que mantengo la peor impresión política de su papel como fundador de la UDI, y de su rol en el diseño de la Constitución que nos dejó como herencia. Una organización política que bajo su alero y conducción, prefirió cobijarse bajo el poder de la dictadura, que levantar una voz valiente para poner termino a las atrocidades que conoció nuestro país.

El señor Guzmán prefirió ser vasallo de la dictadura que un católico fiel al ejemplo y enseñanza de Cristo y a su Pastor en Chile, el Cardenal Silva Henríquez.

Alguna vez Chile podrá juzgar a la UDI y no sólo nos encontraremos que es el partido político que corrompió la política con su vinculación con los señores del poder del dinero, nos encontraremos que la mayoría de sus fundadores fueron por acción u omisión violadores de los derechos humanos, y que hasta el día de hoy, no dudan en faltar a la moral para alcanzar sus fines.

Eso las nuevas generaciones de chilenos y chilenas tienen que saberlo, para educar a nuestros jóvenes en los valores democráticos, cuyo asiento principal es el respeto a los derechos humanos y no la adoración de héroes o dioses con pies de barro.

Notas:

[1] Luis Hermosilla Osorio, el año 2010, viajó a Brasil a visitar en la cárcel a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán, para pactar la declaración que este hizo por TV.

[2] HYPERLINK «http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/28/marie-emmanuelle-verhoeven-niega-ser-la-comandante-ana-mi-caso-es-una-mentira-historica/» http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/28/marie-emmanuelle-verhoeven-niega-ser-la-comandante-ana-mi-caso-es-una-mentira-historica/

[3] [3] HYPERLINK «http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/28/marie-emmanuelle-verhoeven-niega-ser-la-comandante-ana-mi-caso-es-una-mentira-historica/» http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/28/marie-emmanuelle-verhoeven-niega-ser-la-comandante-ana-mi-caso-es-una-mentira-historica/

El articulo La UDI mentiras y venganza apareció primero en piensaChile.

El deber de inmiscuirse en los asuntos foráneos

Redacción piensaChile — Tue, 07 Mar 2017 03:42:06 +0000

Lunes 6 de marzo 2017
La humanidad no sería una, ni sus derechos podrían ser proclamados o exigidos, si los países no intervinieran efectivamente en los asuntos de los otros estados. La universalidad de las ideologías y de las religiones tampoco habría sido posible si sus creadores se hubieran acotado a las fronteras artificiales entre las naciones. Hasta la misma lucha por salvar al Planeta de una hecatombe medioambiental podría considerarse una injerencia indebida en los asuntos de los otros estados, de los que viven en otros continentes o, incluso, al lado nuestro. Claro: tampoco podrían explicarse las constantes guerras y las incursiones de los más poderosos en los territorios de los más débiles. De la misma forma como, también, la acción de misioneros y revolucionarios más allá de sus naciones sería considerado una grave transgresión. Un atropello a la “libre determinación de los pueblos”.

Por algo existen las Naciones Unidas y su Carta Universal de los Derechos Humanos, principios que le dan fuero a este organismo multinacional para velar e intervenir por la suerte de todos los habitantes del Orbe. De no ser así, el propio Pontífice romano tendría que ser considerado un imperialista y ser confinado dentro de los pocos kilómetros cuadrados de El Vaticano. En la práctica, abogar por la NO injerencia en los asuntos de los otros países le da carta blanca a los tiranos y a sus regímenes totalitarios, así como justificaría que un gobernante tan atrabiliario como Donald Trump cierre sus fronteras y desbarate todos los acuerdos y tratados suscritos por su país con el mundo.

Particularmente interesante nos parece la entrevista que el diputado Guillermo Teillier le acaba de conceder a El Mercurio para justificar la posición de su colectividad respecto del frustrado viaje del secretario general de la OEA y de otros varios dirigentes políticos del Continente a Cuba. Sin embargo, en ella afirma que la diferencia del Partido Comunista con la Democracia Cristiana es que su referente político “no se mete en las cuestiones internas de los otros países…”. Sin duda una falaz declaración que contradice valores como el del “internacionalismo proletario” y hasta podría desacreditar el testimonio de un Che Guevara en Bolivia, como la de todos los que se trasladaron al África para combatir, entre otros, la discriminación racial y la hambruna. Sería una pasión inútil e intrusa la de aquellos líderes y combatientes que se enrolaron en las luchas de liberación de los pueblos oprimidos, así como hoy múltiples organizaciones de bien llegan a asistir a las víctimas de los conflictos y la intolerancia.

En relación a Cuba, Venezuela y otras naciones, ciertamente es muy legítimo adoptar distintas posiciones sobre lo que allí ocurre, así como defender o fustigar libremente a tales regímenes. De la misma forma como tantos apelamos (comunistas, sobre todo) a la acción de todo el mundo en solidaridad con la disidencia chilena durante la dictadura de Pinochet. Demandando, incluso, el envío de armas desde el extranjero para oponernos al propósito de Pinochet de perpetuarse en el Gobierno. O justificando, como se sabe, hasta ese frustrado magnicidio que acometió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una expresión guerrillera financiada y alentada por la valiosa solidaridad del régimen de Fidel Castro. Y que, por supuesto, los comunistas apoyaron.

En el ánimo de mantener la alianza oficialista, resulta absurdo que se eludan las lógicas e históricas diferencias entre los que integran la coalición gobernante pactada para mantenerse en el Ejecutivo y consolidar una mayoría parlamentaria. Como parece ser el propósito de Mariana Aylwin y otros de sus camaradas falangistas empeñados en imponer la hegemonía de su partido dentro del actual gobierno. O movidos, ahora, por el deseo de establecer acuerdos electorales con sectores de la centroderecha, al tiempo de establecer alianzas solo con aquellos izquierdistas reciclados ideológicamente y que abjuren de su pasado.

Cuando ya nadie intenta desconocer que la propia Democracia Cristiana y sus principales figuras alentaron el quiebre institucional de 1973, justificando por largo tiempo las criminales acciones de una Dictadura iniciada con un brutal bombardeo a la sede del Gobierno y que en menos de una semana abría campos de concentración, tortura y exterminio. Para horror, por supuesto, de la humanidad entera y especialmente de aquellas naciones que rompieron sus relaciones diplomáticas con nuestro país, decidiendo felizmente inmiscuirse activamente en nuestros asuntos internos. Destacando especialmente, como podemos recordar, aquellos países europeos gobernados por demócrata cristianos que no pudieron comprender ni tolerar la cómplice conducta de sus referentes chilenos.

El reconocimiento de la soberanía de cada estado, por cierto, no puede ser impedimento para que la legislación internacional y las entidades multinacionales velen y actúen para condenar y oponerle barreras efectivas a las injusticias y los atropellos que se cometen contra la dignidad de las personas y los pueblos. Sin embargo, lo que es verdaderamente inmoral e inaceptable es que en nombre de los derechos humanos supuestamente conculcados, Estados Unidos mantenga, por ejemplo, un criminal y prolongado boicot a Cuba o defina a su entero arbitrio una lista de países proscritos. Mientras financia y asiste militarmente a los regímenes más terroristas y sanguinarios cuando éstos garantizan sus inversiones y negocios.

Muy contradictorio nos parece, asimismo, que mientras se participa en una operación política regional para arribar a Cuba, políticos como Mariana Aylwin soslayen toda palabra de repudio a las amenazas racistas y genocidas proferidas por el nuevo Presidente de los Estados Unidos. Que intente ella ingresar a este país sin contar con la visa requerida, además de proponerse enarbolar la causa democrática y republicana allá en el Caribe, cuando aquí en Chile parece complacida con la institucionalidad legada por el Dictador y un orden económico social tan agraviante a los derechos de los trabajadores, que consagra –como se demuestra- la discriminación de nuestras minoría étnicas y de los pobres. En vez de proponerse denunciar al mundo que, después de 27 años de posdictatura, una institución pública como el Sename torture y extermine a los niños vulnerables a su cuidado. Cuando la clase política a la que ella pertenece está infectada transversalmente por la corrupción y no pocos de sus camaradas son impugnados por recibir sobornos. Que ande preocupada de lo que sucede en Cuba, mientras calla ante tantas las flagrantes impunidades acumuladas en Chile desde que su padre se propuso hacer “justicia solo en la medida de lo posible”.

Así como nos parece, también, muy poco digno que una colectividad política -que, en efecto, nunca ha estado envuelta en cuartelazos y golpes de estado en Chile- responda con tanta cautela estas provocaciones que se le hacen desde un partido que hace tres años lo adoptó como socio político, y del cual ahora quiere desligarse. Previendo, sin duda, el fracaso del actual gobierno y la inminente derrota electoral del oficialismo. Por ello, nos extraña la débil respuesta del Presidente del PC y la forma en que esconde su convicción del justo derecho que le asiste al gobierno cubano de impedir una provocación que, ciertamente, no encarna valores humanistas, demócratas ni cristianos. Sin considerar la gratitud que este Partido y toda la izquierda chilena le deben a un país que fuera tan solidario con el nuestro y cuya revolución deja en evidencia tantos logros para su pueblo, así como el mérito de advertirnos a cada instante de las maniobras imperialistas del gigante universal que tiene a pocas millas.

Consideraciones que, de seguro, tuvo en cuenta nuestra Cancillería al retroceder respecto de las primeras declaraciones y acciones que hizo al momento que a la hija del ex Mandatario se le impidió subirse al avión que la llevaría a La Habana. Para descubrir la paja en los ojos ajenos, haciendo caso omiso de la viga que tenemos en los nuestros.

-El autor, Juan Pablo Cárdenas, es Director de la Radio de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo de Chile 2005

*Fuente: Diario UdeChile

El articulo El deber de inmiscuirse en los asuntos foráneos apareció primero en piensaChile.

Decreto 701: El millonario bono gubernamental que financió a las grandes forestales

Redacción piensaChile — Fri, 27 Jan 2017 02:56:20 +0000

Jueves 26 enero de 2017
Tras el golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet, la nueva administración a cargo de la Junta Militar empezó a elaborar políticas tendientes a levantar la alicaída economía de nuestro país. De esta forma, en octubre de 1974, se dictó el Decreto Ley 701 (DL701), impulsado por el entonces ministro de Economía, Fernando Leniz, e implementado por el director de Corfo de la época, Julio Ponce Lerou, actualmente conocido por sus negocios mineros y su condición de exyerno del dictador.

El objetivo era impulsar el desarrollo forestal y el desarrollo industrial, principalmente a través de las papeleras, y combatir la erosión de los suelos sobre todo en las laderas de los cerros y riberas de ríos.

La iniciativa implicaba una bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus, beneficio que fue hábilmente aprovechado por las grandes empresas: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones -más conocida como CMPC- del poderoso Grupo Matte; y el Grupo Arauco, en manos de los Angelini.

Tras la implementación del decreto (DL701), el bosque nativo paulatinamente comenzó a desaparecer en medio de acusaciones de talas ilegales e incendios sospechosos. Según agricultores, el principal daño de las plantaciones de árboles ha sido la sequía y la condena irreparable para los suelos, que no pueden ser reutilizados para labores agrícolas.

Esta situación ha sido ampliamente estudiada por académicos, como Jorge Gayoso y Andres Iroume, de la Universidad Austral de Valdivia, quienes analizaron los principales impactos sobre el suelo provocados por las plantaciones, y que son la compactación, la remoción, la erosión y el agotamiento de nutrientes, de acuerdo a publicaciones difundidas por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (Aifbn).

Sólo como dato, los científicos han determinado que “los efectos de las plantaciones de eucaliptos sobre las reservas de humedad del suelo comienzan a aparecer a la edad de 4 a 6 años, después de la cual el déficit de agua durante el año es similar al observado para un bosque maduro (FAO, 1987). Las tasas de transpiración difieren entre las especies de eucaliptos, fluctuando aproximadamente entre 20 y 40 litros/árbol/día”.

Incluso, otros estudios realizados por Anton Huber y y Ramiro Trecaman, del Instituto de Geociencias de la UACh, establecieron que la cantidad de agua necesaria para producir un metro cúbico de volumen fustal en las plantaciones de Pinus radiata en la zona centro sur de Chile, osciló entre los 241 y 717 metros cúbicos, es decir, entre 240 mil a 717 mil litros de agua.

“Las plantaciones forestales requieren una gran cantidad de agua para su desarrollo, por consiguiente, su impacto sobre la disponibilidad del recurso agua es especialmente importante en las zonas menos lluviosas de Chile”, concluyeron los expertos en documentos que insertamos al final del texto.

Víctor Pérez | Agencia UNO

El lado oscuro del DL 701

Pero los cuestionamientos no sólo han sido del orden medioambiental, sino que también abarca otro ámbito relacionado con el conflicto de tierras de las comunidades mapuche en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

Algunas comunidades han atribuido precisamente a este decreto, la entrega de tierras a privados durante la gestión de Ponce Lerou en la Corfo, dando origen al ahora histórico conflicto que mantiene en constante disputa a los comuneros con las forestales.

A esto se suman las críticas por el impacto en el empleo en la zona, debido a que según la información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la mayor área con plantaciones de pinos y eucaliptus está entre Bío Bío y Los Ríos, zona donde precisamente se focalizan los sectores con mayor pobreza del país.

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), en esta zona hay una pobreza por sobre el 20%, con altos índices de desempleo, de acuerdo a los datos que mensualmente entrega el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De ahí los cuestionamientos acerca del real aporte económico para los vecinos de las grandes plantaciones forestales.

Rodrigo Saenz | Agencia UNO

Cronología de un decreto controvertido

Pese a los reparos, en 1998 el presidente Eduardo Frei prorrogó el Decreto 701 por 15 años más, incorporando además un tramo retroactivo desde el 1 de enero de 1996 (Ley 19.561), y donde se reformula la ley para direccionar el beneficio a pequeños y medianos productores. Doce años más tarde, el presidente Sebastián Piñera renovó el DL 701 por dos años (Ley 20.488) para luego, en octubre de 2012, enviar al Congreso un Proyecto de Ley para extender por 20 años el subsidio.

Si bien la iniciativa pasó sin mayores problemas por la Cámara de Diputados en abril de 2013, quedó entrampada en las comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente del Senado, donde recibió 506 indicaciones, deteniendo su tramitación y quedando pendiente de forma indefinida. Actualmente, es uno de los tantos proyectos que “duermen plácidamente” en el Congreso.

No obstante, en su primera cuenta pública de su segundo mandato, el 21 de mayo de 2014, la presidente Michelle Bachelet anunció la prórroga del DL 701, justificando su decisión en la Contribución Nacional (INDC) de Chile a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, plantar árboles para generar más aire limpio.

Pese a la resistencia de agrupaciones ambientalistas, Bachelet envió el Proyecto a la Cámara Baja donde consiguió su aprobación sin mayores contratiempos… hasta que estalla el caso de la colusión del papel higiénico, donde su principal involucrado es el Grupo Matte, uno de los beneficiarios del DL 701; dueño de un 13% de las hectáreas explotadas y con ganancias del orden de los 1.925 millones de dólares anuales en exportaciones.

Incluso, junto al otro dominador en el mercado, grupo Angelini (Arauco), concentraron el 78% de las exportaciones a nivel nacional en 2014, en específico, celulosa cruda. Es más, Arauco tiene una participación en el mercado internacional del orden del 25%, que lo convierte en el mayor productor mundial de celulosa cruda.

Ante este escenario, en julio de 2016 el Gobierno recula en su decisión y anuncia un nuevo proyecto que excluye a las grandes empresas, dejando fuera a las grandes empresas como CMPC y a Celulosa Arauco, que en promedio han recibido un 23% de la bonificación total, mientras que las medianas han recibido un 42% y un 35% a las pequeñas.

Además, parlamentarios y otros actores del sector forestal, han pedido crear una institucionalidad que regule el área, debido a que si bien Conaf ha estado al frente por más de 40 años con una positiva evaluación, es una corporación de derecho privado que se financia con recursos públicos.

Historia del Decreto 701 | Fuente: Terram

Cifras polémicas

Según indicó el director de la Conaf Aarón Cavieres a la comisión investigadora del escándalo por el papel higiénico, desde 1974 al 2014, el DL 701 le ha costado al Fisco alrededor de 664 millones de dólares. Sólo en 2016, mediante la Ley de Presupuesto, se destinaron 326 millones de pesos para el polémico beneficio.

“La pretensión es que los incentivos de fomento productivo se centren exclusivamente en los pequeños propietarios, porque los grandes no requieren más recursos del Estado… Tenemos una debilidad que resolver en el caso de las empresas chicas, por eso se justifica colocar recursos en ellas. Quedarán fuera las grandes”, afirmó Cavieres.

Consultados por BioBiochile, en tanto, desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma) reconocieron que la distribución de las bonificaciones evidencia que, si bien en los inicios, el DL 701 se concentró en los grandes y medianos propietarios, a partir de 1998, con la entrada en vigencia de la nueva ley de fomento forestal impulsada por el presidente Frei, se focalizó principalmente en los pequeños propietarios.

Al respecto, las cifras aportadas por el director ejecutivo de Conaf, señalan que desde 1998 hasta 2014 se destinaron 451 millones de dólares a la bonificación forestal, de los cuales el 49%, equivalente a 220 millones de la moneda norteamericana, fue para pequeños propietarios, mientras que el 45%, esto es, 203 millones de dólares, a medianos propietarios forestales. Las grandes empresas, en tanto, percibieron 28 millones de dólares, equivalentes al 6% del monto total. Durante el mismo período los medianos forestaron 268.431 hectáreas (52%), los pequeños 184.313 (36%) y los grandes propietarios 64.199 hectáreas (12%).

Francisco Negroni | Agencia UNO

Respecto a la entrega por regiones entre 1976 y 2014, Bío Bío es la que concentra la mayor cantidad de hectáreas con bonificación alcanzando las 402.942, lo que significó un desembolso para el Estado de 74 millones de dólares, sólo para forestación.

La nueva ley de fomento forestal Nº 19.561 de 1998, que reemplazó al DL 701, consagró a los pequeños y medianos propietarios forestales como los principales beneficiarios de este incentivo.

Sin embargo, no son menores los montos que recibieron los dos poderosos grupos que dominan el mercado forestal en nuestro país. De acuerdo a los datos de la Conaf, han sido beneficiadas 868 sociedades desde el 2004 al 2014, bajo los conceptos de “Forestación”, “Recuperación de suelos Degradados y Forestación”, y “Estabilización de Dunas y Forestación”.

En ese periodo de tiempo, se bonificaron 99.400 hectáreas con un gasto de 73,3 millones de dólares, es decir, casi 40 mil millones de pesos ($39.044.000.000).

De ese dinero, CMPC recibió un subsidio para Forestal Mininco de un millón de dólares (US$1.095.483), o en dinero nacional, $608 millones para 1.975 hectáreas.

Arauco, por su parte, también se benefició con 621 mil dólares -364 millones de pesos, aproximadamente- por 1.676 hectáreas. La exForestal Valdivia, también propiedad del grupo Angelini, consiguió aportes por 878 mil dólares -unos 500 millones de pesos- por 2.440 hectáreas.

Otro de los “grandes” que ha sido beneficiado, ha sido Bosques Cautín propiedad de Wolf von Appen, con 430 mil dólares -228 millones de pesos- por 670 hectáreas.

Forestal Comaco, propiedad del conocido empresario Ítalo Zunino, por ejemplo, obtuvo 553 mil dólares -305 millones de pesos-, mientras que Maderas Cóndor, del mismo dueño, recibió 2,3 millones de dólares -unos 1.257 millones de pesos- por 4.394 hectáreas.

Maribel Fornerod | Agencia UNO

El lado positivo del DL 701

Pese a todo, desde agrupaciones gremiales de forestales y académicos, destacan que el DL 701 significó un desarrollo positivo para el área. Según Corma, el 77% de la bonificación ha ido para pequeños y medianos empresarios.

En ese sentido, aseguran que las Pymes han forestado 800 mil hectáreas en 40 años, gracias a las leyes de fomento forestal.

Entre 1974 y el 2014, los grandes propietarios forestaron en total 674 mil (47%), los medianos 552 mil (38%) y los pequeños 216 mil (15%), según la misma información de Conaf. En otras palabras, las grandes empresas, utilizando un 23% de la bonificación, forestaron el 47%.

Desde la creación del subsidio forestal en el año 1974 y hasta el 2014, el país logró forestar un 1.443.931 hectáreas, a los que se suma un millón de hectáreas que el sector privado plantó con recursos propios, sin bonificación estatal, resaltan desde Corma. Agregando que estos recursos han permitido el desarrollo de una industria forestal que genera 125 mil empleos directos y 180 mil indirectos y aporta 3,1% al Producto Interno Bruto (PIB).

En esa misma línea, Alejandra Engler, PhD en Economía Agraria y de Recursos Naturales, académica de la Universidad de Talca y directora alterna del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales(Cesiep) destacó que el DL 701 provocó un aumento en la superficie total plantada en un 60% desde 1974 hasta 2013, de acuerdo a cifras de la FAO, en 2016.

Engler, a su vez, afirma que “de acuerdo a nuestros estudios existe un impacto positivo ya que una proporción importante del área importante de la superficie no habría sido plantada sin este incentivo”.

Asimismo, aclara que una de las condiciones para optar al incentivo es que los suelos plantados -por lo general praderas- no tengan otras opciones de cultivo, esto por calidad y condición de los suelos. En este caso las praderas, que en gran medida son naturales, cumplen con esta condición, sostiene.

“Si bien es cierto estas cifras dan indicios del impacto del DL 701, también es cierto que aún existe necesidad de información rigurosa sobre aspectos sociales y ambientales atribuibles a la ley. Por ejemplo, aún está pendiente aspectos tales como migración campo-ciudad, pobreza, sustitución de bosques nativo y otros”, concluye la especialista de la U. de Talca.

Claudio Cánovas | Agencia UNO

El negocio forestal en números

El negocio forestal es uno de los grandes pilares de la economía en la zona centro sur de nuestro país, según sostiene el profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, Mauricio Ponce.

En 2015, por ejemplo, el inventario de plantaciones fue de 2.396.562 hectáreas (ha), lideradas por el Pinus radiata con 1.400.259 hectáreas (58,4%), seguida por el Eucalyptus globulus con 576.937 hectáreas (24,1%), el Ecalyptus nitens con 259.299 ha (10,8%). Más abajo aparece el Atriplex con 60.772 ha (2,5%), el Pseudotsuga menziesii (pino oregón) con 16.802 (0,7%).

Por región, Bio Bio tiene 913.173 hectáreas plantadas, superando a La Araucanía con 482.113, Maule con 436.761. Un poco más hacia el sur, aparece Los Ríos con 184.617, muy por encima de Los Lagos, con 78.056 hectáreas, mientras que en la zona central O’Higgins cuenta con 128.757.

Coquimbo, en tanto, presenta 84.151 hectáreas, Valparaíso tiene 14.200 y Aysén 35.480. En 2007, en tanto, la superficie reforestada fue mayor que la forestada, llegando en 2015 a niveles de forestación mínimos y máximos de reforestación.

En relación al crecimiento, Ponce aseguró a BioBioChile que si bien las plantaciones son consideradas de rápido crecimiento, ello dependerá de uso final de la madera, por lo que pueden alcanzar rotaciones desde los 12 a los 25 años más o menos.

En plantaciones de bosque nativo la rotación puede ir desde los 35 a los 50 años en especies de tipo Nothofagus, pero dependerá de la zona en donde crecen.

Respecto a los precios, el académico detalló que la trozas pulpables en 2016 llegaron a un promedio de alrededor de 13.500 $/m3 (nominales), según Infor, con variaciones a la baja.

Destacar que el precio es el promedio puesto en planta en las regiones del Maule y Bío Bío. Por lo mismo, los precios presentan variaciones debido a diferentes condiciones que modelan la cifra, entre ellas calidad, distancia a centros de consumo, accesibilidad, dimensiones, volumen, entre otros.

Revisa los documentos de académicos y de Conaf

BONIFICACIONES FORESTALES

Eficiencia del uso del agua en plantaciones de Pinus radiata en Chile

Efecto de una plantación de Pinus radiata en la distribución espacial del contenido de agua del suelo

Impacto del manejo de plantaciones sobre el ambiente físico

*Fuente: BioBio Chile

“La Ley Forestal de Pinochet y sus armas tóxicas”
por Bosques Sin Forestales
Publicado el 14 septiembre, 2013

El articulo Decreto 701: El millonario bono gubernamental que financió a las grandes forestales apareció primero en piensaChile.

Día del olvido N° 1

Redacción piensaChile — Fri, 18 Dec 2015 22:35:07 +0000

Publicado el 15 dic. 2015

Proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Amnistía Internacional.

Día del olvido N° 1.
Reinalda del Carmen Pereira
15 de diciembre 1976.
#diadelolvido
Una cura contra el alzheimer histórico
Más información sobre el caso de Reinalda Pereira http://bit.ly/1I6Bir5

El articulo Día del olvido N° 1 apareció primero en piensaChile.

“El Botón de Nácar”: De las estrellas, el agua y la memoria

Redacción piensaChile — Mon, 14 Dec 2015 02:08:11 +0000

Entrevista a Patricio Guzmán autor del documental “El botón de nacar” (Memoria del agua)

“El Botón de Nácar”: De las estrellas, el agua y la memoria

Domingo 18 de octubre 2015 11:59 hrs.Autora: Antonella Estévez (Chile)

La más reciente película del realizador Patricio Guzmán -uno de los documentalistas más relevantes a nivel mundial- fue estrenada en el Festival de Berlín, recibiendo allí el premio al Mejor Guión.

“El Botón de Nácar” es la segunda parte de una trilogía que comenzó con “Nostalgia de la luz” (2010) y como esa película se mueve desde lo infinito del universo a reflexiones sobre la existencia humana y su relación con la memoria.

En su documental anterior, Patricio Guzmán propone un viaje al pasado desde el desierto de Atacama. Allí se dan cita los arqueólogos que indagan sobre las culturas precolombinas; las viudas que aún buscan los restos de sus desaparecidos en dictadura y los astrónomos que indagan el cielo en busca de respuestas. “El Botón de Nácar” se arma en diálogo con esta obra anterior y continúa con la pregunta sobre el pasado, esta vez desde nuestra relación con el agua.
Guzmán se mueve desde el agua que los astrónomos han encontrado en lejanas constelaciones hasta la larga costa del territorio chileno para situarse en la Patagonia y en el desafortunado destino de los pueblos que la habitaron. Desde el testimonio de los últimos descendientes indígenas del sur, el realizador construye la historia de estos pueblos primero en su habitar en el mar y su poderosa cosmogonía, para posteriormente exponer la brutalidad de la colonización y el exterminio.
Desde allí, Guzmán teje un puente para hablar de la vida y la muerte que está presente en el océano y conecta con los desaparecidos arrojados al mar. De manera consistente con su cinematografía Guzmán retorna al tema de los derechos humanos y da cuenta de cómo hasta la geografía continúa reclamando por memoria.
Las impresionantes imágenes de la película son responsabilidad de la fotografía de Katell Djian –también presente en “Nostalgia de la Luz”- y tienen un nivel de belleza y riqueza que hacen fundamental ver esta película en pantalla grande. Desde el plano detalle a un trozo de cuarzo del desierto de Atacama, que tiene más de tres mil años y en donde aún se puede distinguir una gota de agua; hasta impresionantes planos satelitales de los mares del sur y las poéticas imágenes captadas por los observatorios astronómicos, logran impresionar y conmover al espectador. Esto sumado a las hermosas composiciones de Miranda y Tobar, crean los momentos más altos del filme son aquellos en donde la composición visual y sonora no requieren de palabras para invitar a la reflexión.
Al igual que en “Nostalgia de la Luz” la voz del realizador es lo que guía este recorrido. Son sus reflexiones y experiencias las que van dando sentido a este discurso. Su voz solemne y pausada nos permite movernos por el material y entender conexiones que en otro contexto serían difíciles de hacer. Este pensar en voz alta de Guzmán se complementa con testimonios de otros como Gabriela Paterito y Cristina Calderón -sobrevivientes de las etnias patagónicas- el historiador Gabriel Salazar y el poeta Raúl Zurita, entre otros.
Como en anteriores películas Patricio Guzmán se hace preguntas de profundo valor y comparte con el espectador las conclusiones que ha ido sacando al respecto. Quizá lo que puede incomodar, especialmente hacia el final de la película, es el subrayado de su argumento en su propia voz y en la de otros. Las imágenes que presenta son tan poderosas que no requieren de énfasis, para lograr que el espectador pueda acompañar su discurso e construya sus propias reflexiones.
*Fuente: Radio U de Chile

El articulo “El Botón de Nácar”: De las estrellas, el agua y la memoria apareció primero en piensaChile.