Sr. Sebastián Piñera
Sr. Gonzalo Blumel
Sr. Felipe Guevara
Sr. Mario Rozas

¡Basta de negacionismo!
L@s vecin@s de la llamada  zona cero” hemos sido testigos presenciales de los múltiples abusos y medidas de extrema violencia que han adoptado las autoridades responsables de la seguridad pública frente al legítimo derecho a reunión y manifestación en lugares públicos, amparados por la Constitución art 19 N° 13 y por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, derechos que se han visto seriamente vulnerados por parte, principalmente, de Carabineros.
Junto con los graves y recientes hechos conocidos por todos y que tuvieron lugar el pasado viernes 27 de diciembre (la ocupación de la Plaza de la Dignidad ex Plaza Baquedano por más de mil efectivos de fuerzas especiales, la muerte de Mauricio Fredes, las graves lesiones de una menor de 10 años que participaba junto a su madre en una velatón, el incendio del Cine Arte Alameda, sólo por mencionar algunos), l@s vecina@s hemos sido víctimas y testigos del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas a cualquier hora y ante cualquier circunstancia, impidiendo la reunión de personas; el uso de la violencia desmedida e innecesaria por parte de efectivos policiales; golpes y persecuciones con carros lanza agua, policía montada, policías motorizados, policía de fuerzas especiales con armadura y armamento, todo esto contra manifestantes o personas reunidas en la calle, en el Parque Forestal o simplemente en una esquina; el control de identidad discriminatorio y abusivo por parte de carabineros sin mediar ningún tipo de provocación. A esto se suman los disparos, la vigilancia permanente e intimidatoria, la presencia de helicópteros sobrevolando el área, el lanzamiento de bombas lacrimógenas incendiarias desde el aire, la violencia y la provocación con que efectivos uniformados han actuado en la más absoluta impunidad y fuera de todo protocolo restringiendo cada vez más el actuar y sentir ciudadano.
Todas estas situaciones que hemos vivido y visto a diario, y no en vídeos de producción internacional como pretenden hacernos creer las autoridades y algunos medios de comunicación, habiendo transcurrido más de 70 días de iniciada la movilización social, nos obliga moralmente a levantar la voz de manera colectiva y decirle a la opinión pública, que el negacionismo de las autoridades es una vergüenza, una irresponsabilidad y una inmoralidad, además de quebrantar normas y principios básicos de la convivencia democrática.
Interpelamos a ustedes Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, Felipe Guevara y Mario Rozas, funcionarios públicos y autoridades responsables de la seguridad y del actuar desmedido de Carabineros, a reconocer y reparar estos actos desde el Estado y a adoptar medidas para detener estos abusos.
Llamamos a la ciudadanía a denunciar estos hechos y a no aceptar ni naturalizar la violencia que estamos viendo y viviendo a diario. Llamamos a todos l@s ciudadan@s y autoridades, encargados de impartir justicia, a los organismos de Derechos Humanos, abogados, dirigentes, parlamentarios, medios de comunicación, a visibilizar e impulsar acciones que protejan el soberano y democrático derecho de reunirnos, protestar y manifestarnos en un Estado democrático.
Es inaceptable y atentatorio a los más elementales derechos humanos esta situación de abuso, violencia e impunidad.
Basta de represión, frente a las demandas de l@s chilen@s.
Basta de copamiento de nuestros parques, calles y plazas.
Por un Chile Libre, Nuevo y Justo.
Rosal Organizado
Instagram @rosal.organizado
Winkul Bellas Artes
Instagram @winkulbellasartes

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Por los hijos los padres roban y mienten, les dan sus ahorros con tal de no verlos sufrir y se quedan en la vejez a veces solos y sin recursos.

Evidentemente que un exceso de apego, se convierte en una patología sofocante.  Por eso se habla de “maduración” que es el proceso por el cual el humano comienza a ser más autosuficiente, a generar sus recursos y a formar su propia familia. Todos estos procesos de apego emocional son parte de nuestra moral, de nuestras costumbres, y nos permiten vivir en sociedades de muchas familias.

Para ello debemos extender el ámbito de nuestras emociones primarias a los otros seres humanos, que nos rodean, considerándolos de algún modo como “la familia extendida” para poder asegurar la paz.  Y esto fue el meollo del mensaje de Jesús y de los cuentos que contaba a sus seguidores.

Meollo que ha sido muy repetido, quedándose solo en palabras, y que no se ha llevado a la práctica con la extensión conveniente  aún después de 2000 años.

Así hemos pasado por infinitas guerras, imperios, matanzas, esclavitud, hasta llegar al siglo 21, en que algunos siguen tratando de mejorar el proceso, y otros se oponen como gato de espaldas.

Para oponerse o fomentar  este proceso de conciliar la individualidad con la familia emocional propia, con la tribu, con la nación y con el estado, han surgido diferentes hipótesis sobre la naturaleza humana.  Están las hipótesis de los biólogos, la de las religiones de Occidente y Oriente, la de los mercaderes, la de los políticos, y la de los frescos de siempre con toque psicopático, que estando ellos de ganancia a corto plazo, les importa un rábano lo que le pase al resto.

En estos momentos, estamos pasando por un cambio en la ideología aceptada, con una ola de psicópatas infantilizados que nos tiene anonadados.

Se destapan fraudes de todo tipo, se muestran públicamente, y no pasa nada. Los tipos andan felices haciendo alarde de impunidad, riéndose a gritos de las leyes que teóricamente nos hemos dado para mantener el equilibrio entre el individuo y la sociedad, y entre las diferentes sociedades de este mundo.

Mucho se ha hablado de la racionalidad versus la emoción, como si hubiera una contraposición entre ambos términos, y no fueran ambos parte de la ecuación lógica del pensamiento humano.

Todo pensamiento humano tiene un colorido emocional, y a veces revela más sobre el que habla que sobre lo que se dice.  La frialdad emocional, no es racionalidad, es más bien una carencia en la percepción sobre el acontecer humano que puede ser muy peligrosa.

La frialdad emocional nos impide entender a los que nos rodean, y a veces se usa como arma que permite mostrar un soterrado desprecio por el prójimo.

Así cuando María Antonieta, la reina de Francia que fue guillotinada por orden del pueblo dijo, al ser informada de que el pueblo no tenía pan para comer, “Que coman bizcochos”, su expresión pasó a la historia, y su cabeza rodó al cesto.

En las democracias se espera que los políticos interpreten las necesidades y los deseos del pueblo.  Nadie espera un señor que se abanique con las dificultades de las personas, o que lance frases ocurrentes respecto a sus desventuras.

El mundo ha sido invadido por una modalidad economicista de interpretación, que se enseña en las universidades, y que glorifica el interés económico del individuo por sobre todas las cosas.  Conceptos como familia, estado, nación, empatía con el prójimo, son sujetos más o menos de desprecio sino de burla. Por eso se tilda de “populista” cualquier acción de los gobiernos que moleste a los mercaderes.  Pero no es “populismo” rescatar bancos que jugando a la ruleta se han farreado los ahorros de todo el mundo.

Personajes que entran a los 17 o 18 años a la Universidad o Escuelas de Especialidades, recién terminando la adolescencia, época de por si irreverente y negadora de los valores familiares, y sociales, se impregnan con filosofías carentes de empatía que influyen en el desarrollo de un futuro profesional frío, pagado de sí mismo y sin ningún tacto para convivir.

Nos sorprenden a todos por sus actitudes como La Manada española,  los apuñalamientos a mujeres en marchas pacíficas, los femicidios, la decadencia por arrogancia y abusos de la clase clerical; las mentiras que producen guerras, las guerras que solamente alimentan a los banqueros que fabrican armas, la destrucción del medio ambiente bajo el pretexto de que “Para hacer una tortilla hay que romper huevos”, le indiferencia estatal a todas las catástrofes que dejan sin empleo a miles de personas, la alta preocupación por la calificación de “riesgo país” económico, pero indiferencia respecto a la salud, al Sida, a las contaminaciones de pesticidas u otras substancias cancerígenas.

Ridículo es que un Ministro de Economía, que debiera preocuparse de que los capitales de los chilenos se queden en Chile, predique con el ejemplo de su propia inversión en otros países como algo deseable para la comunidad.  Es no darse cuenta que esta acción en forma comunitaria no es una buena señal colectiva, ni es esperable de un Ministro una clase de Finanzas en que no se valore el aporte colectivo nacional, en el logro del desarrollo económico de la nación por sobre las acciones individuales de optimización de las inversiones.

Ridículo es que un Ministro de Educación se desentienda del estado de los establecimientos educacionales públicos, traspasando burlonamente la responsabilidad de la mantención física de estos a los padres y apoderado insinuándoles emprender bingos para financiarse.

O del Presidente de la República dando una explicación apta para una clase de Economía 1, respecto al paro de una industria de la cual dependen miles de personas.

Hay un no-se-que de infantil en todos esos comportamientos de no entender cuál es su trabajo político dentro de una democracia representativa.  Y esa infantilidad tiene relación con su propia incapacidad de reconocer las emociones  y necesidades del prójimo embebidos en su propia arrogancia.

Y esta arrogancia está marcada por una educación que insiste en la creencia que la racionalidad equivale a la frialdad emocional, cualidad bastante inoportuna para mantener a un político en el poder en el largo plazo, ya que mete la pata y no está consciente de hacerlo.

Así le fue  María Antonieta….

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Debe haber pocas cosas políticamente más apasionantes que concebir un ordenamiento constitucional desde cero. Y pocas medidas más indispensables para que alas uruguayas intersecten corrientes ascendentes. La oportunidad es inmediata, aunque en el límite de lo tardío. El debate de modelos arquitectónicos constitucionales que, entre muchos otros aspectos, pergeña los diversos modos en que la ciudadanía es representada, sólo puede lograrse asincrónicamente respecto a las campañas electorales de disputa de tal representación. Al menos sin que la discusión sobre dispositivos de poder e institutos se deslice por la pendiente miserable del cálculo y la conveniencia fraccional o personal del polemista. Ya bastante se demoraron las comisiones redactoras (desde febrero de 2014 una y marzo de 2015 otra) para tan acotado resultado, aunque debe reconocérsele la complejidad de la tarea, particularmente para una organización tan heterogénea teórica e ideológicamente como el FA. En cualquier caso, para darle efectiva encarnadura al proyecto esquelético de un nuevo ordenamiento constitucional, debe haber voluntad política de la mayoría de la asamblea legislativa para llamar a elecciones de una convención nacional constituyente (como prevé el inciso c del artículo 331 de la constitución vigente), sin la cual, todo el resto de los procedimientos previstos incurren en sincronía electoral, con las consecuencias empobrecedoras señaladas, además de limitarse plebiscitariamente a la mera cosmética.

Junto al mérito de cumplir con el mandato del congreso precedente poniendo en discusión la pertinencia y naturaleza de una reforma constitucional, creo sumamente valorable la previa interrogación por los valores y principios compartidos por el FA, aunque me parezcan débiles en varios aspectos cardinales. Las normas, los ordenamientos, delimitan y codifican valores a pesar de que la ideología dominante las presente como producto natural de una juridicidad abstracta, una “doxa” en el sentido en que el sociólogo francés Bourdieu la utiliza en la teoría de los campos, que se erige hermética e incuestionable. En tal sentido, explicitar aquello que se pretende producir social, política, cultural o económicamente, o bien proteger o en su defecto limitar o eliminar, pone en tensión la autonomía naturalizada de las normas e invita al despliegue de la imaginación y la inventiva institucional para adecuarse a los valores. Porque cuando se ponen en juego leyes e institutos se dibujan modelos de vida a organizar o estimular y formatos de ejercicio y regulación del poder que quedarán finalmente coagulados. Su peor destino, cualesquiera sean tales valores y modelos es que resulten tácitos, que queden ocultos tras los nubarrones de las formalidades. Lo ideal es no tener que deducirlos o realizar ejercicios hermenéuticos. Ni la economía puede quedar librada a la mano invisible del mercado que pregonaba Adam Smith, ni una mano jurídica invisible puede organizar las libertades, los derechos o las garantías ciudadanas. La elección entre valores, es una elección acerca de la regulación, del control social, de los espacios de libertad, todo lo cual es objeto sustantivo de lo que vale la pena llamar política.

Sin embargo, tanto la utilidad para pergeñar una nueva constitución, cuanto el atractivo y estímulo de la mecánica y secuencia de debate propuesta basada en la revisión y puesta al día de principios y valores, tropieza con la vaguedad y la insustancialidad de las definiciones concretas, cuando no destilan un tufillo profundamente conservador del statu quo. Quizás sea el resultado ineluctable de la redacción basada exclusivamente en el consenso que se potencia en el caso del primer documento al que vengo aludiendo, porque carece de explicitación de disidencias o alternativas, a diferencia del específico sobre la reforma constitucional que abordaré en otra oportunidad. He aquí una limitación importante por entorpecimiento, rayana en la paralización, dada la amplitud del FA. Soy consciente, por un lado, que decisiones o elaboraciones documentales adoptadas por simple mayoría o con un alto grado de abstención revela debilidad de convencimiento colectivo, pero por otro el método del consenso absoluto concede a cierta minoría una capacidad de veto y presión sobre el conjunto que puede llegar a obstruir directamente el funcionamiento. Creo que la adopción de un criterio de mayoría calificada resolvería esta tensión, pero en casos como el que nos ocupa, sólo podría medirse en un congreso, ya que es allí donde todos los comités de base cuentan con delegados con mandato para dirimir las controversias reflejando la opinión de la totalidad de la militancia frentista.

Sin dejar de subrayar estas importantes limitaciones del documento, que si quedara tal como fue enviado a los comités, no induciría al diseño de un texto constitucional muy diferente del vigente, incurre en contradicciones sobre un mismo valor o principio o bien va superando las generalidades a medida que va ganando precisión en el avance por sus 120 parágrafos. Particularmente en lo que hace a los derechos cívicos y ciudadanos y al ejercicio de la soberanía popular, ya que es más sólido y explícito en materia de derechos sociales, económicos. No debería extrañar. Las tradiciones de izquierda y progresistas han venido enfatizando la relevancia de las conquistas económicas y sociales y desarrollando una práctica teórica vinculadas a ellas, mientras que la esfera político-institucional le ha merecido siempre una débil atención o la ha observado de modo reduccionista: como mero efecto de la “base” económica. En efecto, los valores aparecen confundidos con las formas institucionales o más explícitamente aún, cuando se aborda la cuestión de la soberanía popular se adhiere al régimen político representativo o lo que he llamado en otros textos, la democracia liberal-fiduciaria presentada como única forma institucional de concretizar el valor de la decisión ciudadana de guiar su propio destino.

Mientras la representación apenas se esboza sin interrogante ni problematización alguna, la democracia carece de adjetivos, o a lo sumo resulta adjetivada de modo consignista e impreciso como “auténtica”, sin que puedan definirse características de tal autenticidad. El documento pierde inclusive la oportunidad de recoger algunas de las tantas críticas y señalamientos de limitaciones que a lo largo de todo el siglo pasado devinieron clásicas. Por citar sólo algunas, la analogía mercantil de Schumpeter, la marcación liberal de Bobbio, la video-política de Sartori, la socialista de Mandel, o la autoregulación necesaria de Weber.

No estoy proponiendo que se pongan a discusión adjetivos o etiquetas, sino sustantivos concretos de ejercicio del poder, o en otros términos, de participación de los afectados en las decisiones que los conciernen. Mucho antes que diseñar los institutos que garanticen tal participación, es necesario interrogarnos previamente acerca del valor de este propósito.

Valor que en mi opinión está preñado de muchos otros valores.

-El autor,  Emilio Cafassi, es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, cafassi@sociales.uba.ar

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La fuente de la instrucción, por supuesto, es el conjunto de documentos referidos al sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) dados a conocer por el valeroso luchador por la libertad, el señor Edward J. Snowden, resumidos y analizados de gran forma por su colaborador Glenn Greenwald en su nuevo libro No Place to Hide (Sin lugar donde esconderse).

Los documentos revelan un notable proyecto destinado a exponer a la vigilancia del Estado información vital acerca de toda persona que tenga la mala suerte de caer en las garras del gigante, que viene a ser, en principio, toda persona vinculada con la moderna sociedad digital.

Nada tan ambicioso fue jamás imaginado por los profetas distópicos que describieron escalofriantes sociedades totalitarias que nos esperaban.

No es un detalle menor el hecho que el proyecto sea ejecutado en uno de los países más libres del planeta y en radical violación de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de persecuciones y capturas sin motivo y garantiza la privacidad de sus individuos, de sus hogares, sus documentos y pertenencias.

Por mucho que los abogados del gobierno lo intenten, no hay forma de reconciliar estos principios con el asalto a la población que revelan los documentos de Snowden.

También vale la pena recordar que la defensa de los derechos fundamentales a la privacidad contribuyó a provocar la revolución de independencia de esta nación. En el siglo XVIII el tirano era el gobierno británico, que se arrogaba el derecho de inmiscuirse en el hogar y en la vida de los colonos de estas tierras. Hoy, es el propio gobierno de los propios ciudadanos estadounidenses el que se arroga este derecho.

Todavía hoy Gran Bretaña mantiene la misma postura que provocó la rebelión de los colonos, aunque a una escala menor, pues el centro del poder se ha desplazado en los asuntos internacionales. Según The Guardian y a partir de documentos suministrados por Snowden, el gobierno británico ha solicitado a la NSA analizar y retener todos los números de faxes y teléfonos celulares, mensajes de correo electrónico y direcciones IP de ciudadanos británicos que capture su red,

Sin duda los ciudadanos británicos (como otros clientes internacionales) deben estar encantados de saber que la NSA recibe o intercepta de manera rutinaria routers, servidores y otros dispositivos computacionales exportados desde Estados Unidos para poder implantar instrumentos de espionaje en sus máquinas, tal como lo informa Greenwald en su libro.

Al tiempo que el gigante satisface su curiosidad, cada cosa que cualquiera de nosotros escribe en un teclado de computadora podría estar siendo enviado en este mismo momento a las cada vez más enormes bases de datos del presidente Obama en Utah.

Por otra parte y valiéndose de otros recursos, el constitucionalista de la Casa Blanca parece decidido a demoler los fundamentos de nuestras libertades civiles, haciendo que el principio básico de presunción de inocencia, que se remonta a la Carta Magna de hace 800 años, ha sido echado al olvido desde hace mucho tiempo.

Pero esa no es la única violación a los principios éticos y legales básicos. Recientemente, el New York Times informó sobre la angustia de un juez federal que tenía que decidir si permitía o no que alimentaran por la fuerza a un prisionero español en huelga de hambre, el que protestaba de esa forma contra su encarcelamiento. No se expresó angustia alguna sobre el hecho de que ese hombre lleva 12 años preso en Guantánamo sin haber sido juzgado jamás, otra de las muchas víctimas del líder del mundo libre, quien reivindica el derecho de mantener prisioneros sin cargos y someterlos a torturas.

Estas revelaciones nos inducen a indagar más a fondo en la política del Estado y en los factores que lo impulsan. La versión habitual que recibimos es que el objetivo primario de dichas políticas es la seguridad y la defensa contra nuestros enemigos.

Esa doctrina nos obliga a formularnos algunas preguntas: ¿la seguridad de quién y la defensa contra qué enemigos? Las respuestas ya han sido remarcadas, de forma dramática, por las revelaciones de Snowden.

Las actuales políticas están pensadas para proteger la autoridad estatal y los poderes nacionales concentrados en unos pocos grupos, defendiéndolos contra un enemigo muy temido: su propia población, que, claro, puede convertirse en un gran peligro si no se controla debidamente.

Desde hace tiempo se sabe que poseer información sobre un enemigo es esencial para controlarlo. Obama tiene una serie de distinguidos predecesores en esta práctica, aunque sus propias contribuciones han llegado a niveles sin precedentes, como hoy sabemos gracias al trabajo de Snowden, Greenwald y algunos otros.

Para defenderse del enemigo interno, el poder del Estado y el poder concentrado de los grandes negocios privados, esas dos entidades deben mantenerse ocultas. Por el contrario, el enemigo debe estar completamente expuesto a la vigilancia de la autoridad del Estado.

Este principio fue lúcidamente explicado años atrás por el intelectual y especialista en políticas, el profesor Samuel P. Huntington, quien nos enseñó que el poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a evaporarse.

El mismo Huntington lo ilustró de una forma explícita. Según él, “es posible que tengamos que vender [intervención directa o alguna otra forma de acción militar] de tal forma que se cree la impresión errónea de que estamos combatiendo a la Unión Soviética. Eso es lo que Estados Unidos ha venido haciendo desde la doctrina Truman, ya desde el principio de la Guerra Fría”.

La percepción de Huntington acerca del poder y de la política de Estado era a la vez precisa y visionaria. Cuando escribió esas palabras, en 1981, el gobierno de Ronald Reagan emprendía su guerra contra el terror, que pronto se convirtió en una guerra terrorista, asesina y brutal, primero en América Central, la que se extendió luego mucho más allá del sur de África, Asia y Medio Oriente.

Desde ese día en adelante, para exportar la violencia y la subversión al extranjero, o aplicar la represión y la violación de garantías individuales dentro de su propio país, el poder del Estado ha buscado crear la impresión errónea de que lo que estamos en realidad combatiendo es el terrorismo, aunque hay otras opciones: capos de la droga, ulemas locos empeñados en tener armas nucleares y otros ogros que, se nos dice una y otra vez, quieren atacarnos y destruirnos.

A lo largo de todo el proceso, el principio básico es el mismo. El poder no se debe exponer a la luz del día. Edward Snowden se ha convertido en el criminal más buscado por no entender esta máxima inviolable.

En pocas palabras, debe haber completa transparencia para la población pero ninguna para los poderes que deben defenderse de ese terrible enemigo interno.

Traducción de Jorge Majfud

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

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El articulo El estado de vigilancia en los países libres apareció primero en piensaChile.

• Desde hace tres décadas hemos venido insistiendo en la necesidad de incorporar la Democracia Participativa a la institucionalidad  vigente en Chile. Los Plebiscitos (1)  Vinculantes Convocados por los Ciudadanos, -con base en un cierto número de firmas-,(2) la generación de Leyes por Iniciativa de los Ciudadanos y la Revocatoria de las Autoridades Elegidas por la Ciudadanía,(3)  cuando ellas resulten corruptas, incapaces o no cumplan sus promesas electorales.
• Ante los fraudes, la colusión, abusos y las estafas actuales, ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué canales tienen para expresarse?… Ninguno.

¿Manifestar indignación en las calles? ¿Desórdenes?
¿Cuál será el desenlace de esta tensión e indignación de una ciudadanía sin poder
manifestarse institucionalmente, en forma pacífica, ordenada y libre?

• El cambio es urgente. Es necesaria la incorporación de la Democracia Participativa. Cómo en decenas de países. Por ejemplo, en Uruguay los ciudadanos convocaron a un plebiscito en que rechazaron la privatización del agua. En EEUU, la suma de los plebiscitos realizados en los estados fue  de 159 en la elección de parlamentarios del año 2010. De ellos: 43 fueron convocados por los ciudadanos.
• Para esto y muchas otras materias, es imprescindible una Nueva Constitución. Definamos en un Plebiscito Nacional Vinculante cual es el mejor método para realizar una Nueva Constitución. Estamos convencidos que el procedimiento más democrático es una Asamblea Constituyente, como se ha hecho en muchos países. (4)   Así lo expresan en forma mayoritaria los ciudadanos en las encuestas, como en aquellas de la  Facultad de Administración y Economía de la USACH y CADEM. (5)
• El plebiscito es un Derecho Natural, propio de la naturaleza humana: cada persona debe tener la facultad para tomar decisiones sobre aquellos temas que afectan esencialmente su vida. Es parte inalienable de la libertad individual e inevitablemente algún día será parte de nuestra legislación. Para ello continuaremos trabajando.

1.– VOTO PROGRAMÁTICO.  Al inscribir sus postulaciones, los candidatos tienen el deber de también inscribir sus propuestas programáticas en el Servicio Electoral.
Se podrá revocar de su cargo a las personas por incumplimiento  de sus  promesas  realizadas antes de ser elegido por la ciudadanía. Como existe en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina… 
 
2.—RESIDENCIA. Los candidatos que se presentan en las regiones deben vivir en las regiones al menos desde hace 5 años.
Sus candidaturas deben ser inscritas en el Servicio Electoral de la región correspondiente. Anteriormente ha sucedido que al enviar los documentos de las candidaturas para ser inscritas en Santiago, estos se han extraviado.
 
3.–  ELECCIÓN POR LA CIUDADANÍA. Cuando en el partido exista más de un candidato para el mismo cargo de elección popular, la candidatura debe definirse con participación de la ciudadanía: realizando elecciones Primarias, Abiertas, entre los candidatos  Residentes de la región,  Simultáneas (para todos los P. Políticos), Obligatorias y  Vinculantes, (PARSOV).
 
4.—REELECCIÓN DE LAS Y LOS REPRESENTANTES (SERVIDORES PÚBLICOS). Hacer efectiva la alternancia en el poder y regulando las reelecciones.   Un período para Intendente elegido, alcaldes, concejales y diputados. Senadores al extenderse su período por 8 años: no deben reelegirse.
 
5.—  PARTIDOS REGIONALES. Facilitar la creación de Partidos Regionales y la participación de los independientes.
 
6.—REGRESAR AL SISTEMA DE VOTO OBLIGATORIO.
 
7.—No es conveniente que  en una misma persona se concentren los cargos de Diputado o Senador, y a la vez sea esta misma persona, una autoridad unipersonal del Partido Político, por ejemplo Presidente del Partido. Ambas son funciones muy importantes que requieren para realizarse: tiempo completo y dedicación exclusiva.
 
8.—  PARTICIPACIÓN, DE REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS CON PODERES PLENOS, EN LOS DIRECTORIOS DE LAS EMPRESAS que son financiadas por sus contribuyentes como por ejemplo las AFP y en los Servicios Básicos: agua potable, electricidad, comunicaciones… Esto permitirá mejorar, hacer transparente, controlar y fiscalizar su funcionamiento. 
 
 9.– EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y REGIONAL PARTICIPATIVO: Este es un instrumento de la mayor importancia pues permite a los ciudadanos deliberar y tomar decisiones  vinculantes sobre la asignación de recursos, para solucionar los problemas más importantes de su barrio o sector, comuna y la región. Las vecinas y vecinos, reunidos, deciden y controlan directamente la ejecución de un porcentaje del presupuesto municipal que se refiere a la inversión en los barrios y en la región. De este modo se da transparencia, se fiscaliza el uso de los recursos públicos y se invierte mejor en las necesidades que la propia comunidad considera prioritarias. Esto no incluye los gastos fijos de la Municipalidad y del Gobierno Regional.

Atenta y cordialmente:
Dr. Edgardo Condeza Vaccaro
Presidente

MOVIMIENTO POR LA CONSULTA Y  LOS DERECHOS CIUDADANOS

HUMANISMO   ÉTICA  CAMBIO

  edgardocondeza@vtr.net     98867508

 
(1) Como existe en Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Dinamarca, Portugal, Suiza, EEUU, Austria, Eslovenia, Bélgica, Italia, Liechtenstein, Lituania,… En URUGUAY, en un Plebiscito requerido por los ciudadanos simultáneamente con la elección presidencial: los uruguayos decidieron NO  privatizar el agua potable. En ITALIA en el año 2011 en un plebiscito se rechazó la privatización del agua. Esto contrasta con la democracia a medias que existe en CHILE: en el año 2000 en CONCEPCIÓN Y OTRAS CIUDADES DE LA REGIÓN DEL BIO BIO realizamos un plebiscito sobre la privatización del Agua Potable. Votaron 136.783 personas. Más del 95% no aceptaba esta privatización. No obstante el gobierno del Presidente Lagos no tomó en cuenta esta opinión de los ciudadanos y la privatizó. En EEUU,  en la elección de parlamentarios del año 2010 se realizaron 159 plebiscitos, sumando los hechos en los estados. 43 de ellos fueron por petición de los ciudadanos. En tres de ellos preguntaban si se convocaba a una convención constituyente para el estado.
(2) En Suiza, para las iniciativas populares y referéndums los quórums de firmas varían entre el 0,9% y el 5,7 % del total del electorado. P. 83 “Guía de la DemocraciaDirecta en Suiza y más allá.” Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, Nadja Braun.
Referéndum Transnacional: “…existe también la introducción propuesta del primer derecho ciudadano transnacional –Iniciativa Ciudadana Europea-. Esta nueva herramienta democrática deberá en el futuro proporcionar a un mínimo de 1 millón de ciudadanos europeos el derecho a proponer una nueva ley o un nuevo artículo de la Constitución (de la UE) a la Comisión Europea,…”  Ibídem   P. 15.
( 3) La revocatoria existe desde que los seres humanos se agruparon y eligieron sus líderes. El Programa de la Reforma de Francia en 1848 expresa:  «Los Gobernantes en una democracia bien constituida solo son los mandatarios del pueblo y deben ser responsables y revocables.»   En Suiza desde el año 1848 está regulado en el ámbito constituyente. Existe en 26 Estados de EEUU de Norte  América… La primera entidad gubernamental en adoptar la destitución fue la ciudad de   Los Ángeles  -hace más de un siglo- en el año 1902. Actualmente existe en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Egipto, México, Palau, Perú,Rusia, Venezuela, -en el segundo y en el último país incluye hasta el Presidente de la República.
(4) Por ejemplo en: Perú en el año 1979,  El Salvador 1983,  Guatemala 1985, Brasil 1988, Colombia en 1991, en Ecuador – Bolivia – Venezuela, en Paraguay en 1992, en Islandia, 2011. En el mundo, “hay un poco más de treinta, de noventa y tantas democracias, que tienen constituciones producto de asambleas constituyentes”, dice Claudio Fuentes profesor titular de UDP. Agrega: “Mientras más contemporáneas han sido las democracias mayor es la cantidad de asambleas constituyentes”
(5) ENCUESTAS EN CHILE: DEL DIARIO ON LINE EL MOSTRADOR DE CHILE. Encuesta Usach: El 68,1% cree que una nueva Constitución debe surgir de una Asamblea Constituyente  El departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago difundió  Enero 2015,   51,1% de los consultados considera que la Carta Fundamental debiera ser encargada por el Congreso Nacional a la ASAMBLEA CONSTITUYENTE, para luego ser ratificada en un plebiscito. Y sólo un porcentaje minoritario contesta que esta misión le compete exclusivamente a los legisladores.  El 17% contesta que dicha Asamblea debe ser convocada y elaborada por las organizaciones sociales. (51 % + 17%  = 68%). Sólo un 2,6% cree que debe ser confeccionada y aprobada por el Congreso, mientras que un 3,6% reconoce que  no sabe. ENCUESTA CADEM: 06/04/2015 Plaza Pública Cadem: Estudio N° 64  un 77% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución y un mayoritario 60% se inclina por que sea una Asamblea Constituyente quien tenga el rol de redactar y aprobarla. http://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2015/04/Track-PP64-AbrilS1_VF.pdf   LA ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO E IPSOS NOV- DIC. 2013 expresa:  “un 74 por ciento de los encuestados considera que la Constitución Política debe cambiarse por una nueva… Ante este cambio la opción que sea “Encargada por el Congreso Nacional a una Asamblea Constituyente…”, cuenta con 57 por ciento de apoyo y la que sea “elaborada y aprobada por el Congreso Nacional”, con un 7 por ciento de las respuestas.
 (6) La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21 establece que: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medios de representantes libremente escogidos…3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;…”
****** Tenemos folletos sobre estos temas que podemos enviarle gratuitamente el número que Usted necesite y desee distribuir.    edgardocondeza@vtr.net     98867508

El articulo ¿Qué pueden hacer los ciudadanos antes la crisis de la política y soberanía nacional? apareció primero en piensaChile.

1. C. Cartagena.

Notas:

1. http://diario.latercera.com/2015/01/20/01/contenido/pais/31-181995-9-udi-indaga-recaudaciones-en-francia-para-campanas-del-partido-shtml
2. https://cyohueso.wordpress.com/2013/05/19/constitucion-de-un-comite-de-apoyo-a-los-ex-dirigentes-estudiantes-candidatos-a-las-elecciones-parlamentarias-en-chile-en-noviembre-2013/ y http://el-siglo.blogspot.fr/2013/06/france-chili-comite-de-soutien-anciens.html
3. http://www.theclinic.cl/2015/01/20/la-udi-y-el-pc-se-dan-con-todo/

El articulo Un “supuesto” exiliado chileno en Francia responde a la UDI apareció primero en piensaChile.

La memoria histórica es un libro abierto en el cual todos y permanentemente debemos escribir, para impedir que el olvido cubra con su manto ejemplos de dignidad con el de Raúl y antes que el, de miles de compatriotas dispuestos de verdad a construir una utopía, materializando sus sueños en una sociedad mas justa, inclusiva con derechos iguales para todos sus habitantes. Solo así se podrá evitar que, como lo están haciendo desde hace mas de veinte años, los cultores de la violencia y los agentes del terrorismo de estado, que cometieron crímenes de lesa humanidad, cubran sus culpas al alero de una institución, un uniforme o simplemente detrás de la cobardía de no asumir lo que hicieron.

Cabe preguntarse porque a estos terroristas, que por años atemorizaron a la población no se les aplica la ley antiterrorista y se califican sus acciones de tortura sistemática, asesinatos, simulaciones de enfrentamientos y la desaparición de personas, como actos terroristas. Inexplicable porque a quienes luchamos en contra de una de una de las dictaduras mas crueles de América latina, si se nos aplica todo el rigor de una ley monstruosa, creada en 1984 durante el gobierno dictatorial de Pinochet, para frenar la naciente movilización social y las protestas.

Es hora que en honor al recuerdo de quienes murieron por alcanzar la libertad en nuestro país, hombres y mujeres valientes que entregaron sus vidas por la democracia que disfrutamos hoy, continúen siendo marginados de la historia, estigmatizados por oponerse a la cultura de la violencia y del odio. Medios de comunicación y periodistas coludidos con la cultura dictatorial, aportaron a influenciar en calificar los actos de lucha antidictatorial como terroristas, creando un estereotipo y un juicio ético, que aun perdura, para aislar o atemorizar a quienes osaran levantarse en contra de la tiranía.

La memoria histórica, el derecho a recordar, como el derecho a la justicia, son derechos humanos inalienables a los cuales no podemos renunciar, por lo tanto es nuestro deber ciudadano señalar que la democracia, su conquista, tiene héroes, algunos asesinados en cámaras de torturas, en fusilamientos extrajudiciales o hechos desaparecer y también quienes entregaron sus vidas combatiendo el despotismo y la opresión.

Uno de estos héroes es Raúl Pellegrin a quien le recordaremos siempre como nuestro Comandante José Miguel, formado como un soldado del pueblo levantó su voz asumiendo el justo derecho a la rebelión, cuando en nuestro país no había Estado de derecho e imperaba el terrorismo de Estado. En esas condiciones de clandestinidad creció como un líder revolucionario, creando una organización, el FPMR, que entusiasmó con su ejemplo a cientos de chilenos y chilenas decididos a luchar, contribuyendo activa y significativamente para derrotar a la dictadura.

Un aporte que se comprende a cabalidad mirándolo desde el contexto en que se vivió, José Miguel hizo crecer desde el rigor de la clandestinidad una organización político militar que junto a las demás fuerzas anti dictatoriales se puso al frente de la rebelión popular. Por eso su sello personal está en todas las acciones que realizó el FPMR y que calaron hondo en el corazón de los chilenos y chilenas; los apagones, parciales y luego a nivel de todo el territorio nacional, las tomas de radio emisoras para dar a conocer que habían chilenos y chilenas luchando en contra del tirano.

Son muchos los pasajes de esa breve historia que reflejan su pensamiento, educado en una cultura revolucionaria consecuente, desplegaba con rigor la comprobación de cada acción y sobre todo en la organización del pueblo en la autodefensa, cuyo objetivo era impedir el abuso de la represión, particularmente sobre los pobladores y gente indefensa. Que satisfacción le provocaba por ejemplo, el comprobar como el pueblo trabajador mas golpeado por la represión de la tiranía se sumaba al Rodriguismo, que la composición de los equipos de torreros, organizados para derribar las torres de alta tensión y provocar los legendarios apagones, ya no eran solo cuadros militares sino que eran mujeres combatientes, algunas de ellas madres y abuelas. ( sexta región en 1986 )

Hechos sencillos como este eran para José Miguel la fiel comprobación de que las acciones paramilitares estuvieran siempre orientadas a recuperar la confianza en la lucha popular, para entusiasmar al pueblo, aportando a elevar la moral combativa de la resistencia. Insistía en que ese era nuestro lenguaje y nuestros medios para llevar el mensaje de confianza para seguir peleando, para unirse, era el sello de todas las acciones político militares que se realizaron incluyendo el intento de ajusticiar al tirano.

La mística y la disciplina son dos de los componentes decisivos que José Miguel le impregnó al Rodriguismo, para crecer junto al pueblo, porque siempre estuvo convencido que éste, a diferencia de las cúpulas, no puede luchar con toda consecuencia si no están plenamente conscientes de sus verdaderas reivindicaciones y enemigos de clase. Ese fue su punto de partida para intentar superar el sectarismo que maltrataba a la izquierda chilena, forjando la unidad en el lucha diaria, cuidando la relación con las masas, apoyándose siempre en la verdad, en la sencillez y en la humildad, apelando al ejemplo personal.

En todo esto que fue parte de su vida radica el legado de José Miguel, puso un gran esfuerzo en la construcción del Rodriguismo, inculcando la idea de que no bastaba ser militante, sino que era necesario adoptar la militancia como una actitud de vida. El ejemplo del Comandante Rodriguista, como de otros tantos lideres de la revolución chilena, viven en el alma de muchas personas, cuyos sueños de justicia no aceptan los abusos de una sociedad clasista, ni las contradicciones progresivas del sistema capitalista moderno, que al igual que sus antecesores, para su crecimiento necesita de una masa de desposeídos y explotados.

En este contexto el pensamiento de este señero líder revolucionario se prolonga en el tiempo, en la agitación y surgimiento del movimiento estudiantil y social actual, que podrá tener altos y bajos en su desarrollo, pero que señala logros alcanzados con la única arma posible a su alcance, la organización y la movilización del pueblo, la que solo se fortalece mediante sus propias luchas. El legado de José Miguel es la rebeldía, expresada en su momento en contra de la dictadura y hoy, en las calles, eso educo al pueblo para derrocar a la dictadura y eso educa políticamente al pueblo hoy, clarifica a sus adversarios y permite desarrollar formas más autónomas e independientes de acción.

Nuestro Comandante como todos los héroes de nuestra patria son personas con capacidades tremendas, políticas, intelectuales y que también cometen errores a veces inexplicables. Su vida y su muerte reflejan eso, la vida de un hombre grande cuya muerte fue uno de los hechos más dolorosos que nos toco vivir, porque su asesinato se debió a una traición invocada por el egoísmo y la cobardía.

José Miguel fue un orgulloso portador de los valores inculcados en Cuba, un pueblo que no escatima esfuerzos para expresar su solidaridad internacionalista, como lo está haciendo hoy en África, enviando cientos de médicos y especialistas para socorrer a países prácticamente abandonados y a trabajar por la cura de una epidemia que esta matando a miles de personas, adultos y niños.

Todo esto, su paso por Nicaragua, para luchar por la libertad de un pueblo aguerrido y noble, cobra fuerza en su conciencia política-moral y lo traduce en la decisión de enfrentar a la dictadura, ejerciendo el noble derecho a la rebelión, como forma de aportar a derrotarla. Una actitud que es fiel heredera de una norma de conducta patriótica militar, similar a la que desarrollaron nuestros padres de la patria y en particular Manuel Rodríguez: José Miguel aprendió en la practica, que “ los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.

Por eso murió convencido de que era necesario señalar con ejemplos, que no había opción para claudicar y que la construcción de una sociedad democrática libre de los amarres institucionales, que nos impusieron en 1973, no era factible subordinándose a los poderes facticos de la dictadura. La obra se iniciaba y no culminaba con la salida pactada de Pinochet, sabia que se abrían nuevas situaciones políticas en 1989, para lo cual la unidad y el fortalecimiento de la izquierda eran la salida…. ese fue su ultimo pensamiento y por eso fue a los Queñes, como tantas veces lo expreso, poniendo la dignidad del rodriguismo mas arriba que la cordillera de los Andes…….

La gratitud de tus hermanos y el respeto de tu pueblo, honra tu vida y obra, hasta siempre hermano.

– El autor, Enrique Villanueva M., es ex dirigente Rodriguista

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a Michelle Bachelet sobre la cuestión mapuche

Santiago, lunes 3 de febrero de 2014.

Señora Michelle Bachelet Jeria
Presidenta Electa de la República de Chile

Excelentísima señora Presidenta

Nos dirigimos a usted en momentos en que inicia los preparativos para asumir la primera magistratura del país. Es por ello que la instamos a tomar de inmediato las medidas políticas y éticas que permitan terminar con la violencia instaurada en la zona de la Araucanía, situación que se ha agudizado en el último tiempo, dada la política gubernamental represiva del actual gobierno de derecha, que en pocos días terminará su mandato.

Estimamos que ha llegado la hora de actuar de acuerdo a lo señalado por usted durante su campaña presidencial, cuando reconoció haber cometido en su primer gobierno errores políticos y judiciales contra el pueblo mapuche y sus luchadores sociales.

Como sociedad civil, expresamos nuestra preocupación ante la acción represiva, policial y jurídica a la que se exponen ciudadanos indefensos como son niños y niñas, mujeres y hombres ancianos, jóvenes comuneros mapuche, cuyas vidas están siendo sesgadas y marcadas por una situación que el Estado chileno, a nuestro juicio, no solo ha mal enfrentado, sino que ha agudizado la negación de los derechos que les asisten como pueblo. Razón por la cual, nos hemos constituido en una Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios con el fin de exigir a nuestras autoridades prácticas concordantes con la democracia y con los estándares establecidos en los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos y, especialmente, derechos civiles y políticos, derechos de la niñez, de los presos y el debido acceso equitativo a la justicia y a la participación que los mapuche deben tener en los proyectos de extracción que les afectan, derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Nos asiste, en consecuencia, el deber moral y ético de no permanecer indiferentes ni en silencio ante los atropellos que se viven especialmente en la Región de la Araucanía. Somos dirigentes sociales y de organizaciones de derechos humanos, respaldados por un significativo número de personalidades y líderes de opinión de connotación nacional e internacional.

Las graves violaciones a los derechos humanos que acontecen en la Araucanía han traspasado las fronteras de nuestro país, siendo cuestionados así los principios democráticos de nuestra sociedad y colocando en tela de juicio a quienes tienen la responsabilidad política de resolver de manera pacífica dichos conflictos, mediante el diálogo y la búsqueda permanente de entendimiento. La situación de injusticia ha llegado a tal nivel, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpelada a propósito de varios casos de este tipo.

También expertos internacionales en esta materia que se han pronunciado, cuestionando las políticas llevadas a cabo por los gobiernos chilenos frente a los mapuche y otros pueblos originarios. Tal ha sido el caso del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y Libertades

Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, Ben Emmerson, quien visitó nuestro país a mediados del 2013 y se pronunció sobre esta materia señalando que los comuneros mapuche no son terroristas ni existe terrorismo en nuestro país. El informe final de esa Relatoría le será entregado a usted y a su gobierno próximamente.

Sepa, señora Presidenta, de nuestra insistencia en la búsqueda de la paz, la que necesariamente entendemos como obra de la justicia. Estimamos que en este momento urge su pronunciamiento, porque resulta a todas luces evidente que aquí se ha diseñado un sistema policial que actúa como si se tratase de una situación bélica, y a medida que pasan los días esta lógica de “guerra” podría cobrar carácter genocida contra un pueblo que, desde antes de la instalación del Estado de Chile, habitaba estos territorios.

Entre los elementos de este sistema policial que se ha instalado en la zona de la Araucanía se pueden identificar los siguientes:

Alarmante presencia policial civil y uniformada, diverso tipo de armamento y mayor dotación de equipamiento terrestre y aéreo (vehículos, helicópteros y bulldozer, entre otros).

En territorio mapuche existe extrema militarización, desconociéndose los derechos básicos de las personas y sus moradas: se observa un control permanente sobre las personas y las rutas; han sido destruidos precarios enseres en los múltiples allanamientos practicados por equipos policiales que ingresan a los hogares a altas horas de la madrugada, agrediendo a familias humildes y deteniendo a alguno de sus integrantes sin fundamento alguno. Recientemente nos hemos alarmado por la detención por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, en Curacautín, de nueve menores de edad, dentro de los cuales se encontraba un niño de apenas tres años de edad; el 13 de diciembre recién pasado, en Traillaco, Panguipulli, la policía pasó un bulldozer sobre una ruca mapuche, dejando así completamente destruida la morada de una familia.

El fortalecimiento de la política represiva y policial se ha traducido en el aumento de la dotación policial,  en una mayor cantidad de armamento y equipamiento terrestre y aéreo destinado a las unidades apostadas en propiedades privadas y empresariales. A esto se suma el funcionamiento de los Equipos de Reacción Táctica Antinarcóticos (ERTA) de la Policía de Investigaciones de Chile y las recientemente creadas Patrullas Étnicas que operan en Padre las Casas, Collipulli y Cañete. Sin olvidar que el Estado chileno ha permitido el funcionamiento y actuar impune de guardias de empresas y de civiles armados que se han agrupado al margen de la ley en un llamado Comando Trizano, que propicia “tomar la justicia por sus manos”.

Asesinatos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; persecución, encarcelamiento y viciados juicios, montajes judiciales, faltas al debido proceso, aplicación del articulado contemplado en la Ley Antiterrorista que permite testigos sin rostro y nula posibilidad de defensa.

En las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Chol Chol, Río Bueno y Temuco, permanecen en prisión cerca de veinte personas de origen mapuche o simpatizantes de su causa. Algunos están en prisión preventiva y otros cumpliendo condenas. Aún cuando existe un número mayor de hombres y mujeres a la espera de juicios, afectados por diversas formas de restricción de libertad, tales como, arresto domiciliario, arraigo o medidas cautelares. Si a esto añadiéramos las numerosas detenciones ilegales, la cantidad de personas afectadas por la acción policial y judicial, sobrepasaría el centenar.

Nos parece perentorio explicar el significado de esta persecución, su gravedad y materialización: doble procesamiento (Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo); largas prisiones preventivas sin encontrarse evidencias por parte del Ministerio Público (Facundo Jones Huala); numerosas absoluciones, como en el caso del derrumbe del montaje en contra del werken Daniel Melinao de la comunidad Wente Winkul Mapu; persecución a autoridades ancestrales (machi Millaray Huichalaf); aplicación de la ley antiterrorista en contra de menores de edad (José Antonio Ñirripil); uso de testigos protegidos y compensados bajo la aplicación de dicha ley dejada por la dictadura y de la que hoy se aplican algunos de sus articulados, sin invocarla. De acuerdo a lo señalado por el relator de Naciones Unidas, Ben Emmerson, es evidente la discriminación con la que actúa el Estado chileno en contra de comuneros mapuche cuando aplica la Ley Antiterrorista y dicta sentencias en primera instancia en el marco de graves faltas al debido proceso.

A lo anterior, se agregan las precarias condiciones carcelarias en las que se encuentran los presos políticos, a quienes se les impide practicar sus rogativas o realizar alguna ceremonia de carácter religioso.

Tampoco se les satisfacen sus necesidades médicas de manera eficiente y rápida; son cruelmente maltratados y golpeados, como es el caso del preso polítco Emilio Berkoff en la cárcel de Lebu, tal como ha sido constatado por Rodrigo Bustos Bottai, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Queremos mencionar también a quienes han perdido la vida, entre ellos, Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Rodrigo Melinao, todos asesinados a balazos, los tres primeros por obra de funcionarios de Carabineros de Chile. Es de público conocimiento que la impunidad protege a quienes son responsables materiales y de mando en estos crímenes, así como de la desaparición del adolescente José Huenante de 15 años, a quien consideramos como el primer detenido desaparecido de origen mapuche en democracia.

A todo lo anterior se agrega la extrema pobreza, abandono y precarización de las condiciones de vida de las comunidades en territorios ancestrales. Nos preocupa la situación de miseria que vive el pueblo mapuche.

Lamentablemente, la pobreza de las comunidades mapuche, así como la del conjunto de los pueblos originarios, es directamente proporcional a la riqueza de sus codiciadas tierras por parte de empresas nacionales y extranjeras.

Nulas son las políticas públicas que se derivan y a las que obliga la firma del Convenio 169 de la OIT. Este consagra derechos territoriales, culturales y religiosos a los mapuche y mecanismos de participación y consulta obligatoria. La promulgación del Decreto 124 dejó sin efecto el sistema de consulta a los pueblos originarios, hecho que fue reforzado mediante una nueva disposición que vuelve a foja cero las obligaciones del Estado chileno sobre esta materia.

Es cierto que nuestro país debe asumir cambios urgentes en muchos aspectos, sin embargo, es necesario dar prioridad al diálogo, bajar las armas y enfrentar esta temática largamente postergada, que cada día cobra mayores injusticias. Le proponemos abrir un camino de diálogo que nos acerque a la PAZ y a la JUSTICIA, abordando ineludiblemente los siguientes planteamientos:

1.- Libertad sin condiciones de las y los presos políticos mapuche y de quienes, sin serlo, se encuentran presos por solidarizar con sus demandas. En este sentido, solicitamos promover con urgencia una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, en lo inmediato, la consagración del debido proceso en las causas judiciales, término de la actual prisión preventiva prolongada e ilegal, y acceso real a la defensa y a la justicia para todos los integrantes de los pueblos originarios detenidos y procesados.

2.- Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de Derechos Humanos.

Definir medidas de protección y restitución de sus derechos así como los mecanismos de reparación ante el daño causado.

3.- Creación de una instancia de diálogo permanente entre el Estado chileno y los representantes de las diferentes comunidades, determinados por el pueblo mapuche, cuestión que el Estado chileno permanentemente ha negado y tergiversado. Diálogo que tenga como marco básico lo ya avanzado en el terreno de las propuestas por la Comisión sobre la Verdad y el Nuevo Trato, que lamentablemente tanto el gobierno de su predecesor como el suyo propio entre 2006 y 2010 desaprovecharon completamente.

4.- Pleno respeto del Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por Chile, a fin que los pueblos originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que les conciernen.

5.- Reconocimiento de la autodeterminación, formas de representación y autogobierno para el pueblo mapuche. Recuperación por parte de las comunidades de sus territorios, los que en su gran mayoría se encuentran en manos de empresas forestales, proyectos energéticos y mineros. Fin inmediato de las autorizaciones que el Estado está entregando a las empresas forestales para aumentar las superficies de explotación comercial que violan el Convenio 169 de la OIT, destruyen el medio ambiente e impiden que se desarrollen las políticas de devolución de tierras.

6.- Exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista, establecida por la dictadura militar, constantemente invocada y aplicada en el marco de la criminalización ante las justas demandas del pueblo mapuche.

7.- Retiro inmediato de la dotación policial y de las brigadas policiales especiales que actúan en el marco de este conflicto, desmilitarizando el territorio; empadronamiento y registro del equipamiento de las personas que actúan como guardias empresariales en la zona de la Araucanía, estableciendo mecanismos de autorización, atribuciones y restricciones de su actuación y desarticulación efectiva del llamado Comando Trizano.

Le saluda atentamente,

Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios

Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos, ex Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Nolberto Díaz, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Sergio Grez Toso, historiador y académico de la Universidad de Chile.

Melissa Sepúlveda, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Sebastián Aylwin, Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Naschla Aburman, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile.

Elizabeth Pilquil, Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Silvia Morales, Patricia Soto, Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU.

Juana Aguilera Jaramillo, Presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura.

Manuel Andrade Valenzuela, encargado de la temática mapuche, Comisión Ética Contra la Tortura.

Leopoldo Montenegro, Comisión Ética Contra la Tortura.

Han adherido a esta carta

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Fernando Aliaga Rojas, Presidente Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile).

Luis Mesina, Presidente de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines.

José Henríquez, Secretario General Paz Christi International.

Ana Juanche Molina, Coordinadora para América Latina del Servicio Paz y Justicia.

Servicio Paz y Justicia de Argentina.

Diego Vela, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

Ulises Urriola, Comisión Ética Contra la Tortura Francia.

María Jara y Ana González, Comisión Ética Contra la Tortura Bélgica y Comité Mapuche de Solidaridad Bélgica.

Sergio Palacios, Comisión Ética Contra la Tortura Temuco, Chile.

Kristin Stoneking, Directora Ejecutiva de Fellowship of Reconciliation.

Susana Pimiento Chamorro, afiliada a Fellowship of Reconciliation.

Constanza Medina y José Portiño, Coordinadora Jurídica 4 de Agosto, Universidad de Chile.

Fernando Pairican, Magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Marcos García de la Huerta, filósofo. Académico de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Roberto Dorival, Colectivo 119 Familiares y Compañeros.

Alejandra Arriaza, abogada de Derechos Humanos.

Celso Calfullam, mapuche Región Metropolitana.

Felipe Portales, sociólogo y académico de la Universidad de Chile.

Patricio Guzmán, economista, asesor de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines.

Andrés Fielbaum, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

María Eugenia Puelma Alfaro, encargada de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores.

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina «Oscar Arnulfo Romero».

Natividad Llanquileo, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bolivariana.

Comité Oscar Romero, Chile.

Centro Ecuménico Diego de Medellín.

Centro Helmut Frenz.

Higinio Espergue Córdova, Presidente de la Coordinadora de Ex Presos Políticos de Santiago.

Marcia Esparza, Proyecto de la Memoria Histórica.Universidad Pública de Nueva York Estados Unidos.

Nelson Soto Martínez, Secretario Nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social

Lucio Cuenca Berger, Director del Observatorio de Conflictos Ambientales.

María Elena Rozas Flores y Lucía Sepúlveda Ruiz, Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile). Lucía Sepúlveda Ruíz  forma parte de la Comisión Ética Contra la Tortura.

María Eugenia Carrera Chávez, Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Guatemala.

María Vides, Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador Monseñor Romero.

Alessandra Benedicty, Directora Maestría de Estudios de las Américas. Departamento Interdisciplinario de Artes y Ciencias, The City College of New York, Estados Unidos.

Jennifer Harbury, Maestría de Estudios de las Américas. Departamento Interdisciplinario de Artes y Ciencias, The City College of New York, Estados Unidos.

Hugo Rivera Scott, Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

Andrea Ruiz Lidid, Arquitecta, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Marcelo Castillo Sibilla, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile.

Ida del Carmen Sepúlveda Miranda, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de

Ejecutados Políticos de Valdivia.

Maximiliano Reyes Feris, baterista del grupo Los Tetas.

Emiliano De Rokha, Pintor.

Con copia a:

. Ministro del Interior y Seguridad Pública, Señor Rodrigo Peñailillo Briceño.

. Ministro de Justicia, Señor José Antonio Gómez Urrutia.

. Intendente de La Araucanía, Señor Francisco Huenchumilla Jaramillo.

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