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La derecha, atrincherada en el quórum de los dos tercios, perdió ampliamente, pero igual bloqueó un proyecto de reforma constitucional que apuntaba a consagrar el agua como un bien común de uso público.
A pesar de ser más que doblada en votos, la derecha «rechazó» la idea de legislar del proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de aguas, que pretendía consagrar la «naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a toda la ciudadanía agua como un bien de uso público».
Este es un ejemplo, y un anticipo, de lo que cabe esperar con el proceso constituyente prohijado por el «Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución» firmado el 15 de noviembre pasado por la derecha, la concertación y lo que queda del Frente Amplio.
Para la aprobación del proyecto se necesitaban dos tercios de la Cámara Alta, es decir, 29 votos.
El proyecto recibió 24 votos a favor y 12 en contra, y por tanto, la iniciativa quedó completamente descartada, por lo cual, si sus autores quieren reponer el tema, tendrían que presentar un proyecto nuevo, no antes de un año.
Dicho proyecto refunde nueve mociones distintas, entre cuyos autores se encuentran los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro, Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Adriana Muñoz, Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Francisco Chahuán y los ex senadores Nelson Ávila, Antonio Horvath, Carlos Ominami, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Mariano Ruiz-Esquide, Ricardo Núñez, Guillermo Vásquez y José Antonio Gómez.
La reforma tiene por objeto consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación:

– Consagra constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público.

– Entrega a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.

– Garantiza la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.

– Contempla el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

Despúes de su pírrica e infructosa victoria, a los legisladores opositores no les quedó más que afirmar que se buscará reponer en el debate de la Convención Constituyente donde, supuestamente, se reescribirá la Carta Fundamental.
Nada garantiza que, en virtud de las extrañas matemáticas guzmanianas de los quórum calificados y los «contrapesos», donde se gana perdiendo, el resultado vaya a ser distinto.
Esos legisladores no pueden quejarse hoy por lo que ayer concedieron, alegre y perfectamente conscientes.
En consecuencia, lo único que corresponde es que el Chile movilizado, aquel que despertó, imponga en los hechos el principio democrático de la victoria de la mayoría, en el plebiscito del 26 de abril.
Chile no puede seguir sometido al secuestro de la soberanía popular y a la democracia de baja intensidad, producto del pacto entre la derecha, la concertación y el izquierdismo marrón de lo que queda del ex frente amplio, en defensa del sistema neoliberal.
Con este nítido ejemplo, no queda más que prepararse para ese momento crucial.
-Artículo publicado también en RedDigital
 
 
 
 

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La propuesta de ley , que data del gobierno de Michelle Bachelet (2017), fue modificada principalmente por medio de la indicación de la actual presidenta de la mentada Comisión, Carmen Hertz, que sanciona penalmente la negación a las violaciones  a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil militar y consignadas en los informes Rettig y Valech (fuente prensa Cámara de Diputados). Lo que sanciona este proyecto de ley son, tal como señala la diputada Hertz, es la negación de hechos concretos.

Frente a las voces que impugnan este proyecto, por atentar contra la libertad de expresión, cabe recordar que los Pactos Internacionales señalan que toda apología “que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley” (PIDCP). Si bien se prohíbe el tipo de discurso, no se criminaliza explícitamente. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial “sí establece la obligación de generar una sanción penal respecto a la incitación al odio racial, si bien su Comité (CERD) ha establecido que los países tienen un margen de discrecionalidad respecto al uso de esta herramienta, pudiendo prevenir y sancionar la incitación a la discriminación sin necesidad de recurrir a la utilización del derecho criminal” (Informe Proyecto de Ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, INDH, 2014)

Uno de los nudos a desentrañar en esta polémica justamente nos lleva a los límites del ejercicio de la libertad de expresión con el respeto de la dignidad humana, que se vincula con “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” (PIDCP). Cuando en público se niegan o reivindican los crímenes de lesa humanidad, la dignidad y revictimización de las víctimas está en juego. La verdad de los hechos está en juego. El piso mínimo de sana convivencia está en juego. En sumas cuentas, el efectivo respecto de la dignidad humana en juego.

En el límite de la tolerancia se encuentran aquellas expresiones públicas que promueven la construcción de sociedades violentas y discriminatorias, y que en el caso del negacionismo y de la reivindicación de las violaciones a los derechos humanos atentan no solo contra la dignidad de las personas, sino contra las garantías de no repetición; que a estas alturas sabemos que en nuestro país no se encuentran dadas, a pesar de los avances, en la medida de lo posible,  en materia de justicia.

Países como Alemania, Francia, Israel, Bélgica e Inglaterra y Suiza se penalizan los discursos negacionistas y aquellos que incitan al odio. En el caso de Alemania, las penas pueden alcanzar los cinco años de prisión. En Estados Unidos, por el contrario, no se sancionan este tipo de expresiones, acogiéndose a la Primera y Decimocuarta Enmienda, que protegen la libertad de expresión, incluso en el caso de aquellos discursos de incitación al odio, como los de supremacía racial del Ku Klux Klan. Cabría recordar que Estados Unidos no ha vivido el genocidio dentro de sus fronteras.

A nivel institucional y público los discursos que niegan o justifican los crímenes de lesa humanidad mediante el apoyo a los regímenes que cometen estas atrocidades, como la dictadura en Chile, que violó los derechos humanos de manera de manera premeditada, sistemática y masiva, se encuentran sin duda dentro de los niveles más preocupantes de incitación al odio. De mayor preocupación es que estas declaraciones provengan de congresistas, quienes ocupan un espacio de representación pública para tratar de terroristas a aquellos que fueron torturados por agentes del Estado o para declararse pinochetista y agradecida del gobierno militar. En este sentido, cabe recordar que son los Estados los garantes del efectivo respeto de los derechos humanos y que los crímenes de lesa humanidad, desde el punto de vista del derecho internacional, son cometidos por agentes del Estado para recibir tal denominación.

En los últimos meses varios sitios de memoria y memoriales han sido atacados, por lo que más allá de los discursos negacionistas, resulta indispensable que el Estado proteja y asegure la permanencia de estos lugares donde las memorias colectivas en torno a nuestro pasado reciente se preservan y construyen, apuntando siempre a la promoción de una sociedad cada vez más democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Recientemente el Ejecutivo retiró la urgencia simple al proyecto que sanciona el negacionismo. Recientemente también presentó un proyecto de ley que busca conmutar las penas de reos mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de la condena impuesta, que padezcan enfermedades terminales o algún impedimento físico que provoque dependencia severa.  Esta iniciativa, por cierto, incluye a los reos de Punta Peuco. En estas circunstancias cabe preguntarse por la pertinencia de legislar contra el negacionismo.

–La autora, Mariana Zegers Izquierdo, es Secretaria General de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

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Ese fue el ejército enemigo de aquellos UDI/RN, segmento pequeño, miserable, patético, corrupto y ladrón, esos se ufanan permanentemente.

Lloran PuntaPeuco, que no siendo lo esperado, está presente la marcada traición de la Nueva Mayoría, finalmente en algo alegra la mañana.

Nunca en la historia de Chile, país subdesarrollado, siempre a medio terminar y a medio construir se había constatado toda una jauría de depredadores alcanzando el poder para apropiarse del dinero de tantos millones de chilenos, bajo la forma de un sistema previsional espurio, mezquino y miserable. Los derechos básicos entregados a la banca, y la vida secuestrada sobre cheques o dinero fresco. La derecha, esa que explota hasta el cansancio nuestros recursos naturales sin importarle el futuro y destino de las nuevas generaciones, esa es la que gobierna.

Piñera es el pinochetismo puro y duro…

La ofensiva de la derecha, sus grupos económicos nos lleva a que no es posible olvidar el gigantesco tráfico de boletas/facturas/modificaciones a la ley, que a cambio de dinero por medio. Todo un país vio como sus diputados y senadores, candidatos a la presidencia se convertían en pillos, tartufos de baja monta. El yerno de Pinochet financiando los gastos de PPD. Toda la camarilla de UDI recibiendo dinero del PENTA llegando hasta el raspado de la olla. CasaPiedra colocó dinero en sus peones porque de esa forma asegura la mantención del actual modelo existente. El tipo de democracia que a ellos les satisface. Socialistas convertidos en lobos de la bolsa en la ruleta financiera de Ponce Lerou. Los hijos democristiana Pizarro/León y otros con los bolsillos llenos de boletas falsas.

La democracia de la que tanto se ufana la derecha es la que milita y canta en sus bolsillos. Es un mito su espíritu democrático y la creencia en las instituciones. La derecha cree en ella y esperando se les entregue más granjerías como lo será la mal llamada Reforma Tributaria. Piñera intenta hacer llegar más dinero a sus adalides, sus benefactores, sus mecenas, los herederos del pinochetismo.

Chile es un país donde los ciudadanos están convertidos en recolectores de dinero fiscal, porque son las personas las que pagan tributos. En Chile las empresas no pagan nada, menos la iglesia, y algunos otros favorecidos.

La llegada de Piñera al gobierno con el paso de los meses deja en evidencia que lejos de ser los tiempos mejores, frase extremadamente populista, demuestra que es posible vencerlo con los pocos espacios que deja en modelo. No es con este contingente que los chilenos llegaran a los niveles del desarrollo, de eso estamos muy lejos.

Cayó su converso Rojas en cultura de mediocre estatura que no alcanzó a firmar ni un proyecto, ni tampoco su primera foto en el sillón de ministro. La memoria lo derrotó, nuestros compañeros lo ganaron, la justa memoria tantas veces negada lo colocó la espalda en la muralla, la derecha conoce el peso de la verdad, aunque para ellos sean un montaje. El chico Pérez, Lumi, Liendo, Krause, y tantos más le ganaron, y así será por todos los tiempos de los tiempos.

Hay un buen momento para empezar a dar pasos en la construcción de un bloque esta vez más amplio, que se vista formalmente de popular, con propuestas democráticas profundas, que los pasos vayan al desmantelamiento definitivo de todo lo fáctico heredado de la dictadura. Que no tenga miedo a defender lo más profundo de las aspiraciones postergadas por años con las políticas del dialogo y el consenso del que sólo se beneficia la derecha.

Los grandes proyectos sociales no son hijos de los laboratorios, nacen de la correcta interpretación de la realidad con la participación activa de tantos y en tantos frentes y lugares de la patria.

La bandera de lo popular está presente o no habrá cambios ni actores dispuestos a trabajar por aquello, sin el pueblo no habrá nada nuevo, y eso es lo que se necesita para un país diferente, con su historia y su gente. La calle puede que para algunos el pasaje al parlamento, pero en el fondo, las huelgas, las banderas, la pancartas, el trabajo en el Chile profundo es lo más serio para tomar el futuro entre las manos y vencer, de eso se trata.

El largo listado de derechos fundamentales que se necesita para vivir dignamente, no se alcanzarán con la derecha, son justamente ellos los que impiden y laboriosamente trabajan para negarlos sistemáticamente. La calle debe volver a ser el lugar desde donde se debe cuestionar el gobierno, su forma de gobernar y comenzar a horadar sus pilares de modelo clasista.

Cada día del piñerismo gobernando, deja en evidencia la precariedad con que gobernó toda la Nueva Mayoría. Es que la derecha ni siquiera trabajó para juntar sus votos, le cayó del cielo entre negociados pero especialmente por la falta de liderazgo. Todo un negocio, ni siquiera el mínimo gesto de rebeldía para hacer caer la ley de pesca, terminar con el CAE, pero sin embargo todo un aparato militar habitado por ladrones de alto rango que transitan con plena impunidad.

Finalmente sabemos que ningún alto oficial de las Fuerzas Armadas ladrón, pasará por una cárcel, terminarán viviendo de sus elevadas pensiones sin que nadie diga nada, y solamente cause algún malestar.

El espectáculo que ofrece el Frente Amplio en el menú político chileno hace  poner en legítima duda su capacidad para gobernar. Celebramos la diversidad en su interior pero defender a la UDI en su agresión a las víctimas de la dictadura pone todo en duda. Hay algunos pequeños gestos puristas pero que olvida el paso de toda la historia obrero y popular chileno.

Se esperaban pasos más significativos en la reconstrucción de una nueva forma de oponerse al modelo, dado el ímpetu con la que irrumpen en el escenario político parlamentario, aunque lo sustancias es el apoyo alcanzado en algunos sectores de la ciudadanía. Deben reconocer los FA que en los sectores más pobres, las zonas donde eternamente el desarrollo tiene abandonadas, no alcanzaron a levantarse las banderas coloridas.

Chile es un país con tiempos cortos entre una y otra elecciones, al parecer es entre estos espacios donde algunos deben ponerse de acuerdo. Hay que recordar que los cargos públicos no son incontables, y eso corre en contra de hacer más anchas las alamedas. Cuando se decide transitar bajo los parámetros de dialogo y la cooperación lo que se prolonga es el injusto modelo, el alargamiento de la pauperización en las condiciones de vida de millones, o como gusta decir, a la inmensa mayoría de los chilenos

La vida es ahora y se debe tomar en serio.

La desesperanza, la traición, la negación constante de derechos entregando migajas y precarias políticas de Estado, puede hacer que se tomen otros rumbos, tanto o más validos cuando la vida está en constante peligro, y el final de túnel también esté legitimado por la historia.

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Jacqueline Ryssenberghe, presidenta de la UDI, acude a la cárcel de Punto Peuco para visitar a los peores genocidas de la dictadura, exigiendo medidas de clemencia y el perdón presidencial, bajo el pretexto de estar añosos y padecer enfermedades.

El candidato de los partidos UDi, Renovación Nacional y el PRI es el ex Presidente Sebastián Piñera, quien creyendo que los ciudadanos son tontos y, sobre todo, desmemoriados, aspira, nada menos, que a repetirse el plato.

En 2009, en su primer período, no triunfó  por sus méritos, sino por la incapacidad del candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, sino a causa de la incapacidad del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El financista Piñera y el ingeniero Frei Ruiz-Tagle tienen en común una crasa ignorancia respecto de la cultura humanista: el primero sólo lee las revistas financieras y, el segundo, la mecánica popular, y ambos se desempeñaron deficientemente como Presidentes de la República.

Nadie puede negar que Sebastián Piñera es un humorista muy superior al Bombo Fica y a Stephan Kramer: sus famosas “piñericosas” son de antología, además, es el rey de las metidas de pata, que antes avergonzaban un poco a su mujer, Cecilia Morel, pero ahora los chistecitos machistas no son más que expresión de la falta de respeto del candidato de la derecha, por las mujeres, los inmigrantes, los mapuches y los “rotos”. Al fin y al cabo todos estos “especímenes” son fáciles de convencer haciéndoles creer que si votan por él llegarían a convertirse en millonarios.

Los engaños de Piñera a los ciudadanos arribistas marchaban más o menos bien hasta que se le ocurrió hecha en Linares, durante la  proclamación en esa ciudad: “Me acaban de sugerir un juego muy entretenido.  Todas las mujeres se tiran  al suelo y se hacen las muertas, nosotros, los hombres, nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece?”.

Como era evidente, Piñera estaba haciendo una apología a la violación con esta “genial” ocurrencia. Lo mínimo que se puede decir es que cuando abre la boca, la embarra, y que es un tipo bastante desubicado para pretender  ocupar la presidencia de la república.

El prontuario de Sebastián Piñera con relación a la política y los negocios, como también su actuar como empresario ha estado siempre al límite de lo legal, lo que le ha permito zafar en múltiples ocasiones de la justicia que, en Chile, siempre “se inclina por el lado del queso”, como lo diría el poeta Vicente Huidobro, sin embargo, es innegable que su actuar como empresario y como político están reñidos con la ética.

Que haya sido prófugo de la  justicia en el caso del Banco de Talca, durante la dictadura de Pinochet, que haya sido parte del espionaje de la Radio Kioto, que en Argentino esté acusado de soborno, aunque el delito haya prescrito, que haya decidido nombrar a sus nietos en el directorio de sus empresas, que aún no se aclare su participación en Exalmar, como tampoco la utilización del comodato “ciego, sordo, mudo y leproso” durante su primer mandato y que al fin haya  terminado más rico luego de dejar la casa “donde tanto se sufre”, La Moneda, no tiene ninguna importancia, pues los ciudadanos enceguecidos siguen apoyándolo, así sea con encuestadoras pagadas por él mismo.

En una entrevista del periodista Daniel Matamala, de CNN, se negó a reconocer y condenar las actuaciones  de su ministro Pablo Longueira y del subsecretario de Minería, Pablo Wagner, ambos personajes formalizados por los fiscales del caso Penta y de SQM.

En otro orden de cosas, el candidato de Evópoli, Felipe Kast, se presenta a las primarias como el representante de la derecha liberal – como si ésta existiera en Chile -, pero es un liberal tan conservador que condena el aborto por las tres causales – el rector de universidad  Diego Portales, Carlos Peña, lo llama “liberal descafeinado” – a nadie engaña con su paso por Cuba y sus fotos con su mujer cubana, en las gradas de la Universidad de La Habana, y lo único que tiene progre es hablar de los pobres y la pobreza esporádicamente. Felipe Kast no es más que uno de los mozos de Piñera y está ahí para engañar a los tontos que creen que hay derecha liberal.

El otro candidato de la derecha a estas primarias es el ultraconservador Manuel José Ossandón, quien rechaza la píldora del día después, el matrimonio igualitario y el aborto, es decir, como caballero católico, no acepta ninguna legislación progresista, incluso profiere brutalidades como la de “meterle bala a los mapuches”.

El mérito de Ossandón es similar al personaje del “Gran Señor y Rajadiablo”, del escritor Eduardo Barrios: empatiza y comunica a la perfección con los huasos – no en vano fue alcalde de la comuna más populosa de Chile, Puente Alto -; como postulante a la senaduría por Santiago Oriente, venció al siútico relamido de Laurence Golborne. Ossandón le saca el jugo a su título de técnico agrícola  para pregonar por doquier que es el chileno que más conoce a los pobres y los protege y quiere como a sus hijos. Es el viejo hacendado feudal, protector de los desvalidos, y todo en nombre de Dios.

En el programa Tolerancia-0 Ossandón hizo el loco, pero sólo a los entendidos en política les puede importar que ignore el Tratado de París sobre el medio ambiente u8 otros temas nacionales e internacionales.

En las encuestas de opinión no sólo disminuye, sino que aumenta el apoyo ciudadano. Ossandón tiene el valor enfrentar sin ambages al candidato Piñera, a quien le encara recordándole su falta a la ética y la transparencia y la mezcla entre dinero y política.

En el Foro Radial, donde participa también la periodista Pilar Molina, seguidora de Piñera y derechista de tomo y lomo, se atrevió a imputar al candidato Ossandón y a su hermana de haberse beneficiado con boletas ideológicamente falsas, presuntamente expedidas por el empresario, Juan José Gana. De  inmediato, este candidato amenazó a la periodista aludida con una querella por injurias y calumnia con publicidad. Hasta ahora, el director de Impuestos Internos niega la existencia de estas boletas. Los  hermanos Ossandón están abocados a reunir más antecedentes sobre el caso para dar paso a la querella.

El circo de la derecha se hace cada día más miserable, patético y de pésima calidad.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

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Quienes manejan los hilos políticos sabían que eso terminaría así, entrampado en el esquema de los consensos entre la derecha y la vieja concertación, con resultados acotados en el margen de lo que se establece con anterioridad para las negociaciones finales. Un modelo en el cual las bases sociales, gremiales y sindicales no son determinantes a la hora de decidir en sus organizaciones, reproduciendo el ejercicio de una democracia representativa anacrónica que neutraliza la participacion.

Y sucede así porque Chile es un país aprisionado entre dos derechas lo que hace difícil pensar que, en este contexto político, surjan soluciones a favor de los trabajadores y trabajadoras. Una derecha heredera de Pinochet que intenta limpiar su pasado, renombrándose como centro derecha, que difunde el desprecio por lo público, exalta el individualismo y la propiedad privada, transformando esto último en la piedra angular de la vida social, política, económica y cultural del país.

La otra es la derecha concertacionista, que disfrazada en un discurso de centro izquierda abandonó la dimensión política, social e intelectual, que le constituyó históricamente en una alternativa a la explotación del ser humano. Hoy es una centro izquierda obsesionada en alcanzar pactos y consensos políticos para mantenerse en el poder, manejándolo en una lógica contraria al interés social y publico, sin intención de resolver los problemas de fondo.

Por lo tanto, en este contexto la alternativa está el con el pueblo en las calles, con la oposición de dirigentes que representen y se comprometan con el interés de los trabajadores y trabajadoras. Esta es la única alternativa para neutralizar las recetas y soluciones que ahogan los conflictos sociales, entregando ajustes y reajustes salariales, sin salirse de los márgenes estrechos que la economía neoliberal deshumanizada  permite.

En nuestro país se olvida rápido, pero lo sucedido con el reciente paro, sucedió antes y con los mismos actores, pocos recordarán que uno de los actuales ministros políticos de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre. El mas cuestionado del actual gabinete, ex Ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, ex funcionario del FMI, se negó en su oportunidad a que el estado cobrara royalties a las compañías mineras extranjeras, aduciendo que “produciría la ruina del sector” y perjudicaría los nuevos proyectos de inversión extranjera.

De la misma manera que, con estos mismos argumentos, tanto este ministro y otros, así como parte de los actuales parlamentarios, dirigentes de los partidos de la derecha, aliados con la vieja concertación,  permitieron que el sistema previsional se transformara en una gigantesca maquinaria financiera. Por años fueron cómplices de este sistema, que transfiere los recursos de las pensiones de todos, hacia una pequeña elite del mundo corporativo y de las finanzas, para alimentar sus inversiones y riquezas. Un modelo criminal, que durante toda la vida laboral le quita las jubilaciones a las personas, condenando  a millones de chilenos y chilenas a una vejez empobrecida.

Esta suerte de oligarquía política, quieran reconocerlo o no, es manejada por un grupo de empresarios y banqueros, quienes controlan las principales entidades financieras, los grupos empresariales y los medios de comunicación. Un grupo selecto que ha corrompido la política, financiando a partidos y a políticos para que estos legislen a su favor y para mantener sus privilegios.

Con todo esto lo que queda claramente demostrado es que al final, por  42 años, diecisiete de dictadura y 25 de gobiernos democráticos (en realidad en una democracia protegida), hemos sido gobernados, hasta hoy, por la idea original del modelo de país que diseñó Jaime Guzmán, quien señaló que “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.

Esta es la realidad que enfrentamos los chilenos y chilenas, atrapados entre los que defienden el modelo neoliberal desde su imposición en 1973 y los que posteriormente se transformaron en sus eficientes administradores. Proponiéndonos cada cuatro años, para cada elección presidencial, una apariencia de cambio mas o menos progresista, con el fin último de que la base, el núcleo del sistema, permanezca incólume e inalterado.

Pero bueno, la lucha por una sociedad mas justa e inclusiva nunca ha sido fácil, sobre todo en la sociedad en que vivimos, en la cual la voluntad y el fin del sistema es la acumulación del dinero, primándola por encima del bienestar de la sociedad. Contexto en el cual los chilenos y chilenas, quedamos a merced de elites económicas y políticas a las cuales no les interesan ni saben de nuestras necesidades, simplemente somos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecerles a costa de los abusos y carencias que todos sufrimos.

El reciente paro de los y las trabajadoras del Estado y otras manifestaciones de inconformidad y hastío ciudadano, que vienen repitiéndose desde el 2006, nos dejan lecciones que debemos asimilar, la principal de ellas es que no podemos confiar nuestro futuro al discurso vacío de un crecimiento abstracto, que inmoviliza y que nunca redunda en beneficio de la mayoría. Por mas que crezca la economía, como ya ha sucedido, el fruto de ese crecimiento y de la riqueza, no nos llegó ni llegará, sino que, solo en migajas para paliar en parte sueldos indignos.

Ese discurso se agotó, como también, la confianza en políticos que lo han propagado por años, quienes han renunciado a toda consideración social de tipo universalista, subordinando la moral a la codicia, y han caído en un materialismo mezquino y rabioso.

El camino al futuro empieza en la movilización social sin esperar a que sean otros los que resuelvan nuestros problemas, ya sabemos que organizándonos desde abajo se les exige a los de arriba, en una lucha que es de clases y que sigue existiendo. En Chile el país mas desigual del planeta, la lucha de clases no es una elección estratégica, es una imposición pragmática de las elites en el poder, por lo cual organizarse y luchar por nuestros derechos es la única salida a un modelo neoliberal que nos ha corroído el alma y nuestras vidas.

Para los eternos candidatos: La política más que una profesión es una pasión de orden creadora, donde la preocupación central es ayudar a los demás… Pepe Mujica

https://www.youtube.com/watch?v=7MGAmxeJjTY

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PRESIÓN SOBRE EL SII

Con la posibilidad cierta de que Délano y Lavín enfrenten la prisión preventiva tras la audiencia de formalización programada para este miércoles 4 de marzo, las presiones sobre el SII arreciaron la semana pasada. El lobby sobre sus máximos directivos buscaba retrasar la ampliación de la querella del organismo fiscalizador contra los responsables del Grupo Penta, acción judicial que se presentó finalmente este lunes 2 de marzo. ¿La razón? Minimizar la posibilidad de que el tribunal, en la audiencia del miércoles 4, aplique a los dueños de Penta la medida precautoria de privación de libertad.
Para los dueños de Penta era crucial impedir que la ampliación de la querella del SII se concretara antes de que el holding pagara $4.900 millones a la Tesorería General de la República por “impuestos adeudados” -más reajustes, intereses y multas- en algunas de las operaciones que realizaron para pagar bonos y remuneraciones de sus ejecutivos. La devolución a la Tesorería se efectúo a fines de la semana pasada, antes de que el SII ampliara su querella. De esta forma, el pago de los $4.900 millones puede ser presentado por la defensa de Délano y Lavín como una atenuante a tener en cuenta por el tribunal, en la audiencia de este 4 de marzo, para evitar la prisión preventiva de los imputados.
El ocultamiento de la mayor parte de las operaciones forward entre Penta y CB y el monto del eventual fraude tributario involucrado en ellas, terminaron de convencer a los fiscales de dos cosas: que la colaboración que asumieron a principios de enero Délano y Lavín no fue más que una maniobra dilatoria y que, bajo esta circunstancia y tomando en cuenta la conmoción pública que ha generado la investigación judicial, pedir la prisión preventiva está dentro de las posibilidades.
El equipo del Ministerio Público que lleva el proceso está ahora encabezado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien asumió la investigación el martes 24 de febrero, secundado por los dos fiscales que han llevado la indagatoria desde sus inicios: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La irrupción del fiscal nacional, que fue presentada por el Ministerio Público como carta de garantía de que la exhaustiva indagatoria del fiscal Gajardo no sería minada por presiones externas, gatilló el reforzamiento del lobby de Penta. La última ofensiva de los dueños del holding incluyó la filtración del pago a la Tesorería efectuado la semana pasada, presentado por diversas versiones de prensa precisamente como una atenuante para evitar la prisión de los imputados.

SIETE VÍAS PARA EVADIR IMPUESTOS

Más allá del gesto que involucra el pago de los $4.900 millones, la investigación del Ministerio Público apunta a que los ilícitos tributarios del grupo son tantos y de tan diverso orden, que la única conclusión posible, de prosperar la acusación de la Fiscalía, es que Penta se constituyó en una verdadera máquina de defraudar al Fisco. Las operaciones del grupo son una muestra gráfica de lo que en el SII llaman “industria de la evasión”, la que se origina en planificaciones tributarias “agresivas” diseñadas por asesores especializados para burlar el pago de tributos.
CIPER revisó detalladamente todos los hechos investigados por el Ministerio Público y pudo determinar que, a lo menos, son siete las fórmulas que habría utilizado Penta y que eventualmente le permitieron burlar el pago de impuestos y/o conseguir beneficios tributarios indebidos:

• Contratos forwards manipulados para perjudicar al Fisco.
• Boletas y facturas falsas para enmascarar bonos y remuneraciones de ejecutivos.
• Pagos de asesorías hechos por el Banco Penta para disfrazar sus pérdidas.
• “Arriendo” de acciones para rebajar el pago de patentes municipales.
• Pérdidas ficticias de las empresas productivas del holding.
• Retiros y préstamos irregulares para beneficiar a familiares.
• Boletas falsas para justificar gastos (incluyendo aportes a campañas políticas) y pagar remuneraciones de familiares de los controladores.

LA FÓRMULA DEL ENGAÑO

Cuando a comienzos de enero Délano y Lavín declararon ante el fiscal Gajardo, éste ya tenía en su expediente información sobre los forward.  Hugo Bravo, uno de los imputados y ex ejecutivo de confianza de Délano y Lavín, ya había mencionado en sus declaraciones la existencia de contratos irregulares entre Penta y la consultora VSA. Los dueños de Penta no pudieron negarlos. Pero como estos forward no pueden justificarse como “errores de contabilidad”, pues se hicieron con la única intención de evadir impuestos, trataron de controlar los daños. El efecto de esta información podía ser demoledor en el juicio.
El arqueo del SII estableció que el Grupo Penta firmó cuatro contratos forward con VSA entre enero y febrero de 2013, los que involucraron transacciones por un total de $7.341 millones y generaron una “pérdida ficticia” para las empresas de holding que sumó $324 millones. Los forwards correspondían a una compraventa de dólares a valor futuro que se liquidarían entre tres y cuatro meses después de firmados los contratos.
En la práctica, al firmar estos contratos ambas empresas apostaban a que el precio que tendría el dólar cuando se liquidara la compraventa les sería favorable. La irregularidad es que las fechas de los contratos fueron manipuladas. Así lo estableció la investigación de la Fiscalía y la reciente ampliación de querella del SII: los documentos se redactaron después de la fecha estipulada para la liquidación de los contratos, por lo que ambas partes se coludieron para que Penta “perdiera” dinero.

LOS FORWARDS CON VSA

Impuestos Internos alcanzó a incorporar en su ampliación de querella –presentada el lunes 2 de marzo- sólo los forwards entre Penta y VSA. Los contratos con CB Consultoría ya fueron informados por la Fiscalía al SII, y el organismo tributario está en la etapa de recopilación de antecedentes. De allí que en su querella el SII informó al tribunal que los contratos forward suscritos entre Penta y CB “presentarían las mismas características y condiciones de celebración” que los firmados con VSA.
De los cuatro contratos forward entre Penta y VSA en 2013, tres de ellos fueron suscritos por Empresas Penta. Estos arrojaron una “pérdida ficticia” de casi $303 millones (vea imagen con los pagos hechos por Empresas Penta a VSA). Dos de estos tres contratos fueron firmados por Carlos Alberto Délano y Hugo Bravo, en representación de Empresas Penta, lo que diluye la supuesta responsabilidad exclusiva de Bravo en estos manejos.

El cuarto contrato con VSA fue suscrito por Inversiones Penta III. En este caso, la “pérdida ficticia” para esta empresa de Penta fue de $21,2 millones (vea imagen con los pagos de Inversiones Penta III a VSA).

A su vez, el SII detectó que la Inmobiliaria Duero, sociedad que concentra los negocios de la familia Délano, firmó también un contrato forward con VSA en 2013, operación que le dejó una “pérdida ficticia” de $39,2 millones (vea imagen con los pagos hechos por Duero a VSA). Este contrato fue firmado, en representación de Duero, por dos hijos de Carlos Alberto Délano: Macarena y José Luis Délano Méndez.

Por los forwards con VSA, el SII imputó a Hugo Bravo López, Manuel Antonio Tocornal y Óscar Buzeta Undurraga (como representantes legales de Empresas Penta); Carlos Eugenio Lavín y Marcos Castro Sanguinetti (como representantes legales de Inversiones Penta III); Carlos Alberto Délano (representante legal de Inversiones Penta III e Inmobiliaria Duero); Pedro Ducci Cornu, Carlos Délano Méndez, Macarena Délano Méndez, Pablo Délano Méndez y José Luis Délano Méndez (representantes legales de Inmobiliaria Duero).
A todos ellos, el SII les adjudica el siguiente ilícito: “Haber presentado declaraciones de impuesto a la renta (…) que contenían información falsa, al dar cuenta de las pérdidas provocadas por contratos que (…) tuvieron como causa de celebración la evasión deliberada del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta de las sociedades señaladas”.
Además, ni Penta ni VSA entregaron al SII las declaraciones juradas, mensuales y anuales, que debían acreditar que los contratos efectivamente fueron suscritos en las fechas estipuladas en los mismos documentos. Fue este incumplimiento el que, precisamente, permitió la manipulación de las fechas detectada por la Fiscalía y corroborada por el SII.
Según la querella presentada por Impuestos Internos, la manipulación de los forward expone a los infractores a multas que van desde el 50% al 300% del valor de los impuestos no pagados y presidio menor en sus grados medio a máximo.

LA OPERACIÓN ABORTADA EN 2014

La misma operación realizada en 2013 por los dueños de Penta para evadir impuestos en concomitancia con VSA se habría concretado en 2014, de no mediar la investigación judicial de Gajardo y Norambuena. La operación para enmascarar los pagos de bonos y sobresueldos a través de contratos con VSA ya estaba en marcha, aunque con algunas modificaciones. Según Hugo Bravo, el año pasado los dueños de VSA rechazaron seguir utilizando forwards y plantearon una nueva fórmula: que Penta les pagara una asesoría falsa, dinero que luego serviría para cancelar  incentivos a sus ejecutivos sin impuestos. Esa asesoría ficticia la brindaría Siglo Outsourcing, empresa que encabeza el mismo controlador de VSA: Tomás Roberto Carrasco.
Las asesorías falsas fueron contratadas por Penta en marzo de 2014. Pero, cuando a mediados de ese año los fiscales cayeron sobre la contabilidad del grupo, todos los contratos fueron resciliados y Siglo Outsourcing restituyó el dinero. Las empresas del holding que pagaron estas asesorías fueron Penta INF (a través de un contrato por $73 millones), Penta III ($27 millones) e Inversiones Banpenta II ($19 millones). También se firmaron contratos de asesorías ficticias de VSA a Penta III (por $83,5 millones), Inversiones Banpenta II (por $83,5 millones) y Empresas Penta (por $103 millones). En total, las asesorías falsas de Siglo Outsourcing y VSA al holding Penta llegaban a $389 millones.
Como la investigación judicial abortó la operación, en agosto de 2014 Penta liquidó los bonos de sus ejecutivos pagando todos los impuestos. Por ejemplo, la liquidación de sueldo del gerente corporativo del holding Penta, Manuel Antonio Tocornal, en agosto de 2014 registró haberes por sobre los $200 millones, incluyendo un bono de $190 millones, por lo que debió pagar $78 millones en impuestos. El gerente de Administración y Finanzas, Óscar Buzeta, recibió ese mes un bono por $96 millones, pagando $41 millones en impuestos. El gerente de Contabilidad, Marcos Castro, tuvo un bono por $63 millones y pagó más de $27 millones en impuestos.

BOLETAS Y FACTURAS PARA OCULTAR BONOS

Además de los incentivos y remuneraciones cancelados mediante los forwards, el Grupo Penta también pagó otros sobresueldos a sus ejecutivos a través de boletas de honorarios y facturas por trabajos que nunca se hicieron. Esto provocó una doble pérdida tributaria: por una parte las empresas Penta disminuyeron su base imponible, al enmascarar estas remuneraciones como gastos, y los beneficiados con los pagos no cancelaron los impuestos asociados a sus remuneraciones reales.

PAGOS DEL BANCO PENTA

El primer ejecutivo de la plana mayor de  Penta que concurrió a declarar a la Fiscalía, fue el ex gerente general del Banco Penta y actual miembro de su directorio, Marco Comparini. Lo hizo el 6 de octubre pasado. En esos días recién había explotado el escándalo y la prensa se centraba en el financiamiento ilegal de campañas políticas (vea reportaje de CIPER La Lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta). Entonces, la estrategia del Grupo Penta era desacreditar a Hugo Bravo, el ex ejecutivo del holding que reconoció las irregularidades tributarias para evitarse las sanciones más graves.
Bravo había declarado que el Banco Penta, para no afectar su imagen, enmascaraba sus pérdidas contratando asesorías y servicios de empresas del grupo, como Penta Corredora de Bolsa. El ex gerente general de Empresas Penta afirmó que entre 2006 y 2010 se traspasaron $5 mil millones al banco mediante facturas de empresas relacionadas. Entre estas operaciones, mencionó asesorías de inversión prestadas por la corredora al Banco Penta.
Comparini llegó a la Fiscalía a hacer una presentación con gráficos y documentos referidos a ejemplos de otros bancos a nivel nacional e internacional para demostrar que las denuncias de Bravo no tenían asidero. Ante el fiscal afirmó que estaba previsto que el Banco Penta, que inició sus actividades en 2004, tuviese pérdidas en sus primeros años. En esa etapa de consolidación, señaló, lo que afecta la imagen de un banco no son sus eventuales pérdidas, sino otros indicadores: como su clasificación de riesgo o el “índice de Basilea” (que también mide el riesgo al que están expuestos los bancos). En este contexto, sostuvo Comparini, operaciones como las que describió Bravo para disfrazar las pérdidas tendrían efectos marginales. Sólo aquellos que no conocen el negocio bancario, sugirió, podían prestar oídos a las denuncias del ex ejecutivo.
Tras la exposición de Marco Comparini, el fiscal Gajardo le exhibió dos correos electrónicos. Ambos fueron enviados por el propio Comparini a Hugo Bravo, uno del 13 de octubre de 2010 y otro del 20 de enero de 2009. En los dos correos Comparini menciona operaciones dentro del holding para “subsidiar” al banco:
“Don Hugo me tomé la libertad de aprobar estos cambios de fondos para subsidiar al banco. Para Penta no es más que cambiarse de fondos y prácticamente mantiene los mismos tipos de activos”, dice el correo de enero de 2009.
El de octubre de 2010, señala: “La factura de 60 mm (millones) es el segundo cobro del banco a Penta por Rucatayo… Rucatayo es solo la pantalla para que subsidies al banco para que no salga con pérdidas” (Rucatayo es un proyecto de generación eléctrica en el que Penta analizó invertir).
Después de que el fiscal le exhibió estos correos, Comparini no siguió con su académica exposición: “Lo que puedo decir de este correo lo manifestaré en la próxima entrevista”. Ahí puso fin a su declaración.
Los ejecutivos de Penta no volvieron a declarar ante la Fiscalía. Aquellos que fueron citados se acogieron a su derecho a guardar silencio. Probablemente, enterados por Comparini del tenor de las pruebas y antecedentes que tenía el Ministerio Público, decidieron no volver a hablar frente a los fiscales hasta que lo hicieron sus jefes, Délano y Lavín, en enero de este año.
La revisión que hizo el SII y que fue expuesta en la denuncia que ese organismo presentó el 8 de octubre de 2014, dos días después de la declaración de Comparini, confirmó parcialmente lo expuesto por Hugo Bravo. Aunque Impuestos Internos no pudo comprobar que los traspasos del banco a otras empresas del holding sumaran $5 mil millones, como lo denunció Bravo, sí acreditó que en los años 2009 y 2010 se traspasaron $2.058 millones desde el Banco Penta a Penta Corredores de Bolsa por servicios no prestados. Estos servicios ficticios, estableció el SII, eran presentados como asesorías financieras.
El SII denunció que el efecto de estas operaciones fue que Empresas Penta “rebajó de forma indebida la renta líquida imponible de su Impuesto de Primera Categoría durante los años tributarios 2009 y 2010,  a través del registro en su contabilidad de gastos correspondientes a servicios de asesoría que no fueron prestados por Penta Corredores de Bolsa S.A. por montos que alcanzaban los $1.450 millones en 2009 y $608 millones para 2010”.

“ARRIENDO” DE ACCIONES

Esta no es la única irregularidad en la que está envuelta Penta Corredora de Bolsa. Hugo Bravo denunció ante los fiscales que la corredora ofrecía a clientes VIP, relacionados con Penta, “arrendar” acciones, operación que permitía rebajar el pago de las patentes municipales. El servicio consistía en que la corredora “vendía” acciones a estos clientes el último día hábil del año y luego se las recompraba en el primer día hábil de enero. De esta manera, los inversionistas cerraban el año aumentando sus activos en acciones, que están exentas de pagar patente.
Bravo declaró que él utilizó este servicio y que le permitió rebajar su pago de patente en un millón de pesos. También afirmó que en otros casos la misma operación permitió a algunos inversionistas ahorrarse hasta $40 millones. Entre los clientes VIP que ocuparon esta fórmula mencionó a Délano y Lavín.
La Fiscalía pidió a la Bolsa de Santiago que le informara sobre operaciones de compraventa de acciones que reunieran las características mencionadas por Bravo, hechas a fines de cada año. El informe enviado por la Bolsa al Ministerio Público indica que se detectaron patrones de operaciones similares a la descrita por el ex ejecutivo desde 2009 hasta 2013. El documento no individualiza a los inversionistas que usaron esta maniobra y señala que es una práctica realizada por 11 corredoras, aunque destaca que la de Penta fue la que más operaciones similares realizó. El volumen total de las transacciones efectuadas por la corredora de Penta en los cuatro años revisados, según lo informado por la Bolsa, sobrepasa los $100 mil millones.

RETIROS Y PRÉSTAMOS ENMASCARADOS

Hugo Bravo también declaró que en 2012 Carlos Eugenio Lavín formó un family office con sus hijos -Carlos y Francisco- y su yerno, Cristián Letelier Braun. Por sus servicios, según la versión de Bravo, Lavín les entregó un incentivo de $500 mil mensuales a cada uno y un bono por los negocios que excedieran la tasa de captación de los bancos.
En abril de 2014, el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, le informó a Bravo que los hijos de Lavín habían emitido seis facturas de sus empresas personales por un total cercano a los $800 millones para que fueran pagadas por las sociedades Concordia y Convento Viejo. La primera era de los mismos hijos de Lavín y la segunda, de su padre. “Se daba el absurdo que los hijos le estaban cobrando a su propia sociedad”, declaró Bravo, quien, según dijo, sugirió que hicieran un retiro de utilidades como correspondía, pero Carlos Eugenio Lavín lo rechazó porque esa operación “desmejoraría” a su hija, María Angélica.
Bravo se opuso a estos pagos porque, a su juicio, no estaban justificados y porque se trataba de personas relacionadas que no tenían contrato. Era seguro, señaló Bravo a los fiscales, que el SII los rechazaría. Por esa misma razón, el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, ya lo había alertado.
Una vez que Bravo le puso luz roja a los pagos a los hijos de Lavín, se buscó una nueva fórmula para poder retirar los dineros sin despertar sospechas en el SII. Bravo declaró que esa solución la conversó con el abogado Alfredo Alcaíno, cuyo bufete lleva los asuntos jurídicos del Grupo Penta y quien cuenta con la máxima confianza de Délano y Lavín. Finalmente, se anularon los traspasos de dinero ya ejecutados y se generó un contrato para presentar el desembolso como una asesoría que sería prestada por la sociedad L & L limitada (de propiedad de los hijos y el yerno de Lavín) a las empresas Convento Viejo, Agrícola Santa Elena Chimbarongo, Inversiones Concordia e Inversiones Piedra Roja II, todas empresas familiares de Carlos Eugenio Lavín.

PÉRDIDAS EN EMPRESAS PCR

La unidad de negocios con empresas productivas formada por Penta –Penta Capital de Riesgo (Penta PCR)- ocupa otro capítulo en el expediente de los fiscales. Entre las industrias que figuran bajo ese paraguas, se cuentan fábricas de productos de vidrio (PH Glass), de envases de plásticos (Burgos), de soldaduras (Soltec), de envases de poliuretanio (Pet Packing) y de maquinaria para bodegaje (Arrimaq). La administración de las empresas PCR ha estado en manos de Horacio Peña, socio histórico de Délano y Lavín.
Las empresas PCR sólo han arrojado pérdidas para el Grupo Penta, las que eventualmente también han sido usadas por el grupo para acceder a beneficios tributarios. De acuerdo con la versión del socio minoritario de la vidriera PH Glass, Jorge Charbín, los representantes del holding abultaron los gastos de la empresa de manera artificial, contratando arriendos innecesarios en la sede central de Penta (por $10 millones mensuales) y asesorías financieras prestadas por otras empresas del grupo (por $15 millones al mes).
Una investigación de CIPER, publicada en octubre pasado, comprobó que Penta hizo préstamos millonarios a estas empresas PCR, las que luego aumentaban su capital por la vía de convertir esos créditos en una mayor participación de Penta en la propiedad. De esta manera, el incremento del capital de las empresas PCR no está relacionado con sus resultados operacionales y no es más que el fruto de un fuerte endeudamiento con el mismo holding (vea el reportaje “Radiografía a las denuncias de Hugo Bravo sobre fraude tributario en las empresas PCR de Penta”).
En sus primeras declaraciones ante el fiscal Gajardo, Hugo Bravo dijo que estás empresas habían acumulado pérdidas por $80 mil millones. También señalo que la empresa Penta INF hizo la mayor parte de los préstamos a las industrias PCR, lo que le dejó una pérdida de $55 mil millones. Penta INF, ha dicho Bravo, fue adquirida por otra empresa del holding y sus pérdidas se valoraron en unos $20 mil millones, las que fueron utilizadas por el grupo para acceder a beneficios tributarios por ese mismo valor.
Un correo del gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, que figura en la carpeta de la Fiscalía, indica que las pérdidas de las empresas PCR a diciembre de 2013 eran las siguientes: $7.500 millones de Pet Packing, $9.100 millones de PH Glass, $5.600 millones de Arrimaq y $7.200 millones de Plásticos Burgos. En total: $29.400 millones.

OTRAS BOLETAS FALSAS

Las prácticas destinadas a evadir el pago de impuestos estaban tan extendidas en el Grupo Penta, que hasta la esposa del junior emitía boletas falsas. Gilda Brunetto Flores es cónyuge del auxiliar que atendía las oficinas centrales de Penta: Carlos Calcagno Carvajal. El tesorero de Penta, Juan Carlos Armijo y el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, declararon ante los fiscales que la esposa de Calcagno hacía boletas por unos $800 mil mensuales.
Los testimonios judiciales revelaron que el dinero boleteado por Gilda Brunetto se utilizaba para pasar como gastos de la empresa la bencina que ocupaban los hijos de Carlos Eugenio Lavín y los traslados habituales de los dueños del holding. Una fórmula para financiar una suerte de “caja chica” para gastos menores.
También se utilizaron boletas falsas para pagar gastos corrientes, como la mantención de sistemas informáticos. En la revisión de la contabilidad del grupo, la Fiscalía detectó múltiples pagos girados contra boletas de Jessica Jara, esposa del ingeniero informático Omar Fonseca, el que durante años brindó de manera regular el servicio de asistencia computacional a Empresas Penta sin gozar de contrato. Jessica Jara emitió 16 boletas a Empresas Penta, por un total de $8,1 millones.

El articulo Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta apareció primero en piensaChile.