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Llegué a Santiago a principios de marzo, a una ciudad transformada. En mis viajes anteriores a la capital chilena, siempre me había parecido relativamente ordenada y segura, pero ahora todo había cambiado. Lo que había comenzado, en octubre anterior, como un acto de desobediencia civil contra el aumento del precio del billete de metro, se había intensificado hasta abarcar décadas de reivindicaciones políticas, económicas y sociales, y el impacto se veía por todas partes. La Plaza Italia, el tradicional lugar de encuentro para reuniones políticas y celebraciones de campeonatos en la ciudad, ahora se conocía coloquialmente como Plaza Dignidad. Las cuadras laceradas que la rodeaban, que hasta hacía poco habían sido un animado barrio de clase media alta salpicado de bares, restaurantes, hoteles y teatros, ahora estaban en su mayoría cerradas, o bien quemadas y abandonadas. Ahora se denominaba al sector como Zona Cero y tenía el aspecto golpeado y deteriorado de un campo de batalla urbano, con farolas rotas, ventanas tapiadas con tablas y el cemento de la acera partido en pedacitos de un tamaño adecuado para arrojarlos a la policía. Una mañana, un amigo y yo caminamos en medio de los restos quemados y saqueados de un viejo edificio tipo villa italiana, una casona que había sido la oficina central de una universidad privada. Quedaba poco, excepto el desmoronado cascarón del edificio, de paredes blancas y cubiertas de grafiti. Unos cuantos vagabundos atendían una pequeña fogata de basura en el patio.

Se habían cerrado más de una docena de estaciones de metro en toda la capital, incluida Baquedano, cuya entrada circular en la Plaza Dignidad se había transformado en una galería de arte al aire libre, un remolino de coloridos murales que celebraban las protestas y denunciaban a la policía, exigían la renuncia del presidente Sebastián Piñera y reclamaban una nueva constitución. A poca distancia de la plaza, chorros de pintura rojo sangre goteaban por las mejillas de las estatuas de bronce que se encontraban frente al Museo Nacional de Bellas Artes, en referencia a los más de cuatrocientos manifestantes que habían sufrido lesiones oculares a manos de la policía chilena. Aunque la violencia había disminuido desde el 15 de noviembre, cuando el Congreso acordó celebrar un plebiscito para decidir si la mayoría de los ciudadanos estaba a favor de la creación de una nueva constitución, ciertamente no se había detenido. Todos los días me encontraba con una marcha improvisada por el centro de una avenida muy transitada, alguna escaramuza entre estudiantes y policías en la entrada de una estación de metro, los fragmentos de una ventana rota que brillaban en el pavimento, el olor acre del gas lacrimógeno que flotaba en una intersección.

Caminar por las calles de Santiago era leer un pergamino colectivo y anónimo de rabia incipiente: “Aborta los pacos”, “Muere Piñera”, “ACAB”, “Bankeros a la horca”. El grafiti parecía estar en toda pared y acera de las comunas centrales de la ciudad. “Anti-todo”, leí un día, una expresión que se me quedó grabada y sirvió como una especie de atajo para entender muchas de las conversaciones que tuve en Santiago. Decenas de brigadas médicas habían surgido para atender a los manifestantes heridos que luchaban contra la policía todas las noches. Sus escudos, hechos de metal corrugado o de barriles de petróleo modificados, se habían convertido, para muchos, en un símbolo de resistencia heroica. “La primera línea”, los manifestantes que cada noche se arriesgaban a ser golpeados, arrestados, atacados con gases lacrimógenos y balas de goma para defender la Plaza Dignidad, fueron objeto de conjeturas, de asombro y de preocupación: ¿quiénes eran, de dónde venían, por qué parecían tener tan poco que perder?

Y aún así, de alguna manera, la vida continuaba. Una noche, vi un camión policial dispersar a manifestantes que habían incendiado una pequeña barricada; mientras la calle se llenaba de gas lacrimógeno, di la vuelta a la esquina apresuradamente y me encontré frente a un estudio de baile donde estaban dictando clases de tango. Otra noche, cenaba en la terraza de un café cuando pasó una camioneta de la policía con sus parpadeantes luces azules. En un instante, todos los comensales del restaurante, y del que queda al lado, habían dejado sus tenedores, cuchillos, cervezas y servilletas para gritarle vulgaridades a los policías. Sucedió tan rápido, un acto reflejo, una respuesta automática, —“¡Fuera paco culiao!”— y un momento después todos volvieron a sus conversaciones, como si nada hubiera pasado.

Había dejado a Nueva York en un estado de pánico apenas contenido, debido al coronavirus, por supuesto, que empezaba a invadir los límites de la normalidad. La escala de lo que se avecinaba era difícil de comprender, una especie de catástrofe que parecía ser tan inconcebible como inevitable. En Chile, donde el virus apenas era un rumor, mucha gente, incluyéndome, usaba cubrebocas y antiparras protectoras, pero para defendernos de los gases lacrimógenos, no de una infección. Al final, resultó que el primer caso de coronavirus en el país ya había sido confirmado, el 3 de marzo, el día antes de mi llegada, en una ciudad de provincia a varios cientos de kilómetros de Santiago. El paciente era un hombre de treinta y tres años que había viajado al Sudeste Asiático y caído enfermo al regresar a casa. El presidente Piñera expresó su confianza en que la situación estaba bajo control. “Desde que tomamos conocimiento de este virus, hemos adoptado todas las medidas recomendadas por la O.M.S. y necesarias para proteger la salud de todos los chilenos”, dijo. “Estamos preparados”.

Alrededor de una semana después apareció un grupo de casos, centrado en la escuela de clase alta St. George’s College, en Santiago. Un profesor de treinta y nueve años aparentemente había sido infectado por alguien que volvía de Italia. Antes de enfermarse gravemente, el profesor se reunió con colegas, estudiantes y padres de familia, y sembró un brote que finalmente se extendió a más de setenta personas. El 13 de marzo, la escuela envió un mensaje a los padres, pidiendo que todas las familias estuvieran en cuarentena durante quince días. Esperaban que las clases se reanudaran a finales de mes.

En cambio, en cuestión de días el gobierno impuso un sistema de “cuarentenas dinámicas” en todo Santiago, es decir, órdenes de permanencia en el hogar para comunas específicas que habían sido identificadas como focos de contaminación. Inicialmente, estas eran en su mayoría las áreas más ricas, donde las infecciones podían ser rastreadas hasta los viajes al extranjero. Fuera de las zonas en cuarentena la vida seguía como de costumbre: los bares y restaurantes permanecían abiertos y cientos de miles de personas seguían desplazándose por la ciudad, yendo y viniendo de casa al trabajo, como si nada pasara. Incluso dentro de la zona de cuarentena, los empleados domésticos de las familias que vivían bajo órdenes de permanecer en casa siguieron yendo al trabajo, y viajando hacia y desde las comunas en cuarentena todos los días. Naturalmente, inevitablemente, el virus viajó con ellos.

Aún así, sería incorrecto decir que la amenaza no fue tomada en serio. El 18 de marzo, el gobierno cerró todas las fronteras nacionales a los viajeros extranjeros. Al día siguiente, después de alguna insistencia del Colegio Médico, los partidos políticos que habían acordado el plebiscito constitucional se reunieron una vez más, ahora para posponer la votación de abril hasta finales de octubre de 2020. En ese momento, había menos de trescientos casos de covid-19 en Chile. La primera muerte atribuida al virus fue confirmada el 23 de marzo, y para entonces el número de casos se había más que duplicado.

La Zona Cero cayó dentro de la primera área de cuarentena que el gobierno anunció, y así la emergencia de salud pública sin precedentes logró lo que el Presidente, los partidos políticos y la policía no habían podido hacer: vaciar la Plaza Dignidad de los manifestantes que se la habían apropiado desde octubre anterior. Una tarde de principios de abril, el presidente Piñera se detuvo en la desolada plaza. Pronto surgieron fotografías de él sentado, con un codo apoyado en la rodilla, en la base de la estatua cubierta de grafitis del General Manuel Baquedano, un héroe militar del siglo XIX. “Fuera Piñera” había sido escrito con aerosol en la estatua detrás de él, pero el Presidente miraba en la dirección opuesta. Parecía estar sonriendo.

El levantamiento de 2019 comenzó en el Instituto Nacional, la escuela secundaria pública más antigua y famosa de Chile, ubicada en un edificio gris y poco atractivo a pocas cuadras del Palacio Presidencial, en Santiago. En un día de semana normal, más de cuatro mil muchachos vestidos con uniformes azules y grises vienen aquí desde los lugares más alejados de la capital para asistir a clases en turnos de mañana y tarde. El Instituto, como un puñado de otros colegios de los barrios más antiguos de Santiago, suele denominarse “liceo emblemático”, en reconocimiento de su historia y de su lugar central en el drama nacional. La fundación del Instituto, en 1813, es anterior a la del propio Chile, y la escuela cuenta con diecisiete presidentes entre sus graduados.

Pero esta escuela prestigiosa, casi mítica, que forjó a los jóvenes que luego forjaron a la nación, ha cambiado a través de los años. La élite se ha dispersado en su mayoría a las faldas de los Andes, lejos del centro de la ciudad. En estos días, es más probable que los institutanos vengan de las comunas de clase trabajadora de La Florida o Puente Alto. El enorme edificio en sí se ha deteriorado, con paredes desmoronadas y pintura descascarada. El hacinamiento es una preocupación: los estudiantes del segundo turno terminan sus clases después de las ocho de la noche, lo que hace que la limpieza y el mantenimiento básico sean un desafío logístico y presupuestario. La desconexión entre la orgullosa historia del Instituto y su complicado presente no pasa desapercibida para la generación actual. “La única forma de explicarlo sería decir que nos abandonaron”, me dijo el pasado marzo Rodrigo Pérez, que fue presidente del cuerpo estudiantil en 2019.

Ese año, como en los últimos años, las clases fueron interrumpidas a menudo por huelgas, paros, ocupaciones y enfrentamientos violentos con la policía. La atmósfera era volátil: una protesta podía estallar por la mañana y obligar a la evacuación de la escuela, pero unas horas más tarde no habría rastro de ella; era solo parte del trasfondo de un día normal. “En otro colegio, cualquier incidente podría pasar piola”, me dijo Mario Vega, que enseña historia en el Instituto desde hace más de veinte años, “pero aquí no. Aquí es noticia por la presencia del colegio”. La policía revisaba las mochilas cuando los estudiantes entraban al edificio, arrestándolos y deteniéndolos casi a voluntad, y, más de una vez, dispararon gases lacrimógenos dentro de la escuela. En un momento dado, los agentes se apostaron en el techo para vigilar a los estudiantes, y se quedaron varias semanas. Fue humillante. “Los carabineros orinaban en el techo y esa orina caía a las salas de clases”, me dijo Pérez.

Luego, en octubre pasado, los institutanos dirigieron su atención a los acontecimientos fuera de la escuela, poniendo en marcha la agitación política que hasta hoy en día inquieta a Chile. El catalizador inmediato fue el anuncio de una modesta subida de precios del metro de Santiago: el billete básico de adulto para un viaje en hora punta costaría treinta pesos más, un aumento de menos de cuatro centavos de dólar, y los estudiantes y los ancianos estaban exentos. Pero los alumnos estaban indignados, después de todo serían las familias de la clase trabajadora, como las suyas, las que asumirían el costo adicional. A pocas horas del anuncio, Pérez y sus compañeros estaban en WhatsApp, organizando una huelga para el siguiente día de clases.

El Instituto se encuentra en el distrito representado en el Congreso chileno por Giorgio Jackson, izquierdista y él mismo un veterano de las protestas estudiantiles generalizadas de 2011. El lunes, 7 de octubre, Jackson estaba en una reunión cuando escuchó gritos y corrió a la ventana a tiempo para ver a decenas de adolescentes uniformados, que filmaban con sus teléfonos mientras marchaban hacia una estación de metro cercana. Una vez allí, los institutanos saltaron los torniquetes en masa. “Debemos ser ciento ochenta, doscientos corriendo hasta abajo, hasta el andén”, recordó Pérez, con evidente orgullo. La noticia de la acción se difundió rápidamente entre los hiperconectados adolescentes de Santiago, con textos y publicaciones en Instagram y grupos de WhatsApp que amplificaron la noticia. En respuesta, el ministro de Economía de la época, Juan Andrés Fontaine, defendió los nuevos precios. Recomendó que los trabajadores se levantaran un poco más temprano para evitar pagar los treinta pesos extras. “Desgraciadamente es necesario ese esfuerzo”, le dijo a una reportera.

A mediados de la semana, los estudiantes de varias escuelas cercanas se habían unido a las protestas, y a la semana siguiente los jóvenes saltaban los torniquetes de las estaciones de metro de toda la ciudad. El martes, 15 de octubre, en respuesta a un incendio causado por un cóctel molotov, las clases en el Instituto Nacional fueron suspendidas por tres días. Resultó ser el último día completo de clases para el año académico, que normalmente duraría hasta diciembre. Ese viernes, después de más evasiones de pago y enfrentamientos con la policía, la ministra de Transporte, Gloria Hutt, ordenó abruptamente el cierre del metro.

Cada día laboral, el metro de Santiago traslada alrededor de dos millones y medio de pasajeros a través de la extensa capital, el equivalente a casi la mitad de la población de la ciudad. Sin él, Santiago es una propuesta insostenible, un hecho que quedó dolorosamente claro esa tarde, cuando el sistema de transporte prácticamente colapsó. Los viajeros varados se apretaron en autobuses atestados que apenas podían moverse en el tráfico enmarañado. La mayoría no tuvo otra opción que caminar a casa. “Era algo que parecía una marcha, pero que no era una marcha”, me dijo Jackson. “No habían carteles, ni siquiera consigna. Simplemente había gente caminando por las calles, por la mitad de la calle, porque no cabían en la vereda”. Las propias estaciones de metro se convirtieron en blancos: más de la mitad de las ciento treinta y seis estaciones de Santiago fueron objeto de actos de vandalismo, algunas de ellas quemadas y gravemente dañadas. Pero si la intención del gobierno era poner a la opinión pública en contra de los estudiantes y culparlos por los inconvenientes del cierre, fue un fracaso espectacular. Por el contrario, cientos y luego miles comenzaron a congregarse en la Plaza Italia. Los barrios de Santiago cobraron vida con el sonido de las cucharas de madera que golpeaban en ollas y sartenes, en un cacerolazo de horas en toda la ciudad. Protestas similares surgieron en docenas de ciudades por todo el país. Parecía que de la nada había comenzado una revolución social y política.

Los eventos de octubre de 2019 se conocieron como “el estallido”. Los manifestantes se reunieron en la Plaza Italia de Santiago esa primera noche, y más o menos la ocuparon durante los meses siguientes, a pesar de la declaración del estado de emergencia y del toque de queda, y a pesar de las batallas nocturnas con la policía, que utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma en intentos cada vez más violentos de dispersarlos.

Pocos días antes del levantamiento, el presidente Piñera había concedido una entrevista radiofónica en la que describía a Chile como “un verdadero oasis” en Latinoamérica. Al comparar favorablemente a la nación con sus vecinos, acosados por la recesión y escándalos de corrupción, añadió: “Mientras más veo las crisis, más tenemos que apreciar nuestro país”. La verdad es que esta declaración se volvió controvertida solo en retrospectiva, después de que el estallido se burlara de la supuesta tranquilidad y orden de Chile. Desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, el país se había posicionado como un caso atípico en Sudamérica, una democracia estable con instituciones fuertes y una próspera clase media. Pero, si bien el crecimiento económico ha sido relativamente constante durante los últimos treinta años, sacando a cientos de miles de chilenos de la pobreza extrema, esas cifras no cuentan toda la historia del país hoy en día. Según un estudio de 2017 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cinco por ciento más rico de los hogares chilenos posee más del cincuenta por ciento de la riqueza, mientras que más de la mitad de los trabajadores asalariados apenas ganan lo suficiente para mantener un hogar. El lema de la campaña para el plebiscito de 1988 que puso fin a la dictadura de Pinochet fue “La alegría ya viene”. Catalina Pérez, la presidenta del partido de izquierda Revolución Democrática y, a sus veintinueve años, una de las miembros más jóvenes del Congreso chileno, me dijo que, para la mayoría de los chilenos, esa alegría nunca llegó. “Al ochenta por ciento de la población, le prometieron algo que no le cumplieron. En lo político, pero también en lo económico”, dijo. La amplia disponibilidad de bienes de consumo en Chile y la aparente prosperidad del país enmascaran una marcada desigualdad —entre las más altas de la región— y una fuerza de trabajo presionada hasta el límite. Los chilenos más pobres gastan casi una cuarta parte de sus salarios mensuales en financiar sus deudas. Según Forbes, el propio Piñera tiene una fortuna de casi tres mil millones de dólares y su familia está entre las cinco más ricas del país. En los últimos años, el descontento se ha desbordado varias veces, con grandes movilizaciones ocasionales, centradas sobre todo en la educación, pero también en la salud y en el tan criticado sistema privado de pensiones, conocido como las A.F.P.

Días después del estallido, con las calles de Santiago y otras grandes ciudades llenas de manifestantes, Piñera ya no celebraba el excepcionalismo chileno. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, anunció en la noche del 20 de octubre. No estaba claro si se refería a los estudiantes o a fuerzas externas, pero, en cualquier caso, ordenó al Ejército que saliera a la calle, un acto de provocación en un país en el que todavía están frescos los recuerdos de una dictadura militar. Al día siguiente, a propuesta del propio Piñera, el Senado revocó la subida de treinta pesos, pero ya era demasiado tarde. Se calcula que, el 25 de octubre, 1,2 millones de chilenos se reunieron en la Plaza Italia, la mayor manifestación de la historia contemporánea de la nación.

A principios de noviembre, lo que había comenzado como una protesta relativamente pequeña de un par de cientos de estudiantes de secundaria se había convertido en una crisis existencial para el orden político del país. Una noche de viernes cualquiera podría haber decenas de miles de manifestantes en la Plaza Italia. La policía chilena, que hasta hace poco era una de las instituciones más fiables del país, intentó controlar la situación, pero sus tácticas violentas no tardaron en ser condenadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Para la izquierda, los disturbios representaban una oportunidad única —e inesperada— de perseguir demandas que habían sido impensables solo unos meses antes, incluyendo, la más significativa, la demanda de una nueva constitución.

“Hace un año, si hablábamos de Asamblea Constituyente, nos trataban de fumadores de opio”, me dijo Catalina Pérez. Para la izquierda, la elaboración de una nueva constitución ha sido un objetivo, si no una obsesión, durante años, y a principios de noviembre, con miles de chilenos comunes y corrientes saliendo a la calle cada noche, la idea, antes inverosímil, empezaba a parecer realista. El lema de los manifestantes, repetido a menudo, capturó una sensación de agotamiento con el statu quo: “No son treinta pesos, son treinta años”, una referencia a las tres décadas desde el fin de la dictadura de Pinochet y el regreso del país a la democracia. “Pero, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las pensiones?”, preguntó Pérez. “No se trata del valor del pasaje. Se trata de treinta años de abusos”.

A los ojos de sus críticos, la constitución de 1980 es el punto de origen de esos abusos. Después del golpe de 1973, la junta militar de Pinochet consolidó su poder a través del terror de estado, al operar fuera de cualquier marco legal para desaparecer y torturar a miles y enviar a otros miles al exilio. El Congreso de los Estados Unidos respondió con el bloqueo a la venta de armas a Chile, un embargo que continuó durante más de una década. Mientras tanto, la campaña de Pinochet contra sus enemigos se hizo global, con asesinatos políticos llevados a cabo en Buenos Aires e incluso en Washington, D.C., a solo un par de kilómetros de la Casa Blanca. La elección en 1976 del presidente Jimmy Carter, quien hizo especial hincapié en los derechos humanos, puso a la dictadura chilena en una posición internacional aún más precaria, con el país en peligro de ser considerado poco más que un estado paria, conocido mundialmente por su brutalidad.

Poco después de tomar el poder, Pinochet nombró una comisión para redactar una nueva constitución, y en agosto de 1980, anunció que el trabajo estaba completo. Habría un referéndum solo un mes después, el 11 de septiembre, no por casualidad el aniversario del golpe de siete años antes. En el momento de la votación de 1980, todos los partidos políticos eran ilegales, todas las estaciones de televisión estaban controladas por el régimen, y no había prensa de oposición. El país permanecía en estado de emergencia. Mientras Pinochet hacía campaña por su nueva constitución en todo el país, se permitió a la oposición un único acto público, celebrado en el Teatro Caupolicán, en Santiago. La manifestación no fue televisada, pero tres emisoras de radio transmitieron los discursos a nivel nacional, mientras que miles de personas se reunieron en el teatro en la mayor manifestación pública contra el régimen desde el golpe. El orador principal esa noche fue el ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien instó a los chilenos a votar no y exigió la formación de una asamblea constituyente. Como era de esperar, dadas las circunstancias antidemocráticas de la votación, la constitución de 1980 fue aprobada por un margen sospechosamente alto de dos a uno. Menos de dos años después, Frei Montalva murió misteriosamente después de someterse a un procedimiento en una clínica de Santiago. Se necesitaron casi cuatro décadas para confirmar lo que su familia siempre había pensado: que había sido envenenado por la policía secreta de Pinochet, con la cooperación de los médicos que lo habían tratado.

El principal arquitecto de la Constitución fue el intelectual de derecha Jaime Guzmán, profesor de derecho de la Universidad Católica de Santiago y estrecho aliado del régimen de Pinochet, quien fue asesinado en 1991. Guzmán previó un eventual fin de la dictadura y una transición a la democracia, con garantías constitucionales para proteger a la nación del socialismo y preservar el capitalismo de mercado que esperaba transformase la sociedad chilena. Crucialmente, la democracia post-Pinochet esbozada por la constitución se vería obligada a continuar muchas de las políticas económicas que la dictadura había puesto en marcha. En la mayoría de los aspectos, la constitución funcionó como fue diseñada. Hace unos años, en un viaje a Santiago, conocí a Luis Hermosilla, un abogado de la familia Guzmán, en su oficina de Vitacura, una comuna de bancos y embajadas y edificios altos de vidrio y acero. Guzmán había sido el profesor de Hermosilla, y un hombre al que amaba y admiraba. Cuando terminamos la entrevista, Hermosilla se paró junto a la ventana de su oficina y, con un movimiento de su brazo, dijo: “Este es el Chile que hizo Guzmán”.

Los opositores políticos de Guzmán estarían en su mayoría de acuerdo, pero para ellos, ese es precisamente el problema: la constitución de Guzmán, tal como la ven, actúa como una especie de camisa de fuerza de la democracia chilena. Claudia Heiss, profesora de ciencia política de la Universidad de Chile, me dijo que la constitución ha servido, una y otra vez, como un impedimento para el progreso social. Se han aprobado importantes reformas en el Congreso chileno, e incluso se han convertido en ley para luego ser anuladas por el Tribunal Constitucional, un tribunal independiente que se pronuncia sobre la constitucionalidad de la legislación, así como sobre los decretos presidenciales y judiciales. Heiss citó un ejemplo de principios de 2018, cuando el Tribunal Constitucional anuló un proyecto de ley que había dado al sernac, el organismo gubernamental encargado de la protección del consumidor, la facultad de imponer multas a las empresas que cometieran fraude o abusos. La reforma había sido aprobada con un amplio apoyo, y el fallo del tribunal tomó a muchos por sorpresa. El director del sernac dijo que la decisión disminuiría severamente la capacidad de su agencia para proteger a los consumidores, y que podría ser “potencialmente catastrófica”. Por muy arcano que parezca desde fuera, Heiss dijo que no debería sorprender que la rabia de la gente empezara a centrarse en un documento legal. Me dijo que, incluso antes del estallido, “fue creciendo la sensación de que la constitución tenía impacto real en los problemas de la gente”.

Heiss señaló las ironías casi surrealistas de crecer bajo la constitución de Pinochet. Los estudiantes de secundaria chilenos en los años ochenta estudiaron una especie de civismo teórico: aprendieron sobre la Cámara de Diputados y el Senado, y aprendieron sobre las elecciones, pero, por supuesto, ninguna de estas cosas existió o podía existir bajo una dictadura. Desde 1980 hasta el retorno de la democracia, una década más tarde, la constitución fue una útil pieza de ficción, e incluso después de que Pinochet hubiera renunciado a la presidencia, siguió siendo el jefe de las fuerzas armadas antes de servir, junto con otros ocho aliados, como senador designado. La democracia de Chile en esos primeros años era precaria; el presidente Patricio Aylwin, elegido para suceder a Pinochet y liderar la transición, lo admitió, reconociendo célebremente que buscaría justicia para las numerosas víctimas del régimen militar solo “en la medida de lo posible”. En todo caso, Aylwin no tenía autoridad para destituir a Pinochet como jefe de las fuerzas armadas.

Una serie de reformas de la constitución en la década de 2000 eliminaron a los senadores designados, pero el deseo de muchos en la izquierda política de reescribir el documento legal fundacional del país no desapareció. Reemplazar la constitución de Pinochet por una nueva sería una forma de romper —finalmente y definitivamente— con el legado de su régimen. “Hay abuelos torturados en dictadura que hoy ven el cierre de un ciclo y dicen ‘me puedo morir tranquilo’ ”, me dijo Catalina Pérez.

En los días posteriores al estallido, a medida que el discurso público se aglutinaba en torno a la cuestión constitucional, los alcaldes de todo el país y de todo el espectro político comenzaron a apoyar públicamente un plebiscito para decidir la cuestión. El 13 de noviembre, Mario Desbordes, el líder del propio partido del presidente Piñera, también expresó su apoyo. Cuando hablamos, en marzo, Desbordes dijo que siempre había sabido que las reformas políticas eran necesarias, pero que la ira que presenció en octubre pasado lo tomó desprevenido. “La mayoría pensábamos que teníamos más tiempo”, me dijo. “Nos sorprende a todos por la violencia”. Desbordes es una figura un tanto anómala entre la élite tradicionalmente aristocrática de la derecha chilena. Creció en la comuna de clase media de Maipú y sirvió como policía durante siete años antes de convertirse en un hombre de negocios y, finalmente, entrar en la política en sus cuarenta. Fue una visita a su madre, me dijo Desbordes, lo que le convenció de que había un amplio apoyo a las protestas. La estación de metro local había sido quemada, y todo el vecindario estaba en la calle, golpeando ollas y sartenes. Como él lo veía, “aquí explotó una olla a presión”.

Una vez que Desbordes había roto con la derecha, era solo cuestión de tiempo. El 15 de noviembre, después de un día histórico de negociación en el Congreso, los partidos políticos llegaron a un acuerdo y se programó un plebiscito para finales de abril.

La pandemia no acabó con la revolución desatada por el estallido, pero sí cambió abruptamente el tema. Los meses de marzo y abril, que se habrían consumido por el tenso período previo a una votación histórica, se dedicaron en cambio a hacer frente a una emergencia de salud pública sin precedentes.

Para mediados de marzo, el gobierno de Piñera había logrado asegurar cerca de novecientos respiradores, y eventualmente expandió el número de camas de cuidados intensivos disponibles de cerca de setecientas a casi tres mil. El presidente y otros líderes políticos usaban cubrebocas en las conferencias de prensa, mientras predicaban el distanciamiento social y el lavado de manos. Chile se convirtió rápidamente en la primera nación sudamericana en número de pruebas por cada mil habitantes (y en agosto seguía como líder de la región, con una tasa comparable a la de Alemania). A pesar de que el número de infecciones, hospitalizaciones y muertes creció constantemente hasta marzo y mediados de abril, el sistema de salud pública no colapsó, ni se agotaron las camas de hospital y los respiradores, como muchos habían temido que ocurriera y como ocurriría en algunos países vecinos.

Fue la respuesta económica al desastre lo que dividió a los partidos políticos en líneas ideológicas predecibles. A mediados de abril, el gobierno de Piñera había comenzado a enfatizar la necesidad de reabrir la economía y, a fines de abril, Piñera anunció un plan de reapertura por etapas que llamó Retorno Seguro. “No existe una contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas y proteger sus empleos, ingresos y calidad de vida”, dijo. La estrategia no pretendía suprimir el virus sino mitigar su impacto.

Mientras la izquierda presionaba por subsidios de emergencia para que los trabajadores chilenos pudiesen quedarse en sus casas durante la pandemia, los aliados de Piñera en el Congreso resistieron. Para mayo, con el aumento alarmante de las infecciones y gran parte del país en cuarentena, el debate legislativo estaba estancado en el monto del subsidio familiar que el gobierno pagaría a los más necesitados. Al final, los aliados de Piñera ganaron, y la primera ronda de subsidios fue de solo sesenta y cinco mil pesos, unos ochenta y un dólares. Las familias que atravesaban grandes dificultades en una economía devastada por el coronavirus fueron sometidas a imágenes de senadores que celebraban su victoria legislativa.

Pablo Ortúzar, del centro de estudios conservador I.E.S., me dijo que la estrategia de Piñera era centralizar la respuesta al virus. El índice de aprobación del presidente había bajado hasta un seis por ciento a raíz del estallido. “Esta administración lo vio como una manera de recuperar legitimidad”, dijo Ortúzar. Pronto se hizo evidente que el plan de Piñera para un retorno seguro a la normalidad había sido prematuro. En una entrevista televisiva, Jaime Mañalich, el ministro de Salud, admitió que el virus se había propagado a un ritmo que no había previsto, en parte debido a las condiciones sociales. “Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia”, dijo, en otro ejemplo de la sorprendente desconexión entre la élite política y la realidad en la que viven millones de chilenos.

A mediados de mayo, con un aumento de los nuevos casos de más del sesenta por ciento, se impuso una cuarentena estricta en toda la región metropolitana de Santiago, junto con un par de ciudades de provincias. El Ejército y la policía fueron encargados de hacer cumplir la ley y de detener y arrestar a los infractores. Los residentes de Santiago, a los que anteriormente se les permitía salir diariamente, ahora estaban limitados a dos salidas por semana, para hacer compras y otras necesidades. A mediados de junio, Chile tenía una de las tasas de infección per cápita más altas del mundo, y unos días más tarde Mañalich renunció, después de que el sitio web de investigación ciper revelara una discrepancia entre el número de muertes comunicadas en sus sesiones informativas diarias a la nación y el número, mucho más alto, que envió a la Organización Mundial de la Salud. A finales de junio, más de doscientos setenta y cinco mil chilenos habían dado positivo en las pruebas de covid-19, y el virus se había cobrado más de cinco mil vidas.

Al igual que los disturbios de las semanas posteriores al estallido hicieron posible un acuerdo sobre un plebiscito, la pandemia y la maltrecha economía presentaron a la izquierda chilena otra oportunidad inesperada. Esta vez, era la oportunidad de reformar las controvertidas pensiones privadas conocidas como A.F.P., que son más o menos como las 401(k) estadounidenses, solo que con míseros retornos. La propuesta permitiría a los trabajadores chilenos retirar el diez por ciento de sus A.F.P. sin penalización. El fantasma del estallido se cernía sobre el debate. “Si se rechaza el retiro se viene una nueva explosión”, dijo un senador. Por su parte, la udi, el partido conservador fundado por Jaime Guzmán, argumentó que las reformas propuestas eran una solución a corto plazo que tendría consecuencias a largo plazo para la clase media. Pablo Ortúzar me dijo que encontraba frustrante todo el debate. “El problema es que no se discutió sobre el bien común, ni del impacto económico”, dijo. Los trabajadores de la economía informal fueron dejados fuera, y por supuesto aquellos con ahorros se beneficiarían más. Ortúzar vio la presión de la izquierda como algo puramente táctico. “Todo estaba orientado por la polarización de octubre”, dijo. Sin embargo, el voto del Senado fue visto por millones de chilenos. Cuando se aprobó la medida de reforma, muchos barrios de Santiago volvieron a estallar en un cacerolazo festivo. Catalina Pérez me dijo que “el retiro del diez por ciento de fondos de pensiones será recordado como uno de los hitos fundacionales del Chile que nació en octubre”.

A finales de julio, con la curva de coronavirus aplanándose, el país se preparó cautelosamente para reabrir por segunda vez. La última cuarentena que cubría la Zona Cero se levantó el 17 de agosto, y los residentes salieron de sus casas para descubrir que el barrio había sido renovado: muchos de sus coloridos murales y gran parte de los grafitis políticos habían sido cubiertos con pintura fresca, las farolas reparadas, las aceras restauradas. Pronto los manifestantes, ahora en menor número y flanqueados por grandes contingentes de la policía, aparecieron de nuevo en la Plaza Dignidad. Para entonces, algunas partes del país habían estado en un confinamiento continuo durante cuatro meses y medio.

Una tarde de marzo fui con el politólogo Claudio Fuentes a una escuela en La Florida, un barrio de clase trabajadora al sudeste de Santiago. El día era brillante y caluroso, y parecía hacerse más brillante y más caluroso cuanto más nos alejábamos del centro de la ciudad. Esta era una Santiago diferente, descolorida, con menos árboles y avenidas más anchas, y cuadra tras cuadra de viviendas de baja altura.

Fuentes enseña en la Universidad Diego Portales, pero en el período previo a la votación había salido de las aulas y ofrecía talleres sobre la constitución y su historia a grupos comunitarios y escuelas de todo el país. Era un proyecto personal, y me dijo que le resultaba alentador descubrir el interés que había en el tema. El estallido había hecho que la gente estuviera hambrienta de saber más sobre la constitución actual, sobre lo que podría significar el plebiscito. Sin embargo, la misma desconfianza que muchos chilenos sentían hacia la élite política se extendía a él, me dijo Fuentes. Él encontró esto desconcertante, difícil de cuadrar con sus propios antecedentes. Había crecido en San Bernardo, otra comuna obrera al sur de Santiago, hijo de un camionero y una ama de casa. Su apellido no es el típico de clase alta de la élite chilena, ni, con su pelo oscuro y su piel color oliva, se veía como tal. Pero era profesor universitario, había estudiado en el extranjero, a veces incluso aparecía en la televisión, y eso era suficiente. Cada vez que impartía un taller, incluso cuando entraba en espacios que le eran totalmente familiares, tenía que demostrar que pertenecía.

Cuando llegamos a la escuela y nos presentamos, el guardia de seguridad nos informó que el evento había sido cancelado. Nos quedamos allí un momento, estupefactos, hasta que el guardia finalmente sonrió. Era una broma sobre el coronavirus, contada en ese pasado, reciente pero borroso, en el que la gente aún podía bromear sobre el virus. Todos nos reímos, y el guardia nos hizo señas para que entráramos. En la cafetería, unas doscientas sillas de madera con espaldar recto habían sido dispuestas en filas. Mientras esperábamos a los alumnos, charlé con un profesor veterano, alto y delgado, llamado Sergio Salazar, quien me dijo que en la noche del estallido los padres de familia del barrio se habían reunido para proteger la escuela, por si la rabia se desbordaba y alguien atacaba el edificio. Afortunadamente, dijo, no había pasado nada.

Unos minutos después, los estudiantes uniformados entraron, llenando primero las filas traseras, bromeando con sus compañeros, echando unas cuantas miradas ambivalentes a los desconocidos. Fuentes empezó enseguida con preguntas: “¿Cuántos de ustedes saben que hay plebiscito en abril?”. Todos levantaron la mano. Rápidamente estableció lo que estaba en juego en el debate. “¿Cómo —preguntó a los estudiantes— queremos ser gobernados?”.

Lo que siguió fue un debate reflexivo sobre la estructura política de una nación, la mecánica del voto, los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, y lo que podría estar por delante si el referéndum se aprobaba. Incluso entonces, los detalles estaban en constante transformación. Solo la semana anterior, el Congreso había ordenado la paridad de género para una asamblea constitucional, en caso de que gane el Apruebo. Se habló de garantías similares para la comunidad mapuche, el grupo indígena más grande de Chile, que constituye más del siete por ciento de la población. Mientras tanto, los estudiantes tenían sus propias preguntas: ¿Por qué no renuncia Piñera? (No puede, por ley.) ¿Quién podría escribir una nueva constitución? (O un grupo de ciudadanos elegidos o un grupo de ciudadanos y legisladores, según el resultado de la votación). ¿Qué podría decir ese nuevo documento? Esta última pregunta no tenía respuesta por el momento, y los que se oponen al plebiscito argumentan que ese es precisamente el peligro. ¿Por qué debería Chile saltar a lo desconocido? ¿Por qué no reformar la constitución existente?

Chile, explicó Fuentes a los estudiantes, ha tenido diez constituciones en su historia, pero ninguna ha sido escrita por el pueblo. En un momento dado, preguntó a los estudiantes si pensaban que su país era una democracia.

Toda la sala de jóvenes gritó: “¡No!”.

Vi a los adultos en la sala intercambiar miradas confusas. Sergio, el profesor con el que había estado charlando, había respondido que sí, y ahora estaba de pie con los brazos cruzados, sonriendo torpemente

Fuentes admitió más tarde que le había sorprendido la unanimidad y la vehemencia de la respuesta a lo que él consideraba una pregunta sencilla con una respuesta sencilla. Chile es una democracia, una democracia imperfecta, pero una democracia de todos modos. Luego dijo: “Pero hay que distinguir entre la democracia formal, elecciones, etc., y una democracia más sustantiva, la que conlleva un sentido de pertenencia, donde sientes que tus decisiones importan”. A la luz de esa definición más elástica, fue fácil entender la respuesta de los estudiantes. En Chile, “no existe ese vínculo entre representantes y representados”, me dijo Fuentes. Esperaba una gran participación en el plebiscito de octubre, una victoria convincente; de lo contrario, temía que se perdiera el momento y la oportunidad de construir una democracia más auténtica.

Unos años después del golpe de 1973, Jaime Guzmán escribió un artículo de opinión para El Mercurio, un periódico de derecha que apoyaba a Pinochet. El proyecto constitucional del dictador se estaba poniendo en marcha, con el liderazgo de Guzmán. “Nadie que lea el texto de la Constitución de 1925”, escribió Guzmán, “puede adquirir un verdadero convencimiento de que aquella está vigente”. Continuó: “está muerta en la realidad práctica y, lo que es aún más importante, en la mente del pueblo chileno”.

En septiembre, las encuestas, como lo habían hecho consistentemente a lo largo del año, auguraban una victoria para una nueva convención constitucional. Por la propia lógica de Guzmán, parece que la constitución de 1980 ya está muerta.

(Traducción de inglés a español por Sabrina Duque.)

Este artículo fue publicado en inglés, en la edición impresa del 12 de Octubre del 2020, con el título “Chile at the Barricades”.

Daniel Alarcón es escritor en The New Yorker.