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La Cancillería emitió una declaración anunciando que el Gobierno de Chile junto a sus similares de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay expresaron sus «inquietudes en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos” y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respete la autonomía de los países en la promoción y protección de derechos sin invadir las competencias de los Estados.

La declaración de la Cancillería provocó inmediatas críticas y dudas. El expresidente del Senado, el socialista Carlos Montes, expresó su “rechazo al cuestionamiento que la Cancillería y el ministerio de Justicia hacen al sistema interamericano de derechos humanos, se retrocede cuestionando el carácter universal de los derechos humanos y se restringe el alcance de la aplicación de los instrumentos del sistema interamericano”.

En este sentido, Montes hizo un llamado al “Gobierno a corregir este grave error, seguir las opciones de (Jair) Bolsonaro no es propio de nuestra historia y principios”.

Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez apuntó a la filiación política de los países firmantes, todos con gobiernos de derecha, señalando que «la nota enviada a @CIDH y @CorteIDH por países de PROSUR es el mayor vejamen que se puede cometer contra los DDHH de los habitantes de América Latina, es dejarnos a merced de las violaciones de DDHH».

El senador PPD Ricardo Lagos Weber se sumó a las críticas y señaló que “esto es un tercer ejemplo del llamado multilateralismo a la carta del Gobierno del Presidente Piñera en política exterior”.

“Elige aquellas cosas que le gustan como el comercio y el TPP, y rechaza aquellas cosas que dice relación con el medio ambiente, los derechos humanos de los inmigrantes y los derechos humanos en la región de América Latina”, acusó.

En tanto, la diputada comunista Carmen Hertz consideró como un “escándalo” que el Gobierno cuestione el sistema internacional de protección de los DD.HH.

“Es lamentable que el Gobierno de Chile, junto con gobiernos de la extrema derecha de la región, se dirijan a un organismo fiscalizador del sistema de Derechos Humanos a nivel regional, para que no limiten el ejercicio de autonomía de los estados. Realmente la política exterior de Chile está sufriendo un vuelco, porque nosotros desde que comenzó la democracia hemos siempre reforzado los espacios multilaterales y los organismos fiscalizadores, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de DD.HH.”, sostuvo la integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos de la Cámara.

En algunas organizaciones, la maniobra de la Cancillería también provoca resquemores. Para el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, es fundamental que Cancillería transparente el contenido de la nota enviada a la CIDH y los alcances de ésta.

“Es fundamental conocer el contenido de la nota enviada a la CIDH por sobre este comunicado, ya que no podemos permitir una relativización a la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, es urgente que el canciller explique las intenciones que tiene el Gobierno y que motivaron el envío de esta nota”, dijo Pi.

De todos modos, la CIDH se lo tomó con diplomacia, y reaccionó señalando que “valora la postura constructiva de los Estados». Anunció además que examinará el tema durante sus próximas sesiones.

El contenido de la misiva

Según informó este martes la Cancillería chilena, los representantes de los cinco países sudamericanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) le entregaron el 11 de marzo pasado una nota al secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.

En la misiva, subrayaron la «importancia crítica» del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano, indicó la Cancillería chilena.

Este principio, señaló la nota enviada a Abrão, exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región «sin invadir las esferas de competencia de cada uno».

Desde esta perspectiva, los cinco países consideran que gozan de un «razonable margen de autonomía» para asegurar los derechos y garantías y plantean que este margen debe ser «respetado» por las instituciones del sistema interamericano.

La nota hace hincapié en la necesidad de que tanto la CIDH como la CorteIDH «apliquen de forma estricta las fuentes de derecho internacional» en la resolución de los casos que analizan o juzgan.

También enfatiza la «importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades» de los Estados por parte del sistema interamericano y la necesidad de que las formas de reparación guarden una «debida proporcionalidad» y respeten los «ordenamientos constitucionales y jurídicos» de los países.

Asimismo, formulan recomendaciones a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para mejorar su actividad.

*Fuente:  El Mostrador 

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Miércoles 3 de enero 2018 19:43 hrs.

El Ministro en visita para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Miguel Enríquez Espinosa, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Entre los implicados se encuentra Miguel Krassnoff Martchenko, quien actualmente está recluido en el penal Punta Peuco. Para el brigadier en retiro del Ejército, el magistrado estableció la pena de diez años y un día, como autor del crimen.

En tanto, los agentes Teresa del Carmen Osorio Navarro y Rodolfo Valentino Concha Rodríguez fueron condenados como cómplices del homicidio a tres años y un día, con el beneficio de libertad vigilada.

Desde Punta Arenas, Carmen Castillo, documentalista y ex compañera de Miguel Enríquez, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que considera muy importante que la justicia haya hecho su trabajo. Además, indicó que este fallo de cien páginas constituye un material muy relevante para la historia del país.

A su juicio, la investigación da cuenta que “Miguel Enríquez combatió y resistió para vivir, puesto que la DINA y los agentes condenados venían a matar”.

“Es un combate de resistencia para vivir y eso no se puede negar. Si lo haces, vas a negar la libertad de un hombre libre y consciente que combate para preservar su vida y la del hijo que va a nacer, porque si caemos en manos de la DINA seremos torturados, asesinados y desaparecidos”, expresó.

Luego de conocer la sentencia, el ex candidato a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, expresó su opinión en su cuenta de Twitter:

Marco Enríquez-O

@marcoporchile

43 años después fueron condenados los asesinos de Miguel. La justicia tarda pero llega. Podrán opinar, denostar, inventar pero la justicia la hacen los tribunales. Sin odio ni violencia como familia valoramos el fallo. Mis pensamientos para mis abuelos que murieron esperando.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización querellante en la causa, valoró el trabajo del ministro Carroza y afirmó que la condena representa un avance en materia de verdad y justicia.

“Hay que recordar que asaltaron su hogar estando su pareja embarazada. Hicieron todo un simulacro ante una población, atemorizando, creando terror y asesinando a Miguel Enríquez. Para nosotros esto es un precedente valioso para las querellas que siguen y que hemos presentado como agrupación”, sostuvo.

El ilícito fue cometido el 5 de octubre de 1974, cuando el dirigente se encontraba en una casa en la comuna de San Miguel junto a su pareja Carmen Castillo y otros dos integrantes del MIR, José Bordas y Humberto Sotomayor. Cerca de las 13 horas agentes de la DINA y Carabineros “iniciaron una ofensiva armada en contra de los moradores del inmueble, que lleva a éstos a responder desde el interior”.

La investigación indica que Miguel Enríquez estaba intentando asegurar a su compañera, quien se encontraba embarazada y herida, pero “fue sorprendido por los agentes que se encontraban cubriendo la calle lateral, quienes le disparan y es abatido en el patio de un inmueble vecino”.

El fallo también condenó al Estado a pagar una indemnización a cada uno de los dos hijos de la víctima. Por su parte, la defensa de Krassnoff anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional y a la Corte de Apelaciones de Santiago para anular la sentencia.

*Fuente: Diario UdeChile

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El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó sentencia en contra de 58 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Rodrigo Ugas Morales, ilícito perpetrado a partir del 7 de febrero de 1975, en la Región Metropolitana.
Ugas Morales es una de las víctimas de la denominada «Operación Colombo».
En la resolución, el ministro Crisosto condenó a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito, a los agentes: Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Raúl Iturriaga Neumann.
En tanto, deberán cumplir 10 años y un día de presidio, también en calidad de autores, los agentes: Rolf Wenderoth Pozo, Basclay Zapata Reyes, Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Ramos Hernández, Teresa Osorio Navarro, José Mario Friz Esparza, Pedro Alfaro Fernández, José Abel Aravena Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, José Ojeda Obando, Heriberto del Carmen Acevedo, Luis Torres Méndez, Rodolfo Concha Rodríguez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres,Manuel Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Silvio Concha González, Héctor Briones Burgos,Carlos López Inostroza, José Fuentealba Saldías, Luis Videla Inzunza, Raúl Rodríguez Ponte, Palmira Almuna Guzmán, Osvaldo Pulgar Gallardo, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Rafael Riveros Frost yLeonidas Emiliano Méndez Moreno.
En el caso, del agente Samuel Enrique Fuenzalida Devia, el ministro Crisosto lo condenó a 541 días de presidio –con el beneficio de la remisión condicional de la pena– por su responsabilidad, como autor, en el delito.
Los agentes Eugenio Fieldhouse Chávez, José Jaime Mora Diocares, Delia Gajardo Cortés, Reinaldo Concha Orellana, Osvaldo Castillo Arellano, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Guerra Guajardo,Guido Jara Brevis, Hugo Clavería Leiva, Jorge Venegas Silva, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Carlos Miranda Mesa, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Raúl Soto Pérez, Moisés Paulino Campos Figueroa,Óscar Belarmino la Flor Flores, Miguel Ángel Yáñez Ugalde y Héctor Carlos Díaz Cabezas, fueron condenado a penas de 4 años de presidio, como cómplices.
En la causa, el ministro en visita absolvió a los agentes César Manríquez Bravo, Alejandro Francisco Molina Cisternas, Nelson Alberto Paz Bustamante, Héctor Raúl Valdebenito Araya, José Stalin Muñoz Leal, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Gustavo Galvarino Caruman Soto; Carlos Enrique Letelier Verdugo, Herman Eduardo Ávalos Muñoz, Raúl Bernardo Toro Montes, Pedro Ariel Araneda Araneda y Sergio Iván Díaz Lara.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el alto magistrado logró acreditar los siguientes hechos:
«En horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975,miembros de (..) la DINA detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central en Santiago a Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado «Cuartel Terranova» o «Villa Grimaldi», ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA; Que el ofendido Ugas Morales durante su estada en el cuartel de Villa Grimaldi permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización; Que la última vez que la víctima Ugas Morales fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado a fines de febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha; Que el nombre de Rodrigo Eduardo Ugas Morales, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista «LEA» de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Rodrigo Eduardo Ugas Morales había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».
*Fuente: El Clarin

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La Comisión Chilena de Derechos Humanos estima necesario felicitar a los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que acordaron darle el carácter de Monumento Histórico el llamado «Cuartel Rocas de Santo Domingo», cuna de la DINA, donde se torturó y asesinó a numerosas personas y que sirvió de lugar de entrenamiento de agentes de la DINA en los comienzos de la dictadura de Pinochet. Según la declaratoria de Monumento Histórico, el Ejército debe ahora recuperar y devolver los materiales de las cabañas, para reconstruir parte del campamento y convertirlo en museo de la memoria, lo que permitirá que no se olvide, y además, se aprenda sobre la veracidad de los numerosos testimonios y documentos acerca de lo ocurrido en Rocas de Santo Domingo y en el cercano regimiento de Tejas Verdes, expresión de la brutalidad a la que fue sometida las población de Chile en los oscuros días de la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos estima también necesario expresar su condena a la reacción del representante del Ministerio de Defensa, coronel de Ejército Eduardo Villalón Rojas, ante el Consejo de Monumentos Nacionales, quien votó en contra de la propuesta de declarar Monumento Histórico al lugar indicado. Este oficial de Ejército, a quien el gobierno ha relevado de su cargo, tuvo la desfachatez de ofender a las víctimas y a los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales, razón más que suficiente para que sea sujeto de sanciones.

El Estado de Chile se ha comprometido a mantener viva la memoria de quienes fueron víctimas directas del Terrorismo de Estado y una de las formas de hacerlo es precisamente mediante la declaración de Monumento Histórico de aquellos lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Iniciativas como la acordada por el Consejo de Monumentos Nacionales contribuyen a satisfacer la necesidad de implementar Políticas en cuanto a la educación en DD.HH., con el objeto de mantener una memoria histórica, y desarrollar una cultura de DD.HH.

Carlos López Dawson

Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos

Santiago, 14 de noviembre de 2014

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Dos días fueron insuficientes para que tanta mujer de los cuatro rumbos de la geografía mexicana vertiera sus agravios ante las conmovidas juezas. Estas leyeron la sentencia final junto a la Cruz de Clavos, memorial de las mujeres asesinadas, frente al Palacio de Gobierno, de la capital del estado norteño de Chihuahua en cuya acera está la placa que señala el lugar donde cayó asesinada en diciembre de 2010, la activista Marisela Escobedo, cuando protestaba por el feminicidio de su hija Rubí.

El Estado mexicano es el vértice donde confluyen las acusaciones de las víctimas y la sentencia de las juezas: la insensibilidad de sus funcionarios, la visión patriarcal y sexista que lo permea, el laissez faire o plena sumisión ante los poderes económicos, políticos y fácticos, la impunidad que prohíja, lo convierten al Estado en el actor que propicia, reproduce, la violencia de género en todas sus formas: sexual, institucional estructural, feminicidio, laboral, criminalización de defensoras de derechos humanos y periodistas.

Claman las madres, las familias de los asesinados, desaparecidos por la violencia de la sucia guerra contra el crimen organizado. Tan sólo en la ciudad de Cuauhtémoc, que no llega a los 150 mil habitantes, ha habido 350 personas desaparecidas en los últimos años. La Señora Muñoz narra entre sollozos como un comando de uniformados se llevó a los ocho varones adultos de su familia que celebraban el día del padre de 2011. Los casos se repiten con la misma constante: el Estado como principal responsable, ya sea porque fueron sus cuerpos militares o policíacos quienes desaparecieron o mataron a las personas, o quienes dieron cobertura a los delincuentes o porque ha sido omiso en investigar y castigar.

El feminicidio, visibilizado primero en Ciudad Juárez, y luego en todo México, es un estrujante réquiem narrado por la polifonía de mujeres de varios estados de la República. El proceso que las familias siguen es semejante por doquier: denuncian, se tienen que tornar detectives, investigadoras, peritas forenses, prosecutoras, ante la inacción de las autoridades. El aparato estatal de procuración de la justicia es pasivo, si no cómplice del crimen organizado de los esposos y los novios que le entraron a la moda macabra de deshacerse definitivamente de la mujer que les estorba. Estremecen casos como el del Arroyo del Navajo, cerca de la fronteriza Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los restos óseos de 19 mujeres asesinadas brutalmente, varias de ellas, capturadas por las redes de trata, invisibles para las autoridades.

Contra las mujeres que se ponen de pie, que se organizan, que reclaman, más que sus derechos, los derechos de otras y de otros, el Estado actúa con una presteza inaudita. La hija de Nestora Salgado relata con lucidez el caso de su madre, presa y hostigada todos los días en el penal federal de Nayarit. Luego de cumplir la labor de preservar la vida y el patrimonio de la gente, dirigiendo las autodefensas de Olinalá, en el sureño estado de Guerrero, es acusada y aprehendida por el mismo gobierno, impotente ante los criminales.

Siempre el mismo ciclo detrás de todas las acusaciones: 1: Agresión de todo tipo a las mujeres y a sus comunidades: feminicidio, desapariciones forzadas, despojo de recursos naturales a las comunidades por mineras y megaproyectos, ataques del crimen organizado, violencia familiar. 2: Ante la ausencia, negligencia o complicidad de las autoridades, respuesta organizativa desde abajo, sobre todo de las mujeres: defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarias, familiares empoderadas de desaparecidas y desaparecidos, periodistas, defensoras de su vivienda ante las hipotecarias, sindicalistas, vendedoras ambulantes. Y, 3: ahora sí, el Estado cómplice ante los poderosos, reacciona contra las mujeres que luchan y participan: detiene y encarcela; fuerza exilios como los de Cipriana Jurado y Marisela Reyes, permite se hostigue a defensoras de derechos humanos, amenaza periodistas, difama organizaciones de mujeres, libera órdenes de aprehensión contra deudoras de la banca, despide a las sindicalistas independientes, desaloja vendedoras ambulantes. Reprime y criminaliza.

También con reformas legales el Estado agrede a las mujeres: aunque en muchos estados se han puesto en marcha leyes represivas contra las que deciden abortar; nuevos códigos de procedimientos que agilizan los desalojos de las viviendas; reformas energéticas que facilitan el despojo de territorios, aguas y recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas, sin considerar que son precisamente las mujeres quienes más cuidan, quienes más luchan por defender dichas comunidades.

La transición y la democracia se atascan o se pervierten en cuanto llegan a la encrucijada del género y de la raza. En la barbarie contra las mujeres el Estado opera como instrumento de una clase transnacional privilegiada, revela su sustancia sexista y racista. Por eso, la sentencia más justa de esta audiencia del Tribunal de los Pueblos es que el Estado mexicano, como es y actúa ahora, debe ser condenado a desaparecer y refundado desde el pueblo sobre las bases de equidad de género, de raza y de clase. Y que, ante el desdén sistemático de las instancias del gobierno mexicano a poner en práctica las recomendaciones de instancias como la Corte Interamericana de los derechos Humanos, deben instituirse mecanismos que permitan una continua y sistemática regulación de las mujeres sobre los poderes políticos y económicos.

Mujeres como las que participaron en esta audiencia del TPP pueden hacer todo esto. Como víctimas demostraron su gran estatura moral y personal. Ninguna de ellas se ha estacionado en su muy justo dolor; todas se han convertido en sujetos de nuevos procesos, de demandas de justicia, de reconstrucción de su familia, de recreación de sus comunidades. Son mujeres para las que el Apocalipsis es pasado y el presente, el Génesis, como apuntaría Leonardo Boff.

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

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COMISIÓN DD.HH. e Institucionalidad.

Se inicia trabajo de la Comisión con una introducción del Coordinador de la misma en la que plantea que la pregunta principal que debiera orientar las deliberaciones, es nuestro análisis para definir cómo se orienta y apoya una nueva Ley de Reparación. Destaca el hecho inédito -que fundamenta el momento actual-de la existencia del informe del Programa DH del Ministerio del Interior, redactado por don Francisco Ugás, quien en su condición de abogado del Estado informó favorablemente durante el gobierno de Piñera, el año 2012, la propuesta de Reparación que presentó a ese gobierno el Comando Unitario.

Los elementos de esa propuesta favorablemente informada como acorde a derecho y a la constitución aún vigente, fundamenta los 9 puntos que están detallados en el documento titulado «Elementos Permanentes de Plataforma Unitaria Propuesta para una Nueva Ley de Reparación por Prisión Política y Tortura» conocido ampliamente porlos participantes del Encuentro.Este documento constituye el eje de trabajo no sólo de esta Comisión, sino del posicionamiento reivindicativo del Comando Unitario.

Así, el gobierno actual reafirma lo avanzado y el Subsecretario de Interior, Don Mahmud Aleuy manifiesta el 10 de junio, que es la voluntad del Gobierno cerrar el tema de la reparación a las víctimas de prisión política y tortura durante esta legislatura. Esto se lograría con medidas administrativas y con una eventual nueva Ley de Reparación.

En el momento actual las diferentes reparticiones del Estado están informando al gobierno de lo actuado desde sus ámbitos de acción hasta ahora, tanto en términos cualitativos (identificación del tipo de acciones específicas que informan los gastos efectuados) como cuantitativos (partidas presupuestarias efectivamente gastadas en reparación a víctimas de prisión política y tortura); y el compromiso del Programa, es tener el Proyecto de Ley… el 30 de noviembre, del año en curso.

El desarrollo del temario de 5 puntos sometidos a debate en la Comisión, fueron:

1.- ¿Situación de los DDHH en Chile?,

2.- ¿Actores relevantes en este ámbito?

3.- ¿Compromiso del gobierno con los DDHH?

4.- ¿Amenazas de hoy a DDHH?

5.- y por último, ¿Qué debemos hacer?

Punto 1.- La situación de los DDHH en Chile es insatisfactoria para la Comisión. Se siguen aplicando métodos de represión heredados de la Dictadura en situaciones de movilización social. Los excesos policiales, los casos de tocamientos de mujeres detenidas en manifestaciones estudiantiles, las violentas formas represivas en Araucanía, la colusiónde la fiscalía y servicios de inteligencia policiales para culpabilizar a comuneros mapuches, por nombrar algunos.

Se valoran los avances realizados estos últimos 20 años en materia de DDHH en el país. La situación genéricamente es mejor, con «rezagos» como los comentados más arriba. Hay pues una progresión;pero no es plena ni satisfactoria. Falta mucho por hacer.

Por ejemplo Chile carece de una clara política educativa nacional que incorpore la materia de DDHH en el currículo académico de los niños y jóvenes estudiantes. Parece necesario y urgente, en este sentido, la tarea testimonial de los ex PP, no ya ante comisiones calificadoras sino ante la Sociedad en su conjunto, a través del sistema educativo, y así activar nuestra presencia social, como factor educativo ciudadano. La Memoria se empieza a perder por el fallecimiento de las víctimas.

El ESTADO debiera reconocer oficialmente la existencia del Terrorismo de Estado durante la Dictadura, para que se estudien y tipifiquen los casos de violaciones de DDHH, y así crear una base operativa que permita programar los contenidos de la Memoria que debiera formar parte deloscurrículos educacionales antes mencionados, con contenidos y enseñanzas de DDHH.

Punto 2.- Para la Comisión, son actores relevantes, instituciones del Estado (Gobierno, Parlamento, Poder judicial, policías, INDH, Programa DH) y las organizaciones de la sociedad civil (ONG, organizaciones de sobrevivientes y familiares, organizaciones defensoras, observadores, colectivos, etc.).

En el programa de Gobierno se explicitan varios compromisos, entre ellos algunos vinculados al tema reparatorio, y esperamos que esos compromisos se cumplan. En el Congreso, una mayoría de parlamentarios han apoyado nuestras aspiraciones de Justicia y Reparación. Con la bancada PC-IC, existen relaciones de trabajo y fluidas relaciones con la Comisión de DD.HH. lo que nos facilita nuestro trabajo en esa instancia. El Poder Judicial, en los últimos años ha logrado importantes avances en materias de Verdad… pero está al debe en la aplicación de Justicia.

Las relaciones con el Programa DDHH del Ministerio de Interior, son muy fluidas –estamos trabajando juntos el anteproyecto- y de aprobarse el apoyo jurídico para los sobrevivientes, implicará mucho trabajo en conjunto.

En cuanto al funcionamiento del Instituto Nacional de DDHH se reconoce que ha jugado un rol en la fiscalización de los abusos policiales, pero hay comentarios críticos sobre el rol que desempeña aún hoy, por su quehacer «profesionalizado» incapaz de trabajar en red con las organizaciones que le dieron origen, entre las cuales se cuentan las de Comando.

Esperamos que al Proyecto de nueva Subsecretaria de DDHH del Ministerio de Justicia, se le asigne a esta un rol más activo, con un mandato claro de protección y promoción de derechos, con las atribuciones y recursos que permitan efectivamente adecuar las leyes y las diversas instituciones del Estado a las necesidades ciudadanas.

Por otra parte, están frescas en la memoria las graves deficiencias de la última comisión estatal calificadora de Ex PP detenidos, desaparecidos, torturados. Se sugiere en la Comisión que para evitar estas situaciones en la próxima Comisión de Calificación –que esperamos sea permanente- debiera haber presencia orgánica de los Ex PP, para por una parte aportar antecedentes en los casos de compañer@s que nos conste su calidad, así como también a identificar a las personas que intentan obtener beneficios de forma fraudulenta.

Punto 3.- Nos referíamos antes al Programa de Gobierno, y a los compromisos allí establecidos. Somos veteranos en estas lides, y sabemos cuánto valor tienen las promesas de las candidaturas; pero tenemos esperanzas de que las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y los derechos humanos, existentes en la coalición de Gobierno, no los dejarán en el olvido; y fundamentalmente tenemos confianza en nuestras propias fuerzas para exigir su cumplimiento.

Punto 4.-La principal amenaza a los derechos humanos proviene de un modelo económico, que transformó los derechos sociales en mercancías, encapsuló la democracia en un sistema binominal y que utiliza al Estado como soporte de negocios y a las FF.AA. y de Orden como guardia pretoriana de las grandes empresas. En lo puntual, vemos con preocupación la ofensiva de los poderes fácticos, que ante la presión del movimiento social y la tibia voluntad reformadora del Gobierno, amenaza con «crisis económica», saca grupos de «defensores de la libertad de enseñanza» a la calle y frente a la fiscalización de casos como la Polar o Cascadas… amenaza con la reaparición de Patria y Libertad.

Punto 5.- Lo primero es establecer como piedra angular de las políticas de seguridad pública, que la violación de los DDHH sólo la realizan agentes del Estado a través de la negación de derechos, del abuso de poder, la violencia policial y la tortura de ciudadanos. Operadores políticos interesados en confundir a la opinión pública, frente a un Carabinero agredido por manifestantes o un transeúnte herido por una pedrada, gritan histéricamente que les están violando sus DD.HH. Cuando una persona natural agrede a otra, o atenta de cualquier forma contra miembros de la FFAA y otros funcionarios del Estado… se está en presencia de un delito común tipificado en los Códigos de justicia, los cuales consideran penas altísimas para los infractores.

Debemos impulsar un trabajo de educación en DD.HH. que nos permita defender con solvencia nuestras política y asesorar a otros (estudiantes, pobladores, trabajadores) en la defensa de su dignidad y derechos.

Debemos impulsar con más fuerza la recuperación de la Memoria histórica, de preservación de testimonios, desde la perspectiva de las de las luchas populares, para no caer en la victimización llorona, y transmitir nuestra experiencia a las nuevas generaciones. En esta perspectiva, se debieran realizar además Conversatorios sobre exilio e insilio.

Se plantea además la necesidad de crear y practicar instancias de solidaridad con los compañeros y compañeras mayores que están abandonados, practicando una solidaridad afectiva con ellos.

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN:

1. A) Articular y coordinar las organizaciones del Comando a nivel territorial, para apoyar y fortalecer la Mesa Nacional.
2. B) Contactar a los Ex PP no organizados o de organizaciones distintas al Comando (por ejemplo, Colectivos de Memoria), para informarles de las gestionesy sumarlos a trabajos territoriales.
3. C) Necesidad de confeccionar diagnóstico nacional sobre la realidad de las organizaciones de derechos humanos, Familiares de D.D., Ejecutados, Fallecidos, Ex menores, Usuarios PRAIS, retornados y sitios de memoria, para establecer o fortalecer el proceso de Unidad y Cooperación con todas las organizaciones afines, con miras a constituir un frente común capaz de exigir al Estado Verdad, Justicia, Memoria y Reparación.
4. D) Efectuar seguimiento permanente de nuestras reivindicaciones frente al Estado, a niveles nacional, regional y comunal.
5. E) Humanizar nuestras relaciones a través de la solidaridad y de la preocupación permanente con nuestros compañeros y compañeras más débiles y necesitados.
6. F) Generar y fortalecer vínculos de trabajo con organizaciones sociales, culturales, ambientales y de pueblos originarios, para defender los intereses populares.
7. G) Consideramos importante mantener informados a todos y todas las Ex PP, a través de correos electrónicos, redes sociales, y medios de comunicación masivos.
8. H) En cuanto a las reivindicaciones, respaldamos tanto la propuesta como lo obrado por la Mesa Nacional, que nos ha llevado a las puertas de una nueva ley y consideramos necesario informar a Municipios, Gobernaciones, Intendencias, parlamentarios y partidos políticos, a través de canales orgánicos y acciones coordinadas nacionalmente.
9. I) La formación de nuestra gente es vital, para poder ayudar y asesorar a otros, por lo que postulamos la creación y sistematización de un Código de DD.HH, que contemple Convenciones y Tratados internacionales y recoja las Leyes emanadas de las Comisiones Nacionales de Verdad y Reparación.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES:

Esta comisión parte estableciendo que: SIN COMUNICACIÓN NO HAY MOVILIZACIÓN, Y SIN MOVILIZACIÓN NO HAY LEY DE REPARACIÓN. Reconocen los esfuerzos del Comando por informar oportunamente de las gestiones realizadas a través de los «Informes a las bases», y del levantamiento de la fanpage: www.facebook.com/comandounitarioexpp que permite a cualquier persona interesada acceder a documentos, fotografías, informes y videos, y comentar lo realizado. Se pide difundir la existencia de esta Página.

Sin embargo, las urgencias por concentrar esfuerzos para sacar nueva Ley de Reparación, obliga a mejorar las comunicaciones con las bases territoriales y orgánicas, y a canalizar información relevante hacia la comunidad.

Por tanto proponen:

1. A) Generar coordinación nacional de comunicadores del Comando, que integre y canalice información «desde y hacia» comunas y regiones. Idealmente integrada por personas con habilidades y conocimientos en comunicación.
2. B) Generar catastro de medios de comunicación y colectivos de prensa popular, radios comunitarias, centros culturales y grupos sociales afines a nuestras propuestas para establecer redes que permitan canalizar información y posicionamientos.
3. C) Comunicar usando todas las tecnologías y medios disponibles, desde redes digitales, correos electrónicos, videos, prensa, radio, TV, hasta foros y «puerta a puerta».
4. D) Vincular a usuarios de becas Valech, con las Federaciones estudiantiles, para establecer una relación concreta y permanente en relación a este tema.

COMISIÓN PLATAFORMA

CALIFICACIÓN

Partiendo del compromiso de la Presidenta, de establecer una Comisión Permanente, se requiere:

1. A) Adecuar criterios de calificación a la realidad concreta que afecta a las y los sobrevivientes, con el objetivo de facilitar proceso.
2. B) Plazo claro del proceso de calificación y obligación de fundamentar rechazo.
3. C) En caso de falta de documentación que acredite la calidad, escuchar lo que organizaciones tienen que decir al respecto.
4. D) Exigir trato digno y lugares apropiados.

APOYO JURÍDICO

Que sea el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior quien asuma la responsabilidad de facilitar apoyo jurídico a las y los sobrevivientes en lo que a querellas contra aprehensores y torturadores se refiere, dada su especialización en el tema.

PENSIONES

1. A) Terminar con la incompatibilidad artificial de la Pensión de Reparación por prisión Política y Tortura, con la de Exonerados; y cualquier otra pensión que en derecho nos corresponde.
2. B) Acoger finalmente la propuesta del Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura (2004).
3. C) Heredabilidad al 100% de ésta, incorporando al viudo y conviviente con hijos.
4. D) De acuerdo a la Legislación internacional corresponde indemnizar por daño causado y lucro cesante, por día de permanencia en recintos estatales de detención.

EDUCACIÓN

9. a) Traspaso de la Beca Educacional, en los mismos términos ejercidos por los titulares de la Ley 19.992.
10. b) Que los hijos producto del traspaso, que tienen deuda, puedan acogerse a condonación.

VIVIENDA

1. a) Otorgar un subsidio especial y específico de vivienda para las víctimas calificadas que carecen de casa propia.
2. b) Liberar de la obligación de presentar Ficha de protección Social, por ser un tema específico de Reparación de acuerdo a estándares internacionales.

SECRETISMO

Derogar definitivamente el artículo de la Ley 19.992, que establece secreto para nuestros testimonios por 50 años.

VI ENCUENTRO NACIONAL UNITARIO

VOTOS POLÍTICOS ACORDADOS

.- Apoyo solidarioa los presos políticos del mundo, y en particular con el compañero Jaime Castillo Petruzzi, recluido hace más de 20 años en Perú, con los miles de presos palestinos y los compañeros cubanos que aún están recluidos en EE.UU. Apoyar asilo en Chile para presos de Guantánamo.

.- Apoyar con todas nuestras fuerzas la movilización estudiantil en contra del lucro y por una educación digna, gratuita y de calidad.

.- Apoyar sin ambigüedades las luchas del Pueblo-Nación mapuche, por tierra y dignidad, y exigir la liberación de los comuneros presos.

.- Apoyar las luchas contra la precarización laboral que libran miles de trabajadores a «honorarios» de la salud, y en general del aparato estatal.

.- Sumarnos a la lucha por la recuperación de nuestras riquezas básicas hoy en manos privadas, principalmente la gran minería del cobre, que fuera nacionalizada en 1971, por el Gobierno de la Unidad Popular.

.- Los pueblos deben decidir sobre las instituciones que los rigen: Nueva Constitución para Chile.

.- Solidaridad para estudiantes y académicos de la Universidad ARCIS, que tratan de salvar su universidad.

.- Exigir la DEMOCRATIZACIÓN de las FF.AA. y de Orden. No es aceptable que aún sean bastiones del pensamiento autoritario, antidemocrático y represor. Apoyar los esfuerzo por desmonumentar la Dictadura al interior de las FF.AA. Demandar cierre inmediato de la Escuela norteamericana de represores que opera en Con Con por ser un peligro para la ciudadanía movilizada y una clara violación de la Soberanía Nacional.

Valparaíso, 11 de septiembre de 2014

Ver más: http://exprisioneroschile.cl/index.php/component/content/article/1-coordinadora/226-resoluciones-aprobadas-vi-enu-por-comision.html

El articulo Resoluciones aprobadas en el VI Encuentro Nacional Unitario de Ex- Presos Políticos y Familiares apareció primero en piensaChile.

El establishment político y mediático español y sus portavoces han guardado, mientras tanto, un silencio ensordecedor sobre lo que ocurre en Honduras. Este silencio va parejo a la atención mediática por lo que está pasando en América Latina y en las fronteras del sur de EEUU con la infancia. Hoy es noticia mundial que se han detenido casi 50.000 niños (sí, ha leído bien, niños) en su intento de atravesar solos la frontera de México con EEUU huyendo muchos de ellos de Honduras. Pues bien, según Dan Beeton (“The Child Migration Crisis and the Legacy of the Honduran Coup”, del Center for Economic and Policy Research, de Washington DC), el 28% de estos niños son de Honduras. Sin embargo, en ninguno de los grandes medios se ha relacionado a estos niños con Honduras.

¿Qué pasa en Honduras?

Si usted es lector de estos medios, la conclusión a la que llegará es que no pasa nada. La atención se centra en Venezuela, gobernada por un partido de izquierdas. Honduras no tiene ninguna cobertura mediática, y ello a pesar de que hoy es uno de los países más violentos en el mundo, con mayores violaciones de los derechos humanos. Está gobernado por las derechas, por partidos (conservadores y liberales) que pertenecen a la misma sensibilidad y familias políticas (pertenecen a las Internacionales Conservadoras y Liberales) que las derechas españolas, es decir, PP, CiU, UPyD y C’s. Honduras (país con algo más de 8 millones de habitantes) es definida como la capital mundial de asesinatos políticos. Los siguientes hechos están siendo silenciados por los establishments políticos y mediáticos españoles (incluyendo los catalanes):

Una mujer es asesinada cada 13 horas. Según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, el feminicidio ha aumentado un 92% desde que tuvo lugar el golpe militar en el año 2009 liderado por un partido liberal. El equivalente en España serían 3.623 feminicidios.

116 miembros de movimiento sociales han sido asesinados desde el golpe del año 2009. El equivalente en España serían 668 asesinatos.

Más de 30 periodistas han sido asesinados desde el golpe, sin que –según Reporteros sin Fronteras- ninguno de los asesinos haya sido imputado. El equivalente en España habría sido de 173 periodistas.

74 abogados, conocidos defensores de los derechos humanos, han sido asesinados desde el año 2009. El equivalente en España serían 426 abogados.

18 miembros del partido del Ex presidente Manuel Zelaya,  (depuesto por el golpe militar) han sido asesinados. El equivalente en España serían 104 miembros.

100 activistas del movimiento campesino de protesta frente a la Dinant Corporation han sido asesinados, y sus tierras expropiadas, durante este periodo. El equivalente en España serían 576 campesinos.

El clima de terror ha sido generalizado, pues sostiene una de las estructuras sociales más injustas de las muchas existentes en América Latina. La pobreza es sangrante y ha empeorado desde el año del golpe.

Esta situación ha generado una protesta por parte de 108 miembros del Congreso de EEUU, que han escrito una carta al Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. John Kerry, exigiendo que se interrumpa cualquier ayuda al gobierno hondureño, y denunciando los abusos existentes en aquel país, que han conducido a la huída de personas (incluyendo niños solos) de esta situación de miseria, pobreza, terror y represión. Desde que sucedió el golpe militar, el número de niños solos que intentan huir a EEUU, a través de la frontera, ha aumentado en 1.272 veces. Y los liberales y conservadores españoles no dicen ni pío. Este silencio es un indicador de su inexistente compromiso con la libertad y con los derechos humanos que constantemente cacarean.

El País y sus silencios ensordecedores, incoherencias e hipocresías.

Mientras se daba este silencio ensordecedor sobre la enorme violación de los derechos humanos que está ocurriendo en Honduras, ha habido una algarabía casi histriónica contra el gobierno Chávez (que fue uno de los más exitosos en reducir la pobreza, incluyendo la infantil). Este doble estándar se muestra en la agresividad frente al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, acusándolo de haber recibido dinero del demonio, el gobierno Chávez. El diario El País ha sido uno de los mayores acusadores, denunciado que Pablo Iglesias recibió dinero como consecuencia de sus servicios prestados como asesor. Lo que El País no ha dicho es que este rotativo ha recibido 4 millones de dólares del gobierno Chávez por los servicios proveídos por este periódico, vendiéndole (su casa editorial) un millón de ejemplares de El Quijote. Es más, El País colaboró con el gobierno Chávez al sacar un prólogo de Vargas Llosa y sustituirlo por otro, escrito por el Premio Nobel José Saramago.

Imagínese el lector por un momento que esto lo hubiera hecho el diario Público. Habría habido una movilización mediática liderada por El País en contra de Público por ser un instrumento del gobierno venezolano, servil y dócil al Presidente Chávez. Ni que decir tiene que El País no ha dicho ni pío de todo esto. Para leerlo tiene que ir al último número de la revista Mongolia (Julio/agosto 2014, pagina 61), que lo explica con gran detalle.

Estamos viendo, pues, el intento de destruir por todos los medios imaginables un movimiento que se considera amenazante a la estructura de poder financiero, económico, y por lo tanto político y mediático, de este país. Y el establishment responsable de tal agresividad  tiene la osadía de justificar sus manipulaciones y falsedades bajo el argumento de que son ellos los defensores de los derechos humanos. El grado de incoherencia, por no decir hipocresía, del establishment español alcanza niveles auténticamente hiperbólicos.

–          El autor, Vicenç Navarro, es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra

*Fuente: Publico.es

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El gobierno de Estados Unidos conocía al detalle cómo, dónde y de qué manera los militares de la dictadura brasileña torturaban sistemáticamente a sus opositores políticos. Según una serie de 43 documentos recientemente desclasificados que el vicepresidente estadounidense Joe Biden le entregó a la presidenta brasileña Dilma Rousseff hace dos semanas, durante su visita a la inauguración del Mundial, Washington también sabía que numerosos detenidos por la dictadura brasileña eran asesinados en ejecuciones extrajudiciales y que en los ’60 y ’70 la cúpula militar al menos toleraba el accionar de los escuadrones de la muerte.

Según los documentos entregados por Biden, la actitud del gobierno de Richard Nixon ante la información que recibía era tibia tirando a permisiva, por no decir cómplice. En privado, Washington les hizo saber a los militares brasileños que no aprobaba estos métodos que “dañan la imagen de Brasil”. Al mismo tiempo la Casa Blanca se cuidó de no denunciar ni criticar públicamente a la dictadura, a la que le reconocía su “éxito” en la “lucha contra el terrorismo”.

Los documentos fueron desclasificados por los Archivos de Seguridad Nacional (ASN), una organización no gubernamental basada en Washington, y publicados ayer en la página web de la Comisión Nacional de la Verdad (http://www.cnv.gov.br/index.php/outrosdestaques/498documentos).

La entrega de documentos por parte de Biden forma parte de una estrategia de acercamiento del gobierno de Barack Obama hacia Brasil, luego del daño que sufrieran las relaciones bilaterales el año pasado a partir de las revelaciones del ex espía Edward Snowden sobre cómo la agencia de inteligencia estadounidense NSA espiaba a Rousseff y a la empresa energética Petrobras.

“Espero que al tomar pasos para enfrentar nuestro pasado podamos encontrar la manera de enfocarnos en nuestro inmenso futuro”, Biden le dijo a Rousseff durante la ceremonia de entrega de los documentos en el Palacio del Planalto de Brasilia. “Soy optimista que el gobierno de Obama entregará a la Comisión de la Verdad informes aun más detallados de la represión que permanecen ocultos en los archivos secretos de la CIA y la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa,” agregó Peter Kornbluh, director de Proyecto Brasil de los ASN.

En uno de los documentos desclasificados para la visita de Biden el cónsul general estadounidense en Río de Janeiro le informó al Departamento de Estado que los militares brasileños empleaban dos métodos de tortura diferentes. Por un lado, la tortura “moderna”, la que produce “un dolor insoportable” pero no deja marcas en el cuerpo, que se usaba con estudiantes que no tendrían participación directa en la lucha armada y eventualmente serían liberados. Por otro lado, la tortura “tradicional”, para los sospechosos de pertenecer a la guerrilla, quienes luego serían asesinados en ejecuciones extrajudiciales disimuladas como huidas o como “enfrentamientos armados”.

A lo largo de siete páginas escritas a máquina, el cable fechado 16 de abril de 1973 detalla con dolorosa precisión distintos métodos de tortura física y psicológica empleados por los militares brasileños.

“Por su precisión y casi ausencia de tachaduras se trata de uno de los informes sobre tortura más detallados sobre técnicas de tortura que jamás se haya desclasificado en Estados Unidos”, dijo Kornbluh a Página/12. El cable arranca así:
SUMARIO: las detenciones de presuntos subversivos por parte de agentes del Primer Cuerpo del Ejército han crecido dramáticamente en las últimas semanas. En su mayoría estudiantes universitarios, los detenidos han sido sometidos a un intenso programa psicológico de exigencias designado para extraer información sin dejar marcas visibles o duraderas en los cuerpos. Se dice que aquellos sospechados de ser duros terroristas son sometidos a métodos más viejos de violencia física que a veces puede causar la muerte. La explicación más creíble de este pico de detenciones es que el eficiente seguimiento policial de la información extraída tras las detenciones de principios de año llevó a un número más grande de subversivos para ser detenidos. Otra explicación menos lógica pero más difundida vincula a las detenciones con la sucesión presidencial. La reacción pública a estas detenciones ha sido moderada y calma, por ahora, en parte porque muchos creen que una campaña abierta para denunciar y criticar las detenciones sólo haría peor la situación de los presos y provocaría más detenciones.

Según el documento, para los estudiantes las torturas empezaban en el mismo momento en que los detenidos eran secuestrados a punta de pistola por policías civiles en vehículos sin chapa. Apenas los subían al auto, los encapuchaban y los obligaban a acostarse en el piso del asiento trasero. Al llegar a la comisaría lo desnudaban y lo dejaban varias horas en una celda fría y oscura, con parlantes enchufados que emitían gritos, sirenas y silbidos a altos decibeles. Después venía la rutina policía bueno-policía malo y después, si el prisionero no confesaba, la tortura continuaba:

En este punto, si el individuo no confiesa y se cree que posee información valiosa, se lo somete a tormentos físicos y psicológicos cada vez más dolorosos hasta que confiesa. Se lo coloca desnudo en un cuarto pequeño y oscuro con un piso de metal por el cual pasa una corriente eléctrica. El individuo siente el shock, si bien es liviano en intensidad, al ser constante eventualmente se vuelve imposible de soportar. El individuo permanece varias horas en este cuarto. Entonces puede ser trasladado a otro de los varios cuartos de “efectos especiales” en el cual distintos instrumentos son usados para generar miedo y molestias físicas. A veces se genera un cansancio mental y físico extremo, especialmente cuando llevan dos o tres días de tratamiento, ya que durante ese período no le dan ni agua ni comida.

En cambio los “terroristas duros” son torturados a muerte con “los métodos viejos de violencia física” y luego sus muertes son disimuladas como enfrentamientos armados, señala el despacho.

Muchas fuentes señalan que la “técnica del enfrentamiento armado” está siendo usada de manera creciente no sólo en Río sino en todo Brasil para manejar las relaciones públicas con respecto a las muertes de subversivos. Esta técnica se habría adoptado para los terroristas “duros” o los subversivos radicales conocidos, para obviar referencias a su muerte-por-tortura en la prensa internacional.

El 1º de febrero de 1971, el canciller estadounidense William Rogers le hizo saber a su colega brasileño Mario Gibson Barboza que le preocupaba la “represión y los duros métodos policiales” de la dictadura, dice en otro cable diplomático, fechado el 10 de ese año y mes.

Aunque reconoció que era un asunto interno de Brasil, el secretario dijo que causaba preocupación en algunos círculos de Estados Unidos e impactaba de manera adversa en la imagen de Brasil. El secretario se preguntó si el gobierno de Brasil podía hacer algo para mejorar esta situación. Gibson contestó extendiendo una invitación para que el secretario visite Brasil. Dijo que de la manera en que será recibido, de los discursos que se hagan y de los actos en que participe podrá verificar la amistad que existe entre los dos países y la dirección que Brasil está tomando para solucionar este problema.
Más allá de la “mala imagen” internacional, otro cable, esta vez del 15 de julio de 1972, dice que la sociedad brasileña tolera el uso de la tortura porque le atribuye a ese método parte del “éxito” en la “lucha antisubversiva”:

Aunque hay amplias evidencias de que los métodos de interrogatorios duros siguen siendo empleados a nivel regional y local, en algunas áreas y por algunas unidades de manera más flagrante que en otras, a pesar de la fuerte publicidad internacional adversa sobre el tema, y a pesar del disgusto que dichas medidas les producen a los funcionarios de primer nivel, es improbable que estos excesos se eliminen completamente mientras este gobierno obsesionado con la seguridad crea que todavía exista una amenaza terrorista significativa, cuya eliminación es su prioridad número uno. Para bien o para mal, muchos brasileños le atribuyen el éxito de la campaña antiterrorista a la fuerza de las medidas aplicadas en contra de los terroristas.

Email del autor: santiagoodonnell.blogspot.com

*Fuente: Pagina12

El articulo Clase magistral de torturas. Desclasifican documentos de EE.UU. sobre la dictadura brasileña apareció primero en piensaChile.

De acuerdo al Diccionario de la RAE, se entiende por corrupción “acción y efecto de corromper o corromperse”; y por corromper, en su primera acepción, “alterar y trastrocar la forma de alguna cosa”. Esto último es lo que ha experimentado el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos que, luego de haber jugado un rol de gran apoyo en la lucha contra las dictaduras del continente, se ha ido convirtiendo en la práctica en un auxiliar de la preservación de los sistemas neoliberales que aquellas impusieron.

Esto es particularmente visible en el caso del derecho a la libre información y expresión.

Para que este derecho tenga efectiva vigencia se requiere de una legislación que impida sus restricciones administrativas, legislativas o judiciales. Pero tan o más importante que ello es que exista diversidad y pluralidad en la propiedad de los medios de comunicación; lo que se da muy poco en la generalidad de los estados latinoamericanos debido al incremento que efectuaron las dictaduras de la concentración de la propiedad de dichos medios. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría de Libertad de Expresión han manifestado una escasísima preocupación –básicamente nominal- al respecto, concentrando sus críticas en las legislaciones y actos administrativos y judiciales; e incluso en éstas, centrándose en el cuestionamiento a gobiernos contrarios al neoliberalismo, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela.

Particularmente chocante ha sido el doble estándar que han utilizado en relación a Chile. No nos olvidemos que nuestro país es el que tiene menor diversidad y pluralidad informativa entre los signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primero por obra de la dictadura y luego por la acción concertada de los gobiernos neoliberales concertacionistas y aliancistas. Recordemos que luego de 1990, debido a políticas activas de los sucesivos gobiernos (como el bloqueo de ayudas externas y la discriminación del avisaje estatal), fue eliminada la generalidad de diarios y revistas de oposición a la dictadura que surgieron en la década de los 80; y varios medios progresistas que se fundaron con posterioridad. Fueron los casos –entre otros- de Análisis, Apsi, Fortín Mapocho, Hoy, La Epoca, Plan B y Rocinante.

Pese a todo lo anterior ¡no se ha escuchado ninguna crítica de la CIDH ni de la Relatoría al respecto! ¡Qué contraste con las durísimas y permanentes críticas a los gobiernos venezolanos; en circunstancia que –más allá de las restricciones administrativas y legislativas allí presentes- la diversidad y pluralidad de medios existentes en el país de Bolívar constituyen un verdadero “paraíso” si las comparamos con la situación chilena!

Peor aún ha sido el contraste de cómo el sistema interamericano de derechos humanos –y varias ONG internacionales aparentemente serias- han tratado los casos de RCTV en Venezuela y de Clarín en Chile. En el caso del primero el gobierno de Chávez legalmente negó la renovación de la concesión a un medio televisivo que había apoyado el fugaz golpe de Estado de abril de 2002. Además, usó una legislación (lamentablemente) muy común en el resto del mundo y, desde luego, en la generalidad de los países americanos. Sin embargo, pese a ello, el sistema interamericano efectuó una durísima crítica contra dicho gobierno por aquella conducta.

En cambio, respecto de la persistente no devolución de Clarín a Víctor Pey -el diario chileno de mayor circulación a 1973 y que fue confiscado por la dictadura- ¡el sistema interamericano no ha dicho nada! Esto, a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado (1975) y un tribunal del Banco Mundial (2008) han establecido que su dueño es efectivamente Pey. Y pese a que el gobierno de Lagos, desconociendo la tesis del Consejo y “adelantándose” a la sentencia del tribunal internacional que ya tenía el caso desde 1997, ¡le entregó en 2000 una suma de 9 millones de dólares (por sí y ante sí) a los mismos que el Consejo había desechado como tales dueños en 1975!…

Pero además de lo anterior –de creerle a “El Mercurio”, en una información que no ha sido desmentida- estaríamos hoy en presencia de una forma derechamente inmoral de corrupción del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Se trata de que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ha publicado un libro de más de 600 páginas con un análisis país por país de la región en 2013, donde efectúa durísimas críticas a los gobiernos de Ecuador y Venezuela; y “levísimas” al de Chile. El problema es que “el documento fue elaborado con el apoyo financiero de seis gobiernos, entre ellos el de Chile” (“El Mercurio”; 24-4-2014)…

*Fuente: El Clarin

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