El académico y coordinador Cátedra de Derechos Humanos de la U. de Chile, Claudio Nash Rojas, presentó su libro “Impunidad en Chile” en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Estas son las palabras que pronunció durante el lanzamiento.

Buenas noches. Agradezco a radio Universidad de Chile por acoger este evento en Sala Master.

Quisiera comenzar con la frase que cierra el prólogo del libro: “Este es uno de aquellos libros que uno no quisiera escribir”. Es verdad. Nadie quiere dedicar años de investigación a documentar el fracaso de tu propio Estado en respetar los derechos humanos.

Pero aquí estamos, más de seis años después del 18 de octubre de 2019. Seis años desde que millones de personas salieron a las calles a impugnar el modelo vigente. Seis años desde que el Estado respondió como suele hacerlo, con una represión que dejó centenares de víctimas y miles de detenidos. Y seis años desde que el Estado comenzó a investigar esas violaciones con una diligencia que podríamos calificar, generosamente, como insuficiente.

Hace un par de años, en este mismo lugar, la Senadora Campillai dijo:

“Cuando necesitamos al Estado, nunca aparece; pero cuando protestamos por el abandono, ahí despliega todo su poder para reprimirnos.” Dos líneas le bastaron a la Senadora para sintetizar 200 años de historia patria.

¿Cuál fue el despliegue represivo en 2019/2020? Los datos reemplazan cualquier discurso negacionista:

Según cifras oficiales de Carabineros, solo en Santiago Centro, entre octubre y diciembre de 2019, se dispararon 151.288 cartuchos calibre 12, esto es, 1.815.000 perdigones. Esto no es un actuar casual, fue un ataque sistemático contra la población civil.

Ahora bien, uno podría decir: “Bueno, pero ¿no serían casos tan graves?” Permítanme ser específico. Estamos hablando de 2.316 causas abiertas por tortura; 3.271 denuncias violencia contra NNA; 416 por violencia sexual; 493 lesiones por agentes químicos; 464 casos de trauma ocular. Incluso el caso de Gustavo Gatica, que nos conmovió a todos, hoy corre el peligroso riesgo de quedar impune por un fallo que no cumple estándares mínimos de legalidad y justicia.

Por su parte, el Ministerio Público informó que de las 10.036 causas que se abrieron por violaciones de derechos humanos, el 91,1% fueron ya cerradas por dicha institución sin que nadie fuera condenado; si relacionamos los casos y las sentencias condenatorias, un 98,1% se mantienen en impunidad. En los casos sobre NNA, la impunidad también alcanza el 98%.

Estas no son solo cifras, es impunidad estructural. Es un sistema que eligió no investigar.

Por ello, la causa contra el Alto Mando de Carabineros es tan relevante. Hoy formalizados, luego de ser amparados por el gobierno de Gabriel Boric, es la última opción de hacer justicia en Chile.

La impunidad no es accidental. Es el resultado de decisiones institucionales donde el Estado en su conjunto se cuadró tras la regresión autoritaria frente al pueblo movilizado.

El Ministerio Público -cuyo deber constitucional es dirigir la investigación penal- trabajó caso a caso, sin especialización, sin estrategia, sin criterios de priorización. Nunca puso estos hechos en el contexto que merecían: no como actos aislados, sino como una forma de macrocriminalidad. Las entrevistas a Karinna Fernández y Beatriz Contreras en el libro son contundentes en la materia.

El Poder Judicial, por su parte, interpretó las normas de manera restrictiva. No incorporó los estándares internacionales que debía recepcionar. Recurrió a formalismos, precisamente, en un momento en que el país necesitaba de la protección judicial efectiva. La Corte Suprema llegó a afirmar que la protección constitucional sí garantiza el derecho de propiedad, pero no la vida o la integridad.

Y luego, el Parlamento y el ejecutivo actuaron con sospechosa celeridad para asegurar la impunidad, vino la Ley Nain-Retamal, que introdujo la idea del “gatillo fácil”, tendencia que va en dirección opuesta a los estándares sobre uso de la fuerza y rendición de cuentas, y que ha permitido dar un barniz de legalidad a la impunidad.

Ahora bien, ¿con qué estándares medimos esto? Con aquellos a los que el propio Estado se ha obligado.

La obligación es respetar los derechos. Además, debe garantizar su ejercicio sin discriminación. Pero cuando eso falla -y en este caso falló- surge la obligación de investigar de manera seria, oportuna y diligente; sancionar proporcionalmente a los responsables; y, reparar integralmente a las víctimas.

El análisis contenido en este libro examina cada una de estas obligaciones. Y la conclusión es contundente: Chile incumplió en todos los niveles. Los organismos internacionales lo documentaron y ninguna de sus recomendaciones ha sido cumplida integralmente. Ver el anexo de este libro.

Sé que hay preguntas incómodas. “¿Qué pasa con la violencia de los manifestantes?” Los actos de violencia de particulares se investigaron por la justicia en forma rigurosa, muchos que participaron en hechos violentos, sufrieron prisión política y sanciones desproporcionadas. El Derecho Penal fue usado como instrumento de control social.

La pregunta relevante es: ¿por qué agentes del Estado no fueron sancionados en la misma proporción? El profesor Ferrajoli denomina a este fenómeno como “criminalidad del poder”, en particular cuando se usa un derecho penal máximo e inflexible para los pobres y marginados, y un derecho penal mínimo y dúctil para castigar los crímenes los ricos y poderosos, incluyendo los propios crímenes del Estado.

“¿No enfrentó Carabineros una situación excepcional de orden público?” Cierto. El contexto fue complejo. Pero los estándares internacionales no desaparecen en momentos de crisis. El problema es que se utilizaron indiscriminadamente medios y métodos prohibidos. Y cuando eso ocurre sin consecuencias, eso se llama impunidad.

Por último, ¿es este un libro pesimista? No. Es un libro con un diagnóstico claro. Sabemos qué falló. Hay un análisis detallado de dónde están los problemas. Y lo importante: se identifican herramientas para hacerlo distinto.

Las autoridades pueden aplicar el principio pro persona, deben ejercer un control de convencionalidad, es decir, contrastar sus decisiones con las obligaciones internacionales del Estado; se deben diseñar políticas de reparación integral. Se debe reformar Carabineros y sustituir el paradigma de la seguridad interna por la seguridad ciudadana. Por último, debemos volver al compromiso con el Nunca Más que se traduzca en investigación genuina, sanciones reales y reparación efectiva.

Las bases para una respuesta adecuada existen. Lo que falta es decisión política y coraje moral para cumplir con lo que ya está comprometido.

Por ello, este es un libro necesario y agradezco a Lom Ediciones por la invitación a escribirlo.

Finalmente, el título del libro dice algo importante: “La historia vuelve a repetirse”. Chile tiene una larga historia de movilización social seguida de represión e impunidad. Y las calles volverán a ser escenario de legítimas protestas. Esa es una certeza, no una amenaza.

Las preguntas relevantes son: cuando eso suceda, ¿estaremos mejor preparados? ¿Habremos aprendido? ¿El Estado estará comprometido con investigar, sancionar y reparar?

Este libro es una contribución para que la respuesta sea afirmativa. Si estamos ante decisiones institucionales, no ante hechos inevitables de la naturaleza, podemos hacer que las cosas cambien.

El compromiso con el “Nunca Más” no puede quedar en discursos. Tiene que convertirse en realidad. Eso es lo que espero -esperamos- que suceda.

Muchas gracias al equipo de Lom, en especial a Paulo Slachevsky, por la generosidad de entregar una fotografía suya para la portada; a Sofia Brito, por un magnífico trabajo de edición formal y sustantiva del texto. A Barbara Azcárraga, de Vexcom, por todo el trabajo y apoyo. Y a mi familia, por acompañarme siempre en esta locura de ponernos del lado de los derrotados, nunca de los vencedores.

*Fuente: Radio UdeChile