o6 de febrero de 2026

Mi opinión sobre los archivos Epstein: sin duda alguna, estamos viviendo un hiperevento en la conciencia colectiva, aunque con implicaciones ambivalentes. El hecho de que, de repente, montones de personas pidan perdón a personas tachadas de «teóricos de la conspiración» como Xavier Naidoo y que los periodistas de Springer (1) expresen públicamente su total consternación, demuestran que ya no hay vuelta atrás tras este descubrimiento fundamental.

Es el momento definitivo de la «píldora negra» para la corriente dominante. A partir de ahora, la arrogancia hacia las teorías conspirativas que suenan extravagantes ya no se puede defender tan fácilmente como punto de vista «por defecto» sin poner de manifiesto la propia ignorancia hacia los nuevos conocimientos oficiales.

Porque se trata de material oficial del gobierno. En contraposición, es difícil discutir contra ello, de forma análoga a los archivos del RKI (Nota Red. piensaChile: RKI es un instituto científico alemán, el que al filtrarse sus actas de trabajo durante los años del COVID quedaron en evidencia de haber comunicado a la sociedad, no sus observaciones científicas, sino lo que el poder político le dicataba, para así poder controlar mejor la población). Como mucho, se puede ignorar el caso Epstein (véanse los medios populistas de derecha y sionistas como Nius o Apollo, pero también nuestros habituales verificadores de datos «de izquierda», como la Fundación Amadeu Antonio, que de repente se han callado de forma extraña) o hacer el ridículo con absurdas afirmaciones sobre «Rusia» (BILD).(Nota Red. piensaChile: La grandes medios han lanzado una campaña afirmando que Epstein sería un agente de la KGB, es decir, un hombre de Puitn)

La realidad, ahora confirmada oficialmente, es aún más descabellada que lo que los teóricos de la conspiración más descabellados han afirmado durante años. Ya no hay vuelta atrás, al menos si se está mínimamente informado a través de las redes sociales. Hasta aquí el aspecto positivo de esta publicación.

Sin embargo, hay que ser conscientes de una cosa: mientras no haya detenciones, se trata sobre todo de un trauma masivo y de la perpetuación de los delitos más graves como «privilegios» de los súper ricos y poderosos. La vergüenza pública es lo único que se ha ofrecido hasta ahora al público como «castigo» o «expiación» de los responsables. Así, el abuso y el asesinato de niños se instala en nuestras mentes como «la nueva normalidad» y «el símbolo de estatus definitivo»: quien puede hacer ESO con impunidad es REALMENTE rico y poderoso. Se trata de ingeniería social oculta.

Michael A. Hoffman describió esto en su libro Secret Societies and Psychological Warfare como «la revelación del método»: se revela lo que se hace y cómo se hace, condicionando así la conciencia colectiva hacia una nueva realidad. La impotencia que esto genera es otra humillación consciente, una demostración de poder y una consolidación de ese poder. Hoffman habla de una «burla payasa y sonriente de las víctimas».

Mientras no haya detenciones, la publicación de los archivos de Epstein sirve principalmente a esos fines de «ingeniería social»: un condicionamiento oculto de la conciencia colectiva para que reconozca como «normal» una realidad monstruosa que hasta entonces era nueva para las masas.

Solo si se producen consecuencias legales se podrá hablar de una verdadera aclaración. Dudo que se produzcan tales consecuencias, porque desde la detención de Epstein ha habido tiempo suficiente para redadas y arrestos. Por lo tanto, a pesar de lo gratificante que sea el avance revolucionario en el conocimiento para la gente común, en este caso estoy más de acuerdo con Michael A. Hoffman.

*Fuente: Substack

Más sobre el tema:

Traducción del capítulo «la revelación del método», del libro de Michael A. Hoffman, citado por la autora:

Control mental y la revelación del método

Es necesario señalar aquí una falacia que ha logrado derrotar a muchos rebeldes ecológicos genuinos contra la manipulación moderna y la filosofía y organización ocultas que la impulsan. Se trata de una especie poco común, ya que la gran mayoría de los investigadores que comienzan a buscar la verdad sobre estos grandes temas terminan, como tantos otros pensadores y activistas de vanguardia, sucumbiendo a la atroz tiranía y al lavado de cerebro que se esconde tras la fachada de la operación liberal oculta.

Pero unos pocos escapan de esta red solo para caer ciegamente en otra. Quedan atrapados en la falacia de que la exposición de los métodos y el personal involucrado en los crímenes de la criptocracia es, por sí misma, un paso tremendo hacia el derrocamiento del poder de la criptocracia. «Si tan solo pudiéramos sacar a la luz algunos de los hechos», es su estribillo. Yo respondería que el proceso de la criptocracia hermética no está estancado. Está involucrado en un proyecto notable puesto en marcha hace milenios, una operación que ha logrado la mayoría, si no todos, de sus objetivos principales con una destreza magistral.

En las etapas iniciales e intermedias de esta operación, el «engaño» fue clave para el logro de los objetivos. En términos generales, hoy en día el engaño es mucho menos necesario. Muy al contrario, la criptocracia lleva ya algún tiempo decidida a revelarnos, a los «profanos», muchos de sus mayores secretos. Los veteranos investigadores independientes del ocultismo quedaron asombrados ante la revelación masiva en la década de 1970 de algunos de los secretos más profundos y recónditos de la Academia Hermética masónica-neoplatónica, secretos que en algunos casos se habían reservado durante miles de años solo para los iniciados más elevados.

Dos libros del escritor inglés e iniciado del Ordo Templi Orientis (OTO) Kenneth Grant, los ya citados Magical Revival y Aleister Crowley and the Hidden God, y otro del mencionado Robert K. G. Temple, The Sirius Mystery, revelaron secretos de la mayor magnitud que han sido protegidos y ocultados enérgicamente a costa de vidas humanas durante siglos y, en el caso del libro de Temple, durante milenios. Estos libros se publicaron con el conocimiento y la aprobación de los herederos masónicos-herméticos de este conocimiento.

Los investigadores independientes rara vez han señalado la importancia de estas revelaciones procedentes de grupos ocultistas e incluso de agencias de publicidad que, en una demostración de macabra burla ante nuestra total indiferencia hacia nuestra esclavitud mental, han señalado los mensajes subliminales en sus propios anuncios de bebidas alcohólicas. Estas acciones señalan nuestra entrada en una era completamente diferente del proceso alquímico. Como escribí en Apocalypse Culture (primera edición, Amok Press):

«… en el brillante juego de palabras del (mítico) Dr. Syntax, figura masónica, llegamos al desarrollo actual en «Must Be», un término alquímico (código de lenguaje cant) que el Sr. (James Shelby) Downard traduce como «la Revelación del Método». Esto alude al proceso en el que los actos asesinos y las conspiraciones espeluznantes que implican guerras, revoluciones, decapitaciones, cultos secretos a deidades arqueoastronómicas y todo tipo de espectáculos de horror se entierran primero bajo un manto de secreto… y luego, cuando finalmente se logran y se aseguran, se revelan lentamente a la población desprevenida que observa… congelada… mientras se desvela la historia oculta…En la circulación de… manuscritos (anti-Academia)… se lleva a cabo la revelación del método. Verdad o consecuencias… Downard… es muy consciente de que al exponer a los conspiradores probablemente esté cumpliendo el dictado final (en su fórmula alquímica)…».

Pero Lucas 8:17 también predice esto, así que si el hombre no actúa, Dios lo hará, tarde o temprano. Mientras tanto, la exposición en sí misma no derrota a la criptocracia, porque dada la naturaleza degradada y atrofiada de las percepciones y la perspicacia del hombre moderno de hoy en día, tales revelaciones solo pueden servir para fortalecer el control mental de la criptocracia.

Los registros muestran que las recientes revelaciones de crímenes ocultos casi nunca han ido acompañadas de detenciones, enjuiciamientos, condenas y castigos de los iniciados implicados, por lo que la reputación de invencibilidad de la criptocracia se ve reforzada por las revelaciones.

Además, la naturaleza espectacular de los crímenes revelados conlleva un aura altamente cargada de violencia y erotismo y, en última instancia, cuando se exponen a la atención pública, solo se convierten en más leña para el apetito aparentemente ilimitado del público por la excitación y el voyeurismo pasivo.

Ofrecemos aquí el enlace para bajar el libro citado por la autora, en idioma inglés y en formato PDF. Su traducción al castellano estará disponible en algunos días:

El articulo Archivos de Epstein: Mientras no haya detenciones, su publicación solo sirve para normalizar «privilegios» de los súper ricos y poderosos apareció primero en piensaChile.

“Señor Piñera, está avisado,
se le va a perseguir por las graves violaciones
a los DD.HH. cometidas bajo su mandato”.

Advertencia del entonces diputado Gabriel Boric al
presidente Sebastián Piñera en septiembre de 2021[1]. 

Los derechos humanos son intransables, están fuera de todo comercio humano. Quien se atreva a hacerlo, ha de cargar sobre sí, además, la calificación de ‘coautor’,  ‘cómplice’ o ‘encubridor’ de tales ilícitos.

UN ACONTECIMIENTO MEMORABLE

La rebelión de 18 de octubre de 2019 ha sido uno de los hechos más significativos de la moderna historia de Chile. No solamente puso de manifiesto el cansancio de toda una población nacional con el impúdico proceder de una ‘élite política’ corrupta que, en el carácter de ‘sucesora natural’ de la dictadura pinochetista, mantiene aún, en sus manos, el control de la nación, sino, además, pudo mostrar hasta dónde pueden extenderse los límites de la tolerancia a los abusos que esa sociedad soporta antes de traducirlos en una explosión social cuyos efectos no siempre es posible prever. Enseñó, igualmente, que, gracias al portentoso avance que ha experimentado el desarrollo de las fuerzas productivas, es posible organizar una sociedad mejor, una sociedad cooperativa donde pueda ejercerse una democracia directa, más humana, fraterna y solidaria. Algo que, en los años precedentes, era ilusorio siquiera imaginar.

Ha sido natural, por ende, que los sectores más reaccionarios de la sociedad hayan querido tender un manto de silencio sobre ese hecho porque, a menudo, es conveniente ignorar aquello que resulta molesto. O descalificarlo. Atribuirlo a la obra de sujetos desquiciados, del lumpen o de la delincuencia. No es casualidad que algunos medios informativos hayan hablado del ‘octubrismo’ y pretendan, con ese calificativo, ridiculizar y denostar una de las más importantes gestas, ocurrida en uno de los momentos más álgidos de nuestra actual sociedad; no olvidemos que, para Amnesty International, es la manifestación más seria de las crisis habidas desde el término de la dictadura

“El denominado “estallido social” fue la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y el mayor batacazo del Gobierno de Piñera, que dejó el cargo el pasado marzo”[2].

Si hay algo a lo que temen los sectores dominantes de una sociedad es a un estallido social. Les resulta insoportable, un desfile ‘alienígena’, una asonada delincuencial. Cuando ocurre aquello, les parece vivir una pesadilla de la que, de inmediato, quisieran despertar. Una contrariedad de las más odiadas. Porque un pueblo, levantándose en demanda de sus derechos, es el peor panorama que puede presentarse ante un gobierno que quiere perpetuar la cotidianeidad; más, aún, cuando ese gobierno lo ejerce, directamente, el gran capital.

VIOLENCIA VERSUS ORDEN

Entonces, hay que pensar en la respuesta. Y puesto que no hay cómo hacer frente a una comunidad que se alza en demanda de sus derechos, el empleo de la violencia se hace necesario. Entonces, aflora toda esa verborrea relativa a la ‘violencia’ para denostar como ‘violentos’ a quienes se atreven a alzar la voz para protestar por sus derechos. La protesta se hace sinónimo de ‘violencia’ y la fuerza empleada por la policía en contra de los manifestantes encuentra una explicación más tolerable bajo el eufemismo de ‘resguardar el orden’. Es el preludio de lo que acontecerá en lo inmediato, pues hasta la ‘justicia’ habrá de tomar partido en algún momento.

El movimiento social que se hiciera manifiesto a partir del 18 de octubre de 2019 se extendió por días, semanas y meses; prosiguió durante el primer semestre de 2020 e, incluso, durante los primeros meses de la pandemia hubo protestas en varios lugares del país. No se agotó. La detuvo el Covid; no otra cosa.

REPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Una protesta contra el sistema vigente es un desafío a la autoridad. Y, cuando ello ocurre, no se pide permiso para marchar; el diálogo está roto. Por eso, la protesta de 18 de octubre de 2019 jamás lo hizo. Las marchas que, en el transcurso del tiempo, se hicieron diarias, nunca contaron con autorización; menos, aún, para apropiarse de los espacios públicos como lo fue la Plaza Dignidad.

No obstante, desafiar a la autoridad tiene su precio: se llama represión. Y cuando hay represión, generalmente, se hacen presentes violaciones a los derechos humanos.

El 20 de octubre de 1971, Chile ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos —aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948— y, en los años posteriores, todos los pactos internacionales sobre la materia. En 2009, a través de la Ley 20.357, de 18 de julio de ese año, aprobó, igualmente, la llamada “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, texto acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2391 (XXIII). De manera que, desde el punto de vista jurídico, las eventuales violaciones a los derechos humanos que pudieran producirse en los años siguientes se encontraban protegidas por normas claras de derecho.

EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PÏÑERA COMO VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Karl Marx nos enseña que la historia jamás es crítica consigo misma; tampoco lo son, en consecuencia, sus actores. Ni quienes apoyan sus políticas represivas. Pero, precisemos más. Ningún gobierno practica la autocrítica, ningún gobierno reconoce sus errores; no hacerlo es parte consustancial a la política pues, de lo contrario, se entrega a la oposición las armas que necesita para desacreditarlo. Por lo mismo, jamás se autocalifica como violador de los derechos humanos. Y aún cuando sea de público conocimiento tal circunstancia, los tribunales, la más excelsa y acabada expresión de la burocracia, nunca lo reconocerán.

No debe sorprender, por ende, que el gobierno de Sebastián Pïñera tampoco lo hiciera y, en consecuencia, se declarara inocente de los cargos que se le hacían. Y, sin embargo, las acusaciones eran demasiadas.

Cuando, en 2022, entregó Amnesty International (AI) en Chile su Informe Anual, señaló, acusadoramente, Rodrigo Bustos, encargado de esa oficina:

“Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (…), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis”[1].

el diputado de Convergencia Social CS Gabriel Boric Font levantaba en esos años su dedo acusador para señalarle [a Piñera] que sería perseguido por todos esos crímenes.

En 2021, las causas acumuladas en los tribunales chilenos por violaciones a los derechos humanos habían alcanzado un total de 3.050 casos, calificados, en su gran mayoría, por los tribunales, como delitos comunes.  Ante tan manifiesta arbitrariedad, que recordaba el período de la dictadura pinochetista, la Comisión Chilena de Derechos Humanos pidió ayuda al jurista Baltazar Garzón quien, acompañado de otras dos organizaciones internacionales (la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), entregó una presentación a la fiscal general de la Corte Internacional de Justicia, en ese entonces, la abogada Fatou Bensouda.

El texto comenzaba denunciando la arbitraria calificación que los tribunales chilenos hacían de los delitos de lesa humanidad,

“[…]  fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley”[2].

El gobierno de Piñera, a esas alturas, había sido denunciado como violador de los derechos humanos por Amnistía Internacional (AI), por el Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por eso, el diputado de Convergencia Social CS Gabriel Boric Font levantaba en esos años su dedo acusador para señalarle que sería perseguido por todos esos crímenes.

EL ‘CASO’ HERMOSILLA Y UN SORPRESIVO DESENLACE.

A mediados de noviembre pasado, el equipo periodístico de CIPER denunció el pago de sobornos a funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos SII como de la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Esos sobornos permitieron la realización de una evasión de impuestos del orden 3.044 millones de pesos, uno de los escándalos financieros más grandes de los últimos años[3]. La denuncia afectaba directamente al abogado Luis Hermosilla Osorio, a la sazón, defensor del asesor jefe de La Moneda Miguel Ernesto Crispi Serrano quien estaba siendo acusado de haber encubierto y participar activamente en la labor de apurar el pago de operaciones destinadas a fundaciones de partidos de gobierno. El problema hubiere quedado reducido a un hecho más de la acostumbrada corrupción que afecta a personeros de la ‘élite política’ nacional a no ser por una circunstancia muy especial: Hermosilla no estaba protegiendo a Crispi por casualidad sino por una circunstancia muy especial: su hijo, Juan Cristóbal Hermosilla, había militado en el partido de Giorgio Jackson ‘Revolución Democrática RD’ durante sus años de estudio en la Pontificia Universidad Católica de Chile donde conoció a Miguel Crispi con quien mantenía una estrecha amistad. Incluso, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet habían, ambos, compartido funciones públicas[4].

“Posteriormente, Juan Cristóbal Hermosilla formó parte de la consultora Mapa ligada a RD, que prestó y compró asesorías a varios parlamentarios, entre ellos el entonces diputado Miguel Crispi […]”[5]

LOS DIFÍCILES MOMENTOS DEL GOBIERNO DE APRUEBO DIGNIDAD

El gobierno de Gabriel Boric no atravesaba por buenos momentos a mediados de 2023. El escándalo de los convenios amenazaba a sus ministros y colaboradores más cercanos frente a una oposición cuya política, extremadamente miserable a la vez que tremendamente reduccionista, se limitaba únicamente a cobrarle cuentas por los actos que, cuando era diputado, había ejecutado aquel en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Nada de leyes, nada de propuestas interesantes por el bienestar de la nación. Nada de eso. Solamente cobrar revancha de la ‘maldad’ de Boric y representarle a cada momento su iniquidad[6]. ¿Problemas psicológicos en dicha representación política o mentalidad estrecha? Lo cierto es que, a esas alturas, las trabas impuestas por la oposición al Gobierno no sólo le hacían imposible pensar siquiera en cumplir su Programa sino le obligaban a estar pendiente de la protección de varios personeros de Gobierno, amenazados con acusaciones. En esas semanas, le correspondía el turno a Giorgio Jackson, ministro de Bienestar Social.

LAS REDES DE LUIS HERMOSILLA

Hermosilla era conocido en La Moneda. Había llegado hasta el segundo piso de La Moneda con la tarea de defender a Miguel Crispi de las acusaciones que se hacían en su contra no porque fuera un abogado brillante sino porque sus contactos con el mundo del Derecho le permitían exitosas intervenciones, pues es esa la forma usual que tiene los sectores dominantes para perseverar en lo suyo. Pero había otra razón, además de la indicada.

El ex presidente Sebastián Piñera había sido advertido, por el entonces candidato a la presidencia, que sería perseguido por la justicia por violación a los derechos humanos. Un grupo de colaboradores suyos muy cercanos a él, entre los que se contaba a Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Cristián Larroulet, decidieron conversar con Luis Hermosilla a fin que conviniera con La Moneda una posible fórmula orientada a desactivar cualquier intento de llevar a la justicia al ex mandatario.

No debe llamar la atención el empeño que esos representantes políticos del gran capital pusieron en tal cometido ni tampoco que su rogativa encontrara eco en los personeros del Frente Amplio, en especial, Miguel Crispi, pues gran parte de su dirigencia no sólo son la continuación política de la Concertación de Partidos Por la Democracia sino su continuación genética[7].

Crispi estaba, igualmente, necesitado de ayuda. Y Boric, apremiado por una oposición inclemente, también aceptó realizar tales negociaciones. El 11 de agosto, forzado por las circunstancias, Giorgio Jackson debió hacer abandono de su cargo de ministro de Bienestar Social en tanto el presidente Boric se preparaba para asistir al cambio de mando en Paraguay. La ocasión parecía propicia para invitar al ex presidente Piñera a la ceremonia, que se realizaría el 15 de ese mismo mes, y viajar con él a Paraguay en el avión presidencial.

El gesto de Boric fue comentado, pues la invitación que había recibido de las autoridades de esa nación era personal.

“Tras el viaje, Boric se mostró mesurado. ‘Conversamos [con Piñera] sobre cómo destrabar el momento político [en Chile]’. Y dos semanas después, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Boric afirmó que ‘no tengo ninguna duda que el Presidente Piñera es un demócrata’”[8].

EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

No cabe la menor duda que si el escándalo protagonizado por Hermosilla de facilitar la evasión de impuestos —y, en consecuencia, de defraudar al Estado—, constituye un hecho grave, más grave lo es, aún, si, en ese empeño, recurre al soborno de funcionarios del SII y de la CMF.

Sin embargo, esa falta se hace infinitamente más grave cuando, en compañía de otro personaje (o de un grupo de audaces, que se atribuyen una representación que nadie les ha conferido), intenta encontrar la vía que asegure la impunidad a un eventual violador de los derechos humanos. Porque nadie puede transigir sobre esa clase de derechos. Los derechos humanos son intransables, están fuera de todo comercio humano. Quien se atreva a hacerlo, ha de cargar sobre sí, además, la calificación de ‘coautor’,  ‘cómplice’ o ‘encubridor’ de tales ilícitos.

No sabemos si ese eventual convenio entre el presidente Boric y el abogado Hermosilla, representando a ex personeros del gobierno de Sebastián Piñera, sigue vigente, si se ha consumado o está en vías de hacerlo.

En ese cometido y en el intertanto estaremos atentos a descubrir si el presidente Boric mostrará su voluntad inquebrantable de exigir o no respeto a los derechos humanos. En palabras más directas, si acaso  impulsará, como es su deber, la apertura de un proceso en contra de quienes violaron los derechos humanos durante el estallido social.

¿Lo hará directamente? ¿Le pedirá al Consejo de Defensa del Estado que lo haga en nombre y representación del propio Estado? ¿O, simplemente, colaborará en esa misión? ¿Entregará, en consecuencia, a los generales de carabineros involucrados en esos hechos? ¿Y a los alcaldes, gobernadores, intendentes, delegados de Gobierno que perpetraron tales ilícitos? Parece difícil. La confesión hecha a la prensa por el presidente, luego de su llegada de Paraguay, lo muestra orientado hacia un fin por entero diferente:

“¿Yo he dicho en algún momento que Piñera no es un demócrata? Lo que yo dije en el debate es que las violaciones a los DD.HH. tienen que perseguirse”.

“Yo digo y sostengo que el presidente Piñera tiene convicciones democráticas y teniendo muchas diferencias con él, yo personalmente no creo que él haya ordenado algún tipo de violación de los Derechos Humanos”[9].

Sostenemos nosotros que, acallados los debates provocados por el reciente plebiscito, parece oportuno exigir de las autoridades un giro importante en su desempeño. Un giro que las aleje de las maquinaciones tanto de Hermosilla como de sus representados (Larraín, Chadwick, Blumel y otros) y permita asumir crecientemente a la Presidencia  el rol de conductora de la nación que le corresponde, lo que implica hacer oídos sordos de las voces que la apartan de esa alta labor; entre otras, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y todos aquellos que fueron mutilados visualmente no pueden quedar eternamente condenados a vivir en las tinieblas en tanto sus verdaderos victimarios siguen la más completa impunidad. No puede ser que suceda lo mismo con los crímenes de Abel Acuña, Romario Veloz, Manuel Muga, Andrés Ponce, Manuel Rebolledo, José Uribe y tantos otros. No puede ser que quienes incitaron al suicidio a los jóvenes que no soportaron su mutilación visual sigan gozando de tranquilidad. Hay responsables directos de todos esos hechos, personas que dieron órdenes y dispusieron que así se procediese. Hay sujetos responsables de haber convertido a las fuerzas policiales en represores de las protestas estudiantiles y no de la verdadera delincuencia. Hay, en esta materia, un trabajo que no está inconcluso sino, simplemente, algo que no se ha comenzado a hacer y que exige realizarse. Ahora, y no mañana.
Santiago, diciembre de 2023

Notas:

[1] Agencia EFE: “Amnistía Internacional entrega informa anual sobre DDHH en Chile: ‘Piñera deja un legado sombrío’”, Radio Biobío, 29 de marzo de 2022.

[2] Weibel Barahona, Mauricio: “Garzón y Comisión Chilena de Derechos Humanos acusan al Presidente  Piñera en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, CIPER, 29 de abril de 2021.

[3] Sepúlveda, Nicolás: “’Aquí estamos haciendo una huevá que es delito’: el audio en que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”, CIPER, 14 de noviembre de 2023.

[4] Es probable que Crispi ingresara al sector público por meritos propios, pero no hay que olvidar que su madre Claudia Serrano fue ministra del Trabajo y Prevision Social de Michelle Bachelet.

[5] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[6] Esta infantil manera de actuar de la representación política de los sectores dominantes de la sociedad era tan manifiesta que la propia alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei lo reconoció en el programa ‘Contigo en la mañana’ de CHV, de lunes 18 de diciembre de 2023 señalando que había animadversión en contra del Gobierno por las expresiones que los dirigentes de Apruebo Dignidad (especialmente el ex diputado Boric) había pronunciado en contra de Sebastián Piñera.

[7] En no pocos medios de comunicación y, también, de las redes sociales se comienza a hablar de la ‘Nueva Concertación’ y no de ‘Apruebo Dignidad’.

[8] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[9] Redacción: “Presidente Boric: ‘Personalmente no creo que Piñera haya ordenado algún tipo de violación de los Derechos Humanos’”, ‘Ex Ante’, 10 de septiembre de 2023

[1]Redacción:“«Señor Piñera, está avisado»: Boric reitera advertencia de llevar a tribunales internacionales los casos de «graves violaciones a los DD.HH.» durante el estallido”, ‘El Mostrador’, 22 de septiembre de 2021.

[2] Agencia EFE: “Amnistía Internacional entrega informa anual sobre DDHH en Chile: ‘Piñera deja un legado sombrío’”, Radio Biobío, 29 de marzo de 2022.

[3] Agencia EFE: “Amnistía Internacional entrega informa anual sobre DDHH en Chile: ‘Piñera deja un legado sombrío’”, Radio Biobío, 29 de marzo de 2022.

[4] Weibel Barahona, Mauricio: “Garzón y Comisión Chilena de Derechos Humanos acusan al Presidente  Piñera en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, CIPER, 29 de abril de 2021.

[5] Sepúlveda, Nicolás: “’Aquí estamos haciendo una huevá que es delito’: el audio en que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”, CIPER, 14 de noviembre de 2023.

[6] Es probable que Crispi ingresara al sector público por meritos propios, pero no hay que olvidar que su madre Claudia Serrano fue ministra del Trabajo y Prevision Social de Michelle Bachelet.

[7] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[8] Esta infantil manera de actuar de la representación política de los sectores dominantes de la sociedad era tan manifiesta que la propia alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei lo reconoció en el programa ‘Contigo en la mañana’ de CHV, de lunes 18 de diciembre de 2023 señalando que había animadversión en contra del Gobierno por las expresiones que los dirigentes de Apruebo Dignidad (especialmente el ex diputado Boric) había pronunciado en contra de Sebastián Piñera.

[9] En no pocos medios de comunicación y, también, de las redes sociales se comienza a hablar de la ‘Nueva Concertación’ y no de ‘Apruebo Dignidad’.

[10] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[11] Redacción: “Presidente Boric: ‘Personalmente no creo que Piñera haya ordenado algún tipo de violación de los Derechos Humanos’”, ‘Ex Ante’, 10 de septiembre de 2023

El articulo ¿Un nuevo atentado en contra de los derechos Humanos? apareció primero en piensaChile.

Artículo impreso publicado en la revista «Tricontinental», N°85, 1983 (Hace 40 años! pero aún así, no pierde vigencia)

Israel: La Tierra Prometida

*Las citas de la Sagrada Biblia, son tomados de la edición «Apostolado de la prensa», S.A. Madrid, 1950.

Profundamente sensibilizada con la causa palestina, nuestra directora tuvo la oportunidad de visitar a Líbano varias veces, en misiones de solidaridad de nuestra organización. En este artículo, además da analizar algunos antecedentes del conflicto, esclarece la naturaleza del mismo y su similitud con los procesos coloniales.

No es fácil comprender la llamada «cuestión palestina» actual, si no se conocen sus antecedentes, si no se analizan con profundidad la composición y objetivos de las dos partes beligerantes y si no se reconoce la similitud del proceso con una acción colonial y por supuesto racial y de clases.

El concepto Tierra Prometida, esgrimido por Israel a partir de los principios sentados en la Biblia, encierra desde entonces un marcado contenido de invasor expansionista.

«En las ciudades que se te darán en la tierra prometida no dejarás alma viviente, sino que a todos, sin distinción, los pasarás a cuchillo; es a saber al heteo y al amorreo, y al cananeo y -al fereceo, y al heveo y al jevuseo.»

La primera promesa, según la leyenda bíblica, fue hecha a Abram; (Según aparece en el Génesis 17, 5 Dios anunció a Abram (padre excelso) que desde ese momento su nombre sería Abraham (padre de excelsa muchedumbre).)

«A tu posteridad, daré esta tierra, desde el río de Egipto o Nilo hasta el grande Eufrates.»[1]

«Sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré, y yo te haré cabeza de una nación grande.»[2]

Y partieron para la tierra de Canaán. Venidos a ella atravesó Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta el famoso valle. El cananeo habitaba entonces aquella tierra. Y apareció el Señor a Abram y díjole: «Esta tierra la daré a tu descendencia.»[3]

«En las ciudades que se te darán en la tierra prometida no dejarás alma viviente, sino que a todos, sin distinción, los pasarás a cuchillo; es a saber al heteo y al amorreo, y al cananeo y -al fereceo, y al heveo y al jevuseo.»[4]

Este profeta Abraham se dice que procedía de Sumeria y se le atribuyen dos hijos: Ismael, el que tuvo con su esclava egipcia Agar, e Isaac,. el que tuvo con su mujer Sarah.

Este último se consideraba como el heredero de la tierra prometida a su padre Abraham y el antepasado directo de los judíos, cuya estirpe les da derecho a los israelitas a los territorios desde el Eufrates hasta el Nilo. El otro hijo, Ismael, no cuenta para nada en la tesis sionista.

Bajo el supuesto mandato de Dios los israelitas emprendieron la conquista de las tierras hacia las cuales pretendían extenderse, pero después de múltiples calamidades, tuvieron que ir a refugiarse en Egipto. Una vez en Egipto

«los hijos de Israel se aumentaron y multiplicaron como la hierba”[5].

‘Aborrecían los egipcios a los hijos de Israel y además de oprimirlos, los insultaban.”[6] Por temor a una revuelta israelí ordenó el faraón: «Todo varón que naciere entre los hebreos, echádle al río.»[7]

Así fue como surgió la leyenda de Moisés, el niño que fue echado al rio en una cestilla de juncos, para preservarle de la muerte y posteriormente encontrado por la hija del faraón, que le adoptó.

Cuando era niña, esta leyenda nos conmovía profundamente, pues era la madre salvando al hijo de la ferocidad faraónica. No reconocíamos en ella una parte de la maquinaria de comunicación imperialista, en la cual se pretenden manipular los sentimientos humanos en función de un objetivo. En este caso se buscaba justificar los crímenes cometidos posteriormente como una «defensa» ante agresores que en la realidad nunca han existido. Desde entonces, frente a cada agresión israelí se ha presentado como «excusa» alguna acción palestina. Pero ya este recurso no es válido. El propio desarrollo de los medios de comunicación, lo «chiquito» que se ha vuelto el mundo por la rapidez de estos medios, y lo mucho que contribuyen al desarrollo del pensamiento humano, el hecho de que exista hoy una concepción científica y materialista del mundo, ya no les permiten engañarnos con leyendas sentimentales. La realidad inmediata que llega rápidamente al mundo entero se encarga de desnudar las mentiras, por muy bien elaboradas que estén.

«Y cuando el Señor Dios tuyo te introdujere en la tierra que prometió con juramento a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y te diere ciudades grandes y suntuosas que tú no edificaste, casas llenas de toda suerte de bienes que tú no acumulaste; pozos que tú no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste; y comieres y te saciares, cuida con gran diligencia que no te olvides del Señor.»

Este Moisés que tan sutilmente «nos vendieron» se convirtió posteriormente en ideólogo y guía de los hebreos y escribió cinco libros sobre el movimiento y expansión hacia las tierras en que vivían los árabes.

En su libro llamado Deuteronomio reitera el concepto de tierra prometida y de exterminio de la población autóctona:

«Dad la vuelta y marchad a las montañas de los amorreos y demás lugares vecinos extendiéndoos por los llanos y por los montes y valles que yacen al mediodía y a la costa del mar Mediterráneo, por la tierra más septentrional de los cananeos y del Líbano, hasta el gran río Eufrates. Mirad que os la tengo dada; entrad y tomad posesión de la tierra.»[8] «Mira ¡Oh Israel! la tierra que te da tu señor Dios; sube y ocúpala como Dios nuestro Señor lo prometió a tus padres.»[9]

Sigue narrando Moisés:

» … tomamos todas las ciudades, quitando la vida a sus habitantes, hombres, mujeres y niños, sin perdonar cosa alguna».[10]

Al mismo tiempo que exhortaba:

«Y cuando el Señor Dios tuyo te introdujere en la tierra que prometió con juramento a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y te diere ciudades grandes y suntuosas que tú no edificaste, casas llenas de toda suerte de bienes que tú no acumulaste; pozos que tú no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste; y comieres y te saciares, cuida con gran diligencia que no te olvides del Señor.»[11]

Esta promesa colonialista, este mandato de exterminio de las poblaciones, este saqueo criminal, fue reiterado en el mito bíblico y también reiterado en la vida real de los dirigentes sionistas israelitas contemporáneos.

Hemos recurrido a estas citas con el sólo ánimo de analizar la mentalidad israelita sionista; que se apoya en la gran propaganda mística que parte desde la Biblia, para señalar que la tierra les pertenece por «mandato del Señor», sin tener en cuenta a los legítimos habitantes árabes de esas tierras, en una franca actitud de colonizador y expansionista. Ellos por su parte pretenden demostrar que los pueblos árabes autóctonos, como los cananeos o los filisteos, de los cuales descienden los palestinos, no existen, pues fueron exterminados o dispersados mientras que un pequeño pueblo como el israelita ha permanecido puro y se ha conservado sin ningún tipo de mezcla. Lo que sí parece evidente es que han conservado la tesis sionista de conquista de la tierra prometida para una raza privilegiada, y la de exterminio de la población árabe nativa.

Es totalmente anticientífica la tesis de pureza de raza, especialmente en una población que ha sufrido migraciones de un lado a otro del mundo y en un pueblo que desde sus orígenes ha estado estrechamente mezclado con árabes, egipcios, griegos, persas, turcos y romanos.

Una larga y ensangrentada historia de guerras e invasiones han afligido a esa zona, la cual puede comprenderse claramente al analizar el status que ha tenido Jerusalén desde el año 586 antes de nuestra era, y hasta la resolución de la ONU en 1947, que creó el Estado de Israel a costa de la nación Palestina, y que concedía un status especial a dicha ciudad.

Jerusalén sufrió a lo largo de 1533 años las siguientes invasiones:

Fácilmente puede comprenderse que la teoría de raza pura, de etnia única, no se concibe más que como elemento racista, totalmente anticientífico. Semejante idea fue tristemente célebre en la prédica y práctica de los fascistas alemanes contra los propios judíos o hebreos, algunos de los cuales hoy predican y practican el mismo principio con un nuevo nombre: sionismo.

«Pasado que hubieres el Jordán y entrados en la tierra de Canaán, exterminad a todos los moradores de ella (… ) Y si no quisiéreis matar a los moradores del país, los que quedaran serán para vosotros como punzones en los ojos y rejones en los costados, y combatirán contra vosotros en la tierra de vuestra morada…»

Aun el propio Hitler, que se preconizaba la tesis de raza aria pura y que en nombre de ella cometió una de las más vituperables masacres de judíos y que se refería a la toma del poder por los nazis como una revolución racial en Alemania, admitía:

«El concepto de nación ya no tiene sentido. Debemos desechar este falso concepto y cambiarlo por el concepto de raza. La Nueva Orden no puede ser concebida dentro de los límites nacionales de los pueblos con un pasado histórico, sino en términos que trasciendan estos límites… Sé muy bien que en el sentido científico no hay tal cosa llamada raza. Pero usted, como agricultor, no podrá tener una buena crianza sin el concepto de raza. Y yo, como político, necesito un concepto que permita abolir el orden que hasta ahora ha existido sobre una base histórica, y que surja un nuevo orden, totalmente antihistórico, y con bases intelectuales… Y para este pro­ pósito, el concepto de raza me sirve muy bien.»[12]

Es importante recalcar aquí que al igual que fascista no es sinónimo de alemán, aunque fue entre los alemanes que floreció esta ideología en la Segunda Guerra Mundial, sionista tampoco es sinónimo de hebreo judío, aunque sea entre ellos que hoy florece esta ideología racista.

El sionismo es eminentemente clasista. Así aparece dicho por los_ propios sionistas. Teodoro Herzl, en el libro El Estado judío, que se considera hoy la nueva Biblia del sionismo internacional, escribió: es » deber de los judíos intervenir contra los débiles y oprimidos, porque sólo los fuertes y todopoderosos son capaces de fundar el Estado judío» Estas palabras encierran un claro concepto de clase, analizadas desde el punto de vista capitalista, ajenas a la fuerza real que tienen los llamados débiles y oprimidos que han unido sus fuerzas para liberarse de aquel que los esquilma. También preconiza Herzl que los trabajadores judíos y los barones Rothschild (judíos multimillonarios) «tienen intereses comunes, intereses auténticamente judíos» y que los suyos son intereses contrarios a los de los trabajadores de otros países. He ahí también claramente expresado la teoría de raza única, pura y distinta y la confusión que entronizan en la mente de los trabajadores para ocultar sus intereses de clase. Con todas estas teorías niegan la verdad de las relaciones entre los explotadores y explotados, como niegan la verdad de la tierra palestina.

Los primeros y más primitivos habitantes de Palestina, los que han vivido continua e ininterrumpidamente desde los albores de la historia, durante por lo menos 40 siglos, son los palestinos de hoy que descienden de los filisteos y los cananeos y otras tribus primitivas, por supuesto con las naturales filtraciones de griegos, romanos, árabes, musulmanes y cruzados, producto de las distintas ocupaciones de esas tierras. Cuando hablamos de palestinos no pretendemos aplicar la fórmula racista de etnia pura, sino la de una población que desciende directamente de los legítimos habitantes de una tierra que han cultivado con sus manos, donde ha florecido su propia cultura y en la que por décadas han defendido su derecho a la vida.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los judíos representaban una pequeña comunidad que en varias ocasiones intentó la ocupación de estas tierras, pero que prácticamente desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XX, dejó casi de existir en Palestina. En los tiempos de la declaración de Balfour (1917) los judíos representaban menos del 10 % de la población total de Palestina. Se encontraban diseminados por el mundo árabe, en Europa, en América. Es precisamente esta dispersión la que permitió que el fascismo alemán cebara su odio sobre los más modestos  representantes de este pueblo.

Y decimos los más modestos representantes, porque los que tenían dinero pudieron emigrar a otras tierras o pagar su rescate y recibieron un trato bien distinto de parte  de los fascistas. Otros se asentaron en Norteamérica, donde algunos llegaron a acumular riquezas al frente de compañías transnacionales como la Standard Oil, de fuerte incidencia en el mundo del petróleo, en la General Electric, la·Dupont y están presentes también en bancos como el Chase Manhattan o el First National City Bank of New York.        .

Nosotros consideramos que uno de los factores que determinó que la recién nacida Organización de Naciones Unidas votara en 1947 a favor de la creación del Estado de Israel, podemos encontrarlo en el grado de sensibilidad que tenían los hombres del mundo en relación con el crimen racista cometido contra los judíos. Es claro que hoy, a casi cuatro décadas de distancia, comprendemos como injusto el hecho de haber beneficiado a un pueblo a costa de otro, teniendo en cuenta que los dirigentes israelitas se han estado preparando siempre para saciar sus ansias expansionistas, así lo prueban todas sus acciones. Por sólo mencionar algunas, vemos esta prueba en la expansión de 1948, a sólo un año de los acuerdos de la ONU; la toma de los territorios árabes de Golán, Gáza y Cisjordania, en 1967; la instigación a Jordania en 1970, para librar su propia guerra de rapiña contra las tierras palestinas; la guerra en el sur de Líbano de 1978 y las muy recientes guerras de colonización y expansión de 1982 contra Líbano. En todos los casos, han querido encubrir su agresión, esgrimiendo la defensa de sus fronteras contra los ataques de los palestinos.

Hay que decir que en la mayoría de los casos, el pueblo palestino recibió a los judíos que emigraban sin ánimo de colonización, con el mismo sentido fraterno con que reciben a los visitantes y amigos, según admite el propio Moshé Dayan en su autobiografía. Muchos de ellos les vendieron tierras a los recién llegados y les ofrecieron su apoyo y ayuda.

Mientras así actuaban los palestinos, los sionistas, cuyo objetivo era el robo de la tierra palestina, comenzaron inmediatamente a organizar una fuerza de choque preparándose para la conquista.

En los territorios ocupados exacerban las divisiones religiosas y raciales, daban entrenamiento militar a sus adeptos, inculcándoles los conceptos de invulnerabilidad racial y de inspiración divina, frente a una raza inferior, que había que barrer como una peste de la faz de la tierra.

A estos agresores los árabes palestinos ofrecieron desde el principio la más tenaz resistencia. En el exterior los sionistas lanzaron una gigantesca campaña de publicidad para que todos los judíos regresaran a la patria grande y a los que no regresaran, les inculcaban el concepto de Nación Judía Universal, lo que equivale a decir que un judío, donde quiera que viviera, no debía responder a los intereses nacionales de la patria en que nació o en la que vivía, sino debía responder a los intereses de su patria israelita. De esta forma, desvirtuaban o encubrían los intereses de clase, separando a todos los judíos de los habitantes de cualquier otra nación. Igualmente levantaron una ola de reclamo para la ayuda financiera del Estado (quizás si con el concepto del diezmo bíblico).

Lo cierto es que los dólares comenzaron a fluir hacia Israel enviados por los judíos enriquecidos en los países capitalistas a costa de la explotación de obreros y campesinos. Y después que tuvieron bien claros los intereses y objetivos de los gobernantes israelitas, después de múltiples intercambios con los dirigentes norteamericanos, llegó la gran ayuda: la ayuda norteamericana, que vino a sustituir al colonialismo británico, con nuevos métodos, mayores recursos y un objetivo claro: incluir a Israel dentro de su estrategia global contra los pueblos, haciéndole actuar en el marco de su zona de influencia, es decir, el mundo árabe, y alentando sus sueños de grandeza.

Hay que decir que esta imagen de superfuerza la han elaborado cuidadosamente, partiendo de determinadas «victorias» obtenidas en la toma de territorios, en guerras relámpago como la de los seis días en 1967; en las matanzas de Deir Yassin en 1948 y la de Kafar Kassen en 1956, de las cuales fue artífice principal Menahem Begin. El mismo Begin que se repite a 34 años para ordenar las recientes masacres de Sabra y Chatila. Han tratado de dispersar o erradicar de la faz de la tierra a los palestinos en un genocidio extenso; y hay que decir que muchas de sus victorias se han debido a que los palestinos no se resignaban a creer que sus propios hermanos, sus vecinos, fueran capaces de asesinar a su familia; de esta forma sorprendidos, estuvieron desorganizados durante mucho tiempo. Aunque ofrecían siempre la más firme resistencia a los bandidos, no contaban con las fuerzas organizadas para enfrentarlos.

No es hasta 1964, con la creación de la OLP que se organizan las fuerzas, que se toma conciencia de la necesidad de defenderse unidos de un enemigo hipócrita y sanguinario. Esta organización ha tenido su más alto exponente en la heroica batalla de Beirut, donde resistieron con fuerzas infinitamente inferiores 76 días de constante agresión israelí.

No pretendemos analizar estos hechos que serán tratados en otras secciones de esta revista; pero sí queremos dejar claro que Israel no’ va a conformarse con lo alcanzado: ni con los territorios ocupados en 1948, ni con los de 1967, ni con los de 1982. Para Israel su meta no está cumplida. Para los norteamericanos, Israel es un fuerte peón que va a continuar moviendo como amenaza permanente del pueblo palestino y de los pueblos árabes en general, hasta alcanzar el Gran Israel. Y después de alcanzada esta meta ¿a dónde querrá llegar? No podemos llamarnos a engaño. No se trata de si son judíos o cristianos, de si son palestinos o hebreos. Se trata de que a los colonizadores que avanzan en busca de riquezas y que persiguen la explotación de los pueblos, hay que oponerles la fuerza invencible de los patriotas del mundo, que aman y construyen en bien de los pueblos. ¡Hay que detener a Israel!

¡Hay que unir todas las fuerzas y no dejarle avanzar pisoteando los derechos humanos! Hay que terminar con esa opresión a los niños sin infancia viviendo en campamentos de refugiados; jóvenes que mueren sin haber vivido; madres que sangran; ancianos que ven desaparecer su descendencia sin haber dado frutos. Hay que imponer la justicia como fue impuesta la injusticia en este, uno de los más grandes conflictos del siglo XX. Sí, señores ¡Hay que… !

*Fuente: Revista «Tricontinental», N°85, 1983, Pág. 8-18

Notas

[1] Génesis, 16: 18

[2] Ibíd. 12: 1

[3] Ibíd, 16: 6

[4] Deuteronomio 20: 16, 17

[5] Exodo 1: 7

[6] Ibid 1:13

[7] Ibid 1: 22

[8] Deuteronomio 1: 7

[9] lbíd. 1: 21

[10] Ibíd. 2: 34

[11] Ibid. 6, 10, 11, 12, 13

[12] Allan Bullock: Hitler: estudio de una tiranía, t. I, p.418. Biografías Gandesa, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1964.

El articulo La Biblia: ¿Libro de la paz o Manual y programa para terroristas? apareció primero en piensaChile.

El Cuerpo de Generales y Almirantes, formado por generales en retiro, le envió hace unos días una misiva al presidente Gabriel Boric para manifestar que las actividades conmemorativas del 11 de septiembre “están provocando mayor división en los connacionales” y afirma: “no podemos quedarnos en un silencio culposo ante tanta agresividad y denostación a las fuerzas militares y policiales que efectivamente tuvieron participación –aunque no buscada ni deseada– en el quiebre institucional del año 1973″, el cual “pareciera que el señalado quiebre lo hubiesen llevado adelante unilateralmente las FF.AA., olvidándose que sus causas jamás se generaron en los cuarteles”.

Para mayor disgusto de sus compañeros de armas, Martínez Menanteau –un hombre que a los 15 años de edad ingresó al Ejército y que salió de él tras ejercer su jefatura máxima– lanzará este martes, en el Aula Magna de la Universidad Católica, en Santiago, un libro singular, “concebido originalmente como un documento destinado a rescatar y fortalecer el ethos militar dentro de la institución armada” y que “pretende revalorizar la imagen del Ejército ante la ciudadanía” y “contribuir, a 50 años del quiebre de nuestra convivencia nacional, al indispensable reencuentro de todos los chilenos”, según se lee en la reseña del volumen. Sin embargo, Un ejército de todos aporta un reconocimiento crudo y sin precedentes, formulado desde el interior de las Fuerzas Armadas, de algunas de las más graves violaciones perpetradas por los uniformados a los derechos humanos, a la legalidad y al pundonor militar.

Por la relevancia y el interés de esta mirada única, en vísperas del 50 aniversario del cuartelazo del 11 de septiembre de 1973, La Jornada ofrece a sus lectores, en exclusiva para México, algunos pasajes de Un ejército de todos, con la amable autorización de JC Sáez Editor.

Asesinato del general Schneider

En mayo de 1970, el Comandante en Jefe [general René Schneider] difundió una política que debía guiar la conducta del Ejército. Era la continuación de la mirada histórica institucional consistente en respetar la Constitución de la República, que la prensa hasta el día de hoy ha denominado “doctrina Schneider”. En ella se reiteraba un precepto fundamental del Ejército, cual era respaldar y respetar la carta fundamental del país.

Consultado el Comandante en Jefe sobre lo que sostenían dichas candidaturas, señaló: “Nuestra doctrina y misión es la de respeto y respaldo a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión nuestra hacer que sea respetado en su decisión” (entrevista en el diario El Mercurio, 8 de mayo de 1970).

Este compromiso con la Constitución le costó la vida. Dos días antes de que el acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular tuviera lugar para elegir en el Congreso Pleno a Salvador Allende, el 22 de octubre de 1970, mientras el Comandante en Jefe del Ejército se dirigía a su trabajo, un grupo de individuos de extrema derecha rodearon el vehículo disparando en múltiples ocasiones sobre el general, quien falleció días después en el Hospital Militar, dada la gravedad de sus heridas.

En el asesinato del general Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

Sobre la participación de esta entidad extranjera, se puede señalar que el 18 de octubre de ese año, hubo comunicaciones que daban cuenta del embarque de armas y municiones desde Estados Unidos que llegaron a la embajada de ese país en Chile para ser usadas en el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército.

En una de las notas de la CIA, se indicaba que

“neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la elección constitucional de Allende”.

Las armas proporcionadas por la CIA habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por los generales Camilo Valenzuela y Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que atentó y dio muerte el general Schneider.

Nombramiento del general Prats como Comandante en Jefe

Tras el asesinato de Schneider, el Presidente Frei Montalva nombró a quien le seguía en antigüedad, el general Carlos Prats, decisión que posteriormente fue ratificada por el presidente Allende.

Es importante señalar que, producida la elección de septiembre de 1970 y en el lapso anterior a su asesinato, los generales Schneider y Prats más los comandantes en jefe de la Armada y Fuerza Aérea, fueron autorizados por el Presidente de la República y su ministro de Defensa, para prestar asesoría técnica a los grupos parlamentarios que negociaban la reforma constitucional conocida como “Estatuto de Garantías Democráticas”, que estableció en su artículo 22 que

“la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles”.

Esta reforma recogía dos objetivos consustanciales a los ejércitos del mundo: la defensa del monopolio del empleo de las armas y la preocupación por la carrera profesional que supone su inicio y formación en las escuelas matrices.

El asesinato del general Schneider fue un triste y luctuoso hecho y un agravio al ethos militar. Quedó en evidencia que cuando militares de alto rango pierden las referencias éticas y conspiran con activistas políticos fanatizados por causas fundadas en un patriotismo errado, a final de cuenta será el Ejército el que sufrirá un perjuicio muy difícil de reparar. Un oficial general está siempre enseñando a su tropa y es un faro que ilumina, aunque no se dé cuenta. Su ejemplo es referencia y en este caso fue una vergüenza para la institución, aunque el crimen en sí haya sido materializado por civiles.

Este deleznable asesinato no sólo truncó la existencia de un Comandante en Jefe en ejercicio, sino que también destruyó la vida de un soldado ejemplar en el respeto y la defensa de las instituciones democráticas de la República.

Ante este crimen, también es reprochable que en los años posteriores los mandos institucionales no honraran su memoria, sin explicación alguna. Se debió esperar hasta el término del gobierno militar para que paulatinamente su nombre fuese puesto en el sitial de relevancia que le correspondía. Su figura fue reivindicada políticamente por sectores que defendían posiciones opuestas, lo que seguramente debe haber influido en esta inacción institucional.

Incorporación de militares a los gabinetes políticos

Producto de la grave crisis política, económica y social que se comenzó a vivir durante el gobierno de la Unidad Popular, el Presidente Allende, en un intento de revertir la situación, designó un gabinete que integraba a miembros de las Fuerzas Armadas, conocido como “cívico-militar”. Meses después, organizó un gabinete llamado de “seguridad nacional” con los comandantes en jefes institucionales. Su misión consistía, centralmente, en controlar las acciones subversivas que se estaban llevando a cabo y recuperar el orden público.

Con esta decisión presidencial, apoyada por algunos adherentes de la Unidad Popular e impugnada por otros, se les reconocía de hecho a las Fuerzas Armadas, una vez más en la historia del país, un rol de garantes de la normalidad institucional, que no era otra cosa que confirmar el ya aludido rol latente, toda vez que con esta medida se les volvía a involucrar en la coyuntura política, después de cuarenta años de ejercicio estrictamente castrense y de marginación de la política contingente.

Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas no fue sólo de carácter ministerial, ya que también se extendió a las empresas estatales. En efecto, en alrededor de cuarenta organismos, como la CORFO, la Comisión de Energía Nuclear y otros, hubo representación militar. En abril de 1972, el comandante de la II División de Ejército, general Orlando Urbina, tuvo la responsabilidad de organizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD III) en Santiago, mientras otros oficiales eran designados interventores en complejas situacione

La participación militar en el gobierno de la Unidad Popular ha tenido dos lecturas dentro de la institución castrense: una, que le otorga un rol deliberante a las Fuerzas Armadas al colocar a los comandantes en jefe y oficiales generales en funciones ministeriales, y otra, que comprueba la subordinación militar al poder ejecutivo, en este caso específico para evitar la confrontación violenta resultante de las huelgas y garantizar elecciones normales en marzo de 1973, a fin de respetar la institucionalidad.

El “Tanquetazo”

En junio de 1973, se produce el episodio conocido como “Tanquetazo”, por el levantamiento del Regimiento Blindado N.°2, unidad en la que había un descontento, en especial entre sus oficiales más jóvenes, que tenían contactos con civiles de Patria y Libertad, grupo de extrema derecha que incitaba a un alzamiento militar. La situación fue controlada por el general Prats y los protagonistas de este movimiento fueron acusados de sublevación y de incumplimiento de deberes militares. Nuevamente, un grupo de militares era instrumentalizado por movimientos políticos que buscaban protagonismo a través de las armas. Una vez más, el ethos militar había sido sobrepasado por aconteceres políticos ajenos a la institución.

Es muy importante rescatar la posición del general Prats ante los convulsionados momentos que se vivían producto del asesinato del general Schneider y de su confirmación en el cargo por parte del Presidente Salvador Allende.

El general Prats difundió un documento denominado “Definición Doctrinaria Institucional”, en el cual, entre otros puntos, destacaba lo siguiente:

(…)“la función del Ejército es exclusivamente profesional; es la misma mantenida con firmeza en el pasado, ratificada por el General Schneider en momentos críticos del acaecer nacional y confirmada taxativamente por el Comandante en Jefe infrascrito desde que asumió su cargo”.

Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército

Durante su mando, el general Prats realizó distintas acciones para mejorar la cohesión espiritual y el adoctrinamiento de los integrantes del Ejército a través de un programa de visitas a las unidades de todo el país, exponiendo el pensamiento institucional y aprovechando la ocasión para conocer la moral y las necesidades más urgentes del personal.

Paralelamente, se concentró en llevar adelante el “Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército”, basado en el “Plan de Adquisiciones” elaborado por el general Schneider, cuya finalidad era aumentar las capacidades operativas, dotándolo de equipamiento moderno.

También tuvo especial preocupación por igualar las remuneraciones de los militares con las otras instituciones de las Fuerzas Armadas. Impulsó la reforma constitucional del articulo Nº22 para establecer que las Fuerzas Armadas son “profesionales, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes”, aprobada el 9 de enero 1971.

Prats propuso al gobierno una ley que otorgaba derecho a voto a los suboficiales de los institutos armados de la nación, que terminó siendo aprobada el año 1972. Promovió la ley 17.798 que establecía el tipo de armas que debían quedar sometidas a control; la penalidad por la creación y el funcionamiento de milicias armadas, la posesión o el porte de armas prohibidas, el ingreso sin autorización a recintos militares y policiales, entre otros. Esta iniciativa legal nunca prosperó, dada la polarización en el país.

La Cámara de Diputados invoca a las Fuerzas Armadas

Ante la crisis imperante, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados apeló al involucramiento de las Fuerzas Armadas en la crisis política. Este llamado por una fracción del Congreso reafirma el rol latente atribuido a las Fuerzas Armadas que hemos venido argumentando.

Como podemos apreciar, las instituciones armadas se vieron enfrentadas en 1973 a dos situaciones extremadamente críticas y que marcarían el futuro, principalmente el del Ejército.

Estas convulsiones llegaron a la propia institución que se vio afectada por los hechos de agitación social que vivía el país. Estos se acentuaron con eventos como una manifestación de esposas de oficiales, frente al domicilio del Comandante en Jefe del Ejército, lo que desembocó finalmente en su renuncia para evitar divisiones internas.

La crisis política, económica, social e institucional del periodo 1970-1973 lleva a las Fuerzas Armadas a tomar una decisión extrema e inédita en el siglo, cual es deponer al Presidente de la República y asumir el gobierno del país, en otras palabras, a ejecutar un golpe de Estado (pronunciamiento militar).

Los derechos humanos en el gobierno cívico-militar (1973-1990)

El 11 de septiembre de 1973 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden deciden llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Salvador Allende y asumir la conducción del país como resultado de la grave crisis imperante. Este hito histórico, cuyas reverberaciones se sienten hasta nuestros días, marca el inicio de una nueva etapa institucional en materia de doctrina militar y derechos humanos.

Este contexto excepcional obligó a los integrantes del Ejército a enfocar sus años de formación y sus valores en actividades inéditas y diversas, todo ello en un ambiente nacional de gran tensión y polarización. El Ejército tuvo que realizar un gran despliegue para cubrir con su personal todas las funciones requeridas, desde el más alto cargo hasta las labores más sencillas, incluso debiendo recurrir al empleo de reservistas en los primeros tiempos. Algunos fueron destinados a tareas gubernamentales, otros fueron comisionados a actividades de inteligencia nacional o política (no militar) y un tercer grupo, mayoritario, siguió en sus labores militares rutinarias.

Este relato no pretende analizar caso por caso lo sucedido, sino que destacar acontecimientos que pusieron en jaque —y en muchos casos, vulneraron— ciertos preceptos morales individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar.

Autoexilio del general Prats

En la madrugada del 15 de septiembre de 1973, el Excomandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, fue trasladado en un helicóptero Puma hacia Portillo. Luego, en su auto particular y escoltado por una patrulla militar, llegó a Caracoles donde, después de realizar los trámites aduaneros correspondientes y despedirse de la escolta, entregó una carta dirigida al general Augusto Pinochet, que en sus párrafos principales señalaba:

“El futuro dirá quien estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe. Agradezco las facilidades que dispusiste que me permitirán salir del país”.

La exigencia que tiene un oficial general o superior excede con creces a la de sus subalternos. Su responsabilidad es muy alta, ya que una resolución que ordene a un subalterno ejecutar una tarea puede alterar la interpretación valórica de este último. Esto ocurre porque el ejercicio de un valor en circunstancias extremas puede estar sujeto a algún grado de interpretación.

Un elemento fundamental para mantener la disciplina militar consiste en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. La Ordenanza General del Ejército establece que la disciplina en las relaciones entre militares no es un acto de sumisión; al contrario, es un acto de reflexión profunda, mediante el cual los subalternos entregan parte de su libertad de acción a fin de que un comandante realice una misión que esté enmarcada en un código legal, reglamentario y profesional. Por ello, un subalterno está obligado a obedecer las órdenes que emanan de un superior, aunque está dotado de la capacidad de representar a sus superiores las consecuencias de órdenes incorrectas, ilegales o injustas.

En las páginas del libro Ejército de Chile. Un recorrido por su historia se señala de manera clara y explícita: “Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación —ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas— fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar.”

La Caravana de la muerte

Uno de los episodios más condenables en materia de derechos humanos durante el gobierno militar fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva por diversas guarniciones del norte y sur del país durante el mes de octubre de 1973 con el supuesto fin de “revisar y agilizar [los] procesos” de los presos políticos. Dicha comitiva, conocida hasta nuestros días como la “Caravana de la muerte”, dejó tras de sí la huella lacerante de ejecuciones masivas, decenas de individuos que fueran sacados de las cárceles, fusilados de manera sumaria, sin su derecho a un debido proceso. La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento altamente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno de cómo se debía proceder con el “adversario”.

El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos en consejos de guerra espurios.

Los hechos y el expediente judicial confirman que la misión del general Arellano era acelerar procesos en aquellos lugares donde los mandos supuestamente hubieran actuado débilmente a partir del 11 de septiembre de 1973 (“comandantes pusilánimes”, según sus propias palabras). Pero en términos legales, esto no era factible, pues la comitiva no contaba en su delegación con ningún asesor jurídico. En esta dramática situación, los capitanes, tenientes o suboficiales, no tenían otra posibilidad más que la de cumplir las órdenes de sus superiores bajo el apercibimiento de un eventual juzgamiento por consejo de guerra.

No hay que olvidar que el alto mando de la época había declarado, mediante el Decreto Ley 5 del 12 de septiembre de 1973, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, dadas las circunstancias que vivía el país, debía entenderse como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales, lo que implicaba que el incumplimiento de órdenes por parte de los militares podía ser causa suficiente para ser fusilado.

En un careo entre el general Arellano y el capitán Patricio Díaz con motivo de las ejecuciones en Copiapó, el general niega enfáticamente haber ordenado los fusilamientos de presos políticos, mientras el capitán expresa que

“…la razón que más me impulsa a decir que el Comandante Haag (Comandante del Regimiento Atacama en Copiapó) cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el periodo de permanencia de mi General Arellano y su comitiva en la guarnición. Complementando lo expresado, deseo manifestar que ni antes ni después de la presencia de mi General Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados…”.

Lo anterior ratifica claramente que su recorrido por cada una de las ciudades en donde se produjeron asesinatos fue producto de una orden expresa de dicha autoridad.

La calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército” que tenía el general Arellano durante este recorrido era muy gravitante y decisiva para las resoluciones que se iban dictando, ya que representaba en su persona la autoridad del propio Comandante en Jefe del Ejército ante los mandos militares que lo recibían en las distintas guarniciones.

Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el general Pinochet, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia, el general Arellano.

Se deduce entonces que existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así dejar a los jóvenes oficiales y suboficiales de esos regimientos como la cara visible de las ejecuciones.

Las acciones del general Arellano fueron absolutamente reñidas con el honor militar. Además, este no tuvo ninguna consideración hacia sus subalternos, lo que se ratifica en la declaración del propio juez Juan Guzmán Tapia, encargado de efectuar la investigación judicial de estos delitos, cuando relata lo sucedido en Copiapó ante una orden impartida por el general Arellano,

(…) “sin embargo, ambos subtenientes representaron la referida orden, esto es, se opusieron a su cumplimiento. No obstante, una vez representada dicha orden, se vieron compelidos nuevamente a cumplirla, porque de no hacerlo, enfrentarían un juicio militar por los crímenes de traición a la patria e insubordinación, delitos éstos perpetrados ‘en tiempos de guerra’ que como pena aplicada contemplaban la de muerte” (…).

De ello se deduce que el citado general no se hizo responsable de las consecuencias de su actuar. En cuanto a los oficiales encargados de ejecutar las órdenes, ambos fueron procesados posteriormente y hoy cumplen condena en Colina I. De esta forma, Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución.

En definitiva, estos dramáticos hechos ocasionaron un irreversible daño a la población como consecuencia de sentencias de muerte arbitrarias y sin debido proceso, ordenadas por un general del Ejército y una grave lesión a la imagen de la institución castrense, pues algunos de sus miembros se vieron obligados a disparar contra civiles bajo amenaza de muerte, siendo que algunos de ellos ya cumplían condenas.

Por último, es importante mencionar que nunca se aclaró el tipo de órdenes que recibió el general Arellano por parte del Comandante en Jefe del Ejército; en cambio, su desempeño le valió un ascenso dentro de la institución, por resolución del mando en jefe.

Asesinato del general Prats

Aparte de los crímenes de la “Caravana de la muerte” y otros que ocurrieron, el asesinato del Excomandante en Jefe, general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, acaecido en septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, y del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en un crimen cobarde, cruel y repudiable y en una vergüenza institucional. A pesar de haber sido realizado por un organismo de seguridad no perteneciente al Ejército, quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría formaban parte de la institución.

Según consta en el expediente de la investigación, el agente de la DINA Michael Townley, de nacionalidad estadounidense, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos.

Sobre esta situación se pronunció años después, el 5 de junio de 2009, el Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, al inaugurar el Campo Militar “San Bernardo” del general Carlos Prats: “… el Ejército chileno, su Comandante en Jefe y los miles de hombres y mujeres que lo componen, condenan públicamente la vileza de esta acción y repudian a los autores de tan deleznable crimen, así como a los indiferentes que no prestaron consuelo y apoyo a las hijas de un Comandante en Jefe asesinado…”. Agregó: “… de confirmarse, en sentencia ejecutoriada, la participación de exmilitares en estos dos crímenes, se habría configurado un acto del mayor deshonor. Es más, si ya el atentado a la vida del general Prats sería un agravio al honor militar, la muerte de su esposa constituiría un ultraje a nuestra cultura militar y al concepto de familia que tanto valoramos…”.

Un segundo pronunciamiento al respecto, lo efectuó el entonces Comandante en Jefe del Ejército general Juan Miguel Fuente-Alba cuando se dictó la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema mediante un comunicado oficial el 8 de julio de 2010, en el cual, entre otros conceptos, se declaraba que el Ejército repudiaba a todos los partícipes de este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron; que con dicho crimen se habían violado los principios que constituían el acervo moral de la institución; que los autores habían despreciado el tradicional código de honor y de conducta institucionales.

Lo expresado por el Ejército de Chile a través de los comandantes en jefe representa la posición institucional ante situaciones aberrantes que no tienen justificación alguna.

Resulta difícil pensar que la acción de la DINA en 1974 para atentar contra la vida del general Prats, que había dejado el cargo de Comandante en Jefe del Ejército hacía sólo un año atrás, no haya sido conocido por el general Pinochet a quien hoy sabemos que le reportaban periódicamente las operaciones de este organismo, con mayor razón, si el objetivo había sido su camarada de armas de toda una vida militar. A esto debe agregarse la nefasta conducta del general Camilo Valenzuela y del general en retiro (en esa época) Roberto Viaux por su participación en el secuestro y asesinato del general Schneider que era su superior y con quien mantenían una amistad profesional. Ambos hechos transgreden gravemente el honor militar, honor que debieran tener todos quienes han dedicado una vida entera al Ejército de Chile.

Al igual que lo ocurrido con el asesinato del general Schneider, la institución omitió por décadas el merecido homenaje a este distinguido oficial que procuró enfrentar de la mejor manera situaciones críticas y muy difíciles en la coyuntura nacional.

Los detenidos desaparecidos

Los detenidos desaparecidos durante el gobierno militar, que superan el millar de personas, constituyen una de las páginas más oscuras en materia de violaciones de los derechos humanos durante ese período y representan una herida abierta en el alma nacional.

No haber entregado los cuerpos de las víctimas al momento de ocurridas las muertes y no haberlo hecho tampoco años después cuando se hicieron las inhumaciones desde fosas clandestinas en una operación resuelta por el mando en jefe y avalada por los mandos superiores de la época representa un severo agravio al ethos militar y una afrenta muy dolorosa para las familias afectadas.

También constituye, y con justa razón, uno de los factores más determinantes en las imputaciones que hasta el día de hoy le hacen al Ejército los distintos organismos de derechos humanos.

*Fuente: LaJornada

Presentación del libro

El articulo El golpe militar contra Salvador Allende visto por un general chileno apareció primero en piensaChile.

El articulo ‘El caso Colonia Dignidad – El trato de la política de Relaciones Exteriores y de la justicia alemana frente a los derechos humanos: 1961-2020’ apareció primero en piensaChile.

El articulo ¿Cómo le explico a mi abuelo? apareció primero en piensaChile.

El articulo El P$OE cae cada día más bajo: Ahora apoya a una golpista boliviana para premio por defensa de DDHH apareció primero en piensaChile.

¿A dónde vas a ir?. ¿Dónde te vas a esconder? Tarde o temprano te encontraremos y te llevaremos a los Tribunales, en Chile o en el extranjero

Piñera, contra los criminales del Pueblo, no hay perdón ni olvido. ¡Justicia!

El articulo Piñera: «Denunciar es un pedazo de papel» apareció primero en piensaChile.

El articulo Colombia: La policía y el ejército continúan reprimiendo al pueblo apareció primero en piensaChile.

1. El Estado ha aumentado la represión a los pueblos que legítimamente se levantan contra de la tiranía política y económica que solo beneficia a los sectores que históricamente han utilizado las herramientas que entrega el Estado para aumentar sus privilegios y fortunas.

2. La guerra que está llevando este Estado junto al empresariado, a través del gobierno de turno, ha aumentado su intensidad en el Wallmapu, realizando numerosos allanamientos, nuevas detenciones selectivas, tecnologizando los elementos represivos y redoblando la militarización de esa zona.

3. Durante la última conmemoración del día de las Mujeres Carabineros de Chile, nuevamente ha torturado y ejercido la violencia político sexual, violentando a mujeres de forma sistemática como medio para mantener la dominación elitista y patriarcal ante la cual se rebelan las compañeras que se organizan y luchan.

4. A lo anterior, se suma la vulneración de las infancias por parte del Estado y sus instituciones y, a su vez, a las juventudes populares, reprimiéndolas, dejándolas totalmente desprotegidas y a disposición de las bandas de narcotraficantes y redes mafiosas con conexiones con las corruptas policías.

5. En tanto, además de la corrupción del Congreso y su complicidad con la impunidad de Piñera, se suma un sistema judicial y penitenciario que persigue y criminaliza a las y los luchadores sociales manteniendo a miles de ellxs en cárceles sin pruebas ni juicio justos, mientras, deja libre a empresarios ladrones, a los militares corruptos, a asesinos y violadores de los DDHH.

6. Ante la falta de tierras destinadas a viviendas sociales y las pésimas políticas para el gran número de familias sin techo, centenares de pobladorxs han decidido tomarse terrenos en desuso para poder formar comunidad. Sin embargo, en las últimas semanas, el Estado de Chile, respondiendo a los intereses de inmobiliarias y otros agentes privados, ha actuado una vez más con represión, desalojando de manera muy violenta tomas de terreno, sin dar solución y utilizando los medios de comunicación para generar un conflicto entre sectores del pueblo afectados por las mismas necesidades.

7. Estos últimos días la violencia estatal ha tomado las calles de las poblaciones de Santiago. Durante el día sábado 13, en Estación Central, Lo Hermida, San Joaquín, San Ramón y San Bernardo en Santiago, hubo allanamientos y detenciones (dos menores de edad, incluidos) por parte de una gran cantidad de Fuerzas Especiales cuyo objetivo es reprimir actividades llevadas a cabo por organizaciones territoriales y/o asambleas populares y tratar de desarticularnos como pueblo.

8. Chile se militariza y el golpe de estado blanco avanza. Las imágenes de terror de las tanquetas amedrentando al pueblo en las calles de las poblaciones y en el Wallmapu nos traen a la mente y cuerpo los años oscuros de la otra dictadura y nos llama a estar unido y a preparar la autodefensa popular.

Frente a los hechos que estamos viviendo y mencionados anteriormente, planteamos:

1. Un llamado a todas las organizaciones surgidas desde el seno de los pueblos oprimidos a construir autodefensa territorial y feminista.

2. La necesidad urgente de fortalecer el trabajo de concientización del pueblo y construir una alternativa que permita ir configurando nuestro camino hacia la dignidad que necesitamos.

3. A desarrollar una campaña de lucha para detener la trampa de la élite política- empresarial y fortalezcamos la unidad del pueblo. Hoy asistimos a una escalada de represión cuyo objetivo es silenciar, como sea, a los sectores populares que se organizan y que se encuentran forjando el camino hacia la dignidad de manera independiente al engañoso proceso constitucional.

4. A oponer ante las erráticas e ineficientes medidas del gobierno una propuesta popular para controlar y disminuir los nocivos efectos de la pandemia. Ésta ha sido utilizada como una herramienta perfecta para impedir que nos constituyamos como pueblo y de esta manera acallar nuestro descontento y gobernar como ellos quisieran, por otra decena de años más.

5. A mantener viva la llama de la rebelión del 18 y 19 de octubre y recuperar la movilización radical fortaleciendo la organización del pueblo. El bloque de políticos del congreso ha apoyado al régimen criminal de Piñera, dejando impune su accionar y el de sus ministros, extendiendo la militarización y el Estado de Excepción y así, mantener sus privilegios, el control político y cerrar la crisis abierta a partir de la revuelta popular.
   

LLAMAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES DEL PUEBLO OPRIMIDO PARA ESTE 18 DE MARZO A MANIFESTARSE CON FUERZA CONTRA LA PROFUNDIZACIÓN DEL ESTADO POLICIAL Y SUS SISTEMAS JUDICIAL Y CARCELARIO, Y POR EL FIN DEL TOQUE DE QUEDA, EL CASTIGO A LOS MILITARES CORRUPTOS Y ASESINOS, DISOLUCIÓN DE CARABINEROS Y LA LIBERTAD DE LXS PRISIONERXS POLÍTICXS.

Región chilena, 16 de marzo de 2021.

Suscriben esta declaración las asambleas y organizaciones populares del Encuentro del 18 y 19 en Concepción, además de otras organizaciones que han decidido sumarse:

1. Asamblea popular auto- convocada Chillán
2. Asamblea de Mujeres Pobladoras de Wallpen
3. Asamblea comunal de Valdivia
4. Asamblea de Tarapacá, Iquique
5. Maipú Poniente Organizado
6. COPOLAC
7. Asamblea Barrio Yungay
8. Cabildo por los DDHH Quilpué
9. Resistencia y Libertad
10. Red de Abastecimiento Popular (RAP)
11. Asamblea Territorial El Once de Villa Alemana
12. Asamblea Popular de Illapel
13. Escuela Popular Permanente
14. Coordinadora Cultural Camilo Catrillanca
15. Grupo de acción Camilo Catrillanca
16. Asamblea La Condell
17. Asamblea Lauca de Arica
18. Coordinadora chorera (Talcahuano)
19. Escuelita Popular y feminista Isidora González
20. Movimiento por la Dignidad de Punta Arenas
21. Asamblea Territorial Villa San Juan, Maipú
22. Asamblea Autoconvocada Villa Los Héroes, Maipú
23. ASEPFEM
24. SUTE
25. Asamblea La Pincoya
26. Radio Popular La Revuelta de La Serena
27. Asamblea Las Mercedes

*Fuente: CCTT

El articulo ¡Fuera el criminal Piñera! ¡Alto a la represión! apareció primero en piensaChile.