“Rechazamos el intervencionismo político y esperamos que la autoridad cumpla con su mandato legal”, publicó la Subsecretaría de Derechos Humanos en el comunicado por el caso de César Manríquez Bravo.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó la decisión del órgano de no apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que ordenó el término de cumplimiento de la pena de César Manríquez Bravo, condenado por delitos de lesa humanidad.

La defensa del exagente de la DINA, cercano a Manuel Contreras, logró a través de un recurso acreditar su condición de enajenación mental sobreviniente.

Tras conocerse esta situación, la ANFUDDHH la calificó como un “pésimo precedente” y recordó que el “Programa de Derechos Humanos, que presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones buscando que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas luego de años de impunidad”.

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“No obstante, la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apartándose de este precedente, instruyó no apelar la decisión, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”, consignó.

“No agotar todas las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad e impide garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, declaró también.

 

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*Fuente: 24horas.cl

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Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, cientos de presos políticos fueron lanzados al mar desde helicópteros para desaparecer sus cuerpos, práctica conocida como los «vuelos de la muerte«. Se estima que más de 400 personas fueron víctimas de esta práctica.

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Karl Marx escribió en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte en 1852 que: «La historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa«[1] y todo muestra que el gobierno de ultraderecha recién electo quiere llevar al país en esa dirección, instalando discursos y políticas propias de la tragedia que vivimos hace cincuenta y tres años e iniciada el 11 de septiembre de 1973. En este sentido el ascenso de la ultraderecha chilena pretende, detrás de su discurso democrático instalar la farsa de un remedo dictatorial, revitalizando por un lado las recetas neoliberales implantadas a sangre y fuego por la dictadura civil militar: manteniendo la concentración del poder económico,[2] reduciendo al mínimo el rol del estado, la privatización y desregularización extrema del mercado con actores nacionales y extranjeros, lo que sabemos genera profunda desigualdad social y explotación laboral al concentrar riqueza en las élites, precarizar el empleo y debilitar la necesaria e imprescindible red de protección social y ciudadana.

Por otro lado,

intentan borrar todo lo avanzado en materia del respeto a los derechos humanos, lo que es vital para la sana convivencia democrática, fomentando discursos autoritarios y la erosión de las instituciones democráticas, facilitando la impunidad, minimizando y negando el impacto que el gobierno dictatorial tuvo para la mayoría de los chilenos y chilenas.

A esto responde el proyecto de ley que de manera encubierta senadores y dirigentes políticos de la derecha y la ultraderecha pretenden imponer para amnistiar los delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares durante la dictadura de Pinochet. A lo que se suma la decisión declarada públicamente por el actual presidente ultraderechista, de indultar a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados o juzgados por hechos delictivos ocurridos durante el estallido social en el año 2019: torturas, violaciones, abusos y algunos de ellos responsables de quitar los ojos y dejar ciegos a jóvenes chilenos durante esos eventos . La justificación para aprobar esta aberración jurídica es la misma narrativa que han propagado por más de cincuenta años, argumentado que los militares por amnistiar, son los héroes que en el pasado salvaron a Chile del comunismo y hoy, tal como lo refleja el discurso del presidente entrante, se refiere a indultar a los “que en un momento de violencia extrema algunos funcionarios (militares y carabineros) terminaron presos pese a actuar cumpliendo su deber y en defensa de la patria”.

De manera tajante definitiva y sin admitir discusión o duda levantamos una postura firme en contra de cualquier posibilidad de negociación o insistencia de esta nueva modalidad de impunidad que quieren imponer en Chile.

Lo hacemos recordando a nuestro país, a las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura y a las elites políticas que niegan el pasado, que en las FF. AA hubo militares que nos opusimos al golpe de estado en 1973, quienes a diferencia de los que traicionaron a Chile, colocamos por delante del temor y de intereses mezquinos, los valores éticos, el respeto a nuestras convicciones y la decisión de mantenernos fieles al juramento que hicimos al país de defender la Constitución y a un gobierno elegido por la soberanía popular.

Tenemos por lo tanto la fortaleza moral para contradecir la mentira histórica con la que se pretende avalar la impunidad para militares y civiles que cometieron crímenes de lesa humanidad, como lo hemos dicho antes, el golpe de estado no fue “una decisión inevitable tomada por los militares para impedir una guerra civil en Chile”. Quienes bombardearon la Moneda, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de compatriotas fueron exmilitares amparados en la institución armada y en sus grados, todos ellos actuaron como verdugos, cegados por el fanatismo y utilizados por quienes planificaron y organizaron la represión, justificándose “en una guerra inexistente contra el comunismo”.

Quienes en el Ejército, en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea, en Carabineros y en la Policía de Investigaciones nos opusimos a participar en golpe de estado, fuimos testigos que este fue el resultado de una planificación entre la derecha, dirigentes de partidos políticos y de la DC, las elites empresariales, la cúpula del mando militar, los que con el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos crearon las condiciones, en un recorrido de tres años, para derrocar a un gobierno democráticamente elegido y legalmente constituido, asesinando en este proceso al comandante en jefe del ejército, general Rene Schneider  y al final, al presidente de la república el día 11 de septiembre de 1973.

Así entonces la justificación para indultar a militares que tanto en 1973 como en el 2019 cometieron crímenes de lesa humanidad son equivocadas y no tienen sustento alguno, quienes reprimieron torturaron y asesinaron antes y en años recientes, no lo hicieron en medio combates o enfrentamientos armados, como lo han intentado hacer creer todos estos años.

Los exmilitares que actualmente cumplen condenas o están sometidos a juicios, son personas crueles y cobardes, son los cabecillas de la persecución implacable que hicieron dentro y fuera del país a los opositores al régimen terrorista de Pinochet, criminales que en su mayoría nunca han tenido la valentía de reconocer sus crímenes ni menos colaborar con la búsqueda de los cientos de asesinados y desaparecidos.

Respecto de la edad avanzada de los perpetradores, esto no exime ni limita la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el pasado. Debido a su gravedad extrema y naturaleza sistemática, estos delitos son imprescriptibles según el derecho internacional (Estatuto de Roma), lo que permite y exige juzgar a los responsables sin importar el tiempo transcurrido. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben; la acción penal y la pena no se extinguen con el paso del tiempo.

Finalmente, quienes fuimos militares leales a nuestros principios y valores, de verdad dispuestos a entregar la vida por nuestra patria y nuestro pueblo, lo que demostramos en el momento en que había que hacerlo, rechazamos este nuevo intento de impunidad que enmascara una ley de punto final, porque lo que están haciendo es corroer la democracia, están rompiendo la igualdad ante la ley, desmantelando además la confianza ciudadana en las instituciones, alentando el negacionismo y oponiéndose a la no repetición de las injusticias cometidas en el pasado.

Finalmente nos resistimos al negacionismo porque es importante y necesario hacer visibles los olvidos conscientes que pretenden desestimar el peso ético y humano de la memoria histórica, presentes hoy en las actitudes e ideas de políticos que buscan evadir y/o encubrir la verdad conocida, que les incomoda y a la que le temen, porque, de aceptarla, deben reconocer la dimensión de las atrocidades y con ello condenarlas o permanecer como lo han hecho hasta ahora en una posición de cómplices.

El proyecto del actual gobierno ultraderechista pretende todo eso, con su plan de impunidad niegan la historia, niegan el desarraigo de los afectos y los impactos personales y sociales del exilio; niegan el desgarro de cuerpos y mentes en la tortura; niegan el dolor de quienes desaparecieron y el de sus familias que han buscado por años la verdad de lo ocurrido.

Simplemente no tenemos derecho de olvidar, por el contrario, nos corresponde recordar permanentemente a tantos miles de héroes anónimos y sobrevivientes de la resistencia al terrorismo dictatorial. Contexto en el cual eternizamos: al general Alberto Bachelet, cuya muerte, el 12 de marzo de 1974, fue provocada por las torturas a las que fue sometido en la Academia de Guarra Aérea. Al general Rene Schneider asesinado en un complot organizado por el gobierno de Estados Unidos de la época, por su negativa a participar en la conspiración golpista que intentaba derrocar a Salvador Allende, un crimen en el cual participaron oficiales de las FF AA y que fue ejecutado por la organización de ultraderecha Patria y Libertad.

Recordamos también al general Sergio Poblete. Al coronel Efraín Jaña. Al comandante Ernesto Galaz. A los suboficiales Enrique Reyes e Ivan Figueroa, quienes fueron asesinados por su valiente decisión de asumir la clandestinidad y enfrentar a la dictadura de Pinochet. A quienes fallecieron más recientemente; los suboficiales de la Fuerza Aérea Mario Arenas, Enrique Ibáñez, Víctor Adriazola, Ivar Rojas, al capitán Jorge Silva. A los suboficiales y marineros leales al gobierno de Allende. A los oficiales y suboficiales del ejército y de Carabineros, a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, a todos ellos les inmortalizamos reclamando la reivindicación de una verdad histórica oculta, enredada en mezquinos intereses que impiden ver la luz y aportar a la no repetición de los hechos ocurridos en 1973 durante la dictadura civil militar y en los recientes hechos ocurridos en el año 2019.

¡No a la impunidad ¡

Enrique Villanueva M

Notas:

[1] Marx parodiaba cómo el golpe de Luis Bonaparte (1851) imitaba sin grandeza al golpe de su tío, Napoleón Bonaparte, en 1799

[2] lo que significa pocas empresas que dominan los mercados, cobrando precios más altos y reduciendo la participación salarial, limitando el acceso a servicios básicos afectando desproporcionadamente a los hogares y dificultando el crecimiento económico inclusivo que fue una de las metas del gobierno anterior.

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El proyecto de cumplimiento alternativo de penas que se discute en el parlamento chileno, tal como está redactado, podría permitir que personas condenadas por delitos muy graves —incluidos crímenes de lesa humanidad— cumplan penas fuera de la cárcel, lo que sería contrario al derecho internacional.

SANTIAGO (10 de marzo de 2026) – ONU Derechos Humanos en América del Sur envió hoy una carta al Senado de Chile analizando el proyecto de ley (N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad.

El documento, suscrito por el Representante Regional, Jan Jarab, responde al mandato de la Oficina de promover y proteger el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.

El análisis de ONU Derechos Humanos enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos con penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos.

En tal sentido, el proyecto transgrede el principio de proporcionalidad de la pena – esto es, que los delitos más graves requieren penas mayores – porque no hace ningún tipo de distinción a este respecto.

También podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación.

Adicionalmente, la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.

“El Estado debe promover políticas penales que prioricen medidas no privativas de libertad cuando sea apropiado. Sin embargo, tales políticas deben respetar siempre el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Jarab.

Para muchos, el proyecto impulsado por la derecha golpista tendría como objetivo abrir la puerta a la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos figura el ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los esbirros más sanguinarios de la dictadura de Augusto Pinochet, quien acumula más de mil años de condena por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. José Antonio Kast es conocido por su cercanía con Krassnoff e incluso lo visitó en la cárcel donde cumple condena.

Ver análisis aquí.

*Fuente: prensaOPAL

Chile: Oficina envió análisis al Senado sobre proyecto de cumplimiento alternativo de penas

marzo 10, 2026

El articulo ONU advierte al parlamento chileno por penas alternativas apareció primero en piensaChile.

Ante el proyecto que podría excarcelar a presos del ex Punta Peuco, el abogado especializado en DD.HH. acusó que la iniciativa es una «afrenta a familiares de detenidos desaparecidos». “Significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”, subrayó.

Para el abogado experto en derechos humanos, Nelson Caucoto, el proyecto que podría excarcelar a criminales de lesa humanidad y que fue recientemente aprobado en general por el Senado, “significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”. 

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el litigante que ha encabezado cientos de causas por hechos ocurridos en dictadura, a propósito del avance del proyecto propuesto por la derecha, que permitiría el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas de avanzada edad o con enfermedades terminales.

Caucoto lamentó la aprobación de la idea de legislar, argumentando, entre otros factores, que ha costado mucho “encarcelar a estos sujetos, que han tenido los mejores abogados, pero en todas las instancias finalmente han sido vencidos”.

Asimismo, el abogado habló de una “afronta a los familiares de detenidos desaparecidos”, que pese a todo lo que han vivido, han confiado en los tribunales de justicia.

“Ese es un elemento que ha sido poco destacado en Chile. Los familiares saben quiénes son los secuestradores de sus seres queridos, sin embargo, no han actuado por vía directa. Afortunadamente, han acudido a los tribunales de justicia y eso demuestra el pacifismo de esta lucha. Ellos han confiado en los tribunales, les ha costado mucho obtener soluciones positivas, pero desde hace 20 años a esta fecha han conseguido todo lo que ellos pedían, es decir, han conseguido la justicia que anhelaban desde siempre. Entonces, que de la noche a la mañana, de una plumada, se borre todo ese avance… Claramente es una afrenta en contra de estos familiares”, reflexionó.

Caucoto acusó también que se trata de “un proyecto absolutamente mentiroso”.  A su juicio, lo que realmente se intenta hacer es excarcelar a los criminales de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco, y en el camino, se incorporó a delincuentes comunes.

“Esta derecha, que es la que propugna la libertad de los militares presos, habla y hace gárgaras con la seguridad, pero, ¿a qué seguridad aportan si abren las cárceles? Ahí hay una contradicción indudable”, estimó.

A todo lo anterior, el abogado agregó que Chile no tiene las herramientas para fiscalizar de manera adecuada el cumplimiento alternativo de penas y que en el pasado, los condenados por violaciones a los derechos humanos no han acreditado de manera adecuada sus condiciones de salud. “Los perpetradores de lesa humanidad han acudido a todas las argucias para librarse del cumplimiento de sus penas en las cárceles. Presentan informes que son falsos, situaciones de estado de salud falsos. Se ha sido muy poco cuidadoso, del punto de vista de la justicia, en torno a estos informes, porque con un solo informe personas han sido enviadas a sus casas”, comentó.

“Nosotros hemos logrado recurrir a expertos internacionales que nos han ayudado a demostrar que en el caso de una demencia, un Alzheimer, no basta con un informe de un psiquiatra. Se requiere a lo menos cinco o seis informes básicos de psiquiatra, fisiatra y una serie de especialidades médicas para poder determinar si efectivamente la persona está en un estado de enfermedad de esa naturaleza”, añadió.

Derechos humanos en el gobierno de Kast

Nelson Caucoto además expresó su preocupación por lo que podría ocurrir durante la administración de José Antonio Kast. Su proyección es que será “un desafío”: “El gobierno de Kast va a hacer una involución fatal en el tema de los derechos humanos”.

En ese contexto, aseguró que el movimiento de derechos humanos debe defender lo que ya se ha logrado, la jurisprudencia y la doctrina de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, el Programa de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también, el Plan Nacional de Búsqueda.

“Si tú dejas libre a todas estas personas, que se vayan a sus casas, es sepultar definitivamente la búsqueda de los más de mil chilenos que nunca más volvieron a sus hogares. Si a lo menos están presos, algún día uno de estos sujetos podrían decir: ‘Yo podría optar a mi libertad si entrego información de dónde están los desaparecidos’, pero no van a tener ese aliciente, porque van a estar en sus casas”, indicó.

*Fuente: Radio UdeChile

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AVAAZ

 
Como ciudadanos y ciudadanas del mundo, lamentamos la pérdida sin sentido de otra vida más en manos de la policía estadounidense.
Nos alzamos en solidaridad con todo aquel que está sufriendo.
Estos brutales homicidios deben terminar. Cada uno de ellos es una herida en el corazón de la humanidad, y una vergonzosa e indeleble marca en la bandera de los Estados Unidos de América.
El racismo aumenta en complicidad con el silencio. No nos quedaremos callados. El racismo es un problema que nos pertenece y nos golpea a todos. Es una lucha conjunta.
Pero no podemos permitir que esta lucha se transforme en odio, porque así no encontraremos la sabiduría para cambiar los corazones que queremos tocar. En palabras del Dr. Martin Luther King: “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso».
Es con este espíritu que hacemos un llamamiento a todas aquellas personas con el poder, a que actúen YA y que comprometan al presidente Trump y a todos los gobiernos estatales y locales en EE.UU, a:

• Asegurar que todos los oficiales involucrados en el asesinato de George Floyd surtan el debido proceso legal,
• Expulsar y enjuiciar a oficiales por, incluso, un solo incidente de fuerza excesiva o por no intervenir cuando la fuerza excesiva ha sido utilizada,
• Garantizar que cada asesinato policial sea investigado de forma independiente y transparente.

Nos comprometemos a hacer nuestra parte, enfrentando el miedo, la rabia y la ignorancia del racismo con toda la esperanza, el amor y la fuerza de nuestra humanidad.
Descansa en paz, George Floyd.
No será en vano.
Únete a la Campaña y firma: 

AVAAZ

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