Un correo electrónico pasadas las 17 horas del lunes 15 -mientras los canales de TV transmitían en cadena nacional el arribo del Papa Francisco a Chile- llegó a la casilla de los fiscales regionales, adjuntos y asesores jurídicos que tramitan las causas Penta, SQM y Corpesca. “Se suspende reunión hasta nuevo aviso”, se leía en el escueto mensaje del jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández.

El alto ejecutivo, asesor directo del fiscal nacional, Jorge Abbott, cancelaba una “clínica jurídica” en que participarían -el jueves 25- cerca de 20 personas de los equipos que indagan los casos de financiamiento irregular de la política.

La cita -de carácter inédito- tenía por propósito analizar el fallo de la Corte Suprema que desaforó al senador UDI Iván Moreira y, en particular, sopesar los efectos sobre las causas abiertas, ya que por primera vez los miembros del máximo tribunal se pronunciaron respecto de si los políticos cometieron o no delitos en estos casos al facilitar boletas y facturas falsas para esconder aportes fuera de la ley a sus campañas.

Esa misma mañana, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, había ingresado un escrito para suspender condicionalmente al desaforado parlamentario previo pago de $ 35 millones como reparación del perjuicio fiscal. En la práctica, el Ministerio Público renunciaba a llevar a Moreira a un juicio oral o procedimiento abreviado como se había pretendido durante los dos años que el parlamentario UDIestuvo formalizado y los ocho meses que duró en total su juicio de desafuero ante la Corte de Santiago y luego la Suprema.

En una conferencia de prensa, Guerra explicó los alcances del acuerdo sellado con el abogado Gabriel Zaliasnik, defensor de Moreira.

Aunque Guerra fue consultado más de una vez por la posición de los fiscales de Alta Complejidad, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena -quienes descubrieron en julio de 2014 la arista de financiamiento ilegal de la política-, ante la salida alternativa que permitiría al senador eludir una sanción penal, el jefe regional evitó referirse al conflicto que ya en ese minuto se había desatado en el equipo: “Aquellos temas que podamos haber tratado a propósito de salidas alternativas quedan en el ámbito interno”.

La respuesta de Gajardo y Norambuena llegó cuatro días después. El viernes 19, ambos fiscales renunciaron al Ministerio Público, institución en la que trabajaron durante 17 y 14 años, respectivamente. “Reconocemos esta derrota interna y damos un paso al costado”, dijo Gajardo al salir de una breve cita en que comunicaron a su jefe que dejarían sus cargos el 31 de marzo. Horas después, partieron de vacaciones.

Ambos fiscales habían hecho trascender en dos oportunidades anteriores sus intenciones de dimitir a la fiscalía por desavenencias con el rumbo de sus causas -Penta, SQM y Corpesca. La primera vez fue en febrero de 2015, cuando hubo dos intentos por marginarlos del caso SQM, lo que derivó en una crisis interna en que el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán -en forma inédita-, asumió las investigaciones de financiamiento irregular de campañas.

La segunda vez fue en junio de ese mismo año, cuando el entonces fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, intentó relevar a Gajardo del caso Corpesca, lo que derivó en que Chahuán asumiera también esa causa junto a la fiscal Ximena Chong, quien hasta ahora tramita el caso. Ninguna de esas veces Gajardo concretó su salida del Ministerio Público. La tercera fue la vencida.

Era el perfil mediático y díscolo, particularmente de Gajardo -quien ya por ese entonces era aplaudido en conciertos y partidos de fútbol-, lo que incomodaba en las altas esferas de la fiscalía.

El inicio de la tensión

Ya el viernes 12 había comenzado la tensión entre los investigadores. Norambuena estaba de vacaciones, por lo que Gajardo acudió solo a una reunión con su superior, el fiscal regional Manuel Guerra. En la cita, éste le comunicó que pese a haber logrado el desafuero de Moreira en la Corte Suprema -lo que generó una alteración en el quórum del Senado-, había optado por no insistir en un juicio oral y ofrecer una salida alternativa al parlamentario UDI.

Gajardo se opuso argumentando -según cercanos- que renunciar a una sanción penal respecto de Moreira abría un efecto dominó en la causa. Por un lado, habría que ofrecer la misma solución judicial al resto de los políticos indagados, pero -peor aún- acusaba que el repentino cambio de opinión de su jefatura directa anunciaba el fin del caso que generó un profundo cambio en el financiamiento de la política en el país. “No habría juicio ni condenas efectivas”, manifestaba en privado el fiscal, quien también advertía de los costos que esta situación acarrearía a la propia fiscalía.

Sin embargo, por ley las investigaciones son dirigidas por el fiscal regional, en este caso Manuel Guerra, quien tiene las atribuciones para tomar las decisiones judiciales del rumbo del caso. Los fiscales adjuntos, como Gajardo, sólo tienen voz y opinión en las causas. Pero el jefe de Alta Complejidad Oriente -quien ha cultivado un mediático perfil tras descubrir la arista política del caso fraude al FUT que pasó a denominarse caso Penta- no se quedó quieto.

Gajardo llamó a Norambuena y le explicó la situación. Ambos decidieron dejar registrado en un correo electrónico -que fue enviado a Guerra ese mismo viernes 12- que no estaban de acuerdo con el ofrecimiento a Moreira.

Aún el Ministerio Público no había ingresado el escrito ante el tribunal y estaba pendiente la clínica jurídica, una especie de “seminario” organizado por la Fiscalía Nacional. No había apuro.

Así, Gajardo escribió a su superior: “Estimado Manuel, hemos conversado con el fiscal Norambuena sobre lo que me planteaste respecto de la suspensión condicional del procedimiento respecto del senador Moreira y sobre esta materia nuestra opinión sigue siendo la de no suspender (…); hay que recordar que esta salida alternativa ha sido propuesta por la defensa ya desde la época en que la causa estaba a nuestro cargo, siendo fiscal regional Alberto Ayala y luego cuando la asumió el fiscal nacional Sabas Chahuán, sin que dicha salida prosperara”.

“La búsqueda de esta sentencia condenatoria es coherente con lo planteado por la fiscalía desde el comienzo en este caso al formalizar al imputado y solicitar su consiguiente desafuero, que se obtuvo finalmente ante la Excma. Corte Suprema”, prosigue el mensaje.

A continuación, Gajardo le hace ver a Guerra que Moreira en la indagatoria “no realizó aportes de información sustanciales” y que sólo reconoció los hechos, “dada la existencia de importantes, reveladores e incontrarrestables antecedentes existentes en su contra (declaraciones, documentos, correos electrónicos, etc.)” y destaca que se negó a declarar sobre otras empresas a las que boleteó su entorno y no dio acceso a su correo. “La gravedad del caso, además, radica en que mediante este delito tributario se logró financiamiento para una campaña con la que consiguió nada menos que acceder al Senado de la República (…); el juicio oral es el camino que se debe seguir en nuestro concepto y no retroceder”, escribió Gajardo tras calificar la suspensión como “improcedente”.

“La gravedad del caso, además, radica en que mediante este delito tributario se logró financiamiento para una campaña con la que consiguió nada menos que acceder al Senado de la República (…); el juicio oral es el camino que se debe seguir en nuestro concepto y no retroceder”, escribió Gajardo tras calificar la suspensión como “improcedente”

Pero los fiscales fueron por más. Ese mismo día se animaron a escribirle al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien el próximo viernes 26 sellará una suspensión condicional para la persona jurídica de SQM.

Al inicio del correo señalan que consideraban “un deber profesional” como miembros del Ministerio Público -y en especial por haber sido del equipo de fiscales que descubrió los correos que daban cuenta de un posible soborno cometido por la empresa- advertirle que “no resulta proporcional a la gravedad de las conductas materia de la investigación que la empresa que fue la directamente beneficiada por las acciones de corrupción que le fueran imputadas en la audiencia de formulación de cargos realizada en contra de los imputados Patricio Contesse y Pablo Longueira por delito de soborno y cohecho, respectivamente, resulte sin reproche penal alguno de prosperar la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento que se pretende plantear en una audiencia próxima”.

Y previenen al fiscal Gómez de que “sin duda que el realizar acciones por parte de un funcionario público a través de beneficios económicos para sí o un tercero por actos que dicen relación con la formación de la ley, en este caso en materia de invariabilidad tributaria, es de los casos más graves en materia de corrupción que a la fiscalía le ha correspondido investigar, sino derechamente el más grave desde el inicio de la reforma” y que “un final así como el que se pretende, constituirá un error institucional difícil de salvar y que no tendrá explicación, ya que en nuestro concepto, la voluntad de la fiscalía debe ser la de una persecución rigurosa en contra de este tipo de conductas, sea quién sea el imputado”.

“Sin duda que el realizar acciones por parte de un funcionario público a través de beneficios económicos para sí o un tercero por actos que dicen relación con la formación de la ley, en este caso en materia de invariabilidad tributaria, es de los casos más graves en materia de corrupción que a la fiscalía le ha correspondido investigar, sino derechamente el más grave desde el inicio de la reforma”

Las razones de Guerra

A inicios de este año, las conversaciones entre Guerra y la defensa de Moreira habrían prosperado tras el pronunciamiento de los votos de minoría del pleno de la Corte Suprema en que se aprobó el desafuero del parlamentario. De hecho, conocedores de las tratativas sostienen que durante la primera semana de 2018, el fiscal regional buscó apoyo de su decisión en la Fiscalía Nacional. Sin embargo, no hubo una manifestación expresa de respaldo por parte de Abbott, quien se habría limitado a señalar que el caso era dirigido por el fiscal regional y que tomara las decisiones que debía adoptar.

En Catedral 1421, donde se ubica el edificio institucional del Ministerio Público, se decidió que la determinación de Guerra sería dada a conocer de manera formal a través de un comunicado público el lunes 15.

A las 9.30 horas de ese mismo día, Guerra se comunicó con los fiscales por correo para compartir la salida alternativa al caso Moreira. En el mensaje, el fiscal regional sostiene que el “camino ideal” para el Ministerio Público es la búsqueda de obtención de condena “en casos como éste”, pero advierte que “el escenario de cara a un eventual juicio oral en la actualidad es muy distinto a aquel que se avizoraba tiempo atrás”. Guerra explica que no podía “ser indiferente” a la decisión adoptada por la Corte Suprema, que al desaforar a Moreira -por estrecho margen- se manifestó en el voto de minoría (ocho ministros), “una posición bastante contraria a nuestros intereses respecto de la existencia de delito en este caso y más aún siendo parte de dicha posición tres de los cinco ministros que integran la sala penal”.

El fiscal regional defiende que la misma salida que se ofrecerá a Moreira se les ha dado a otros imputados del caso, como el ex diputado Alberto Cardemil, y que “dadas las condiciones existentes al día de hoy, es más razonable optar por una salida alternativa como la que se ha planteado, en la cual el imputado pagará la totalidad de los recursos que obtuvo de empresas Penta, antes que llegar a un juicio oral con pocas posibilidades de éxito”, y remata el correo estableciendo que ingresará el escrito de suspensión para Moreira ese día, “teniendo claro que es una decisión que ustedes no comparten, lo cual respeto”.

Ese día, Gajardo mantuvo silencio, pero evidenció su incomodidad con la decisión de Guerra recordando en Twitter las palabras del máximo líder del Ministerio Público, quien había asegurado unos días atrás que “en aquellos delitos de mayor relevancia social vamos a privilegiar el juicio oral”.

El martes 16 la idea de dejar el Ministerio Público ya tomaba forma en Gajardo y Norambuena. Una reunión podría haber revertido la situación. Al día siguiente, a las 9.30, los fiscales tuvieron una última cita con Guerra. No hubo eco de sus preocupaciones ni advertencias, ya estaban marginados y comenzaba la “etapa de reflexión”, que terminó con la renuncia de ambos el viernes 19.

Hasta el cierre de esta edición, sólo algunos directivos de la Fiscalía Nacional habían llamado a Gajardo y Norambuena. Abbott no los llamó ni les envió un mensaje.