El historial de irregularidades de la candidata a presidencia de la Convención Ramona Reyes Painequeo

La Contraloría General de la República confirmó que las listas de espera fueron reducidas de manera artificial en el Hospital San José, tal como lo reveló un reportaje de CIPER en 2013.

Tras cuatro años de investigación el lunes 4 de diciembre, el contralor Jorge Bermúdez aprobó el sumario iniciado tras la revelación periodística y propuso la “destitución” del ex director del Hospital San José, el médico Raúl Hernán Vásquez Cataldo, y de su colega Rodrigo Gutiérrez Soto, ex encargado de la Clínica/Policlínico Maruri.

Miles de pacientes fueron víctimas de estas irregularidades que incluso generaron más complicaciones en su salud. Estas personas que figuraban en listas de espera eran derivadas desde el hospital al centro asistencial de Maruri para «recibir asistencia médica especializada», lo que finalmente no sucedía y entonces eran borrados de las listas aunque sus patologías no habían sido resueltas.

La indagatoria de la Contraloría demostró que los pacientes en lista de espera No Auge eran derivados a Maruri, donde los examinaban médicos generales y no especialistas, vulnerando las normas que regulan el sistema.

Este chequeo médico insuficiente era utilizado como el motivo para eliminar a los pacientes de las listas de espera bajo la causal de “atención realizada”.

En su conclusión la Contraloría informa que: “Un alto porcentaje de pacientes No Auge, inscritos en el Registro Nacional de Lista de Espera (RNLE), fueron eliminados de este repositorio por haber sido supuestamente atendidos en el citado centro médico (Maruri), no obstante encontrarse irresoluta su patología, debiendo ser reingresados en lista de espera, retardando de manera inexcusable la eventual solución a sus problemas médicos, con grave afectación de sus derechos”.

De acuerdo a los descargos del doctor Rodrigo Gutiérrez, según indica la resolución de la Contraloría, en agosto de 2011 la Clínica/Policlínico Maruri inició sus operaciones destinadas a descongestionar las listas de espera, en el marco de los compromisos presidenciales del gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe recordar que el 7 de julio de 2012, el Presidente Piñera llegó hasta la comuna de Conchalí –sector atendido por el Hospital San José– y junto a Mañalich anunció en terreno que las listas No Auge habían disminuido de 90 mil a 40 mil pacientes en espera. Allí se comprometió a terminar con esta lista en un año.

Sin embargo, en junio de 2013, un mes antes de la fecha comprometida por el mandatario, CIPER reveló lo que estaba ocurriendo en Maruri, entonces la unidad de Auditoría Ministerial del Ministerio de Salud despachó un memo reservado donde se reseñaron las irregularidades.

El destinatario de ese memo era el ministro Mañalich, quien instruyó la apertura de un sumario administrativo. El sumario ordenado por Mañalich dio origen a una denuncia ante el Ministerio Público, y que dio inicio a esta investigación que finalmente confirmó la Contraloría.

*Fuente: El Mostrador

«Valdés reafirma en Sala Cámara reserva de constitucionalidad sobre moción que quita a SII exclusividad en acción penal delitos tributarios«, dice el tuit publicado hoy por la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Hacienda.

Valdés reafirma en Sala Cámara reserva de constitucionalidad sobre moción que quita a SII exclusividad en acción penal delitos tributarios pic.twitter.com/kfnrBcixnZ

— Min. Hacienda Chile (@Min_Hacienda) 30 de mayo de 2017

De esta forma, el jefe de las arcas fiscales, Rodrigo Valdés, al invocar una reserva de constitucionalidad torpedea el proyecto de ley que busca eliminar la exclusivadad que tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) en materia penal ante los delitos tributarios.

La iniciativa contó con un importante respaldo por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja que aprobó, a comienzos de mes, la idea de legislar sobre la materia.

Lo anunciado por Valdés tiene como antecedente previo las críticas formuladas por el Ministerio Público, en especial las hechas por el fiscal Carlos Gajardo, ante una decisión que traía consigo el cierre (sin querellas presentadas) de las investigaciones por pagos a políticos.

“El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean”, declaró entonces el persecutor.

A estas declaraciones se sumó un dictamen emitido por Contraloría, donde el organismo encabezado por Jorge Bermúdez que comunicaba al entre recaudador: «Pese a tratarse de una atribución discrecional del Director del SII, resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional, ya que, conforme al principio de juridicidad, es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad, por lo que lo que resuelva sobre el particular requiere tener sustento en los antecedentes recabados al efecto».

«Cabe recordar que las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la ley N° 19.880, conforme al cual, tanto en la substanciación de sus procedimientos como en las resoluciones que adopten, han de actuar con objetividad y respetar el principio de probidad, el que, a su vez, les impone la obligación de emplear medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, según lo ordena el artículo 53 de la ley N° 18.575», agregó.

Entonces, el ministro Valdés -al igual que ahora- optó por respaldar al director del SII, Fernando Barraza, señalando que contaba con todo el apoyo del gobierno: «Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos hace muy bien su trabajo. Cuando uno compara las cifras de evasión de Chile con otros países, creo que salimos muy bien parados. No sólo creo, estoy seguro. He visto los números», dijo en ese momento el jefe de finanzas públicas.

*Fuente: El Mostrador