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30.11.2015

Foto: Agencia Uno

La Ley de Glaciares del Ejecutivo no ha estado exenta de las críticas por su claro corte neoliberal. Desde diversos territorios se levantan serios cuestionamientos sobre su origen, su proceso y su finalidad. ¿A quién busca favorecer realmente el gobierno impulsando este proyecto? Cabe preguntarse lo anterior dadas las falsas ideas instaladas desde la trinchera del “progreso”. Preocupante resulta el devenir de los glaciares ante el avance de esta ley y es preciso cuestionarse sobre la responsabilidad que nos compete en tanto cohabitantes de una vasta cordillera, y con ella, de un incalculable patrimonio natural universal que es urgente proteger.
Nadie podría asegurar que todos los – glaciares – que se estudien van a ser declarados Reserva Estratégica Glaciar”, declara Pablo Badenier Ministro de Medio Ambiente, tras presentar una nueva indicación del gobierno en la cuestionada Ley de Protección y Preservación de Glaciares[1].
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que durante este 2015 ha revisado el proyecto de ley, aprobó preocupantemente el pasado 11 de noviembre, por 9 votos a favor y 3 en contra[2], la indicación presentada por el Ejecutivo sobre el artículo 5° que establece la figura de Reserva Estratégica Glaciar (R.E.G).
El proyecto de ley que defiende férreamente el ministro no ha hecho más que levantar cuestionamientos y rechazo en las diversas organizaciones territoriales del país, fundamentalmente por conformarse como una ley que en vez de proteger glaciares regula su intervención y destrucción, además de la serie de aspectos no considerados y porque no se ha permitido la participación en el proceso de las comunidades que por años han trabajado en torno a la protección de glaciares amenazados por megaproytectos como por ejemplo Pascualama (Barrick Gold), Andina y El Teniente (CODELCO) o Pelambres y Alto Maipo (Aes Gener y Grupo Luksic)[3] logrando desde los territorios poner en la agenda pública la necesidad de dicha ley.

¿Cómo se gesta la propuesta del gobierno en torno a la Ley de Protección y Preservación de Glaciares?
De forma paralela y desconociendo el trabajo desde las bases en los territorios en relación a la protección de los glaciares y su entorno, el año 2014 la llamada Bancada Glaciar[4] ingresa el 20 de mayo una moción parlamentaria con el objetivo de legislar.
El 21 de mayo del mismo año durante el mensaje de la Cuenta Pública Michelle Bachelet sube al carro institucional esta demanda declarando: “Otra de las materias sobre las cuales debemos poner nuestra máxima atención, es en el cuidado de los glaciares. Los glaciares representan una fuente de agua dulce de un valor incalculable. Presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales[5]”.
El proyecto de la Bancada Glaciar no logró prevalecer y es durante comienzos de marzo de 2015 que muchos de sus diputados abandonan sus filas para firmar un protocolo de acuerdo[6] en donde se comprometen con el gobierno a apoyar un nuevo proyecto de ley para la materia. Este protocolo es encabezado por Badenier y la entonces Ministra Secretaria General de la Presidencia Ximena Rincón. Este protocolo contó además con el apoyo de diversos senadores.
Días después de esta firma, Pablo Badenier presenta la indicación sustitutiva del Ejecutivo que viene a reemplazar el proyecto presentado por la Bancada Glaciar. Se da inicio con eso la tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Glaciares. Durante la presentación, el ministro afirma que dicho proyecto permite garantizar la protección del 100% de los glaciares del país[7].
En el mes de mayo nuevamente Bachelet hace referencia al tema glaciares: “…ya iniciamos la discusión de indicaciones a la moción parlamentaria que trata esta materia, en un trabajo amplio con el mundo científico, social, económico y político[8]”.
Evidentemente el mundo social no fue convocado a la discusión que la Comisión de Medio Ambiente ha sostenido a pesar de manifestar en diversas ocasiones intenciones de aportar al debate desde el conocimiento y bagaje territorial y organizacional de base.
 Quienes sí fueron muy bien recibidos, como jugando de local, fue el mundo minero; distintos actores de esta industria han tenido espacio en la comisión en dos ocasiones este 2015; el 6 de mayo el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero Joaquin Villarino y la Directora de Asuntos Regulativos de CODELCO María Francisca Domínguez. Esta última reconoce que las faenas de CODELCO se encuentran sobre glaciares y zonas aledañas a éstos además indica que de aprobarse una ley que proteja a todos los glaciares afectaría el plan de negocios y desarrollo del estado albergado en la Ley 20.790 (sobre aporte capital extraordinario de CODELCO). Y el 01 de julio recibiendo a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), al Sindicato Industrial de Integración Laboral (SIL) y al Sindicato Unificado de Trabajadores (SUT). Un pequeño y decidor detalle es que las presentaciones de Power Point de la Sta Domínguez y los trabajadores y sindicalistas son prácticamente iguales[9], lo que deja entrever la poca independencia en cuanto a opinión de los trabajadores de esta industria, incluso más, aparecen cuadrándose con las esferas superiores de la minería.
Es a partir del reclamo de los empresarios que el gobierno flexibiliza su posición en cuanto a la protección y preservación de glaciares.
 Lo que se fragua a espaldas de la ciudadanía por parte del gobierno y que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja respalda
El artículo 5° aprobado en comisión es el corazón de la propuesta del gobierno y establece que la protección no es para todos los glaciares, sino que sólo los “susceptibles” a ser declarados como Reserva Estratégica Glaciar (R.E.G), bajo la lógica de que sean reservas hídricas relevantes para las cuencas.
Se promueve una suerte de competencia territorial, pues uno de los criterios establecidos es que para que un glaciar sea una R.E.G tiene que localizarse en una zona de comprobada escasez hídrica en el tiempo. Además el artículo determina que serán prioridad también los glaciares que tengan mayor volumen de hielo; desconociendo la diversidad que existe también en estos cuerpos de agua en estado sólido, pues cada glaciar es único y responde a condiciones geográficas y está inserto en un sistema cumpliendo un rol independiente del tamaño.
La aprobación del artículo 5° como lo propuso el Gobierno, deja desde el inicio a 6 regiones sin ninguna protección de los ecosistemas glaciares (Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O”Higgins y Maule). Estas regiones son la más frágiles, pues son parte del árido y semiárido de Chile, y además suman el 67,7% de la población del país, por lo tanto dejarlas desprotegidas es una irresponsabilidad mayor. Lo que al parecer si tuvo en consideración la autoridad, es que estas regiones son las zonas de expansión de la minería hacia el sur, buscando el agua y la energía que se hace tan escasa en el norte.
¿Acaso los glaciares del centro-norte, por tener menos volumen que un glaciar de la Patagonia, no merecen protección?
Sobre la protección que otorga esta nueva figura legal, que un glaciar se declare como R.E.G no asegura nada pues cualquier persona puede oponerse a este reconocimiento bajo el argumento de que dicha declaración pueda afectar derechos individuales o colectivos.
En palabras simples y aunque suene ilógico cualquier persona puede decir “me opongo a que este glaciar esté protegido”. Así mismo se contempla que una vez otorgada la protección puedan desafectarse, es decir, dejar de estarlo.
Es preciso señalar que el gobierno defiende una visión reducida y fragmentaria de lo que se entiende por glaciar y su entorno restando importancia y relevancia a lo que rodea a estos cuerpos de hielo (zona conocida como periglacial). Sabido es que el bienestar de aquellos elementos geomorfológicos y climáticos (glaciosistema) favorece la existencia de los glaciares.
La figura de R.E.G promueve la estandarización de los elementos ya mencionados al establecer una zona de protección de sólo 1.000 metros desde la parte terminal del glaciar valle abajo, lo que resulta insuficiente y cuestionable pues cada glaciar presenta formas y entornos distintos e impares además de ser particularmente dinámicos respondiendo a condiciones locales.
No hay espacio para la participación ciudadana mas se asegura la voz en el proceso de dirimir una R.E.G al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como si eso fuera una gran esperanza y asegurara que las cosas irán en beneficio del bien común.
La ley de Bachelet establece prohibición de actividades con fines comerciales sobre un glaciar y su entorno pero sólo para glaciares que se encuentren en reservas de región virgen y parques nacionales. En cuanto a lo primero, esta categoría de reserva en Chile no existe (aun cuando Chile debiese tener por estar suscrito al Convenio de Washington que así lo establece) y sobre la segunda es preciso decir ya se encuentra regulado (por la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N°19.300).
En tanto que la prohibición de actividades a los glaciares que sean considerados R.E.G no es retroactiva, por lo que las actividades que hoy están interviniendo y afectando glaciares podrán seguir realizándose a pesar de que misma ley reconoce que el traslado, destrucción o cubrimiento influye en el derretimiento de los glaciares. Una contradicción.
¿Qué pasará entonces con los glaciares que no estén en reservas de regiones virgen, en parques nacionales y que no sean R.E.G? Éstos quedan sin protección.
Las obras que se establezcan en este tipo de glaciares simplemente deberán someterse a un estudio de impacto ambiental (EIA). Flaco favor pues ya conocemos cómo opera el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en nuestro país y lo perjudicial que ha sido para los territorios y ecosistemas. Y algo engañoso, la ley propone que lo que se someta al SEIA debe contar con un permiso de la DGA el que será otorgado si se determina que las obras, programas o actividades no afectan al escurrimiento significativo a la cuenca a la que el glaciar aporta agua.
Por último, uno de los artículos transitorios aprobados en comisión, especifica que toda obra, programa o actividad que se emplace en un glaciar o su entorno y que haya sido aprobada, es decir, que cuente con una Resolución de Calificación Ambiental vigente (RCA), sólo debe emitir un informe indicando la relación de su iniciativa con el glaciar. Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente podrá solicitar al SEIA que revise la RCA conforme a lo que dice el artículo 25 quinquies de la ley 19.300. Algo que no necesariamente implica la revocación o cese del permiso ambiental pues dicho artículo habla de revisar las resoluciones a fin de corregir las situaciones, el artículo no va más allá de eso. Dicho artículo transitorio favorece directamente a iniciativas extractivistas; recordemos el caso de afectación a glaciares por parte de la candiense Barrick Gold con su mina Pascualama al depositarse sobre los hielos el polvo proveniente de las faenas mineras, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en donde el túnel por donde desviarán las aguas va por debajo del glaciar El Morado o minera Los Pelambres de Luksic, donde el glaciólogo A. Brenning, confirma la destrucción de valiosos glaciares de roca.
Es decir, que un mega proyecto impacte y destruya glaciares no implicará que su permiso ambiental sea anulado.
Con todo lo ocurrido en este proceso legislativo, no quedan dudas de que el Estado está por defender, como ya es costumbre, a los grupos económicos y a una economía extractivista que está destruyendo el país poco a poco, relativizando la protección de los glaciares bajo la figura de Reserva Estratégica Glaciar y de normalizar y legalizar la intervención irremediable de estos elementos fundamentales en la estabilización del clima, la mantención del ciclo hídrico y proveer de agua en tiempo de escasez y sequía.
La propuesta del gobierno además va en contra la Política para la Protección y Preservación de Glaciares (2008), aprobada por el Consejo de Ministros de la CONAMA en el período anterior de Bachelet, y de la Estrategia Nacional de Glaciares (2009). En ambos instrumentos del Estado se valora en general la importancia de los glaciares y se plantea como objetivo general Preservar y Conservar los Glaciares de Chile[10].
Como vemos el Ejecutivo no hizo más que manipular, una vez más, la demanda proveniente desde las comunidades y organizaciones territoriales: una ley que diera real protección a todos los glaciares y su entorno, además de desconocer lo manifestado como intenciones en las propias políticas públicas al respecto.
Los glaciares que hoy tenemos el privilegio de conocer se formaron entre 80.000 y 100.000 años atrás. América del Sur alberga más de 28.000 km² de superficie glaciar y de esta cifra cerca de 23.000 km² (correspondiente al 82%) se encuentran en Chile[11]. Asombra la frivolidad con que esta comisión vota y trata la ley que en su título aboga por una protección de glaciares. Los diputados, ¿tendrán una conciencia real de lo importante que son los glaciares para el sustento de la vida? Pareciera que no.
La continuidad de los glaciares en nuestro territorio se ve amenazada por aquellos elementos normativos como el Código Binacional Minero, el Código de Aguas y la misma Constitución que entregan todas las facilidades para que empresas saqueen territorios y generen nefastos impactos ambientales que acentúan y aceleran el retroceso y disminución de los glaciares en un contexto de cambio climático. A esto ahora se suma la ley de glaciares de Bachelet.
El proceso aún no termina; seguirá la votación de los artículos pendientes para luego pasar a discusión en sala, para finalmente pasar al senado. Es necesario entonces ejercer una presión social que obligue a los políticos a responder a quienes se deben y legislen pensando en las mayorías y en resguardo de los bienes comunes. O bien que asuman las consecuencias de quedar en la historia como los responsables de haber aprobado semejante aberración que atenta contra la continuidad en nuestras cuencas de los glaciares.
Organizaciones firmantes:
Agrupación Cultural Ramona Parra
Asamblea por el Agua del Guasco Alto
Cofradía Adoratorio Cerro Mercachas
Colectivo Efímero
Colectivo La Savia
Escuela de Escalada Newen
Movimiento Cultural Aconcagua
Movimiento Socioambiental Valle de Putaendo
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA
Observatorio de Conflictos Mineros América Latina, OCMAL
Pacto Mundial Consciente
Raíces de Aconcagua
Red Metropolitana No Alto Maipo
Red Permacultores Aconcagua
Red por la Defensa de los Territorios

Nota de la Redacción de piensaChile: Si le interesó el tema, le invitamos a mirar los videos -al final de las notas que siguen- que sobre el tema «Glaciares» se han realizado en Argentina, país con el cual compartimos la cordillera y ese gigantesco enemigo que es la Barrick Gold. Por favor, véalos y ayúdenos a salvar los glaciares.

Notas:
[1]Indicación al artículo 5° ingresada el 9 de noviembre de 2015.
[2] Diputados a favor: Fernando Meza (PRSD), Marcelo Chávez (DC), Andrea Molina (UDI), Celso Morales (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Jorge Rathgeb (RN), David Sandoval (UDI), Christian Urízar (PS) y Patricio Vallespín (DC).
Diputados en contra: Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC) y Daniel Melo (PS).
[3]Declaración pública: Ley de Glaciares, el gobierno busca legalizar su destrucción.
Organizaciones rechazan proyecto de Ley de “protección” de glaciares porque sólo busca su destrucción para beneficio empresarial.
Comisión de Medio Ambiente excluye nuevamente voz comunitaria en debate de Ley sobre protección de Glaciares.
[4] Iniciativa de los diputados: Daniel Melo (PS), Maya Fernandez (PS), Daniella Cicardini (PS), Leonardo Soto (PS), Luis Lemus (PS), Camila Vallejo (PC), Patricio Vallespín (DC), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI), Giorgio Jackson (Independiente) y Vlado Mirosevic (Independiente).
[5]Mensaje presidencial Cuenta Pública 2014, glaciares página 19.
6 Protocolo Acuerdo gobierno, diputados y senadores.
7 Pablo Badenier: “Este proyecto permite garantizar la protección del 100 % de los glaciares del país”.
8 Mensaje Presidencial Cuenta Pública 2015, glaciares página 22.
9 Sesiones Comisión e invitados que han sido recibidos.
10 Política para la Preservación y Conservación de Glaciares (2008).
Estrategia Nacional de Glaciares (2009).
11 DGA: Glaciares de Chile.
 

*Fuente: El Desconcierto

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El Plebiscito del 30 de Julio de 1989 significó el fraude más grande realizado al pueblo chileno, pacto responsable de todos los impedimentos que durante los próximos 24 años han truncado cualquier proyecto de cambio profundo, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Tanto el Gobierno Militar como la Concertación de Partidos por la Democracia llamaron a votar SI en el referéndum del 30 de Julio de 1989 logrando un 91% de aprobación. Cincuenta y cuatro reformas que hicieron más rígido el sistema e incambiable durante ya 24 años y quizá varios más. Viera Gallo, Aylwin, y la cúpula de la Concertación lo sabían, pero no informaron a la ciudadanía ni a sus bases militantes de este retroceso histórico que significó el haberse puesto de acuerdo a espaldas de los ciudadanos en un verdadero pacto secreto que nos amarraría por siempre a un sistema económico injusto y monopolizante.

La Dictadura bajo presión de Estados Unidos -y los mismos poderes fácticos que respaldaron el Golpe- aceptaba dejar de gobernar, mientras que a su vez la Concertación aceptaba gobernar sin el poder de cambiar nada y con la obligación de subordinarse por dos décadas a la Constitución de 1980, a los dictados de EEUU y de los organismos financieros internacionales -FMI, Banco Mundial y otros- que se dedican a presionar a los Estados para que faciliten el camino institucional a las operaciones financieras de las empresas trasnacionales.

¿Valía la pena sacar de la Moneda a un General con uniforme para que otros cumplieran las directrices dejadas por él? ¿Existió realmente la Transición?

Claro que no. Nunca ha habido transición alguna, todo lo contrario, desde 1990 en adelante ha sido, como dijo el mismo Pinochet en octubre de 1988, un avance progresivo en la “aplicación del ideario e itinerario constitucional trazado” por la Dictadura. Las reformas de 1989 solo aseguraron que esto se cumpliera a cabalidad.

¿Por qué no existen actas de las reuniones de preparación de las reformas entre Aylwin y el gabinete de Pinochet? ¿por qué no se tomó actas de las reuniones entre la comitiva de la Concertación, entre los cuales estaba Viera Gallo, y las comitivas de RN y el gobierno militar donde discutieron y pactaron las 54 reformas?

Si no tienen nada que esconder entonces que hablen sobre ello, que no evadan este tema como lo han hecho durante 24 años cada vez que se les pregunta.

La Concertación nos dijo a todos que con ese referéndum se iniciaba la transición hacia la democracia plena, que los cambios permitirían otros cambios mayores. Entonces ¿por qué aceptaron aumentar los quórum a 4/7 y hasta 2/3 para cualquier cambio constitucional? ¿por qué constitucionalizaron el sistema binominal? ¿por qué eliminaron el derecho a plebiscito que sí estaba antes del 89?.

Gran parte de los senadores y diputados concertacionistas, con los que Bachelet pretende avanzar hacia una Nueva Constitución, participaron de este engaño y hoy buscan impedir la convocatoria a una Asamblea Constituyente (nuevamente).

Bajo este sistema a lo máximo que se puede aspirar es a “proyectos” de reformas que nazcan de la ciudadanía luego de presión masiva, como ocurrió el 2006 con las propuestas de los estudiantes que nos tomamos nuestros colegios y universidades para derogar la LOCE. “Proyectos” porque jamás llegarán a convertirse en ley ni mucho menos en institucionalidad, puesto que, al igual que lo que ocurrió con la LGE, terminan siendo filtrados por la actual constitución y las negociaciones que exige el sistema binominal con los grupos conservadores de la Alianza y la Concertación.

Debemos organizarnos para construir un PROCESO CONSTITUYENTE y un movimiento con una nueva fuerza superior a las cúpulas partidistas, superior a las formas hasta ahora inútiles. Un movimiento que propague y explique de la A a la Z qué significa una Asamblea Constituyente, en cada rincón del país. Llegó la hora de tomar el destino en nuestras propias manos, ya no podemos seguir esperando la venida de un salvador.

Al revisar los videos de campaña publicitaria a favor del Plebiscito de 1989 uno ve claramente como tanto el gobierno de Pinochet como la oposición de la naciente Concertación llamaron a votar SI pero con argumentos diferentes. El gobierno militar llamó a aprobar las 54 reformas para lograr “perfeccionar el modelo instalado por nosotros”. La Concertación también llamó a aprobar las 54 reformas, pero según ellos para “iniciar la transición”. ¿Cómo se explica esto, qué sentido tiene? ¿Transición es sinónimo de cambio de administración?

PINOCHET aclaró en cadena nacional que las elecciones presidenciales posteriores a su mandato eran “tan solo la elección de la persona que debería conducir al país hacia la aplicación plena de la carta fundamental” pues “no está en juego el ideario ni el itinerario constitucional trazado”.

JAIME GUZMÁN también lo señaló previamente al decir que “esta constitución está hecha para que, no importa quien gobierne, se vea constreñido a tomar una acción no tan distinta de lo que nosotros haríamos”. Será que Patricio Aylwin lo sabía bien al decir su famosa frase “en la medida de lo posible”.

EDGARDO BOENINGER, principal ideólogo de la Concertación, terminó por aclarar sin espacio a dudas al reconocer que el objetivo de las negociaciones con el gobierno de Pinochet era “reconocer la legitimidad de la Constitución”, puesto que de no ser así “el gobierno de Aylwin enfrentaba la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una Asamblea Constituyente”.

Quienes creen que Bachelet puede cambiar las cosas sin Asamblea Constituyente, están perdiendo el tiempo y quienes participan de su gobierno bajo conocimiento de esta situación están siendo parte, aunque no lo reconozcan, de un nuevo engaño de proporciones históricas.

No tenemos otra alternativa, solo la Asamblea Constituyente puede devolverle al país la democracia -aun secuestrada-, la soberanía y la cordura, pues la dictadura sigue intacta y quienes gobiernen sin impulsar el proceso constituyente estarán trabajando para la Dictadura de los poderes que gobiernan tras la cortina, esos de los que hablaba Allende ante las Naciones Unidas. La transición recién comienza con la Asamblea Constituyente.

Basta de Pactos Secretos: ¡abolición al Pacto del 89 y la Constitución de 1980!. Queremos ser soberanos. Queremos un Proceso Constituyente nacional, democrático y con protagonismo ciudadano. Queremos que los pueblos indígenas, los compatriotas en las regiones extranjeras, las minorías sociales y todos quienes habitamos este hermoso país, decidamos por nuestra propia voluntad el destino nacional.

www.asambleaconstituyentechile.cl

– El autor, Matías Sagredo Z,  es Coordinador Red de Estudiantes de Chile por la Asamblea Constituyente (2006-2012) 

*Fuente: El Clarin

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En un documento que redactáramos en abril del año pasado, advertíamos que una nueva fase se abría en la evolución de la sociedad chilena. Aseverábamos en tal documento que, dentro de esa nueva fase, predominarían ampliamente los avatares de la escena política nacional hasta que no se hiciese presente el actor social. Al respecto, escribíamos:

“Así, pues, las acciones de los actores políticos (partidos y personajes del mundo político que son, precisamente, algunos de esos agentes), comenzarán a invadir nuestra vida cotidiana. Se trata de individuos que se transformarán en nuestros personajes ineludibles. Los veremos a cada momento.  Constituirán parte de nuestra vida. Invadirán nuestros hogares. Sus rostros y decires ocuparán las calles, las secciones superiores de los edificios, las radioemisoras, los canales de televisión, las conversaciones cotidianas. Opacarán toda otra noticia. Sus opiniones aplastarán. Nos dividirán”[1].

Era previsible que así había de suceder como, pues, ha sucedido. A partir de mediados del año pasado y hasta el día de hoy, los personajes de la escena política nacional se han constituido en parte integrante de nuestra vida; y no parece que su presencia vaya a disminuir en los meses sucesivos. Por lo menos, mientras el actor social no adquiera relevancia. El treinta por ciento de la población nacional en edad de votar ha tomado la representación del setenta por ciento restante, con una arrogancia (a la vez que torpeza) sin parangones. Decide, así, lo que debemos o no discutir, lo que debemos o no proponer, lo que debemos o no hacer. Pero aunque la escena política predomine ampliamente en la vida pública nacional, escondida, soterrada, dominada, la lucha de clases continúa: mineros en huelga, protesta de las ‘nanas’ en Las Condes, una marcha de todas las marchas que resulta exitosa a pesar de los pesares, y anuncio de nuevas marchas. Sin embargo, como ya lo hemos indicado, esos avatares no tienen mayor significación aún. Por ende, en este documento hablaremos solamente de lo que acontece en la escena política nacional.

INSTALACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

El 11 de marzo recién pasado se instaló el nuevo gobierno de la nación en medio de una conocida ceremonia de estilo, que los medios de comunicación televisivos, habituados al espectáculo de la farándula, se encargan de repetir una y otra vez a fin de grabar en las mentes de los televidentes tan memorable momento. Sin embargo, pasada la ‘emoción’ inicial, podemos traer a la memoria ese viejo adagio latino según el cual nihil novi sub sole porque, en verdad, nada nuevo puede descubrirse tras el normal relevo de las ‘autoridades’.

Corresponde, sin embargo, preguntarse cuál va a ser la vía que empleará preferentemente el sector gobernante en los meses y años que han de sucederse.

Comencemos aseverando que la gestación de esas nuevas ‘autoridades’ se realizó en medio de un ambiente caracterizado por la profunda desconfianza que los sectores sociales manifestaban (y manifiestan aún) hacia la política y los políticos; se gestaron, además, como respuesta al despertar de los movimientos sociales. En consecuencia, era previsible que los ideólogos de la Concertación optaran por levantar la candidatura de una persona cuyo carisma atrajese a gran cantidad de adherentes y asegurara, para ellos, el triunfo electoral y la instalación de tales autoridades. Pero esos ideólogos sabían que aquello no bastaba, que ese triunfo era sólo el primer paso dentro de la estrategia de tomar el control del país. Entre otras cosas, necesitaban confeccionar un programa que resumiese algunas de las reivindicaciones más sentidas de los movimientos sociales[2], y empeñar la palabra de cumplir con ese programa.

El programa de Michelle Bachelet, pues, debe ser considerado como un compendio de las ideas expresadas, a grandes rasgos, por los movimientos sociales que desde el propio gobierno anterior de la candidata (2006) empezaron a desarrollarse cada vez con mayor virulencia hasta culminar en el año 2011 con las grandes protestas estudiantiles. No debería extrañar, en consecuencia, que uno de los pilares principales del programa consistiese en una ‘reforma educacional’ que contemplase una ‘gratuidad’ y un ‘fin al lucro’, pues tales eran las demandas estudiantiles. Sin embargo, una reforma educacional que enarbola la bandera de la ‘gratuidad’ necesita ser financiada; con mayor razón cuando se empeña en poner ‘fin al lucro’. La urgencia de una ‘reforma tributaria’, pues, se hizo inevitable. De manera que otro de los pilares del programa había de consistir en la transformación del sistema impositivo.

Al convertir la dictadura los derechos básicos de la salud y la previsión social en mercancías sujetas a las leyes de la oferta y la demanda, la población de Chile fue —y continúa siendo—, una y otra vez, esquilmada constantemente por quienes desean continuar mercantilizando la vida nacional. Las protestas han tenido mucho que ver con esos temas que hoy parecen estar en el ojo del huracán; el programa de Bachelet ha debido pronunciarse necesariamente sobre aquello.

Sin embargo, los problemas antes señalados no pueden resolverse sin trasgredir las normas constitucionales heredadas de la dictadura. Surge entonces la pregunta: ¿es necesario cambiar o no la constitución pinochetista? El programa, ante las voces que se alzan pidiendo una asamblea constituyente, ha debido también pronunciarse sobre el particular. Pero no del todo claramente.

LAS ARMAS POLÍTICAS QUE POSEE ‘NUEVA MAYORÍA’

‘Nueva Mayoría’ es un pacto político. Aunque no constituye una organización propiamente tal es, de todas maneras, un sujeto político. Sus luchas son políticas y las armas de las cuales ha de proveerse para librar aquellas, también han de ser de esa naturaleza. Y esas armas se encuentran en su poder. Porque tras las elecciones de noviembre y diciembre del pasado año, dentro de ese exiguo veinte por treinta de la población nacional que se decidió por participar en los comicios, ha logrado triunfos tremendamente importantes. Por una parte, en las elecciones presidenciales sobrepasó ampliamente la expectativas de la candidata de la oposición; en las elecciones destinadas a renovar el Parlamento, dicho pacto logró mayoría (aunque no absoluta) en ambas cámaras, circunstancia que le permite aprobar si no todas las iniciativas, al menos, la mayoría de todas ellas, colocando en difícil situación a la oposición. Y, finalmente, en las elecciones de alcaldes y concejales, efectuadas también en 2013, el pacto ‘Nueva Mayoría’ logró, del mismo modo, una amplia ventaja sobre las fuerzas que se disputaron políticamente el control de las municipalidades del país. Se puede decir, entonces, que el gobierno de Michelle Bachelet cuenta con todas las armas políticas que necesita para llevar adelante la generalidad de las promesas empeñadas en la campaña electoral. Podemos decir que son éstas sus armas ‘propias’.

Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet cuenta, además, con armas ‘ajenas’, pues no pocos de quienes se definen como ‘oposición’ ya han manifestado no querer ser obstáculo para algunas reformas prometidas por la mandataria. A pesar de formular críticas frente a situaciones específicas, no puede decirse que esa rama desprendida del tronco del partido Renovación Nacional RN, llamada ‘Amplitud’, se haya mostrado poco proclive a apoyar las reformas propuestas[3]; ni tampoco RN que, a diferencia de la Unión Democrática Independiente UDI, está dispuesta a apoyar gran parte del programa.

Es cierto que las personas que han manifestado tales ideas no prestarán ‘un cheque en blanco’ al pacto, sino colaborarán dentro de ciertos parámetros que les fijan sus propias concepciones ideológicas, pero no es menos cierto que todo ello facilita enormemente la labor que tiene por delante ‘Nueva Mayoría’[4].

LAS ARMAS EMPRESARIALES DEL PACTO ‘NUEVA MAYORÍA’

Hemos señalado en otros de nuestros documentos que lo que se conoce en los medios de comunicación y en jerga vulgar como ‘derecha’, es decir, la representación política natural de las clases y fracciones de clase dominantes, se encuentra en un proceso de reformulación ideológica que puede demorar meses —y, tal vez, años— en resolverse. Esa ‘derecha’ debe compatibilizar su ideario con las nuevas exigencias que la evolución del sistema capitalista internacional plantea al empresariado nacional[5]. Sin embargo, le ha sido imposible realizar semejante tarea. En reemplazo de esa ‘derecha’ incapaz de asumir la representación del interés del empresariado, lo ha hecho su representación política ‘espuria’ o ‘advenediza’, es decir, los sectores social demócratas que impulsan el pacto ‘Nueva Mayoría’ quienes, desde los inicios de la democracia post dictatorial, han querido perfilarse como el sector más lúcido y dinámico del capitalismo internacional con sede en Chile.

En consecuencia, el programa de Michelle Bachelet cuenta con las armas provenientes de todos los sectores que el empresariado ha colocado al servicio de su nuevo ‘representante’. De lo cual puede colegirse que nunca otra coalición ha tenido en sus manos tantas posibilidades de introducir reformas al sistema político chileno como la actual.

No parece necesario recordar aquí el apoyo que los grandes sectores empresariales habían dado desde un comienzo de la contienda electoral a la ya entonces candidata del pacto ‘Nueva Mayoría’[6].

COMPORTAMIENTO DE LA SOFOFA

La última resistencia del empresariado al programa de la recién instalada presidenta radicaba en la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA en donde sus dos vicepresidentes —Claudio Muñoz y Alfonso Swett— se planteaban como contrarios a entablar relaciones con el triunfante pacto. El encono hacia esos sectores, por parte del segundo de aquellos, era tal que el presidente de la corporación, Hermann Von Mühlenbrock, decidió cambiar a ambos a fin de mostrar un rostro más proclive a las reformas. La ocasión se presentó con motivo de realizarse el seminario ‘Nuevos vientos de la economía 2014’ el 20 de marzo recién pasado. Sin embargo, el plan se malogró porque, en esa oportunidad, el periódico ‘La Segunda’ filtró una noticia en la que el presidente de la entidad aparecía profiriendo expresiones un tanto desmesuradas.

“SOFOFA advierte que inversiones se podrían ir de Chile”,

fue el titular de la portada del vespertino el mismo día en que se realizaba el seminario. Y en sus páginas interiores, dentro de la sección dedicada a la Economía, expresaba lo siguiente:

“Los capitales no son estáticos, son móviles. Si los proyectos que evalúan las empresas se vuelven poco rentables en Chile, por razones de aumentos impositivos, sin duda que se llevarán adelante, pero en otro país”[7].

 Von Mühlenbrock se molestó. En una entrevista que dio al mismo vespertino, al día siguiente de realizado el encuentro, dijo:

“Irse significa que una inversión que está aquí se va. Eso ni siquiera lo pensamos. Dijimos claramente que cuando un empresario analiza un proyecto, en este mundo globalizado y habiendo mercado, se va a instalar en aquellos lugares donde tenga una mejor rentabilidad”.

Los actores políticos no siempre están al tanto de lo que se produce al interior de la lucha de clases; es más, algunos no sólo desconocen que aquella exista sino, simplemente, la niegan. Por supuesto, ese abismo que existe entre lucha de clases y escena política les hace incurrir en exuberancias que, a menudo, causan divisiones o mal entendidos, especialmente cuando dichos actores padecen de verborrea, enfermedad que ataca por igual a numerosos políticos chilenos. Por eso, no fue extraño que el presidente del Partido Socialista PS, Osvaldo Andrade, señalara que Von Mühlenbrock era un

“[…] momio, imponente, grandote, la mejor expresión de lo fáctico […]”

También procedieron de igual manera los diputados Jorge Tarud, del Partido Por la Democracia PPD, y Pablo Lorenzini, de la Democracia CristianaDC, para quienes Von Mühlenbrock impulsaba una campaña del terror, por lo que le recomendaban

“[…] que se dedique a su pega y no a la política […] que se preocupe de sus declaraciones y sus empresas, porque en la reforma (tributaria) vamos a potenciar el Servicio de Impuestos Internos”[8].

No lo hizo diferente Aldo Cornejo, de la DC, para quien las presuntas expresiones del presidente de la SOFOFA eran imperdonables e impresentables[9].

El plan de Von Mühlenbrock de reemplazar a los elementos díscolos de su corporación, pues, se atrasó, obligándole a emplear las facultades que le concedía el Reglamento de la misma. El retiro voluntario de las personas que eran contrarias a dialogar con el pacto Nueva Mayoría debió cambiar de carácter y hacerse compulsivo, porque el presidente de la SOFOFA puede, de acuerdo a dicho Reglamento, nombrar a los dos vicepresidentes así como también pedirles su remoción. Von Mühlenbrock lo hizo el día en que se realizó el Consejo General de la organización. Claudio Muñoz, presidente de Telefónica, y Alfonso Swett Opazo, industrial, salieron para que los industriales, reunidos, aceptaran el nombramiento de Carlos Hurtado[10] y Rafael Guilisasti[11], tras lo cual expresó Von Mühlenbrock:

“Tenemos un gran desafío y estamos disponibles a trabajar con las nuevas autoridades, porque creemos que juntos se deben hacer las cosas”[12].

El domingo 30 de marzo, el propio presidente salió a explicar a los medios de comunicación que sus palabras habían sido mal interpretadas:

“Hubo un titular poco afortunado y creo que todo el mundo leyendo ese titular pensó que era parte de un discurso de agresividad y se formaron imágenes, posiciones, decisiones, de una frase. Porque —no sé si usted leyó mi discurso— fue una reunión súper cordial, además que nunca ha estado en el espíritu de la SOFOFA, ni de este presidente, tomar posiciones aguerridas ni extremas, sino que al revés. Somos partidarios del diálogo, de los acuerdos público-privados, de conversar, de plantear puntos de vista, de respetar las ideas de los otros”[13].

Los cambios ocurridos en la directiva de la corporación no han sido casuales. Lo expresan los propios directivos de la SOFOFA:

“La idea era hacer ajustes para enfrentar el nuevo gobierno con personas de mayor experiencia política y cercanía a la ‘Nueva Mayoría’”[14].

Así, pues, cuenta hoy el pacto ‘Nueva Mayoría’ con el apoyo de casi todo el empresariado nacional. Especialmente, después que en la reunión de ICARE, Roberto Fantuzzi uno de los hombres de empresa más lúcidos que existen en Chile, dijera a los demás empresarios:

“Ya, pues, suelten un poco más y no sean tan tacaños. ¿O quieren que nos llenemos de protestas?”.

Sin embargo, eso no significa que las reformas contenidas en el programa de Bachelet tienen abiertas las compuertas de la sociedad para ser aprobadas con el apoyo incondicional de los afectados que son los empresarios, como lo veremos más adelante. Existen escollos en el camino.

EL APOYO DEL BLOQUE EN EL PODER

Bachelet no se encuentra en posesión solamente del apoyo político que requiere su gestión; no tiene solamente el apoyo empresarial, sino cuenta con el sostén del sector hegemónico que existe dentro del Bloque en el Poder y que, en consecuencia, dirige al conjunto social. Y ésto sí que no es poca cosa.

Nos explicamos. En otros documentos, hemos dicho que el Bloque en el Poder es una estructura creada por los sectores dominantes para poder dirigir al conjunto social.

En efecto, como también lo hemos señalado anteriormente, la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo se fracciona en la rotación del capital para que surjan los banqueros, los comerciantes y los industriales. Divididos así, es imposible que controlen al conjunto social; menos, aún, que lo conduzcan. Por eso, se organizan al interior del Estado en un Bloque en el Poder. Pero este Bloque requiere de una conducción hegemónica, normalmente, una conducción que reproduzca la estructura del Bloque en el Poder regional o mundial. En la fase de expansión que recorre el sistema capitalista mundial, la fracción hegemónica del Bloque en el Poder planetario es la clase de los banqueros aliada al comercio; esa misma estructura se reproduce en Chile: también la banca conduce hegemónicamente al Bloque en el Poder y éste al conjunto social. En suma: es la banca, aliada al comercio, quien conduce a la sociedad. Este apoyo es más importante que el que brindan los industriales. De hecho, no se han escuchado voces críticas provenientes de la banca o del comercio que no sean aquellas que quieren solidarizar con algunos sectores industriales.

En Chile, la banca está representada por la Asociación de Bancos que dirige Jorge Awad, un demócrata cristiano, profundamente contrario a Sebastián Piñera y admirador de Michelle Bachelet. Fue uno de los primeros hombres de negocios que se pronunció abiertamente apoyando a la candidata del pacto Nueva Mayoría; después, lo hicieron otros industriales, banqueros y comerciantes. Incluso, un hombre como Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, nombrado por Sebastián Piñera, sin conocer aún el proyecto de Reforma Tributaria, daba su entusiasta apoyo a los proyectos del nuevo gobierno.

No significa, sin embargo, semejante apoyo, que, como ya lo hemos dicho, el programa de la presidenta vaya a ser aprobado literalmente. La sociedad funciona en medio de una lucha de intereses que, por lo demás, están en permanente cambio. La escena política cobra, en este aspecto, importancia; aún cuando los sectores de la oposición se encuentren dispersos. Lo cual confirma que las propuestas de Bachelet no serán aprobadas en su integridad.

LAS REFORMAS EN EL DEBATE PARLAMENTARIO

¿En qué sentido cobra importancia el debate político y la escena política de la nación? El apoyo político que puedan dar los parlamentarios a cualquier reforma no es incondicional. En el caso de las reformas que está presentando y presentará el pacto ‘Nueva Mayoría’ dicho apoyo tampoco lo será. Y no lo será tanto de parte de la oposición como de los propios partidos que integran la coalición. Las razones son varias: las proposiciones no han sido dadas a conocer previamente a los parlamentarios que las van a votar, ni su texto tiene por qué satisfacer los intereses que defiende cada uno de los congresales. En consecuencia, los parlamentarios pueden introducirles todo tipo de enmiendas o modificaciones, mientras no exista una conversación o diálogo que unifique los criterios. No hay que olvidar una circunstancia: los parlamentarios son ‘personas’, en el sentido etimológico de la palabra: actores políticos, personas que se colocan una máscara para actuar dentro del teatro o escena política de la nación. Representan intereses que, si ayer defendían, pueden hoy no hacerlo. Y esto es importante.

Recordemos que el pacto ‘Nueva Mayoría’ pretende representar espuriamente los intereses de las clases dominantes introduciendo reformas al sistema a fin de ponerlo a tono con las exigencias del sistema capitalista mundial. Para hacerlo, deberá discutir estas materias con la representación natural de esas clases, hoy desunida. No hacerlo, no escucharlos o rechazar violentamente sus proposiciones conduce, ineluctablemente, a provocar la unificación de esas estructuras. Y es que frente a un gobierno empeñado en hacer prevalecer sus objetivos, los conflictos que antes desunían y atomizaban a la representación política de las clases dominantes, impidiéndoles conducir hegemónicamente al conjunto social, parecen resolverse; la reorganización de las fuerzas dispersas y la resolución de sus controversias se realiza de modo automático. El empresariado recupera, entonces, la perdida confianza en su representación natural y endurece sus posiciones; las reformas que otrora aceptó, son ahora rechazadas. Su conducta es lógica, pues la representación a sus intereses, asumida por una alianza espuria, parece retornar a manos de quienes siempre debieron representarlo genuinamente. En palabras más simples, las disputas en el plano político, pueden afectar la confianza depositada por el empresariado en una representación política inadecuada.

QUIÉNES ATACAN A BACHELET

Hasta el momento, los ataques al gobierno de Bachelet provienen de los sectores políticos. En general, y salvo las observaciones formuladas por un pequeño sector industrial, el empresariado no se ha mostrado crítico respecto del programa; antes bien: lo ha apoyado. Con las debidas licencias. Hagamos un somero recuento de lo sucedido.

Dejando de lado el terremoto del Norte, cuatro han sido los hechos políticos más relevantes desde la instalación del gobierno. El primero es su misma instalación y el escándalo de las nominaciones; el segundo es envío del proyecto que consagra la permanencia del bono de marzo; el tercero, la convocatoria a diversos sectores vinculados a la educación, hecha por el ministro Eyzaguirre a dialogar; y el cuarto, la presentación de la Reforma Tributaria.

En cuanto a lo primero, las críticas emanadas de la escena política, por mucho que provengan de la oposición, parecen correctas; las nominaciones fueron desprolijas, hubo evidente nepotismo y desprecio por determinadas formas de actuar, y se trabajó a espaldas de la comunidad nacional. Las críticas, pues, parecen merecidas. Debieron ameritar una explicación; sin embargo, eso no ha sucedido. Y la arrogancia tiene su precio.

El bono de marzo y su permanencia ha dejado contento a los sectores populares más necesitados, pero revive la vieja discusión acerca de si la política destinada a terminar con la  desigualdad se va o no a realizar a través del sistema de bonos. El prestigioso diario ‘The Economist’ ha formulado severas críticas al respecto.

“[…] entregar dinero a la gente, simplemente porque es marzo no va a resolver los complejos problemas de la pobreza y la desigualdad”[15].

Los sectores populares no han sido consultados acerca de la medida. Y eso no constituye novedad alguna. Porque, para la escena política, tales sectores son elementos inconsultos; el estamento dirigencial parte de la premisa que los pobres aceptarán cualquier solución orientada a sacarlos de su estado de postración[16]. Y porque se presume, además, que los partidos o pactos políticos que han impulsado tales beneficios ‘representan’ los intereses de los desposeídos. Así, pues, nada se les pregunta, sino se les entrega dádivas; como se hace con los mendigos.

Sobre la Reforma Educacional puede decirse que sus prolegómenos (pues hasta el momento poco o nada se conoce respecto a su contenido) han suscitado debates, especialmente respecto al financiamiento de las universidades. Dado que se trata de un problema técnico, la escena política escasamente ha intervenido; tampoco los sectores populares ni estudiantiles.

La Reforma Tributaria sí que ha hecho hablar. Pero, curiosamente, más a los políticos que a los empresarios (industriales). Por consiguiente, no es la clase dominante en su conjunto, ni menos su fracción hegemónica (que lidera el Bloque en el Poder) quien se ha pronunciado condenándola o absolviéndola. Desde ese punto de vista tiene escasa o nula trascendencia quien la ataca pues el apoyo lo brindan las clases y fracciones de clase dominantes, no una representación política natural que se muestra incapaz de reflejar con exactitud el verdadero interés de aquellas. Con las salvedades que ya hemos señalado.

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA LLEVAR A CABO SU PROGRAMA

El gobierno —y su primer ministro o su presidente— representa la unidad política de la nación; es, al mismo tiempo, la estructura administrativa del Estado, la función que lo ha de poner en movimiento para que realice su rol de desorganizador político de las clases dominadas y organizador político de las clases dominantes. La estrategia que usa para llevar adelante las transformaciones sociales dice relación, en consecuencia, con el trato a los estamentos dominantes y dominados.

Para el Estado, su gran contradictor no es el estamento político —que, permanentemente, ha de funcionar dentro de las estructuras institucionales—, sino el social, que es el estamento dominado y actúa con independencia, al margen de los marcos establecidos. Puesto que las grandes demandas sociales provienen de este último, la gran estrategia que debe asumir el gobierno de una nación es adoptar el carácter de ente neutro y, en consecuencia, aparecer como un árbitro avocado a resolver las divergencias entre los grandes poderes en pugna, es decir, dominantes y dominados. Por eso, y dentro de esa gran estrategia, se encarga de vaciar parte de las demandas sociales dentro de los cauces institucionales que han instituido las clases dominantes. Todo debe resolverse al interior de ese cuadro; lo contrario, es subversión.

La estrategia de ente neutro es una estrategia primaria, si es que podemos llamarla así, pues necesita de otras estrategias secundarias (se les puede denominar ‘tácticas’ o, en su defecto, ‘subestrategias’, lo mismo da) para ser ejecutadas. De todos modos, cualquiera sea la vía elegida, conduce ineluctablemente, al llamado ‘diálogo’. Sin embargo, dado que las demandas sociales contienen, a menudo, aspectos controvertidos que pueden ocasionar lesiones a los intereses de los sectores dominantes y, en consecuencia, disputas de éstos con los sectores dominados, el llamado al diálogo se efectúa de diversa manera según se trate del estamento convocado. Incluso, cuando se trata de sectores dominados que pertenecen a diversos segmentos de la sociedad, el diálogo no suele ser el mismo con uno que para con otro. Estas distinciones también es conveniente tenerlas presentes según se trate de gobiernos que representan natural o espuriamente los intereses de las clases dominantes; y según quien sea la clase o fracción de clase dominante que detente la hegemonía dentro del Bloque en el Poder.

Por consiguiente, no debe sorprender que, en lo que a la Reforma Educacional se refiere, la primera tarea del gobierno de Bachelet haya sido un llamado a dialogar. Sin embargo, puesto que se trata de un gobierno que representa espuriamente a las clases dominantes, el diálogo previo ha de realizarse con los estamentos institucionales, es decir, con las universidades, los rectores y el equipo dirigente. Lo mismo ha de hacerse con los colegios y escuelas estén o no municipalizados; los padres y apoderados y los alumnos de los planteles educacionales serán citados al final[17]. Y si es que hay necesidad de diálogo con ellos, que beneficie los intereses de los sectores dominantes. De hecho, así ha sucedido.

A diferencia de lo que puede ocurrir con la enseñanza media, es con el estamento universitario donde sí va a ser posible un diálogo más amplio; pero no nos ilusionemos, pues ese diálogo se referirá a la necesidad de realizar los cambios y transformaciones ya acordadas con el estamento académico y dirigente. El diálogo se prolongará en el tiempo, sin prisas, porque para el gobierno y los sectores dominantes la urgencia de los sectores dominados no es la suya. Si no hay acuerdo con el estudiantado, tanto sus proposiciones como las materias en disputa volverán en consulta al estamento académico y dirigencial. El tiempo continuará transcurriendo; y, con él, transcurrirán también los representantes estudiantiles. Cuando se agoten esas instancias, cuando la negociación sea inviable, hay una alternativa para el poder gobernante utilizada ya en el gobierno de Sebastián Piñera en 2011: enviar un proyecto de ley al Parlamento y hacer recaer toda las responsabilidades de los atrasos legislativos en esa corporación. Los estudiantes podrán, así, quedar discutiendo con el Parlamento y no con el llamado Poder Ejecutivo; el interlocutor, de unipersonal deriva a pluripersonal con los inconvenientes que eso significa para los estudiantes, en medio del regocijo de los sectores dominantes.

La reforma tributaria tendrá menos problemas: no hay ni habrá consulta alguna a las clases dominadas cuyas necesidades y soluciones se presumen conocidas; por lo demás, junto con los accionistas, son las únicas que continuarán pagando impuestos sin jamás poder eludirlos.

Las clases dominantes ya se han pronunciado aceptando las reformas propuestas por el gobierno, pues el proyecto no toca aspectos controvertidos como lo son los royalties de las empresas mineras; si el ánimo de los redactores del proyecto, con el impuesto al alcohol, hubiere sido atacar la adquisición de bienes suntuarios, el lujo y el placer, debieron haber incluido medidas impositivas en contra de los hoteles y moteles galantes, adquisición de vehículos, o casas y departamentos cuyo avalúo supere determinado número de U.F., en fin. Por el contrario, se advierte gozo en los sectores dominantes por la rebaja de impuestos a los sueldos altos, de un 40 a un 35%. Nadie se explica el por qué de semejante medida. Nadie ha explicado, tampoco, si ella ha sido o no parte de la negociación con los sectores empresariales.

“Arenas recibió también las dudas transversales que genera reducir los impuestos a las personas de más altos ingresos. Le solicitaron una medida similar para la clase media o subir el tramo exento. No les respondió ni a favor ni en contra”[18].

El alza de impuestos a las empresas de un 20 a un 25% en cuatro años (a razón de un 1,25% por año) en ningún caso hará desangrarse a los empresarios; tampoco las reformas al Fondo de Utilidades Tributables FUT que solamente desaparecería en el transcurso de los años a partir de 2018, aunque bien pudo mantenerse estableciéndose un control riguroso sobre las reinversiones a la manera que lo han hecho los Estados europeos[19]. Los sectores dominantes no ocultan su satisfacción ante tales reformas.

“[…] nuestra disposición va a ser muy positiva […]”,

expresó Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC, luego de enterarse del envío del proyecto de Reforma Tributaria al Parlamento[20]. Y Guillermo Tagle, director ejecutivo de IM Trust Credicorp Capital:

“[…] me parece un proyecto razonable […] no me preocupa la eliminación del FUT, con mecanismos alternativos se puede suplir”[21].

En suma, la estrategia empleada por el gobierno en esta materia parece, pues, ser doble, a sea, según se trate de sectores dominantes y de sectores dominados:

1) hacia los sectores dominados, diálogo cuando y con quién conviene. Adicionalmente, dejar pasar el tiempo; y,

2) con los sectores dominantes, diálogo y no tocar los intereses más allá de lo que conviene al empresariado a fin de evitar la pérdida de su apoyo.

LA ESTRATEGIA QUE NO EMPLEARÁ EL PACTO ‘NUEVA MAYORÍA’

Llegamos, de esta manera, al punto central del análisis. Estamos frente a un gobierno cuyos constructores pretenden asimilarlo al gobierno de la Unidad Popular haciendo del acto de instalación un simbolismo destinado a sobrecoger a la comunidad nacional —en donde dos mujeres, Isabel Allende y Michelle Bachelet, hijas de personajes destacados en la historia reciente de Chile, ubicadas en los cargos políticos más relevantes de la nación (presidencia del Senado y presidencia de la República) se abrazan—.  No estamos, sin embargo, frente a un gobierno del ‘pueblo’. Por el contrario: tenemos ante nosotros un gobierno elegido con una mayoría que hizo palidecer a sus adversarios, pero que ha encantado sólo a un 30% de la población; un gobierno que cuenta con mayorías municipales y parlamentarias, y con todo el apoyo de las clases dominantes.

Teóricamente, estaría el pacto ‘Nueva Mayoría’ frente a dos alternativas:

a) la primera sería aprovechar las mayorías con que cuenta y aplicar, lisa y llanamente, las reglas del juego establecidas por la propia dictadura sometiendo a votación, en el Parlamento y municipalidades, las innovaciones que pretende introducir al funcionamiento de la sociedad, y

b) consultar a los actores políticos la conveniencia de introducir esas reformas, mostrando su voluntad de flexibilizar los puntos que pudieren ocasionar discordia.

Este dilema, sin embargo, es ficticio pues la primera vía no será utilizada sino en la medida que el diálogo fracase o resulte infructuoso. Y aún en tal caso, no parece una solución que cuente con el respaldo del gobierno. Por más que se alcen voces discordantes como la del presidente del PPD Jaime Quintana pidiendo pasar no una aplanadora sino una retroexcavadora. Para hacer aquello era necesario contar con una mayoría social gigantesca que ‘Nueva Mayoría’ no sólo no posee sino, por el contrario, la sabe alejada de sus propuestas políticas. La profunda desconfianza que la comunidad nacional ha incubado hacia la forma de hacer política por parte de los sectores de la Concertación constituye el primer obstáculo para el pacto ‘Nueva Mayoría’. En eso tampoco ha ayudado la presencia del Partido Comunista cuya participación en el pacto lo hace aparecer como cooptado por las otras fuerzas políticas y más interesado en gozar de las veleidades del poder que en solucionar los problemas de las grandes mayorías nacionales.

Por lo demás, llevar adelante la vía de imponer la voluntad empleando las armas que concede el propio sistema, implica conocer no sólo el comportamiento de las clases sociales —concepto que gran parte de la ex Concertación niega o se resiste a aceptar[22]—, sino el de la escena política de una nación, y cómo se entrelazan ambas conductas en la lucha de clases.

En consecuencia, nos parece que toda la discusión relativa a las aplanadoras y retroexcavadoras no va a pasar más allá de ser una humorada de mal gusto que brindó una excusa a la ‘derecha’ para entretenerse con toda clase de equívocos.

LOS RIESGOS DE CEDER ANTE EL DILEMA

Así, pues, paradojalmente, teniendo mayoría en el Parlamento, contando con el apoyo del empresariado, contando con el sostén de la fracción hegemónica que conduce al Bloque en el Poder, el pacto ‘Nueva Mayoría’ se encuentra ante un solo camino para llevar adelante sus proposiciones: dialogar con los sectores dominantes a fin de lograr la aprobación de su programa. Este diálogo ha de ser político, en otras palabras, con sujetos políticos.

Sin embargo, si cediese a la tentación de ceder ante el dilema de avanzar hacia los cambios empeñados el camino que se abre ante el pacto es de completa incertidumbre. ¿Cuándo puede ocurrir aquello? Pues, cuando agote las posibilidades de llegar a un acuerdo con los sectores poíticos que representan naturalmente el interés de las clases y fracciones de clase dominantes. En este caso, se encontrará ante un panorama en donde de poco le servirían las analogías anacrónicas que la asimilan torpemente con el gobierno de la Unidad Popular. Porque, como ya se ha dicho, el gobierno de Allende contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Un grandioso contingente que asistía a votar, confiaba en sus representantes y respetaba un sistema político que aparecía ante la comunidad como tremendamente sólido. A través de esa institucionalidad, la presencia popular se hacía presente con sus demandas amenazando sobrepasar los márgenes del sistema. Ese apoyo no lo tiene el gobierno de la ‘Nueva Mayoría’. No hay confianza en sus gestores, en sus partidos, en el sistema ni en el programa. No puede, por consiguiente, su dirigencia, como ya se ha dicho, amenazar a la oposición con el empleo de una ‘aplanadora’ o ‘retroexcavadora’ porque no existe una base social que sostenga a la coalición. Y aquí radica la inmensa diferencia que la separa del gobierno de la Unidad Popular.

Puede, no obstante, el pacto ‘Nueva Mayoría’ intentar resolver el problema del cumplimiento de su programa empleando el potencial parlamentario que tiene. El argumento que puede esgrimir es sólido: ha ganado con las propias reglas que elaboró la dictadura para proteger a las clases y fracciones de clase dominantes. Tiene derecho a hacerlo, tiene la razón de su parte. Sin embargo, las luchas sociales son luchas de poder, no de simples mayorías. Si opta por esa vía, el gobierno sabe que el apoyo que le brindaban los sectores dominantes puede llegar a su fin. Su alternativa se reduce, entonces, a claudicar o a tratar de gobernar suponiendo que el ‘pueblo’ va a apoyar las demandas que contiene el programa. Enfrentado a esa dicotomía bien podría otra analogía servir de ejemplo para ilustrar lo que puede suceder en un caso como ese.

En 1891, las clases dominantes concluyeron exitosamente un proceso de disputas con el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda en defensa de sus intereses, provocando su derrocamiento. Muchas personas que aún sienten simpatías por aquel mandatario poco o nada saben cuál fue la razón por la cual los sectores populares no salieron a la calle en defensa suya, sino debió aquel recurrir al uso del aparato institucional y a los militantes de su colectividad política. Nadie más apoyó al presidente Balmaceda. Y es que pocos recuerdan la responsabilidad que le cupo en la masacre obrera, luego de una prolongada huelga ocurrida durante su gobierno. Los trabajadores no olvidaron ese hecho; tampoco otros sectores sociales dominados.

Hoy en día gobierna la presidenta Michelle Bachelet; la apoya el pacto ‘Nueva Mayoría’. Pero no lo hacen los movimientos sociales, especialmente los estudiantes, que recuerdan constantemente cuando aquella violó los acuerdos contraídos con los ‘pingüinos’ en 2006. Tampoco olvidan los sectores populares que Rodrigo Peñailillo, líder universitario de ese entonces, firmó un acuerdo en 2006 con el gobierno de Bachelet dividiendo al movimiento estudiantil por lo que el propio ex presidente de la FECH Rodrigo Roco (del partido Comunista y actual colaborador del ministro Eyzaguirre), lo calificó de ‘traidor’. Está fresco, aún, en la memoria el recuerdo de una presidenta aprobando, por primera vez desde su dictación por la dictadura, la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche, la muerte de Matías Catrileo a manos de la policía, la desaparición del joven líder mapuche José Huenante a manos de sus captores policiales y la ejecución del trabajador forestal Rodrigo Cisterna[23]. Así, pues, de ceder ante la tentación de impulsar las reformas sin negociar con quien debe hacerse, creyendo obtener con ello el apoyo de los sectores populares, el pacto ‘Nueva Mayoría’ corre el severo riesgo de perder la confianza que los sectores dominantes han puesto en él.

Llegamos así al término de nuestro análisis.

No existe, en consecuencia dilema alguno para el pacto ‘Nueva Mayoría’; los acuerdos políticos han de predominar por sobre cualquier otro hecho. Por el momento. Los avatares de la escena política seguirán dominando nuestra vida social. El estamento dominante continuará imponiéndose por sobre el dominado en tanto no se resuelvan algunas incógnitas que sirvan para reiniciar el tiempo de la movilización social. Con todo, la Marcha de todas las Marchas ha sido un buen comienzo. Pero eso no basta. La movilización social debe conducir a sus participantes a expresar cada vez con mayor intensidad el interés de las grandes mayorías nacionales. Para eso, la marcha (así como la concentración) debe tomar como estrategia su transformación irreversible en protesta permanente. Cuando ello ocurra y esa protesta permanente derive a organización social, cuando advenga ese momento y la población esté organizada territorialmente, la voluntad popular será imparable y la escena política, vencida, habrá de batirse en retirada.

Santiago, abril de 2014

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1. El ordenamiento político institucional que ha derivado de la Constitución de 1980 / 2005 es antidemocrático, en segundo lugar, porque distorsiona gravemente la representación de la soberanía popular a través:

– del sistema binominal de elecciones parlamentarias, permitiendo que la derecha pueda obtener la mitad del Parlamento con solo la tercera parte de apoyo de la ciudadanía;
-de las leyes que requieren quórum supramayoritarios para su aprobación, modificación o derogación porque vulneran la regla de mayoría y confieren poder de veto a la minoría;
– de los requisitos para ser elector o ser elegido, que dejan a miles de chilenos sin derechos políticos por el solo hecho de vivir en el extranjero o de haber sido sometido a ciertos tipos penales o, incluso, por el hecho de ser dirigentes sindicales.
Esta tendencia se acentúa en ámbitos esenciales del quehacer nacional a través de enclaves de poder sin un control claro y directo desde la soberanía popular, como se da en los siguientes casos:
– en la amplia autonomía concedida de manera extraordinaria a las Fuerzas Armadas, que deja a la ciudadanía sin posibilidad real de fiscalizar sus gastos, ni de participar en la formulación de las políticas y prácticas que atañen a la seguridad del Estado;
– en la completa autonomía concedida al Banco Central, enmarcada en la imposición de un modelo económico particular, abiertamente antipopular;
– en el poder concedido al Tribunal Constitucional que, en virtud de facultades extraordinariamente amplias, puede rechazar la promulgación de leyes aprobadas por el Parlamento e, incluso, exigir quórums supramayoritarios no contemplados con anterioridad para la aprobación de leyes que, según su criterio autónomo y exclusivo, contienen temas que los requieren.
2. La participación escamoteada
El ordenamiento político institucional que nos rige no es democrático porque es abiertamente no participativo. Carece de mecanismos que aseguren la participación ciudadana real y efectiva. Todos los mecanismos que teóricamente permitirían esa participación están condicionados o establecidos de tal manera, que de hecho no la permiten.
a. No contiene mecanismos que permitan la participación popular directa en la discusión y decisión de los temas que afectan de manera directa a los ciudadanos:
– el procedimiento plebiscitario está extraordinariamente restringido en sus temas posibles, en su convocatoria y realización.
–   no contempla mecanismos democráticos ampliamente aceptados en otros ordenamientos democráticos, tales como la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato, la posibilidad de convocatoria popular a plebiscito.
b. Contiene una disposición que vulnera de manera escandalosa la voluntad popular, al estipular el sistema de reemplazo de las vacancias parlamentarias por designación simple por parte de los partidos políticos.
c. Carece absolutamente de mecanismos que permitan la democratización de las Fuerzas Armadas, en sus mecanismos de ingreso, de formación, de participación en las tareas comunes a todo el país, manteniéndolas ajenas y aisladas respecto de las verdaderas inquietudes del conjunto de la ciudadanía.
d. Contempla disposiciones que dificultan gravemente el derecho de reunión, al regularlo a través de normas infra legales.
e. Establece disposiciones legales sobre transparencia y acceso a la información pública absolutamente insuficientes, que se pueden eludir con toda facilidad y prácticamente sin consecuencias, que no permiten la fiscalización directa y efectiva de las autoridades por los ciudadanos.
f. Contiene áreas enteras que escapan al poder fiscalizador del Parlamento, como la política económica, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el arbitrio del Tribunal Constitucional, o los cuantiosos recursos que se declaran, por simple acuerdo en la elite política, como “fondos reservados”.
g. No otorga ningún mecanismo efectivo para la discusión y confección participativa de los presupuestos municipales, tampoco, para su fiscalización directa y real.
h. No contempla ningún mecanismo efectivo de participación democrática en la generación de las autoridades judiciales, ni en su fiscalización, ni en la administración de justicia.
3. Un ordenamiento al servicio del mercado
El ordenamiento político institucional que ha sido impuesto al país es antidemocrático porque no consagra, ni garantiza el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales.
a. No asegura el ejercicio efectivo del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a pensiones justas y dignas, ni a un medio ambiente sano. Solo establece, en cada uno de estos ámbitos, amplias facilidades para su mercantilización, para el desvío de la responsabilidad y recursos del Estado hacia los empresarios privados, y de los costos y consecuencias hacia los ciudadanos.
b. No garantiza el derecho a la diversidad cultural, ni contempla el reconocimiento nacional, ni la autonomía real de los pueblos originarios.
c.  Contempla amplias garantías para el derecho de propiedad, pero no establece ningún mecanismo que permita garantías para ejercer al derecho a la propiedad.
d. Consagra un régimen laboral abiertamente antipopular que anula, en la práctica, los derechos a la huelga, a la sindicalización, a la negociación colectiva.
e. No otorga garantías reales para los derechos propios de las diferencias de género, los derechos reproductivos, el derecho al reconocimiento a la diversidad sexual.
f.  No establece, en absoluto, la soberanía, la propiedad, el usufructo, ni la administración común de los recursos naturales, al servicio del país:
– mineros, pesqueros, forestales;
– fuentes y modos de generación de energía;
– uso común y democrático del espectro radioeléctrico;
– patrimonio genético de nuestra flora y fauna.
g. Consagra un sistema penal abiertamente discriminatorio, con leyes y normativas reglamentarias que distorsionan gravemente los derechos penales, procesales y penitenciarios, que criminaliza con facilidad y de manera sumaria a sectores enteros de la población, permitiendo la violación cotidiana de Derechos Humanos básicos.
4. Hacia una Asamblea Constituyente
Una Constitución de la que deriva un sistema político e institucional que distorsiona la representación de la soberanía popular, que no permite la participación ciudadana directa y efectiva, que entrega los derechos económicos, sociales y culturales a la conveniencia del mercado, que convierte derechos fundamentales en sistemas de bonos y asignaciones variables, que otorga toda clase de privilegios y garantías a una parte minoritaria de la población y escamotea los derechos de las más amplias mayorías, no es una Constitución democrática.
Como Foro por la Asamblea Constituyente, creemos que es urgente y necesario iniciar un proceso de cambio realmente profundo de todo este sistema institucional, un proceso que sea gestado de manera democrática desde los más amplios sectores de la ciudadanía.
Solo una Asamblea Constituyente puede convertirse en el primer paso hacia la recuperación de nuestros recursos naturales, de nuestros derechos fundamentales y, sobre todo, de nuestro derecho esencial a vivir en un sistema social en que el respeto real y efectivo de los Derechos Humanos no sea distorsionado por los intereses y la avidez del mercado.
Solo una nueva Constitución, gestada desde una Asamblea Constituyente, puede ser el inicio del camino que nos lleve a conquistar una democracia realmente representativa, participativa y social.
Foro por la Asamblea Constituyente
Santiago, noviembre de 2013.
Correo: foroporlaasambleaconstituyente@gmail.com
Twitter: @foroporlaAC
Facebook: https://www.facebook.com/convergenciaconstituyente
Página web: http://www.convergenciaconstituyente.cl

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