El progresivo debilitamiento del sistema parlamentarista oligárquico, dado su parálisis y estancamiento económico, frente a una emergente clase media que lo cuestionaba, se acentuó especialmente con las elecciones parlamentarias de 1918, que le dieron un resonante triunfo a la Alianza Liberal, combinación de los partidos Radical, Demócrata y de los liberales de izquierda liderados por Arturo Alessandri y Eliodoro Yáñez. A tal punto que, dado que quien gobernaba efectivamente eran los ministerios que contaban con las mayorías parlamentarias, el presidente Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) tuvo que designar gabinetes conducidos por la Alianza.

Por otro lado, el temor oligárquico-mesocrático a las clases populares, descrito en los artículos precedentes, se agudizó por el efecto combinado de la mayor emergencia de reivindicaciones obreras (condicionado por la crisis del salitre producto del descubrimiento del salitre sintético y de la crisis económica internacional de la post-guerra mundial) y del gran impacto de la Revolución Bolchevique en Rusia. Ya en 1917 la Federación Obrera de Chile (FOCH) pasó a ser dirigida por el Partido Obrero Socialista dirigido por Luis Emilio Recabarren (que en 1921 se convertiría en el Partido Comunista), ampliando su membresía “a todos los trabajadores de cualquier ocupación” y terminó con su enfoque mutualista, “cambiando sus estatutos para permitir desarrollar tácticas de acción directa en la prosecución de reivindicaciones económicas” (Peter DeShazo.- Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927; The University of Wisconsin Press, 1983, Madison; p. 153). De este modo, para 1919 “la FOCH podía movilizar el apoyo de miles de personas para actividades huelguísticas en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago” (Ibid.; p. 154).

Así, el gabinete conducido por el ministro del Interior, Eliodoro Yáñez, en diciembre de 1917 estipuló por un decreto (“Decreto Yáñez”) el establecimiento de mediaciones gubernamentales en casos de huelga, pero sin posibilidad de forzar a las partes a llegar a un acuerdo, y que “contenía una cláusula que implicaba que el ‘derecho al trabajo’ de los empleados debería ser protegido (…) De este modo el gobierno reforzó su derecho a dar protección a los rompehuelgas” (Ibid.; p. 168). A su vez, a fines de 1918 se llegó a un gigantesco fortalecimiento del movimiento obrero con la constitución de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), presidida por el dirigente de la FOCH, Carlos Alberto Martínez (quien años más tarde sería uno de los fundadores y senador del Partido Socialista) y cuyo vicepresidente fue el dirigente anarquista Moisés Montoya. Esta organización no sólo congregó a las diversas entidades obreras existentes (socialistas, demócratas, católicas y anarquistas) sino que también logró la adhesión inicial de algunas organizaciones de clase media, como estudiantes, profesores y empleados bancarios, e incluso organizaciones propias de los diversos partidos políticos. Ella tuvo sus raíces en las históricas luchas de sindicatos, mutuales y del Partido Demócrata de limitar las exportaciones de alimentos para lograr bajar los precios de la carne y cereales.

Así, una manifestación convocada por la FOCH y la AOAN para el 22 de noviembre congregó entre 60 mil y 100 mil personas según la prensa de la época, logrando incluso que, luego del pacífico desfile, el Presidente Sanfuentes y el ministro del Interior (el radical de su ala izquierda, Armando Quezada) escucharan durante media hora el contenido del petitorio, el cual fue leído por el secretario de la AOAN en La Moneda y que contenía duras críticas al gobierno y a la clase oligárquica (Ver Patricio De Diego Maestri, Luis Peña Rojas y Claudio Peralta Castillo.- La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: Un hito en la historia de Chile; Sociedad Chilena de Sociología, Santiago, 2002; pp. 231-6).

Tal fue el éxito que el Gobierno y el Parlamento, por primera vez en la historia, accedieron rápidamente a satisfacer legislativamente varias demandas obreras destinadas a disminuir los precios de los alimentos, incluyendo la creación de ferias libres en los distintos barrios de la capital. Por lo mismo, ya antes de la manifestación, “El Mercurio” había iniciado una campaña del terror el 14 de noviembre, señalando que “la aspiración a realizar las máximas reivindicaciones sociales significaba no sólo la revolución, sino la destrucción de todo lo existente”. Por cierto, esto respondía también a una sensación de temor ante el triunfo de la Revolución Bolchevique y su impacto en diversos países europeos. Por lo mismo, este temor fue compartido por intelectuales de la clase media como el diplomático y escritor, Emilio Rodríguez Mendoza, que rememoraba en 1929: “El temblor de vaga inquietud, producido por la guerra, llegó hasta nosotros (…) y un día de fines de 1918 desfilaron ante La Moneda y Portales todos los residuos acumulados por el odio y el arrabal. Eran el analfabetismo, la taberna, la raza olvidada, disminuida y detenida, la que pasaba, desgreñada y descamisada (…) La chusma pasaba fluvial y desbordada, inflamando aquella tarde estival con sus banderas llenas de insultos, avanzada inconsciente del bolcheviquismo” (Como si Fuera Ahora; Edit. Nascimento, Santiago, 1929; p. 321).

Dicha campaña del terror se incrementó luego que el 28 de noviembre la AOAN añadió a sus demandas “la introducción de impuestos a la propiedad y a los ingresos, comidas gratuitas para los niños escolares, leyes de salario mínimo, una campaña financiada nacionalmente contra el alcoholismo, como también otras reformas relativas a la exportación de alimentos” (DeShazo; p. 160). Y generó una ola represiva de los diversos poderes públicos. Así, la Corte Suprema envió a todos los jueces del país un comunicado público en que los instaba a instruir sumarios para perseguir los “delitos” de “reuniones tumultuosas en que se amenaza al orden social y la propiedad privada” (De Diego, Peña y Peralta; p. 99). Y el Gobierno  logró la aprobación parlamentaria de una ley que prohibió entrar al país a extranjeros que propagaran doctrinas o provocaran manifestaciones contrarias al orden establecido (Ver Brian Loveman y Elizabeth Lira.- Arquitectura Política y Seguridad Interior del Estado 1811-1990; Edic. de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 2002; pp. 82-3). Dicha ley se aprobó con un apoyo casi unánime y sólo con la débil oposición de algunos parlamentarios demócratas.

Más aún, luego de nuevas manifestaciones exitosas de la AOAN y, con la única excepción del Partido Demócrata, el Congreso –a fines de enero de 1919- aprobó declarar el Estado de Sitio por 60 días por primera vez desde 1891 y con la conducción del ministro del Interior radical, Armando Quezada. Y arreció la represión, particularmente en Antofagasta y Puerto Natales. Así, en el norte fueron detenidos y relegados Recabarren y otros dirigentes demócratas y líderes obreros; y se clausuraron instituciones y destruyeron imprentas de diarios afines. Es más, el 8 de marzo, el ex director de La Nación de Antofagasta (cuya imprenta había sido destruida), Luis Mery y el presidente de los demócratas de Antofagasta, José Cordoba, informaban en La Opinión de Santiago, respecto de la represión sufrida en el norte desde fines de 1918, que “las tropas militares sembraron el terror en la Pampa y pueblos al interior de Antofagasta. Especialmente eran perseguidos los socialistas y demócratas (…) Bastaba que un administrador de oficina salitrera denunciara a un obrero como socialista, como demócrata o como agitador (…) para que las tropas militares se lanzaran sobre él y le atropellaran y flagelaran sin miramiento alguno” (De Diego, Peña y Peralta; p. 180). A su vez, en Puerto Natales, luego de una masiva huelga contra los estancieros que ejercían un dominio incontrarrestable sobre la población (Ver Carlos Vicuña.- La tiranía en Chile; Lom Edic., Santiago, 2002; p. 77), hubo fuertes enfrentamientos que dejaron 21 trabajadores y 5 carabineros muertos, y finalmente se desató una durísima represión del Ejército que incluyó torturas y muertes de trabajadores (Ver ibid.; pp. 78-9).

La misma efervescencia social y parálisis económica generaron un conato de golpe de Estado a fines de abril, promovido especialmente por una Junta Militar de oficiales de rango medio que “planteaban exigir legislación del Congreso para mejorar las condiciones de los trabajadores y parar el colapso económico” (Freferick Nunn.- The Military un chilean history; University of New Mexico Press, 1976; p. 122), preocupados de responder a las demandas de cambios de la clase media y de que si no había un mejoramiento de las insoportables condiciones materiales de las clases populares hubiese una revolución social “maximalista” al estilo ruso.

Este intento -que todo indica que tuvo conexiones con Alessandri y otros dirigentes de la Alianza Liberal- fracasó y sus involucrados directos procesados. Y, precisamente, el tratamiento favorable que les dio Alessandri al asumir al año siguiente la Presidencia a aquellos (y particularmente a varios amigos suyos que recibieron altos cargos) ha sido considerado por diversos historiadores y analistas como la demostración más contundente de su involucramiento.

Sin embargo –y pese a que el 29 de agosto aún pudo convocar a una gran manifestación en Santiago- la AOAN se fue desgastando progresivamente y experimentando una pérdida de sus componentes de clase media e incluso de obreros (primero de católicos y luego de anarquistas), hasta que se disolvió en febrero de 1920. En todo caso, ello no significó un debilitamiento del movimiento obrero. De este modo, la FOCH se fue fortaleciendo a lo largo de 1919 y radicalizó sus demandas en su segundo Congreso efectuado en diciembre de 1919 al postular: “Conquistar la libertad efectiva económica y moral, política y social de la clase trabajadora (obreros y empleados de ambos sexos), aboliendo al régimen capitalista (…) que reduce a la esclavitud a la mayoría de la población. Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la producción industrial y sus consecuencias” (De Diego, Peña y Peralta; pp. 199-200).

Además, a fines de 1919 se creó una fuerte organización anarquista (Asociación Obrera de los Trabajadores Industriales del Mundo) vinculada a la Industrial Workers of the World (IWW), con sede en Estados Unidos; que declaró “que los enemigos de los trabajadores industriales del mundo son: el Capital, el Gobierno y el Clero. Contra ellos se dirigirá especialmente nuestra propaganda así en la calle, en el taller como en nuestras propias familias” (Fernando Ortiz Letelier.- El Movimiento Obrero en Chile 1891-1919; Edic. Michay, Madrid, 1985; p. 222) y que postuló “la destrucción del capitalismo y su reemplazo por una sociedad basada en sindicatos industriales agrupados en seis departamentos: agricultura, minería, transporte marítimo, transporte terrestre, manufactura y construcción, y servicios públicos” (DeShazo; p. 154). Y, notablemente, contó con un creciente apoyo de estudiantes universitarios y de la FECH, a través de su respaldo financiero; de artículos en la prensa de la clase trabajadora; del establecimiento de clínicas donde los trabajadores y sus familias recibían atención médica de bajo costo; de la defensa gratuita de líderes laborales arrestados; y de la creación de la Universidad Popular Lastarria. E incluso, varios presidentes de la FECH de la época fueron anarquistas declarados, como Alfredo Demaría y los futuros dirigentes socialistas Oscar Schnake y Eugenio González (Ver DeShazo; p. 158).

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La insatisfacción con la república parlamentarista oligárquica y el temor al emergente proletariado minero y urbano se extendió también a la oficialidad del poderoso ejército chileno. Los conflictos no resueltos con nuestros tres países vecinos llevaron al Estado chileno a fortalecerlo crecientemente luego del fin de la guerra del Pacífico. Y su oficialidad –a diferencia de la Armada- fue de origen de clase media lo que fue reforzado por la propia estructura burocrática-estatal del Ejército. Es más, se podría decir que “el crecimiento de la clase media (chilena) se realiza paralelamente al proceso de profesionalización del Ejército, y ambos tienen el mismo origen. No existe propiamente una invasión del ejército por la clase media; existe más bien la formación conjunta de una clase media y de un ejército profesional. Podría decirse que, entre 1891 y 1920, nace lentamente la clase media, como clase que tiene una fracción armada” (Alain Joxe.- Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile; Edit. Universitaria, Santiago, 1970; p. 52).

Y la profesionalización del Ejército tuvo un sello particularmente autoritario: el de su prusianización, luego de la derrota del ejército de corte más bien francés que abrumadoramente había apoyado a Balmaceda en la guerra civil de 1891. Así, el general prusiano, Emil Körner, fue el virtual creador de un nuevo ejército, junto con decenas de oficiales alemanes que estuvieron varios años en nuestro país. A su vez, entre 1895 y 1910 cerca de cincuenta oficiales chilenos fueron a estudiar a Europa, particularmente en Alemania (Ver Frederick Nunn.- The Military in chilean history; University of New Mexico Press, 1976; p. 112). Se llegó incluso al extremo de copiar hasta los reglamentos y el uniforme del ejército alemán. En todo esto influyeron las excelentes relaciones económicas, políticas y culturales que tenía el Chile de la época con la Alemania del segundo imperio, consolidadas todavía más por el total apoyo mostrado por el país germano a nuestro país en la guerra del Pacífico.

Asimismo, el Estado imperial alemán –y obviamente su ejército- se distinguía por su lucha contra el socialismo y el anarquismo que se propagaban en la Europa de la época. Así, no sólo hubo una confluencia con la oligarquía chilena en cuanto a su vocación anexionista en lo externo, sino además en relación a la idea de reprimir el creciente malestar obrero frente a la brutal explotación de que era víctima, especialmente en las duras condiciones laborales de la minería, y sin ninguna ley social que le protegiera. En este contexto, Chile fue el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina en 1900. Fue “seguido por Argentina un año después, Ecuador en 1905, Bolivia en 1907, Brasil en 1908 y Perú en 1912” (Patricio Quiroga y Carlos Maldonado.- El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas; Edic. Documentas, Santiago, 1988; p. 92). Y no fue extraño que su Ejército fuese usado “eficazmente” por los sucesivos gobiernos en las grandes matanzas de Valparaíso (1903), Antofagasta (1906) e Iquique (1907).

Así, la “clase media militar” adquirió también –al igual que su contraparte civil- un profundo temor a los sectores populares. De este modo, en 1909, el teniente coronel, Guillermo Chaparro, sostenía: “Todos sabemos que el jornalero de nuestras grandes ciudades y el campesino se hayan contaminados con las ideas socialistas (…) jornaleros y campesinos son por lo general corrompidos y viciosos (…) A semejante elemento, hasta cierto punto refractario a las cosas militares, hay que dominarlo por la superioridad del carácter de la inteligencia” (Ibid.; p. 99).

Y, por otro lado, en la revista del Estado Mayor del Ejército, Memorial del Ejército de Chile (MECH) se postulaba una virtual militarización de la sociedad chilena: “El Ejército es la gran escuela educadora de nuestro pueblo y la verdadera base de la democracia ordenada, obediente y limpia”; “El pueblo en los cuarteles es la nación armada, es la fuerza, y naturalmente de hecho, reside en ella la real soberanía. Necesariamente el pueblo soberano, nombrando sus gobernantes por medio del sufragio e imponiendo su voluntad por medio de la fuerza armada que le da el Servicio Militar Obligatorio, tiene medios de resistir la tiranía y sofocar la revolución”; “El régimen militar (…) posee todo lo que educa: sentimientos de disciplina, repetición de actos que se fijan en la mente y se crean hábitos, sanciones ya materiales, ya morales y sobre todo uniformidad de métodos: se marcha de una sola manera, se saluda de una sola manera…” (Mariana Aylwin Oyarzún e Ignacia Alamos Varas.- Los militares en la época de don Arturo Alessandri Palma; en 7 ensayos sobre Arturo Alessandri Palma; ICHEH, Santiago, 1979; pp. 311-2).

Asimismo, como lo señala Genaro Arriagada, “es altamente ilustrativa la publicación en 1906 (en MECH) de un artículo de Gustave Le Bon, un militarista civil francés, firme partidario de las tesis del ‘darwinismo social’ y cuyo legado intelectual habría de servir de inspiración al movimiento fascista en los años 30. ‘¿Existe –se pregunta Le Bon- un medio de hacer hombres de este ejército de bachilleres y licenciados, impotentes, ridículos y nulos que la Universidad nos fabrica?’ Sí, existe, es su respuesta ‘y no hay más que uno. Consistiría en obligar a la totalidad de nuestros bachilleres y licenciados, sin excepción alguna, a prestar durante dos años el servicio militar’. Tal sería un medio que serviría, entre otras cosas, a ‘la regeneración de la raza francesa, degenerada por la Universidad’”. Además, según Arriagada, “para Le Bon la educación militar debía servir a un programa antisocialista pues el ejército era definido como ‘el último baluarte de una sociedad presa de las más profundas divisiones y pronta a disociarse según las aspiraciones de los socialistas’”. Y añade Arriagada que en 1913 la revista MECH publicó otro artículo de Le Bon donde se hacía una apología de la guerra señalando a esta como “portadora de grandes bienes, ‘desde luego la formación del alma nacional. Sólo las guerras crean y fijan esta alma’ y en la que dice que ‘sin el régimen militar obligatorio a que hoy día se encuentra sometida la población masculina de Europa, la anarquía, el socialismo y otros disolventes de la civilización moderna habrían progresado con paso de gigantes’” (El pensamiento político de los militares; CISEC, Santiago, s/f; pp. 97-8).

Reveladoramente, Arturo Alessandri ¡era también un declarado discípulo de Le Bon!, concretamente en el arte de seducir, engañar y manipular a las masas. En efecto, el filósofo de extrema derecha francés había desarrollado en su libro Sicología de las Multitudes la tesis de que “el conocimiento de la sicología de las multitudes es hoy el último recurso del hombre de Estado que quiere no gobernarlas (puesto que la cosa se ha hecho bien difícil) sino, al menos, no ser gobernado por ellas”. Y en una muestra de su absoluto desprecio por la democracia, agregaba: “Sólo profundizando algo la sicología de las muchedumbres es como se aprende la acción insignificante que las leyes y las instituciones tienen sobre ellas; cuán incapaces son de tener opiniones fuera de las que le son impuestas; que no se las conduce con reglas basadas sobre la equidad teórica pura, sino buscando aquello que pueda impresionarlas y reducirlas” (Edit. Albatros, Buenos Aires, 1958; p. 22).

De su análisis, Le Bon concluyó que “hay una ley sicológica de la unidad mental de las muchedumbres” que les da “una clase de alma colectiva que les hace pensar, sentir y obrar de una manera completamente diferente a aquella de cómo pensaría, sentiría u obraría cada uno de ellos (de los individuos que la conforman) aisladamente” (Ibid.; pp. 30-1). Además, de que “los sentimientos manifestados por una muchedumbre siempre presentan el doble carácter de ser simples y exagerados”, por lo que “sólo es impresionada por los sentimientos excesivos. El orador que quiere seducirla debe abusar de las afirmaciones violentas. Exagerar, afirmar, repetir” (Ibid.; pp. 54-6).

Así, para derrotar electoralmente a la izquierda propuso un verdadero plan de “seducción electoral de las masas” en el cual el candidato usara “expresiones análogas a la de infame, viles explotadores, el admirable obrero, la socialización de las riquezas, etc.”; y que al elector “hay que abrumarlo con lisonjas extravagantes y no vacilar en hacerle las promesas más fantásticas (…) El programa escrito del candidato no debe ser demasiado categórico para que no sirva de arma a sus adversarios: en cambio un programa verbal nunca pecará de demasiado extenso. Pueden ofrecerse sin temor las reformas más impactantes. Por lo pronto, estas exageraciones producen muy buen efecto y no comprometen para lo futuro. Se observa constantemente, en efecto, que el elector nunca se preocupa de saber hasta qué punto ha cumplido el elegido el programa proclamado y por el cual se supone que tuvo lugar la elección” (Ibid.; pp. 188-90).

Y en su campaña de 1920, Alessandri hizo “uso y abuso” de la demagogia recomendada por Le Bon. Célebres, en este sentido, se hicieron sus expresiones “mi querida chusma” y “la canalla dorada”. Sin embargo, la derecha más conservadora no comprendió el fin último -también conservador- de Alessandri. Sí lo hicieron los radicales latifundistas del sur (“de la vieja guardia”), según lo cuenta él mismo: “Ellos que me temían porque mis doctrinas sociales se hacían aparecer como subversivas, una vez que me escucharon, comprendieron que precisamente yo trataba de defender el orden público mediante la evolución requerida por los momentos históricos que vivía la humanidad” (Augusto Iglesias.- Alessandri, una etapa de la democracia en América; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1960; p. 344).

Para mayor confirmación, cuando Alessandri pasó su primer exilio en Francia (1924-25) Le Bon lo invitó a uno de sus almuerzos temáticos y le pidió que hiciese una exposición. En palabras de Alessandri, “deseaba especialmente que expusiera la aplicación que yo había dado en mi campaña electoral, de formidable renovación y progreso de las doctrinas de M. Le Bon, refiriéndome especialmente a las de su libro Sicología de las Multitudes. Cumplí la tarea encomendada en la mejor forma que pude y, al final, fui estrepitosamente aplaudido por los comensales que pasaban de treinta” (Recuerdos de gobierno, Tomo II; Edit. Nascimento, Santiago, 1967; p. 25); comensales que por cierto deben haber estado entre lo más granado de la intelectualidad fascista francesa de la época…

Y al finalizar Alessandri recuerda que “el Maestro, que así lo llamaban, me felicitó muy cordialmente y se manifestó profundamente complacido ante el inesperado éxito de este nuevo discípulo llegado de ultramar” (Ibid.; p. 26). Ciertamente que el hecho que la generalidad de la historiografía y de la educación chilena considere todavía a Alessandri como un paladín de la democracia, nos ilustra hasta qué punto conservan su fuerza nuestros mitos respecto de nuestra historia. ¡Cómo deducir que puede llegarse a una democracia a través de métodos tan engañosos de seducción y manipulación de masas! ¡Y con una finalidad de mantención esencial de un orden oligárquico! Todo esto sin contar siquiera la orden o convalidación de Alessandri de grandes o gigantescas masacres efectuadas por el Ejército o Carabineros en contra de obreros, campesinos, estudiantes o empleados como las de San Gregorio (1921), La Coruña (1925), Ranquil (1934) y del Seguro Obrero (1938)…

La constitución de 1925 fue impuesta por el ejército (I)

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Uno de los mitos más notables y persistentes acerca de nuestra historia es que la Constitución de 1925 tuvo un origen y un contenido impecablemente democráticos. Nada más lejano de la realidad. Es cierto que ella fue fruto de un genuino movimiento de una clase media emergente y de algunos sectores oligárquicos por ampliar los estrechos marcos de una república parlamentarista exclusivamente oligárquica que se había impuesto –como fruto de la victoria en la guerra civil de 1891- al régimen virtualmente monárquico existente en el siglo XIX. En definitiva, la Constitución de 1925 coronó una lucha de una clase media arribista que unida a los sectores más lúcidos de la oligarquía comprendieron que la mantención del régimen oligárquico no sólo era muy injusto socialmente y retardatario económicamente, sino que además constituía un grave peligro para la mantención del orden social que se vislumbraba crecientemente amenazado por un proletariado también emergente y contestatario. Más aún cuando en el mundo en general se cernía la amenazante sombra de la Revolución Bolchevique que postulaba su extensión mundial.

De allí que incluso en el pensamiento de los políticos e intelectuales de clase media más críticos de los privilegios de la oligarquía y de las extremas desigualdades sociales constatamos también un gran temor al proletariado y un fuerte afán de neutralizarlo social y políticamente. Así por ejemplo, el fundador de la corriente más de izquierda del Partido Radical, Valentín Letelier, expresaba ¡en 1896! que “ya es tiempo de reaccionar contra esta política egoísta (de liberalismo clásico) que obliga a los pobres a organizarse en las filas hostiles frente al resto de la sociedad. Sólo el abandono en que hemos dejado los intereses populares puede explicar (…) que (…) se estén renovando las luchas de clases, fatales para el funcionamiento regular de la verdadera democracia”; y que “por su posición media entre las clases más egoístas y las más desvalidas, a mi juicio es el Partido Radical el llamado a salvar la sociedad chilena de las tremendas convulsiones que agitan a la sociedad europea. Proveer a las necesidades de los desvalidos es remover la causa del descontento, es acabar con el socialismo revolucionario, es hacer política científicamente conservadora” (Sergio Grez.- La “Cuestión Social” en Chile. Ideas y Debates Precursores (1804-1902); Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Santiago, 1995; pp. 434-5).

Y el también político e intelectual radical “de izquierda” (que fue diputado, senador, ministro, director de la SOFOFA y rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María), Armando Quezada, planteaba en 1908 que “ha despertado en los obreros chilenos la conciencia de clase y el espíritu de cuerpo; se han asociado, han cambiado ideas y anhelos, se han creído víctimas de una explotación injusta; y ya no son escasos, en los centros más poblados, los cerebros exaltados y seducidos por los engañosos sueños socialistas” (La Cuestión Social en Chile; Universidad de Chile, 1908; pp. 19-20). Y con una visión muy negativa –e incluso racista- de las clases populares, agregaba: “La gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas: (…) instintos sanguinarios (que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconciencia del valor de la vida humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (Ibid.; p. 25). Y todo esto dicho justo después de la ocurrencia de las grandes masacres obreras de Valparaíso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906) e Iquique (1907)…

Por otro lado, varios acerbos críticos de clase media de la oligarquía, mostraban también un profundo temor de los sectores populares, e incluso postulaban restringir el derecho a voto de los más incultos (léase, pobres…) o el sufragio censitario. Así, el profesor Alejandro Venegas (“Dr. Julio Valdés Cange”) planteaba en 1910, como solución para evitar el cohecho, “privar de derechos electorales a todo aquel que no compruebe tener por lo menos los conocimientos que se dan en una escuela primaria elemental, como al que haya sido condenado tres veces o más por ebrio y a todo aquel que no compruebe que gana honradamente su subsistencia” (Sinceridad. Chile íntimo en 1910; CESOC, Santiago, 1998; p. 272). Es decir, ¡haber privado de la calidad de ciudadano a gran parte de los sectores populares de la época! Y todavía más, Venegas postulaba como ideal el sufragio censitario: “Ahora bien, si se considera más democrático el sufragio universal, hágase extensivo este derecho a todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres; pero establézcase el valor proporcional de cada voto, esto es, si la opinión de un analfabeto vale 1, que la de un artesano que ha hecho los cursos completos de una escuela primaria elemental valga por 3, que la de un industrial (trabajador) que ha recibido su título en un establecimiento de enseñanza especial se cuente por 5, que la del bachiller en humanidades se estime por 8, que la de un farmacéutico, dentista o arquitecto, valga por 10, que la de un médico, un abogado, un ingeniero o un profesor de estado pese por 15, que la de un profesor universitario equivalga a 20, que la de un diputado o senador influya por 30, y así de seguida” (Ibid.; pp. 272-3).

Por otro lado, el intelectual crítico, Tancredo Pinochet Le Brun, planteaba en 1917 que “la democracia no aspira al reparto igualitario de la riqueza en la sociedad. Aspira a poner a cada hombre en igualdad de condiciones para que libre su batalla por la vida” (Oligarquía y democracia; Casa editora Tancredo Pinochet, Santiago, 1917; p. 140); que “la democracia no es una cuestión de caridad, de sentimentalismo; tiene sus fundamentos en el propio egoísmo individual” (p. 142); “que hay más democracia en la legislación británica que ha restringido el voto al círculo de las personas adineradas y cultas, que en la legislación chilena que se lo concede a todo el que sabe garabatear su firma” (p. 154); y que “a primera vista podría parecer que un demócrata no debería, sin ir contra los propios principios de la democracia, pedir la restricción de la libertad electoral. Pero la verdad es que esta restricción hay que pedirla en defensa del mismo pueblo y pedir, al mismo tiempo, la educación primaria obligatoria, para que la libertad electoral de que disfrutamos sea una realidad enaltecedora y no una pantomima indecorosa y embrutecedora. Debemos pues restringir el derecho a voto, dejándoselo sólo a los ciudadanos conscientes que tiene el país” (p. 155).

Y el profesor Carlos Fernández Peña (en su prólogo al mencionado libro de Pinochet) señalaba: “Estamos en absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio. El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su raíz la generación del Poder Electoral. Sin pretender llegar a exigir como requisito, como en la ley filipina, ocho años de estudios primarios y cuatro de secundarios, debería exigirse, a lo menos, los dos primeros ciclos primarios o preparatorios y el servicio militar para tener derecho a esto. En segundo lugar, además de los conocimientos, deberíamos adoptar, como en la ley italiana, la adquisición de cierto capital, industria o cultivo de la tierra, que son fuente de patriotismo y de independencia moral, tanto y muchas veces más que los simples conocimientos. Es indudable que la eugénica (sic) y la higiene del sufragio son los solos factores capaces de generar y de hacer funcionar un buen Gobierno, es decir, una organización democrática” (Ibid.; pp. XII-XIII).

Increíblemente, estas propuestas de intelectuales de clase media críticos de la oligarquía buscaban echar abajo ¡una conquista electoral de 1874 de los sectores populares!: la extensión –vía ley interpretativa de la Constitución- del derecho a voto a todos los varones que supiesen leer y escribir, terminando con el sufragio censitario establecido por la Constitución de 1833. Independiente de que en su momento ello no tuviese significación práctica -dada la manipulación total de los resultados electorales por parte de la Presidencia de la República- ello representaba un inmenso avance, en la medida que se “sanearan” las elecciones de aquella intervención presidencial, como siguió sucediendo hasta 1891; y del cohecho y el “acarreo” de los inquilinos de las haciendas, como sucedió a partir de esa fecha hasta 1958.

Notablemente, la abierta promoción del sufragio censitario, o de la lisa y llana restricción del derecho a voto ya reseñada, iba a coincidir con las propuestas de “El Mercurio” respecto de las disposiciones electorales a ser estipuladas en la Constitución de 1925: “Los constituyentes del 33 estuvieron, con su admirable sentido práctico, muy lejos de adoptar el sufragio universal, y la reforma que lo acogió en nombre de las teorías igualitarias, fue en contra de la realidad de los hechos. Es inconcebible que los casi analfabetos, que apenas saben dibujar su firma y leer malamente, y la gran masa de individuos que venden su voto al mejor postor, porque carecen de dignidad y de verdadero interés en la cosa pública, tengan los mismos derechos electorales que los ciudadanos preparados, honestos y llenos de patriótico interés por la buena marcha del país. El repugnante mal del cohecho es la consecuencia lógica del error de haber dado amplia capacidad electoral a elementos que no lo merecen. Y si fuera posible suprimir completamente el cohecho, se producirían otros males no menos graves: la gran mayoría de los electores, que es la que actualmente vende el voto, o se abstendría de votar, o, lo que sería peor, procuraría elegir para que gobernasen el país a individuos que fueran a satisfacer sus odios y sus aspiraciones de arrebatar a viva fuerza el capital acumulado en que se mueven las industrias y negocios. Y por ese camino habría el peligro de que se llegara al soviet, pero no al soviet dirigido por intelectuales, sino a otro de simples agitadores, sin Dios ni ley. ¿Quiere decir lo anterior que es necesario aceptar el cohecho? De ninguna manera. Es ese un vicio político vergonzoso, deprimente, y que obliga a los partidos a llevar al Congreso, no a sus mejores hombres, sino a los que tienen dinero para afrontar las luchas electorales. Es muy difícil quitar a la gente lo que ya se le ha dado, porque ésta considera semejante cosa un despojo. Hay, pues, que buscar el medio de contrabalancear la influencia de la masa analfabeta e inculta, que vende actualmente su voto, mediante otra mayor influencia de los elementos conscientes, de los que por tener mayor preparación y mayores intereses, tienen también que preocuparse más de la buena marcha de la República. Lógicamente debemos llegar por este camino a la conclusión de que lo que se necesita en Chile es el voto plural. El profesor, el profesional, el jefe de negocios importante, el que contribuye a la riqueza pública, pagando gruesas contribuciones, el jefe de talleres, los padres de familia numerosas que dan también al país la riqueza del factor hombre, etc., deben tener un mayor número de votos que el resto de los ciudadanos (…) Como no es posible, según lo insinuábamos, volver al primitivo sistema de la Constitución de 1833, o sea, la restricción del sufragio, porque heriría derechos ya adquiridos, no queda otro arbitrio que el del voto plural, cuyas ventajas hemos insinuado. Ha dado en otros países resultados espléndidos y sería de esperar que también los diera en Chile” (“El Mercurio”; 8-6-1925).

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25 de junio de 2022

Se ha sabido que la Constitución de 1925 buscó sustituir el desprestigiado régimen parlamentario oligárquico, incorporando a los emergentes sectores medios al aparato del Estado y buscando implantar un modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Pero lo que se ha mantenido eficazmente oculto -¡hasta el día de hoy!- es que junto con ello se reprimió fuertemente a los sectores proletarios mineros y urbanos que intentaron también adquirir protagonismo en nuestra sociedad. Por cierto que para ello se utilizó el efectivo temor generado en el mundo –y también en nuestro país- por la Revolución bolchevique y su promoción de una revolución mundial.

Ya había generado una gran insatisfacción en la oligarquía y la clase media la dictación en febrero de 1925 –por parte de la Junta Militar, antes que volviese Alessandri a terminar su período en marzo- de un decreto-ley (N° 261) que redujo los aranceles de los miserables conventillos que fuesen declarados insalubres por la autoridad sanitaria en un 50%. Luego dicha insatisfacción se transformó en temor cuando en marzo se generó un “Congreso Constituyente de Asalariados e Intelectuales”, integrada por centenares de obreros, empleados, profesionales e intelectuales. De ella surgieron ideas como la separación de la Iglesia y el Estado, incluyendo la confiscación de todos los bienes eclesiásticos para construir habitaciones populares; la creación de una cámara única y funcional, electa por los gremios organizados y con mandatos revocables; la coordinación y fomento gubernativos de la economía y la constitución de un Chile federal. Además, se pronunció a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente funcional y con mayoría del “elemento asalariado”. Asimismo, el Congreso se cerró enviando sus saludos fraternales a la Unión Soviética, “república obrera y campesina en el seno del viejo mundo europeo, reaccionario e imperialista” y “avanzada gloriosa del proletariado mundial” (Gonzalo Vial.- Historia de Chile, Volumen III; Arturo Alessandri y los golpes militares 1920- 1925; Zig-Zag, 1996; p. 533).

Posteriormente, dado el aumento de la inflación y de las mayores expectativas populares (generadas por la caída del régimen exclusivamente oligárquico) aumentaron las huelgas, particularmente en el cobre, carbón y salitre. En reacción, a fines de abril, el gobierno creó una oficina central encargada de controlar la creación, el funcionamiento y todas las actividades de las sociedades obreras. Por otro lado, en la pampa salitrera los empleadores, con la colaboración de la policía impedían que se constituyesen sindicatos o lograban que sus dirigentes “fueran arrestados, acusados de alterar el orden público y fomentar luchas civiles, declarados culpables y expulsados de la pampa” (James Morris.- Las elites, los intelectuales y el consenso; Edit. del Pacífico, 1967; p. 209). A su vez, a fines de mayo, Alessandri envió a Iquique un regimiento en un barco de guerra “para suprimir las huelgas y protestas en la provincia de Tarapacá” (Peter DeShazo.- Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927; The University of Wisconsin Press, 1983; p. 227); y declaró el estado de sitio en Tarapacá y Antofagasta.

Por otro lado, el ministro de Guerra, Carlos Ibáñez, envió un telegrama el 27 de mayo a la máxima autoridad de Iquique, el general Florentino de la Guarda, en que le advertía que se prepara un “movimiento subversivo de carácter comunista” para el 1 de junio y que, en caso de “producirse (…) o confirmarse su preparación (…) es indispensable desde el primer momento apresar cabecillas y retenerlos incomunicados (…) y censurar la publicidad verbal y escrita si fuese necesario” (Vial; pp. 246-7). Y luego de la detención de decenas de obreros en Pisagua por tratar de hacer una manifestación pública y la destrucción del periódico comunista El Despertar de los Trabajadores por informar de aquello, a comienzos de junio se declaró una huelga general con toma de salitreras en la pampa de Tarapacá.

Luego de confusos incidentes en que manifestantes exaltados mataron –de acuerdo a distintas versiones- entre uno a tres personas; el ejército procedió a retomar las oficinas con el uso de cañones y ametralladoras. Según Carlos Charlín, “las matanzas de obreros en La Coruña, Alto San Antonio, Felisa y otros lugares de esa pampa de la desgracia son páginas que horripilarían a un escritor de novelas de terror. Se hizo derroche sanguinario de lo que denominaban ‘medidas de escarmiento para rotos alzados’. En La Coruña no quedó hombre ni mujer ni niño con vida. Se les diezmó con granadas de artillería disparadas a menos de trescientos metros y, pese a las banderas de rendición, no se tomaron prisioneros” (Del avión rojo a la República Socialista; Quimantú, 1972; p. 118). Y Gonzalo Vial añade que “sobrevino después de los bombardeos una severísima represión, que dio origen –incluso- a un término siniestro, el ‘palomeo’, dispararle a un trabajador lejano, cuya cotona blanca y salto convulsivo –cuando era alcanzado por el tiro- le daban el aspecto de una paloma en vuelo” (p. 248).

El número de asesinados fue pavoroso aunque indeterminado ya que ninguna autoridad se ocupó, por cierto, de investigarlo y registrarlo. La versión oficial del general de la Guarda fue de 59. La prensa popular habló de 2.000. De acuerdo a Peter DeShazo “los diplomáticos británicos estimaron que entre 600 a 800 trabajadores fueron muertos en la masacre, mientras que el ejército no sufrió bajas” (p. 227). Carlos Vicuña escribió que “todas las voces hacían subir de mil los hombres muertos. Algunos me aseguraron que llegaban a mil novecientos” (La tiranía en Chile; Lom, 2002; p. 322). Ricardo Donoso habló de “pavorosa matanza” de “centenares de muertos y heridos” (Alessandri agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile, Tomo I; Fondo de Cultura Económica, México, 1952; p. 408). Julio César Jobet sostiene que “los que estuvieron en aquella zona y conocieron las peripecias de este drama, afirman que fueron masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos oculares estiman en más de 3.000 el número de víctimas” (Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile; Universitaria, 1955; p. 172).

De todas formas, al igual que la matanza de Iquique, constituye una de las más grandes matanzas de la historia de la humanidad en tiempos de paz. Y, a diferencia de la anterior, permanece completamente desconocida por la generalidad de la sociedad chilena hasta hoy. Por cierto, Alessandri e Ibáñez le enviaron sendos telegramas de felicitación al general de la Guarda por el éxito en el “rápido restablecimiento del orden público” (Ver El Mercurio; 8 y 9-6-1925). A su vez, El Mercurio (10-6-1925); La Nación (11-6-1925) y La Revista Católica (20-6-1925) justificaron la matanza. Lo mismo hicieron políticos e intelectuales de clase media o críticos como Daniel Espejo (ex diputado radical por Tarapacá), Joaquín Edwards Bello y Conrado Ríos Gallardo. Sin embargo, lo más notable es como hasta hoy día la generalidad de los historiadores chilenos (incluyendo de centro e izquierda) ¡omiten toda referencia a la masacre! Es lo que vemos, por ejemplo, en los más célebres libros que resumen el siglo XX chileno como Chile en el siglo XX e Historia del siglo XX chileno…

Y la represión no terminó con la masacre. Centenares de trabajadores con sus familias fueron deportados del norte. Muchos también fueron detenidos, torturados y relegados, ¡mientras se seguía elaborando la nueva Constitución entre cuatro paredes! Y la escalada represiva no se restringió al norte. El 10 de junio Alessandri “declaró en estado de sitio la zona del carbón para liquidar huelgas que habían empezado en mayo”. Además, “la policía incrementó su campaña de infiltración y espionaje en los sindicatos de Santiago y Valparaíso”; y después de la matanza de La Coruña “oficiales del Ejército comenzaron a censurar la prensa obrera” (DeShazo; p. 227).

Por otro lado, el 24 de junio el ministro Ibáñez envió una circular al Cuerpo de Carabineros que ordenaba: “No debe tolerarse que continúe la prédica contra el orden civil, causa inmediata de la catástrofe de la pampa salitrera (…) Debemos iniciar campaña pro-salud social; perseguir a los chantajistas sociales; a los que se burlan de nuestras glorias militares. Se tendrá en lo sucesivo por los carabineros mano firme, sin contemplaciones contra los agitadores. Se recomienda a los oficiales se noticien de los malos maestros que explotan a la Patria y conspiran contra ella e informarán a la Comandancia General de Armas (…) Que se reduzca a prisión inmediatamente a los manifestantes u oradores que en los mítines ofendan a S. E. el Presidente de la República, a las autoridades y a las fuerzas armadas, y no permitirán los carabineros que se ostente otra bandera que no sea la de Chile o la de sociedades con personalidad jurídica. En el futuro se prohibirá enérgicamente se ostente bandera roja, que simboliza la anarquía y el desorden. Se vigilará no se publiquen pasquines o periódicos en que se haga campaña disolvente, se ofenda a las autoridades y se insulte a las instituciones armadas y se incite a la rebelión” (Enrique Monreal.- Historia completa y documentada del período revolucionario 1924-1925; Imprenta Nacional, 1929; p. 375).

Es decir, la generalidad de los chilenos –debido a la mayoría de nuestros historiadores y a la educación escolar que recibimos- no sólo no tenemos idea de que el origen y el texto de la Constitución de 1925 fueron claramente antidemocráticos, sino además de que en el período en que ella se elaboró y se impuso había una virtual dictadura -que gobernaba a través de decretos-leyes- que desarrolló una durísima represión contra los obreros, la que culminó con una de las más salvajes masacres ocurridas en la historia de la humanidad en tiempo de paz…

¡Que poco sabemos de historia de Chile (II)!

¡Que poco sabemos de historia de Chile (I)!

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Dos de estas Constituciones – la de 1925 y la de 1980 – fueron aprobadas por el pueblo en plebiscitos fraudulentos; la de 1925 tuvo una abstención de un 42,1%, con un restringido universo electoral de 302.304 ciudadanos – no es extraño, pues los países pseudo democráticos actuales, entre los cuales se cuenta Chile, se registran abstenciones de más del 60%, sin que por ello se consideren ilegítimas las autoridades seleccionadas -; en ese plebiscito no existía el secreto del voto, pues cada uno tenía los tres colores de la bandera nacional: el rojo significaba dar la aprobación a la Constitución y obtuvo un 93,9% – sospechoso, ¿no les parece? -; el azul, por la mantención, con algunas reformas, del régimen parlamentario, con una votación de un 2,21%; el blanco indicaba que se rechazaba cualquier reforma o cambio a la Constitución, y obtuvo un 0,48%.

Dos de los principales partidos políticos rechazaban la Constitución de 1925: Radical y Conservador, a los que se agregó al Partido Comunista – en ese entonces muy pequeño -. Los conservadores tenían el 18,8% de los votos en la última parlamentaria legal; los radicales, el 21,4%, que sumados alcanzarían un porcentaje del 42,1% – técnicamente igual a la abstención -. De los tres partidos concernidos, el único que llamó a votar en contra –azul – fue el Partido Comunista, que sacó un 2,2%, muy similar a su votación parlamentaria.

Los partidos que apoyaban la aprobación de la Carta Magna fueron el Liberal Democrático – seguidor de José Manuel Balmaceda – el Demócrata y el Liberal. En síntesis, la Constitución de 1925 fue ilegítima en su origen, y lo que está en discusión en su legitimidad en ejercicio; en general, la mayoría de los partidos políticos terminaron aceptando el presidencialismo monárquico y denostando el pseudo parlamentarismo de la república plutocrática.

La Constitución de 1925 no cumplió, a mi modo de ver, con el precepto de Montesquieu sobre la separación de poderes, pues el presidente de la república sigue siendo un monarca absoluto.

La característica de la monarquía presidencial se radicaliza aún más en la Constitución de 1980, que fue refrendada por medio de un plebiscito, en plena vigencia de las leyes de excepción, sin registros electorales, sin parlamento y con un poder judicial servil a la dictadura. La opción del NO careció de acceso a los medios de comunicación; el voto SÍ era representado por el escudo nacional y en NO, por un cuadrado negro – prácticamente una bandera pirata -. En las mesas de las comunas populares repartían las colaciones las Kekas Larraín, las Chepas Errázuriz y las Cocas Amunátegui, veedoras y garantes de la “legitimidad” del proceso electoral. En algunas comunas hubo más votantes que habitantes, el SÍ obtuvo 67% y el No un 30%. En 2005, el Presidente Ricardo Lagos y su gabinete firmaron, con mucho orgullo, una Constitución autoritaria recauchada, que no cambió ninguno de los cerrojos que la hacen antidemocrática.

En la actualidad, la mayoría de los chilenos es partidario de convocar a una Asamblea Constituyente, sin embargo, de no existir una poderosa movilización popular, una convocatoria al pueblo, como constituyente, será una tarea muy ardua.

13/06/2014

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