De igual modo, de forma aparentemente silenciosa, se ha organizado una respuesta a dichos movimientos: aquella que apunta con el dedo a la “ideología de género” y que busca detenerla pues la identifica como un peligro para el orden social (natural) de existencia. Esta idea no es un aporte genuino desde Chile: ha tenido su correlato en distintas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. ¿Quiénes están detrás de él? Grupos cristianos -tanto católicos como, en su mayoría, protestantes evangélicos-, como la derecha conservadora. Esta última generalmente en segunda línea, cómoda frente a la ofensiva que se ha levantado desde las iglesias.

El concepto “ideología de género” busca indicar que todas aquellas políticas que se levantan desde demandas civiles reivindicativas de temáticas de género carecen de sustento en la ciencia e incluso el sentido común. No utilizan el concepto ideología como un conjunto sistemático de ideas, sino más bien como un concepto despectivo para lo que realmente es: la teoría o los estudios de género, que abarca tanto el rol de la mujer en la sociedad como el de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Así, se busca interpelar al sujeto que recibe el mensaje mediante la categorización de que sus pretensiones -o las que buscará o está dispuesto a escuchar- son “ideológicas”, i.e. irracionales, carentes de fiabilidad científica o nuevamente “antinaturales”. La explicación a ello estaría en el mero acto de observación (se nace hombre o mujer), la demostración fáctica de realidades cambiantes (“sanaciones” a la población LGTBIQ), científicas (convengamos, eso sí, no puede ser “antinatural” lo que se da en la naturaleza) y, por sobre todo, en explicaciones de origen bíblico.

Dos ideas circundan la esencia de la crítica a la “ideología de género”: como mencionábamos, se nace únicamente hombre o mujer, y, por otro lado, la no-heterosexualidad como pecado y atentado a la familia. De ello se desprenden de forma solapada (en tanto se niega) la transfobia y la homo y lesbofobia, respectivamente. Sus consecuencias, aletargantes a la expresión de la práctica y lucha feminista.

Los movimientos conservadores en Latinoamérica: Perú, Brasil y Colombia

Según consigna la agencia de noticias France-Presse, cientos de personas marcharon -tras convocatoria de católicos y evangélicos- por distintas ciudades de Perú manifestando su rechazo a que el gobierno promueva la enseñanza de igualdad de género en colegios, en tanto ello “homosexualizaría” a los niños. A su vez, sustentan su posición desde la consigna “con mis hijos no te metas” (recogida también en Chile y el resto de los países del continente), pues argumentan que es función primaria de los padres educar a los y las estudiantes, no del Estado, el cual asumiría un rol subsidiario.

Aquellos pastores y representantes del mundo católico que levantan dicha iniciativa emplean maliciosamente -o en el peor de los casos confunden- conceptos básicos. La igualdad de género refiere a que no exista discriminación por pertenecer al sexo femenino o masculino en los diferentes ámbitos de la vida social. Es decir, que la mujer con el mismo cargo y años de estudios que un hombre no gane hasta 1/3 de lo que aquél gana, como sucede hoy sólo por el hecho de ser mujer. Que se promueva el respeto y no la imposición de ellos sobre ellas, reduciendo a la mujer a un mero objeto de deseo, base del acoso callejero, el abuso y la violación. Que existan actividades de colaboración entre los mismos, no de “mera ayuda”: por ejemplo, no es el hombre quien ayuda a la mujer en las labores del hogar, porque éstas no son propias de la mujer sólo por serlo, son propias de la familia y por ende colaborativas entre sus integrantes. Que no existan aquellos roles que oprimen a hombres y mujeres: no es necesario -como se sostuvo en la marcha- que hombres vista de azul y jueguen con autos, que mujeres vistan de rosado y jueguen con muñecas. En un mundo de muchos colores y formas de entretenerse, lo relevante es la salud mental de nuestros niñas y niñas, no la manifestación de nuestros propios imaginarios de temores infundados, transformándonos en población ignorante que reproduce cadenas de violencia psicológica a través de la presión o el bullying.

Pero lo aún más preocupante es que basándose en la figura de autoridad que representa el pastor en las iglesias evangélicas, se ha desarrollado un discurso legitimador de la opresión -como impedimento de valoración social- de distintos grupos, a punto de catalizar posiciones abiertamente anti-bíblicas. Desde el sitial de autoridad religiosa y en nombre de Dios, parlamentarios evangélicos votaron a favor del impeashment a Dilma Russef en Brasil (de más de 20 millones de población evangélica), o el triste caso de Colombia, donde se estima que cerca de dos millones de creyentes protestantes (de los cuatro totales) votaron en contra del acuerdo de paz del gobierno colombiano con las FARC, al difundirse -por aquellas mismas autoridades desde el sentido común religioso- que el acuerdo era la apertura de entrada a la ideología de género al asegurar “la igualdad de género” entre las y los involucrados. Hablamos, así, de posiciones que legitiman los golpes de estados blandos o la proliferación de la guerra, asumiendo una genuina posición servil y útil a la clase política dominante de cada país en desmedro de los más desposeídos.

Pero en el plano de lo personal (cuya manifestación es sin lugar a dudas política), iglesias católicas o protestan han profundizado a partir de interpretaciones bíblicas y la figura de autoridad anteriormente referida idearios de subordinación de la mujer al hombre. Así, tal como señala Fundación VASTI (fundación de origen evangélico que se ha dispuesto a trabajar la violencia de género dentro de las iglesias), si una mujer en promedio demora 7 años en hablar sobre la violencia que ejerce su marido, en el mundo eclesiástico aquello promedia 10. La sagrada institución del matrimonio, las pruebas divinas, la intromisión del demonio y la necesaria subordinación al hombre han sido las piedras angulares de la naturalización de la violencia de género, transformando a las iglesias en una piedra de tope para la lucha feminista.

La mal entendida libertad de enseñanza

Por otro lado, la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación -promovido en Chile en la dictadura de Pinochet, y anclado en la impuesta Constitución de 1980- es la base del discurso que se ha desarrollado en estas campañas, símil al de la derecha política.

Todo país tiene un programa base que responde a los intereses sociales -a nivel de principios- de los derechos humanos universales, siendo uno esencial el derecho a la igualdad, el deber de enseñar el respeto mutuo y la dignidad humana. En ello, el Estado -como institucionalización de la vida social- no tiene una función subsidiaria, sino tiene una función primordial: debe garantizar la educación no sólo formal (es decir, los niveles de enseñanza), sino también informal (como reconoce el art. 2 de la Ley General de Educación), esto es la capacidad de preparar al ser humano para la convivencia social, pues la educación es el primer gran nexo entre la vida familiar y la vida social. Allí somos todos y todas, pues cada sujeto tiene un rol que cumplir para sí y la sociedad misma. Ésa es la lucha que han dado estudiantes y profesores en Chile, una donde sea la comunidad la que tome las banderas de su formación y destino, acercando a través de la gratuidad un Chile igualitario. Privar a una persona de esa posibilidad no sólo es contradictorio con la lucha que han dado los sectores vulnerables de Latinoamérica (situando, nuevamente, a las iglesias en contra de los grupos más desposeídos), sino que argumentar su oposición a partir del pretexto del haber individual, no sólo es desconocer que la familia es un ente por sí ideológico (ésta transmite sus propias creencias al individuo, cuestión que critican al Estado), sino que es negar la capacidad del ser de vivir y aportar en la sociedad, fruto del más profundo individualismo ético e incluso religioso: difícilmente se puede amar al prójimo aislando al individuo de él.

Marcela Aranda y la aparente no-ideología

Un caso particular en nuestro país se ha intentado desarrollar en el seno de la Iglesia Evangélica. Grupos organizados mediante redes sociales donde se comparte información abiertamente falsa resultaron ser incluso menos perniciosos que la serie de exposiciones en iglesias donde se ha buscado alertar a los fieles sobre el rol de la ideología de género en nuestro país.

Marcela Aranda, directora del Observatorio Jurídico “Ministerio de Gobierno y Fe” (sin información disponible), es una fiel representante de este mundo. Expone a nombre de él contra los “más de 60 proyectos de ley” que pretenden cambiarle el cariz moral a nuestra patria.

Señala que la ideología de género trasciende a derecha e izquierda, pero de lo discursivo a lo práctico da un gran salto. Y es que Aranda en redes sociales no sólo comparte información contra la ideología de género, sino que se transforma en asidua militante de medios como El Demócrata, Chile Corrupción o El Líbero, todos de la más dura y desinformada derecha. Comparte noticias como «Economista advierte sobre la continuidad de Guillier al gobierno de Bachelet», y no pierde oportunidad de utilizar su plataforma para proliferar cualquier información contra los jóvenes nuevos diputados de izquierda. Llama a no votar por ningún candidato que apoye los referidos proyectos, donde incluye el de aborto terapéutico y el proyecto de identidad de género. Como es de esperarse, prácticamente ninguna crítica a Chile Vamos, menos a la coyuntura política cruzada por la admisibilidad de la querella por negociación incompatible y uso de información privilegiada de Sebastián Piñera.

Y es que más allá de su claro activismo político en la derecha, el sustento de sus posiciones que se difunden dentro de las congregaciones de fe evangélicas carecen de absoluta raigambre legal, racional e incluso ética. Abusando de la falta de educación de nuestros compatriotas, como también del discurso autoinferido de la comunicación de Dios sobre su persona, otorga legitimidad a posiciones que rayan no sólo en la homofobia, sino que se transforman en un atentado para la aparente paz de la vida democrática, y que debiesen preocupar a cualquier persona que se diga con sentido común:

Acusó a Rolando Jiménez, del MOVILH, de buscar legalizar la pedofilia, asimilando indirectamente homosexualidad a la misma. Aranda confunde antojadizamente el delito de sodomía (art. 365 del Código Penal) y la crítica a su inconstitucionalidad, es decir, que establezca una diferencia de la legalidad de una relación homosexual (más de 18 años) con una heterosexual (más de 14 años), con instar a legalizar el sexo con menores de 14 años, lo que en Chile es categorizado bajo el tipo penal de violación impropia (es decir, siempre es violación).

Secunda a quienes piensan -desde su mismo sector- que el movimiento No más AFP está involucrado en la “ideología de género”, al ser financiado por el gobierno y tener voceros “socialistas”, cuando el mismo poder ejecutivo y la derecha se han opuesto a las transformaciones que dicho movimiento por la dignidad de la vejez y contra la usura plantea. Lo que molesta es el fin a las AFP, modelo de capitalización creado en dictadura por José Piñera.

Señala que el proyecto de identidad de género (Rol 8924-07) otorgaba a los niños y niñas la posibilidad decidir por sí mismos su género a través del cambio de sexo. En la realidad, la ley planteaba -antes del lobby cristiano y la vergüenza de la falta de quórum recurrente provocada por los congresistas de derecha- que el cambio de sexo es únicamente registral (no de órganos sexuales, es decir, sólo en el Registro Civil) y que según la edad se requería o autorización de los padres o aprobación judicial tras una serie de pericias psicológicas/médicas. También se hacía cargo de la población intersexual, i.e. aquellos o aquellas que nacen con (o parte de) los genitales de ambos sexos, quienes parecen ser ignorados por el discurso ultraconservador referido: no siempre se nace con pene o vagina, existe una población no menor con ambos órganos sexuales.

En sus distintas charlas aboga por la teocracia, por -prácticamente- un Dios que no es democrático, por un Dios que no quiere a sus fieles tibios, llamándolos a luchar contra el pecado como ella lo hace. Señala que estas leyes cambiarán la Constitución de nuestro país (cuestión legalmente improcedente), que se busca que antes de los 4 años debe enseñarse a los niños y niñas a masturbarse abriendo la puerta a que sea por un externo, que permitirá que el ser humano se case con animales, y que la imposición de la “ideología de género” es un complot de la OEA, la ONU y la Fundación Rockefeller para destruir el concepto de familia. Así, usa la mentira y la tergiversación para infundir rechazo, amparándose en la libertad de expresión como recurso.

¿Somos capaces de internalizar cuánto daño se les está haciendo a todos los grupos afectados a partir de la difusión y proliferación de dichas mentiras transformadas en relatos de apariencia cierta? ¿Somos capaces de asumir cómo ellos actúan en el orden social -desde lo colectivo y lo individual- como motores de la discriminación, violencia física y psicológica, e incluso como móviles directos e indirectos del asesinato de nuestros pares?

Lo que en otros países sería calificado como incitación al odio, en Chile ni siquiera ha sido tema. Y es que lo realmente ideológico es lo que hace Aranda y todos quienes están detrás -razonablemente- de la crítica a la “ideología de género”: no sólo replican el discurso de la derecha, sino que interpelan a la población cristiana (sobre todo evangélica) a dar una lucha contra la ideología sin asumir que su discurso es ideológico, es decir, un discurso que hace pasar como “natural” un orden político, un discurso que trata como neutral una posición servil al statu-quo y con ello a una sociedad de clases, un discurso que rechaza, juzga y discrimina al prójimo basando en Dios reflexiones que son más humanas que divinas, reflexiones que, amparadas en una falsa libertad de expresión, justifican el odio del uno al otro; un odio que ni demócratas, izquierdistas y cristianos podemos darnos el lujo de pasar por alto, un odio que no sólo debemos denunciar, sino que también -desde todas nuestras trincheras- tenemos el imperativo ético de disputar y combatir.

*Fuente: El Mostrador

Lo menos que se puede decir es que una división tal peca de esquematismo y, en cuanto tal, no es capaz de comprender la complejidad de los tiempos en que vivimos (donde ya nadie se asombra que un empresario como Piñera o Trump lleguen a ser presidentes, y en donde los parlamentarios asumen sin sorna ni vergüenza que es “normal” recibir indicaciones de empresarios y lobistas directamente involucrados en la tramitación de un proyecto de ley que les afecta, y donde los populismos de derecha tanto como de izquierda se reinvindican del mismo “pueblo” fantasmal).

¿Qué rasgos definen al pensamiento conservador-reaccionario, y no sólo al chileno? Históricamente, ¿qué tienen en común Donoso Cortés, Joseph de Maistre, Carl Schimtt y Jaime Guzmán? No necesariamente que estén a favor del libre emprendimiento o que deseen limitar la “invasión” estatal en el ámbito de las libertades individuales (la monserga de nuestros columnistas al definir al pensamiento de “derecha”), ya que la mayoría de ellos (Guzmán incluido) definían posiciones políticas cuyo autoritarismo implicaba necesariamente tener un control férreo del sistema estatal en aras de –como dirá Schmitt- administrar el “estado de excepción”. Cuando los conservadores y los reaccionarios de hoy –quienes acaban de lanzar un “Manifiesto” [ver nota de piensaChile al pie de este artículo]– señalan que lo que les mueve es la limitación de los poderes del Estado, están confundiendo su propia historia, pues en última instancia sus funciones como “intelectuales públicos”, detentores del uso público de la razón, quedan limitadas a las indicaciones de un Estado teológico-político (pre-moderno): El Vaticano. Al observar el escándalo montado por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile al ver cómo su institución (confesional) podría perder algo de los enormes aportes otorgados por el Estado de Chile, uno puede darse cuenta de hasta qué punto los conservadores chilenos buscan limitar el poder del Estado no en virtud de un principio filosófico (el propio al liberalismo, el que en ningún caso desemboca necesariamente en un pensamiento conservador o reaccionario, muy por el contrario), sino en aras de defender sus principios ideológico-religiosos (por ejemplo, sabemos que el mismo rector de la PUC defiende al mismo tiempo su “derecho” a ser financiados por el Estado –ya que la suya es una Institución “pública”- y a negarse en sus hospitales a cumplir con la ley –en relación a la ley de aborto). No, la derecha chilena no es liberal filosóficamente hablando (cuando se liberen de la ideología conservadora católica podrán aspirar a serlo) sino reaccionaria. Uno de los rasgos fundamentales de este pensamiento (cf. el iluminador ensayo que E.M. Cioran escribió al respecto) es entonces el someter el régimen deliberativo de la razón, obra de la modernidad, a un punto cero de autoridad dado por los dogmas de la fe y por la autoridad eclesiástica.

Nótese, en cualquier caso, lo poco organizado y profundamente contradictorio del pensamiento de los autores del Manifiesto que comentamos, el que podría definirse también como el de un “kantismo reaccionario (autoritario)”.  Como sea –y en atención a este segundo rasgo del pensamiento conservador-reaccionario- los autores del Manifiesto definen este “ambiente” como uno donde reina la “espontaneidad” de las demandas “irresponsables” de las masas lanzadas con desenfreno y descontrol al ejercicio diario de las redes sociales. ¿Cómo controlar esta “espontaneidad”? Pues –como diría Joseph de Maitre- por medio de autoridad: el pensamiento conservador no tiene más inventiva que eso: ante cualquier problema, necesitamos más autoridad, orden, control.Otro rasgo, lo decíamos al inicio, es esta suerte de “reacción” contra los cambios históricos que se verifican, en el caso de la sociedad chilena, determinados por la globalización modernizatoria capitalista y el acceso a la “conexión total” que impera hoy en el orbe. Leyendo las poco más de diez páginas del llamado “Manifiesto por la república y el buen gobierno”, y los fundamentos filosóficos utilizados –básicamente, la tradición abierta por el célebre texto de Kant, “Respuesta a la pregunta, “¿Qué es la Ilustración”(1784), donde se plantea la distinción entre “uso público” y “uso privado” de la razón- da la impresión que los redactores viven en un mundo donde sólo hay libros y “lectores” (el mundo de Kant) y no internet, Facebook, What’s app, Twitter, etc (sin ir más lejos, desde hace algunas semanas observamos cómo el presidente del país más poderoso del mundo gobierna via Twitter, sumido en lo más profundo de la “post-verdad”). Muy probablemente ese sea el mundo de filósofos –un mundo de altas y antiguas bibliotecas- en el que viven los redactores del “Manifiesto”, pero está lejos de ser el mundo en el que viven los ciudadanos a quienes ellos pretenden interpretar. ¿La filosofía debe luchar por, tapándose los ojos, intentar a toda costa mantener a flote el mundo de Kant, es decir el mundo ilustrado, o de una vez hacerse cargo del mundo en que vivimos, como lo hizo Foucault (interpretando al propio Kant)? No insistiremos en este punto, pues lejos estamos aquí de querer abrir un debate acerca del rol de la filosofía hoy.

A fines del siglo XIX, reaccionarios como Le Bon o Malthus postulaban que era la autoridad lo que podría resguardar a la Humanidad ante el descontrol de lo que ellos, con horror, empezaban a describir como el comportamiento de las “masas”. Para un conservador, todo lo que venga del lado de las masas deberá ser rehuido  por la autoridad ejercida por la élite (intelectual pero ante todo religiosa). Hoy en día, para ellos, todo pensamiento que quiera acercarse al “pueblo” será tildado de “populista”. Por ejemplo, las demandas de gratuidad en educación  y de triestamentalidad en el gobierno universitario les parecen sin duda “populistas”, surgidas de la mera espontaneidad de las manifestaciones callejeras, faltas del severo control que la élite (ellos, pues) debe realizar de los actos de las ignorantes masas de incultos usuarios de las redes sociales.

Otro rasgo entonces a sumar a los ya mencionados (autoritarismo anti-liberal y temor a los cambios histórico-tecnológicos) es el de la incapacidad de análisis. Los autores del Manifiesto se esmeran en demostrar que sí hay y ha habido pensadores de derecha (en Chile, los Encina, los Góngora p. ej.), y hoy en día en nuestro país aquellos intelectuales que giran en torno al CEP  y otros centros de estudio. Ahora bien, que existan libros, centros de estudio y autores relevantes no quiere decir que estén en lo correcto en sus análisis. Históricamente, en Chile al menos, el pensamiento conservador-reaccionario nunca ha estado a la altura de los cambios históricos y políticos que funcionan como signos de los tiempos; su actitud, lo decíamos, ha sido más bien la de taparse los ojos y salir corriendo a refugiarse en sus bibliotecas, sus fundos y sus iglesias. Por ejemplo, ¿puede usarse –como se lo hace en el mentado Manifiesto- la noción de “república”, o de “nación”, o de “estado” incluso, como si ellas fueran las mismas que definieron Montesquieu, Tocqueville o el mismo Aron? ¿Piensan sinceramente que una tal noción ingenua y a-crítica de “nación” permitirá resolver o avanzar en la resolución del conflicto mapuche (el que surge de hecho como consecuencia de los límites y falencias de la noción de “estado-nación” que el propio capitalismo –como el propio Marx supo ver- estaba destinado a destruir)? “La República –escriben allí- nos enseña que tenemos un destino común…”; ¿filósofos que no se han hecho cargo de la desconstrucción bastante radical que la filosofía contemporánea (Derrida, Nancy, Agamben) ha hecho de una tan limitada noción de un “destino común”, la que coquetea peligrosamente con nacionalismos y fascismos como vemos hoy en día en el mundo entero?

Llama la atención tanta ingenuidad y liviandad de análisis. De lo que se trata (y aquí es el pensamiento no conservador y no reaccionario el que realiza los análisis más agudos en Chile y el mundo) es de pensar un “común” más allá de lo determinado por la institucionalidad estatal propia a un estado-nación; y resulta que aquí los conservadores pueden ser más “estatistas” que los “progresistas”. El destino del pueblo mapuche no es común con el destino del Estado Chileno, pues ambos obedecen a regímenes de lo político, de lo estético y de lo sagrado completamente diferentes; no hacerse cargo de esto es querer seguir tapando el sol con un dedo. O querer seguir manteniendo el estado de excepción que, en los hechos, impera en la Araucanía. Léase el parágrafo 11 de dicho Manifiesto y véase cómo esa serie de lugares comunes acerca del “valor de los pueblos originarios”, el “respeto a la diversidad” y otros planteamientos de “almas bellas” (Hegel) suena más a discurso de candidato que a consideración teórica seria.

Considerando el escaso valor analítico, teórico y filosófico –lo que es imprescindible que exista si se quiere realmente “invitarnos a pensar”- no es exagerado postular que este texto no es más que otro “lavado de imagen” de la derecha que busca, como ellos dicen, “construir un relato”. ¿Un relato? La derecha lo tiene, y de sobra, y pueden mencionarse algunos rasgos: autoritarismo, estatismo coactivo, conservadurismo moral, y lo que es mucho más grave, apoyo a la dictadura militar. ¿Ni una sola palabra tienen estas mentes brillantes para decirnos algo respecto a su análisis de la violencia política reciente, y del deber de memoria que el estado chileno aún no ha cumplido frente a las víctimas y sus familiares? A ellos no les penan los desaparecidos, eso claro está, pero uno tendería a pensar que el discurso filosófico tiene esa gracia, justamente: hacernos pensar en el lugar del otro. No es otra cosa que un lavado de imagen, pues no hay análisis –invitación a pensar- serio que no se haga cargo de las consecuencias que para la sociabilidad de un país ha dejado una dictadura cívico-militar como la chilena. No les pidamos tanto a estos “filósofos”: al menos no cuando algunos de sus co-firmantes fueron férreos defensores de Pinochet. Tal vez cuando así no sea, escriban un “Manifiesto” que al menos aspire a la dignidad de ese nombre.

*Fuente: El Mostrador

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Nota de piensaChile: