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Dime ¿que sientes cuando un extranjero describe, detalladamente, como te engañaron, como te están robando?

Redacción piensaChile — Mon, 11 May 2026 12:06:03 +0000

Nota de la Redacción: Luego de leer el aviso que aparece en los primeros segundos de este video, no está claro quién es el autor del texto convertido a voz. Sin embargo, a pesar de eso, lo publicamos porque es un excelente resumen de la realidad vivida en los últimos 46 años de Chile, desde el día mismo del «Retorno a la Democracia«, desde el día del inicio de la «Justicia en la medida de lo posible«. A cualquier chileno humilde le debe bastar cerrar la puerta, para que nadie vea que se le llena la cara de vergüenza, y aceptar que lo que aquí se escucha es verdad, porque lo vive día a día.
Vamos, que si nos unimos, podemos barrer la escoria que nos ahoga, incluidos los que nos mintieron.
piensaChile

11 de mayo de 2026

“Nos mintieron”.

Esa es la frase más dolorosa que una nación puede pronunciar, pero es la única frase que describe con precisión quirúrgica la historia económica de América Latina en los últimos 40 años.

Durante décadas, los economistas formados en Chicago, los titulares del Wall Street Journal y los Tecnócratas de Davos nos vendieron una narrativa perfecta, brillante y seductora.

Nos dijeron que si privatizábamos el agua hasta la última gota, si destruíamos los sindicatos para flexibilizar el trabajo, si convertíamos la educación y la salud en mercancías de lucro, seríamos recompensados.

Nos prometieron que seríamos el primer mundo. Y la joya de la corona de esa narrativa, el ejemplo que nos obligaban a mirar era Chile, el Yaguar de Latinoamérica, la Suiza del sur, el milagro del desierto.

Pero hoy, en el año 2025 el telón se ha caído violentamente y lo que encontramos detrás de ese escenario de cartón piedra no es una nación desarrollada. Lo que encontramos es una estafa piramidal institucionalizada, una estructura económica diseñada no para crear riqueza, sino para extraerla. Una maquinaria de transferencia masiva de recursos desde la clase trabajadora hacia una élite financiera minúscula y sus socios extranjeros.

Lo que estamos presenciando ahora no es una simple recesión, es el colapso terminal de una ilusión. El sueño chileno se ha revelado como una pesadilla de deuda y soledad.

Más sobre el tema:

Canción final
[Quilapayún]

Ustedes que ya escucharonLa historia que se contóNo sigan allí sentadosPensando que ya pasóNo basta sólo el recuerdoEl canto no bastaráNo basta sólo el lamentoMiremos la realidad

Quizás mañana o pasadoO bien en un tiempo másLa historia que han escuchadoDe nuevo sucederáEs Chile un país tan largoMil cosas pueden pasarSi es que no nos preparamosResueltos para luchar

Tenemos razones purasTenemos por qué pelearTenemos las manos durasTenemos por qué ganar

Unámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograr

La tierra será de todosTambién será nuestro el marJusticia habrá para todosY habrá también libertadLuchemos por los derechosQue todos deben tenerLuchemos por lo que es nuestroDe nadie más ha de ser

No hay que ser pobre, amigoEs peligroso ser pobre, amigoNo hay ni que hablar, amigoEs peligroso ni que hablar, amigo

Unámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograr

Unámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograrUnámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograrSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograr

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Kast- En el final de un ciclo

Redacción piensaChile — Wed, 11 Feb 2026 23:03:10 +0000

11 de febrero, de 2026

En poco más de un mes José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile, un proceso que pareciera algo así como el retorno a un punto de partida. Después de todos estos años de lo que se llamó la transición a la democracia, Chile estará presidido por alguien que ―independientemente de los matices que algunos quieran darle— es, después de todo, un genuino exponente de lo que fue el pinochetismo.

Por cierto, esto no significa que su gobierno vaya a ser una copia de lo que fue la dictadura. Eso simplemente porque, dado el grado de control que la clase dominante ha impuesto en Chile, esas medidas extremas no son necesarias. La idiotización de la población orquestada por la televisión, especialmente, hace innecesarias esas medidas. El deterioro de la educación y el acomodo a una cultura de individualismo más el evidente estado de precariedad en los empleos de mucha gente, hacen muy improbable que en un futuro inmediato vaya a verse movilizaciones muy significativas.

Queda por verse cuál va a ser el enfoque que Kast va a dar a su gobierno. Al respecto, Axel Kaiser, hermano del líder del Partido Nacional Libertario, recomendaba hace un tiempo: “ir al shock de inmediato, no adoptar el gradualismo como había hecho (Mauricio) Macri en Argentina porque eso fracasaba”. ¿Podría ser ese el modelo que adopte el futuro presidente? En cierto modo y desde una perspectiva de extremismo duro ese approach podría tener sentido: medidas que sacudan aspectos importantes de la estructura del país pueden sorprender a una ciudadanía básicamente desmovilizada. Eso sí, dependiendo de cuan “chocantes” sean las medidas, ello podría desencadenar, a mediano plazo, un proceso parecido a lo que fue el estallido de 2019. Kast también debe considerar esa arista en aquel hipotético escenario extremo.

Sin embargo, si quiere empezar moviendo sus piezas con cierta habilidad, podría impulsar medidas en un área en que haya un apoyo transversal, la seguridad, por ejemplo. Prácticamente todos están por atacar del modo más duro posible el flagelo de la criminalidad. En ese terreno, podría proseguir y profundizar medidas que ya se han estado implementando en la actual administración como la remoción de los llamados toldos azules en el sector poniente de la comuna de Santiago, tarea en la que han convergido el alcalde derechista Mario Desbordes y el delegado regional de la presidencia, Gonzalo Durán.

El desalojo de esos verdaderos campamentos de comercio ambulante, controlados por bandas criminales, es una medida necesaria y que un futuro gobierno en búsqueda de consenso, por lo menos en el inicio de su gestión, bien podría extender: la Alameda en Santiago o la Avenida Valparaíso en Viña del Mar, que hoy lucen como gigantescos bazares de baratijas, bajo los cuales además se mueve mucha droga, deberían ser limpiadas y devolver así cierta seguridad a esas zonas. Eso sí, esos desalojos podrían no agradar a algunos en su sector: los capos que controlan las calles puede que sean donantes de su propia campaña, en tanto que los ambulantes seguramente son parte de ese conglomerado de pobres que votan por Kast y la derecha.

En búsqueda de medidas populacheras pero efectistas, la nueva administración bien puede escoger un blanco fácil: la cultura. Ya durante la campaña para la primera vuelta la entonces candidata Evelyn Matthei había sugerido que algunos de los recursos destinados a la cultura mejor se canalizaran a la seguridad y al ministerio público. Para un tipo de mentalidad en que la actividad cultural y artística es vista como algo si no superfluo al menos prescindible, el futuro gobierno puede sentirse tentado a desmantelar las estructuras que en la actualidad proveen apoyo financiero a la cultura.

Por cierto, no es que la derecha no tenga una política cultural, la tiene, pero no cuesta imaginar que esa es una política de mercado, por ejemplo reducir el rol del Estado o incluso sacarlo del apoyo a la actividad cultural, promoviendo en cambio, mediante deducciones tributarias, el mecenazgo empresarial. No extrañaría tampoco que se intente implementar algo parecido a lo que ha sido la política de financiamiento del cine en Argentina bajo Milei: producir lo que el mercado pide. Una política cultural basada en el mercado nos llevaría necesariamente a que el modelo de vulgaridad y tontería que hoy prevalece en los matinales televisivos o en las rutinas de los “humoristas” del Festival de Viña se transforme en el paradigma de la cultura chilena bajo el próximo gobierno.

Si Kast decide seguir la recomendación de Axel Kaiser y dar un sacudón fuerte en materia de gastos sociales, cortando beneficios que hoy favorecen a sectores de menores ingresos en la sociedad, es posible que no encuentre una reacción eficaz inmediata, y la que pueda surgir sería respondida al estilo de Milei, reprimiendo a los jubilados, por ejemplo. La actual fragmentación de la izquierda y de la futura oposición en general, seguramente sería aprovechada por el gobierno de Kast en ese escenario de shock intenso. Pero, por otro lado, un tal sacudón, aunque no inmediatamente sino en un mediano plazo, podría echar las bases de un estallido mucho mayor (y, esperamos, con real conducción política y no con puros impulsos) que podría poner en jaque todo el modelo neoliberal que ahora Kast busca reforzar.

Por cierto, como muchos otros análisis que se están haciendo en diversos campos de la izquierda y de la futura oposición, todas estas son hipótesis cuya factibilidad no es posible predecir. Lo único claro es que la asunción de Kast al gobierno el próximo 11 de marzo marcará un hito importante incluso en términos generacionales. Aquella generación de jóvenes de los años 60, que marchamos por Cuba y Vietnam, que veíamos el mundo girar a la izquierda, que soñamos construir un nuevo país en 1970 (“porque esta vez no se trata de cambiar un presidente…” como decía la canción), que vimos esas esperanzas truncadas tres años más tarde, aun seguimos vibrando cuando los últimos soldados estadounidenses huían humillados de Vietnam o cuando Nicaragua era liberada, y que terminada la dictadura en Chile parecía que al fin podrían “abrirse las grandes alamedas”, hoy ya en los tramos finales de nuestras existencias vemos con frustración que en realidad, se ha llegado al final de un ciclo.

El período que se viene, y no sólo en Chile, sino que en prácticamente todo el mundo, se ve bastante oscuro. Nuestra generación ya no verá el amanecer, pero como Eduardo Galeano menciona en uno de sus textos refiriéndose a “para qué sirve la utopía”, la que equipara a la línea del horizonte que mientras más uno avanza, más parece alejarse, pues bien, dice Galeano, para eso sirve: “para caminar”. En ese camino, otros seguramente tomarán el relevo.

Ahora, en este momento, es triste ver este lamentable final del ciclo, pero, si se me permite un “último acápite”, la travesía valió la pena. Y como decía Patricio Manns en una de sus canciones, “la derrota es siempre breve…” Aunque, claro está, uno bien puede preguntar qué es la brevedad.

*Fuente: ElClarin

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Los hechos (los que la justicia chilena no ha querido ver)

Redacción piensaChile — Thu, 30 Oct 2025 19:20:09 +0000

Créditos imagen de portada: Patricio Contesse (Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno) / Pablo Longueira (perfil de Facebook) / Marco Enríquez Ominami (Luis Bozzo / Agencia Uno). Fondo SQM (Agencia Uno)

30 de octubre de 2025

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28 EMPRESAS RECTIFICARON DECLARACIONES DE IMPUESTOS DESPUÉS DE QUE LA FISCALÍA ABRIÓ LA CAUSA

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23.10.2025

Por Gabriela Pizarro

Aunque tras el fallo absolutorio en el juicio oral del caso SQM se multiplicaron las críticas a esa investigación, lo cierto es que ese proceso dejó 10 condenados por emitir boletas falsas, los que fueron sentenciados con evidencia similar a la que ahora se desestimó; 132 imputados que aceptaron una salida alternativa por la solidez de la evidencia que enfrentaban; $3.700 millones recaudados por el fisco por multas a 28 empresas que rectificaron sus declaraciones ante el SII una vez que se inició la investigación y $2.550 millones pagados por SQM tras pactar con la fiscalía la suspensión del procedimiento contra esa empresa. La investigación comprobó que había un mecanismo para financiar ilegalmente a políticos, desde la UDI al PS. De hecho, SQM pagó US$30 millones en Estados Unidos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Y el exgerente de la minera, Patricio Contesse, confirmó ante los fiscales que la fórmula existió: “Estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel”.

Este miércoles 22 de octubre el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago absolvió a los últimos ocho acusados por el Ministerio Público en la causa por el financiamiento ilegal a la política desde las arcas de la minera SQM. El resultado desató una ola de críticas a la fiscalía, pero lo cierto es que, después de casi 11 años, la causa deja un balance que también incluye 10 condenados; 132 imputados que aceptaron una salida alternativa debido a solidez de la evidencia; $3.700 millones recaudados por el fisco gracias a los pagos hechos por 28 empresas que rectificaron sus declaraciones de impuestos después de que se inició la investigación y $2.550 millones que la propia SQM aceptó pagar después de pactar con la fiscalía la suspensión del procedimiento contra esa empresa. De este último monto, $900 millones fueron para el fisco y el resto para fundaciones de beneficencia. De esta manera, la recaudación fiscal total como efecto del caso SQM fue de $4.600 millones.

Más allá de los cuestionamientos a la labor de la fiscalía que se han escuchado en las últimas horas, lo cierto es que la investigación comprobó, sin lugar a dudas y con amplia evidencia, que había un mecanismo para financiar ilegalmente a políticos, desde la UDI al PS, a través de boletas o facturas ideológicamente falsas. El propio exgerente general de la minera, Patricio Contesse, lo confirmó en 2018, cuando declaró ante los fiscales: “Estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel”. Ahora, el mismo Contesse y algunos de los que recibieron su “apoyo” por fuera del marco legal, fueron absueltos.

La causa que esta semana recibió su sentencia de primera instancia involucró a una amplia gama de políticos, desde la UDI al PS, y llegó a acumular más de 180 procesados, la mayoría personas que emitieron boletas falsas -por trabajos que nunca hicieron- que eran pagadas por SQM, dinero que finalmente financiaba actividades políticas de manera ilegal. Entre los últimos acusados, ahora absueltos, se cuentan el mencionado exgerente Contesse, el exsenador y exministro Pablo Longueira (UDI) y el candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami.

La causa pasó por diferentes fiscales en la década que duró, quienes lograron develar detalles del financiamiento político ilegal proporcionado por la minera que era controlada por el yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Ese mecanismo ilegal funcionó por muchos años en la oscuridad. La causa judicial probó que fue utilizado en las campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, y lo mismo respecto a un nutrido grupo de parlamentarios y partidos políticos. Así lo reconocieron muchos de los involucrados en la causa, incluido el gerente Contesse, de acuerdo a lo que declaró ante la fiscalía en 2018, según publicó La Tercera: “Mi propósito fue hacer ayudas políticas”, sostuvo el ejecutivo de mayor confianza de Ponce Lerou.

El terremoto abrió el camino para que otras empresas rectificaran sus registros contables ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), retirando boletas y facturas relacionadas con políticos, por supuestos trabajos de los que no había pruebas que se hubiesen prestado. Por esa vía, al menos 28 empresas hicieron rectificaciones y pagaron multas que, hasta 2020, le habían permitido al fisco recaudar más de $3.700 millones (vea ese reportaje).

Además, SQM aceptó pagar $2.550 millones tras negociar con la fiscalía la suspensión del procedimiento contra esa empresa, como persona jurídica, lo que se concretó en 2018. De ese monto, $900 millones fueron para el fisco y el resto se entregó a cuatro fundaciones de beneficencia. Si se suman estos $900 millones con los $3.700 millones recaudados por el SII tras las rectificaciones hechas por 28 empresas, en total el fisco recibió $4.600 millones como efecto de la investigación abierta contra SQM. Entre las empresas que rectificaron figuran Celulosa Arauco, Empresas Copec y Abastible (del grupo Angelini), Ripley Corp, Corpbanca (el banco que pertenecía al grupo Saieh), Cencosud (controlado por Horts Paulmann), Banco BCI (controlado por la familia Yarur) e Inversiones Newport (del grupo Said).

Otra prueba de que el mecanismo ilegal sí existió tuvo lugar en Estados Unidos. Frente a la justicia de ese país, SQM reconoció el fraude por boletas falsas para financiar políticos y debió pagar multas que superaron los US$30 millones por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (vea ese reportaje de CIPER).

DISPUTA EN EL MINISTERIO PÚBLICO

El inicio de la causa, a comienzos de 2015, estuvo liderado por el exfiscal Carlos Gajardo. Bajo su mando se logró el acceso a los registros contables de SQM, donde comenzaron a aparecer los nombres que desataron la crisis en los partidos involucrados. Hasta ese momento, el financiamiento ilegal a la política lo protagonizaba el Grupo Penta y sus millonarios traspasos a la UDI. Pero con SQM ese terremoto se expandió hasta el PS, pasando por RN, el PRI, la DC y el PPD.

En ese momento, la fiscalía apostó por abordar los hechos como delitos tributarios. Esa vía parecía la mejor alternativa frente a la legislación de la época, que establecía que los delitos por financiamiento ilegal de campañas prescribían al año, por lo que ese tipo de ilícitos ya no se podían imputar. El gran problema del camino tributario era que la facultad de perseguir esos delitos recaía exclusivamente en el SII, por lo que, sin denuncias o querellas del servicio, la fiscalía no podía acusar. Ese escenario desató una disputa dentro del SII, frente a las presiones que ejerció el gobierno de Michelle Bachelet para que la investigación no avanzara (vea ese reportaje de CIPER).

Las presiones también tuvieron repercusiones en el Ministerio Público, donde hubo intentos de apartar al fiscal Gajardo. Para frenar la polémica, en una decisión inédita el fiscal nacional de la época, Sabas Chahuán, asumió la causa de SQM y también la de Penta. En esos últimos meses de la gestión de Chahuán la investigación avanzó a paso firme.

A esa altura, ya figuraban como receptoras de fondos de SQM –investigadas por la fiscalía y denunciadas por el SII– personas y sociedades relacionadas con los exsenadores Jorge Pizarro (DC), Jovino Novoa (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Andrés Allamand (RN), el exdiputado Roberto León (DC), el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI) y el entonces embajador en Paraguay Alejandro Bahamondes (exvicepresidente del PPD). También había aparecido una sociedad de Cristián Warner, hombre de confianza de Marco Enríquez Ominami (PRO).

Cuando Sabas Chahuán concluyó su periodo a cargo de la Fiscalía Nacional, a fines de 2015, asumió ese puesto Jorge Abbott, quien en su discurso ante el Senado (que votó para elegirlo) aseguró que el Ministerio Público no investigaría si el SII no presentaba querellas, además de mostrar su preocupación por las filtraciones a la prensa y la importancia de la “prudencia” en los fiscales, lo que se entendió como un reproche a Gajardo.

Tras asumir como fiscal nacional, Jorge Abbott le entregó la causa al entonces fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.

LAS PRIMERAS CONDENAS

En 2016 se concretaron las primeras salidas alternativas para varios de los llamados “boleteros” vinculados a figuras conocidas. A lo largo del caso, más de 132 personas fueron beneficiadas por esa vía, con lo que evitaron condenas y enterraron para siempre los detalles sobre quién terminó recibiendo el dinero, pues la suspensión condicional permite a los imputados librar del juicio sin asumir responsabilidad por los delitos ni aclarar dudas no resueltas en la investigación (vea aquí el listado completo de los suspendidos condicionalmente).

Además de los 132 beneficiados con salidas alternativas, la causa acumuló 69 involucrados que fueron sobreseídos por prescripción de los delitos (vea esa nómina completa).

En 2017, el fiscal Gómez consiguió nueve de las diez condenas logradas por el Ministerio Público a lo largo del caso, todas a través de juicios abreviados: los involucrados reconocieron parte de los hechos a cambio de condenas más bajas y evitar un juicio oral.

Entre esos condenados estuvo Giorgio Martelli, principal recaudador de fondos para las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, quien reconoció haber obtenido más de $342 millones desde SQM a través de facturas falsas, para financiar ambas campañas. Por esos delitos tributarios reiterados recibió una condena de 800 días de pena cumplida en libertad y una multa de casi $3 millones. Por el financiamiento ilegal de la campaña de Frei también fue condenada en un juicio abreviado Clara Bensan, contadora del exmandatario.

Otro de los condenados fue Patricio Rodrigo (PPD), quien recibió una pena de 600 días y una multa por delitos tributarios. La investigación acreditó que fue parte del entramado que armó el PPD para, entre 2011 y 2012, canalizar $57 millones provenientes de SQM Salar, filial de SQM, para financiar actividades del partido a través de un contrato por servicios que no se prestaron.

Según publicó CIPER en 2016, Sergio Ortega, exjefe de Administración y Finanzas del PPD, también imputado, declaró que la fórmula implicaba recibir los dineros a través de la Corporación Chile Ambiente, entidad dirigida por Patricio Rodrigo, histórico colaborador de Guido Girardi, para luego redirigir esos fondos hacia el PPD. El mismo Ortega declaró que cuando Carolina Tohá presidía el PPD, ella supo de esta fórmula.

Quien también recibió condena a través de un juicio abreviado fue Humberto de la Maza, expresidente del Partido Regionalista Independiente (PRI). La investigación determinó que armó una red de boleteros y se coordinó con el fallecido senador Adolfo Zaldívar para mover más de $164 millones desde SQM.

Claudio Eguiluz, exvicepresidente de RN, reconoció en un juicio abreviado haber emitido 25 boletas por $125 millones, además de facilitar boletas a la minera por otros $340 millones. Por ese delito tributario reiterado fue condenado a 800 días de pena cumplida en libertad y al pago de una multa de unos $3 millones.

El resto de los condenados por juicio abreviado en 2017 fueron Andrés Antonio Fuentes Echevarría (independiente de derecha), Roberto Guzmán Lyon (exmano derecha del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou) y Luis Saldías Varas (empresario y amigo de Contesse).

En todas esas condenas se determinó que quien canalizó los pagos desde el interior de SQM fue su entonces gerente general, Patricio Contesse, formalizado al menos diez veces durante la investigación. Según la fiscalía, Contesse acordó pagos indebidos por más de $6.900 millones desde SQM y sus filiales involucradas. El exgerente general no se acogió a un juicio abreviado y optó por llegar a juicio oral, donde obtuvo la absolución el pasado miércoles.

La última condena del caso llegó en marzo de 2020, cuando la causa ya se encontraba en manos de la actual fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La condena fue contra el hijo del exsenador Jorge Pizarro (DC), Sebastián Pizarro Cristi. En la investigación se comprobó que el hijo del senador emitió facturas falsas a través de una de sus empresas, para recibir $45 millones de SQM. La fiscalía insistió en que, de esos dineros, al menos $28 millones fueron entregados al entonces senador. Pero el Ministerio Público no pudo perseguir al parlamentario, pues la Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero en su contra.

UN CAMBIO EN LA LEY DE ROYALTY

En 2016, justo después de que el fiscal Pablo Gómez —aún a cargo del caso— advirtiera que los delitos tributarios por financiamiento ilegal a la política no tendrían pena de cárcel, un reportaje de CIPER hizo estallar la segunda bomba del caso: un episodio hasta ese momento desconocido de la cercana relación entre Patricio Contesse y Pablo Longueira, exsenador, líder de la UDI y exministro de Economía durante el primer periodo de Sebastián Piñera.

El reportaje mostró cómo, en plena tramitación de la Ley de Royalty Minero, mientras Longueira era senador, Patricio Contesse le envió la redacción de un artículo para incluirlo en el proyecto de ley, cuyo contenido le aseguraba a SQM beneficios tributarios. Ese artículo finalmente se incluyó de manera casi textual en la normativa, que fue aprobada, y luego sería el propio Longueira quien firmaría los contratos que permitieron que se concretara el beneficio tributario, mientras ejercía como ministro de Economía (vea ese reportaje de CIPER).

Un estudio encargado por la propia minera a la consultora estadounidense Shearman & Sterling determinó que SQM le entregó más de $700 millones a personas que integraban una extensa red de “boleteros” relacionados con Longueira y que el exsenador fue, por lejos, el político cuyo entorno recibió más dinero desde la minera. De hecho, en el documento en el que SQM reconoció ante la justicia de Estados Unidos los pagos indebidos, se incluyeron a modo de ejemplo algunos casos que no fueron individualizados, pero las descripciones que se hacen en el texto permiten identificar a cuatro políticos, dos de los cuales son Longueira y Marco Enríquez Ominami, quienes ahora fueron absueltos en primera instancia (vea aquí ese veredicto).

*Fuente: CiperChile

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Tohá, candidata del empresariado para reconstruir la Concertación

Redacción piensaChile — Mon, 17 Mar 2025 23:12:20 +0000

Tohá, candidata del empresariado para reconstruir la Concertación, ofrece balas, toques de queda y desalojos como programa de gobierno

08/03/2025

Mate al Rey 176.

La renuncia de Carolina Tohá a su condición de Ministro del Interior da inicio formalmente a su candidatura presidencial. Sin embargo —como lo demostró la funa de la que fue objeto ayer en el centro de Santiago— a pesar de contar con el apoyo del empresariado, la Derecha y los medios de comunicación del régimen, ella es una candidata repudiada por el pueblo.

Por eso, a pesar de llevar años en campaña, no marca más de 3% de apoyo en las encuestas.

Candidata por descarte de Bachelet, es una fría muestra del fracaso de Boric para proyectar su Gobierno como una alianza renovadora. Por el contrario, Tohá se presenta como la candidata restauradora del régimen de los 30 años, reconstructora de la Concertación, cuya única agenda política es la represión, los toques de queda, el encarcelamiento de los luchadores y los desalojos los pobladores. Más de derecha que Tohá, imposible.

De todos modos el camino no lo tiene fácil, cualquier oponente como Vodanovic u Orrego en primarias podría terminar abruptamente con su candidatura. De todos modos su carrera pareciera diseñada desde el poder para entregar el Gobierno a Matthei, proseguir con los recambios y permitir el rearmado del progresismo para volver en cuatro años más. La completa ausencia de referencias políticas de izquierda en el campo de los trabajadores, permite diseñar un camino de este tipo.

El escandaloso apagón eléctrico que dejó sin electricidad al 98% de la población el pasado 25 de febrero, no solo es expresivo de la precariedad tecnológica de nuestra servicio eléctrico usurpado por las multinacionales, puso además de manifiesto que frente a cualquier coyuntura la respuesta del régimen es lanzar los «militares a la calle», una respuesta incomprensible y violatoria de los DDHH cuya vocería estuvo en boca de la flamante candidata Tohá.

Finalmente y para terminar, la política articulada por ella desde el Ministerio del Interior, definió desde su inicio una guerra en contra de los trabajadores y el pueblo explotado.

Clara demostración de este hecho lo puso en evidencia el desalojo de los pobladores de la Toma Edén de Lajarilla en Viña del Mar, en una acción represiva con centenares de COP de carabineros, blindados y drones, se lanzó a 400 pobladores a la calle y se les destruyeron sus viviendas, contra lo resuelto por la Corte Suprema que ordenaba que para que se efectuara el desalojo era necesario garantizar albergue y almacenaje de los enseres personales de las familias.

Tal lanzamiento, efectuado mientras se realizaba la salida de Tohá en La Moneda, despidió a la candidata del empresariado con un generoso acto violatorio de los DDHH.

El lanzamiento de los pobladores de Lajarilla demuestra que el único camino de los pobladores para enfrentar los masivos desalojos ordenados, es el de la resistencia, organización{on y movilización{on. Nada podemos esperar de las podridas instituciones del régimen, ni de sus tribunales, municipios ni del Gobierno.

Conducción: Gustavo Burgos Velásquez; Panelista: Marco Riquelme García; Dirección y edición: Sergio Rizenverg Cohen; Asistente de edición: Juan García Brun

*Fuente: ElPorteño

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Chile turbio: el retorno al Estado de Juan Carvajal Trigo, el delator.

Redacción piensaChile — Tue, 19 Mar 2024 22:41:14 +0000

19 de marzo de 2024

Acusado de delatar a Antonioletti asesoró a Secom para posicionar autoridades de Gobierno: Contrato alcanzó los $25 millones por seis meses de trabajo

Juan Carvajal Trigo se desempeñó como director de la Secretaría de Comunicaciones en el primer gobierno de Bachelet. Durante el segundo semestre de 2023 reingresó a las filas de La Moneda como asesor del mismo organismo. RESUMEN acreditó que su contrato, por seis meses de trabajo, alcanza los $25.350.000 dirigido al posicionamiento de autoridades del Gobierno.

Juan Wener Carvajal Trigo es un nombre reconocido en el mundo político de Chile. Ligado al trabajo de prensa, encabezó la dirección de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, organismo dependiente del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.Carvajal volvió a La Moneda bajo la administración de Gabriel Boric en el contexto del Caso Fundaciones, dedicado a lo que -anunciaron en ese momento- se trataría de una asesoría a la misma Secom de la que anteriormente fue director. Sin embargo, el militante del Partido Socialista no es solo recordado por ello.

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Juan Carvajal también ha sido señalado como quien delató en noviembre de 1990 a Marco Ariel Antonioletti, militante del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) que, tras una operación de rescate del Hospital Sótero del Río, fue llevado a la comuna de Estación Central donde se hospedó en la casa de una colaboradora del partido quien, a la vez, era pareja en esa época de Juan Carvajal.

Marco Ariel Antonioletti | Fotografía obtenida a través de redes sociales

Tras la llegada de Antonioletti y su identificación en medios de prensa, recoge un reportaje de CHV, «Carvajal lo delató a su amigo, el subsecretario Ricardo Solari, se reunieron dos veces en La Moneda con el ministro del Interior subrogante, Belisario Velasco, planificándose un control sobre la zona», donde se pretendía que el militante del MJL fuera interceptado.

Sin embargo, la Policía de Investigaciones se desplegó anticipadamente en el lugar, acribillando la vivienda y asesinando con un disparo en la cabeza a Marco Ariel. El hecho ha sido ampliamente abordado en relatos de militantes del MJL y de Andrea Osorio (su pareja), artículos de investigación, reportajes de prensa, capítulos de libros e incluso voces de la clase política registradas en documentales.

El historiador Nicolás Acevedo Arriaza ha señalado, sobre el caso, que la «Policía de Investigaciones, luego de asesinar a Antonioletti, detuvo a la familia de Carvajal, quien se había refugiado junto a sus hijos y esposa en una pieza durante el ataque. Juan Manuel Carvajal, hijo menor del dueño de casa, recuerda que su hermano fue amarrado de manos porque se le creía ejecutor de los disparos. Finalmente, la familia salió libre ese mismo día. Con los años se supo que el propio Carvajal había denunciado a Antonioletti, partiendo a Europa por temor a represalias».

Por la puerta ancha y por $25 millones

RESUMEN revisó documentación, obtenida vía transparencia, relacionada al contrato que sostiene Juan Carvajal Trigo con la entidad dirigida por el militante de Revolución Democrática, Pablo Paredes, y a la vez dependiente de la cartera ministerial de Camila Vallejo, militante del Partido Comunista.

Entre la documentación se encuentra un contrato a honorarios (puedes revisarlo acá) firmado entre la subsecretaria Nicole Cardoch Ramos y Juan Carvajal, donde se estipula que las funciones a cumplir constarían de «asesorar a la Dirección en la elaboración y desarrollo de estrategias comunicacionales para el posicionamiento de las autoridades de Gobierno. Asesoría estratégica para el seguimiento de compromisos institucionales».

Juan Carvajal Trigo | Fotografía de redes sociales

El contrato cuenta con una vigencia desde el 13 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año, correspondiéndole a Carvajal un honorario bruto de $25.350.000, el cual «se pagará en una cuota correspondiente al mes de julio de $2.850.000 y 5 cuotas mensuales de $4.500.000».

Entre las cláusulas del millonario contrato se estipula que la persona contratada «tendrá la obligación de emitir y enviar un informe por escrito mensualmente a su Supervisor (…) detallando las funciones, tareas, asesorías desempeñadas o estudios encomendados».

RESUMEN corroboró que existen certificaciones que dan «cumplimiento a las funciones señaladas en el contrato a Honorarios». En estas, entre los meses de julio y noviembre de 2023, las principales actividades desarrolladas corresponden a asesorías de posicionamiento medial y evaluaciones semanales.

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Reconocimientos a Ricardo Lagos

Redacción piensaChile — Sat, 03 Feb 2024 18:26:21 +0000

03 de febrero de 2024
Con ocasión de su anuncio de retirarse de la vida pública, el ex presidente Ricardo Lagos ha recibido reconocimientos desde diversos ámbitos políticos. Pero estos palidecen respecto de los fervorosos elogios recibidos por quienes se consideraron en su momento como los más favorecidos por su obra de gobierno: los grandes empresarios, y políticos y economistas de derecha.

Así, en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) que todos los años reúne a altas autoridades de Gobierno con grandes empresarios, a fines de su gobierno en noviembre de 2005 Lagos fue varias veces ovacionado por la concurrencia a lo largo de su discurso (ver La Nación; 30-11-2005). Asimismo, en octubre de 2005, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, expresó que a Ricardo Lagos

“mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá (en Chile) porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo”
(La Segunda; 14-10-2005).

A su vez, el destacado empresario y economista, César Barros, sostuvo el día final del gobierno de Lagos que “las alabanzas empresariales dejan pequeñas a las ‘declaraciones de amor’ que le hiciera la cúpula empresarial finalizada la APEC. Un grupo de amigos empresarios que denominaban a Don Ricardo ‘El Príncipe’ (tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República) han optado en llamarlo, de ahora en adelante, ‘Zar de todos los Chiles’ (…) Antes de este gobierno, los empresarios repetían el padrenuestro del rol subsidiario del Estado (…) Y, por lo tanto, un príncipe socialista solo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos; y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración” (La Tercera; 11- 3-2006).

Y el mismo Barros comparó la situación de Lagos con la del hijo pródigo de la parábola evangélica (Lucas 15; 11-32), efectuando una analogía del padre (Dios) con la derecha económica; del hijo mayor –que siempre se mantuvo apegado al padre- con la derecha política; y del hijo pródigo -el pecador arrepentido- con Lagos y la izquierda. Y concluyó señalando que cuando la derecha económica comprueba que la conversión de Lagos y sus ministros a las políticas liberales “es sincera y decidida, no quedaba más que hacer una gran fiesta; esta vez de discursos y abrazos. Porque nos habíamos reencontrado con la izquierda en lo fundamental” (Ibid.).

Por su parte, el dirigente de la UDI y empresario, Herman Chadwick, declaró respecto de Lagos en marzo de 2006 que

“considero que su gobierno fue muy bueno y que el ex Presidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar”;

e incluso dijo que

“el Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos. Hizo grandes reformas en la sociedad chilena que estaba muy ahogada, había muchos problemas, temas que no se colocaban en la agenda”
(El Mercurio; 21-3-2006).

A su vez, el ultra-pinochetista Hermógenes Pérez de Arce planteó luego del fin del gobierno de Lagos que

“la derecha ha visto como el modelo de desarrollo económico-social que ponen en práctica los sucesivos gobiernos concertacionistas se parecen mucho más al que ella siempre prohijó que a los proyectos propios y originales de la izquierda y de la DC”
(El Mercurio; 19-3- 2006).

Y también el connotado empresario pinochetista, Ricardo Claro, en lo que fue quizás su última entrevista pública, dijo:

“Lagos es el único político en Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro ni en la derecha ni en la DC”
(El Mercurio; 12-10-2008).

Y a nivel internacional el principal adlátere de Milton Friedman en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, señaló en 2007

“que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo”
(El País; 14-3-2007).

Por cierto, los panegíricos de la derecha y el gran empresariado chileno no solo han estado referidos al gobierno de Lagos. Así, la senadora de la UDI Ena von Baer señaló en 2019 que

“Chile Vamos es el heredero de la Concertación, porque estamos orgullosos del país que la Concertación, en conjunto con nosotros, construyó” (La Tercera; 20-4-2019).

A su vez, el mismo Harberger dijo en una entrevista en 2010 que

“yo creo que el motivo principal (…) de la Universidad de Chicago, fue traer la buena ciencia económica a Chile, y yo creo que tuvimos éxito en eso. Ese convenio con las Universidades Católica y de Chile generó que tuviésemos representantes de nuestro grupo en cada gobierno”;

“yo creo que ha habido una gran evolución de política económica en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo (…) y eso ha seguido hasta hoy que yo sepa. Claro que (…) hay diferencias de milímetros y centímetros, pero no grandes diferencias”
(El Mercurio; 19-12-2010).

Y quizás el más elocuente en sus alabanzas al conjunto de la Concertación fue el cientista político de RN, Oscar Godoy, quien al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió:

“Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho”
(La Nación; 16-4- 2006).

Más sobre el tema:

Estaban tan entusiasmados alabando y recibiendo alabanzas, que… No lo vieron venir. Y parece que siguen sin ver lo que de nuevo se está gestando.

Paulsen: “No lo vimos venir”

Se quedaron con los crespos hechos, pero ¡los problemas de millones de chilenos siguen sin una base para construirles soluciones!

El articulo Reconocimientos a Ricardo Lagos apareció primero en piensaChile.

1983-2023: Desde el regalo de la mayoría parlamentaria hasta hoy

Redacción piensaChile — Thu, 28 Dec 2023 22:18:54 +0000

28 de diciembre de 2023
Se ha convertido en un verdadero tabú el solo mencionar el virtual regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por el liderazgo de la Concertación a la derecha en 1989, mediante el acuerdo de Reformas Constitucionales concordado con Pinochet y ratificado por un plebiscito el 31 de julio de ese año.

Dicho regalo consistió en modificar los artículos originales de la Constitución del 80 (65 y 68) que le permitían al gobierno que estrenaría la Constitución permanente (obviamente pensando en que Pinochet sería ratificado en 1988) disponer de mayoría parlamentaria simple teniendo solamente mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra. En efecto, Pinochet habría tenido con seguridad mayoría en el Senado, con los nueve senadores designados; y habría alcanzado demás a tener un tercio en diputados, gracias al sistema electoral binominal. Pero como el dictador perdió el plebiscito de octubre del 88; aquel prospecto se revertiría beneficiando también con seguridad al próximo presidente de la Concertación, Patricio Aylwin. Esto, porque la Concertación habría tenido demás la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (lo que en efecto ocurrió); y habría logra- do igualmente, con plena certeza, el tercio del Senado. Recordemos que el Senado original estaba integrado por 26 senadores electos, correspondientes a las 13 regiones de ese entonces; y por los 9 designados, es decir, por 35 miembros. Y siendo el tercio de 35, 12; y considerando que la Concertación –en el peor de los casos- elegiría uno por región; aquello significaba que terminaría al menos con 13.

Y aquí vino lo insólito, pero que quedó ocultado por el hecho de que el acuerdo entre la Concertación y Pinochet fue de un “paquete” de 54 reformas que se plebiscitó como tal: El liderazgo de la Concertación aceptó que se elevaran los quórums para las leyes simples ¡a mayoría absoluta en ambas cámaras, pero sin eliminar los senadores designados!, con lo que evidentemente perdería la mayoría parlamentaria segura. Como hay muchos que por ignorancia o malicia niegan que haya ocurrido lo anterior, es importante que el lector conozca de primera mano el tenor del principal de aquellos dos artículos de la Constitución original, el 65: “El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios presentes”. El cambio del Artículo 68 constituye un simple derivado de aquel.

Explicar aquello por el temor es absurdo, porque nadie le regala más poder al adversario que teme. Además, como el propio Boeninger lo reconoció en su libro de 1997: “Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad” (Edit. Andrés Bello; pp. 347 y 349), no existía ninguna condición nacional ni internacional para intentar siquiera un nuevo golpe de Estado. Comprobación de ello fue la derrota total del amago de Pinochet en esa dirección en la madrugada del 6 de octubre del 88, debido a la frontal oposición a ello de la Armada, Aviación y Carabineros; y del conjunto de la derecha, incluyendo al mismo Jaime Guzmán. Y menos todavía habría habido chance de ello ¡porque la Concertación se opusiese a un cambio de la Constitución impuesta por el propio Pinochet!…

La explicación de fondo la revela el mismo Boeninger cuando señala que el liderazgo de la Concertación llegó, a fines de los 80, a “una convergencia (con el pensamiento económico de la derecha) que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369). De este modo, si la Concertación hubiese tenido ¡desde marzo de 1990! mayoría parlamentaria simple habría quedado desnuda frente a sus bases en su falta total de voluntad de hacer cambios profundos en la legislación laboral, sindical, de salud, tributaria, universitaria y, en general, de todas las estructuras económico-sociales impuestas por la dictadura y que no re- querían de quórums supra-mayoritarios para modificarlas. En cambio, al regalar solapadamente aquella mayo- ría quedaba habilitada para culpar al hecho de no tener mayoría el que no se pudiesen hacer esos cambios. ¡Y esa fue precisamente la letanía que hemos escuchado más de treinta años!

Y, por cierto, todo lo anterior explica la unanimidad y persistencia de dicho liderazgo en negarse absolutamente a mencionar el tema y ¡ni siquiera para rebatirlo las pocas veces que se ha mencionado!; para así “no darle más luz al gas”… De partida, uno de los mismos negociadores de la Concertación de aquellos acuerdos con Pinochet, el abogado y académico radical, Carlos Andrade Geywitz, en un voluminoso estudio de 339 páginas sobre dichos acuerdos (“Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980”, Edit. Jurídica de Chile, 1991), ¡se hizo completamente el leso respecto de aquello! (Ver pp. 229-30). Y así, hasta hoy.

Ni siquiera Edgardo Boeninger -que había reconocido crudamente la derechización del liderazgo concertacionista y el engaño del gobierno de Aylwin de ¡buscar no hacer justicia respecto de las violaciones de derechos humanos, salvo en el caso Letelier! (Ver p. 400)- se atrevió a reconocer la enormidad de lo que significaba para el país el haber regalado la mayoría parlamentaria. Pero en definitiva, con dicho acuerdo solapado y engañoso se estableció en nuestro país el “bloque consensual” (Derecha-Concertación) que desde 1990 ¡ha aprobado toda transformación constitucional y legislativa de común acuerdo!…

Y el ocultamiento se ha mantenido hasta hoy pese a los pocos que hemos mencionado el tema. Según entiendo, el primero en hacerlo fue Andrés Allamand, en su libro publicado en 1999, “La travesía del desierto” (Edit. Aguilar) cuando dijo, para justificar el acuerdo de Reformas de 1989, que luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito “ahora tocaría estar al otro lado del mesón (en la oposición) y era evidente la conveniencia de disminuir algunas de las exorbitantes facultades del Ejecutivo (insertas en la Constitución original del 80), como la de disolver la Cámara de Diputados o aquella inaudita que le habría permitido aprobar leyes sólo con mayoría en una cámara y apenas un tercio de la otra” (p. 180).

Y luego, en 2000, lo hizo el suscrito en el capítulo tres de “Chile: Una democracia tutelada” (Edit. Sudamericana), titulado: “El ‘pacto secreto’: la entrega de la mayoría parlamentaria”; y colocando en la contratapa: “El libro que revela el ‘pacto secreto’ de la transición”. Y posteriormente también lo traté en detalle en 2006 en el capítulo: “Adaptaciones neoliberales y renuncias democráticas” que apareció en el libro colectivo: “Gobierno de Lagos: Balance crítico” escrito además por Horacio Brum, Hugo Fazio, Claudia Lagos, Hugo Latorre, Rafael Otano, Manuel Riesco, Gabriel Salazar y Gonzalo Villarino. Asimismo, lo he mencionado en varios artículos de prensa. Ciertamente que muchos académicos y periodistas han mencionado también este insólito y trascendental hecho de nuestra historia, pero también -hasta la fecha- con escasa fortuna en cuanto a hacerlo conocido por la generalidad de los chilenos.

Y la misma derechización del liderazgo de la Concertación que le llevó a regalarle a la derecha la mayoría parlamentaria en 1989, le llevó posteriormente a sus gobiernos a provocar el exterminio ¡de todos los medios escritos de centro-izquierda que habían surgido en los 80 y que se crearon en los 90! Esto básicamente a través de la también solapada y muy efectiva discriminación del avisaje estatal en contra de ellos. La razón inconfesable de esto fue que los directores y periodistas de esos medios –que no compartían la derechización encubierta del liderazgo de la Concertación- se convertirían, a la larga, en los verdaderos opositores de sus políticas neoliberales, “desnudando” su derechización a sus bases políticas y sociales de apoyo.

Y esa misma derechización fue la que también finalmente condujo a la dirigencia de la Concertación a asumir como propia la Constitución del 80, con algunos cambios de importancia –concordados con la derecha en el Congreso- pero que no alteraban su esencia autoritaria y neoliberal. De este modo, Lagos y todos sus ministros sustituyeron las firmas de Pinochet y de los demás miembros de la Junta en 2005; en un acto en que Lagos ensalzó el nuevo texto, señalando que por fin Chile tenía nuevamente una “Constitución democrática” que representaba a todos los chilenos.

Todo este armatoste consensual entre la Derecha y la Concertación empezó a crujir con el movimiento social de 2011 y las crecientes demandas de Asamblea Constituyente. Y si bien estas fueron rechazadas pública y despectivamente por el propio Lagos, Insulza, Escalona (era “fumar opio”) y el presidente del PS de la época, Osvaldo Andrade (“una nueva Constitución será para nuestros tataranietos”); no le “quedó otra” a Bachelet en 2013 que prometer luchar por una nueva Constitución. Incluso promovió unos tristemente célebres “cabildos” que no provocaron ningún resultado. Y finalmente ¡cuando se iba Bachelet en 2017 presentó al Congreso un proyecto de “nueva Constitución” que quedó para los archivos!

Y para buscar neutralizar la revuelta social de 2019, el bloque consensual Derecha-Concertación generó con mucha habilidad el tristemente célebre Acuerdo del 15 de noviembre, logrando incluso la subordinación a él del Frente Amplio y el PC. Por él, la población se vio nuevamente engañada al ser convocada a un plebiscito por el que creyó que podría lograr la convocatoria a una “Asamblea Constituyente” que aprobara democráticamente una nueva Constitución, cuando se estipuló -sí o sí- que se requeriría un quórum de dos tercios para aprobarla…

Pero como el resultado de las elecciones de convencionales de mayo de 2021 fue desastroso para el “bloque consensual”, logrando poco más de un tercio de los convencionales; para no quedar “desnudo”, los ex concertacionistas del bloque se vieron obligados a concordar una Constitución bastante más progresista de la que querían. Sin embargo, maquiavélicamente el bloque logró una absurda e inédita neutralización del nuevo texto en caso que ganase el Apruebo el plebiscito de septiembre de 2022: Que la eventual concreción legislativa de aquel, la hiciese ¡el Congreso de la Constitución actual que ya estaría fenecida y donde la sola derecha tiene un poder de veto con su 50% del Senado! Y, nuevamente, el Frente Amplio y el PC se subordinaron a ello, con lo que ya virtualmente se han convertido, en definitiva, en una dependencia fáctica del “bloque consensual”.

Pero, de todos modos, este bloque (con algunas disidencias de su “izquierda”, para no quedar desnudos) utilizó abrumadoramente su poder comunicacional para engañar torcidamente a la mayoría de la población convenciéndola que ¡hasta podrían quitarles las casas y sus ahorros previsionales si ganaba el Apruebo! Ello hizo que se impusiera el Rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022. Y que, entonces, el Bloque consensual llegara a un acuerdo completamente antidemocrático, por el que el Congreso actual ¡definió 12 bases para una “nueva” Constitución! y lo que llegó al colmo: ¡designó “expertos” de su confianza para que elaboraran el texto!

Pero también dicho bloque tuvo una sorpresa cuando en la elección de los 50 consejeros para confirmar “democráticamente” el nuevo engendro, el triunfo se lo llevó el partido más de extrema derecha (Republicano) que había surgido al margen del bloque, para que se mantuviese la misma Constitución. Y, notablemente, ese Partido quiso aprovechar su sorprendente triunfo para tratar de imponer un texto aún más derechista y neoliberal que el actual. Esto “obligó” al sector más de “izquierda” del bloque consensual a manifestar su rechazo al nuevo texto y a preferir, como lo reconoció la consejera María Pardo del Frente Amplio, “defender la Constitución de Pinochet” (“La Segunda”; 18-10-2023).

Y con el reciente triunfo del “En contra” hemos llegado ¡luego de cuatro años! a la consagración final plebiscitaria (ya que en 2005 se cometió el “error”, según han confesado políticos de la derecha y de la ex Concertación, de no plebiscitar el acuerdo de ese año) de la Constitución del 80, ciertamente con algunos “perfeccionamientos”. Es decir, una victoria total tan gigantesca de la derecha que incluso su aparente “derrota” constituye un gran triunfo.

Es decir, desde el solapado regalo de la mayoría parlamentaria a la derecha en 1989, al actual “triunfo” de la “centro-izquierda” en el reciente plebiscito de diciembre de 2023; podemos constatar porqué ¡las seis elecciones de presidentes proclamadamente de centro-izquierda en Chile han significado un verdadero y sistemático fraude a la sociedad chilena!, ya que sus vencedores terminaron legitimando y consolidando (pese a todas sus fisuras) el modelo extremadamente neoliberal impuesto a sangre y fuego por la dictadura, con sus privatizaciones a favor de grandes grupos económicos; Plan Laboral; AFP; Isapres; ley minera que ha desnacionalizado más del 70% del cobre; sistema tributario que permite la “elusión” de los más ricos; universidades privadas con fines de lucro; irrelevancia de sindicatos, juntas de vecinos y cooperativas; inserción solitaria y subordinada de Chile a la globalización neoliberal; etc. etc.

El articulo 1983-2023: Desde el regalo de la mayoría parlamentaria hasta hoy apareció primero en piensaChile.

Corrupción de los gobiernos de la Concertación en el «Caso Clarin»

Redacción piensaChile — Thu, 30 Nov 2023 22:31:49 +0000

Imagen superior: Victor Pey, ingeniero español, llegado a Chile en el barco Winnipeg, propietario del diario El Clarin, el periódico de mayor circulación en Chile hasta el 11 de septiembre de 1973

30 de noviembre de 2023

Estimad@s amig@s:

Del «Caso Clarín» -tan desconocido y que fue y es tan importante para la materialización del duopolio «El Mercurio-COPESA», instrumentado por la Concertación y la derecha- es crucial conocer toda su oscura trama inicial la que fue develada por un notable artículo que publicó nuestra recordada Patricia Verdugo en la Revista Rocinante en 2002. Artículo que, pese a que constituía una «bomba», no fue desmentido en absoluto y fue exitosamente ignorado por el establishment Derecha-Concertación.

Dado que el «caso» continúa hoy en los tribunales chilenos, es altamente relevante «revisitar» el gran artículo de Patricia.

Cordialmente

Felipe Portales

Patricia Verdugo denunció corrupción gubernamental en el “Caso Clarín”

La dura lucha dada por los sucesivos gobiernos de la Concertación para negarle una indemnización a Víctor Pey para relanzar el diario Clarín –que fue el de mayor circulación en Chile hasta 1973- constituye una rotunda demostración de los grados extremos de subordinación a que llegó la dirigencia de la Concertación respecto de la derecha tradicional. Pero, además, aquello incluyó severas formas de corrupción que han quedado impunes. Es lo que denunció –sin ser nunca desmentida- la Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo, en 2002. Aquí se incluye textual gran parte de su denuncia publicada en la revista Rocinante de septiembre de ese año; y que, obviamente, ha sido ocultada a la generalidad de la opinión pública.

“Partamos por lo simple. En 1998, el Comité de Inversiones Extranjeras –dependiente del Ministerio de Economía- encargó un estudio en derecho al abogado Enrique Testa sobre el ‘caso Clarín’. En 1999, se constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones S. A. (ASINSA) con dos socios: Isidoro Gorodisher Rapaport y Ronald Youlton Vasen. Capital: cien mil pesos. El socio Gorodisher es yerno del abogado Testa.

ASINSA invirtió 1,6 millones y obtendría una ganancia de mil 260 millones de pesos. Negocio redondo, con una utilidad sobre el capital invertido ¡de 78.750 por ciento!

Cinco días después de constituída, el 27 de abril de 1999, la sociedad ASINSA compró el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la Sucesión de Emilio González González en un millón 600 mil pesos. ¿Qué tenían los herederos de González, muerto en 1991, que ameritara esta compra? Nada. El inventario, protocolizado ante notario, lo dice todo: una caja de fondos, un amoblado de comedor, un amoblado de living de madera, cuatro camas, dos veladores, un juego de vajilla de 41 piezas y restos de una destartalada camioneta Toyota del año 89. Peor aún. Los socios de ASINSA compraron un pasivo de nueve millones 325 mil pesos, la mayor parte adeudado al Banco del Estado.

Cualquiera, con dos dedos de frente, dice ‘aquí hay gato encerrado’. Y el gato resultó millonario en dólares cuando el Ministerio de Bienes declaró luego al fallecido González como uno de los propietarios del diario Clarín. De este modo, sólo en esta operación, ASINSA invirtió 1,6 millones y obtendría una ganancia de mil 260 millones de pesos. Negocio redondo, con una utilidad sobre el capital invertido ¡de 78.750 por ciento!

Buscamos al ingeniero civil Isidoro Gorodisher, hoy concejal PPD por Las Condes. Y esta fue su explicación: La verdad de las cosas es que formé la sociedad con Youlton, para buscar negocios, hacer asesorías y meternos en el tema de la restitución de bienes expropiados por el gobierno militar. Pero a los 30 días me retiré de la sociedad y no tengo ningún antecedente sobre el caso Clarín…

Si fue socio por un mes, debería saberlo. Porque ASINSA se constituyó el 22 de abril y la compra de los derechos a la Sucesión González ocurrió el 27 de abril del mismo año 1999. Así lo indican los documentos que tengo en la mano, firmados ambos en la notaría de Samuel Klecky Rapaport.

No participé de esa compra y no firmé ningún documento. Me salí de ASINSA, porque no quería tener cuentos que pudieran tener después connotación pública. Otra persona me reemplazó en la sociedad.

¿Se salió cuatro días después de entrar? Me salí, no me acuerdo cuándo exactamente, y nada supe de esa compra de derechos.

¿Quién lo reemplazó? No me acuerdo del nombre. Eso fue hace tres años…

Su suegro, el abogado Enrique Testa, sabía desde el año anterior, 1998, del caso Clarín a fondo. Todo indica que fue él quien les pasó los datos…

Clarín nunca fue tema entre nosotros. No tuve idea de este asunto.

El socio Ronald Andrew Youlton Vasen no figura en la guía telefónica. Pero dimos con su oficina y, tras pasar por confusas secretarias que desconocían a ‘Ronald’ y trabajaban para ‘Andrew’, salió finalmente al teléfono para rechazar toda posibilidad de entrevista.

Quiero hablar con usted sobre el caso Clarín.
No, ninguna posibilidad…

¿Por qué?
Porque hay gente involucrada a través de nuestra empresa y esto no se ventila por la prensa.

Pero se está ventilando, con portadas y páginas completas en los principales diarios.
Mire, nosotros hicimos un negocio privado, no público.

¿Y cómo se enteraron de este negocio?
No le voy a contestar…

¿El señor Testa es abogado de su empresa?
No. No le voy a contestar.
El abogado Enrique Testa no contestó nuestra reiterada petición de entrevista.

La venta en Estoril

A esta altura la pregunta es qué tiene que ver la Sucesión de Emilio González con la propiedad del diario Clarín. Vamos por la respuesta.

Clarín nació en 1954, por iniciativa del entonces director de La Nación, Darío Sainte-Marie, un hábil comunicador nacido en Bolivia. Su seudónimo periodístico era Volpone. Fue un poderoso asesor del Presidente Carlos Ibáñez, con tanto poder como para instalar a su hermano en dos cargos ministeriales (Justicia y Relaciones Exteriores). Hasta su dentista fue ministro de Tierras y Colonización (actual Ministerio de Bienes Nacionales). Hombre de izquierda sin militancia, hizo de Clarín un poderoso instrumento comunicacional -250 mil ejemplares de tiraje diario- contando con el talento de un director de excepción, Alberto Gamboa.

Para la elección presidencial del 70, Sainte-Marie estaba convencido del papel clave de Clarín en los poco más de 30 mil votos que determinaron el triunfo de Salvador Allende, su amigo de larga data. ‘Históricamente, yo te elegí Presidente’, le decía en una carta. Pero una vez en La Moneda, Allende no le dio poder de influencia tras bambalinas. Así, entre su ya frágil salud, su nostalgia de poder y otras razones personales, decidió partir a España y vender el diario. ¿A quién? A otro de sus grandes amigos, el español Víctor Pey.

-Eramos muy buenos amigos y recuerdo que iniciamos conversaciones para la venta del diario a comienzos de 1972. Desde antes, claro, yo le había ayudado en el diseño del nuevo edificio y a decidir la compra de rotativas –asegura Pey.

Sainte-Marie se fue en marzo a España y pidió a Pey que el negocio se formalizara en Madrid. Pero éste no quería volver a España, con Franco en el poder, y pidió que la reunión fuera en Lisboa.

-El, con su peculiar sentido del humor, dijo ‘mejor en Estoril, capital de los monarcas destronados’. Y así fue como firmamos el contrato en Estoril finalmente, en tanto yo había asumido la presidencia del directorio ya desde el 30 de marzo de 1972 –asegura Pey.

Pocos meses más tarde, septiembre del 72, Sainte-Marie y Pey se reunieron en Suiza. El vendedor entregó las acciones y los traspasos firmados en blanco. El comprador pagó un total de un millón 280 mil dólares.

-El dinero era mío. Sé que se divulgó la especie de que mi ´socio secreto’ era el Presidente Allende, pero eso es falso. ¡Yo no soy testaferro de nadie! –asegura Pey.

¿Quién es Pey?

El ingeniero Víctor Pey Casado es un respetable personaje que ha jugado un rol clave, tras bambalinas, en la historia política de Chile de las últimas tres décadas. Su nombre figura en la historia de la Guerra Civil española, en la defensa de Barcelona contra las tropas fascistas de Franco. Tras la derrota republicana, cruzó los Pirineos y finalmente llegó a Chile como refugiado, en 1939, en el barco Winnipeg.

Pey hizo luego fortuna en Chile, junto a su hermano Raúl, también ingeniero, como contratistas de obras públicas. Muchos puertos, puentes, carreteras y edificios a lo largo del país llevan la impronta de estos ingenieros españoles que aprendieron a amar a Chile al tiempo que nacían sus hijos y sus obras de infraestructura desde Arica hasta Puerto Williams. Así también los hermanos Pey Casado fundaron en Perú, en 1964, la próspera empresa Ingeniería Civil e Industrial ICISA.

La historia registra, por ejemplo, que fue Víctor Pey quien dio refugio al senador comunista Pablo Neruda cuando se dictó la orden de arresto tras promulgarse la vergonzosa Ley de Defensa de la Democracia en 1948 e hizo los arreglos para que escapara de Chile por un sureño paso cordillerano.

Así también se registra su íntima amistad con el senador Salvador Allende durante muchos años. Todos los datos apuntan hacia el papel clave y leal de Pey junto al Presidente Allende, a partir de 1970, en sus casi cotidianos encuentros ya sea en el Palacio de La Moneda o en la residencia de Tomás Moro. De eso dan fe todos los dirigentes de la Unidad Popular, aunque el común de los chilenos nada supo dada la personalidad de Pey, enemigo de cámaras y flashes.

En las Memorias del cardenal Raúl Silva Henríquez quedó registrado su nombre como ‘el asesor de confianza’ a quien Allende encarga, en el difícil invierno de 1973, un punto clave de lo acordado con el entonces senador Patricio Aylwin, presidente del PDC: resolver el conflicto con la Papelera, poderosa empresa privada del Grupo Matte, cuyo suministro aseguraba la plena libertad de prensa. Y Pey llegó a un acuerdo.

El mismo día del golpe de Estado, sabiendo que se jugaba la vida, el Presidente Allende confió en sus dos amigos y asesores españoles: Joan Garcés y Víctor Pey. Con Garcés se fue a La Moneda y luego lo obligó a salir, antes del bombardeo, con el encargo de relatar al mundo lo allí ocurrido. Pey se quedó en la residencia presidencial.

La lealtad de Pey y Garcés los llevó a fundar en Madrid –en 1990- la Fundación Presidente Allende. Y, ese mismo año, Pey donó a dicha Fundación el 90 por ciento de las acciones de Clarín. Luego, en 1996, la Fundación gatilló en España la acusación contra el general Pinochet que finalmente determinó su arresto por 504 días en Londres y el cambio en la transición chilena. Entre el desafuero, la encargatoria de reo y la renuncia a la senaturía vitalicia, el ex dictador quedó fuera del escenario político.

Hablan los periodistas

Volvamos a 1972. El mando de Pey en Clarín no implicó cambios en el equipo periodístico ni en la línea editorial del diario. El director Alberto Gamboa, hoy periodista de La Nación, reconoce que ‘fue muy respetuoso, al igual que lo fue Sainte-Marie, de la libertad periodística. De modo que tuvimos una muy buena relación’.

El subdirector Alejandro Arellano, hoy radicado en Australia, recuerda que ´días antes de viajar a España, Sainte-Marie me informó que ‘Víctor Pey es ahora el hombre que está a cargo de todo’. Ya todos conocíamos en el diario al señor Pey. Pero desde ese ceremonioso anuncio, a mí no me quedó duda alguna de que se había concretado el traspaso de propiedad. De hecho, se produjeron cambios evidentes en el aparato administrativo, entraron nuevos directivos y, desde luego, a nivel de gerentes se produjo un recambio. El equipo periodístico no fue tocado, ya que Alberto Gamboa es, lejos, el mejor director de diario que haya habido en la historia del periodismo chileno’.

La segunda prueba acerca de la venta la tuvo el subdirector Arellano en Madrid: ‘En 1974, viviendo con mi familia en España, me reunía con Sainte-Marie casi todas las semanas, comentando las noticias de Chile. Como era natural, me contó de la venta y traspaso de Clarín. Y creo entender que los tres o más departamentos que él adquirió en el edificio Colón, uno de los más elegantes y caros de Madrid, fue con el dinero que recibió de la venta de Clarín. Y también estaba preocupado porque aún se le adeudaba plata. ‘Aún queda que algunos elefantes crucen el oceáno’, me dijo en su imaginativo lenguaje. Y me pidió averiguar dónde estaba viviendo Víctor Pey luego del golpe militar. Sé que se reunieron en Madrid, fui testigo de eso, y Sainte-Marie me informó luego que todo estaba bien’.

Para Arellano, la prueba concluyente está en el testamento de Volpone: ‘Si aún hay quienes dudan en Chile que Sainte-Marie vendió Clarín (o quisieran creer o hacer creer que esto no ocurrió) sería conveniente que revisaran su detallado testamento. Nadie en su sano juicio podría pensar que Darío Sainte-Marie Soruco se olvidó de incluir su más exitosa empresa comercial y periodística entre los bienes que dejó a sus legítimos herederos’.

Pero el hecho es que Víctor Pey decidió no ser el único propietario de Clarín. Y pactó –en 1972- la venta de parte de las acciones a tres amigos: Emilio González (DC), Jorge Venegas (PS) y Ramón Carrasco, abogado del diario. ‘Pactamos que tanto el precio como la forma de pago se convendrían una vez que se estabilizara la economía. De ahí que yo me quedé con todas las acciones en mi poder y ellos me firmaron los traspasos en blanco. Vino el golpe de Estado y obviamente no
hubo pagos’, explica Pey.

Tras el golpe militar y la clausura de Clarín, vino la persecución. El director Gamboa fue prisionero político en campos de concentración. Y Víctor Pey logró salir al exilio. Su oficina fue allanada y su caja fuerte, abierta con una carga de dinamita. Dentro estaban las acciones de Clarín y el contrato de ventas firmado en Estoril. Con escándalo público, el coronel Enrique Montero –subsecretario del Interior- y el contralor Lorenzo de la Maza denunciaron que ‘de los antecedentes expuestos y considerando que se encontraron en poder de Víctor Pey todos los títulos de las acciones y los traspasos en blanco de las personas a cuyo nombre figuran esos títulos (…) resulta que fue éste quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S. A. y la Empresa Periodística Clarín, efectuando los pagos correspondientes’.

Al ´criminal´ Pey, entonces, se le confiscaron ´todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones’ por decreto supremo 580, donde expresamente se libera de toda confiscación a Emilio González y Jorge Venegas. ¿Qué pasó con los inmuebles del diario? El nuevo edificio de Clarín pasó a manos de la justicia militar. El antiguo edificio se transformó en cuartel central de la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Las dos bodegas, con reserva de papel para seis meses, pasaron a manos del Estado. La rotativa en uso estaría en poder del Instituto Geográfico Militar. Pero de la nueva rotativa GOSS y de todas las máquinas de los talleres, nunca más se supo. ‘Yo asesoré en la compra de esas rotativas en Alemania Oriental y Estados Unidos, en los muchos años que ayudé a Sainte-Marie’, dice Pey.

La pesadilla

Retornado del exilio y ya iniciada la transición, Pey pidió la devolución de sus acciones al 8° Juzgado del Crimen. Y el tribunal resolvió en su favor en mayo de 1995. Hoy las acciones están en la bóveda de un banco madrileño. Ese mismo año, entabló una demanda pidiendo la devolución de la flamante rotativa GOSS. El juez fue a los subterráneos de las fiscalías militares y no la halló. Le dijeron que estaba en FAMAE, institución del Ejército que luego explicó que ‘había sido vendida como chatarra’. El Consejo de Defensa del Estado sostiene que fue confiscada por decreto supremo y por tanto sólo el Estado puede reclamarla. Pero la Corte Suprema –en mayo del 2002- declaró nulo el decreto confiscatorio de la dictadura. Y el litigio sigue…

Con las acciones ya en su poder, desde 1995, Pey intentó repetidas veces negociar con el gobierno de Eduardo Frei, de modo que el Estado compensara la expropiación hecha por la dictadura. Objetivo: volver a poner a Clarín en circulación. Al no tener respuesta, en 1997 decidió –con Joan Garcés- recurrir al arbitraje del CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial. Podían hacerlo en su calidad de inversionistas españoles, amparados en el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por Chile y España. Como en dicho tribunal comercial se contempla el lucro cesante, se hizo el cálculo de las ganancias que habría dado Clarín de haber circulado libremente desde 1973 y el resultado fue de 517 millones de dólares.

En 1998 se promulgó en Chile la ley 19.568 que restituía o indemnizaba los bienes confiscados, sin contemplar la posibilidad de demandar lucro cesante. Pey y Garcés no se acogieron a dicha ley, por estar el caso en el tribunal internacional. A esta altura, el abogado Testa ya estaba haciendo el estudio en derecho para el Comité de Inversiones Extranjeras. Y aquí conectamos con el comienzo de esta historia. El yerno de Testa, el concejal PPD Isidoro Gorodisher formó ASINSA con Youlton, esa empresa compró los derechos sucesorios y así –acogiéndose a la nueva ley- entró en 1999 al Ministerio de Bienes Nacionales un curioso ´paquete’ de herederos pidiendo indemnización.

Aunque las acciones no figuran en los testamentos de Sainte-Marie, González y Carrasco, sus herederos y la curiosa empresa ASINSA dijeron ser dueños a partir de un oficio de la Superintendencia de Sociedades Anónimas de fecha de octubre de 1974, más de un año después del golpe. Y representado por la misma empresa ASINSA, se sumó Jorge Venegas, único ‘socio’ sobreviviente de la operación de traspaso que Pey asegura que nunca se materializó. No se sabe cuánto ganará ASINSA por representar a Venegas, quien recibiría más de mil millones de pesos.

Según el abogado (Joan) Garcés, tanto el Código Civil como la ley de Sociedades Anónimas y el Código de Comercio chilenos establecen que es dueño quien tiene un contrato de compraventa de acciones, posee las acciones originales y los traspasos firmados, así como los justificantes del pago de su precio. Y Víctor Pey tiene todos esos elementos.

Pero el Ministerio de Bienes Nacionales decidió lo contrario en abril del 2000. Y el entonces ministro Claudio Orrego acogió la solicitud de ASINSA y los herederos, fijándose luego la indemnización en seis mil millones de pesos (nueve millones de dólares). Y a fines de julio pasado, el contralor Arturo Aylwin tomó razón de los decretos y ordenó el pago.

Pey pidió al contralor que enmendara el acto que calificó de ilegal. Joan Garcés, por su parte, declaró a TV-13 que el pago de esos nueve millones de dólares ‘es una operación delictual. Se trata de un caso de corrupción con complicidades muy altas en las esferas más altas del gobierno de Chile’”.

Más sobre el tema:

Entrevista a Juan Pablo Cárdenas: La Concertación exterminó la prensa independiente

El articulo Corrupción de los gobiernos de la Concertación en el «Caso Clarin» apareció primero en piensaChile.

Chile 50 años: Cinco décadas de consensos, impunidad y neoliberalismo

Redacción piensaChile — Sat, 09 Sep 2023 20:18:13 +0000

09 de septiembre de 2023

Notablemente, se ha pasado por alto en la conmemoración del medio siglo de la desgraciada destrucción de nuestra democracia que, no sólo se instauró una dictadura terrorista de 17 años, sino que también su diseño a largo plazo ha tenido pleno éxito hasta el día de hoy.

En efecto, se olvida que el modelo de sociedad extremadamente neoliberal que impuso violentamente la dictadura, fue luego legitimado, consolidado y profundizado pacíficamente en los “30 años”.

Un modelo concentrador de la riqueza en grandes grupos económicos fundamentalmente financieros, extractivistas y controladores de los sistemas de educación, salud y previsión; apoyados por el Estado; y con sectores populares y medios atomizados y sin ningún poder real.

Como muy bien lo recordó muchos años atrás el destacado líder de RN, Andrés Allamand, Pinochet le aportó a la derecha neoliberal:

“el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. Más de una vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema”
(La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999; p. 156).

Y como lo reconoció crudamente el máximo ideólogo de la “transición”, Edgardo Boeninger, el liderazgo de la Concertación de Partidos por la Democracia llegó a fines de los 80 a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 369).

Este viraje ideológico copernicano y solapado del liderazgo de la Concertación nos permite comprender conductas políticas que de otra forma veríamos como locuras auto-destructivas. Especialmente, el virtual regalo que le hizo la Concertación a la derecha de la mayoría parlamentaria que le auguraba al futuro gobierno de Aylwin la Constitución original del 80; y las políticas de asfixia económica con que los gobiernos de la Concertación exterminaron a partir de 1990 los numerosos medios escritos de centroizquierda que habían surgido en la década de los 80.

En efecto, la primera de ellas se hizo a través de la Reforma Constitucional concordada en 1989 entre Pinochet, la Concertación y la derecha, en la que solapadamente en una de ellas (fueron 54 reformas) se modificaron los quórums para la aprobación de las leyes ordinarias de tal forma de impedir que el futuro gobierno (de la Concertación) pudiese contar con aquella.

La segunda se llevó a cabo fundamentalmente a través de una silenciosa discriminación del avisaje estatal en contra de los medios escritos de centroizquierda que habían surgido en la lucha contra la dictadura.

Denuncias históricas (no desmentidas) de esta sistemática discriminación, las han hecho numerosos periodistas, académicos y directores de medios afectados, entre ellos los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán.

Con la primera, los gobiernos concertacionistas quedaron facultados para sostener plausiblemente que no cumplían sus programas de reformas porque no contaban con las mayorías parlamentarias para ello. Y con la segunda, se aseguraban que la opinión pública nunca se enterase del fondo de todo ello y que no surgiese desde una real centro-izquierda una oposición a los gobiernos concertacionistas.

Esto redundó, además, en que todas las decisiones políticas y económicas claves de la post-dictadura se adoptaran consensualmente entre la derecha y la Concertación sin mayor escándalo, partiendo por el ominoso y desconocido acuerdo constitucional de 1989.

Desde el punto de vista político, ya en agosto de 1991 el propio presidente Aylwin “notificó” al país que “la transición ya está hecha” y que “en Chile vivimos en democracia” (El Mercurio; 8-8-1991), en circunstancias de que a esa fecha ninguno de los requisitos planteados en 1984 por la Alianza Democrática -antecesora de la Concertación- para acceder a una Constitución realmente democrática se habían cumplido (Ver Patricio Aylwin.- El Reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del NO; Edic. Grupo Zeta, 1998; p. 259).

Así, lo que en 1984 se planteaban como requisitos para la existencia de una efectiva democracia, en 1991 pasaron a concebirse como simples factores de “perfeccionamiento” de una democracia ya existente.

Todo esto culminó en 2005, cuando luego de algunos cambios importantes en la Constitución -consensuados obviamente entre la derecha y la Concertación, pero que no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal, ¡como hoy todos lo reconocen!- ¡Ricardo Lagos y todos sus ministros suscribieron fervorosamente el texto actual, dejando afuera de aquel la firma de Pinochet!…

A su vez, en el ámbito de los derechos humanos se abandonó también desde un comienzo el compromiso programático de buscar la justicia derogando el decreto-ley de amnistía de 1978; como lo reconoció el máximo ideólogo de la transición, Edgardo Boeninger (Ver Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 400).

Es más, se buscó en numerosas ocasiones -en conjunto con la derecha- aprobar leyes que extendieran la amnistía hasta 1990 o que permitieran cerrar los casos de detenidos-desaparecidos sin justicia. Ello fracasó gracias a la fuerte reacción moral de las agrupaciones de familiares de víctimas y de las ONG de derechos humanos.

Aquellos intentos -felizmente frustrados- pueden comprenderse por la valoración positiva que el liderazgo de la Concertación adquirió de la obra económico-social de la dictadura. Una concordancia en los fines hace siempre menos problemática una discordancia en los medios, por profunda que esta haya sido.

En el mismo sentido, los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle defendieron siempre a Pinochet en sus numerosos viajes al exterior como comandante en jefe del Ejército, cuando éste era duramente criticado por políticos, periodistas u organizaciones de derechos humanos.

Lo propio hizo el gobierno de Frei cuando parlamentarios disidentes de la Concertación acusaron constitucionalmente al ex dictador en 1998 como una forma de impedir su vergonzoso acceso al Senado como miembro vitalicio, intento que fue derrotado por el propio gobierno al aplicar toda su presión sobre los parlamentarios concertacionistas.

Todo ello culminó cuando en agosto de ese año el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), invitó a Pinochet a la testera para presentar en conjunto un proyecto de ley que sustituyó el feriado del 11 de septiembre por un “Día de la Unidad Nacional” a celebrarse el primer lunes de septiembre; proyecto que fue aprobado por unanimidad.

Algo que nadie, en su sano juicio, podría achacar ya a un “temor” hacia las Fuerzas Armadas…

Además, Patricio Aylwin consideró positivo para el país ¡la permanencia de Pinochet como comandante en jefe del Ejército -virtualmente autónomo- hasta 1998! (Ver El Mercurio, 28-9-1993; El Mercurio, 30-4-1994; La Epoca, 9-7-1994; Caras, 18-8-2000; El Mercurio, 26-9-2003; y El País, España, 27-5-2012).

Y como es sabido, los gobiernos de Frei y Lagos defendieron fervorosamente a Pinochet frente al mundo cuando aquel fue detenido en el Reino Unido en octubre de 1998, a petición de la Justicia española. Y ejercieron presiones públicas y privadas al juez Juan Guzmán -y a los tribunales de justicia nacionales en general- para obtener la impunidad final del ex dictador, durante y particularmente después que lograran la liberación de Pinochet del Reino Unido.

Por otro lado, pese a que en general el liderazgo de la Concertación ha guardado cierto pudor en confesar su “convergencia” con la derecha, a lo largo de los años ha sido inevitable que en diversas instancias su “neoliberalización” haya sido públicamente reconocida, particularmente por Alejandro Foxley y Eugenio Tironi.

El primero fue crucial –como ministro de Hacienda de Aylwin- en la conducción económica (continuada después) de los gobiernos de la Concertación. Y el segundo -que fue Director de Comunicaciones de Aylwin- ha sido un intelectual clave en la “renovación” del socialismo chileno.

Así, Foxley, ya como senador DC en 2000, afirmó con total desparpajo:

“Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo.

Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar –que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc.

Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile, que ha terminado siendo aceptada prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

A su vez, el destacado intelectual de la “renovación socialista”, Eugenio Tironi, ha sostenido (¡como virtual epígono de Adam Smith!):

“la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo”
(La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, 1999; pp. 36, 60 y 162).

Empresario Cesar Barros: Ricardo Lagos es “el mejor presidente de derecha de todos los tiempos”

Comprensiblemente, los elogiosos reconocimientos que la derecha ha hecho al giro copernicano de la Concertación han sido mucho más numerosos. Así tenemos las famosas “declaraciones de amor” hechas a Ricardo Lagos por el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville (Ver La Segunda; 14-10-2005); o la calificación del economista y empresario César Barros, al mismo Lagos, de haber sido “el mejor presidente de derecha de todos los tiempos” (La Tercera; 11-3-2006); o las expresiones del político de la UDI, Herman Chadwick, de que “el Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos” (Ver El Mercurio; 21-3-2006); o las del empresario pinochetista, Ricardo Claro, quien en 2008 dijo que “Lagos es el único político en Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC” (El Mercurio; 12-10-2008).

Y en términos más generales, el destacado cientista político de RN, Oscar Godoy, al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió:

Asimismo, a nivel internacional tenemos las declaraciones de Arnold Harberger, adláter de Milton Friedman en la famosa Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Luego de escuchar en Colombia a Ricardo Lagos en un seminario, señaló:

“su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. Él es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3 2007).

Y en términos más generales, cuando afirmó que el objetivo de la Universidad de Chicago respecto de Chile “fue traer la buena ciencia económica” y “que tuvimos éxito en eso” gracias a los convenios con las universidades Católica y de Chile. Así,

“yo creo que ha habido una gran evolución de política económica en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo y eso ha seguido hasta hoy día que yo sepa (…) Uno ve a los diferentes partidos políticos en Chile, sus plataformas económicas, y difieren en milímetros, en centímetros, no en kilómetros” (El Mercurio; 19-12-2010).

La derecha económica fue también muy generosa con el liderazgo de la Concertación en términos concretos. Así, decenas de ex parlamentarios y de ex ministros, subsecretarios y superintendentes de sus gobiernos han llegado a ocupar directorios o altos cargos ejecutivos de empresas, bancos, AFP (previsión), Isapres (salud), fundaciones y medios de comunicación de los grandes grupos económicos. Y también estos contribuyeron sustancialmente al financiamiento de las campañas electorales (por vías regulares e irregulares) de candidatos presidenciales y a parlamentarios concertacionistas.

Las expectativas de sustitución del modelo neoliberal que surgieron con la “revuelta” o “estallido social” de octubre de 2019 se vieron neutralizadas con los maquiavélicos acuerdos establecidos entre la derecha y la ex Concertación (a los que se subordinaron el Frente Amplio y el PC…) para generar sucedáneos de asambleas constituyentes.

Ya sea por estipular en ellas quórums antidemocráticos de dos tercios; hacer que la implementación legislativa de sus acuerdos fuera eventualmente resuelta ¡por el Congreso constituido!; o, como sucede actualmente, que el texto de una “nueva” Constitución sea redactado por “expertos” designados por el Congreso constituido, sobre bases definidas por éste y que sólo pueda ser revisado por un “Consejo” electo de solo 50 miembros y por un quórum de un 60% de aquellos. Algo que, por cierto, no ha sucedido en ninguna otra sociedad del mundo pretendidamente democrática.

Naturalmente el objetivo político de todo esto es que el futuro del país –más allá de las estridentes querellas verbales existentes entre gobierno y oposición; entre derechas e “izquierdas”– siga siendo definido por el “bloque consensual” (Derecha-ex Concertación) y de manera tal de mantener esencialmente el mismo modelo de “los 30 años”, de la post-dictadura; modelo ampliamente reivindicado en el último tiempo por sus artífices y –notablemente- también, en cierta medida, por el Frente Amplio y por Gabriel Boric que hasta hace poco lo habían criticado acremente.

-El autor, Felipe Portales, es sociólogo y analística político.

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La Concertación mantuvo búsqueda de impunidad

Redacción piensaChile — Sun, 16 Jul 2023 20:57:42 +0000

16 de julio de 2023
Cada vez está quedando más claro que la consolidación del modelo neoliberal impuesto por la dictadura respondió a una profunda y, a la vez, solapada derechización del liderazgo de la Concertación. No a un temor o a una imposibilidad político-jurídica de hacer los cambios. Por lo demás, el orgullo finalmente expresado por aquel liderazgo en defensa de los “30 años” –luego de la revuelta o estallido social de 2019- lo demuestra sin lugar a dudas.

Lo que todavía permanece muy oculto es que tampoco hubo interés alguno en dicho liderazgo en una búsqueda de justicia respecto de las graves violaciones de derechos humanos. Lo que se estimó ingenuamente como una desafortunada o temerosa frase del presidente Aylwin de buscar “justicia en la medida de lo posible” (La Nación; 22-5-1990), no fue más que un eufemismo para conformarse con la verdad que se alcanzase con el Informe Rettig, que daría cuenta del número e identidad de las personas desaparecidas y ejecutadas por la dictadura.

En efecto, es obvio que todo se logra “en la medida de lo posible”. De haber tenido una clara voluntad en esa búsqueda habría hablado de “la máxima justicia posible” o algo similar.

Quién reconoció explícitamente este abandono inicial de búsqueda de justicia fue el considerado por todos como máximo ideólogo de la “transición”: Edgardo Boeninger. Así, en un libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad y que se encuentra en PDF) escribió:

“En el marco de la estrategia del gobierno, una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Eso significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno de Pinochet” (p. 400).

Y, peor aún, los sucesivos gobiernos de la Concertación intentaron reiterada e infructuosamente lograr la aprobación de proyectos de leyes destinados a extender dicha amnistía de 1978 a 1990.

Fueron los siguientes casos:

Acuerdo-Marco (1990);

Proyecto de ley Aylwin (1993);

Proyecto de ley Frei (1995);

Acuerdo Figueroa-Otero (1996);

Proyecto de ley generado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado (1999);

Proyecto de ley de inmunidad de Lagos (2003);

Proyecto surgido de senadores gobiernistas y opositores en 2005, que además trató de ser “reflotado” en 2007.

Afortunadamente, todos esos intentos fueron derrotados por la indignación moral suscitada por los cada vez mayores conocimientos de las atrocidades cometidas y por la fuerte presión contra ellos de las ONG de derechos humanos y particularmente de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

Asimismo, hubo también reiteradas declaraciones de diversos líderes de la Concertación que promovieron públicamente la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Partiendo en 1990 con el presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien, luego de descubrimientos de fosas comunes de ejecutados políticos a lo largo del país, llegó al extremo de ¡querer fijar plazos para terminar con dichas búsquedas!:

“Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades” (Paula; Agosto, 1990)…

Asimismo, en enero de 1991, poco antes de saberse el Informe Rettig, el mismo Valdés señaló que el conocimiento de dicha verdad

“es un paso fundamental y después de eso vendrán los necesarios acuerdos. Porque este año tenemos que aclarar la verdad, pero también dentro del año poner punto final” (La Tercera; 4-1-1991).

Con mayor sutileza, el ministro del Interior, Enrique Krauss, declaró:

“entendiendo que la justicia representa básicamente un deber social primordial, es importante desechar la idea de que a través de ella lo que se pretende es la venganza. En el esquema natural de las relaciones entre los hombres no es la única forma de indemnizar los padecimientos de que se ha sido víctima reproducirlos en el ofensor (sic). El legislador, comprendiendo la necesidad de recomponer la trama de la relación entre los hombres, ha concebido formas indirectas que cumplen el mismo propósito. Se trata de reivindicaciones de orden moral, que se proyectan incluso al plano financiero, gracias a los cuales los ofendidos (sic) encuentran una satisfacción justificada, necesaria y respetable de los agravios soportados (…) En los momentos claves que se empiezan a vivir (…) en orden a generar las condiciones de reencuentro y reconciliación entre los chilenos, es conveniente recordar esta concepción elemental en virtud de la cual la justicia no tiene solamente un sesgo reivindicativo. La justicia también es alcanzable por vías reparadoras indirectas” (Las Ultimas Noticias; 17-2-1991).

Es decir, solamente ¡por indemnizaciones pagadas por todos los chilenos a los familiares de las víctimas fatales!…

Más crudamente, el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, afirmó:

“lo que el Gobierno espera, como conclusión de este informe, es que precisamente con el conocimiento de la verdad haya reconciliación en el país”; “Chile necesita un perdón generoso para que haya reconciliación” (La Epoca; 4-2-1991).

Es decir, sin justicia alguna…

La extensión de la impunidad hasta 1990 la empezaron a promover desfachatadamente líderes de la Concertación como el presidente del Senado, Gabriel Valdés, y el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo. Así, el primero declaró en diciembre de 1991:

“la transición es un problema político y va a terminar el día que tengamos una situación que permita dictar una ley de amnistía general como se ha hecho en otros países, pero dejando al margen algunos casos que no fueron incluidos en la amnistía anterior y están en poder de la justicia, como el caso Letelier” (El Mercurio; 15-12-1991).

Al día siguiente, Viera-Gallo (en el contexto de que aún quedaban algunas decenas de “presos políticos” para ser indultados por Aylwin) se manifestó partidario de una amnistía en dos fases. Primero a los presos políticos remanentes y luego a ex funcionarios de la DINA y la CNI con la excepción de

“los asesinatos más graves (sic) cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud” (El Mercurio; 17-12-1991).

¡Hasta la propia derecha se manifestó en contra de la idea! El presidente de RN, Andrés Allamand, opinó:

“Así como defendemos en todas sus partes –y nos parece un elemento clave en la estabilidad política y la reconciliación- mantener la Ley de Amnistía de 1978, no nos hemos planteado en la hipótesis de una nueva ley de amnistía” (Ibid).

Por su parte el diputado de la UDI, Andrés Chadwick, indicó que su partido

“no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable ni urgente para la paz social” (Ibid).

Posteriormente en 1993, en el contexto de un serio conflicto del gobierno con Pinochet (el “boinazo”), nuevamente el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo, propuso extender la amnistía a tal grado que

“implicaría que en vez de 900 procesos por violaciones de derechos humanos, tendríamos sólo 20, que son los que realmente interesan al país (sic) y frente a los cuales no puede pensarse en la amnistía” (Rafael Otano.- Crónica de una transición; Edit. Planeta, 1995; p. 318).

Y el presidente del Senado, Gabriel Valdés, propuso

“un rápido proceso de dos o tres meses para terminar con los juicios a los oficiales de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, con la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas durante el régimen militar”.

Específicamente,

“haría un proceso corto en virtud del cual quienes saben dónde están los cuerpos lo pudieran decir –sin que ello implicara responsabilidades- al Arzobispo de Santiago y a los obispos de las diócesis del país u otra autoridad, sin otro propósito de que los chilenos no pisemos tierra bajo la cual hay cuerpos de nuestros compatriotas (sic)”; y esto “aun cuando no sean encontrados, porque muchos de ellos eventualmente pueden estar en el mar”; y “simultáneamente hay que terminar con los juicios”, ya que “si investigar (judicialmente) significa llegar al sobreseimiento, qué objeto tiene investigar cuando hay una ley de amnistía”.

Al mismo tiempo proponía extender la amnistía hasta 1990 con algunas excepciones:

“Hay que terminar con esta situación, dejando excluidos algunos casos como el de Letelier, Prats, degollados y uno o dos más (sic)” (El Mercurio; 20-6-1993).

En apoyo de lo anterior, el ya candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, agregó:

“Creo que Gabriel Valdés formuló un conjunto de ideas muy importantes, que apuntan en el camino correcto de buscar la verdad, la justicia y la reconciliación en Chile” (La Segunda; 23-6-1993).

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