El espíritu de este largo recorrido aparece en la primera papeleta del 25 de octubre con la palabra APRUEBO. Ese espíritu no se refleja en la segunda papeleta donde la clase política el 5 de diciembre mediante la Comisión Técnica del Congreso planteó la alternativa, Convención Mixta (50% ciudadanos elegidos directamente por la ciudadanía y 50% congresales elegidos por el Congreso para ese propósito) o una Convención Constitucional donde delegados constituyentes serían elegidos en circunscripciones electorales definidas por la ley y, según las reglas de elecciones de los diputados (Ley 20840 de 2015 que redujo los distritos de 60 a solo 28). En este cuadro de dos opciones, la representación queda validada, casi exclusivamente, a través de los partidos políticos los mismos que fueron rechazados durante el estallido social del 18 de octubre.

¿Qué sucede con la candidatura de independientes que buscan una representación como delegados constituyentes desde las Comunas? Deberán buscar un cierto número de ciudadanos patrocinadores con firmas ante notario, cuyos honorarios fluctúan entre 1000 y 3000 pesos. Precisemos que aquellos candidatos de partidos políticos que en 2017 fueron refichados fraudulentamente, pues no tenían el mínimo de 18 mil militantes que exigía la ley, podrán ser inscritos sin gastar un peso. Esta desigualdad consagrada en la ley juega en contra de la representación comunal de independientes. Sin el patrocinio de los partidos rechazados por la ciudadanía la representación de los independientes queda reducida a quienes lograron superar la barrera financiera impuesta por el Congreso.[i] En síntesis se llama a elegir pero NO a ser elegido, lo que queda claro en la segunda papeleta, pues dadas las reglas de elección de los delegados constituyentes los ciudadanos independientes no podrán ser elegidos.

¿Qué hacer?

No podemos negar que la clase política cumplió su tarea. Pues entonces hagamos la nuestra. No olvidemos que desde hace años se han sucedido consultas ciudadanas donde la sigla AC, esto es Asamblea Constituyente, ha expresado la voluntad ciudadana de participar directamente, sin intermediarios de la clase política en el proceso constituyente.

Hagámonos cargo de las inquietudes que la ciudadanía manifiesta y delibera en todos los espacios en relación a la marca AC. Si se valida el voto con Convención Ciudadana y se marca el voto AC ese voto será válido y la mesa podrá dar cuenta o no de esta circunstancia pero el voto será válido. Todavía más, si no se marca ninguna preferencia en la segunda papeleta y se marca AC el voto será blanco y será así registrado, sin más. Sin embargo, ¿quien asegura que se escruten e informen las AC? Concuerdo con el abogado Patricio Reyes quien se pregunta si acaso tenemos o no los miles de apoderados necesarios para cubrir las 43 mil mesas el día de la elección y de esa manera contabilizar las AC.

Reyes entiende la desazón que eso provoca entre quienes denuncian esta consulta trucha pero, estima, que “ello ocurre porque están colocando la energía en el lugar equivocado. Ese plebiscito es diseñado por la elite, todas las opciones le convienen a ellos. No es el plebiscito del pueblo, es un hecho político más”. Agrega, “el pueblo debe colocar su energía, en seguir informándose e informando, movilizando y organizándose en asambleas territoriales, generando debate, reflexión y asumiendo protagonismo cambiando el paradigma de la participación política”.

¿Qué es lo fundamental y por qué un Plan B?

Estamos ante un punto de indiferencia pues marcar AC y votar Convención Constitucional deja fuera, de todas maneras, a la ciudadanía independiente de ser elegida como constituyente. Las reglas electorales lo impiden a menos que se presente bajo el disfraz, creado por la misma clase política, de militante de algún ‘partido instrumental’. Sin embargo, esto nos permite entender el plan de la clase política y las causas de nuestras limitaciones. Las votaciones inician el debate pero no lo agotan. Esta es una larga marcha que recién comienza. El título de este artículo así lo indica y señala la necesidad de un Plan B.

En primer lugar reflexionemos sobre lo que hemos avanzado y cómo hemos llegado a ello en estos últimos 10 meses. Hemos vivido la organización de asambleas territoriales a lo largo y ancho del territorio nacional, debates; planes de participación; paneles en Zoom; discusiones centrales en temas como pensiones y remuneraciones dignas, educación y salud de calidad, empleo, desigualdades indignantes, mejor vivir, nuestras riquezas naturales (cobre, litio, pesca…) en manos de grupos de poder nacionales y transnacionales…; intervenciones en radios comunales, etcétera. La realidad de la Pandemia, con confinamientos comunales, economía paralizada, desempleo, hambre en las poblaciones…acciones solidarias reflejadas en ollas comunes, distribución de cajas con mercadería, ayuda social entre las familias de la comuna, guarderías improvisadas en ayuda a mujeres jefas de familia, acciones en poblaciones anegadas por la lluvia, recolección de insumos de construcción…, todo eso nos obligó a madurar, a conocer la fuerza de nuestras demandas y a emprender las grandes tareas.

Ante la presión social el gobierno y la clase política debieron retroceder frente al retiro del 10% de los ahorros de los trabajadores de las AFP. Esto debe ser considerado como un avance central. En los últimos años el aporte de las AFP a 15 grupos económicos ha sido de 45 mil millones de dólares, aporte financiado con los ahorros de los trabajadores depositados en las AFP. En la “cuarentena del hambre”, obligamos al gobierno a ocuparse de bonos, préstamos a la población, de la quiebra de las PYMES, (sin resultados aparentes) a hacerse cargo del Plan de empleo seguro cuando los fondos de cesantía de los trabajadores se agotaron, bonos e ingreso familiar de emergencia, la fijación de los llamados “precios éticos” por algunas alcaldías de la Región Metropolitana, el reparto de cajas con mercaderías mediante la organización comunal, obligamos a los bancos a recalcular sus provisiones frente al plan FOGAPE del gobierno y, un largo etcétera…

Estos avances de la clase trabajadora invalidan el programa inicial de los gobiernos de izquierda y de derecha que desde hace más de 4 décadas han erigido el libre mercado (una manera de decir pues nunca ha sido libre sino manejado por los grupos monopólicos de presión, nacionales e internacionales) como el distribuidor supremo de recursos. Frente a la presión ciudadana que exige un Plan de gobierno para la reconstrucción, la clase política retrocedió de las posiciones con que inició la mal llamada transición a la democracia.

Las necesidades, la presión de los trabajadores, la ineptitud del gobierno nos ha orientado hacia horizontes y soluciones nuevas. Mi pregunta es, ¿podemos echar por la borda la experiencia ganada? ¿Somos conscientes de nuestros avances y retrocesos? Nada de lo que viene se consigue en un día.

Plan B por una Asamblea Constituyente en cada Comuna del territorio

La realidad territorial del Plan B es la Comuna que en estos 10 meses se ha constituido en base de poder ciudadano porque de allí surgen las Asambleas Territoriales, las Juntas de Vecinos, las Ollas comunes,… en fin, organizaciones ciudadanas base de la Asamblea Constituyente deliberante del futuro. Los hechos demostraron que el teatro de las acciones más dramáticas de supervivencia se transfirió desde los centros oficiales de decisión a las Comunas.

Instituciones sin credibilidad no tienen sentido. La Convención Constitucional, o como quiera llamársele, seguirá su curso con quórum amañados, como los dos tercios para que las cosas cambien pero no demasiado, etcétera…pero, la realidad en el curso de los 2 años que siguen para elaborar una nueva Constitución se desarrollará ineludiblemente en las Asambleas Constituyentes de las Comunas. He allí el Plan B: la fundación de Asambleas Constituyentes que surgirán desde las Comunas.

Somos 346 comunas en el territorio nacional, desde allí deben surgir los Principios de la Nueva Constitución. Esa es la primera tarea de la Asamblea Constituyente de la Comuna con la elaboración de Principios Constitucionales intransables. Enumeremos algunos de esos principios: Iniciativa popular de leyes, Plebiscito revocatorio (un plebiscito determinará que el representante que no cumple el programa bajo el cual fue elegido debe entregar su cargo), Estado-Nación plurinacional en el cual se reconocen constitucionalmente los pueblos originarios a saber, mapuche, altiplánicos y rapa-nui. Será responsabilidad del Gobierno la Planificación, implementación y financiamiento de los Bienes Públicos básicos a saber, Salud, Educación y Vivienda, pensiones, salarios dignos…. El gasto social no queda supeditado a los resultados del mercado. El derecho a una vejez digna estará consagrado en un sistema de pensiones administrado por un ente estatal el cual se regirá por el sistema de la solidaridad.

Que se respeten nuestros Principios Constitucionales es una tarea central pero no suficiente en nuestro Plan B. Ya se demostró que los programas de distribución de cajas de mercadería no podrían haberse realizado sin la organización ciudadana de las Comunas. Por eso desde las municipalidades trabajaremos en los programas de empleo que no pueden reducirse a los históricos PEM y POJH de la dictadura, que se proyectaban a los jornaleros pero que no consideraban a trabajadores especializados como albañiles, electricistas, gasfíteres, enfierradores… trabajaremos en programas habitacionales de sitios de 9 x 18 m2 con una construcción de 70 m2. Sitios condominios de 6 x 10 m2 con casas de 2 pisos de 56 m2 inaugurados en las presidencias de Lagos y Bachelet se revelaron como construcciones de mala calidad y fuentes de hacinamiento con una secuela de problemas sanitarios y de convivencia. Junto a los programas de apoyo a la educación de calidad, y suministro de material computacional, diseñaremos parques y áreas verdes, planes a los cuales se incorporarán ecologistas del medio ambiente, profesionales de la salud en especialidades de medicina, kinesiología, para sustentar programas en los barrios y poblaciones de la comuna, preparadores físicos para visitar a enfermos postrados e inaugurar programas de educación física y deportes para todas las edades –conjunto de actividades como única forma eficiente de combatir la delincuencia. Desde ya alertamos a la ciudadanía el 11 de agosto pasado el Ministerio de Hacienda anunció un recorte de $54.700 millones al presupuesto de nueve regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío y Los Ríos. Con ello se afecta gravemente a los territorios comunales es decir a la vigencia de los programas que anunciamos.

Ese es nuestro horizonte de trabajo en el marco del Plan B, que comienza ahora en el seno de la Comuna, cuyos resultados serán confrontados en 2022 cuando la ciudadanía nuevamente será convocada para aprobar o rechazar la Constitución elaborada según las bases de la clase política. En esa instancia nuestros Principios Constitucionales serán confrontados con las conclusiones de la clase política. Ahí tendremos nuestra palabra expresada en un SÍ o un NO.

En conclusión, el significado profundo de este Plan B es rescatar los avances realizados, estructurarlos en instituciones, presentarlo ante la ciudadanía y confrontarlos con las conclusiones del viejo régimen. En este desafío Somos Todos en una larga marcha por los cambios fundamentales.

*Fuente: Politika

NOTA

[i] Un ejemplo ayuda a entender el proceso diseñado por los parlamentarios. En el distrito 27 (Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O´Higgins, Río Ibañez y Tortel) se requieren 189 firmas de ciudadanos patrocinantes, mientras que en el distrito 10 (Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja) se necesitan 2.284. En todos los casos se asume un gasto notarial de $3000 por firma. En el caso del distrito 10, la legalización de la firma del ciudadano patrocinante de la candidatura independiente, tendría un costo de $6 millones 852 mil. En el distrito 27 el costo baja a $ 567 mil. La pregunta es si acaso los ciudadanos independientes podrán asumir los costos que significa la legalización de firmas patrocinantes de candidaturas por distrito. En claro, ciudadanos independientes no ligados a partidos políticos, no tienen ninguna chance de ser elegidos. Según los cálculos de la Comisión Técnica del Congreso, como se explicó más arriba, habría que elegir 155 delegados constituyentes en el caso de 100% de ciudadanos independientes y 172 constituyentes en el caso de representación mixta de 50% parlamentarios (86) y 50% independientes (86).

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La proximidad que tiene una municipalidad hacia la ciudadanía, debiera hacer reflexionar permanentemente en la forma de enfrentar conflictos cotidianos, así como también, en la manera de crear estrategias para mejorar el acceso a servicios básicos dirigidos a los ciudadanos, buscando sintonía con la aspiración a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en un territorio, lo cual se logra, por un lado con la atracción de inversiones, tanto en el ámbito público como en el privado y por otro, con el convencimiento real de que quienes laboran en un municipio contribuyen a la construcción de una mejor gestión del mismo.

En particular, se tratará de plantear la hipótesis ya probada por muchos científicos, la cual señala que mientras menos incertidumbre exista, se podrán obtener mejores resultados en lo que se quiere realizar, en este contexto se abordarán las implicancias que pueden tener las municipalidades que tienen un Capital Humano mejor capacitado y su influencia en el DEL.

Uno de los tópicos que viene a colación, está dado con los sistemas para generar procesos de reclutamiento en las municipalidades, donde es posible encontrar que, en muchas ocasiones se carece de un sistema adecuado que realce las características técnicas y objetivas que evalúen a las personas por sus capacidades en el ámbito en que son contratadas, debido a que predomina el amiguismo o partidismo por sobre todo, lo cual resulta natural y aceptable en cierta medida, no obstante, debieran haber estándares o porcentajes que garanticen mínimos de exigencias como experiencia y estudios relacionados con la función o labor a ejercer de quienes aspiran a realizar una labor en un municipio.

Para que exista la posibilidad de propender a un mejor desarrollo económico y social, se deben revisar permanentemente los sistemas de reclutamiento en las municipalidades.  Por su parte, los autores Ortega y Estrada (2011), plantean que  para mejorar la gestión local es fundamental mejorar la educación en población, esto ciertamente tiene eco en la obtención de un Capital Humano capacitado.

Es de esperar que con la implementación de Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, se pueda avanzar hacia una mejor educación técnica, que dicho sea de paso, en países desarrollados, constituye la base fundamental del DEL, lo cual ayudaría a equilibrar el acceso educacional, sobre todo en las comunas más pequeñas de nuestro país.  Lo anterior, ciertamente se podrá complementar con obligatoriedad de recuperar la asignatura de educación cívica, la cual contribuye de manera significativa a la construcción democrática de nuestro país, lo cual tiene eco también en el sector privado.

Por su parte, la Ley 18.883 denominada Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, deja entrever que existe un criterio demasiado general para proveer cargos en las municipalidades, lo cual carece de la contemplación de aspectos locales, que resalten la identidad territorial de una municipalidad, lo que genera distorsiones en la comparación de las distintas realidades que tienen las comunas.

Dentro de los planes de trabajo que se proponen los municipios, es fundamental contemplar capacitaciones permanentes, relacionadas con las diversas problemáticas que diariamente enfrentan, lo que se traduce en una inversión plasmada en la eficiencia y eficacia de la implementación de sus propios programas, beneficiando tanto al propio funcionario, así como también, a la ciudadanía de manera directa e indirecta, bajo el supuesto de que las herramientas adquiridas sean implementadas con el fin de mejorar su trabajo cotidiano.

Otro parámetro importante a considerar en este análisis lo constituye el nivel de profesionalización que tienen los municipios, lo cual nos llevaría a pensar la lógica de que mientras más profesionales se encuentran trabajando en él, existe un mayor grado de DEL. Sin embargo, esta premisa tiene limitantes, pues el nivel de contratación de profesionales está dado ciertamente por el presupuesto destinado para aquello, en tanto, si un municipio le da importancia al nivel de profesionalización, debiera considerar la pregunta, ¿para qué se contratan esos profesionales?, es decir obliga a conectar esa necesidad con resultados concretos, tales como: la aspiración a mejorar el acceso a proyectos como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el fortalecimiento de una Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), la generación de estudios prospectivos que creen la necesidad de inversión sectorial, etc.

Con lo anterior, resulta legítimo el cuestionamiento de que mientras menos recursos posean los municipios, tengan menos posibilidades de contratar a profesionales, he aquí un problema endémico y cultural, que se traduce a que pocos gobiernos comunales tienen la disposición de compartir proyectos en conjunto con otros,  porque actúan bajo una lógica de competencia, más que de colaboración.  Es común ver en los noticieros destacar a los municipios que tienen más proyectos en desmedro de otros, con esto simplemente se contribuye a legitimizar la tan estirada brecha socioeconómica que existe en nuestro país, y que en este caso afecta directamente DEL.

Lo concreto es que para suplir los dispares niveles de profesionalización que existe en los municipios, es necesario tomar cartas en el asunto y proponer la alternativa impulsar sistemas solidarios entre municipios, donde los que tienen menos recursos puedan cubrir sus necesidades de Capital Humano, generando alianzas de colaboración virtuosas, que permitan la puesta en marcha de proyectos en conjunto, otorgando incentivos a los profesionales que participen en esta encrucijada. Para que esto suceda, se necesita la simple voluntad de las partes, lo cual evitaría que las grandes ciudades de nuestro país se conviertan en “islas industriales o culturales” que solamente replican el marcado centralismo existente, que por cierto, no solamente ocurre entre el Gran Santiago y regiones, sino que se da también a nivel provincial y comunal.

Por último, resulta de gran relevancia señalar que la mejora de competencias de una comuna o municipalidad, está dada por muchos otros factores, pero que en este caso de análisis se presenta como uno preponderante el nivel de profesionalización existente del Capital Humano para propender a un desarrollo más equilibrado, que finalmente termina beneficiando a todos los ciudadanos.

Guido Asencio Gallardo

Académico e Investigador Universidad de Los Lagos
Miembro Núcleo Desafíos Regionales
Miembro del Consejo Asesor Socio-Productivo

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