Una coalición de abogados y ONG reclama que se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, hace ahora 12 años.

Seis presos políticos saharauis vuelven a llevar a Marruecos al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas

Una coalición de abogados y ONG reclama que se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, hace ahora 12 años.

La larga lucha del Sahara contra la impunidad del Estado marroquí vuelve a hacer escala en Naciones Unidas. 12 años después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik –unos hechos marcados por la grave represión desatada por Rabat contra activistas saharauis–, una coalición de abogados y ONG vuelve a reclamar a Naciones Unidas que tome cartas en el asunto.

Según se ha conocido este martes, las letradas Francesca Doria, Brigitte Jeannot e Ingrid Metton, junto a France Weyl de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, así como representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis en las cárceles marroquíes han llevado de forma conjuntas seis nuevas denuncias ante el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas en Ginebra.

Las demandas que ahora llegan a esa instancia internacional describen los casos de seis miembros del «Grupo de presos políticos de Gdeim Izik».
Los seis demandantes –Mohamed El Bachir Boutanguiza, Abdellahi Lakhfaouni, Sidi Ahmed Lemyijed, Ahmed Sbai, Abdullahi Toubali y El Houssein Zaoui– piden al Comité que investigue los malos tratos sufridos como consecuencia de sus detenciones, así como durante su largo encarcelamiento.

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«La denuncia refleja la situación de los presos políticos saharauis la magnitud del sufrimiento durante 12 años de detención arbitraria en base a confesiones extraídas bajo tortura», señaló a Público Hassanna Abba, portavoz de la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis.

«Detenidos en condiciones inhumanas y degradantes desde hace 12 años, fueron condenados definitivamente por el Tribunal de Apelación de Rabat en 2017, sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura, a penas que oscilaban entre 20 años de prisión y cadena perpetua», destacan precisamente la coalición de abogados y ONG en una declaración conjunta.

Violencia física y psicológica

Según han denunciado ante el Comité de Naciones Unidas, los presos «sufren
diariamente actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes», lo que incluye «violencia física y psicológica, reclusión en régimen de aislamiento, imposibilidad de reunirse con sus familias, denegación de acceso a la atención médica y denegación del derecho al traslado cerca de sus familias al Sahara Occidental».

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 Los denunciantes lamentan que Marruecos –condenado en varias ocasiones por el Comité contra la Tortura– «se niega sistemáticamente a acatar las decisiones» de ese organismo de Naciones Unidas. «La adhesión a las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos no puede ser una simple operación de comunicación de Marruecos para blanquear su imagen a

nivel internacional», advirtieron.

«Creemos en la justicia»

Las expectativas están ahora depositadas en los pasos que pueda dar el Comité de la ONU ante estas graves vulneraciones contra los derechos humanos de los prisioneros saharauis.

«Trabajaremos en este camino, porque será la justicia la que restaurará los derechos de las víctimas. Creemos en la justicia y en la credibilidad del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura», afirmó por su parte Hassanna Abba, quien reclamó «la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis» y una investigación seria contra quienes están «involucrados en actos de tortura».

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En conversación con El Desconcierto, Karinna Fernández, abogada asesora de Londres 38, confirmó que «estamos exigiendo la salida (del director Sergio Micco), pero no solo la salida, sino que el Consejo del INDH de cuenta de estos hechos que nosotros ya expresamente denunciamos en marzo con varias otras organizaciones respecto del contenido de los informes». Además, hizo hincapié en que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) ya exigió en abril pasado al organismo mayor transparencia en la información. Por su parte, el Instituto se defiende y asegura que no existe «manipulación de ninguna especie».

Este miércoles, se realizó la denuncia de un cambio de metodología que habría realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos para contabilizar los casos de lesionados oculares en el contexto de las manifestaciones que se iniciaron en octubre de 2019. Dicha modificación significó el reporte de menos de las mitad de los casos informados inicialmente, bajando de 460 a 179, lo que habría sido ordenado por el director de la institución, Sergio Micco.

Lo anterior, revelado este miércoles por el medio Interferencia, es parte de lo que Londres 38 denunció en marzo pasado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En conversación con El Desconcierto, Karinna Fernández, abogada asesora de dicho espacio de memoria, criticó a Micco y confirmó que la organización exige su salida.

«En el ‘Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos. Datos desde 17 de octubre de 2019 e ingresados hasta el 13 de marzo de 2020’, se reportan aproximadamente 460 casos. Luego, en el ‘Informe Anual 2019 sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de la crisis social’, se registra un número de 296 lesiones oculares. Posteriormente, en el ‘Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH en su Informe Anual 2019’, publicado en febrero del presente año, la cifra se reduce a 172 víctimas«, acusó la organización en ese entonces.

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Esto daría cuenta del cambio de metodología para realizar el recuento de casos, el que ya no correspondería a los informados en centros hospitalarios respecto a las lesiones oculares, sino que a aquellos casos en que se ejerció una acción penal con participación del Instituto. Sin embargo, dicha modificación no fue explicitada en los informes, según acusó el reportaje y confirmó Fernández.

«Lo que sabemos los que litigamos estas causas es que el INDH no tiene querellas en todas ellas. No nos parece adecuado que utilice esa metodología para levantar información», explicó la abogada. Es decir, existen muchos casos en que las personas denunciantes no ejercen una acción judicial, pero también existen casos de víctimas que presentan querellas de las cuales el organismo no se hace parte.

«¿Por qué la sociedad civil o la academia tienen que estar persiguiendo esta información?, cuando debería ser algo que los propios informes deberían contener, señalar que hay un cambio de metodología y explicar por qué», cuestionó.

Además, enfatizó en que esta no es la única irregularidad que reclamaron en marzo sobre el INDH y que hasta la fecha, acusó que todavía no han habido avances. «Entregamos un informe al CAT (Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas) que hizo una evaluación de Chile en abril. Justamente, ellos sacan un informe expresamente diciéndole a Chile recordando las obligaciones internacionales que en materia de cifras exigen toda la transparencia y que deben ser uniformes«, señaló.

Revictimización y garantías de repetición

Para Fernández en este caso «lo que ocurre claramente es una revictimización». Pero no solo eso, sino que repercutiría en las posibilidad de evitar nuevas violaciones de derechos humanos en el futuro. «Que no existan estas cifras, o que las metodologías no sean claras, también repercute en el hecho de que el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que está dentro del INDH«, sostuvo.

Así, la «uniformidad, en el análisis y presentación de cifras es una obligación internacional, porque tú no puedes prevenir adecuadamente este tipo de formas de tortura y de lesiones si evidentemente no tenemos unas cifras claras respecto de las víctimas».

«Revictimización, falta de transparencia y generar garantías de repetición son vulneraciones que no pueden ser toleradas a un director del INDH«, sentenció.

Además, fue enfática en señalar que «estamos exigiendo la salida (de Micco), pero no solo la salida, sino que el Consejo del INDH de cuenta de estos hechos que nosotros ya expresamente denunciamos en marzo con varias otras organizaciones respecto del contenido de los informes».

Vulneración a la libertad de expresión

Desde el INDH respondieron a la publicación de Interferencia a través de un comunicado en redes sociales, aludiendo a que «no existe un cambio de criterio, ni manipulación de ninguna especie». Además de solicitar «al medio Interferencia corregir esta información a la brevedad», lo que fue rechazado por el medio.

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