colusion de las papeleras – piensaChile

El top five de la colusión y la evasión de impuestos

Redacción piensaChile — Wed, 03 Feb 2016 01:27:14 +0000

¿Cuánta plata hemos perdido todos los chilenos con los casos que han sacudido al país?

2 febrero 2016

Los escándalos de colusión y los de platas políticas se tomaron buena parte de la agenda durante 2015 y prometen seguir haciéndolo en este año que comienza. ¿Pero cuánto han costado en dinero a los chilenos los casos que todos los días aparecen en la prensa? A continuación un ranking de los montos en perjuicio fiscal o perjuicio a los consumidores.

El pasado año 2015 parece haber sido hasta ahora el cénit del fenómeno de la desconfianza y la indignación ciudadanas. Razones no faltan. Casos de platas políticas como Penta y SQM, de evasión tributaria como Caval y colusiones como la del papel tissuepasaron a engrosar una lista que ya contaba con escándalos como el de la colusión de las farmacias.

Sin embargo, además de toda la desafección hacia la institucionalidad y hacia el sistema en general que esto puede provocar en la población común y corriente, hay aspectos que se pueden medir de forma más tangible, y que permiten valorar la dimensión de todos estos casos: el perjuicio fiscal y el perjuicio a los consumidores.

Vale decir, cuánto le ha costado al fisco cada uno de estos casos, si tiene que ver con evasión tributaria, o cuánto les ha costado a los consumidores, si se trata de una colusión. El monto total asciende hasta más de 1.178.543.921.715 millones de pesos.

A continuación un ranking con los montos que estos escándalos le han costado a la sociedad chilena.

1 – Colusión de los pollos: $830.003.000.000

En octubre del año pasado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una demanda colectiva en contra de las avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, involucradas en la llamada colusión de los pollos. De acuerdo a esta demanda presentada por el abogado Andrés Parra se llegó a una cifra de más de 830 mil millones de pesos. Vale decir, que esta astronómica cantidad es lo que habría costado a los consumidores chilenos el cartel avícola. El monto se disgrega de la siguiente forma:

Agrosuper, el holding de la familia Vial, dirigido por Gonzalo Vial Vial, cuyo hijo menor Gonzalo Vial Concha –también socio de la empresa– fue el principal cliente de Caval, habría perjudicado a los consumidores con $506.630.000.000.

Ariztía, la empresa propiedad de la familia homónima y presidida por Manuel Ariztía Ruiz, $255.071.000.000

Don Pollo, de la familia Covarrubias, $72.301.000.000

2 – Colusión del papel tissue: entre $329.850.075.000 y $361.771.050.000

Al mes siguiente, en noviembre, Conadecus presentó otra demanda, esta vez por la llamada colusión del confort. Fue ingresada y patrocinada por el estudio Bravo Abogados, y acompañada por informes en que participaron economistas que trabajaron en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), como Andrea Alvarado y Gonzalo Escobar.

El informe de Alvarado avaluó el daño a los consumidores entre 2000 y 2011 en $510 millones de dólares, lo cual al tipo de cambio actual equivale a más de $361 mil millones de pesos. Escobar, en cambio, planteó un monto más bajo, pero igualmente de cifras siderales para la realidad chilena: $465 millones de dólares, equivalente a $329.850.075.000 pesos al tipo de cambio actual.

Según el informe de Gonzalo Escobar, esto se disgrega en $405 millones de dólares de CMPC –propiedad de la familia Matte– y $60 millones de dólares de SCA, actualmente en manos de un grupo sueco y otrora de Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro del Deportes de Sebastián Piñera y presunto “cerebro” de la colusión.

Si se considera este ‘top five’, la cantidad total de dinero evadido al fisco o cobrado de más a los consumidores es imposible de dimensionar para la mayoría de los chilenos. Se trata de $1.178.543.921.715 millones de pesos, lo que equivale a más de 38 teletones, considerando que en su última edición la campaña recaudó $30.601.978.621 pesos. Traducido en sueldos mínimos, el monto equivale a 4.714.175 de ingresos mínimos mensuales. Lo anterior, unido a una creciente crisis de confianza en las instituciones en general, provoca un clima de desconfianza que es reconocido por la clase política y empresarial.

3 – Penta: $2.471.143.470

Esta cifra corresponde al cálculo hecho por el SII a pedido de la Fiscalía en el marco de la investigación del caso, y constituye el perjuicio fiscal que Penta, empresas asociadas, y personas naturales provocaron. En palabras simples, son los impuestos que no pagaron.

Por ejemplo, Penta no pagó $865.434.844; Inversiones Penta III, $125.318.305; Inmobiliaria Los Estancieros, $449.551.466, y así suma y sigue. En cuanto a personas naturales, Carlos Délano Abbott, fundador y presidente de Empresas Penta, ex presidente de la Fundación Teletón y ex consejero académico de la Universidad del Desarrollo, figura con $357.423.805. Su socio Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro aparece con $394.133.200, al igual que su esposa María de la Luz Chadwick Hurtado con $4.627.513 y sus hijos Carlos Eugenio Lavín Subercaseaux y Alejandra Julia Lavín Subercaseaux con $394.133.200 y $1.780.517, respectivamente.

4 – SQM: $750.910.545

De acuerdo al mismo informe del SII que estableció los montos evadidos por Penta, SQM y sus sociedades dejaron de pagar, entre boletas de honorarios y facturas pagadas a 24 supuestos proveedores, más de 750 millones de pesos. El informe hecho por la fiscalizadora Miryam Ollarzún analizó las declaraciones tributarias de SQM y demás empresas entre 2010 y 2014.

5 – Caval: $318.867.700

El caso que hizo que la popularidad de la Presidenta Michelle Bachelet se desplomara, y que tiene a su nuera Natalia Compagnon Soto formalizada y con arraigo nacional y firma mensual por delitos tributarios habría causado un perjuicio fiscal de $318.867.700 en sus diferentes aristas, de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía en la audiencia el viernes pasado.

Natalia Compagnon y Mauricio Valero ocasionaron un perjuicio fiscal de $118.602.912. Por su parte, el síndico Herman Chadwick –hijo del abogado y político homónimo y sobrino del ex ministro y ex senador Andrés Chadwick y del ex Presidente Sebastián Piñera– figura con $200.264.788.

Indignación y desconfianza

Si se considera este ‘top five’, la cantidad total de dinero evadido al fisco o cobrado de más a los consumidores es imposible de dimensionar para la mayoría de los chilenos (de hecho, más de alguno se encontrará con problemas a la hora de pronunciar correctamente la cifra). Se trata de 1.178.543.921.715 millones de pesos, lo que equivale a más de 38 teletones, considerando que en su última edición la campaña recaudó $30.601.978.621 pesos. Traducido en sueldos mínimos, el monto equivale a 4.714.175 de ingresos mínimos mensuales. Lo anterior, unido a una creciente crisis de confianza en las instituciones en general, provoca un clima crítico que es reconocido por la clase política y empresarial.

El Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), Stefan Larenas, quien también ha sido partícipe de instancias de discusión legislativa relativas a materias que atañen a los consumidores, concuerda en constatar la existencia de una crisis compleja: “Hay una crisis de confianza generalizada que se arrastra hace mucho tiempo, primero por la oscura relación entre política y negocios, que es algo que afecta directamente al consumidor, en la medida en que uno no sabe quién es el que financia realmente las legislaturas”.

El propio Larenas cuenta su experiencia al haber participado de la elaboración de la Ley de Fármacos, y la desconfianza que a él mismo le genera el medio parlamentario: “Yo que participé durante cuatro años en la reforma a la Ley de Fármacos puedo sospechar perfectamente que esa ley sale como sale porque hubo platas espurias. Eso es producto de una crisis de confianza.”

Para Larenas, en lo que respecta a los casos de colusión, las indemnizaciones reales al consumidor son “inexistentes” y “lo que aumenta la desconfianza es que hoy no exista un mecanismo rápido, efectivo y transparente de reparación al consumidor”.

El hecho de que Chile sea un país con un mercado tremendamente concentrado no ayuda a que casos como los de las farmacias, los pollos o el papel se eviten, al contrario. Como dice Larenas, “es más fácil ponerse de acuerdo entre cuatro que entre veinte”, situación que al mismo tiempo provoca cuestionamientos a la verdadera libertad de mercado que puede existir en Chile. “No se puede hablar con tanta liviandad que en Chile existe una economía de libre mercado. En una economía de libre mercado existe competencia y aquí es muy difícil competir”, asegura.

*Fuente: El Mostrador

El articulo El top five de la colusión y la evasión de impuestos apareció primero en piensaChile.

Los negocios rifleros, los lobistas y el tráfico de influencias

Redacción piensaChile — Mon, 01 Feb 2016 02:22:40 +0000

En Chile se llamaban rifleros a aquellos personajes que tienen la idea de un negocio rápido, generalmente basado en un tráfico de influencias entre la parentela, compañeros de colegio o de universidad, compañeros de farra, amigos de fútbol, y cobran por esa idea y por los contactos que logran.
La parte del tráfico de influencias, ahora se llama «lobby» y los norteamericanos le han dado patente de profesión. Y en Chile, donde todo se hace por amistades y parentelas, ha florecido como callampas después de la lluvia, pues sale más rentable que ser Ingeniero, y para eso hay que tener puntaje en la prueba y cerebro.
A ella se han dedicado los hijos de los políticos, los ex políticos, los mariposones de sociedad sin dinero, y muchos que no estudiaron ciencias duras en la universidad, y que lo único que pueden ofrecer es su personalidad social.
Cuando había que hablar con un funcionario de esos cuadrados que suelen existir en la Administración Pública y que obstaculizan cualquier negocio legal porque es su modo de demostrar poder, o necesitaban ser aceitados, el riflero era contratado para este servicio.
Y siempre era mal mirado por aquellos que contratan sus servicios, igual que a las prostitutas.
La manera de aceitar a un funcionario público, generalmente mal pagado, que lo único que tiene que hacer es llevar un papel de una oficina a otra, u ordenar los papeles por prioridad de atención, es con un regalito.
A una secretaria se le hace una atención simpática, por atenderte y llevar la petición al escritorio del jefe. O a un funcionario del Poder Judicial, por ayudar a encontrar la carpeta del juicio en ese infinito desorden que se produce en los juzgados. Incluso por perder la carpeta del juicio, y así retrasarlo. Es humano y sucede.
Hay personajes importantes como los Directores de Obras Municipales. Ellos deciden lo que se puede o no se puede hacer con un predio, según el criterio comunal, o las necesidades, o las normativas municipales vigentes o las normas del país.
Este tipo de personaje tiene un poder, junto con el Alcalde, que es un peligro para la salvación de su alma. Suele ser el eslabón débil de la cadena. Así vemos que periódicamente se producen conflictos entre los vecinos de una comuna y las industrias contaminantes, los vertederos, y los cambios de uso del suelo.
Hay otros personajes como los Jueces, los Parlamentarios, los Ministros, que llevan el timón de este buque que es el país, y que sería muy mal visto que fueran venales y comprados para tomar decisiones que beneficien a países extranjeros, a partidos políticos que representen a un mínimo de la población, a amigos, a familiares, a los ricos y poderosos del país, a costa de la mayoría ciudadana.
Desgraciadamente los conceptos de Política y Democracia han ido cambiando sutilmente y quizás la actual generación de políticos y altos funcionarios de gobierno crean que están en su derecho de representarse a sí mismos y no a los electores. Y aquí tiene que producirse una aclaración de conceptos, y debería de existir alguna instancia pública que estuviera permanentemente reflexionando sobre nuestro sistema de gobierno y sus exigencias.
Mientras haya un nudo de decisiones poderosas que no esté normado y controlado en varias instancias, y no existan normas claras para su resolución es decir ésta sea discrecional, se van a producir situaciones de coima, soborno, lobby, tráfico de influencias o corrupción y los rifleros que sacan negocios del aire proliferarán.
Y en Chile hay muchas cosas que no están normadas y son discrecionales y sin control y hay mucha gente poderosa que prefiere que las cosas sean así, ya que con dinero se obtiene lo que se quiere aunque sea una falta de respeto para la comunidad.
Y aunque exista una institucionalidad que parezca que tiene un orden de funcionamiento, en muchas materias el dinero y el poder transgreden ese orden imponiéndose por sobre las leyes escritas y las convenciones no escritas.
Ese tema de que» hay cosas que un caballero no hace», es bastante relativo, y si la sociedad considera «caballero» a alguien solamente porque tiene dinero, y le da al caballero privilegios que no concede al Estado Llano, créanme que todos van a querer tener dinero para tener el poder y los privilegios. Y esto es un sistema recursivo que se alimenta de si mismo.
Hasta hace poco, no sé cuando cambió, nadie había armado un escándalo por ese tráfico de influencias. A lo más se hablaba del tema en corrillos sociales. Y la verdad es que siempre ha existido, y en cantidades abundantes.
Es cosa de ver las maravillas que se pudieron hacer con Notarios amigos en tierras indígenas, por ejemplo, o los dueños de fundos circundantes a las ciudades con sus parientes Ministros.
Me llama la atención y me parece bien que se comience a normar el tema y a sancionar a los funcionarios que se dejaron corromper y a sacar a flote lo que existía para callado.
Lo que no me parece bien, es usar este nuevo entusiasmo de la prensa y de los medios en general por denunciar lo que no han denunciado en 200 años, para destruir la imagen presidencial.
La venganza y el ensañamiento no son buenos consejeros para destruir nuestras instituciones. La Sra Compagnon es una riflera común y silvestre, con altas conexiones que ella usó en forma indiscreta y que quizás jamás le dieron su nombre para ser usado. Pero los que trataron con ella, sabían perfectamente lo que era y se expusieron a usar esa conexión, por si acaso les resultaba el negocio, y si perdieron fue porque su ambición fue mayor que su sentido común o su condición de «caballeros».
No discuto la responsabilidad legal por ser dueña de un negocio que usó boletas falsas para disminuir utilidades ante Impuestos Internos. Pero ella no tiene cargos políticos, y no es la más grande deudora de impuestos en Chile, ni ha defalcado al Estado durante muchos años, y ha hecho lo que la mayoría de los empresarios hizo para disminuir utilidades. Con la diferencia que estas iban para su bolsillo y no para financiar, sobornar o cooptar a políticos o quizás si, pero no a la escala que hemos visto en SQM, por ejemplo. Ella es una Pyme del rifleo, los otros son Grandes Empresarios del mismo.
El que la sienten en el banquillo y la señalen públicamente, se debe a que es la nuera de la Sra Bachelet que no creo que haya participado de estos negocios y no tiene nada que ver en el tema. Se olvidan de que cada político incluso los Presidentes de Chile tiene su propio talón de Aquiles en su familia, y la prensa los ha acallado rápidamente.
Es solamente la venganza y la necesidad de destrucción que tiene un grupo de personas ante los anuncios de reformas y necesitan igualarla a los grandes lobistas y deudores de Impuestos Internos, cosa que no es verdad.
Y conste que no me gusta el gatopardismo de la Sra Bachelet ni su facilidad para subirse a los tanques tanto en el país como en el extranjero.
La banalidad de la prensa, que es capaz de poner en primera plana los amores y vicisitudes matrimoniales de un actor y una modelo, se presta para este tipo de juegos que no son serios, porque no van a la raíz del asunto que es pensar en nuestras instituciones, en nuestras leyes y normas, en nuestros controles y en general en nuestro destino.
Enero 2016

El articulo Los negocios rifleros, los lobistas y el tráfico de influencias apareció primero en piensaChile.

De la colusión del papel a la forestal: nuevo flanco para familias Matte y Angelini

Redacción piensaChile — Mon, 21 Dec 2015 02:35:15 +0000

Sábado 19 de diciembre 2015

Comisión investigadora se abocará a la incidencia del subsidio forestal, en el supuesto enriquecimiento y colusión de las grandes empresas papeleras. Sin embargo, entre las organizaciones socioambientales las expectativas son bajas, y exigen reparar y compensar a los territorios afectados.

La idea sintetiza lo que ha sido definido como el subsidio a la colusión de las empresas papeleras.
Incluso, más simple aún, el subsidio forestal que ha entregado el Estado mediante el Decreto Ley 701, instrumento que comenzó a operar en 1974, por iniciativa del empresario Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet, y que en su rol de director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) permitió desarrollar una política que favoreció precisamente la colusión.
“Las empresas, que no son muchas y que están ligadas a lo que hemos conocido en el último tiempo como la colusión del papel, han ganado por todos lados. Han ganado con la colusión con los sobreprecios y también porque esto se ha capitalizado a partir del aporte del Estado”.
En su condición de director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca se refiere al cuestionado Decreto 701, lo que denomina como “el pilar de la política forestal para incentivar el monocultivo”.
En suma, un subsidio directo, es decir, aportes del Estado a la materia prima que se ha usado para la fabricación de celulosa y papeles.
Por ello, una primera medida que propone es no aplicar nuevamente políticas de incentivo al monocultivo forestal. “Esto, además, no ha considerado los impactos sociales y ambientales. Por eso, no se puede volver a usar estos instrumentos de subsidio directo a las empresas, como el Decreto 701 o cualquier otra versión parecida”.
Además, propone focalizar los recursos que por tanto tiempo se han entregado a las empresas, a la reparación y compensación de los daños que han causado en los territorios. “Porque acá no solo se trata de compensar el sobreprecio de la colusión, sino también reparar y compensar lo que ha sucedido en los territorios, los que han debido asumir los costos que las empresas no asumen”.
Contaminación, degradación de suelo, sustitución de bosque nativo y alteración del ciclo del agua son algunas de las negativas consecuencias. “Hay muchas gente en el centro y sur de Chile que se ha quedado sin agua producto de esto. Y eso ha sido incentivado por un instrumento como el Decreto 701”.

Investigación legislativa, pero ¿hasta dónde?

Profundizar en estos detalles es justamente uno de los objetivos que se propuso una nueva comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se constituyó hace algunos días.
Con un plazo de tres meses, sus trece integrantes se avocarán a la incidencia que ha tenido el subsidio en el supuesto enriquecimiento de las grandes empresas papeleras, a propósito del caso que involucra a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de propiedad de Eliodoro Matte, y a la empresa SCA (ex PISA, cuyo dueño era Gabriel Ruiz-Tagle), así como la manera en la que los organismos públicos fiscalizan a las empresas de ese rubro.
De hecho, los mayores beneficiados con el subsidio han sido las empresas correspondientes a los grandes grupos económicos de las familias Matte y Angelini.
“Uno de los principales temas de la Comisión será evaluar esta política de fomento forestal implementada por la dictadura militar y que se ha mantenido por décadas, lo que ha significado que con plata de todos los chilenos el Estado subsidie a las empresas forestales para que planten pinos”.
Así lo plantea el diputado comunista Daniel Núñez, presidente de la comisión investigadora, anticipando que existe la opinión de que esta política efectivamente favoreció la concentración económica y la creación de grandes empresas forestales. “En ese sentido, lo primero es que el Estado tiene que comprometerse a terminar con esta política forestal y a generar una política que tenga otro sustento”.
Él mismo anticipa que se encuentran trabajando en los datos sobre empresas que recibieron subsidios estatales, como la Forestal Mininco, expropiada por la papelera, que pudieron haberse coludido. “Queremos que esos recursos al menos sean devueltos y determinar la forma en la que se hayan visto afectadas otras actividades económicas, sociales o culturales que se desarrollan en torno a las empresas forestales, como es el caso de las comunidades mapuches”.
Esta última, una arista en la que debiera profundizarse, tal como lo destaca Lucio Cuenca. “He escuchado de muchas organizaciones que están buscando llegar a la Comisión para entregar sus antecedentes, por esta cadena de relaciones que se establece desde la colusión hasta estos instrumentos de política pública que han incentivado y favorecido unilateralmente a las empresas forestales”.
Organizaciones mapuches y organizaciones socioambientales que se han visto afectadas de distintas maneras y en distintos ámbitos. “Es importante que los protagonistas directos de esos impactos puedan también hacer ver a la comisión las consecuencias que esta política ha tenido”.
“Nos vamos a adentrar también a una temática que es muy sensible por los hechos que se han producido en el sur de Chile, pero donde el Estado tendría una responsabilidad, si es que efectivamente este subsidio forestal permitió la colusión de estas empresas forestales y la obtención de ganancias ilegítimas”, agrega el diputado Núñez.
De hecho, reconoce que ya se han generado los contactos con comunidades mapuches, especialmente de la provincia de Arauco, que fueron las primeras en denunciar este tema. “Tenemos contemplado invitarlas, al menos en mi caso como presidente”.
Sin embargo, desde OLCA no existe mucho optimismo respecto de esta instancia legislativa, considerando que en general, entre las organizaciones ciudadanas, no existe mucha confianza en que puedan surgir medidas concretas. “Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados no han mostrado tener mucha eficacia en medidas concretas para revertir o cambiar la situación. Es un poder del Estado que puede reconstruir una parte de la verdad de lo que aquí se necesita saber, respecto de lo que ha sido la colusión y las dimensiones del modelo forestal”, explica Cuenca.
Aprensiones que no pasan inadvertidas para Núñez. “Evidentemente que un tema de esta envergadura puede requerir una comisión permanente. Pero yo soy de los que opina que las comisiones investigadoras deben tener inicio y fin, y que es deber nuestro trabajar a un ritmo más rápido si las circunstancias así lo ameritan. Si quedaran antecedentes relevantes, podemos solicitar una segunda comisión investigadora, tal vez de alguna temática más específica”.
Y agrega: “No descarto que en el caso de la política forestal y la situación de las tierras del pueblo mapuche, podamos pedir una nueva comisión investigadora que se avoque especialmente a ese tema, porque efectivamente es algo que en un mes no se alcanza a abarcar y que tiene connotaciones fundamentales por el conflicto que existe en el sur de Chile y también por la situación de marginación en la que vive el pueblo mapuche”.
“Quizás tenemos que limitar las expectativas que podamos tener –complementa Lucio Cuenca–, porque de los resultados de esa Comisión es probable que nadie se vaya preso y que nadie demande el comportamiento de las empresas. Pero sí tendremos más información de cómo se ha construido todo este sistema de colusión y de favorecer unilateralmente a los sectores económicos más poderosos del país”.
En suma, según el diputado, conclusiones que apunten a cambios en las políticas públicas y propuestas que eviten que se repitan casos de colusión como los que se han conocido en el último tiempo.
Incluso, algunas advertencias sobre los obstáculos que podrían surgir entre los propios integrantes de la Comisión. “Este tema toca a una familia que es muy poderosa en Chile, la familia Matte. Lo importante es que no tengamos ningún temor ni nos inhibamos en nuestra función fiscalizadora. Si todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión se alinean con ese predicamento, no tendremos problemas. Pero si vamos a tener gente que quiera blanquear o defender los intereses de esta familia, que además tiene el Centro de Estudios Públicos, evidentemente que existirán choques”.
La primera sesión de la Comisión, cuyo trabajo se extenderá hasta abril de 2016, quedó programada para el próximo 4 de enero, instancia para la que ya fue invitado el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
“En enero partiríamos con el tema de la colusión en general, en marzo entraríamos a la política forestal y pretendemos terminar en abril el trabajo de la comisión, abocándonos a todo lo que es el daño a los consumidores y los mecanismos de compensación”, anticipa el propio Núñez.
*Fuente: Radio UdeChile

El articulo De la colusión del papel a la forestal: nuevo flanco para familias Matte y Angelini apareció primero en piensaChile.