Hoy, al interior de los partidos es posible encontrar posiciones completamente diferentes. Como en la reforma laboral en que solo la senadora Goic –hoy presidenta de la DC– ha tenido una actitud favorable a lo que plantean los trabajadores (incluyendo al vicepresidente Díaz de la CUT, un demócrata cristiano que ha recogido las tradiciones de los dirigentes sindicales de la DC). Los senadores Walker (ambos) y el senador Zaldívar están muy próximos a las posiciones de los gremios empresariales y lejos de Díaz.

La derecha empresarial –que al final es la única derecha de verdad– lo ha entendido con toda claridad. Los aportes de las empresas a los políticos son directamente proporcionales a dos grandes temas.

De una parte, a la magnitud del negocio y al carácter cuasimonopólico del mismo; y, en segundo lugar, a la inminencia de resoluciones que pudiesen afectar a las empresas. Digámoslo claro, las empresas invierten en políticos, pero también es evidente que este juego no es un contrato, ni siquiera un acuerdo. Es una manera sutil de ganar influencia pero que –a fuerza de ser constante y sistemática– se puede perfectamente transformar en cohecho. Esto termina como en el caso del ex senador Longueira, que se siente a sí mismo obligado a mostrar que las instrucciones recibidas han sido correctamente direccionadas y coronadas con el éxito, lo cual en el sentir de cualquier persona significa “favor concedido” que, como en las mandas religiosas, debe ser pagado con alguna penitencia aunque, ya hace muchos años, los poderosos pagan tales favores con especies valoradas.

Las empresas comprendieron que un voto en el Parlamento vale igual, venga de donde venga. El precio del aporte es similar y, como se ha visto, la opinión pública o los medios que ayudan a crear esta opinión, se han volcado a apuntar a los parlamentarios beneficiados o a los funcionarios públicos beneficiados, pero se hace más sutil cuando se trata de apuntar a las empresas beneficiadas. Es decir, ¿cuál va a ser el castigo de los incitadores del cohecho, en el caso Soquimich, Corpesca, Ripley y otras tantas que no terminan de aparecer?

Estamos en una situación particularmente ridícula. Personas piden plata a nombre de personajes que no tienen idea de las peticiones y gerentes dan plata sin que sepan los propietarios de esos recursos… Los chilenos no somos tan “ingenuos” (la palabra precisa es la que todos intuimos) para tragarnos estas cosas. Por favor.Más aún, en el caso Soquimich, toda la responsabilidad se ha trasladado a un gerente que casi aparece como atacado de una misteriosa locura por regalar dinero a diestra y siniestra, sin ningún control. El señor Patricio Contesse, como el señor Hugo Bravo, ambos gerentes generales de Soquimich y Penta, respectivamente, aparecen como dotados de un poder que les permitía repartir donaciones sin que nadie supiera en el directorio de la empresa. No hay que ser muy suspicaz para comprender que estos personajes entregaban los dineros con el consentimiento de los propietarios de las empresas y eso debiese también ser investigado por los fiscales que les cuesta mucho “subir” en las investigaciones.