Frente al creciente debate instalado en la agenda pública respecto de una eventual privatización, total o parcial de Codelco, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) declara con absoluta claridad: El mundo sindical minero rechaza categóricamente cualquier intento de avanzar en la privatización de Codelco, de cualquiera de sus operaciones o de otras empresas del estado como ENAP y ENAMI.

–Documento enviado a piensaChile por Christian Vega

*Fuente: GestionZur

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El articulo Comunicado Público CTMIN: ¡Codelco no se vende! apareció primero en piensaChile.

El 20 de abril 2023 el Presidente de la República Gabriel Boric anunció al país, por cadena nacional de radio y televisión, los lineamientos de su estrategia nacional del Litio, destacando el enorme potencial económico de este recurso y la disposición privilegiada del mismo en Chile. El desafío para el país, entonces, es el de convertirse en el mayor productor mundial de Litio sin dañar el medioambiente y distribuyendo de manera justa la riqueza así generada.

Según lo anunciado, esta estrategia consta de cinco pilares básicos:

1. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio.
2. El esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de la colaboración virtuosa público-privada.
3. Se avanzará hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares.
4. Todo este desarrollo se hará con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras.
5. Se promoverá no solo la extracción y la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado.

Sin duda, los cuatro objetivos anunciados (creación de una Empresa Nacional del Litio, el avance hacia la utilización de nuevas tecnologías, la participación e involucramiento de las comunidades y la generación de productos de mayor valor) son claramente congruentes con el interés nacional, pero no resulta claro que, sin mediar mayor justificación, el medio escogido sea el de la “colaboración virtuosa público-privada” en lugar de optar directamente porque sea el Estado quien asuma este desafío.

Más aún cuando, a contrapelo de la experiencia efectivamente acumulada en la historia del país a este respecto, se pone como ejemplo de ese supuesto virtuosismo la llamada “chilenización del cobre” llevada a cabo bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, poniéndola además, equivocadamente, en una misma línea con la nacionalización del cobre impulsada, aprobada y ejecutada bajo el gobierno del Presidente Allende.

En verdad, los convenios de asociación suscritos por el gobierno de Frei Montalva con las compañías norteamericanas que controlaban la gran minería del cobre resultaron ser tan ostensiblemente lesivos para los intereses del país que debieron ser renegociados tres años después bajo el engañoso título de “nacionalización pactada”. Aún así, estuvieron tan lejos de cautelar los legítimos intereses de Chile que la demanda de una nacionalización efectiva se abrió paso entonces con mucha fuerza.

En efecto, nunca las grandes compañías norteamericanas que explotaban nuestro cobre obtuvieron utilidades tan elevadas como bajo el gobierno de Frei Montalva tras la puesta en práctica de su llamada “chilenización”. Si en 1965, primer año de su gobierno, las utilidades conjuntas de Anaconda y Kennecott, controlando la primera Chuquicamata y El Salvador y la segunda El Teniente, alcanzaron los 43,9 millones de dólares, en 1970, último año de ese mandato, sus utilidades sumaron 265,9 millones de dólares. Así, con una producción que solo se había elevado algo más de un 12%, dichas compañías sextuplicaron sus ganancias.

No obstante, como a los convenios de asociación el gobierno de Frei Montalva les había concedido el carácter de “contratos-leyes” no era posible intentar luego una nacionalización efectiva del cobre por vía de una ley, aun cuando así lo exigía el interés del país, ya que se requería para ello contar con el acuerdo de la contraparte estadounidense. Fue por eso que, para salvar ese obstáculo, el gobierno del Presidente Allende debió recurrir a una reforma constitucional. Por tanto, es una clara impostura suponer que la llamada “chilenización del cobre” fue un paso hacia su ulterior nacionalización cuando en rigor se trató de un claro intento por impedirla.

La aleccionadora experiencia de esta poco virtuosa colaboración público-privada no hizo más que confirmar aquella elementalísima verdad que en su momento recordara el Presidente Balmaceda, aludiendo a la propiedad de los ferrocarriles salitreros en su famoso discurso del 7 de marzo de 1889 en Iquique: que las empresas de particulares “consultan necesariamente el interés particular” mientras que las empresas del Estado “consultan, antes que todo, los intereses de la comunidad”.

Así lo corrobora, entre otros ejemplos que se podría invocar, el marcado desinterés que han evidenciado siempre las compañías privadas que han explotado y explotan el cobre de Chile por refinar en el país el mineral, ya que les resulta más ventajoso exportarlo como concentrado para disminuir su base imponible, agregarle valor fuera de Chile y poder además apropiarse gratuitamente de los otros minerales (oro, plata, molibdeno, etc.) que bajo esta forma en bruto conlleva. De modo que si confiamos en que sean los inversionistas privados quienes resuelvan el problema nos quedaremos esperando hasta las calendas griegas.

Sería por lo tanto muy lamentable olvidar verdades tan elementales como esta y repetir con el Litio lo que en su momento ocurrió con el cobre. Sin embargo, ya en su mismo anuncio de la estrategia nacional del Litio el gobierno da a entender que lo que en verdad tenía en mente al momento de hacerlo era un acuerdo de asociación de Codelco con SQM, tal como se dio a conocer posteriormente, primero a través del Memorandum de Entendimiento y luego con el anuncio del acuerdo negociado a puertas cerradas entre Máximo Pacheco y los directivos de SQM.

Como se sabe, han surgido numerosas voces cuestionando la pertinencia y conveniencia nacional de la decisión adoptada de negociar directamente un contrato con SQM y de los términos en que se ha conducido luego esa negociación, cuestionamientos que en su mayor parte son recogidos por el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre este asunto. (ver texto del informe en https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=83530&prmTipo=INFORME_COMISION).

El primero y más importante de ellos es la falta de transparencia que representa el hecho de que el acuerdo no pueda ser conocido en su integridad, ya que contiene aspectos y cláusulas que ambas partes se han comprometido a mantener en reserva, tornando con ello imposible, que el país pueda formarse un juicio debidamente informado sobre el mismo. Aun así, como lo expresa el Informe de la Comisión Investigadora, hay suficientes indicios de que los representantes del Estado no han sido en esta negociación todo lo rigurosos que debieran en cautelar los intereses del país. (ver texto del acuerdo en https://acuerdocodelcosqm.cl/wp-content/uploads/2024/09/Acuerdo-de-Asociacion-CODELCO-SQM43302128.2.pdf)

Llama la atención que el principal argumento esgrimido para llevar adelante este acuerdo haya sido el de evitar que se produjese un «valle productivo» en caso de no dar garantías de continuidad en este negocio a SQM. Y también que, pese a todos los reparos conocidos, tanto el gobierno como la mayor parte de los críticos se hayan manifestado partidarios de una asociación público-privada como la forma más conveniente para el país de llevar a cabo la explotación del Litio. Esto significa que se descarta, sin mas trámite, invocando para ello los viejos, consabidos y falaces argumentos de los poderes fácticos empresariales y de sus voceros políticos, el que el Estado pudiese hacerse cargo directamente de su explotación.

Lo cierto, sin embargo, es que en principio siempre la opción más acorde a los intereses del país será que sea el propio Estado el que asuma el desafío de explotar sus riquezas naturales, como lo ilustra claramente la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre en 1971. Y si por alguna razón de efectivo peso y conocimiento público se optara por la alternativa de una asociación público-privada, ella debe negociarse con los potenciales inversionistas desde la posición de fuerza que representa el hecho de que es el Estado el propietario indiscutido del recurso y en ningún caso bajo la presión, y menos aún el chantaje, al que suelen recurrir aquellos tras el único objetivo de maximizar sus ganancias.

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Decepcionante apoyo de Manuel Riesco, presidente de CENDA al «acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet» sobre el litio

El articulo Sobre la anunciada estrategia nacional del litio y el acuerdo de Codelco con SQM apareció primero en piensaChile.

Replica al economista Manuel Riesco, Vicepresidente de CENDA

Es difícil replicarle al economista Manuel Riesco por sus aseveraciones en su columna en El Siglo de 27/05/2025, en la cual defiende el espurio acuerdo Codelco-Sqm. Es difícil replicarle, no por los argumentos que entrega, sino porque Maño Riesco ha sido desde hace décadas, junto al economista Orlando Caputo, un gran defensor de la nacionalización de la gran minería y gran denostador de las mineras extranjeras, precisamente por el colosal perjuicio económico que ellas han provocado en nuestro país. Nuestras primeras reuniones contra el perjuicio a Chile de las mineras extranjeras, les realizamos precisamente en Cenda, por allá por los años 1993-1994. Por ello es decepcionante su actual apoyo al acuerdo Codelco-Sqm, o acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet. Pero ni modo, en recuerdo de nuestras antiguas luchas, me veo en la obligación de contestarle al compañero Riesco, en base a algunos párrafos de su columna.

“El acuerdo CODELCO-SQM, mediante el cual la minera estatal recupera desde ahora la propiedad y el control de la explotación del principal yacimiento de litio del país, se convierte en líder mundial ya no en uno, sino dos de los metales claves para la transición energética”.

No Manuel, la estatal no recupera la propiedad del principal yacimiento de litio del país, porque dicha propiedad es estatal desde 1979, gracias al art. 5° del DL 2.886, que dispuso “por exigirlo el interés nacional… el litio queda reservado al Estado”, y en consecuencia, no solo el litio del Salar de Atacama, sino el litio en todo Chile queda reservado al Estado, y no se puede otorgar concesiones a privados, porque es un bien público, un bien del Estado. El DL 2.886 es de carácter constitucional. Por lo tanto, para poder enajenar, arrendar o entregar en concesión este bien público, el litio, solo se puede hacer mediante una ley, porque así lo mandata la Constitución en el artículo 63 que establece:

“Solo son materia de ley: 10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;”.

De todo ello deriva que el acuerdo mediante el cual Codelco, sin tener legitimidad legal y constitucional, entrega por 30 años, el 49.99% de la mayor parte del litio del Salar de Atacama a un privado, SQM, no puede prosperar porque ello solo se puede hacer por ley, es decir tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional, así, como también se tiene que hacer por ley el acuerdo de Codelco-Río Tinto en el Salar de Maricunga y el de Enami-Río Tinto en Salares Altoandinos. Debemos insistir, el litio está fuera de la tradicional concesibilidad minera, porque está constitucionalmente reservado al Estado desde 1979.

Desde el punto de vista jurídico el acuerdo Codelco-Sqm es ilegal y sobre todo, inconstitucional. Veamos otro párrafo de Manuel Riesco.

 “Como lamentablemente suele suceder frente a hechos esenciales de interés nacional, algunas voces, anteponiendo a la contundente conveniencia general arriba resumida, plantean objeciones válidas pero secundarias, otras sin validez alguna, o mezquinos intereses locales y particulares, económicos y también electorales en un espectro insólitamente diverso. Juegan por estos días con la ilusión de que esta gran iniciativa “se queme en la puerta del horno”.

Algunas voces plantean objeciones válidas pero secundarias, pero lo que he sostenido más arriba no es secundario, es relevante, fundamental, puesto que me he basado en disposiciones constitucionales que son irredargüibles. Tal como está, el acuerdo Codelco-Sqm es inconstitucional, y solo podría prosperar si se hace por ley, en caso contrario, puede ser anulado en los tribunales de justicia. Y esto no lo sostengo porque defienda mezquinos intereses particulares o económicos, menos aún electorales.

Sigamos con otro párrafo de la columna de Maño Riesco.

“Felizmente, al igual como sucedió con la aprobación unánime del Congreso a la nacionalización del cobre impulsada por el Presidente Allende, el Directorio de CODELCO, la autoridad calificada para ello, ha revisado concienzudamente, informado con transparencia, y respaldado en forma unánime cada uno de los pasos de este complejo acuerdo”.

Es realmente un despropósito que Riesco trate de comparar el Congreso Nacional de 1971, que aprobó unánimemente la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, con el actual Directorio de Codelco que privatiza lo que el Presidente Allende nacionalizó. Este Directorio privatiza por partes a Codelco, en particular desde el año 2010, porque gracias a la Ley 20.392 de 2009, este Directorio pasó a estar integrado principalmente por ejecutivos de las propias transnacionales mineras, escogidos principalmente por la Alta Dirección Pública que obedece a las mismas transnacionales. Por ejemplo: ¿Que autoridad calificada y experiencia en minería tienen los dos últimos directores escogidos por dicho organismo, Alfredo Moreno y Tamara Agnic?

Y es tan grande la autoridad calificada de este Directorio de Codelco, que desde 2010 hasta la fecha se han registrado, de lejos, los peores resultados de la Corporación de toda su cincuentenaria historia, teniendo en consideración la producción y el precio del cobre. Para muestra un botón, el 2006 el precio del cobre fue de 3 dólares la libra y los excedentes de Codelco fueron  de 9.215 millones de dólares, mientras que el 2024 con un precio del cobre de 4,14 dólares, los aportes al Fisco fueron solamente de 1.534 millones de dólares, es decir 6 veces menos que el año 2006. Además, la producción de cobre el 2006 fue de 1,676 millones de toneladas y el 2024 fue solamente de 1,328 millones de toneladas, un 20,7% menos que el 2006. Estas son las cifras de este Directorio de Codelco, que yo llamo los sepultureros de la Nacionalización, pero que Riesco estima como autoridad calificada.

Manuel Riesco no entrega análisis de cifras para validar este acuerdo, por lo que conviene dar algunas.

En noviembre de 2024 la empresa “Rio Tinto”, actual proyectado socio de Codelco en Maricunga,  compró en Argentina la empresa Arcadium en un valor de 6.700 millones de dólares al contado. Río Tinto tiene proyectado dentro de algunos años más hasta 150.000 toneladas de litio al año.  El acuerdo Codelco-SQM, tiene proyectado producir 300 mil toneladas anuales de litio, entre 2030 y 2060, de las cuales 150 mil toneladas le corresponderán a SQM. ¿Cuánto pagó SQM a Codelco o al Estado, por tener derecho a explotar 150 mil toneladas de litio anuales, durante 30 años? Nada, absolutamente nada. Esa es la forma como el Directorio de Codelco, la autoridad calificada vela por los intereses del Estado, es decir de todos los chilenos. ¡Vaya Patriotas!

Una de las grandes justificaciones de Máximo Pacheco para hacer este acuerdo con Sqm, es que esta empresa podría generar un “valle productivo”, es decir detener la extracción de salmuera 3 años antes que termine el actual contrato Corfo-SQM, el 31 d diciembre de 2030, por lo cual Chile se quedaría sin ingresos por el litio y sin los impuestos por esta actividad. Ello es una falacia, puesto que en 1976 Corfo manifestó 75.000 pertenencias en el Salar de Atacama, de 5 hectáreas c/u, y meses después, en 1977, mensuró solo 59.820 y posteriormente renunció a 26.262, por lo que las pertenencias OMA que quedaron son 33.568. De ellas Corfo arrendó a Sqm 28.054 hasta 2030 y 3.344 pertenencias a Albemarle hasta el año 2044.

Por lo tanto quedan disponible 43.802 de las 75.000 pertenencias que Corfo manifestó en 1976, para que Codelco, o una nueva Empresa Nacional del Litio, puedan comenzar desde ya a construir las piscinas necesarias para comenzar a llenarlas con la salmuera que también se puede comenzar a extraer, “tecnología” que no es de otro mundo, ni requiere un capital demasiado grande, mientras se comience también a construir las plantas para obtener el carbonato e hidróxido de litio, o se compren a buen precio las plantas que SQM posee actualmente y que quedarán en desuso, porque solo el Estado está constitucionalmente autorizado para explotar el litio.

En suma, Codelco puede desde ya comenzar a preparar en el Salar de Atacama la explotación del litio, antes del año 2030 cuando termina el contrato Corfo-SQM. El no hacerlo, y hacer un acuerdo con SQM, solo puede ocultar un gran negociado.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

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Esto consagra una multiplicidad de funciones en la economía de mercado a saber, la de armador, agente de seguros, deudor, financista acreedor, todo ello en el marco de oligopolios y manejo del crédito en las transacciones.

¿Qué busca el conglomerado de empresas que integra la cadena de valor del cobre? El caso de Chile, mayor productor de cobre de mina del mundo, demuestra con claridad el conjunto de operaciones que rige la comercialización de 15 millones de toneladas de concentrado (2023) al año.

Es un caso, como otros de menor cuantía en el mundo que implica un conjunto importante de operaciones comerciales y de producción aguas abajo. Esas acciones implican los costos apropiados de la refinación o procesamiento; el flete tanto hacia el puerto de embarque en Chile como desde el puerto de desembarque hacia la refinadora en el extranjero; las operaciones de carga y descarga implicando los servicios de firmas de inspección; el pesaje del mineral; análisis químicos de los concentrados; intercambio de muestras; descuentos aplicados por el establecimiento de refinación según la calidad del concentrado, así como por el tratamiento de impurezas y recuperación de oro, plata y otros subproductos; los pagos relativos a la carga de concentrados transportados según el tonelaje.

El transporte del concentrado significa licitaciones mucho más importantes que para el transporte de cobre fino, puesto que una tonelada de concentrado equivale aproximadamente a 350 kg de cobre fino.

Tratándose de ventas de concentrados CIF (1) o FOB (free-on-board) el productor en Chile, o el fundidor/refinador en el extranjero, tienen, cada uno en su caso, el incentivo de obtener condiciones de financiamiento favorables para su actividad.

En el caso de la exportación CIF, donde el sujeto activo de la negociación es el productor de concentrados, la compañía naviera normalmente propone una compensación financiera para el productor por el importe del flete contratado, para lo cual involucra en dicha operación a un banco internacional. Este es el caso de reciprocidad del banco al productor localizado en Chile por haberle aportado el cliente naviero.

En el caso de una exportación FOB el sujeto activo de la negociación es el fundidor/refinador localizado en el extranjero, el cual negocia con las compañías navieras interesadas en el flete en condiciones de largo plazo.

En ambas situaciones el objeto de la negociación es asegurar, por una parte, y en un horizonte de largo plazo, el abastecimiento de la refinación o fundición (exportación FOB) y por otra el servicio de transporte de la compañía naviera (exportación CIF).

Las operaciones financieras (de compensación o de reciprocidad) involucradas en el transporte y tratamiento del mineral interesan a las empresas concesionarias de los yacimientos, pues según cifras del Banco Central en 2020 74,4% de la producción de cobre en Chile correspondió a concentrados, 71,7% de estos era exportado.

Para el año 2030 las proyecciones de Cochilco señalan que 89,5% de la producción de cobre provendrá de concentrados, exportándose un 75,6% de dicho monto (Véase Cochilco 2020). Existe además el interés de las compañías de seguros en estas operaciones puesto que negocian con los exportadores de concentrados los contratos de largo plazo. Siendo el mercado mundial del cobre extremadamente fluctuante, la lógica de explotación de los yacimientos en Chile se basa en que las compañías que exportan concentrados, mediante contratos de período largo, obtengan un leverage financiero (3) importante acorde con una función compensatoria, para cuando se produzcan las bajas de precio del metal en los mercados mundiales.

En estas condiciones de organización del mercado de bienes y factores de producción, los intereses del Estado de Chile y de las transnacionales, no son necesariamente compatibles.

Las compañías extranjeras en Chile operan en la cadena de valor (4) con las empresas que realizan la fundición/refinación en el extranjero, las compañías navieras y de seguros. Dichas compañías transforman la materia prima, recuperan en sus refinerías metales nobles (oro, plata) molibdeno, renio, paladio, platino, rodio, erbio…. y con ello acercan el mineral al consumidor final bajo la forma de automóviles, computadores, cables, aleaciones, construcciones, barcos, aviones, misiles, balas, cañones, etcétera.

En esta lógica de negocios, que ensambla a la perfección con una política extractivista, el comprador impone el precio y con ello el retorno al país.

En el citado estudio de Cochilco se destaca junto a lejanos destinos del concentrado (China, Japón, India, Corea del Sur, etc.) su capacidad de fundición y de imponer las tarifas TC/TR1, es decir la penalización cuando el contenido de arsénico es superior a 0,5%. Esta penalización impuesta por el exportador-importador (función que consagra la cadena de valor) es perfectamente controlable al nivel de la planta de ácido sulfúrico pues ahí se hace la separación del azufre y captura del arsénico, -ambos minerales son indisociables en la naturaleza-, y mediante el tostado (secado a fuego) posterior se rebaja (referencia al 0,5% mencionado) el precio final del metal, controlado de esa manera por la extraña mezcla de exportador/importador a que la lógica de productor de concentrados es condenado Chile.

En síntesis, la producción de la materia prima, obtención de los subproductos y comercialización, corresponden a una estructura de mercado basado en la llamada ‘economía mundo’ que a la manera de Fernand Braudel (1979) (5) es una economía de una parte del planeta en la medida que esta forma parte de un todo económico integrado en un espacio geográfico determinado en torno a un centro, esto es un Estado-ciudad o una capital económica, por ejemplo, Nueva York en EEUU. En esta visión la economía mundo de Braudel evoluciona en zonas sucesivas de hegemonía económica en el tiempo. Esta concepción dinámica de un todo formado por partes interdependientes se encuentra también en los trabajos de Wallerstein (1979, 1984) y Taylor (1993).

La división en filiales del proceso de producción se reparte a escala internacional, lo que va acompañado de un incremento de los intercambios comerciales situación que es independiente de la evolución seguida por la producción.

Por último, una observación relativa a este tráfico-mundo. Si el concentrado, que contiene 35% de cobre, fuese refinado en Chile, el planeta se beneficiaría con ello. Un estudio establece que «el transporte de millones de toneladas de material estéril a estas enormes distancias implica, cada año, la quema de millones de barriles de combustible por los barcos que las transportan desde Chile al resto del mundo y, como consecuencia, la generación de millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) que son emitidos a la atmósfera, y que contribuyen al calentamiento global y el cambio climático» (Sturla Zerene. Gino, 2018, p. 179).

Si bien concordamos con que el transporte genera los llamados GEI, la referencia no es exacta en relación a la materia estéril pues el concentrado contiene una cantidad mínima de ese material (por ejemplo: sílice, oxido de calcio, etc.), la mayor cantidad de «material estéril» se elimina durante el proceso de flotación y va a parar a los tranques de relaves.

Si el concentrado contiene aproximadamente 35% de cobre, el resto, 65% contiene azufre, arsénico, hierro, níquel, oro, plata, paladio, platino, molibdeno, renio, etcétera, lo que de ninguna manera puede ser calificado como «material estéril»: nadie importaría ni transportaría material estéril a sus países.

El mismo estudio en cuestión, observación no menor, agrega que en 2014, «se efectuaron 919 embarques de concentrados de cobre en Chile, desde 13 puertos y hacia 22 países (Banco Central, 2015). La distancia náutica directa recorrida en total por estos embarques correspondió a más de 15,5 millones de kilómetros, equivalente a 40,3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna» (Ibidem, 178).

-El autor, Héctor Vega, es abogado (Universidad de Chile) y economista (Doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille), Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Ha sido investigador del Departamento de Graduados de la London School of Economics (1962-1964) y de la Delhi School of Economics (India, 1969-1971). Profesor de la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado y de la Universidad Arcis (doctorado). Experto de NN.UU y Consultor Internacional. Es autor de numerosos artículos y libros en el terreno de la economía.

*Fuente: Politika

Notas del Editor

(1) CIF: cost-insurance and freight. El precio del bien exportado, más los costes de seguros y el flete.

(2) FOB: free on board. Considera solo el precio del bien exportado puesto a bordo del medio de transporte (barco, avión…)

(3) Leverage financiero: es lo mismo que apalancamiento financiero y se refiere a la utilización de fondos prestados para adquirir nuevos activos (que se supone generan una mayor ganancia de capital o ingresos en comparación con el costo de los préstamos).

(4) Cadena de valor: La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. Con la cadena de valor de una empresa se consigue examinar y dividir la compañía en sus actividades estratégicas más relevantes a fin de entender cómo funcionan los costos, las fuentes actuales y en qué radica la diferenciación.

(5) Fernand Braudel: historiador francés que desarrolló un análisis fundado en la consideración de una triple temporalidad: el tiempo geográfico (larga duración); el tiempo social (el de los Estados), y el tiempo del acontecimiento (breve pero más directamente accesible).

Notas del autor

Este artículo debe parte importante al Ingeniero Químico, Dr. Juan Camus y al Ingeniero Comercial, Sr. Carlos Tomic, con quienes discutí extensamente la comercialización de los concentrados de la Gran y Mediana Minería del Cobre. Como ya es usual, incluyo la advertencia de que es el autor de este trabajo el único responsable por las interpretaciones y afirmaciones sobre el tema.
1 Treatment charge/refining charge, tarifas cobradas por las fundiciones por procesar concentrados.
2 Juan M. Albertos Puebla (1997) explica que el valor de los componentes y bienes semi acabados al ser registrado en las estadísticas de comercio exterior tantas veces como estas atraviesan una frontera al hilo de las diferentes fases del proceso productivo, necesariamente es superior al registro de producción. Es lo que la OMC denomina ‘tráfico de perfeccionamiento’.

Referencias

Albertos Puebla. Juan Miguel (1997) El papel de las corporaciones transnacionales en el proceso de globalización. ¿Nuevas oportunidades de desarrollo para regiones atrasadas? Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, N° 24, pp. 169-186.

Braudel. Fernand, (1979) Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XVe -XVIIIe siècle.

Sturla Zerene. Gino, (2018). Refinar el cobre en Chile: un beneficio para el planeta. Por qué el cobre No es de Chile. Frustraciones y Desafíos. Jorge Lavandero (editor), Rialstat Editores, Santiago de Chile. Tercera reimpresión.
Taylor. John, (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. Stanford University, Stanford, CA 94905North-Holland 39 pp. 195-214.

Vega. Héctor, (1999). El cobre de Chile y el mercado global. Estadística y Economía. Instituto Nacional de Estadísticas. Segundo Semestre, pp. 101-128.
Wallerstein. Immanuel, (1979). El moderno sistema mundial, tomo I, México, Siglo XXI Editores.

Wallerstein. Immanuel, (1984). El moderno sistema mundial, el mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750. tomo II, México, Siglo XXI Editores.

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No hay que ser muy perspicaz, para advertir que aquí hay gato encerrado y algo se trama detrás del cierre de Ventanas que trata concentrados de cobre. Esto es importante repetirlo, de acuerdo a estudios irrefutables, de fuente internacionales, en los concentrados de cobre van productos metálicos mucho más valiosos que el cobre, son los subproductos que para des-categorizarlos a esos valiosos subproductos y tierras raras, las denominan impurezas y estos valiosos subproductos salen de contrabando.

No, la verdadera razón para no fundir y refinar el cobre en Chile es que estos subproductos y tierras raras, contenidos en los concentrados de cobre, valen mucho más que el cobre mismo. Esa es una de las razones para cerrar Ventanas, que funde y refina el cobre en Chile, y eso puede permitir descubrir el fabuloso negociado del cobre, tanto en Codelco, pero inmensamente más, como en las empresas extranjeras del Concejo Minero chileno. No hay ninguna razón, ni técnica, ni económica que permita explicar la forma subrepticia como se ha llevado adelante una política honrada para desarrollar nuestra principal riqueza, que les pertenece a todos los chilenos

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Quiero decirles que estamos enfrentados a un reto histórico y debemos estar unidos y con disciplina sindical.
Hoy nos enfrentamos al escenario real de perder para siempre Codelco que conocemos desde hace 50 años, un Codelco estatal que es la viga maestra de nuestro país.

O nos comprometemos con nuestro voto y el de nuestras familias y entorno en esta segunda vuelta con el candidato Gabriel Boric; o nos vamos para la casa como cobardes y traidores, que no movieron un dedo para defender para todos los chilenos esta grandiosa empresa como Codelco.

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Es un argumento absolutamente falaz que sea por la pandemia del covid que se haya cerrado la fundición y refinería de Chuquicamata, ya que ello se debe a una política implementada a partir del año 2010, cuando las transnacionales mineras se tomaron la dirección y administración de Codelco, con el objetivo de destruir económicamente y financieramente a la Corporación, plan que contemplaba el cierre de las fundiciones y refinerías de Codelco, de manera a exportar solo concentrados.

Es así como, el año 2009, antes de la llegada de las transnacionales mineras a administrar Codelco, solo el 10% de las ventas de cobre Codelco era en forma de concentrado (Pág. 73 Memoria  2009), mientras que el año 2019, la parte del concentrado alcanza al 40% de las ventas de cobre (pág. 40 Memoria 2019). La parte del concentrado en las ventas de Codelco, se verá incrementada en la actualidad, teniendo como pretexto el covid, porque el actual Presidente Ejecutivo de la Corporación, Octavio Araneda, ante el cierre de la fundición y la continuación de labores en la mina y concentradora, declaró: exportaremos concentrados.

Exportar concentrados en vez de cobre refinado, no es algo baladí y sin importancia, puesto que ello se refleja inmediatamente en los ingresos por ventas y los resultados de Codelco. Por ejemplo, el año 2009 cuando la exportación de concentrados era solo del 10% de las ventas de cobre de Codelco, los excedentes fueron de US$ 3.948 millones, con un precio del cobre de 2,34 dólares, mientras que el año 2019, con el precio del cobre de 2,74 dólares, 17% más alto que el año 2009, los excedentes de Codelco fueron solo de US$ 996 millones, de los cuales solo U$ 78 millones eran impuesto y royalty US$ 919 millones corresponden al 10% de las ventas que van a las FFAA.

Los lamentables resultados del año 2019, no son casuales ni el fruto de una mala administración, sino el efecto de una planificada política para endeudar y arruinar Codelco, para de esa manera crear las condiciones para su privatización. Este planificado descalabro de Codelco viene implementándose desde abril del año 2010, cuando las trasnacionales mineras lograron apropiarse de la administración de la Corporación, al asumir  Diego Hernández la Presidencia Ejecutiva, Thomas Keller la Vicepresidencia de Finanzas, y una serie de otros ejecutivos que asumieron vicepresidencias y gerencias de Codelco, y que venían directamente de las transnacionales mineras.

Seguramente muchos lectores de esta columna se deben preguntar, de dónde saca este señor, que Codelco está administrado por las transnacionales mineras, si Codelco es una empresa del Estado, cuyo origen se encuentra en la nacionalización realizada el 11 de julio de 1971, por el Presidente Allende.   .

Es absolutamente cierto que lo que queda de Codelco pertenece al Estado, y decimos de lo que queda de Codelco, puesto que desde 1990 se privatizaron las termoeléctricas de Tocopilla y Cachapoal, el Puerto de Ventanas, los Talleres de Rancagua, y decenas de yacimientos de Codelco fueron entregados a mineras extranjeras casi gratuitamente, entre ellos el muy importante yacimiento de El Abra.

Haremos una pequeña reseña de cómo de lo que queda de Codelco, pasó a ser administrada por las transnacionales mineras, historia que la televisión y los grandes medios de comunicación callan.

Esto ocurrió gracias a dos hechos esenciales. Primero: el Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado en noviembre de 2009 en le primer gobierno de Michelle Bachelet, que permitió, entre otras disposiciones, que el Presidente Ejecutivo de Codelco ya no sea designado por el presidente de la República, sino por el Directorio, del cual además se sacó a los Ministros de Hacienda y de Minería. Adiós el control del Estado. Segundo, en marzo de 2010, comienza el primer gobierno del Presidente Piñera, quien en virtud de la Ley 20.392, nombra un nuevo Directorio de la Corporación, que designó a Diego Hernández como Presidente Ejecutivo, y con ello se abrieron anchas las puertas a los representantes de las transnacionales mineras para tomar el control total de las demás vicepresidencias y gerencias de Codelco.

Se podría deducir que, si estos ejecutivos con amplia experiencia en la gran minería privada administraban Codelco, sería muy favorable para la Corporación. Es así como, la casi totalidad de los comentarios de la prensa y de los “expertos” fueron muy favorables a estos nuevos ejecutivos, quienes por su gran capacidad técnica y experiencia en diversas transnacionales mineras, prestigiaban a Codelco y aumentarían en forma muy importante sus resultados. Sin embargo, me atreví a ir contra las opiniones de los “expertos”, y en abril de 2010, pronostiqué en columnas en algunos diarios electrónicos, que con Diego Hernández y estos nuevos ejecutivos se iniciaría el tiempo de las pérdidas para Codelco.

Desgraciadamente no nos equivocamos en nuestras previsiones. Los excedentes de Codelco disminuyeron entre un 30 y 35 % en los años 2010 y 2011, pero los siguiente años, los resultados fueron un verdadero descalabro, hasta llegar al extremo que Nelson Pizarro, entonces Presidente Ejecutivo de la Corporación, declarara en agosto 2016, “no hay un puto peso”. Ni siquiera nosotros nos imaginamos que las transnacionales irían tan rápido, tan lejos, y tan fraudulentamente para destruir Codelco.

Los pésimos resultados de los años 2010 a 2019, son los peores en la historia de Codelco, teniendo en cuenta la producción y el precio del cobre y sus subproductos.

Las cifras oficiales de las Memorias de Codelco, nos muestran que desde el año 2010 han desaparecido cada año ingresos por ventas de Codelco, por varios miles de millones de dólares. Es precisamente la información de los ingresos por venta, la que permite poner en evidencia que estamos frente una escandalosa defraudación de Codelco, que en parte se debe a que vez de cobre refinado se está exportando concentrado.

No existe razón válida para una caída tan considerable de los ingresos de Codelco desde el año 2010 hasta ahora, salvo que el cobre y sus subproductos hayan sido exportados a precios muy inferiores a los del mercado internacional. Aquí comienza a emerger el fraude, porque ni Codelco ni ninguna minera extranjera pueden vender a precios inferiores a los del mercado internacional, porque ello está prohibido por el art. 36 de la Ley de la Renta.

La inexplicable y no explicada caída de los ingresos de Codelco, en alrededor de US$ 20.000 millones, entre los años 2010 y 2019, que en parte se debe al hecho, que ahora, el 40% de las ventas de cobre de Codelco se realiza en forma de concentrados, y es por ello que es una falacia total, que el cierre de la fundición y refinería de Chuquicamata se deba a la emergencia sanitaria, porque si así fuera, se habría detenido la producción en la mina y concentradora, donde la exposición a la infección es mayor.

Finalmente, si la mayor parte de las actividades productivas del país están detenidas por la contingencia covid, nada justifica que la gran minería  esté autorizada a seguir operando, puesto que sus aportes al Estado entre impuestos y royalty son miserables, en razón que evaden sus utilidades para no pagar impuestos, pero tienen recursos más que suficientes para detener la producción y seguir pagando a sus trabajadores.

–El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado. Presidente ONG Chile- Cobre

El articulo El Covid-19 y la verdad sobre el cierre de la Fundición de Chuquicamata. apareció primero en piensaChile.

Querella contra Codelco: «Por los delitos de malversación de caudales públicos y otros fraudes y exacciones ilegales»
por Julián Alcayaga Olivares (Chile)
Publicado el 24 agosto, 2019

Este reportaje se publica en la prestigiada revista mexicana Proceso y en Chile marca el debut de Remo.

La Fiscalía Centro Norte -de Santiago- se apresta a cerrar el caso del presunto fraude por 18 mil millones de dólares en Codelco, sin realizar la mayoría de las diligencias solicitadas por los denunciantes.

Así quedarían impunes los responsables de hundir a la cuprífera, así como de causar altísimas pérdidas al Estado.

La mayor parte de los recursos -unos 14 mil millones de dólares- se extraviaron en el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera.

Todo esto ocurre en un periodo de revuelta social, en que es urgente disponer de recursos para saldar una vieja y gigante deuda del estado con la sociedad.

Valparaíso.- Después de 4 años y medio de iniciada la causa judicial, el Ministerio Público se apresta a cerrar la investigación por desfalco en la estatal cuprífera Codelco, que supuso la pérdida de cerca de 18 mil millones de dólares.

Estos dineros fueron defraudados utilizando dos modalidades: subfacturación de cobre y otros minerales, en una práctica que se inició en el primer Gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), y que explican la desaparición de cerca de 14 mil millones de dólares de recursos estatales; y las pérdidas en “mercados de futuro” de cobre, verificadas en operaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2007, que implicaron mermas al fisco por 4 mil 670 millones de dólares.

Estas últimas, a pesar de haber sido reconocidas por el Parlamento y por la propia Codelco, nunca han derivado en sanciones para sus responsables.

El proceso por el “megafraude en Codelco” se inició en querella presentada el 17 de abril 2015 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado, economista y experto en tributación minera Julián Alcayaga Olivares.

La acción judicial fue interpuesta en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, de malversaciones de caudales públicos y otras exacciones ilegales castigadas por el Código Penal que dieron pie al citado fraude.

“Sin duda ninguna que se trata de uno de los procesos más grandes en la historia de Chile, dada su cuantía y considerando que los recursos defraudados habrían podido financiar en gran parte las carencias en educación, salud y pensiones que se sufren en Chile”, señaló Alcayaga en entrevista con Proceso.

No obstante, pese a no haber realizado la gran parte de las diligencias solicitadas por la parte querellante con el fin de establecer los hechos denunciados; y habiendo cometido numerosas irregularidades tendientes a tapar los ilícitos, el 7 de octubre 2019 la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana decidió no perseverar en el procedimiento “por no reunir los antecedentes suficientes para fundar una acusación”. De esta manera solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el cierre de la investigación.

 

A tal extremo ha llegado la inacción y obsecuencia de la Fiscalía que, habiendo solicitado los querellantes, en reiteradas ocasiones, que se requiriera a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) información relevante para determinar el hecho punible, la fiscal a cargo de la causa Macarena Cañas y el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, se negaron a requerirla.

“Esta negativa, en los hechos, es una forma de encubrimiento del hecho punible” acusa Alcayaga.

Alcayaga solicitó específicamente al tribunal que se oficiara al Servicio de Aduanas y a Cochilco para que informasen cuáles son las cantidades físicas de las exportaciones de cobre y subproductos por parte de CODELCO, en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; el precio de venta y el valor de esas exportaciones; y para que expliquen cuáles serían las razones de la baja considerable de las ventas de Codelco en esos mismo años.

Cochilco entregó cerca de mil páginas de información, pero esta no tenía ninguna relación con los hechos investigados; y la que se relacionaba con los delitos denunciados, nunca fue dada a conocer y no se hizo nada con ella.

Codelco y Servicio Nacional de Aduanas -respondiendo el requerimiento de la justicia- entregaron archivos digitales, pero la fiscalía negó el acceso de dicha información a los querellantes.

En escrito de 14 de mayo de 2018 la parte querellante solicitó que seordenara a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, que se periciara la información proporcionada por estas reparticiones fiscales, pero esto nunca se realizó.

De acuerdo a información disponible en la página web del Poder Judicial, en los cuatro años de investigación sólo se tomó declaración a los exejecutivos de Codelco Juan Villarzú y Roberto Souper.

Esta causa fue inicialmente llevada por la fiscal Giovanna Herrera quien no hizo ninguna de las diligencias solicitadas en la querella y, ante un reclamo de Alcayaga ante el entonces fiscal Nacional Sabas Chauán (de junio de 2015), el Ministerio Público determinó traspasar el caso a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, la que designó a la fiscal Macarena Cañas a cargo de la investigación.

Esta fiscal, en un comienzo se mostró proactiva en la causa pero al cabo de unos meses dejó dormir la investigación, hasta que el 7 octubre de este año, el Ministerio Público comunica al tribunal el cierre de la investigación y que no perseverará en el procedimiento. En dicha comunicación da cuenta, además, que la fiscal a cargo ya no es Cañas sino Patricia Cerda.

La audiencia en que se resolverá el cierre o no de la investigación, se realizará el 3 de diciembre en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Este corresponsal solicitó una entrevista con la fiscal Cerda, pero el departamento de comunicaciones de la Fiscalía Centro Norte no ha contestado este requerimiento.

El desfalco por subfacturación

En relación con las pérdidas por subfacturación ocurridas durante el primer mandato de Piñera, es necesario señalar que estas son tan evidentes que resulta increíble que la Justicia, el Parlamento no hayan tomado cartas en el asunto. La prensa chilena apenas ha informado de esta materia, aunque en Proceso -desde 2012- venimos dando cuenta de estos ilícitos en sucesivos reportajes.

El fraude se demuestra haciendo aritmética simple. A contar de 2010 los ingresos de Codelco fueron muy inferiores a lo que debieran ser en función de la producción y el precio del cobre y sus subproductos. Esto se demuestra fácilmente haciendo la comparación con los resultados de los años previos.

En efecto, en 2006 los ingresos fueron de US$ 17.077 millones, siendo el precio por tonelada (T.) de 6722 dólares y la producción de 1 millón 783 mil toneladas. En 2010 los ingresos totales fueron de US$ 16.066 millones, siendo que el precio promedio de la tonelada de cobre fue mucho mayor -alcanzó los 7538 dólares- y la producción fue similar a 2006 (1 millón 760 mil toneladas).

En 2006 el cobre representaba el 70% de los ingresos totales de Codelco. El resto lo aportaban los subproductos (plata, oro, molibdeno, ácido sulfúrico, entre otros) e ingresos de algunas filiales de esta empresa estatal. En 2010 el cobre pasó a representar más del 82,5% de los ingresos de Codelco, cantidad que alcanzó el 88% en 2012 y 2013.

Alcayaga señala en la entrevista que esto no tiene lógica a nivel de producción puesto que es inverosímil que la composición de los minerales varíe tanto en tan pocos años. Estima que el aumento de la proporción de cobre en las ventas totales de Codelco indicaría que la subfacturación se concentra mayormente en los subproductos, aunque también se realiza en el cobre.

Añade: “Lo que importa constatar es que desde el año 2010 en adelante faltan entre tres y cuatro mil millones de dólares anuales en los ingresos de Codelco”.

En la querella se afirma que “la inexplicable caída de los ingresos continuaron el 2011, puesto que los resultados de ese año arrojan ventas por US$ 17.515 millones, es decir sólo US$ 438 millones más que el 2006, a pesar que la producción creció 3,5%; el precio del cobre en 33%; el oro y la plata, más de 2 veces; y el ácido sulfúrico en 4 veces”. El único mineral asociado al cobre que bajó su precio fue el molibdeno.

Julián Alcayaga señala en este sentido que, en 2011, como sucedió en 2010, existe “una inexplicable caída de los ingresos por ventas de más de 4 mil millones de dólares”.

En la memoria de 2014, Codelco afirma que la producción alcanzó 1.672.000 toneladas de cobre, muy similar a lo producido en 2006. Sin embargo, sus ingresos totales fueron solamente de US$ 13.827 millones, de los cuales US$ 10.729 millones fueron por ventas de cobre propio y US$ 1.859 millones por cobre de terceros.

“¿Por qué los ingresos por ventas de cobre el 2014 son tan bajos en relación a 2006?”, se pregunta Alcayaga. Esto es inexplicable y no fue respondido por la investigación del Ministerio Público.

Según las mismas memorias de Codelco, el precio del cobre fue de 6854 dólares (T.) el 2014, lo que es un 3,6% superior al de 2006.

“Esto quiere decir, que tomando en cuenta solo los ingresos por venta de cobre, en 2014 faltan US$ 1.371 millones de dólares que Codelco dejó de percibir pero que alguien tuvo que ganar”, indica el investigador.

“Pero eso no es todo -agrega-: en ingresos por otros productos, oro, plata, ácido sulfúrico y barros anódicos principalmente, las ventas de 2006 fueron de US$ 1.461 millones, mientras que el año 2014 se declararon ventas de otros productos por solo US$ 569 millones”.

Esto sucedió pese a que la producción de estos productos aumentó el 2014 en relación al 2006, y el precio de esos productos fue casi el doble que el 2006.

“En venta de otros productos faltan US$ 1.500 millones que alguien obligatoriamente tuvo que ganar”, expresa Alcayaga, que es un reconocido defensor del cobre chileno.

En relación con esto, reflexiona este economista. “Esto nos deja dos enseñanzas a lo menos. Primero, la caída de los excedentes se debe principalmente a una inexplicable disminución de los ingresos por venta. Segundo, es evidente que se confirma lo que venimos denunciando desde hace varios años: ¡Están robando en Codelco!”.

Fundamenta: “si las ventas caen estrepitosamente en relación al año 2006, y la producción y el precio del cobre y subproductos son superiores el año 2014 que el año 2006, quiere decir que una gran parte del cobre, el oro, la plata, etc., están siendo vendidos a ciertos clientes a precios muy inferiores a los del mercado. Esos clientes se quedan con una ganancia extraordinaria, y Codelco se queda con los menores ingresos por venta, que han hecho desaparecer los excedentes”.

En la querella, Alcayaga aporta antecedentes que demuestran la subfacturación. Se trata de un informe de Aduanas -de enero 2014- que acredita que Codelco efectuó exportaciones a 2,03 dólares el kilo (0,93 dólares la libra), un valor muy inferior al de mercado y al de otras exportaciones realizadas ese mismo mes en que el cobre se transó a 7,42 dólares el kilo (3,37 dólares la libra).

“Desconocemos que empresas o quienes fueron beneficiados con esta subfacturación, y presentamos la querella precisamente para que el Ministerio Público investigara esta subfacturación, pero que no lo ha hecho” señala el abogado querellante en la entrevista.

Aunque no se ha probado, Alcayaga sostiene que es evidente que deben haber sobornos que expliquen las señaladas subfacturaciones.

Hay otro elemento que confirma que exportaciones de cobre chileno se realizan bajo el valor de mercado. Se trata del estudio Facturación comercial falsa en productos básicos en países en vías de desarrollo: El caso de Chile, Costa de Marfil, Nigeria, Sudáfrica y Zambia, realizado por la UNCTAD en julio de 2016.

Allí se revela que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre en varios países las que en Chile alcanzarían los US$ 16 mil millones entre 1990 y 2014.

En relación con las razones que explican el hecho que se produzcan tan millonarias pérdidas sin que existan sanciones y ni siquiera un conocimiento de ellas, el economista Alcayaga señala que “en Chile, solo el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) y Cochilco están autorizados para fiscalizar la contabilidad de Codelco”.

No obstante, señala que “ambas instituciones dependen directamente del gobierno de turno, y en consecuencia, fiscalizan solo en la medida que este lo permita… y ni Piñera ni los gobiernos siguientes han querido hacerlo”, expresa el economista.

Alcayaga destaca que Codelco no está sometida a la Ley de Transparencia y que para analizar sus cuentas ha tenido que basarse “en lo que Codelco publica en sus Memorias Anuales, que son muy incompletas”.

La disminución de los ingresos de cobre derivado de la subfacturación del mismo, ha redundado en un descenso estrepitoso en los excedentes que Codelco aporta al fisco. Mientras en 2006 estos representaron US$ 9.215 millones en 2014 disminuyeron hasta alcanzar US$ 3.033.

El mal manejo financiero que tuvo Codelco en el primer Gobierno de Piñera se conecta con el explosivo aumento de la deuda de dicha empresa en aquel periodo. Mientras que en 2009 –último año del primer mandato de Michelle Bachelet- esta alcanzaba US$ 3.895 millones, en 2015 (un año después del fin del gobierno de Piñera) esta saltó a US$ 13.083 millones, lo que implica un aumento de US$ 9.188 millones en solo 5 años.

*Fuente: ElRemo

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