Esto consagra una multiplicidad de funciones en la economía de mercado a saber, la de armador, agente de seguros, deudor, financista acreedor, todo ello en el marco de oligopolios y manejo del crédito en las transacciones.

¿Qué busca el conglomerado de empresas que integra la cadena de valor del cobre? El caso de Chile, mayor productor de cobre de mina del mundo, demuestra con claridad el conjunto de operaciones que rige la comercialización de 15 millones de toneladas de concentrado (2023) al año.

Es un caso, como otros de menor cuantía en el mundo que implica un conjunto importante de operaciones comerciales y de producción aguas abajo. Esas acciones implican los costos apropiados de la refinación o procesamiento; el flete tanto hacia el puerto de embarque en Chile como desde el puerto de desembarque hacia la refinadora en el extranjero; las operaciones de carga y descarga implicando los servicios de firmas de inspección; el pesaje del mineral; análisis químicos de los concentrados; intercambio de muestras; descuentos aplicados por el establecimiento de refinación según la calidad del concentrado, así como por el tratamiento de impurezas y recuperación de oro, plata y otros subproductos; los pagos relativos a la carga de concentrados transportados según el tonelaje.

El transporte del concentrado significa licitaciones mucho más importantes que para el transporte de cobre fino, puesto que una tonelada de concentrado equivale aproximadamente a 350 kg de cobre fino.

Tratándose de ventas de concentrados CIF (1) o FOB (free-on-board) el productor en Chile, o el fundidor/refinador en el extranjero, tienen, cada uno en su caso, el incentivo de obtener condiciones de financiamiento favorables para su actividad.

En el caso de la exportación CIF, donde el sujeto activo de la negociación es el productor de concentrados, la compañía naviera normalmente propone una compensación financiera para el productor por el importe del flete contratado, para lo cual involucra en dicha operación a un banco internacional. Este es el caso de reciprocidad del banco al productor localizado en Chile por haberle aportado el cliente naviero.

En el caso de una exportación FOB el sujeto activo de la negociación es el fundidor/refinador localizado en el extranjero, el cual negocia con las compañías navieras interesadas en el flete en condiciones de largo plazo.

En ambas situaciones el objeto de la negociación es asegurar, por una parte, y en un horizonte de largo plazo, el abastecimiento de la refinación o fundición (exportación FOB) y por otra el servicio de transporte de la compañía naviera (exportación CIF).

Las operaciones financieras (de compensación o de reciprocidad) involucradas en el transporte y tratamiento del mineral interesan a las empresas concesionarias de los yacimientos, pues según cifras del Banco Central en 2020 74,4% de la producción de cobre en Chile correspondió a concentrados, 71,7% de estos era exportado.

Para el año 2030 las proyecciones de Cochilco señalan que 89,5% de la producción de cobre provendrá de concentrados, exportándose un 75,6% de dicho monto (Véase Cochilco 2020). Existe además el interés de las compañías de seguros en estas operaciones puesto que negocian con los exportadores de concentrados los contratos de largo plazo. Siendo el mercado mundial del cobre extremadamente fluctuante, la lógica de explotación de los yacimientos en Chile se basa en que las compañías que exportan concentrados, mediante contratos de período largo, obtengan un leverage financiero (3) importante acorde con una función compensatoria, para cuando se produzcan las bajas de precio del metal en los mercados mundiales.

En estas condiciones de organización del mercado de bienes y factores de producción, los intereses del Estado de Chile y de las transnacionales, no son necesariamente compatibles.

Las compañías extranjeras en Chile operan en la cadena de valor (4) con las empresas que realizan la fundición/refinación en el extranjero, las compañías navieras y de seguros. Dichas compañías transforman la materia prima, recuperan en sus refinerías metales nobles (oro, plata) molibdeno, renio, paladio, platino, rodio, erbio…. y con ello acercan el mineral al consumidor final bajo la forma de automóviles, computadores, cables, aleaciones, construcciones, barcos, aviones, misiles, balas, cañones, etcétera.

En esta lógica de negocios, que ensambla a la perfección con una política extractivista, el comprador impone el precio y con ello el retorno al país.

En el citado estudio de Cochilco se destaca junto a lejanos destinos del concentrado (China, Japón, India, Corea del Sur, etc.) su capacidad de fundición y de imponer las tarifas TC/TR1, es decir la penalización cuando el contenido de arsénico es superior a 0,5%. Esta penalización impuesta por el exportador-importador (función que consagra la cadena de valor) es perfectamente controlable al nivel de la planta de ácido sulfúrico pues ahí se hace la separación del azufre y captura del arsénico, -ambos minerales son indisociables en la naturaleza-, y mediante el tostado (secado a fuego) posterior se rebaja (referencia al 0,5% mencionado) el precio final del metal, controlado de esa manera por la extraña mezcla de exportador/importador a que la lógica de productor de concentrados es condenado Chile.

En síntesis, la producción de la materia prima, obtención de los subproductos y comercialización, corresponden a una estructura de mercado basado en la llamada ‘economía mundo’ que a la manera de Fernand Braudel (1979) (5) es una economía de una parte del planeta en la medida que esta forma parte de un todo económico integrado en un espacio geográfico determinado en torno a un centro, esto es un Estado-ciudad o una capital económica, por ejemplo, Nueva York en EEUU. En esta visión la economía mundo de Braudel evoluciona en zonas sucesivas de hegemonía económica en el tiempo. Esta concepción dinámica de un todo formado por partes interdependientes se encuentra también en los trabajos de Wallerstein (1979, 1984) y Taylor (1993).

La división en filiales del proceso de producción se reparte a escala internacional, lo que va acompañado de un incremento de los intercambios comerciales situación que es independiente de la evolución seguida por la producción.

Por último, una observación relativa a este tráfico-mundo. Si el concentrado, que contiene 35% de cobre, fuese refinado en Chile, el planeta se beneficiaría con ello. Un estudio establece que «el transporte de millones de toneladas de material estéril a estas enormes distancias implica, cada año, la quema de millones de barriles de combustible por los barcos que las transportan desde Chile al resto del mundo y, como consecuencia, la generación de millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) que son emitidos a la atmósfera, y que contribuyen al calentamiento global y el cambio climático» (Sturla Zerene. Gino, 2018, p. 179).

Si bien concordamos con que el transporte genera los llamados GEI, la referencia no es exacta en relación a la materia estéril pues el concentrado contiene una cantidad mínima de ese material (por ejemplo: sílice, oxido de calcio, etc.), la mayor cantidad de «material estéril» se elimina durante el proceso de flotación y va a parar a los tranques de relaves.

Si el concentrado contiene aproximadamente 35% de cobre, el resto, 65% contiene azufre, arsénico, hierro, níquel, oro, plata, paladio, platino, molibdeno, renio, etcétera, lo que de ninguna manera puede ser calificado como «material estéril»: nadie importaría ni transportaría material estéril a sus países.

El mismo estudio en cuestión, observación no menor, agrega que en 2014, «se efectuaron 919 embarques de concentrados de cobre en Chile, desde 13 puertos y hacia 22 países (Banco Central, 2015). La distancia náutica directa recorrida en total por estos embarques correspondió a más de 15,5 millones de kilómetros, equivalente a 40,3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna» (Ibidem, 178).

-El autor, Héctor Vega, es abogado (Universidad de Chile) y economista (Doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille), Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Ha sido investigador del Departamento de Graduados de la London School of Economics (1962-1964) y de la Delhi School of Economics (India, 1969-1971). Profesor de la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado y de la Universidad Arcis (doctorado). Experto de NN.UU y Consultor Internacional. Es autor de numerosos artículos y libros en el terreno de la economía.

*Fuente: Politika

Notas del Editor

(1) CIF: cost-insurance and freight. El precio del bien exportado, más los costes de seguros y el flete.

(2) FOB: free on board. Considera solo el precio del bien exportado puesto a bordo del medio de transporte (barco, avión…)

(3) Leverage financiero: es lo mismo que apalancamiento financiero y se refiere a la utilización de fondos prestados para adquirir nuevos activos (que se supone generan una mayor ganancia de capital o ingresos en comparación con el costo de los préstamos).

(4) Cadena de valor: La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. Con la cadena de valor de una empresa se consigue examinar y dividir la compañía en sus actividades estratégicas más relevantes a fin de entender cómo funcionan los costos, las fuentes actuales y en qué radica la diferenciación.

(5) Fernand Braudel: historiador francés que desarrolló un análisis fundado en la consideración de una triple temporalidad: el tiempo geográfico (larga duración); el tiempo social (el de los Estados), y el tiempo del acontecimiento (breve pero más directamente accesible).

Notas del autor

Este artículo debe parte importante al Ingeniero Químico, Dr. Juan Camus y al Ingeniero Comercial, Sr. Carlos Tomic, con quienes discutí extensamente la comercialización de los concentrados de la Gran y Mediana Minería del Cobre. Como ya es usual, incluyo la advertencia de que es el autor de este trabajo el único responsable por las interpretaciones y afirmaciones sobre el tema.
1 Treatment charge/refining charge, tarifas cobradas por las fundiciones por procesar concentrados.
2 Juan M. Albertos Puebla (1997) explica que el valor de los componentes y bienes semi acabados al ser registrado en las estadísticas de comercio exterior tantas veces como estas atraviesan una frontera al hilo de las diferentes fases del proceso productivo, necesariamente es superior al registro de producción. Es lo que la OMC denomina ‘tráfico de perfeccionamiento’.

Referencias

Albertos Puebla. Juan Miguel (1997) El papel de las corporaciones transnacionales en el proceso de globalización. ¿Nuevas oportunidades de desarrollo para regiones atrasadas? Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, N° 24, pp. 169-186.

Braudel. Fernand, (1979) Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XVe -XVIIIe siècle.

Sturla Zerene. Gino, (2018). Refinar el cobre en Chile: un beneficio para el planeta. Por qué el cobre No es de Chile. Frustraciones y Desafíos. Jorge Lavandero (editor), Rialstat Editores, Santiago de Chile. Tercera reimpresión.
Taylor. John, (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. Stanford University, Stanford, CA 94905North-Holland 39 pp. 195-214.

Vega. Héctor, (1999). El cobre de Chile y el mercado global. Estadística y Economía. Instituto Nacional de Estadísticas. Segundo Semestre, pp. 101-128.
Wallerstein. Immanuel, (1979). El moderno sistema mundial, tomo I, México, Siglo XXI Editores.

Wallerstein. Immanuel, (1984). El moderno sistema mundial, el mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750. tomo II, México, Siglo XXI Editores.

El articulo El cobre en Chile: Una extraña mezcla de vendedor/comprador apareció primero en piensaChile.

No hay que ser muy perspicaz, para advertir que aquí hay gato encerrado y algo se trama detrás del cierre de Ventanas que trata concentrados de cobre. Esto es importante repetirlo, de acuerdo a estudios irrefutables, de fuente internacionales, en los concentrados de cobre van productos metálicos mucho más valiosos que el cobre, son los subproductos que para des-categorizarlos a esos valiosos subproductos y tierras raras, las denominan impurezas y estos valiosos subproductos salen de contrabando.

No, la verdadera razón para no fundir y refinar el cobre en Chile es que estos subproductos y tierras raras, contenidos en los concentrados de cobre, valen mucho más que el cobre mismo. Esa es una de las razones para cerrar Ventanas, que funde y refina el cobre en Chile, y eso puede permitir descubrir el fabuloso negociado del cobre, tanto en Codelco, pero inmensamente más, como en las empresas extranjeras del Concejo Minero chileno. No hay ninguna razón, ni técnica, ni económica que permita explicar la forma subrepticia como se ha llevado adelante una política honrada para desarrollar nuestra principal riqueza, que les pertenece a todos los chilenos

El articulo Cuidado, mucho ojo: En Ventanas percibimos un extraño doble estandar que queremos aclarar apareció primero en piensaChile.

Señora
Judith M. Ledesma Chirino
Unidad de Atención al Usuario
Consejo Para la Transparencia

PRESENTE

Estimada  Sra.Judith:

Le agradezco de antemano su contacto, con respecto a lo consultado no hemos puesto amparo alguno sobre la materia en comento, nuestros pasos han sido dirigidos  a la ONG “ Recuperemos el Cobre de Chile”, cuyo Presidente puso una querella contra quienes  resulten  responsables por las millonarias pérdidas en la Sociedad  CODELCO-CUPIC- MINMETALS.

Además se ha entregado nutrido material a la ONG” Chile transparente” y a los H. Diputados que integran la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

Un equipo de ex Supervisores de División El Teniente (todos con más de 25 años de experiencia en CODELCO), estamos trabajando para intentar corregir algunas serias anomalías que aquejan a esta empresa.

Haciendo un pequeño resumen podemos asegurar y demostrar que esta empresa, de todos los chilenos, está siendo mal gestionada; me permito aclarar que la empresa no es del Gobierno, Directorio ni Ejecutivos de turno, tampoco de sus trabajadores y menos de algunos personajes políticos que usufructúan de ella. Históricamente se ha intentado auditar algunas oscuras acciones  que  se han denunciado , siempre con el mismo resultado “ sin responsables”. Desde fuera, quienes conocemos perfectamente la Estatal, sabemos que existen responsables perfectamente identificados pero se pierden en la nebulosa del poder y la colusión.

A parte de la querella presentada, estamos trabajando en tres frentes:

1. Analizando en profundidad las memorias anuales de CODELCO, que al parecer nadie las revisa pues adolecen de una serie de contradicciones y además no tienen un  relato coherente entre una  Memoria y la siguiente, menos con las anteriores, es fácil identificar lo que no se quiere mostrar y que es relevante en los resultados negativos.
2. Identificando aquellas áreas en que se manifiesta un evidente despilfarro de recursos.
3. Revisando los Proyectos Estructurales para comparar lo presupuestado versus lo gastado y lo realmente ejecutado y el resultado del mismo. Tenemos bastante claridad, por el momento, sobre lo que está aconteciendo en el Proyecto “Nuevo Nivel Mina El Teniente”, y la verdad no es nada alentador.

¿Qué le solicitamos al “Consejo Para La Transparencia”?. Solamente  asesoría para llegar a buen puerto, esto es, claridad para conducir nuestro estudios a las personas u organismos competentes y que estos  procedan en consecuencia.

Nos resistimos a aceptar que CODELCO sea intocable; muy por el contrario, pensamos que debemos cuidarla y para ello los que la están dañando deben asumir sus responsabilidades.

Por último le comento que toda la información que procesamos la ingreso a las redes sociales con el objeto de que llegue a cada uno de los chilenos y estos resuelvan alzar la voz para terminar con las groseras pérdidas económicas que presenta  reiteradamente esta empresa estatal que es la más importante del país.

Desde mi perspectiva, experiencia y antecedentes que manejo, COCHILCO y la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados no están haciendo un trabajo eficiente. Espero sinceramente que ustedes puedan aportar en la corrección de estas deficiencias que tanto daño le están provocando a las arcas fiscales.

Atentamente

Roberto E. Andereya Vera
Email: randereyavera@gmail.com

El articulo Carta de ex Supervisores de División El Teniente al “Consejo Para la Transparencia”: Codelco está siendo mal gestionada apareció primero en piensaChile.

LAS VENTAS A FUTURO DEL METAL ROJO

El mercado está sujeto a permanentes fluctuaciones y es extraordinariamente sensible a los avatares políticos. Los precios de las mercancías pueden subir o bajar de acuerdo a esas eventualidades. Y eso afecta las relaciones comerciales internacionales; crea temores, incertidumbres. Las grandes empresas, para hacer sus negocios, necesitan tener la seguridad que, a pesar de esas alteraciones, sus proveedores no interrumpirán el flujo de mercancías que acostumbran a enviarles y, por consiguiente, no se paralizará la producción de sus fábricas. Un interés similar tienen, también, las empresas que proveen a aquellas de las materias primas que necesitan pues tampoco quieren ellas ver interrumpido el flujo de pagos a recibir por la venta de sus productos. Para asegurar la satisfacción de ese interés recíproco se ha extendido en los negocios internacionales la práctica de celebrar contratos de venta a futuro cuya finalidad es, precisamente, comprometer tanto la entrega de materias primas como de sus pagos, a pesar de tales avatares, durante un período que se acuerda de antemano. Pero nuevas prácticas exigen nuevas aficiones o especialidades. La venta a futuro exige de especialistas que se dediquen al estudio de los factores que hacen posible la celebración de tales convenios. Porque es necesario considerar factores que pueden influir en esas operaciones y provocar eventuales crisis. Surgen, entonces, los ‘expertos’ en ventas a futuro cuya finalidad es colaborar a resolver los problemas que acarrea la celebración de convenios de esa naturaleza.

En nuestro país, esa práctica la emplea CODELCO desde hace ya varios años. El resguardo de los intereses nacionales queda, en esas circunstancias, entregado a manos de los ejecutivos de esa empresa que, a su vez, seleccionan y contratan a determinados ‘expertos’ de la absoluta confianza de sus superiores. No por otro motivo la empresa estatal cuprera ha organizado un grupo de especialistas cuya labor es, precisamente, analizar el comportamiento de los precios del metal rojo en los diversos mercados y las variaciones que puede experimentar en los meses venideros para los efectos de la celebración de los convenios a futuro. Los sueldos de estos ‘expertos’ no son, en modo alguno, exiguos. Y es que la presencia de esas personas evita cometer errores en la fijación de las condiciones en virtud de las cuales se va a realizar la venta a futuro del metal rojo. El procedimiento que se emplea ha ido haciéndose, cada vez, más seguro. Y es por ello que cualquiera distorsión en la entrega de esa información provoca suspicacias. Con mayor razón la celebración de convenios en condiciones desventajosas. Se puede decir que, de llegar a suceder tal circunstancia, son pocos los que se atreverían a suponer que todo lo ocurrido es obra de la casualidad o de la naturaleza, tan seguro e independiente de las fluctuaciones del mercado es el sistema de las ventas a futuro.

Por eso, llama profundamente la atención que entre los años 2005 y 2007, la empresa estatal Corporación del Cobre CODELCO realizara ventas a futuro de ese mineral a precios irrisoriamente bajos que, en algunos casos, apenas sobrepasaron un dólar por libra del mineral extraído. La circunstancia tuvo caracteres de escándalo pues se conoció varios años después de acaecida y tuvo amplia cobertura en los medios de prensa extranjeros como sucedió con la publicación del Fondo de Cultura Económica de México ‘El Trimestre Económico’ que, bajo el título de “Especuladores en el mercado del cobre, dio a conocer el estudio de Patricio Jaramillo G y Jorge Selaive G, analistas de la Gerencia de Investigación Económica de la División de Estudios del Banco Central[1].

No hay explicación para lo sucedido. Y, lo que es más extraño, no ha existido, igualmente, interés por parte de los organismos oficiales de averiguar por qué esa circunstancia ha ocurrido y quienes participaron en la determinación de precios tan nocivos para el interés nacional.

Pero resulta más extraño, aún, que esta situación se presente a pocos años de sucedido otro hecho similar en la minera estatal en donde pudo comprobarse la existencia de una voluntad inequívoca orientada a causar daño a la propiedad social. Porque, en 1994, en pleno gobierno del demócratacristiano Patricio Aylwin y siendo presidente ejecutivo de la empresa estatal CODELCO el también demócratacristiano Alejandro Noemí, hasta marzo de 1994, —posteriormente lo hizo otro demócratacristiano llamado Juan Villarzú Rohde—, un oscuro operador de mercados a futuro de esa entidad llamado Juan Pablo Dávila Silva, igualmente demócratacristiano, vendió grandes partidas del metal rojo a un precio inferior al que se suponía iba a tener en los meses siguientes, percibiendo comisiones por esas fraudulentas operaciones y provocando un desfalco de 200 millones de dólares. Sorprendido en esos trámites y condenado, más tarde, por los tribunales, cumplió su condena abrazando en los años posteriores la religión adventista; hoy, conocido como el ‘hermano Juan Pablo’ en la Universidad que esa secta religiosa posee en Chillan[2], vive retirado de la vida pública y ha concedido pocas entrevistas.

Por eso llama profundamente la atención que, entre los años 2005 y 2007, cuando numerosos estudios hechos para las operaciones de venta de cobre a futuro arrojaban cifras bastante promisorias para las ventas a futuro del cobre chileno, los ejecutivos de CODELCO aceptaran firmar contratos de ventas del metal rojo a futuro por valores inferiores a la mitad de las cifras contenidas en esos estudios.

¿Cómo pudo eso suceder?

LOS MONTOS DE LA PÉRDIDA POR LA VENTA DEL METAL ROJO

Las pérdidas ocurridas entre los años 2005 y 2007 por las ventas a futuro del metal rojo alcanzaron la exorbitante cifra de 7 mil millones de dólares, incluyendo los 2 mil millones de pérdidas a resultas del contrato suscrito entre CODELCO con MINMETALS, la empresa china con la que formó una sociedad cuyo domicilio se estableció en Las Bermudas. A ello se deben las pérdidas por subfacturación, que comenzaron a aparecer el año 2010 y que continúan hasta la fecha. Estas pérdidas se expresan en dos diferenciados tipos, a saber:

1. “El primero tiene que ver con pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron entre los años 2006 y 2012, y cerca de US$ 2 mil millones del contrato con MINMETALS, pérdidas que se siguen produciendo”.
2. “El segundo hecho denunciado, son las pérdidas por cerca de US$ 12.000 millones, entre los años 2010 y 2014, por inexplicable caída de los ingresos por ventas, que no reflejan lo que se debiera obtener en función de la producción y precios del cobre y subproductos”[3].

Sin embargo, al respecto, y de acuerdo a lo expresado por la querella presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por un querellante particular según se explicará más adelante,

“Desde 2010 a la fecha se han registrado los peores resultados de toda la historia de CODELCO, considerado el nivel de producción y los precios del cobre y subproductos. Los malos resultados no se deben a una deficiente gestión o administración de CODELCO, sino concretamente a un fraude de dimensiones insospechadas”[4].

Hasta el 2018 las pérdidas por subfacturación sobrepasan los 20 mil millones de dólares.

Una leve comparación con lo sucedido en 1994 en cuanto a los montos de las pérdidas nos hace entender que los últimos hechos constituyen el hecho más grave sucedido en toda la historia de la empresa estatal chilena.

En efecto, de acuerdo con los antecedentes que hemos podido recabar, en 1994, las pérdidas ocasionadas por la ‘mala gestión’ de Juan Pablo Dávila alcanzaron la cifra de 200 millones de dólares; las pérdidas habidas durante la gestión de los ejecutivos entre los años 2005 y 2014 se elevan a la escandalosa suma de 18 mil millones de dólares. Es decir: veintisiete veces más que la pérdida anterior.

ESTAS SITUACIONES ¿CONSTITUYEN PÉRDIDAS O, SIMPLEMENTE, UN ROBO?

Como ya lo hemos señalado anteriormente, el sistema de la venta a futuro ha llegado a ser tan extremadamente seguro que sólo concede a los operadores pequeñísimos márgenes de error. Es más: puede asegurarse que pérdidas de esa naturaleza es imposible que se den sin la existencia de una voluntad orientada a causar daño o a aprovechar esa circunstancia para producir enriquecimientos ilícitos a favor de determinadas personas. En todo caso, se trata de voluntades que actúan consciente y deliberadamente.

Esta circunstancia ha sido comprobada de modo tan fehaciente que, en el juicio seguido en contra de Juan Pablo Dávila, pudo dejarse constancia del hecho en forma tal que hoy puede asegurarse tan sólo una circunstancia:

“[…] las pérdidas en estos mercados no se producen porque hubo un error en prever el precio a futuro del cobre, sino porque se pierde deliberadamente en favor de determinados operadores que pagan una suculenta comisión, a quienes en CODELCO les permiten ganar en esas operaciones. Las actuales pérdidas de CODELCO en mercados de futuro, tienen el mismo objetivo que las del tiempo de Dávila, pero con el agravante que ahora estas representan 27 veces más que las del tiempo de Dávila”[5].

INEXISTENCIA DE QUERELLAS O ACCIONES JUDICIALES INTERPUESTAS POR LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EN CONTRA DE QUIENES PUDIEREN RESULTAR RESPONSABLES DE LA PÉRDIDA

Uno de los hechos más sorprendentes en este caso de las pérdidas de CODELCO durante los años precedentemente indicados es la inexistencia de querellas o acciones judiciales interpuestas por los distintos órganos del Estado en contra de quienes pudieren resultar responsables de dichos ‘errores’. No existe voluntad política de investigar los hechos por parte del Consejo de Defensa del Estado; no la existe, igualmente, por la Fiscalía de la propia institución fiscal que sufrió las pérdidas (CODELCO) ni tampoco por la Contraloría General de la República. Y, como lo veremos más adelante, tampoco la existe, al parecer, en los órganos que conforman el Poder Judicial.

Lo más extraño es que tampoco parece haber mayor interés en averiguar esos hechos por parte de los organismos políticos y sindicales del país porque no se han pronunciado al respecto los partidos políticos, el Senado o la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, la propia Confederación de Trabajadores del Cobre CTC.

De acuerdo a lo expresado por un reportaje hecho por la Radio de la Universidad de Chile,

“Pese a que el robo es el más grande de todos cuantos hayan afectado al Estado de Chile, el escándalo no acaba de estallar. Apenas se ha mencionado en los medios y ninguna institución ha sancionado responsabilidades ni ha tomado medida alguna para evitar que se siga cometiendo”[6].

Así, pues, por ende, se ha abierto la posibilidad que algún chileno, en calidad de querellante particular, haga una presentación que tenga por objeto indagar sobre lo que ha sucedido en esta materia. Fue la decisión que tomó Julián Alcayaga en 2015, en su carácter de querellante particular, con los resultados que se señalan más adelante.

UNA QUERELLA PARTICULAR

En realidad, el tema de la investigación de las pérdidas por las ventas a futuro del cobre no comenzó, como podría suponerse, con la interposición de una querella particular. Dicha investigación comenzó antes, en la Cámara de Diputados, institución estatal que para el conocimiento de los hechos, designó una Comisión Investigadora ad hoc. La referida Comisión realizó varias sesiones en algunas de las cuales pudo determinar la existencia de aspectos bastante oscuros en relación al caso. De hecho, algunos de esos antecedentes fueron recogidos en el Acta N° 8 de fecha 29 de septiembre de 2014. Sin embargo, como suele suceder en esos casos, no hubo grandes novedades tras el término del trabajo realizado por la misma, probablemente debido al carácter político de quienes tenían el encargo de realizar la venta a futuro del cobre. Las organizaciones políticas realizan, a menudo, la defensa corporativa de sus militantes; especialmente de aquellos que ocupan cargos en la administración del Estado.

Fue esa la circunstancia que obligó a la presentación de una querella particular la cual, finalmente, enviada el día 17 de abril de 2015 al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue dirigida en contra de quienes resultaren responsables como autores, cómplices o encubridores, de las pérdidas por más 18 mil millones de dólares habidas entre los años 2005 y 2014, en la Corporación del Cobre CODELCO. Su gestor fue el abogado Julián Alcayaga Olivares quien, en el libelo, y a nombre de la ONG Chile Cobre, separó dichas pérdidas en una doble tipología a la que nos referimos ya en uno de los acápites anteriores. No insistiremos sobre el particular.

No ha sido el único en denunciar estos hechos. Según lo consigna Diego Jofré, director del periódico digital ‘El Demócrata’, también lo hizo el concejal penquista y candidato a diputado por el distrito 20, Jorge Condeza, quien solicitó en 2017 a la Contraloría General de la República

“[…] investigar tres contratos de venta a futuro firmados entre el 2005 y 2008 por CODELCO, los que obligan a la cuprífera estatal a vender 2 millones de toneladas de cobre (2.049.446 toneladas de cobre) entre 2005 y 2020, con un precio establecido de antemano y no sujeto al precio de mercado”[7].

EL MITO DE UNA FISCALÍA NEUTRA

Como sucede en estos casos, la querella fue entregada la Fiscalía Regional Centro Norte, institución que la puso en manos de uno de sus ejecutores (fiscales) llamada Giovanna Herrera. Podría suponerse que una acusación de esa naturaleza encontraría entero apoyo en una institución que se estima como uno de los pilares de la administración de justicia: el Ministerio Público. Sin embargo, no sucedió de esa manera. Y ello, porque también la administración de la justicia no está exenta de vicios. Es, en primer lugar, burocrática por naturaleza aunque se esfuerce por no serlo. Y, en segundo lugar, atrozmente dependiente de los vaivenes políticos de la nación. Así sucede en la generalidad de las naciones del orbe, no tendría por qué ser diferente en Chile. Por lo mismo, no debe sorprender que, presentada la querella a que nos hemos referido anteriormente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y evacuada la resolución respectiva por el mismo, de acuerdo a la cual se ordenaba poner los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía, comenzasen a transcurrir los días, las semanas y los meses.

Durante el medio año que el caso estuvo en manos de la fiscal Giovanna Herrera no se realizó trámite alguno en orden a agilizar las gestiones. Daba la impresión que la Fiscalía tenía escaso o nulo interés en que la querella prosperase. Simplemente parecía que la querella en comento jamás sería considerada. Para ponerla, nuevamente, en movimiento, hubo necesidad de formular reclamos ante las instancias superiores por tal inacción.

Lo primero fue recurrir al Fiscal Nacional, en ese entonces Sabas Chahuán, quien derivó el reclamo en el  Fiscal Regional Andrés Montes[8], para que éste entregase el caso a la Fiscal Macarena Cañas, personaje que, al comienzo, mostró gran preocupación por los hechos denunciados exigiendo de CODELCO, de la Corporación Chilena del Cobre COCHILCO y de la Dirección General de Aduanas una serie de diligencias. Sin embargo súbitamente, aquellas se interrumpieron, como si ‘alguien’ —o algunos— hubiere dado instrucciones a la misma de no seguir adelante con esos trámites.

Esta suposición no es en modo gratuita; tampoco es un simple prejuicio. Al igual que las otras dependencias estatales, la Fiscalía no es un organismo neutro como muchos quisiésemos que lo fuese; aunque aparente serlo. Y eso tampoco debe sorprender. La generalidad de los órganos del Estado representa intereses de clase; también lo hace cada uno de ellos. Porque se trata de ‘instituciones’ estatales, campo propicio para el enfrentamiento de los intereses diversos que defienden los agentes políticos instalados en esas estructuras. Y eso tampoco es una casualidad pues, como sabiamente lo señala Poulantzas, es en tales organismos donde se libra la lucha de clases, no entre trabajadores y patrones como podría suponerse sino entre las diferentes fracciones de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo[9]. Tal vez el caso más claro de esta manifiesta intromisión en defensa de sus respectivos intereses lo representa el nombramiento mismo del actual Fiscal, Sr. Jorge Abott, ex militante del MAPU, simpatizante socialista, propuesto al Senado por la alianza denominada Concertación de Partidos por la Democracia y aceptado con agrado por la coalición opositora de ese entonces. Para no pocas personas esta designación no tuvo otra finalidad que paralizar todos los juicios seguidos en contra de quienes financiaron ilegalmente las campañas políticas o sobornaron a ciertos y determinados representantes del poder político nacional; por lo demás, coincidió con la ratificación en su cargo del jefe del Departamento Jurídico de Impuestos Internos, contrario a involucrar a ese organismo en las denuncias habidas hasta entonces. La designación de determinados agentes encargados de la administración de justicia no es casual: se trata de personas precisas que han de estar allí, en el lugar y momento precisos para resolver favorablemente sobre un hecho también preciso[10]. Los sucesos que han rodeado la designación del ex fiscal Raúl Guzmán al cargo de Secretario Ejecutivo del Senado constituyen una clara demostración de los fuertes vínculos de intereses que existen dentro de las instituciones estatales[11]. Y para qué hablar del llamado ‘Desastre de Rancagua’ que ha visto a ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad involucrados en la comisión de varios delitos así como enfrentados a los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias en el curso del presente mes de abril.

LAS GESTIONES DE LA FISCAL MACARENA CAÑAS

El 04 de febrero de 2016, y luego de formulado el reclamo al fiscal Sabas Chachuán, el abogado Julián Alcayaga presentó en la Fiscalía, espacio dentro del cual se había radicado la causa, un escrito en el cual solicitaba a la fiscal a cargo del caso, Sra. Macarena Cañas, se oficiara a la Corporación Chilena del Cobre COCHILCO para que

“[…] envíe todas las proyecciones de precio a futuro del cobre, realizadas por la institución entre junio de 2005 y junio de 2006.Que remita además, copias de las proyecciones de precio a futuro del cobre realizadas por consultoras y empresas extranjeras y nacionales, y que COCHILCO usó o reportó en sus informes”[12].

Solamente dos  meses después de presentado el referido escrito, en abril de 2016, y dando respuesta a la petición formulada por querellante particular a la Fiscalía, la Fiscal Macarena Cañas remitió a la Corporación Chilena del Cobre COCHILCO una instrucción en la que se le pedía cumplir con dicho requerimiento.

La referida Corporación no se mantuvo indiferente ante la petición y se apresuró a enviar a la Fiscalía un compendio de informes del Banco Central aparentemente referidos al tema que totalizaban, aproximadamente, mil páginas. Sin embargo, todos esos documentos no eran más que un análisis bastante general de la economía nacional a los que se les agregaba algunos antecedentes del comportamiento de algunos factores de la economía mundial para explicar determinados fenómenos que afectaban a la coyuntura. Ninguno de ellos se refería en detalle a las preguntas formuladas en la querella.

Por eso, el querellante particular, mediante el escrito de fecha 21 de junio de 2016, quiso dejar establecido algo que empezaba ya a parecerle obvio:

“Queda la impresión que existe el ánimo o el objetivo de parte del Sr. Hernández de obstruir y no colaborar con la investigación, con el evidente propósito de atosigar a la fiscalía información que no tiene ninguna relación con la investigación, lo que por una parte obstruye la investigación y por otro lado la desvía hacia fines completamente ajenos a la investigación”[13].

Porque estaba claro que la Corporación no quería dar respuesta a la petición formulada sino desviar la atención hacia otros tópicos de escasa relevancia.

Durante los meses posteriores, nada importante sucedió. El querellante particular, confiando en que sus reclamaciones seguirían su curso normal, no quiso apurar los trámites judiciales. Y así, como en el poema de José Zorrilla,

“Pasó un día y otro día,
un mes y otro mes pasó,
y un año pasado había…”

Porque solamente el  28 de septiembre de 2017 (¡un año y tres meses después de la última presentación!), cansado de tanta espera, volvió el querellante particular a hacer una presentación ante la fiscal Cañas del siguiente tenor:

“Sabemos con certeza que COCHILCO posee dicha información porque tanto en la querella como en el escrito del 21.06.16, acompañamos el “Informe Trimestral del Mercado del Cobre”, de COCHILCO, de abril 2006, en el que se da a conocer proyecciones de los años 2005 y 2006, de diversas consultoras nacionales y extranjeras, que aparecen en el siguiente cuadro de dicho informe”:

Eran aquellas cifras conocidas, tal cual lo consigna el reportaje de la Radio Universidad de Chile, citado anteriormente, donde se indica que COCHILCO

“–el 24 de abril de 2006– elevó su estimación del precio promedio del cobre para ese año a 2.60 dólares por libra ‘debido a sucesivos máximos históricos en el valor del metal ante una creciente demanda mundial’, tal como informó el diario El Mercurio.

La consultora especializada Macquarie Research pronosticaba para 2006 un precio promedio de 2.54 dólares por libra de cobre; y para 2007, de 2.36 dólares. Mientras, Santander Investment auguraba un valor para dichos años de 2.45 y 2.34, respectivamente.

Consideradas estas condiciones objetivas, haber transado el cobre en mercados a futuro a 1.36 dólares, más que un despropósito aparece como un robo colosal”[14].

No cabe duda que tales circunstancias, permitieron que la Fiscal comenzara, nuevamente, a actuar decretando ciertas diligencias que son del caso analizar.

En primer lugar, citó a declarar a Roberto Souper Rodríguez —familiar de Roberto Souper Onfray (autor del Tanquetazo)—, que se desempeñara en el cargo de Vicepresidente de Comercialización de CODELCO entre los años 2000 y 2010, en calidad de testigo. La audiencia se realizó en dos fases los días 28 y 30 de noviembre de 2017. De estas diligencias no se dió noticia alguna al querellante por lo que éste debió acercarse al fiscal Montes para averiguar sobre el particular, gestión que realizó en diciembre de 2017.

En segundo lugar, también citó a declarar en idéntica calidad el día 11 de diciembre del mismo año, a Juan Rodolfo Villarzú Rohde, hombre de reconocida militancia demócrata cristiana, y coautor, además, con Álvaro Bardón (también DC), del modelo de Economía Social de Mercado que actualmente nos rige, quien se desempeñara como Presidente Ejecutivo de CODELCO entre los años 2000 y 2006.

Sin embargo,

“Tanto Villarzú como Souper sostuvieron ante la fiscal Macarena Cañas, que se vendió a futuro a menos de la mitad del precio real alcanzado por el cobre, porque las consultoras internacionales CRU y Brook Hunt, que habrían proyectado, en los años 2005 y 2006, precios a futuro del cobre, inferiores al dólar la libra”.[15]

Tales afirmaciones quedaron incorporadas al proceso. Y no han sido objetadas, toda vez que existe en la carpeta investigativa un ‘Informe Trimestral del Mercado del Cobre’ de abril de 2006, en el que se puede descubrir que ya en marzo de 2006 ´proyectaba la empresa Brook Hunt el precio del cobre para ese año

“[…] de 2 dólares la libra, el doble de lo que sostuvieron ante la fiscal Sra. Macarena Cañas, los Srs. Villarzú  y Souper, lo que deja en evidencia el falso testimonio ante la fiscal Sra. Macarena Cañas[16].

EL CASO DEL CD

En el curso del año 2017, envió CODELCO un CD a la Fiscalía en el cual, presumiblemente, se entregaban los antecedentes solicitados por el querellante particular. Este CD quedó incorporado al proceso. CODELCO no lo envió graciosamente a la Fiscalía; tampoco ésta había graciosamente reiterado a la Corporación la exigencia de enviar dicha información sino lo hizo obligada por la presión que sobre ella ejercían las distintas presentaciones que, sobre el particular, incorporaba al proceso el querellante.

Puesto que el CD, presumiblemente contenía información importante referida al proceso, el querellante pidió se le entregara copia del mismo para revisarlo y hacer las objeciones de rigor. De acuerdo a lo expresado por el querellante en la respectiva solicitud dirigida al Ministerio Público, dicho CD debería contener:

>>

“1. Antecedentes sobre el volumen y precio del producto (cobre, molibdeno, oro, plata u otro) objeto de dichos contratos.

2. Individualización del comprador, precisando si se trata de personas relacionadas con CODELCO o con algún competidor u otro cliente, indicando su domicilio.

3. Indicar la forma de definir el precio de tales contratos, especificando si se utilizó el precio de referencia de la Bolsa de Metales de Londres o no.

4. Forma de arribar al acuerdo en tales contratos, indicando si lo hacían en Bolsa o en el mercado Over the Cover.

5. Individualizar a los funcionarios de la firma que participaron en la elaboración de la propuesta de celebración de dichos contratos sometida a aprobación de directorio.

6. Funcionarios que intervinieron o participaron en la celebración de operaciones de mercados de futuro desde 2004 en adelante y quién los facultó para ello.

7. Indicar la racionalidad económica de la necesidad de cobertura de precios por el período de 2005 a la fecha.

8. Individualizar a los intermediarios en las operaciones de mercados de futuros, señalando las comisiones recibidas, monto y fecha de pago, indicando además si son o han sido clientes o funcionarios de CODELCO o relacionados con esa empresa”[17].

La Fiscalía, como era de esperarse, no dio lugar a la petición de entregar una copia del CD sino autorizó al querellante a examinar el instrumento aquel dentro de la propia Fiscalía, limitando todas las posibilidades de seguir adelante con la causa, basándose en la circunstancia que dicho CD era evidencia y, por tanto, parte integrante del proceso.

“[…] la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ha dado respuesta fundada a sus presentaciones, rechazando su solicitud de obtener copia del CD explicándole que se trata de evidencia, no obstante lo cual se le ha señalado en las dos ocasiones anteriores que usted se encuentra autorizado para revisar los antecedentes en la sala de evidencias de la Fiscalía, por lo cual tiene acceso a la información que le interesa conocer de la causa RUC 151013060-K”[18].

Sin embargo, el verdadero problema de los CD radica en un hecho bastante simple: ninguno de ellos entrega la información requerida. No es posible conocer quiénes hicieron los cálculos que permitieron la venta a futuro bajo condiciones tan desventajosas para Chile, quiénes aprobaron esa barbaridad y cuáles fueron las empresas u ejecutivos que acordaron esos convenios. Por consiguiente, es imposible determinar eventuales responsables. A pesar de ello, la Fiscalía los ha declarado ‘evidencia’ en el proceso. Y, al negarse su entrega al querellante particular, no existe posibilidad alguna de mostrarlos a la prensa u otro medio de difusión para comprobar de esa manera los manifiestos intentos de mantener oculta la información. Es lo que señala la presentación del querellante a la Fiscalía en una de sus partes:

“Si como ya lo hemos fundamentado, no tiene ningún sustento legal y reglamentario declarar como evidencia el CD de CODELCO, con mayor razón no tiene ningún tipo de fundamento declarar como evidencia los CD y pendrive enviados por las empresas BHP Billiton y Antofagasta Minerals, porque dicha información se refiere únicamente a la participación de estas empresas en mercados de futuro del cobre, hecho que para nada se refieren a las ventas de CODELCO en estos mercados. Por tanto, el CD y el pendrive de BHP Billiton y Antofagasta  Minerals, no tienen ninguna participación en el hecho punible investigado en esta querella, y por lo tanto, la información enviada en un CD y pendrive por estas empresas no puede ser calificada de evidencia en una investigación sobre la empresa estatal CODELCO”[19].

Es evidente, e imposible de negar, que la información solicitada por el querellante particular está orientada hacia un fin determinado cual es determinar si hubo o no desfalco a los intereses de CODELCO y, por ende, del Estado chileno. Pero aún si aceptamos que la información requerida es tendenciosa, ¿cómo, entonces, averiguar si ha existido solamente descuido y no voluntad manifiesta de ocasionar daño al patrimonio fiscal? ¿A través de dejar las cosas como están? ¿A través de colocar mordaza a las investigaciones o entorpecerlas? ¿Se recupera de esa manera la perdida confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones y en el manejo de la política? ¿Y si realmente hubo desfalco y voluntad evidente de ocasionar daño a la propiedad fiscal? ¿Cómo averiguar si todo ello ha sido perpetrado no por una persona sino por varias que se protegen entre sí y son protegidas por otras en defensa de determinados intereses y que, tras todo aquello hay una defensa corporativa de los responsables y de quienes se lucraron con lo sucedido?

Existen varias circunstancias que son de conocimiento público y, no obstante, la Fiscalía no investiga. Tal es el caso de Juan Villarzú, como lo señala ‘La Tercera’, en 2014:

“Estas transacciones fueron realizadas principalmente con brokers. Sin embargo, el más conocido es el acuerdo con la china Minmetals en 2006, a fines del gobierno de Ricardo Lagos, cuando Juan Villarzú era el presidente ejecutivo de Codelco. El principal fundamento para impulsar esta operación de ventas físicas a futuro era que le permitiría asegurar el financiamiento para el proyecto Gabriela Mistral (Gaby) sin abultar su deuda financiera”[20].

Sabemos que desde abril del año 2006 hasta abril del año 2010 la empresa estatal CODELCO fue dirigida por el señor José Pablo Arellano Marín, reconocido militante demócratacristiano, en el carácter de presidente ejecutivo.

Bajo dicha administración

“[…] se realizó la operación más escandalosa y que produjo el 60% de las pérdidas en mercados de futuro, con US$ 2.983, 9 millones en una operación de venta a futuro de 700 mil toneladas de cobre de Gaby, en julio de 2007, a US$ 1,38 la libra para el período 2008 a 2012, cuando por dicho período el precio del cobre fue de US$3,31 en promedio, alcanzando incluso US$ 4 dólares el año 2011 y US$ 3.66 el año 2012”[21].

¿Conocía el señor Arellano el nombre de las empresas que aprovecharon la venta a bajo precio? ¿Cuáles eran? ¿Era verdad la existencia de una sociedad formada por CODELCO y Minmetals en un paraíso fiscal? ¿Sabía todo ello el señor Arellano? Y si no lo sabía, ¿qué diablos hacía sentado en el sillón de la Presidencia? Porque sabemos que la operación se hizo, de todas maneras. Y que, años más tarde, citado en dos oportunidades a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en 2014, se negó a asistir. ¿Por qué nadie le censuró por esa desobediencia? La operación fue autorizada por el Acuerdo del Directorio de CODELCO N° 17, de fecha 19 de abril de 2007. En ese año, oficiaba de ministra de Minería y Energía la Sra. Karen Paulina Poniachik Pollak que presidía aquel cuerpo colectivo según comunicado de prensa de fecha 07 de marzo de 2006[22]. El directorio de la empresa estatal estaba integrado, además, por el entonces ministro de Hacienda Andrés Velasco Brañes, y los sres. Jorge Arturo Bande Bruck (personaje estrechamente ligado al Grupo Luksic), Vicente Nicolás Mailuf Sapag (sujeto directamente ligado al Grupo Solari), Raimundo Espinoza Concha (presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y hombre de la confianza de Nelson Pizarro y, consecuentemente, de la Concertación de Partidos Por la Democracia), Jorge Fernando Candia Díaz (ex presidente de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre ANSCO, también ligado a la Concertación de Partidos Por la Democracia) y el general Eduardo Gregorio Gordon Valcárcel, inspector general de Carabineros, procesado por malversación de caudales públicos y que renunciara a Carabineros tras la polémica originada por el parte policial que daba cuenta de la participación de su hijo en un choque de proporciones[23]. Los ejecutivos a cargo de las operaciones eran Francisco Tomic Errázuriz, de filiación demócratacristiana, vicepresidente ejecutivo de CODELCO y Roberto Souper Rodríguez, vicepresidente de comercialización de la misma corporación estatal[24].

No parecen ser los únicos responsables. Andrés Tagle Domínguez, que se desempeñaba en el cargo de director de la empresa estatal desde el 11 de  mayo de 2010 al 10 de mayo de 2014 señala, sobre el particular

“[…] que durante el gobierno de Ricardo Lagos, con los ministros de Minería Alfonso Dulanto, y de Hacienda Nicolás Eyzaguirre en el directorio y Juan Villarzú como presidente ejecutivo de Codelco, se aprobaron operaciones de derivados financieros, específicamente contratos de futuros, comprometiendo la venta de cobre a un precio fijo para los siguientes años”[25].

Y agrega, a continuación:

«Esto se ha silenciado, salvo en el año 2010, cuando yo hice unas declaraciones al respecto. Y más se ha silenciado que el señor Villarzú y el señor Eyzaguirre, como ministro de Hacienda de entonces, son los responsables. Ese es el mayor escándalo financiero que ha ocurrido en una empresa, pública o privada, en Chile»[26].

En el caso del dirigente Raimundo Espinoza, dirigente sindical desde 1993 de la División de Cobre Salvador, era conocida su defensa a favor de mantener los privilegios del cobre a los militares (10% de las ventas) y se le motejaba de ‘amarillo’ pues mantenía estrechas relaciones con Oscar Landerretche y Nelson Pizarro[27].

Estas personas, al aprobar dicho Acuerdo debían conocer  el nombre de esas empresas y de quienes las representaban. Llama la atención que la Fiscal Cañas no haya querido citarlas a comparecer en el proceso, a pesar que fue solicitado en la querella.

Así, pues, llegamos a un punto en el que resulta casi imposible proseguir con las investigaciones; mucho menos, determinar la existencia de personas responsables de los hechos, y perseguir —algo poco menos que irrealizable— la aplicación de penas en contra de los mismos.

No existe antecedente alguno que explique el desinterés de la Fiscalía Nacional en aclarar la trama del cobre. Lo que sí está claro es que no se trata de un simple olvido o desidia. Por el contrario: se advierte una voluntad clara de no perseverar en la investigación de los hechos.

Atendido el hecho cierto de la pérdida creciente de la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones y en el manejo de la política, no puede sino constituir un simple sarcasmo o humor negro la afirmación que Chile no es un país corrupto. Es por esa razón que la labor de la Fiscalía Nacional no puede ser concebida sino en el carácter de esclarecedora y portadora de la verdad; en suma, la de una institución que se apresure a clarificar todo aquello que pueda resultar nocivo para la credibilidad del conjunto social en el Estado y sus instituciones. Porque cuando ello no ocurre, las suspicacias aumentan y las instituciones se debilitan. Entonces, aparece como ridículo y, a la vez, incomprensible que la Fiscalía Nacional se niegue a investigar un presunto desfalco al patrimonio del país por —¡18 mil millones de dólares!— realizado al interior de la más grande empresa estatal por personas cuya identidad por ahora se desconoce.

Podemos pensar, sin temor a engañarnos, que, tratándose de un organismo que en modo alguno ha considerarse neutro, hay intereses políticos que se protegen tras cada una de sus decisiones. Si ello es así, necesario es desentrañarlos. Y si se trata de una labor que en modo alguno puede realizar la propia Fiscalía, directamente involucrada en los hechos, como ya lo hemos indicado precedentemente, tiene ésta en sus manos el recurso de inhibirse, de recusarse y dejar en manos de otra institución la labor que le competía y salvaguardar de esa manera la transparencia que debe caracterizar a las organizaciones estatales.

A MANERA DE CONCLUSION

No deja de ser curiosa (por decir lo menos), la circunstancia que el querellante particular, en marzo de 2019, refiriéndose a las empresas que se beneficiaron con las sumas que CODELCO perdió al realizarse las operaciones consignadas en este documento, señalase al 7° Juzgado de Garantía, comentando el interrogatorio a Roberto Souper:

“[…] son once las empresas contrapartes de CODELCO en las ventas a futuro que originaron US$ 4.500 millones de pérdidas, y que él conoce bien esas empresas, porque el directorio le encargó hacer esta fijación. Sin embargo, al ser interrogado por la fiscal Sra. Cañas, sobre el nombre de estas empresas, respondió que eso no es importante, cuando justamente esa es la información fundamental para la investigación de este fraude al Fisco. La Sra. Fiscal debió insistir en que entregara los nombres de dichas empresas, pero no lo hizo, lo que es una clara muestra que no se quiere avanzar en esta investigación”[28].

Y, para terminar, quisiéramos decir aquí que no deja de ser notable, además, la circunstancia aquella en virtud de la cual aparecieron, hace apenas unas tres semanas, en la columna sobre los resultados de CODELCO de 2018, algunos antecedentes referidos a las ventas o ingresos de la misma empresa estatal —no a sus costos cuyo curso va por un canal paralelo—, que nos permiten concluir lo siguiente:

El año 2018 CODELCO produjo 1.678.000 T. de cobre; sus ventas alcanzaron solamente a U$ 14.253 millones, con un precio del cobre de 2,96 dólares. Comparadas esas cifras con las que arrojó el año 2006, en cuanto a precio y producción, resultan muy similares. El año 2006 la producción de cobre fue de 1.676.000 toneladas y el precio fue de 3,05 dólares. El pequeño aumento de nueve centavos en el precio del cobre el año 2006, en relación al 2018, tiende a compensarse con una producción superior de 2 mil toneladas, el año 2018. Sin embargo, las ventas de CODELCO el año 2006 fueron de US$ 17.077 millones, y solamente U$ 14.253 el 2018. ¿Cómo se explica que casi con una idéntica producción y precio del cobre, los ingresos por ventas el 2018 hayan sido U$ 2.824 millones menos que el año 2006?

Si lo averigua, saca premio.

Santiago, abril de 2019

Notas:

[1] Este documento se encuentra en el Volumen N°75, Número 300 de 2008, según ‘El Trimestre Económico’.

[2] Maldonado, Emilio: “Dávila, 20 años después”, Revista Qué Pasa, versión digital, 23 de enero de 2014. Juan Pablo Dávila estaba casado con la hija del demócratacristiano Fernando Murillo, director del periódico El Mercurio de Antofagasta.

[3] Alcayaga Olivares, José Julián: “Crítica al Ministerio Público”, documento inédito de 2019. Con negrita en el original.

[4] Alcayaga Olivares, Julián: “Desfalco: la verdadera razón por la que CODELCO no quiere ser fiscalizado”, ‘El Desconcierto”, 06 de junio de 2017.

[5] Alcayaga Olivares, José Julián: Doc. Citado en (3). Con negrita en el original.

[6] Marín, Francisco: “El colosal desfalco minero”, Radio de la Universidad de Chile, lunes 08 de febrero de 2016.

[7] Jofré, Diego: “Contraloría investiga a CODELCO por US$ 6.500 millones en pérdida: vendió cobre por debajo del valor del mercado”, ‘El Demócrata’, 08 de junio de 2017.

[8] El Fiscal Andrés Montes es hijo del senador PS Carlos Montes, hecho que pone de manifiesto la estrecha vinculación que existe entre el poder político y la administración de justicia. También, el nepotismo pues no hay que olvidar que la otra hija del senador Montes se desempeñó como Subsecretaria de Turismo bajo el gobierno de Bachelet.

[9] Poulantzas, Nicos: “Poder político y clases sociales dentro del Estado Capitalista”, Editorial Siglo Veintiuno (México, Argentina, España).

[10] Véase, al respecto, para los nexos entre la política y la administración de justicia, el artículo de Alberto González “Las presiones de La Moneda para nombrar al fiscal Toledo como notario en San Fernando”, publicado el 7 de marzo de 2018 en Radio Bíobio, el artículo de la redacción de ‘El Mostrador’ “Las gestiones del Ministerio del Interior para asegurar a Paredes como el próximo Fiscal Metropolitano Sur”, publicado el 13 de abril de 2019, el artículo de Jiménez, M; Leighton, H, y Romo, S. “Las polémicas redes de Dobra Lusic, la ‘favorita’ de La Moneda, la DC y las ISAPRES para ascender a la Suprema”, ‘El Mostrador’, 11 de abril de 2019; y de la Redacción ‘El Mostrador’, 13 de abril de 2019: “Piñera elige a Dobra Lusic, la favorita de la DC y las ISAPRES para ascender a la Suprema”.

[11] Véase, al respecto, los artículos de la redacción del diario digital ‘El Mostrador’, de fecha 12 de abril de 2019 intitulado “Influencias indebidas y millonario sueldo: el ruido que genera la llegada del fiscal Raúl Guzmán al Senado”, el de Mónica Rincón, de fecha 12 de abril de 2019, publicado en CIPER, “El salto de la Fiscalía al Senado: de las sillas musicales a las sillas calientes” y el de la redacción intitulado “Fiscal Raúl Guzmán será el próximo secretario general del Senado”, de ‘El Mostrador’, 10 de abril de 2019.

[12] Alcayaga Olivares, José Julián: Doc. citado en (3).

[13] Causa ante el Séptimo Juzgado de Garantía, Rol Único de Causa RUC N° 1510013060-K

[14] Marín, Francisco: Reportaje citado en (6).

[15] Alcayaga Olivares, José Julián: Doc. Citado en (3). Con negrita en el original.

[16] Documento citado en (5). Con negrita en el original.

[17] Presentación del querellante particular a la Fiscalía Nacional, de fecha 7 de marzo de 2018.

[18] Respuesta de la Fiscalía Nacional de fecha 19 de marzo de 2018 a la presentación ante esa Fiscalía de fecha 7 de marzo de 2018.

[19] Id. (18)

[20] Pérez-Cueto, C. y Novoa, S.: “Las lecciones que dejaron las ventas a futuro en CODELCO”, ‘La Tercera’, 21 de enero de 2014.

[21] Presentación del querellante particular, de marzo de 2019, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

[22] El comunicado informaba, además, que esa designación debía confirmarla el Presidente del Directorio señor José Pablo Arellano, tarea que realizó esa misma tarde.

[23] Véase EMOL de fecha 03 de enero de 2018 bajo el título “Eduardo Gordon, el general (r) que renunció a Carabineros tras polémica por parte policial del choque de su hijo”.

[24] Véase el Oficio PE 08/118 de 14 de mayo de 2008, actualmente incorporado a la red INTERNET.

[25] Redacción: “Ex director de CODELCO denuncia pérdidas de U$S 4.700 millones por contratos a futuro celebrados en 2005”, EMOL, 01 de junio de 2014.

[26] Redacción: Id. (25).

[27] Redacción: “El discurso de Raimundo Espinoza que habría anticipado el quiebre en la Federación de Trabajadores del Cobre”, ‘El Mostrador’, 29 de marzo de 2018.

[28] Véase nota (21).

El articulo Los 18.000 millones de dólares ‘desaparecidos’ en Codelco apareció primero en piensaChile.

El proceso concluirá con la publicación de las respuestas: de la ciudadanía, el 31 de octubre, y de Cochilco el 19 de noviembre.

Las preguntas específicas son las siguientes:

• ¿Cuál(es) subsector(es) de la Cadena de Valor en la minería cree Ud. sería(n) preciso potenciar? Seleccione una o más opciones y justifique.
• ¿Qué medidas de política pública deberían implementarse para potenciar la Cadena de Valor en la Minería?
• ¿De qué forma los proveedores locales de la minería podrían incorporar actividades de mayor valor agregado en sus productos/servicios?

Las opiniones deben ser entregadas a través del formulario al que se accede a través de este enlace: Encuestas Cochilco

El carácter formal de estos procesos desincentiva a las organizaciones de trabajadores a participar, situación potenciada por el uso recurrente que realiza Cochilco de expresiones como “capital humano” o bien que en los estudios de publicados por esta entidad la palabra Sindicato este proscrita, no obstante ello, resulta interesante que los trabajadores planteen su visión en esta parcela reservada casi exclusivamente al empresariado permitiendo configurar una posición conjunta respecto a las temáticas que gobiernan el discurso.

Espero que esta información les sea de utilidad.

Raúl Osorio H.

El articulo  Cochilco, Consulta Pública apareció primero en piensaChile.

Se trata del mismo Cochilco que, al reportar la tributación de las 10 mayores mineras privadas en el ejercicio 2016, informa que alcanzó la ridícula suma de US$ 18,8 millones.

Cochilco precisa que la tributación de Codelco alcanzó a US$ 942 millones, y que la de Enami fue de US$ 8,8 millones. Esto quiere decir que Codelco tributó US$ 515,5 por tonelada de cobre, Enami US$ 60,9 dólares, y las mineras extranjeras solo 5 pijoteros dólares, una limosna lo mires como lo mires. Traducido a moneda local, la gran minería extranjera pagó unos $ 3.250 por tonelada de cobre: el equivalente de una mediocre botella de vino.

Esta es la inversión extranjera que celebran El Mercurio, Cochilco, el gobierno, el Consejo Minero y la Sonami. Unos, los menos, por ignorancia. Otros, los más, en virtud del aromático aceite fenicio.

Calificar la inversión extranjera de ignominiosa puede parecer indulgente y lo es: también podríamos decir que es nefasta, oprobiosa, escandalosa, abyecta, inicua, despreciable, malsana, delincuencial y una larga lista de adjetivos calificativos similares.

En un informe al Senado del año 2003, el SII confirmó que practicamente ninguna minera había pagado un solo dólar de impuesto a la renta en Chile, por la sencilla razón de que no declaran utilidades. ¡Declaran pérdidas!

En ese momento acumulaban cerca de US$ 2.700 millones de pérdidas. Pobres  mineras: hasta ese año se habían llevado unas 30 millones de toneladas de cobre por un valor de 170 mil millones de dólares, –sin contar el oro, la plata, el molibdeno, etc.–, de puro generosas que son porque nunca ganaron un pinche dólar, razón por la que jamás dejaron un solo peso de impuesto en Chile. Solo falta que pidan ser integradas al Gasto Social…

La inversiones en La Disputada y Escondida se iniciaron con la dictadura, pero la gran masa de inversión extranjera en la minería se aceleró a partir de 1990, bajo los gobiernos “democráticos” inaugurados por Aylwin. Es más, la Concertación, con la entusiasta ayuda de la derecha, legisló para que las mineras extranjeras no pagaran impuestos en Chile. En particular al cambiar la tributación minera de renta presunta a renta efectiva, con la Ley 18.985 de junio de 1990.

Con la renta presunta, establecida en dictadura, las grandes mineras eran obligadas a pagar impuesto a la renta: este se pagaba sobre la base de lo que se vendía, y por consiguiente las mineras debían pagar desde la primera tonelada de cobre que vendieran, aunque declarasen pérdidas.

Con Aylwin se pasó a renta efectiva: el impuesto se paga solo si existen utilidades. Ahí es donde aparece la “contabilidad creativa”, la doble contabilidad y otros trucos que hacen aparecer pérdidas ficticias. Mientras el SII mira para el otro lado.

A partir de 1990 y hasta el 2003 e incluso el 2004 y el 2005, casi ninguna gran empresa minera declararó utilidades y no pagó impuesto a la renta (gracias Pato…, gracias Concertación…).

Situación que se repite en la actualidad: el año 2015 la mitad de las grandes mineras declaró pérdidas, y el año 2016 casi ninguna tuvo utilidades. La actividad de las grandes mineras es el apostolado.

Estas son pues las inversiones que festejan Cochilco y todos los esbirros al servicio del pillaje de los recursos naturales chilenos. Sin embargo el Cobre no es tema: ¿hay algún candidato o candidata a la presidencia de la República que lo mencione?

El episodio de la tributación minera deja en evidencia que en materia de evasión fiscal la Concertación y la derecha han sido mil veces más nefastas que la dictadura.

Lo peor de todo es que la inversión minera extranjera fue y es absolutamente innecesaria e inútil: el Estado de Chile siempre tuvo los medios para desarrollar la minería del cobre:

En el año 1973 Chile producía 735 mil toneladas de cobre, lo que equivalía al 9,8% de la producción mundial que en ese entonces era de 7,5 millones de toneladas. Al año 1989 la producción mundial había aumentado en 1,52 millones de toneladas, de las cuales 628 mil producidas por Codelco. La Corporación nacional aportó el 41,2% del aumento mundial de la producción de cobre.

Eso lo hizo Codelco, o sea el Estado de Chile, lo que es la prueba más irrefutable que Chile nunca necesitó inversión extranjera para desarrollar su minería.

Cabe pues la pregunta: ¿Cómo es posible que se haya autorizado esta piratesca inversión extranjera en nuestra minería?

La respuesta es dolorosamente sencilla: la corrupción de nuestras élites políticas y económicas produjo esta colosal catástrofe de la ignominiosa inversión extranjera en nuestra minería.

–El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

El articulo Chile: La ignominiosa inversión extranjera en la minería apareció primero en piensaChile.

2016-02-06 13:02:43 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
INTERNACIONAL

Una serie de operaciones fraudulentas en los mercados a futuro del cobre han sido denunciadas desde hace años ante todas las instancias judiciales y legislativas de Chile. Y nada ha pasado, excepto que las pérdidas acumuladas para el Estado chileno son por más de 21 mil millones de dólares. No obstante, esto podría cambiar ahora, pues las denuncias –primordialmente hechas por una ONG– acaban de llegar a la Fiscalía de Alta Complejidad, instancia acostumbrada a investigar la corrupción tan a fondo que la clase gobernante le teme.
Valparaíso, Chile.- La estatal Corporación del Cobre (Codelco) está siendo víctima de un desfalco que supera los 21 mil millones de dólares. El fraude consiste en la venta de cobre y otros minerales asociados a un precio inferior al valor de mercado, en operaciones presentes o futuras. El ilícito tiene como principal consecuencia haber acabado con los excedentes que deja al país esta cuprífera, primera productora mundial del mineral.
Pese a que el robo es el más grande de todos cuantos hayan afectado al Estado de Chile, el escándalo no acaba de estallar. Apenas se ha mencionado en los medios y ninguna institución ha sancionado responsabilidades ni ha tomado medida alguna para evitar que se siga cometiendo.
Esto pese a que la multimillonaria pérdida ha sido reconocida parcialmente por entes oficiales, como el Congreso Nacional y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), y a que ha sido denunciada desde 2011 por el economista y presidente de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga, en todas las instancias pertinentes. Este semanario ha reportado las denuncias desde enero de 2012 (Proceso 1839 y 1931).
Ahora, no obstante, el manto de impunidad podría quedar atrás. El 17 de abril de 2015 Alcayaga presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella por malversación de caudales públicos en Codelco, en representación de la ONG Chile Cobre. Después de nueve meses en los cuales la investigación durmió en el despacho de la fiscal Giovanna Herrera, el Ministerio Público lo redestinó a su colega Macarena Cañas, adscrita a la Fiscalía de Alta Complejidad, la cual actualmente investiga renombrados episodios de corrupción –como los casos Cascadas y Soquimich– que tienen en jaque a la clase gobernante.
Fraude en ventas a futuro
En su presentación a la justicia, Alcayaga detalló el modus operandi del desfalco: “En enero de 2006, por la venta a futuro de 150 mil toneladas, la Mina Gaby (de Codelco) generó pérdidas por US$ 681 millones –al 31 de diciembre de 2010– porque se negoció a US$ 1.36 la libra, siendo que en 2010 el precio promedio fue de US$ 3.42”.
Cuando tal negocio se realizó el precio del cobre superaba los 2.20 dólares por libra.­
“En esta operación no puede existir error o equivocación en la proyección futura del precio del cobre, sino que es una acción deliberada para perder dinero en favor de un determinado operador de estos mercados”, destacó el abogado y economista.
Al momento de ocurrir esta negociación –y otras similares entre 2005 y 2007–, autoridades y expertos pronosticaban un alza en el precio del cobre. El 31 de diciembre de 2005 Radio Cooperativa informaba –citando un informe de Cochilco– que la vertiginosa alza que entonces verificaba el precio del cobre se relacionaba con una notoria disminución de las reservas internacionales: los inventarios habían caído desde 1 millón 290 mil toneladas métricas en 2002, a sólo 153 mil un año después. No había que ser experto para constatar que, en situación de escasez y ante un constante crecimiento de la economía mundial y de la demanda de cobre, el precio subiría.
Así lo reconoció la propia Cochilco, que –el 24 de abril de 2006– elevó su estimación del precio promedio del cobre para ese año a 2.60 dólares por libra “debido a sucesivos máximos históricos en el valor del metal ante una creciente demanda mundial”, tal como informó el diario El Mercurio.
La consultora especializada Macquarie Research pronosticaba para 2006 un precio promedio de 2.54 dólares por libra de cobre; y para 2007, de 2.36 dólares. Mientras, Santander Investment auguraba un valor para dichos años de 2.45 y 2.34, respectivamente.
Consideradas estas condiciones objetivas, haber transado el cobre en mercados a futuro a 1.36 dólares, más que un despropósito aparece como un robo colosal.
Cabe consignar que en los fraudes en mercados a futuro una empresa vende cierta cantidad de “opciones de cobre” a determinado precio. Luego, si el cobre está más alto que lo pactado, el vendedor pierde y tiene que pagarle la diferencia al comprador en futuro. Como Codelco pactó precios muy inferiores a los que efectivamente existieron a futuro, debió pagar miles de millones de dólares de diferencia. Alcayaga aclara que estas son operaciones financieras que no comprometen la entrega física del mineral.
Las corporaciones mineras también tienen pérdidas controladas en mercados a futuro. Lo hacen para obtener pérdidas nominales. Así pagan menos impuestos en Chile y traspasan sus ganancias a otras filiales de su matriz, ubicada generalmente en paraísos fiscales.
Este jueves 4 Alcayaga solicitó a la Fiscalía de Alta Complejidad que instruya al presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, para que informe quién decidió y quiénes intervinieron en las ventas a futuro de los años 2005 a 2007, quiénes adquirieron dichos contratos, quiénes fueron los intermediarios de dichas operaciones; y para que se remita copia de los contratos.
La denuncia y el silencio
Una nota publicada el 2 de septiembre de 2010 en el diario La Tercera dio cuenta por primera vez del desfalco en Codelco. Allí, el entonces miembro del directorio de Codelco y militante de la derechista Unión Demócrata Independiente, Andrés Tagle, aparece señalando que, durante los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), “Codelco llevó a cabo un conjunto de operaciones financieras de derivados (futuros y opciones) que le han significado a la corporación pérdidas, disminuciones patrimoniales y menores excedentes al Estado por impuestos que en conjunto ascienden a 4 mil 630 millones de dólares”.
Tagle –ingeniero comercial– señaló también que “las máximas autoridades vinculadas al cobre en el país, con toda la experiencia que disponían, apostaron a la baja de precio de cobre a mediados del año 2005, justo en los momentos en que el precio de este metal inició una escalada en los mercados internacionales que se ha mantenido hasta hoy con pequeñas alteraciones. Se equivocaron rotundamente, con grave perjuicio para el Estado”, expresó.
Pese a la gravedad de la denuncia y a la relevancia del acusador, ni La Tercera ni ningún otro gran medio volvió a referirse al tema. Ese silencio se mantiene hasta ahora.
Como nadie habló más del tema, Alcayaga pensó –en principio– que se trataba de una acusación con tintes políticos cuyo fin era enlodar a los gobiernos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó entre 1990 y 2010.
Sin embargo, como señala en requerimiento presentado ante el Consejo de Defensa del Estado el 28 de octubre de 2013, Alcayaga posteriormente descubrió que las pérdidas eran absolutamente reales. “En marzo de 2011 Diego Hernández, a la sazón presidente ejecutivo de Codelco, realizó una conferencia de prensa para presentar los resultados de la Corporación por el año 2010. Él definió éstos como un gran éxito de su gestión, al obtener excedentes por 5 mil 799 millones de dólares, que superaban al ejercicio 2009 en mil 851 millones de dólares.
“Al analizar los resultados –sostiene Alcayaga– saltaba a la vista que estos excedentes estaban lejos de ser un éxito, puesto que el 2006, con un precio de 3 dólares y cinco centésimas la libra, que es un precio inferior en 12.1% al de 2010 (en que el valor fue 3.42 dólares la libra), arrojó excedentes por 9 mil 215 millones de dólares, 37.1% superior al de 2010”.
Por lo mismo, Alcayaga concluyó que las utilidades de 2010 tendrían que haber sido de aproximadamente 11 mil millones de dólares, por lo que faltaban más de 5 mil millones.
Para entender el origen de la inexplicable desaparición de excedentes, el experto tributario de Chile Cobre estudió la Memoria de Codelco 2010. “Me percaté de que entre 2006 y 2010 las pérdidas de utilidades habían sido significativas” y se debían a “una caída de las ventas. Éstas sólo podían caer porque se venden más baratos el cobre y sus subproductos a determinados compradores o por pérdidas en los mercados de futuro”.
Es lo que sostuvo este economista ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco, que sesionó entre septiembre y diciembre de 2012. Allí afirmó que en su revisión de las notas explicativas de la Memoria 2010 verificó pérdidas por mil 42 millones de dólares en ventas a futuro. Reveló, además, que estas pérdidas “se contabilizaban, entre paréntesis, de manera extracontable, como una disminución de las ventas”.
Como esta pérdida no explicaba la totalidad de la caída de los resultados de aquel año, Alcayaga escudriñó los balances de Codelco, desde 2005 en adelante. Al analizar las notas a los estados financieros pudo comprobar que las operaciones en mercados a futuro comprometían pérdidas que, entre 2006 y 2012, sumaban 4 mil 670 millones de dólares. Esto es, casi lo mismo que lo denunciado por Tagle.
“Codelco no informó de estas cuantiosas mermas en sus memorias ni a la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de un ‘hecho esencial’ como correspondía. El Ministerio de Minería y la auditora Deloitte también callaron”, resalta Alcayaga en entrevista con Proceso.
Pese a que hubo un reconocimiento tácito respecto de que lo denunciado por Alcayaga era cierto, la citada comisión investigadora le bajó el perfil al tema. Esto se evidencia en el punto 15 de sus conclusiones: “En virtud de las pérdidas generadas por las negociaciones efectuadas en los ‘contratos futuros’, en más de una ocasión, se hace necesario efectuar una revisión respecto de la utilización de este instrumento, de forma que no generen a futuro perjuicios a la compañía”. Nada más. No se precisaron montos, ni se mencionaron involucrados. Menos hubo sanciones.
Los diputados se abstuvieron pese a que habían sido notificados que Cochilco ya había reconocido las cuantiosas pérdidas por ventas a futuro a través del oficio ordinario 278 –del 26 de agosto de 2011– enviado al diputado socialista Carlos Montes, quien previamente había pedido un pronunciamiento respecto de las denuncias de Alcayaga.
“La corporación (Codelco) ha tenido que reconocer resultados negativos que corresponden a transacciones que fueron efectuadas en el periodo 2005-2007 (…) y cuyos vencimientos finalizan el presente año 2011 y 2012 próximo”, admite Cochilco en la página dos de dicho oficio.
Las desastrosas pérdidas de Codelco se podrían haber previsto si se hubiese considerado la trayectoria de quienes fueron sus ejecutivos en esos años. Diego Hernández –al asumir Codelco en abril de 2010– ya era todo un especialista en generar pérdidas en mercados a futuro. En 1995, siendo gerente de la minera Mantos Blancos (Angloamerican), perdió 49 millones de dólares: 25% de los ingresos por ventas de dicha empresa ese año.
En abril de 2010 Alcayaga escribió una columna en Diario Universidad de Chile, en la que destacó que luego de estos “malos negocios” en Mantos Blancos, Angloamerican ascendió a Hernández a presidente de Collahuasi, una mina de gran envergadura.
Este proceder de nombrar a altos ejecutivos relacionadas con mineras privadas se mantiene en Codelco. Actualmente es dirigida por Nelson Pizarro, otrora vicepresidente del holding Antofagasta Minerals –grupo Luksic–, que actualmente es presidido por el propio Hernández.
Pese a los tropiezos, Alcayaga, con el respaldo del constante Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, continuó intentando que su acusación fuese escuchada. El 29 de octubre de 2013 dejó una carta al presidente Piñera en la que detallaba el fraude a Codelco. No hubo respuesta. El 21 de octubre de 2011 informó de las pérdidas en Codelco al director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, quien ordenó abrir una investigación.
Consultada por este corresponsal respecto del avance de la indagación, Patricia Sepúlveda, fiscalizadora a cargo de este caso, respondió el 25 de enero que por razones legales “no me es posible acceder a su requerimiento”.
El Estado tuvo una preciosa ocasión de reconocer el ilícito y corregir el rumbo luego de que la Cámara de Diputados ordenó –el 16 de abril de 2014– crear una comisión investigadora sobre los contratos a futuro realizados por Codelco entre 2005 y 2007, “que fueron innecesarios, especulativos, con altísimo riesgo e inusuales en el mercado”, se señala en el texto por el cual se aprueba tal comisión.
Sin embargo, los resultados de esta instancia fueron decepcionantes. El 16 de abril de 2015 el pleno de los diputados ratificó el informe propuesto por la comisión. Allí se asegura que la causa de las pérdidas “fue principalmente un cambio brusco, imprevisible, espectacular y estructural (del precio del cobre), acaecido a partir de la segunda mitad de 2006, generado por la emergencia de China”.
Estas conclusiones se apoyaron básicamente en lo sostenido en la comisión por el ministro de Minería y presidente del directorio de Codelco, en 2005, Alfonso Dulanto, y por el entonces presidente ejecutivo de Codelco, el ingeniero democratacristiano Juan Villarzú, que aparecen como presuntos responsables de los “errores” cometidos.
Alcayaga refutó los descargos de éstos al señalar que “no existe ningún estudio de consultoras internacionales que haya proyectado precios tan bajos durante esos años”. Añadió: “Varios expositores de esta comisión sostuvieron que dichas consultoras, como CRU y Brook Hunt, habían proyectado en julio de 2005 y enero de 2006 precios del cobre que no superaban el dólar en los años 2006 en adelante, pero (…) en ningún momento mostraron estudios, planillas, gráficos o cuadros de estas consultoras, que respaldaran esas afirmaciones.”
La comisión consideró también que las operaciones de ventas a futuro permitieron rescatar el mineral El Salvador “y extender su vida útil”, al dotar a Codelco de dinero fresco. Sin embargo, Alcayaga afirma que esas operaciones “no reportaron avances de dinero porque en las ventas a futuro no se realizan pagos anticipados”.
El diputado socialista Luis Lemus –que presidió esta comisión– afirmó al cierre de este trabajo que “no existen responsabilidades políticas” y “no existió ningún tipo de ilícito”.
Desfalco
Aunque cuantiosas, las mermas en mercados de futuro no son las únicas ni las más grandes de Codelco en la última década. En el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) perdió más de 17 mil millones de dólares debido a descaradas ventas de cobre, oro, plata y molibdeno a precios inferiores a los valores de mercado.
Es lo que acredita Alcayaga en la citada querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Como se señala en sección “Los Hechos”: “Al analizar los ingresos por ventas desde 2010 a 2013 y compararlos con las ventas de ejercicios anteriores, sobre todo de los años 2006 y 2007, no queda duda de que los ingresos de Codelco desaparecieron”.­
En la presentación ante la justicia se afirma que “los ingresos de Codelco pierden toda credibilidad en 2014”. Entonces se declaran entradas por 10 mil 729 millones de dólares, lo que denotaría un escandaloso error o fraude, puesto que sólo la producción de cobre y molibdeno multiplicada por el precio promedio de esos productos en aquel año –según precios y cantidades emanadas en informes oficiales de Codelco– debió alcanzar los 12 mil 309 millones de dólares.
Esto denotaría la desaparición de mil 579 millones de dólares, “sin contar las ventas de otros subproductos, como el oro, la plata o el ácido sulfúrico, y los ingresos de una gran cantidad de filiales y otras participaciones de Codelco, como Minera El Abra, Anglo American Sur ex Disputada, Inca de Oro, Agua de Falda S.A., Codelco-Kupferhandel en Alemania, CUPIC, etcétera.”, sostuvo Alcayaga, también abogado.
En la entrevista, y sintetizando sus denuncias, Alcayaga establece que en “2010 se perdieron 4 mil millones de dólares por ventas a precios bajo el valor de mercado; otros 4 mil millones, en 2011, por el mismo concepto; y por lo menos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo que totaliza pérdidas por 17 mil millones de dólares”.
Si a esto se le suman los 4 mil 670 millones de pérdidas en mercados a futuro, la suma alcanza los 21 mil millones de dólares de perjuicio para la estatal minera.
Aunque el fraude haya sido tapado, sus consecuencias están quedando a la vista. Según acaba de reconocer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en 2016 los excedentes de Codelco “serán cercanos a cero”. Lo confesó en el seminario Otra Mirada para el Crecimiento, organizado por el patronal Consejo Minero, el 15 de enero en el santiaguino centro de eventos Casa Piedra.
Allí Valdés atribuyó este descalabro al relativo bajo precio que viene registrando hace un año el mineral. También adelantó que las utilidades de las grandes mineras privadas, que controlan más de 70% de la producción chilena de cobre, serán muy escasas este año y, por tanto, sus aportes al fisco vía impuestos “también serán muy bajos”.
Alcayaga señaló que “Codelco nunca ha dejado de aportar ganancias al fisco, por lo que resulta increíble que no pueda hacerlo con los precios actuales, que mucho más que duplican los de principios de siglo”.
Entre 2002 y 2003 el cobre se valorizó en 70 y 71 centavos de dólar por libra, aportando cada uno de esos años cerca de 300 millones de dólares. Y cuando estuvo más alto, como en 2006, cuando promedió 3.05 dólares por libra, arrojó excedentes por 9 mil 215 millones de dólares.
Chile produce 5 millones 600 mil toneladas anuales de cobre. Esto es 30% de la producción mundial de este metal, indispensable para el funcionamiento de las industrias eléctrica y automotriz, entre otras.
Por ello es absurdo que en Chile, con tantas reservas de cobre –38% del total mundial– y siendo el primer productor de este mineral, no reciba ningún ingreso el Estado, como presagió Valdés que ocurriría este año. Más impensable es constatar que esto pasa sin que ninguna institución repare en el origen del problema.
En este momento prima en el discurso oficial olvidarse del cobre como factor de desarrollo. La columna Superar el cobre, del presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, publicada el jueves 4 en la web de Radio Cooperativa, grafica lo anterior: “Hace rato que la discusión política más importante del país debiera ser cómo superamos nuestra cobre-dependencia y cómo potenciamos otros sectores productivos”. l
*Fuente: Proceso

El articulo El colosal desfalco cuprífero en Codelco: 21.000 millones de dólares apareció primero en piensaChile.