TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS

La revisión de casos realizada por CIPER indica que al mismo ritmo que se expande el crimen organizado en Chile, también se acrecienta un nuevo y lucrativo negocio: el tráfico internacional de armas. Pistolas de grueso calibre tienen aquí una reventa por el doble o más que su valor comercial en sus puntos de origen.

Negocio redondo que fue aprovechado por la organización de los hermanos Pavez Becerra desde al menos 2015. Para abastecer al mercado local, los Pavez Becerra apostaron por Texas (Estados Unidos), estado que figura entre los mayores proveedores de las armas ilegales que llegan a los carteles mexicanos de la droga. El negocio creció al punto que uno de los hermanos debió radicarse en Estados Unidos, donde aún reside. Desde allá enviaba hasta hace solo meses encomiendas a nombre de “palos blancos”.

En un principio las encomiendas viajaban por aire al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con las armas y municiones escondidas al interior de reproductores de DVD. Así metieron al mercado pistolas marca Walther, Taurus y Tanfoglio. También algunas Glock calibre Punto 40 y 45 (cuyo precio promedio en Texas es de US$550), con cargadores y cientos de municiones para armas cortas y largas.

Una de las encomiendas incluyó el envío por partes de un fusil de asalto AR-15, arma utilizada en dos de los tiroteos más mortales de la historia reciente de Estados Unidos: las masacres en Las Vegas (2017) y Orlando (2016), con un saldo de 58 y 49 víctimas, respectivamente.

A principios de este año, los Pavez Becerra se volcaron a la tarea de sofisticar el mecanismo de internación. Se asociaron con un importador de autos de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI). Las encomiendas comenzaron a enviarse a Miami a nombre de la empresa Logistic Group, propiedad del importador. Desde allí salían por mar en un container entre vehículos para atracar semanas después en el Puerto de Arica.

Las utilidades del negocio llevaron a uno de los miembros de la organización criminal a lavar dinero a través de supuestos servicios de banquetería por los que emitió más de 43 boletas de honorarios. En la operación también se incautaron 13 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz que tenía encargo por robo.

Desde Miami también llegó hace unas semanas al Puerto de San Antonio un cargamento con 32.700 municiones para pistolas y rifles de distinto calibre, informaron fuentes policiales a CIPER. El arsenal, que aún está siendo periciado, viajó entre consolas de videojuego. Las municiones fueron descubiertas luego de varios días en los que nadie reclamó la propiedad del container donde eran transportadas.

El poder de fuego no es el único que gana terreno entre organizaciones dedicadas al crimen. También se expande el mercado de accesorios y sistemas de precisión y defensa. Así lo indica el decomiso realizado a fines de junio en las comunas de Algarrobo y el Quisco (Quinta Región). En ese operativo se incautaron 37 armas: una subametralladora Mac –de diseño compacto y silenciador–, cinco escopetas, cinco fusiles, 15 pistolas y una carabina, entre otras. Junto a ellas, 18 mil tiros, entre los que se contaban cartuchos Magnum Punto 357, miras nocturnas y escudos antibalísticos.

Varias armas estaban inscritas y habrían sido obtenidas vía testaferros. De las otras, no se descarta que provengan del tráfico internacional. Además de los sofisticados accesorios, lo que más llamó la atención fueron los escudos antibalísticos en manos de la organización criminal:

–Por las características del armamento incautado, es el decomiso de armas más grande e importante que hemos hecho en la Región de Valparaíso. Encontramos escudos individuales y también un escudo antibalístico confeccionado para proteger a cuatro personas a la vez. Eso no lo habíamos visto –señaló a CIPER el fiscal de Valparaíso a cargo del caso, José Uribe.

Además del uso de testaferros y la internación ilegal de armas, se hace cada vez más común una tercera fuente de abastecimiento: el arsenal de las propias policías y Fuerzas Armadas.

En junio pasado fue detenido el sargento primero del Ejército Víctor Roa Alburquenque, quien está acusado de abastecer con armamento pesado a Jonathan Olave Ahumada, líder de una banda narco de la Población Santa Adriana, en Lo Espejo: un fusil AK-47, pistolas, una carabina, un silenciador y más de 4 mil cartuchos de alto calibre y sin percutir, fueron las armas y municiones exhibidas por la policía tras el decomiso.

Roa también intentó abastecerlos con seis granadas de fragmentación. Fuentes policiales dijeron a CIPER que al menos una de ellas no logró ser recuperada. Solo días después de la incautación, el brazo derecho del líder de la banda que contactó a Roa, apareció muerto en su domicilio con varios disparos.

CHILE EN LA NUEVA RUTA DEL TRÁFICO

El uso de sociedades de fachada para internar ilegalmente a Chile armas de alto poder de fuego para el narcotráfico no fue más que una réplica de una de las vías que también usa el crimen organizado para importar y exportar estupefacientes. Dos operaciones recientes muestran a narcotraficantes extranjeros asociándose con titulares de sociedades registradas en nuestro país y que son utilizadas como vehículos de exportación de cocaína.

Uno de esos casos está en plena investigación. Involucra a ciudadanos colombianos y chilenos que a través de una red de sociedades fantasma se dedicaban a la importación de maquinaria agrícola. En su interior ocultaron más de 150 kilos de cocaína base que viajaron desde el Puerto de Buenaventura, en Colombia, al de San Antonio. Desde allí la droga sería reenviada a España, Italia y Canadá.

Un esquema similar fue el utilizado por el ciudadano ecuatoriano Eduardo Canales Gómez, quien a través de una sociedad del chileno Cristián Orrego Muñoz planificó el envío de casi 550 kilos de cocaína a Chipre y Jordania. Para ocultar la droga, en vez de máquinas agrícolas se utilizaron generadores eléctricos importados desde Ecuador.

Un primer envío de 150 kilos realizado a mediados de 2016 desde el Puerto de Valparaíso, fue detectado por Interpol en el Puerto de Limassol, Chipre. En febrero de 2017, un segundo cargamento con destino a Jordania, fue incautado en San Antonio. Esta vez se utilizaron tres generadores, todos cargaban entre 130 kilos y 150 kilos de cocaína. En total: 397 kilos de droga con rangos de pureza de 62% a 75%.

En el juicio oral realizado a fines del mes pasado, Canales –a quien se le probaron vínculos con una organización criminal internacional– fue condenado. Orrego, propietario de la sociedad que se utilizó como vehículo para exportar la sustancia, fue absuelto de cargos. A juicio del tribunal, las pruebas presentadas por la Fiscalía no resultaron suficientes para acreditar su conocimiento de lo que ocurría.

“BLANQUEAR LA RUTA”

Cerca de la medianoche del 1 de marzo, una camioneta con remolque que arrastraba un par de motos de agua, procedente de Tacna, llegó al paso fronterizo Chacalluta para cruzar a Chile. A bordo del vehículo viajaban dos italianos que decían haber participado de un campeonato internacional de jet ski en Perú. Semanas antes habían aterrizado en Santiago con su equipo y motos de competencia y desde allí se trasladaron por tierra hacia el norte, para luego cruzar a Perú. De la logística del viaje –autos, remolques y teléfonos celulares–, se encargó un ciudadano chileno que registra domicilio en Renca y que no tiene antecedentes penales.

A su regreso de Perú, fueron revisados en Chacalluta. Al interior del vehículo no había trofeos ni medallas. Lo que encontraron los agentes de Aduanas fueron 152 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Iban ocultos en la base de las motos. Otras dos jet ski fueron incautadas en Arica a tres italianos de la misma organización, quienes esperaban el vamos para el acopio de más cocaína en Perú, la que sería internada a Chile y reexportada a Roma. Allí el valor del gramo de esa sustancia puede sobrepasar los US$90.

La investigación se maneja con estricta reserva en la Fiscalía de Arica y en la unidad de drogas de la institución en la Región Metropolitana. No es la cuantía del decomiso o la sofisticada operación para sacar por Chile la sustancia hacia Europa lo que alertó a las autoridades. La revisión de la prensa italiana de esas semanas aclara el motivo del revuelo: los detenidos en el operativo residen en el corazón de Ostia Nueva, el territorio base de los Spada, mafia que controla el litoral costero de Roma a punta de extorsiones, violencia y tráfico de drogas. La fiscalía romana también está sobre el caso y, según fuentes policiales, se está investigando al menos un envío anterior.

En los últimos cinco años, Chile se ha consolidado como un importante trampolín para abastecer de cocaína a grupos criminales esparcidos en distintos continentes: de Italia, Holanda, España (vía directa o con escala en África), Canadá, Estados Unidos, Australia, Chipre y Jordania. La buena reputación de Chile en el comercio internacional está siendo aprovechada por redes de narcotráfico en Sudamérica para “limpiar la ruta” de la droga. Son esas redes las que pusieron el ojo sobre el Puerto de San Antonio, hoy convertido en una zona roja del comercio transoceánico de cocaína, con incautaciones por cerca de media tonelada solo en lo que va del año.

Una prueba más de que lo que se incauta en pasos fronterizos no es más que una muestra de la droga que entra al país para consumo interno o para su reexportación hacia puntos estratégicos en el extranjero.

Pero en Australia, Chile está hoy lejos de generar confianza entre policías y funcionarios de Aduanas de ese país. Datos recopilados por CIPER indican que en 2012 nuestro país se convirtió en el principal punto de embarque –aéreo y marítimo– de la cocaína incautada en Australia, aportando 282 kilos. La droga llegó por barco y escondida en cajas de vino. Al año siguiente fueron 123 kilos de cocaína, esta vez por vía aérea.

Australia es un mercado altamente codiciado por redes sudamericanas de narcotráfico. En ese engranaje Chile está cumpliendo un rol clave. En ese país, el valor del gramo de cocaína puede alcanzar hasta los US$300, ubicándose entre los mercados internacionales más rentables para el narcotráfico. El consumo además subió como espuma: si en 2004 era el 1% de la población, en 2017 la tasa creció al 2,5%.

Otros 500 kilos de cocaína incautados en diciembre de 2016 pudieron haber sido embarcados en Chile, según informó la prensa australiana. En la operación se utilizó una “nave madre” que ancló en alta mar frente a las costas de Sydney y que distribuyó el cargamento a embarcaciones menores. La droga iba a ser internada al mercado australiano por el terminal pesquero de esa ciudad.

*Fuente: CiperChile

VIENTO A FAVOR DEL CRIMEN

En los últimos años, varias organizaciones de narcotraficantes han optado por externalizar servicios. Los Jiménez Meza, por ejemplo, reclutaron a un contingente encargado de cobrar la cocaína que entregaban “a pulso” (a consignación). Cada uno ganaba $500 mil mensuales. Los cobros se hacían los días martes y viernes de cada semana. Los transportistas que viajaban desde Valparaíso al norte a buscar la droga, también fueron contratados solo para esas funciones.

Con ese esquema compartimentalizado, se hace difícil probar en tribunales la existencia de una estructura jerárquica que responde a un centro de poder y que tiene permanencia en el tiempo, tres de los requisitos que exige la ley para sustanciar una acusación por asociación ilícita. Muchas veces los transportistas conocen solo a quien los contactó. Del líder ni hablar.

La sofisticación del crimen organizado va más allá de la distribución segmentada de tareas. En tres de las causas por narcotráfico revisadas para este reportaje hubo incautación de teléfonos satelitales. El crimen organizado ha optado por esta tecnología porque desactiva una de las evidencias más efectivas: las escuchas telefónicas. Gracias a los teléfonos satelitales, a los miembros de la organización que en 2014 internaron a Chile tres toneladas de droga simulando una caravana minera, no se les pudo acreditar asociación ilícita ante la justicia.

–Lo lamentable es que allí sí existía una asociación ilícita –asegura uno de los fiscales que investigó esa causa.

En este punto se entra en un terreno pedregoso en el campo de quienes combaten el crimen organizado en Chile. Porque investigarlo y perseguirlo requiere de tiempo, medios y compromiso.

–Hay fiscales que no quieren investigar, porque es más trabajo. Si trabajas solo con flagrancia vas a poder incautar, detener y lograr condenas, pero al final no estás investigando nada. Sacas un eslabón de la estructura criminal, pero el resto sigue operando –señaló un fiscal a CIPER.

Algo similar ocurre con las policías, donde trabajan con metas: cantidad de kilos incautados o número de procedimientos.

–Al final, de lo que se preocupa el policía es sacar kilos de droga de circulación y no de investigar una estructura criminal. Las metas introducen un incentivo nocivo: impiden que se destruya la estructura de raíz –dijo a CIPER otro fiscal.

El mismo fiscal ejemplificó con un caso: “En una escucha telefónica en la que perseguíamos a una organización criminal, los narcotraficantes hablaban abiertamente de cómo falsear antecedentes para presentarlos en un banco y así obtener tarjetas de crédito. Hablaban de simular contratos de trabajo y era evidente que estaban lavando dinero. Como no hablaban de drogas, la conversación no quedó consignada en los informes periciales”.

Los dardos apuntan también a tribunales y su excesivo celo con la flagrancia como método de prueba.

–Muchas veces el razonamiento por parte de los jueces es interpretar que generalmente requieres tener droga con la persona al lado, en flagrancia, para condenar. Está la sensación de que si no hay droga no hay delito, cuando en definitiva, puedes tener poca droga y detrás una organización criminal completa operando –sostiene el director de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo.

Un fiscal de Valparaíso contó a CIPER que para sortear los “altos estándares” que establecen los tribunales para acreditar el delito de asociación ilícita, se opta a veces por un “atajo” contemplado en la propia Ley 20.000 sobre Drogas, y que permite elevar las penas por tráfico:

–Existe un agravante contemplado en el artículo 19 letra A de la ley que habla de la “agrupación de delincuentes”, lo que eleva la pena en un grado, es decir, cinco años. Irse por asociación ilícita puede significar una absolución casi segura. Irse por el camino seguro del tráfico invocando ese agravante, permite conseguir una condena más alta y no arriesgar una condena por tráfico en que los acusados queden absueltos por asociación ilícita.

Por todo ello es que las acusaciones contra narcotraficantes por asociación ilícita son difíciles de llevar hasta tribunales. Y lo cierto es que varias que lo logran quedan sin condena. Datos oficiales obtenidos por CIPER indican que entre 2012 y 2017 se han dictado solo 18 fallos por asociación ilícita vinculada al narcotráfico en todo Chile. De ese total, 13 resultaron en condenas y cinco en absoluciones.

La descoordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado también es parte del diagnóstico compartido de todos los que fueron entrevistados para este reportaje. “Se requiere de una entidad que coordine centralmente y a nivel nacional todos los esfuerzos”, sostiene Toledo.

AL SERVICIO DEL NARCO

“Es mucho el dinero que se mueve”, “la tentación siempre está ahí”. Ambas frases se repiten entre policías y fiscales a los que CIPER entrevistó para explicar por qué el crimen organizado logra penetrar instituciones públicas.

En junio el suboficial de Ejército Víctor Roa Alburquenque fue detenido y acusado de abastecer de armamento pesado a una banda narco de la Población Santa Adriana en Lo Espejo. Roa es solo el último de una seguidilla de funcionarios del Ejército, Carabineros, la PDI, Gendarmería, Aduanas y hasta del Servicio de Impuestos Internos, que han sido cooptados por el narco.

En abril pasado, Carabineros dio de baja a los cabos José Campusano Pino y Francisco Parra Butierrez, de la 50^a Comisaría de San Joaquín. Ambos fueron reclutados por una organización criminal que aprovechaba el paso de camiones con droga por la Ruta 5 Norte hacia Santiago, para robar la carga que luego era vendida en la zona sur de la capital.

De uniforme y haciendo uso del carro policial, disimularon la “mejicana” como un control de tránsito. Detuvieron al conductor y a su acompañante. Los policías –que iban a recibir su paga en droga– dejaron el camión con 700 kilos principalmente de pasta base, a un costado de la ruta. Desde allí, la banda para la que ambos carabineros trabajaban, la trasladó hasta Buin. Allí, finalmente, funcionarios de la PDI incautaron la droga.

En enero de este año, otros cinco carabineros de distintas comisarías del sur de la Región Metropolitana fueron detenidos y dados de baja por su participación en detenciones ilegales relacionadas con narcotraficantes.

En octubre del año pasado, un gendarme y una funcionaria de Aduanas de Iquique fueron condenados por su colaboración con una banda que internaba droga desde Bolivia. En septiembre, tres detectives de la PDI de Talcahuano fueron expulsados de la institución tras ser acusados de asociación ilícita, tráfico de estupefacientes y robo.

En septiembre de 2016, diez carabineros de la Tenencia El Castillo (La Pintana) fueron formalizados por tráfico de drogas; tenencia de armas y municiones sin autorización; robo con violencia; robo con intimidación y cohecho. Uno de ellos era el jefe de la unidad policial. De los diez carabineros formalizados, seis quedaron presos. Entre quienes investigaron este caso ronda un convencimiento: no los atraparon a todos. Muchos de los carabineros que figuraban en las escuchas telefónicas no pudieron ser identificados o no se les pudo comprobar delito.

Cuando Carabineros supo de la red de corrupción y narcotráfico en la Tenencia El Castillo, la institución siguió un procedimiento ya conocido: trasladó a los funcionarios a otras unidades (ver reportaje de CIPER).

El narco mayorista busca corroer instituciones públicas para proteger sus operaciones y expandirse. Mientras más, mejor. Uno que entendió bien esa máxima fue el narcotraficante Jorge Cepeda Concha, condenado en 2013 por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Cepeda contaba con “colaboradores” en distintos servicios públicos.

Uno de ellos era Alfonso Labarca Álvarez, entonces funcionario de Aduanas en Arica. Labarca, condenado por tráfico de drogas, permitió el ingreso al país de 20 kilos de cocaína que venían fondeados en un vehículo y que no fueron detectados por el escáner que él mismo manipulaba. Pero su relación con la organización de Cepeda Concha era más permanente. De hecho, fue él mismo quien le propuso al líder del grupo que se comunicaran a través de un método infalible aprendido en una capacitación en la DEA, la agencia estadounidense que persigue el narcotráfico: a través de borradores de correos electrónicos en una cuenta cuya clave manejaban solo ellos dos. Como los emails no eran enviados, no dejaban rastro y la cuenta era prácticamente invisible.

La red de Cepeda Concha incluía a un personaje clave: el agente encubierto de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (BRICO) de la PDI, Cristian Ajraz Cortés. El detective, condenado por la justicia, le aseguraba a Cepeda información de primera mano sobre investigaciones policiales, además de ayudarlo a mover y esconder droga. La investigación descubrió que Claudio Molina Contreras, funcionario del Servicio de Impuestos Internos de Arica, no usó su trabajo en beneficio de la banda, pero sí sus contactos: fue él quien le presentó al agente de aduanas Alfonso Labarca a la organización de Cepeda.