16 de septiembre de 2026

El abogado Sebastián Aylwin, histórico militante del Frente Amplio, fue jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente, en el gobierno de Gabriel Boric, fue contratado por CleanTech Lithium, para gestionar permisos ante el Servicio de Evaluación Ambiental bajo las normas del reglamento que él mismo reformó. Y para terminar de colmar el vaso, hay que decir que CleanTech Lithium firmó trato directo con el gobierno.

El articulo Líder de reforma a la evaluación ambiental de Boric asesora a minera de litio que firmó trato directo con ese gobierno apareció primero en piensaChile.

CIPER PUBLICA SIETE VIDEOS DE SUS ENFRENTAMIENTOS CON LA PRIMERA LÍNEA GRABADOS POR CÁMARAS DE CARABINEROS

Siete videos, registrados en su mayoría por la cámara corporal del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, revelan cómo actuaba el oficial y su equipo de Fuerzas Especiales durante el estallido social, cuando enfrentaban ataques de la “primera línea” con bombas molotov, piedras y fuegos artificiales. Las grabaciones —mostradas en el juicio por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica— exponen amenazas explícitas, uso indebido de armamento disuasivo y agresiones físicas. Los registros se tomaron cerca de la Plaza Italia entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019. En las imágenes se ve a Crespo agarrando del cuello y quitando un mechón de pelo a detenidos, y amenazando a otro: “Te vamos sacar los ojos”, le dijo, cuando el tema de las lesiones oculares ya causaba controversia. En otro video, Crespo reta a un uniformado que le avisa que se está quemando una persona. “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”, contestó, y agregó que situaciones como esa no debían comunicarse por radio.

“Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”. El que habla es el entonces teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, y se dirige a una persona detenida por dos policías. Es el 6 de diciembre de 2019. A esa altura, Crespo no amenazaba con cualquier cosa: hacía más de un mes que la policía era foco de críticas a nivel nacional e internacional por provocar lesiones oculares en su fallido intento por contener las violentas y graves manifestaciones iniciadas en octubre. CIPER reportó la primera alerta el 21 de octubre de 2019. Dos días después, el Colegio Médico constató que existían al menos 15 casos de estallido de global ocular. Y el 10 de noviembre de ese año, el gobierno y Carabineros anunciaron que se adoptaría un uso acotado de la escopeta antidisturbios, debido a los severos traumas que estaba generando su mal uso.

La amenaza de Crespo fue captada nítidamente por la cámara corporal que portaba ese día. Ese y otros seis registros fueron exhibidos en el juicio oral que enfrenta el exoficial en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, acusado de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió su vista precisamente a causa del impacto de perdigones el 8 de noviembre de 2019.

Hasta este momento, solo había trascendido la descripción de uno de esos videos. Ahora, CIPER publica siete registros (seis de ellos grabados por la cámara del propio Crespo). Todos fueron mostrados durante el juicio y exhiben al exoficial liderando operativos de control del orden público entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019, cuando las calles del centro de la capital eran escenario de violentas agresiones protagonizadas por miembros de la “primera línea”. Las grabaciones también muestran la gravedad de los ataques que enfrentaban los uniformados, quienes operaban bajo una lluvia de piedras y otros objetos contundentes, así como bombas molotov, fuegos artificiales y diversos elementos peligrosos.

Las imágenes evidencian que las respuestas de Crespo ante estas agresiones muchas veces contravinieron los protocolos de la policía. Además de insultar y/o agredir a manifestantes, se aprecian lanzamientos de bombas lacrimógenas a una altura peligrosa, que no alcanzan a hacer una parábola y que pudieron impactar directamente en la parte superior del cuerpo de las personas. En el único video que no grabó Crespo, se puede ver cómo el entonces teniente coronel tomó violentamente del cuello a un sujeto que no opuso resistencia y que no portaba elementos sospechosos al momento de la acción.

Seis de los registros fueron almacenados por la cámara GoPro que Crespo cargaba a la altura del pecho y cuentan con una alta calidad de imagen y de audio, al igual que el video que no grabó él. En ellos se pueden ver las siguientes situaciones:

– A Crespo amenazando a un detenido que era llevado por dos uniformados, a quien le dice: “Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

– Al exteniente coronel sujetando violentamente del cuello a un joven que no opuso resistencia.

– A un miembro de Fuerzas Especiales advirtiendo que una persona se está quemando, a lo que Crespo contesta: “Que se queme el culiao, que se queme”, e indicando que ese tipo de hechos no debe ser comunicado por radio.

– Otra secuencia de imágenes revela que Crespo le sacó un mechón de pelo a un detenido que era sujetado por dos policías, que fotografió los restos de cabello en su mano y que envió ese registro a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”. Tal como ya fue revelado por La Tercera, el policía acompañó la foto con el mensaje “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

– A Crespo afirmando que “hay que matar a todos estos culiaos”, luego de que dos civiles lo felicitaran por la detención de un sujeto.

– A Crespo instruyendo que un policía apunte su escopeta lanza-lacrimógenas directamente a los cuerpos de personas que lanzaba piedras.

– A Crespo indicando a un carabinero que cruce hacia un quiosco y “agarre a palos a los culiaos que pasen”.

En relación con el episodio en que Crespo le saca un mechón a un detenido, La Tercera informó que la fiscal del caso Gatica, Ximena Chong, cuestionó al exoficial por ese hecho: “¿Cuando dijo que no le había tocado un pelo a un imputado, no es tan efectivo?”. Crespo respondió: “Mire, es efectivo. Si no hubiese sido efectivo, hubiésemos tenido denuncias”. Y agregó: “Si usted dice que hay una persona agredida o torturada, muéstreme la denuncia”.

La magistrada que preside el tribunal, Cristina Cabello, zanjó la discusión al señalar que “detenernos en un mechón de pelo es irrelevante para el tribunal”.

CIPER se contactó con el abogado de Crespo, Pedro Orthusteguy, para que se refiriera a las imágenes. El defensor dijo que no conocía los videos y que, por tanto, no podía opinar. Pese a que se le ofreció ver los registros, hasta el cierre de este reportaje no volvió a contestar.

LOS VIDEOS

Video “te vamos a sacar los ojos”, 6 de diciembre de 2019.

“Muy lento, muy lento (…) bótate alguno para que lo agarren”, dice Crespo observando a los policías que corren hacia el norte por calle Ramón Corvalán. Mientras cerca de la Alameda hay enfrentamientos y se escuchan disparos y sirenas, el teniente coronel ordena que se desarme una barricada que ya se apagó en la mitad de la calle. Dos carabineros caminan hacia Crespo con un detenido tomado de los brazos. El sujeto mira directamente a Crespo, quien le dice: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

Video estrangulamiento, 8 de noviembre de 2019.

Este es el único video que no está grabado por la cámara corporal de Claudio Crespo, sino de otro carabinero. En él, se aprecia que los uniformados son atacados, entre otros elementos, con fuegos artificiales mientras están en la intersección de Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile. Crespo aparece en el segundo 36, comunicándose por radio con su mano izquierda. Cuando el uniformado que graba dobla a su derecha y corre hacia el sur, se ve a un grupo de personas de la Cruz Roja pegado al muro del museo Violeta Parra, gritando que hay una persona herida. Pocos metros más allá, se ven dos sujetos vestidos con ropa azul que tampoco corren cuando irrumpen los policías.

Crespo vuelve a aparecer en el minuto 1:04, a la derecha del cuadro, caminando hacia la vereda con escopeta en mano. Luego, a los 1:13 minutos, se aprecia que Crespo se acerca a uno de los dos sujetos de azul y lo toma con su mano izquierda. El joven abre sus brazos y no opone resistencia. A los 1:22, el entonces teniente coronel lo sujeta violentamente del cuello. Camino al carro policial, el sujeto grita su nombre y su RUT (que CIPER no revela para proteger su identidad) y reclama gritando: “¡No hice ni una hueá!”.

Durante el juicio, Crespo se reconoció en las imágenes y admitió que él es el policía que agarra del cuello al joven  y que protagoniza el resto de la secuencia descrita.

Video “que se queme el culiao, que se queme”, 28 de noviembre de 2019.

Luego de dispersar a un grupo de manifestantes y encapuchados en la vereda norte de la Alameda, cerca de la esquina con calle Irene Morales, Crespo retorna hacia la intersección de la avenida principal de Santiago con calle Ramón Corvalán. El teniente coronel pregunta quién estaba a cargo de ese grupo de policías y lo reta: “Más vivito po, viejo (…) tení a los hueones al frente y estai mirando acá”. Segundos después, un carabinero se acerca a Crespo y le avisa que hay un “37” (una persona, en clave policial) que se está quemando. “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”, contesta. El carabinero se ríe y apunta su escopeta hacia Irene Morales, cuando Crespo agrega: “Oye, esos comunicados no hay que darlos”, dice, refiriéndose a que situaciones como la de la persona que se estaba quemando no se debían comunicar por la radio institucional.

Video en que Crespo arranca un mechón de pelo de un detenido, 27 de noviembre de 2019.

Un grupo de personas ataca a un piquete de Carabineros apostado en la vereda poniente de calle Ramón Corvalán. Al momento en que Crespo grita “¡sale!”, los policías corren hacia el norte, en dirección a la Alameda. Medio minuto después, dos de ellos vuelven con un detenido, quien viene diciendo: “Mis lentes, mis lentes por favor”. Al cruzarse con él, Crespo lo toma del pelo y le arranca un mechón. Se lo muestra a un carabinero y se escuchan risas. Saca su teléfono celular y, luego de chatear cuestiones personales, envía la foto a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”. Junto con la imagen envía el siguiente texto: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

Video “hay que matar a todos estos culiaos”, 14 de noviembre de 2019.

Luego de un operativo en Vicuña Mackenna, Claudio Crespo y otros policías doblan por las calles Carabineros de Chile con un manifestante detenido. Poco antes de llegar a la intersección con calle Ramón Corvalán, dos civiles que observan la situación felicitan a los uniformados. El segundo de ellos se da vuelta y, al ver a Crespo, dice: “Maten a esos perros culiaos”. El entonces teniente coronel responde: “Hay que matar a todos estos culiaos”.

 Video “apúntale a estos culiaos de acá”, 6 de diciembre de 2019.

Esquina nororiente de calle Ramón Corvalán con Carabineros de Chile. Un grupo de la primera línea ingresa por esa calle lanzando proyectiles a los policías. Crespo ve pasar a un detenido y le dice: ¿vo’ soi mapuche? Indio culiao” (0:04). Después mira a la primera línea desde lejos. Con su mano derecha simula una pistola y hace el gesto de disparar hacia la turba (minuto 2:31). A su lado, un carabinero utiliza dos veces su escopeta para lanzar bombas lacrimógenas que pudieron haber impactado directamente en el grupo, por el ángulo de tiro: la trayectoria fue recta, un poco más arriba que la altura de la cabeza (2:38 y 2:46). Después, cuando la primera línea estaba a unos 50 metros, Crespo le indica a su acompañante que apunte directamente al cuerpo de los atacantes: “Apúntale a estos culiaos de acá, mira. A los de acá”.

Video “agarrai a palo a los culiaos que pasen”, 29 de noviembre de 2019.

Durante un operativo nocturno, Crespo pregunta si hay “un gama acá” (es decir, algún miembro de Fuerzas Especiales). Luego, instruye: “Hay un quiosco al frente, cruza con una patrulla. Van pasando hueones pa’ allá. Y agarrai a palos a los culiaos que pasen”.

Créditos imagen de portada (fondo): José Francisco Zúñiga / Agencia Uno

Créditos imagen de portada (Claudio Crespo): Perfil de Facebook de Claudio Crespo

*Fuente: CiperChile

El articulo «Te vamos a sacar los ojos»: imágenes revelan cómo Claudio Crespo y su equipo de Fuerzas Especiales enfrentaban ataques durante el estallido social apareció primero en piensaChile.

El periodista y director de CIPER Chile, Pedro Ramírez, explicó las últimas revelaciones del «Caso Hermosilla», las cuales incluyen las declaraciones de sus ex secretarias en su contra y los posibles sobres con dinero que habría traspasado.

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22-08-2024
UNO DE LOS CHEQUES FUE COBRADO POR UN CARABINERO QUE HA PRESTADO SERVICIOS EN LA MONEDA
Además de las transferencias por $190 millones: Hermosilla también emitió 11 cheques por un total de $36 millones para Chadwick
Por Catalina Olate y Nicolás Sepúlveda

 

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22-08-2024
ADJUNTÓ COPIAS DE CHATS DONDE APARECEN ENVÍOS DE DINERO AL EXTRANJERO
Gerente de confianza entregó a los Jalaff a la Fiscalía y detalló cómo echaron a andar un sistema de facturas falsas
Por Francisca Skoknic, Daniel Meza y Nicolás Sepúlveda

 

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21-08-2024
FISCALÍA PIDIÓ AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA INCLUIR EN SU INDAGATORIA LOS DATOS DEL CELULAR DE HERMOSILLA RELACIONADOS CON MATUS
Estos son los chats con Luis Hermosilla que el ministro Matus aseguró que no existían
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20-08-2024
TRASPASOS PARTIERON CUATRO MESES DESPUÉS DE APROBADA LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL EXMINISTRO
Cartolas recibidas por fiscalía muestran que Hermosilla transfirió más de $190 millones a Andrés Chadwick entre 2020 y 2023
Por Catalina Olate y Nicolás Sepúlveda

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09 de agosto de 2024

A EMPRESA YA SE HABÍA ADJUDICADO LICITACIÓN DE $98 MILLONES PARA DISEÑAR EL MISMO PROYECTO

09.08.2024

El Ministerio de Justicia adjudicó una licitación de $98 millones a Unholster para elaborar un anteproyecto de plataforma del Plan Nacional de Búsqueda. Cinco meses más tarde asignó directamente, sin concurso, otros $619 millones a la misma empresa para desarrollar la plataforma. Tratándose de un tema que requiere un alto estándar de transparencia, CIPER consultó a la cartera por qué no se licitó el paquete completo. El ministerio explicó que asignó el desarrollo de la plataforma a Unholster sin concurso porque es la empresa que mejor conoce la iniciativa, pues la diseñó. Funcionarios de la secretaría de Estado habían advertido que hay desarrollos similares fuera de Chile, de alto nivel y menor costo.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó una inhabitual compra directa, es decir, sin licitación, por 16.838,5 UF (unos $619 millones, a la fecha de ser emitida la orden de compra) para desarrollar una plataforma informática que debiera facilitar la gestión de información sobre personas detenidas desaparecidas. Así lo confirman resoluciones, informes y correos electrónicos revisados por CIPER.  La iniciativa es parte del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, anunciado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en agosto del año pasado.

El trato directo con la empresa Unholster fue aprobado el 17 de enero de 2024 a través de una resolución exenta de la Subsecretaría de Derechos Humanos y ratificado por una orden de compra emitida el 26 del mismo mes. Es decir, apenas cinco meses después de que la misma compañía se hubiera adjudicado -el 10 de agosto de 2023- una licitación por $98 millones para desarrollar el diseño de una de Propuesta de Anteproyecto para Plataforma del Plan Nacional de Búsqueda. Para justificar la posterior asignación directa, sin concurso abierto a otras ofertas, el ministerio argumenta que Unholster, por haber hecho el anteproyecto, era la empresa que mejor conocía el diseño de la plataforma que ahora debía desarrollarse.

La decisión del gobierno causó extrañeza en la comunidad de académicos especializados en desarrollos informáticos y también en profesionales de empresas del rubro. Fuentes de ese ámbito, consultadas por CIPER, manifestaron que no está claro por qué no se licitó el paquete completo (la propuesta del anteproyecto de plataforma y el desarrollo de esta). Al menos, indicaron las mismas fuentes, si la decisión fue tratar ambas iniciativas por separado, podría haberse licitado también la segunda, que involucraba muchos más recursos, para asegurar máxima transparencia en un tema altamente sensible, como lo es establecer el destino de víctimas de la dictadura.

Aunque CIPER se lo consultó directamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no aclaró por qué desagregó las transferencias a Unholster de esta forma. En otras palabras, por qué no sé hizo una sola licitación nacional o internacional por el monto del total del proyecto, el que involucra una suma global de unos $717 millones, considerando la licitación inicial y el trato directo posterior.

Desde el Ministerio de Justicia sólo se explicó a CIPER las razones que se tuvieron en consideración para asignar el trato directo a Unholster: entregar el desarrollo de la plataforma a la misma empresa que había realizado el anteproyecto, estimó la cartera, aseguraría una mejor implementación. A juicio de las autoridades, y según consta en la resolución de la compra directa, esto permitía “evitar la curva de aprendizaje sobre el giro del negocio”, al tiempo de “reducir los costos transaccionales”, facilitando “la habilitación pronta de las herramientas (requeridas) para los operadores del sistema”.

Con estos criterios, la empresa que resultara beneficiada con la licitación inicial de $98 millones, en realidad estaba accediendo a un negocio que le generaría otros $619 millones.

CIPER también dirigió sus consultas a Unholster. La breve respuesta de la empresa indicó que, tras completar la fase inicial, fue el ministerio el que optó por darle continuidad al proyecto a través de un trato directo.

La decisión del gobierno de no licitar el conjunto contrasta con la evidencia que tuvo a la vista el ministerio, advertido por algunos de sus propios funcionarios, de que ya existían desarrollos informáticos similares fuera de Chile, de alto nivel y menor costo.

 

LAS PRIMERAS ESCENAS

La historia comenzó a hilvanarse con los primeros acercamientos entre Unholster y el Ministerio de Justicia, ya en el primer semestre de 2023.

En detalle, unas dos semanas después de haber asumido su cargo en 2023, el ministro de Justicia, Luis Cordero, recibió información de funcionarios de su cartera que estimaban que el desarrollo tecnológico que la empresa Unholster proponía sería similar a iniciativas ya disponible de manera gratuita.

Fue el funcionario y analista de datos del Programa de Derechos Humanos, Mauricio Carrasco, quien le dijo al secretario de Estado que un equipo de la Universidad de Brown (Estados Unidos) había presentado un desarrollo al que cualquiera podía acceder y usar, desde el 31 de mayo de 2019, bajo código libre (revise este enlace). En esa plataforma están contenidos análisis de 2.398 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena, descritos con 59 variables, que incluyen desde las características personales de las víctimas hasta la ubicación en la cual estas personas fueron detenidas y torturadas.

En ese sistema gratuito, además, están las instrucciones sobre cómo trabajar con ese material, como convertirlo en imágenes y vídeos con la tecnología R y cómo citarlo (vea artículo científico de investigadores de la Universidad de Brown).

En este punto, huelga precisar que en la reunión en que el analista de datos del ministerio, Mauricio Carrasco, informó estos antecedentes estaban el secretario de Estado, Luis Cordero; el representante de Unholster, Cristóbal Huneeus; la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y el coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, Juan Mena.

Efectuada antes del llamado a licitación, la reunión no quedó registrada en la plataforma de lobby, aunque Unholster era una empresa que podía desarrollar interés comercial en una iniciativa sobre la que se conversó en esa cita y que posteriormente se financió con recursos públicos, incluyendo un trato directo.

Por escrito, el Ministerio de Justicia reconoció a CIPER que: “Durante el primer semestre de 2023 hubo una reunión con Unholster, en la que participó el ministro Cordero (la que no se registró como lobby, por cuanto no fue requerida para vender un producto en específico, sino para dar a conocer un trabajo que estaba realizando sobre el Informe Rettig, con motivo de los 50 años del Golpe Militar)”.

Consultada Unholster sobre cómo se gestó y por qué no se anotó esta reunión en el registro de lobby, la empresa señaló que la cita fue solicitada por el Ministerio de Justicia, según indicó a CIPER y por escrito su jefa de comunicaciones de la compañía, Alicia Hamilton.

Finalmente, a pesar de las advertencias de que estaban disponibles desarrollos similares, el Ministerio de Justicia realizó una licitación (ver documento) y Unholster fue contratada en agosto de 2023 para confeccionar “una plataforma de búsqueda de personas y trazabilidad de los posibles lugares donde se detuvieron a personas en la época dictatorial” .

Eran las primeras escenas de una historia en que el propio Presidente Gabriel Boric iba a anunciar, en enero de este año, el uso de inteligencia artificial en las labores de búsqueda de detenidos desaparecidos (vea enlace).

EL PRIMER SISTEMA GRATUITO

En realidad, los primeros en desarrollar y utilizar de manera efectiva inteligencia artificial para la búsqueda de desaparecidos fueron académicos mexicanos pertenecientes al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), quienes crearon el software Angelus.

Los miembros de este equipo publicaron el 3 de mayo de 2021 un artículo académico en el que presentaron sus avances, los que tenían por objetivo inicial conocer el destino de unas 900 personas desaparecidas durante el período de la guerra sucia en ese país (1964-1985).

“Nuestra esperanza es que esta forma de procesar la información sobre los crímenes del pasado permita avanzar en la determinación de la suerte o el paradero de las víctimas, dimensionar adecuadamente el problema histórico de la desaparición forzada y, de ser posible, sugerir un método útil para la documentación y análisis de otros contextos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, subrayaron los expertos (vea el artículo).

De hecho, en los años siguientes esta tecnología fue donada a la Comisión Nacional de Búsqueda de México (CNB) (vea enlace), órgano que pesquisa el destino de unas cien mil personas.

En Chile, en 2021, el entonces jefe de análisis del Programa de Derechos Humanos, el exdetective de la PDI, Sandro Gaete, un hombre con 30 años de experiencia en el área, tomó conocimiento del proyecto Angelus, revisando informaciones publicadas por el Equipo Argentino de Arqueología Forense (EAAF).

El 8 de julio de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el analista Sandro Gaete envío un correo a varios funcionarios del Ministerio de Justicia, informando sobre un libro que compiló trabajos referidos al uso de nuevas tecnologías para la búsqueda de desaparecidos.

“Les comparto el libro Nuevas tecnologías en búsqueda forense: Recursos para la crisis de desapariciones en México, editado por Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que contiene los trabajos presentados en el Primer Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense, efectuado en Ciudad de México, entre el 01 y 04 de julio de 2019”, escribió Gaete (vea el libro).

En 2022, con la llegada del actual gobierno, Gaete compartió de nuevo esa información a las autoridades entrantes, entre ellos la entonces subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Haydeé Oberreuter, y su asesor Juan Mena, actual coordinador nacional del Plan Nacional de Búsqueda.

Se gestaron entonces tres reuniones por streaming con el jefe del proyecto Angelus de México, el historiador Javier Yankelevich, quien explicó a las autoridades chilenas que ellos podían donar el software, pero que era necesario que éste fuera alimentado con bases de datos e informaciones (ver correos).

Fue ahí cuando funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia tomaron contacto con el Instituto Milenio de Fundamentos de Datos (IMFD), una iniciativa conjunta de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, en la que colaboran, además, académicos de las universidades Federico Santa María, de Concepción, de Talca y Diego Portales (ver enlace).

A fines de enero de 2023, los funcionarios del Programa de Derechos Humanos decidieron avanzar en la colaboración y trabajo con el IMFD, se establecieron parámetros y objetivos. Era un aporte gratuito de las principales universidades del país a la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas (ver cadena de correos).

En detalle, se elaboró una propuesta de objetivos que establecía tres metas (ver documento):

• Diseñar una base de datos unificada, que contara con todos los campos de información necesaria para la búsqueda, y que permitiera generar la mayor cantidad de cruces de información posible sobre grandes cantidades de datos, y de la mejor calidad posible.
• Poblar esa base de datos con la información ya sistematizada durante las décadas anteriores y con nueva información, asegurando la validez de los registros y el respaldo documental del dato.
• Contar con un software capaz de procesar toda la información sistematizada en las bases de datos, y que sea interoperable entre todos los actores involucrados en la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Este equipo comenzó entonces a asesorar ad honorem al gobierno, utilizando como plataforma el software Angelus de inteligencia artificial, aportado por los mexicanos, después de una reunión realizada por Teams el 1 de marzo de 2023. Como primer paso, se limpiaron y mejoraron las bases de datos elaboradas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (ver correos).

“En los hechos, pusimos a disposición (del Plan Nacional de Búsqueda) a nuestros mejores recursos, incluso un experto internacional como Etienne Toussaint”, indicó a CIPER la directora ejecutiva del Instituto Milenio de Fundamento de Datos, Camila Díaz.

En el Ministerio de Justicia, sin embargo, afirmaron a CIPER que se encontraron algunas dificultades para avanzar, las que fueron tanto técnicas como presupuestarias.

“Durante este periodo no hubo una planificación clara de una hoja de ruta de trabajo, productos esperados ni recursos a invertir. Se identificó desde ambas partes la dificultad que presentaba el convenio para disponer de recursos mínimos para ejecutar las tareas que nos proponíamos. Por ejemplo, IMFD no contaba con la infraestructura (CPU, unidades de procesamiento central; y GPU, unidades de procesamiento de gráficos) necesarios para el desarrollo de los modelos que se exploraban ni el procesamiento masivo de datos. Por esta razón, se solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos proveer dicha infraestructura, para lo cual se trató de contratar el servicio por medio de convenio marco, sin éxito, estancando el avance del proyecto”, dijo el Ministerio de Justicia (ver respuesta enviada a CIPER en la que, además se detalla el trabajo realizado por Unholster y los productos que ya ha entregado).

 En agosto todo cambió cuando el Ministerio de Justicia decidió contratar a Unholster.

LOS ORÍGENES

Para ser efectiva, la inteligencia artificial requiere ser alimentada con grandes volúmenes de información. Luego, necesita leer, interpretar y correlacionar esos insumos, los que pueden ser bases de datos, millones de páginas de expedientes judiciales u otros documentos de interés.

De manera posterior, la inteligencia artificial puede generar una sistematización más veloz, amplia y precisa de esos millones de datos, pero, en esencia, no va a producir información radicalmente nueva a la ya disponible, solo acelerará su análisis.

De hecho, en el marco de esos análisis, primero analógicos, el exdetective Sandro Gaete elaboró una minuta inicial, que actualizó por última vez el 17 de agosto de 2023, en la que identificó por primera vez 26 sitios de interés para la búsqueda de detenidos desaparecidos. Es decir, espacios geográficos donde existía y existe una posibilidad documentada de que se puedan encontrar víctimas de la dictadura y donde a la fecha había una variedad de diligencias pendientes en tribunales (ver documento).

En mayo de este año, aquella lista creció a 47 sitios de interés, en los que se espera realizar labores de búsqueda entre 2024 y 2026. En esta última nómina se incluyeron lugares como el Polígono de Tiro de la Escuela de Artillería de Linares, la mina La Veleidosa de Tocopilla, la zona de Pampa Dolores, la Cuesta Barriga y la ribera del río Pilmaiquén, entre otros (ver documento).

Todo este esfuerzo es parte de una serie de iniciativas que se han estado elaborando desde los inicios del actual gobierno en el Programa de Derechos Humanos, cuyo primer vestigio documental es un informe distribuido el 7 de abril de 2022 con propuestas para generar un Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición (ver documento).

En ese texto se proponía ya adecuar la base de datos de la Unidad Programa de Derechos Humanos, para convertirla en “una base de datos central dedicada a recopilar toda la información relativa a las desapariciones forzadas, que contenga los datos adecuados en materia de circunstancias de las desapariciones, momento de la calificación, situación de la investigación judicial, reparaciones, identificación, entre otros”.

EL DESEMBARCO DE UNHOLSTER

Cuando los equipos del Programa de Derechos Humanos llevaban trabajando seis meses con el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos (IMFD), el 22 de junio de 2023 el Ministerio de Justicia publicó la licitación de un servicio de Propuesta de Anteproyecto para Plataforma del Plan Nacional de Búsqueda, bajo el ID 957865-4-LP23. Los objetivos, aunque más detallados, eran básicamente los mismos que se habían acordado con el IMFD en enero de 2023.

En sólo 21 días, el 12 de julio de 2023 el llamado a licitación se cerró. Luego, por resolución exenta N°241, del 10 de agosto de 2023, se adjudicó la licitación pública a Unholster (vea el documento), pese a que su propuesta era $23 millones superior a la más económica, antes de IVA.

Posterior a eso, con fecha 21 de agosto de 2023, se suscribió el contrato con esta empresa para la elaboración de una Propuesta Anteproyecto para Plataforma del Plan Nacional de Búsqueda. El precio total por los servicios, incluido IVA, fue de $98.864.700 (vea ese documento).

Unholster comenzó su trabajo el 4 de septiembre realizando una serie de entrevistas a los funcionarios del Programa de Derechos Humanos, para sistematizar sus necesidades informáticas. Para ello destinó todo ese mes a esquematizar los procesos de trabajo en el Programa de Derechos Humanos, utilizando la metodología Event Storming, una técnica basada en talleres que permite descubrir el comportamiento de una organización antes de plasmarlo en un software.

En ese período, el experto internacional Etienne Toutsaint, a petición de las autoridades de Justicia, asesoró ad honorem a Unholster, explicando los desafíos y avances que el IMFD había encontrado y desarrollado con las bases de datos del Programa de Derechos Humanos, la que tenía varios problemas técnicos.

En noviembre de 2023, funcionarios del ministerio decidieron contactar de nuevo al Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, para que pudiera apoyar el trabajo de Unsholster. En esta ocasión, el IMFD les planteó que no trabajarían gratis para una empresa privada y que ahora la sesión de asesoría tendría un valor de 15UF + IVA por hora (vea los correos).

Sin embargo, esa gestión no fructificó.

UN TRATO DIRECTO DE 16.838 UF

Sólo dos meses después, el 17 de enero de 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia aprobó un trato directo con Unholster, el que ascendió a 16.838,5 UF, según la orden de compra emitida el 26 de enero. Es decir, unos $619 millones al valor de la fecha en que se emitió la orden (vea el documento).

¿Por qué el Ministerio de Justicia transfirió $717 millones de pesos a una empresa privada en un proceso de desarrollo tecnológico de esta manera? Es decir, licitando por $98 millones una primera etapa y transfiriendo el pago mayor a través de un trato directo sin concurso cinco meses después.

En la resolución exenta N°31, del 17 de enero de 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos justificó esta decisión en virtud de los requerimientos y propuestas planteados por el coordinador del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y de la Jefatura del Programa de Derechos Humanos:

“Se recomienda -señala la resolución- que el anteproyecto desarrollado por la empresa Unholster pueda ser desarrollado por la misma para asegurar su mejor implementación en términos de costo/eficientes. Esto asegurará evitar la curva de aprendizaje sobre el giro del negocio, reducirá los costos transaccionales y permitirá la habilitación pronta de herramientas para los operadores del sistema”.

“En vista de lo anterior, se requiere poder avanzar en el desarrollo de esta plataforma a través de la contratación de la empresa Unholster, quien dada su comprobada experiencia en el diseño de este anteproyecto y en el desarrollo de otras plataformas, otorga la seguridad y confianza que se requieren para la prestación de un servicio de esta magnitud e importancia”, insiste el texto, citando los informes suscritos por la Coordinación del Plan Nacional de Búsqueda y de la Jefatura del Programa de Derechos Humanos (vea el documento, en especial considerandos 9 y 10).

CIPER solicitó al Ministerio de Justicia que profundizara en estos argumentos. La autoridad, por toda respuesta, entregó este mismo párrafo.

En términos técnicos, la resolución exenta del 17 de enero de 2024 establecía el listado de acciones y productos que Unholster debía desarrollar como interoperabilidad con otros servicios, como el Servicio Médico Legal y el Registro Civil, escalabilidad, gestión documental y plataforma de usuarios, por ejemplo. La resolución exenta incluso nombra las tecnologías sugeridas para cada desarrollo.

EL REGRESO DEL IMFD

A fines de noviembre de 2023, en paralelo a lo que sucedía con Unholster y el Ministerio de Justicia, los investigadores del IMFD tomaron además contacto con la académica uruguaya Lorena Etcheverry, quien participa en Cruzar, un proyecto de sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado y graves violaciones a los Derechos Humanos en su país. Esa iniciativa “tiene como objetivo el ordenamiento y la clasificación del material, y la elaboración de un programa informático que permita el cruzamiento de la información contenida en esos archivos” (ver enlace).

Luego, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, los académicos del Instituto Milenio propusieron al Programa de Derechos Humanos asociarse para postular a los fondos disponibles en el Concurso de Investigación Tecnológica IDeA 2024, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, con un financiamiento por hasta $226 millones. Sin embargo, esas gestiones no fructificaron.

“La verdad es que no se entiende que cerraran la puerta a que las universidades chilenas apoyáramos estos temas en iniciativas con fondos públicos”, dijo a CIPER la directora ejecutiva del Instituto Milenio de Fundamento de Datos, Camila Díaz.

Ante esta declaración, en el Ministerio de Justicia señalan que no hubo falta de respaldo a la postulación, sino solo un problema de plazos en la gestión de la solicitud.

En junio de 2024, el Núcleo Mileno de Fundamentos de Datos hizo público el proyecto Nuestra MemorIA e incluso realizó un seminario al que asistieron algunas de las más importantes autoridades universitarias de las distintas casas de estudios involucradas (ver enlace).

La iniciativa partió con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad y el Comité para la Prevención de la Tortura. Luego se incorporó la Subsecretaría de Derechos Humanos.

En la ocasión, el vicerrector de la Universidad Católica, Pedro Bouchon, destacó que ya existían acuerdos con el Museo de la Memoria y la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad, para empezar a procesar millones de páginas de información.

El objetivo del proyecto es crear una plataforma tecnológica que pueda consolidar y escudriñar miles de documentos escaneados, fotografías antiguas y grabaciones de audio dispersas en varios archivos y colecciones, con el objetivo final de integrar información fragmentada, de manera tal de ayudar a reconstruir conocimiento histórico, apoyando así la tarea de historiadores y científicos sociales.

En mayo de este año, poco antes de la presentación de la iniciativa Nuestra MemorIA del IMFD, el proyecto que desarrolla Unholster evidenció una serie de problemas en su ejecución, como quedó consignado en las pruebas que hicieron los funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (ver correos).

El articulo Gobierno paga $619 millones por trato directo a Unholster para desarrollar plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos apareció primero en piensaChile.

En 2001 el juez Juan Guzmán entregó en custodia a la Universidad de Chile 89 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos. En 2014 se inundó la bodega donde estaban guardadas y fueron afectadas por hongos. En 2019 fueron trasladadas al Servicio Médico Legal (SML), donde hasta hoy no las han periciado. En medio de la polémica generada por esta información, CIPER accedió a un informe enviado por el SML al Ministerio de Justicia el año pasado en el que se mencionan estas cajas y se afirma que ese servicio mantiene restos óseos de cerca de 300 presuntas víctimas, obtenidos entre 1990 y 2015, sin identificar. Por estos antecedentes, la exministra Marcela Ríos ordenó una auditoría al SML.

La declaración de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se difundió a la velocidad del rayo: “Esto es parte de la política de impunidad que ha tenido el Estado durante todos estos años. Tienen que haber responsabilidades políticas por esta nueva negligencia”. El comunicado hacía referencia a la información que les entregó la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien les señaló que existían 89 cajas con osamentas sin periciar ,de presuntas víctimas de la dictadura, desde hace más de 20 años.

Esas 89 cajas no eran una novedad para las autoridades. El año pasado el Servicio Médico Legal (SML) le informó al Ministerio de Justicia que las tenía en su poder. Además, el servicio indicó a la secretaría de Estado que mantiene restos óseos de 300 presuntas víctimas sin identificar. De hecho, en septiembre pasado la ministra Paola Plaza solicitó a la misma secretaría de Estado que se asignaran recursos para periciar los restos contenidos en las cajas. Hasta hoy el oficio de la magistrada no ha sido respondido por el gobierno.

Altas fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a CIPER que el SML está prácticamente colapsado. Una persona que conoce en detalle las relaciones que Justicia y ese servicio mantuvieron durante 2022 confirmó que, desde septiembre pasado, está en curso una auditoría para conocer la cantidad de restos óseos que efectivamente están en el SML, la fecha en qué llegaron y el nombre de las personas a cargo.

Esa auditoría se inició luego de que en agosto el SML le enviara un informe a la entonces ministra Marcela Ríos, donde detalló en parte esa información. La exministra consideró que esos antecedentes eran insuficientes. En ese informe se mencionó la existencia de las cajas que habían llegado desde la Universidad de Chile y que ahora desataron la polémica.

Lo que no se tocó en ese informe, y que hasta hoy es una información que muy pocos manejan, es el olvido en que esas cajas estuvieron durante 23 años. CIPER reconstruyó esa historia. El detalle más delicado lo contó el actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, Julio Cárdenas:

-En 2014 hubo una inundación en la Facultad de Medicina. La directora de la época baja al subterráneo y se encuentra con muestras (las cajas) llenas de hongos y humedad.

Según su versión, hasta antes de 2014 pocos en la universidad conocían de la existencia de las cajas.

-La Universidad de Chile no las recepcionó, sino que fue el académico de la universidad, Luis Ciocca. Y no informó al resto de los académicos. Las dejó en un lugar donde él tenía acceso, pero no hay un ingreso oficial, ni un recuento, que como departamento, existiera en esa época.

En 2001 el entonces juez Juan Guzmán Tapia le había encomendado a Ciocca que las resguardara. En esa época, Ciocca era el director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal. En 2014, siempre según la versión de Julio Cárdenas, la inundación del subterráneo donde las cajas estaban guardadas reveló su existencia. Pero las muestras quedaron deterioradas.

-Como departamento no hay información que haya quedado registrada por parte del profesor Ciocca. Y se decide que la doctora Laura Börgel, toxicóloga, y la doctora Carmen Cerda, hagan un levantamiento de todas las especies que había ahí y un estudio de la contaminación por hongos. Era inviable que esas muestras se pudiesen enviar directamente al Servicio Médico Legal en esas condiciones-, explicó Cárdenas a CIPER, quien señaló que el trabajo de limpieza de los restos “tomó entre tres a cuatro años”. Recién en 2019, dijo, las cajas fueron entregadas al SML.

Luis Ciocca, odontólogo y experto en pericias forenses, fue quien identificó, en 1976, los restos de Marta Ugarte, una profesora de militancia comunista asesinada por la DINA, el organismo represivo que intentó hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo al mar desde un helicóptero. Ese plan fracasó luego de que el cuerpo apareciera en la playa La Ballena, 180 kilómetros al norte de Santiago.

De ahí en adelante Ciocca se perfeccionó como forense y ha participado en la identificación de numerosos cuerpos de desaparecidos. En conversación con CIPER, ratificó que las osamentas contenidas en las 89 cajas que le mandó a resguardar el exjuez Guzmán Tapia, fueron afectadas por la inundación en 2014 del subterráneo de la Facultad de Medicina. Aunque según él, el daño no fue mayor.

En el informe que el SML le envió a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, se indica que son 80 las cajas que llegaron desde la Universidad de Chile, y no 89. Ciocca aseguró que la variación en el número se produjo porque, mientras estas estaban en un subterráneo de la Universidad, varios ministros en visita solicitaron algunas de ellas porque se relacionaban con las causas que estaban investigando.

En todo caso, en ese mismo informe del SML se mencionan otros restos óseos que están en poder del servicio y que tampoco han sido periciados en su totalidad.

RESTOS DE 300 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

“Junto con saludar, me dirijo a usted para dar respuesta al requerimiento indicado en antecedente, relativo al plan de identificación de osamentas y su estado de avance”. Así parte el informe firmado por el entonces director del SML, Gabriel Zamora, dirigido a la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

En ese documento se detalla el trabajo realizado por la Unidad de Derechos Humanos del SML, la que ha trabajado sobre la base de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura: 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpo. “La mayoría de ellas permanecen desaparecidas y sus cuerpos no han sido encontrados, y las causas aún se encuentran tramitadas en los Tribunales”, se indica en el informe al que CIPER tuvo acceso.

El mismo documento informa que del total de desaparecidos, se han podido identificar los restos de 310 personas, por lo que están pendientes de identificación 1.159 víctimas.

Un detalle relevante contenido en el informe, es que el SML reconoce que tiene en su poder los restos de cerca de 300 personas que aún no son identificados: “La Unidad de DD.HH. tiene en custodia restos estimados en 300 presuntas víctimas, encontradas entre los años 1990 y 2015. Sobre esto, se ha trabajado arduamente en la obtención de sus perfiles genéticos”.

La manera en que ha trabajado el SML para poder identificarlos, es hacer cruces genéticos con muestras que van dejando en una base de datos los familiares de los desaparecidos. Pero, hasta ahora, esa técnica no ha permitido identificar la mayoría de los restos.

El documento indica que de las osamentas halladas en el Patio 29 del Cementerio General, hay 124 cuerpos en custodia del SML: “Estos se encuentran debidamente conservados (esqueletados), y se ha podido identificar a 76 personas, las que fueron entregadas a sus familiares”.

Y sobre las cajas que llegaron en 2019 desde la Universidad de Chile, el informe indica que se trata de material que no cuenta “con inventario ni cadena de custodia”. Agrega que se trata de 80 cajas, y no de 89 como se ha difundido, y que “corresponde en gran medida a casos exhumados por la Unidad de Identificación y Museos, entre los años 1994 y 2002, por orden del ministro Juan Guzmán, en diferentes lugares de Chile, como cementerios, lugares campestres y localidades varias” (vea aquí el informe del SML).

El documento establece que fue el ministro Alejandro Solís quien dio “instrucciones de registrar, inventariar y evaluar el contenido de dichas cajas para establecer su relevancia médico legal y su relación con casos vinculados a graves violaciones a los DDHH durante la dictadura militar”. El ex ministro Solís cesó sus funciones en el Poder Judicial en 2012, al cumplir 75 años, por lo que han pasado más de 10 años sin que esa orden se cumpla.

El avance ha sido en extremo lento. Según el informe del SML, “actualmente se han revisado solo 10 cajas, inventariando material y seleccionando muestras útiles para datación y/o análisis genético”. Pero la lentitud no ha sido solo del Servicio Médico Legal. Recién en 2019 las cajas fueron entregadas por la Universidad de Chile. En eso puede haber influido la inundación del subterráneo donde se mantuvieron durante 18 años y la contaminación por hongos que sufrieron.

89 CAJAS QUE NO SE HAN PERICIADO EN 23 AÑOS

El ministro Juan Guzmán no le tenía confianza al Servicio Médico Legal. Eso fue lo que le dijo a CIPER el exdirector del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Luis Ciocca. Él trabajó con Guzmán y, según su versión, el entonces ministro sospechaba de la rigurosidad del SML. “Hubo un conflicto con el Servicio Médico Legal de desconfianza, porque en el servicio había muchas situaciones especiales. Incluso gente infiltrada que alteraba las osamentas. Cuando yo estaba empezando en la medicina legal metían huesos antiguos para despistar a los peritos”.

Por ese motivo, dice Ciocca, en 2001 Juan Guzmán le pidió resguardar las 89 cajas, que estaban marcadas con los nombres de los lugares en que fueron obtenidos los restos, como Pisagua y Cerro Chena, entre otros.

La entrega de esas cajas quedó registrada en un oficio enviado el 8 de mayo de 2001 por Guzmán al SML: “(…) se ha decretado oficiar a Ud. a fin de comunicarle que, con esta fecha se ha dispuesto solicitarle sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidas a ese servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”, escribió Juan Guzmán en ese documento.

Durante los siguientes 23 años esos restos óseos no fueron periciados y, lo que es peor, estuvieron en serio riesgo de descomposición ¿Más grave aún? Volvieron a ingresar al SML sin “cadena de custodia”. Eso puede ser fatal para las investigaciones judiciales, porque implica que esas cajas pudieron ser intervenidas.

El actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la universidad, Julio Cárdenas, quien asumió en 2021, asegura que el decano de la Facultad de Medicina en 2001, Jorge Las Heras, le dijo a Ciocca que “no habían recursos para resguardar y guardar las osamentas y, a pesar de eso, las dejó en un subterráneo”.

Esta explicación choca con el comunicado que divulgó este viernes la Facultad de Medicina del plantel, en donde señaló que entre 2001 y 2019 se “custodió y resguardó el material tal como se le encomendó por orden judicial”.

Consultado Ciocca por los efectos de la inundación de 2014, aseguró: “me dijeron que, a pesar de eso, no había habido daño en las cajas, porque eso fue cuando yo ya no era director. No me había jubilado todavía, pero me había ido de Medicina Legal”.

Posterior a la inundación, lo que se hizo fue un proceso de catalogación, limpieza y descontaminación de las osamentas, con recursos propios de la Facultad de Medicina, según explica Cárdenas.

-También había documentos de (causas judiciales que llevaba el ministro) Mario Carroza, en los que aparecían incluso investigaciones sobre el fallecimiento de Pablo Neruda -asegura el director.

El proceso de limpieza duró hasta 2018. El 19 y 20 de enero del 2019 se entregó al SML todo el material.

-Aquí no puso plata ni Fiscalía, ni ninguna agrupación. El departamento usó sulfato de cobre para bajar el índice de contaminación. Eso fue con todas estas cajas. Había que hacerlo en forma de vaporizador -dice Cárdenas.

Luis Ciocca comenta que su preocupación sobre el destino de esas muestras comenzó a acrecentarse cuando se preparaba para su retiro, según dice, por los años 2010 a 2014.

-La primera vez que pregunté fue en un acto de aniversario de la Policía de Investigaciones, porque me encontré con un ministro en visita en la época del presidente Piñera. Le dije que tenía guardadas unas osamentas desde que las dejó el ministro Guzmán, que no sabía qué hacer con ellas. Él me dijo que oficiara a la Corte Suprema”, cuenta Ciocca, quien asegura que efectivamente informó al máximo tribunal:

-La Corte me contestó que no tenía atribuciones y le traspasó el tema a alguno de los ministros en visita del momento. Estos ministros en visita disponen que haya un contacto nuestro con el Servicio Médico Legal a objeto de que ese servicio vaya al Departamento de Medicina Legal y retiren las osamentas-, agrega.

El ex académico comenta que mientras fue director del Departamento de Medicina Legal, los ministros en visita le hacían consultas sobre las 89 cajas. “Me preguntaban ‘¿estará en custodia en el Departamento de Medicina Legal este caso?’. Yo buscaba, lo encontraba y se lo mandaba”, narra.

Actualmente, el profesor Ciocca afirma que está ayudando a la ministra Paola Plaza con su repositorio de archivos: “Llegó a mí buscando antecedentes. No por estas cajas, porque esto yo lo daba por resuelto. Para mí estas cajas están en la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal y allí tenían que periciarlas. No fueron 89 cajas, fueron menos al servicio, porque yo entregué varias antes a los ministros”.

Consultado sobre por qué en todos esos años ni el SML ni los ministros dispusieron que se hicieran pericias para identificar esos restos, Ciocca dice:  “No sé. El desorden solamente. El desorden de la justicia, incluso, porque son incapaces de decir ‘esta causa que tenía el ministro Guzmán pasó a este juez’”.

Cuando en 2002 el entonces ministro Juan Guzmán comenzó a delegar sus causas, fueron varios los ministros que las asumieron. CIPER hizo un barrido en expedientes judiciales y algunos de los que se hicieron cargo de esas indagatorias fueron Alejandro Solís, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Patricia González, Mario Carroza, Daniel Calvo y Paola Plaza, entre otros.

Según consta en el informe del SML enviado al Ministerio de Justicia, el ministro que ordenó al servicio trabajar con esas cajas fue Solís y lo hizo en 2012. Pasaron siete años -en los que una inundación afectó a los restos- para que las cajas fueron entregadas al Servicio Médico Legal. Y 11 años después, aún no se perician.

AUDITORÍA AL SERVICIO MÉDICO LEGAL

El 26 de septiembre pasado, cuando el gobierno ya sabía de las cajas que habían sido trasladadas desde la Universidad de Chile al SML, la ministra en visita Paola Plaza le envió un oficio a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. En él documento pedía recursos para periciar los restos contenidos en las cajas.

“La contratación transitoria de un equipo externo con dedicación exclusiva de dos antropólogos, dos arqueólogos, un bioquímico y un informático, para que actúen en conjunto y bajo la supervisión estrecha del equipo de trabajo de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal en el proceso de identificación forense”, dice el oficio de Paola Plazza, el que CIPER tuvo a la vista.

Hasta hoy, cuatro meses después, no ha sido respondido.

Desde el Ministerio de Justicia -encabezado ahora por Luis Cordero-, dicen que recibieron el oficio el 29 de septiembre y que lo derivaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Agregan que no han entregado una respuesta formal a Paola Plaza y que lo harán «una vez concluya la revisión especial que este Ministerio está realizando a la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, la que debería estar terminada en marzo de 2023».

Esa auditoría fue encargada por la exministra Ríos el 31 de agosto de 2022, luego de que considerara que el informe que le envió el SML no era suficiente. Según fuentes que conocieron de cerca las conversaciones entre Justicia y el servicio, la exsecretaria de Estado buscaba conocer, en detalle, cuántas osamentas están bajo custodia del SML, en qué fecha llegaron y quiénes han sido las personas responsables de ese material (revise aquí el oficio con que se inició la auditoría).

Antes de eso, la entonces ministra Ríos se había reunido con el director del SML en esa época, Gabriel Zamora, en abril y mayo de 2022. En esas reuniones, ella le pidió el detalle del avance del Plan de Identificación de Osamentas. Desde la cartera de Justicia dijeron que en agosto aún no tenían respuesta, por lo que el día 3 de ese mes enviaron un oficio reiterando la solicitud (vea aquí ese documento). Como la respuesta la consideraron insuficiente, a fines de agosto ordenaron la auditoría.

En paralelo a esa auditoría, la ministra Plaza buscaba saber por qué los restos óseos no habían sido periciados. El 24 de agosto de 2022, junto a una actuaria y un subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI, la magistrada concurrió hasta la Unidad de Derechos Humanos del SML. Allí se entrevistaron con la jefa de la oficina, Marisol Intriago, quien estaba acompañada por dos antropólogos.

“(…) Se procedió a inspeccionar un número indeterminado de cajas plásticas con material sin periciar, trasladadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lo que de inmediato se dispuso inventariar”, relata el documento enviado por Plaza al Ministerio de Justicia, en el que solicitó recursos.

La ministra Plaza indicó en el oficio que las pericias debían realizarse desde ya. Pero, el entonces director subrogante del SML, Froilán Estay, le respondió -según el mismo oficio- que no contaban con los “recursos humanos para atender con prontitud la diligencia requerida”. Por eso recurrió al gobierno.

Los familiares de detenidos desaparecidos se enteraron de la existencia de estas 89 cajas este jueves 2 de febrero. En Calama, en las dependencias de la gobernación regional, hubo una reunión convocada por la ministra en visita y donde participaron distintos actores gubernamentales. “Se informó la existencia de 89 cajas de osamentas en custodia del Servicio Médico Legal (SML), que le fueran traspasadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile en 2019, las cuales podrían eventualmente corresponder a alguna víctima de desaparición forzada”, señaló el Ministerio de Justicia a través de un comunicado en la noche del jueves pasado.

La noticia provocó la protesta de distintos grupos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por la negligencia con la que se han tratado estos restos durante años: “Es una situación gravísima que debe ser investigada y que se encuentren las responsabilidades”, afirmaron. En las últimas horas la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, indicó que estas situaciones “huelen a impunidad y complicidad”.

CIPER se contactó con la ministra Paola Plaza, quien no quiso referirse al tema. Desde el Servicio Médico Legal no contestaron nuestras preguntas. En el Ministerio de Justicia indicaron que “tanto el programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del área como el SML han expresado el interés de generar espacios de trabajo conjunto con los familiares”.

Consultada por CIPER, la exministra Marcela Ríos apuntó que “esta fue una prioridad de mi administración, y mía personal. Desde que yo asumí, y a pesar de que la supervisión del Servicio Médico Legal tradicionalmente no se hace por parte de los ministros, me preocupé de hacerlo porque este es también un compromiso presidencial. Hicimos la mayor cantidad de reasignaciones presupuestarias para aumentar los recursos, y nos preocupamos de la compra de materiales, vehículos y el fortalecimiento de la planta funcionaria. También inicié gestiones con EuroSocial -instancia de la Unión Europea en apoyo a América Latina-, para lograr apoyo técnico que nos permita avanzar en la identificación de las osamentas”.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que prontamente debieran haber novedades respecto del respaldo para realizar pericias. También están en trámite solicitudes de apoyo técnico a las embajadas de España y Dinamarca. Puntualmente, el ministerio está trabajando con Dinamarca una iniciativa que, de prosperar, podría generar un banco de huellas genéticas.

*Fuente: CiperChile

El articulo Polémica por cajas con osamentas de desaparecidos: SML ya había informado que mantiene restos de 300 presuntas víctimas sin identificar apareció primero en piensaChile.

El articulo Encuesta del INDH muestra que ciudadanos confían más en Carabineros que en ese instituto apareció primero en piensaChile.

FUERON DONADOS POR PRINCIPAL GREMIO EMPRESARIAL (CPC) QUE PAGO US$3 MILLONES

Este martes 12 la noticia remeció a los centros de salud: los laboratorios de la red privada suspendieron los exámenes para detectar Covid-19 por el quiebre de stock de un reactivo. El Minsal aseguró que en la red pública hay insumos para realizar el test. El problema es que la red pública solo procesa el 50% del testeo diario (incluye el 7% que hace el ISP). El crítico escenario se produjo a pesar de que en una bodega de la Cenabast hay 200 mil kits donados por la CPC para hacer el examen. ¿Por qué no se comparten con los laboratorios sin stock? Sin el aporte de la red privada (en gran parte formada por laboratorios de universidades), se pierde la capacidad de detectar y trazar los contagios, datos necesarios para decidir las medidas para contener el virus. De hecho, fue el aumento de los test diarios el que permitió detectar el agresivo incremento de casos que hoy tiene en tensión máxima a la red sanitaria metropolitana.

La noticia se conoció en horas de la tarde del martes 12 de mayo y provocó un fuerte remezón en los centros hospitalarios, en la comunidad científica que trabaja en la red que combate la pandemia del Covid-19 en el país y aumentó la incertidumbre en muchos ciudadanos. El primero en anunciarlo fue el Hospital Clínico de la Universidad de Chile: suspendían “temporalmente” la toma de muestras para el examen PCR -que confirma el diagnóstico de coronavirus- por “quiebre de stock nacional” de un reactivo de laboratorio que se utiliza en el examen.
La misma situación se repitió en Integramédica, VidaIntegra, RedClinica, Clínica Vespucio, Red de Salud UC Christus y Clínica Santa María, entre otros. Tanto la Universidad de Chile como otros centros de salud -privados y públicos- han experimentado en los últimos diez días una alta demanda del examen, lo que ha ido al mismo ritmo que el acelerado aumento de personas contagiadas, principalmente en la Región Metropolitana.
El miércoles 13 de mayo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, debió anunciar el mayor número de nuevas personas contagiadas por Covid 19: 2.660, lo que hace un total de 34.381 desde que se iniciara el registro de la pandemia en Chile (3 de marzo). En la misma conferencia de prensa, el ministro señaló que los laboratorios privados deberán focalizar la toma de exámenes solo en pacientes sintomáticos debido a la falta de insumos. Eso implica que el alto número de test que se estaba haciendo a diario y que permitió detectar el agresivo avance de la pandemia, especialmente en la Región Metropolitana -donde la autoridad acaba de decretar cuarentena para el gran Santiago-, dejará de hacerse en lo inmediato.
Fue el martes 12 que los centros médicos anunciaron estar con la capacidad a tope en el procesamiento de muestras. El mismo día en que, de la alerta por “saturación” de las camas críticas en los centros de salud público de la Región Metropolitana, se pasó a la del “colapso” en algunos, como el Hospital San José.

La suspensión de la toma de exámenes en la mitad de la red nacional que aseguraba hasta ahora el testeo diario del Covid-19, no solo afecta a la Región Metropolitana, que registra un 87% de los nuevos contagios. También se produce en otras regiones, como Antofagasta, en donde los contagios siguen creciendo. Lo grave es que la disminución de la toma de muestras afectará gravemente la trazabilidad, herramienta clave para identificar a las personas infectadas y lograr aislar los focos de contagio.
No obstante los anuncios, que incluso aparecieron en la web de distintos centros de salud, el Ministerio de Salud informó en la tarde del martes 12 -en un comunicado- que la falta de insumos para el test del Covid-19 no afecta a la red pública: “Ante las informaciones de algunos establecimientos privados de que no están realizando análisis de exámenes PCR para la confirmación #COVID-19, el Ministerio de Salud señala que en la red pública de salud disponemos de la capacidad y el stock necesario”.
La información de que dispone CIPER indica que las autoridades del Ministerio de Salud no se equivocaron. Tampoco tergiversaron los datos. Porque efectivamente la autoridad sanitaria dispone de esos kits de detección y extracción clave para combatir el avance de la pandemia en Chile, pero solo en el sistema público. El problema es que, a estas alturas, el sistema público hace el 43% del testeo diario y el ISP solo un 7%. Es decir, los que están quedando fuera en estos momentos son los laboratorios privados de salud -que lo integran clínicas y universidades- y que miden el 50% de todos los test que se realizan en el país. Algunos de los laboratorios universitarios reportaron a CIPER que aún cuentan con stock, pero no saben si tendrán reposición. De esta forma, es la mitad del testeo diario la que podría verse afectada.
El ministro Mañalich indicó, el miércoles 13, que en tres días más llegarían nuevos insumos para los laboratorios privados y el sistema público puede prestarle productos, pero todo indica que eso sería en la modalidad de testear solo casos sintomáticos.
Si el sistema está saturado y es urgente mantener el testeo sobre los 10 mil exámenes diarios para combatir el Covid-19, ¿por qué el Ministerio de Salud mantiene 200 mil kits de detección y extracción del coronavirus en una bodega oficial de la Cenabast en la comuna de Pudahuel y no los ha repartido entre centros y laboratorios que los reclaman con urgencia?
 

EL MISTERIO DE LOS KITS QUE LLEGARON DE CHINA

En una bodega de la Cenabast en la comuna de Pudahuel quedaron almacenados los 200 mil kits de detección del coronavirus  -que se compraron en China a la principal empresa de genómica de Asia (BGI)- y que llegaron al país el 27 de abril. Se compró también un número similar de kits de extracción de la misma marca. Fueron recibidos en el aeropuerto con algarabía por el ministro de Ciencia, Andrés Couve; el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) (vea aquí la factura de esa compra).
La presencia de Sutil se entiende. Fue el principal gremio patronal del país el que puso el dinero para comprar los 200 mil kits: US$3 millones de dólares. La presencia de Couve también tiene una explicación.
Muy tempranamente desde el Ministerio de Ciencia se tomó contacto con laboratorios universitarios de todo del país para intentar establecer un trabajo en red que apoyara uno de los pilares de la estrategia de Salud para contener la propagación del Covid-19: detección del virus por medio de la técnica de “qPCR”. Para esto es necesario contar con los kits para realizar diagnósticos y así atacar la trazabilidad, identificando y aislando los focos de contagio.
Como al principio solo el ISP realizaba la confirmación de los exámenes PCR, allí se producía un cuello de botella que retardaba hasta en más de 7 días la detección de nuevos casos, lo que hacía imposible seguir la ruta de los contagios. La coordinación iniciada desde el Ministerio de Ciencias logró habilitar una red con 21 laboratorios universitarios en todo Chile, entre ellos los de la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile (vea aquí los laboratorios universitarios que integran la red).
Dado que estos exámenes para detectar Covid-19 son una pieza clave para intentar detener la propagación del contagio en el país, el Ministerio de Ciencia que coordina la red de laboratorios universitarios, inició la búsqueda en el mercado internacional para comprar los kits necesarios. Consiguieron apoyo de la dirigencia empresarial y fueron a China a comprarlos. Se hizo prolijamente, había que tenerlos en breve tiempo en el país y en condiciones de aplicación rápida. Por ello, se optó por una marca aprobada por la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentación del gobierno de Estados Unidos) y La Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), lo que significa la aprobación inmediata del ISP en Chile. La escogida fue BGI, la principal empresa asiática de genómica.

Los 200 mil kits que se compraron en China son los mismos que se usan oficialmente en la provincia de Wuhan en China central. Se pagó caro por ellos: US$3 millones, dinero que fue aportado por la CPC. “A lo largo de Chile contamos con 55 laboratorios de análisis de PCR para detección de COVID-19 y nuestra capacidad de procesamiento diagnóstico es de más de 6 mil muestras diarias y podemos llegar a más de 12 mil. Precisamente les distribuiremos a esta red estos insumos para seguir incrementando la capacidad diagnóstica del país”, afirmó ese 27 de abril el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga Zúñiga.
Del aeropuerto los preciados kits se fueron directo a una bodega del MINSAL. Y allí permanecen a pesar de que esos mismos laboratorios a los que el subsecretario Zúñiga llenaba de loas por haber incrementado de manera sustantiva la capacidad de diagnóstico del país, vienen desde hace días alertando sobre su escasez. Entre los profesionales que trabajan muchas horas en esos laboratorios cunde la alarma.
En la comunidad de profesionales de la Salud y de los científicos que colaboran en la red de apoyo al sistema integrado de Salud, nadie entiende el por qué no se entregan esos kits que se trajeron de China. Sobre todo, si se considera que esta red de laboratorios universitarios actualmente realiza el 100% de lo que se testea diariamente en Tarapacá, un 50% en Magallanes (hasta hace pocos días realizaba el 100%) y más de un 30% en Antofagasta. Su trabajo es imprescindible: hoy superan los 10.000 test realizados.
Así describió su trabajo el pasado 7 de mayo la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba: “Esta pandemia está siendo difícil para todos. Las pantallas todo el día, la falta de contacto físico, las preocupaciones. Pero también tenemos noticias que emocionan. Hoy superamos las 10.000 muestras analizadas por la Red de laboratorios Universitarios para el Diagnóstico COVID19. Esta Red está integrada por profesionales y científicos de muchas universidades del país que están trabajando 24/7 para contar con capacidad de diagnóstico de COVID19, en 14 regiones de Chile”, se lee en su tuit en el que agregó el mapa de todos esos laboratorios universitarios.
Cuando entramos a dos semanas muy críticas y de tensión extrema de toda la red de Salud del país por el aumento sostenido de los nuevos contagios y de la saturación de las camas críticas en la Región Metropolitana, en el sector público alertan que hay kits de testeo del virus para una semana más. Así también lo alertan los laboratorios que ya han suspendido el testeo, como los de la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. Este último atiende, entre otros sectores, al Hospital San José uno de los que acusa colapso con dos fallecidos por covid-19 en trágicas circunstancias en las últimas horas, uno de los cuales debió esperar durante horas en una ambulancia.
Pero no solo en la Región Metropolitana se viven horas clave para lo que viene de propagación o contención de la pandemia. Hay otras ciudades que también se han quedado sin kits para detectar el Covid-19. Una de ellas es Antofagasta en donde la alcaldesa Karen Rojo advirtió: “La grave falta de insumos básicos para procesar las muestras covid-19 en los dos principales laboratorios (CON, Universidad de Antofagasta) de nuestra ciudad, está provocando alta incertidumbre de los datos entregados. Por este motivo, junto a la CMDS donamos a ambos laboratorios para apoyar la tremenda labor que realizan las 24 horas del día estos profesionales. Pido al Gobierno gestione la compra urgente de los elementos necesarios para que Antofagasta pesquise oportunamente y evitemos la propagación descontrolada del virus”.

El articulo El misterio de los 200 mil kits para detectar Covid-19: ¿por qué se mantienen en una bodega del Minsal? apareció primero en piensaChile.

Las cifras del INDH indican que más de un millar y medio de personas han sido heridas por perdigones desde el 18 de octubre. Algunas también han recibido impactos de lacrimógenas –con resultado de ceguera total y graves traumatismos– y de un tipo de proyectil poco conocido en Chile: el “bean bag”, el mismo que fracturó el cráneo de un hombre el 28 de octubre. CIPER indagó las características de esa munición y a sus fabricantes. La investigación arroja que durante las manifestaciones, se han disparado dos modelos de “bean bags”. Aunque de uno de ellos hay registro en el protocolo de Carabineros, del otro no hay rastro. Mientras la institución cataloga al “bean bag” como “no letal”, la evidencia internacional es clara en que sí puede serlo.

Crédito Foto inicial: Pablo Rojas Madariaga

–¿Qué nos dispararon? –se pregunta asustada una mujer mapuche, de iniciales P.P. La tarde del 29 de octubre resonaban los ñolkin y las pifilka por el centro de la ciudad de Temuco, tras la convocatoria liderada por cientos de comuneros de la región. La marcha se inició por la mañana en la Plaza Dagoberto Godoy, pasó por varias calles de la ciudad, y terminó en el mismo lugar. Cerca de las 16 horas, irrumpieron Fuerzas Especiales de Carabineros y los manifestantes corrieron en dirección sur.

La mayoría se escondió entre los edificios del centro de la ciudad, mientras el gas lacrimógeno se esparcía como una densa nube tóxica y el chorro del carro lanza aguas golpeaba los muros.

–Se escuchaba como una guerra –recuerda la mujer. En la intersección de las calles Manuel Montt con Caupolicán, un grupo de Carabineros bajó desde un furgón y comenzó a disparar. Uno de los proyectiles rozó el brazo de un joven de unos 15 años.

–Carabineros nos apuntó a unos diez metros. En ese instante, este chico se cruza y comienza a gritar que le dispararon. No sabíamos qué era lo que estaban disparando, solo vimos una especie de bolsa en el suelo, que fue la que le rozó el brazo –recuerda P.P.

Foto tomada por P.P. del “Bean bag” que le dispararon.

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del 6 de diciembre, desde que estallaron las protestas el 18 de octubre pasado el número de heridos con perdigones alcanza a 1.554 personas, mientras que las con daño ocular suman 352.

La pregunta que ronda a la mujer de iniciales P.P. sobre qué es lo que ha salido disparado de las escopetas antidisturbios desde que comenzaron las manifestaciones, tiene asidero. Las cifras del INDH consignan a más de un millar y medio de heridos a causa de esas municiones. Pero no son solo perdigones –ni tampoco bombas lacrimógenas– los que han impactado el cuerpo (rostro, cráneo, cuello, tórax, espalda, miembros y extremidades) de esos miles de manifestantes. Ese 29 de octubre, la mujer mapuche recogió del suelo un tipo de munición inusual, pocas veces vista. El registro fotográfico indica que se trata de un “bean bag”, la misma munición disparada por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Colombia, que el 26 de noviembre pasado perforó el cráneo del joven de 18 años Dylan Cruz en medio de las protestas en Bogotá, causándole la muerte.

El “bean bag” es la denominación genérica que recibe un tipo de proyectil compuesto por una bolsa de kevlar que en su interior contiene numerosas pelotitas de plomo. La bolsa se encuentra al interior de un cartucho para escopeta de 12 milímetros (mm) y está diseñada para ser disparada al tercio inferior del cuerpo, es decir, a zonas musculares como los glúteos o los muslos. Los fabricantes advierten que no debe ser disparado a la cabeza, cuello, tórax y columna vertebral, pues podría causar la muerte.

El que se incrustó en la cabeza de Dylan Cruz es un “bean bag” modelo 12 Gauge Drag Stabilizer Round, fabricado por la empresa de armas estadounidense Defense Technology, tal cual se aprecia en los cartuchos presentados como evidencia por la policía colombiana. Es un modelo que, a diferencia de otros “bean bags”, tiene una característica especial: de la bolsa que contiene las pequeñas municiones salen cuatro “colas”, parecido a un pulpo con igual número de tentáculos, que estabilizan la trayectoria del proyectil.

Crédito foto: Policía Nacional de Colombia

El que terminó con la vida del joven colombiano Dylan Cruz, es idéntico al que recogió esa tarde de protestas en Temuco la mujer de iniciales P.P. Una bolsa de cuatro colas y con cerca de 40 gramos de bolitas de plomo.

La interrogante que plantea P.P. cobra aún más sentido al revisar el “Protocolo para el mantenimiento del orden público” de Carabineros, cuya última versión data del 1 de marzo de este año. El documento fue actualizado tras la condena que recibió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Estado de Chile en 2018, por su responsabilidad en la muerte del comunero mapuche Alex Lemún en 2002 (ver protocolo).

El protocolo en cuestión transparenta y detalla en un Anexo (Nº2) el tipo de municiones para las escopetas antidisturbios que Carabineros utiliza en el contexto de desórdenes públicos. Allí se explicita el uso de perdigones de goma (cartuchos de 12 mm con postas de goma endurecida en su interior de carácter “no letal”). También se consigna una segunda munición y que refiere a un tipo específico de “bean bag” del cual se entregan características precisas: Super-Sock modelo 2581 (12 mm).

El rastreo de CIPER indica que esa variante de “bean bag”es fabricada por la empresa estadounidense Combined Tactical Systems (CTS) y que, a diferencia de la munición producida por Defense Technology, la misma que recogió la mujer de iniciales P.P. en Temuco, no posee las cuatro colas estabilizadoras. Aunque no hay mención específica en el protocolo de Carabineros al modelo fabricado por esta última compañía de armamento –como sí la hay en el caso de la munición de CTS–, en otro acápite de ese documento (Anexo Nº1) la institución indica de modo genérico la utilización de cartuchos de impacto “super-sock o similar”, sin entregar detalle de a qué se refiere.

CIPER revisó las características técnicas entregadas por las dos empresas estadounidenses que producen y comercializan ambos tipos de “bean bags”. A diferencia del proyectil fabricado por la empresa  CTS, el “bean bag” modelo Defense Technology advierte explícitamente en su ficha técnica que esa munición puede exponer a las personas a sustancias químicas como sales de plomo y cromo (ver aquí comparación entre ambas fichas).

Más allá de las especificaciones técnicas de cada fabricante, lo cierto es que el proyectil “bean bag” es clasificado en el protocolo de Carabineros como una munición “no letal”. Lo grave es que ambos fabricantes estadounidenses coinciden en rotularlos expresamente como munición “menos letal”, es decir, manipulada de manera incorrecta, sí puede causar la muerte, tal como sucedió en el caso del joven colombiano Dylan Cruz en Bogotá.

Crédito foto: Prensa Piensa. Cartuchos Super sock marca CTS modelo 2581

Desde el estallido social el 18 de octubre pasado, Carabineros ha utilizado ambos tipos de “bean bags” para reprimir las protestas (CTS y Defense Technology). Durante los primeros días de movilización, fotografías en el sector de Plaza Italia y alrededores dan cuenta del uso por parte de la policía uniformada del modelo fabricado por CTS, el mismo especificado en su protocolo. Pero también existe evidencia fotográfica que confirma que el 28 de octubre se utilizó munición de la empresa Defense Technology para disolver las manifestaciones que ese día tuvieron lugar en ese mismo sector. Fotos y testimonios recolectados por CIPER dan cuenta que durante esa jornada quedaron esparcidos por las calles decenas de cartuchos “bean bag” –modelo 12 Gauge Drag Stabilizer Round– de Defense Technology.

Fue ese mismo día que un hombre, cuya identidad y estado de salud hasta hoy se mantiene en reserva, recibió el impacto de un “bean bag” que se incrustó en su cráneo dejándolo grave y hospitalizado en la ex Posta Central. Este es uno de los casos relevados en el delicado informe de Human Rights Watch (HRW) dado a conocer el 26 de noviembre, sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos en Chile. En base al testimonio de uno de los médicos que atendió al herido, el documento de HRW detalla que la munición fracturó el cráneo del paciente, generándole un riesgo de vida.

Fotos exhibidas con posterioridad por el Colegio Médico (Colmed) en el Congreso, muestran que la munición extraída del cráneo de la víctima es muy similar al modelo “bean bag” de cuatro colas fabricado por Defense Technology y no especificado en el protocolo de Carabineros (ver parte del informe del Colmed).

LA CONTRADICCIÓN DE LOS PERDIGONES

El 17 de noviembre, Carabineros emitió un comunicado en respuesta al informe evacuado dos días antes por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este último informe reveló que los perdigones antidisturbios disparados por Carabineros no son solo de goma, como aseguraba la institución, sino que contienen un 80% de otros compuestos, como plomo y sílice (vea el reportaje publicado por CIPER el 16 de noviembre: “Informe de la U. de Chile, radiólogos y médicos de urgencia: perdigones de Carabineros contienen plomo”).

En su respuesta, la institución encargada del orden público precisó por primera vez las características de los perdigones que dispara. Allí especificó al fabricante y proveedor de esas municiones: Tec Harseim, empresa chilena constituida en 1983.

La recolección fotográfica que hizo CIPER de municiones disparadas por las escopetas antidisturbios, evidencia que Carabineros disparó al menos dos tipos de cartuchos de perdigones, parecidos pero no exactamente iguales. Uno de ellos, lleva inscrito en su vaina el nombre de la empresa italiana Fiocchi; el otro, en cambio, lleva el de la empresa Tec Harseim y su vaina es más corta.

La lógica indicaría que ambos cartuchos son de diferentes marcas, pero no es así. Conocedores del rubro de municiones indicaron a CIPER que, en ocasiones, parte del perdigón Tec Harseim es ensamblada en Chile por esta misma empresa, pero con piezas adquiridas a la italiana Fiocchi. Un dato relevante es que por varios años y hasta 2000, Fiocchi fue dueña del 13,2% de la propiedad de la chilena Tec Harseim.

Crédito de foto: Benjamín Torres. Cartuchos de perdigones recogidos en Plaza Italia y alrededores

El comunicado emitido por Carabineros el 17 de noviembre, también incluyó una ficha elaborada por la Dirección de Logística de Carabineros, que entregó información técnica de los perdigones. Allí se entregan antecedentes de la velocidad de los proyectiles: 379,5 aprox. 15 m/s (ver comunicado).

De acuerdo a dos especialistas en armas consultados por CIPER la información entregada por Carabineros es, al menos, poco clara. Cabe señalar que la revisión de una serie de fichas técnicas de distintas marcas de perdigones de 12 mm indica que este tipo de munición antidisturbios, comercializada en varias partes del mundo, alcanza velocidades que rondan en promedio los 250 m/s.

El 19 de noviembre, el general director de Carabineros, Mario Rozas, resolvió suspender el uso de la escopeta antidisturbios tras los resultados que arrojó un informe elaborado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), sobre la composición de los perdigones. Este informe fue ordenado por la institución tras conocerse los resultados del análisis realizado por los expertos de la Universidad de Chile.

El documento del Labocar fue dado a conocer el 20 de noviembre por 24 horas. CIPER también tuvo acceso a ese informe. Allí se concluye que la velocidad de los perdigones utilizados por Carabineros es de 270 m/s y que el peso de cada uno es de 0,7 gramos (ver informe). La información dista sustancialmente de lo informado por Carabineros en el comunicado de prensa del 17 de noviembre.

En septiembre de 2011, en tanto, Gendarmería adquirió vía licitación pública (634-1022-LP11) cartuchos de perdigones antidisturbios 12 mm marca Tec Harseim. Entre los documentos presentados por la empresa de municiones figura una ficha técnica del producto –exactamente el mismo utilizado por Carabineros durante las manifestaciones– y en ella se especifica que la velocidad del proyectil alcanza valores medios de 320 m/s (ver documento).

Lo relevante de esta información es que, como es de suponer, la velocidad del proyectil –aún no despejada del todo por Carabineros– incide en el daño que éste produce. Según el estudio Letalidad Encubierta publicado en 2016 por la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) “la fuerza del proyectil depende de varios factores, incluido su tamaño y velocidad (…) algunos de estos proyectiles tienen una velocidad inicial similar a la que presentan las municiones de plomo, como resultado el disparo de estos proyectiles a corta distancia puede presentar patrones de lesión similares a los observados con municiones de plomo, ocasionando heridas graves y en ocasiones secuelas permanente”. En ese documento también se insiste en que este tipo de munición es “potencialmente letal” o “menos letal” (ver aquí).

DISTANCIA, DIRECCIÓN Y DISPERSIÓN

La composición química y las especificaciones técnicas de los proyectiles disparados por Fuerzas Especiales, no es lo único que pone en aprietos a la institución liderada por el general Mario Rozas. El doctor en criminología por la Universidad de Glasgow (y ex asesor del Ministerio Público), Javier Velásquez, cree que la decisión de no mencionar en el protocolo de Carabineros los modelos específicos de la munición que dispara la institución, se subordina a un problema mucho más grave.

–Con mis años de experiencia en homicidios te puedo asegurar que, para causar heridas penetrantes en la cabeza y en el torso, Carabineros debió necesariamente haber disparado hacia el tercio superior del cuerpo, no respetando ni el protocolo, ni las recomendaciones que hacen los fabricantes de las municiones potencialmente letales –relata.

Esta conclusión es respaldada por el informe “Disparos con escopeta antidisturbios, con empleo de cartuchería con perdigón de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano”, elaborado por el Departamento de Criminalística de Carabineros el año 2012 y dado a conocer por CIPER el 21 de noviembre pasado (ver reportaje). En él se advierte que las heridas penetrantes –como se evidencia en los múltiples casos documentados por distintos organismos de derechos humanos– se producen solo cuando el disparo es efectuado a una distancia de entre 5 y 25 metros.

La dispersión de los perdigones depende de la distancia con la que se efectuó el disparo. Según ese mismo informe, si el objetivo es impactado a 5 metros recibe los 12 perdigones; a 10 metros recibe 10; a 20 metros 5 y luego a 25 metros vuelve a recibir 10 perdigones. El documento concluye que recién a los 30 metros el impacto no genera heridas penetrantes, “solo lesiones leves, pese a que de igual forma existe el riesgo de generar una lesión ocular”. Por lo tanto, recomienda disparar a una distancia mínima de 30 metros y “apuntando siempre hacia el tercio medio inferior del cuerpo”.

TEC Harseim advierte en la ficha técnica que presentó a Gendarmería en la licitación de 2011, que el disparo no debe ser efectuado a menos de 20 metros y apuntando el arma a las piernas de los infractores, no hacia su cabeza ni el bajo vientre.

–De acuerdo a los resultados del informe de 2012, conociendo que el nivel de dispersión de los perdigones depende de la distancia, Carabineros decidió autorizar su uso en contra de grupos de personas, sabiendo que podían causar lesiones graves. Al parecer, esta decisión no fue sujeta a control civil, pero debió haberlo estado –afirma el experto en criminología, Javier Velásquez.

“BEAN BAG” EN EL CRÁNEO

Al menos ocho cartuchos del modelo “bean bag” Defense Technology –no especificado en el protocolo de Carabineros– fueron registrados por fotógrafos en la intersección de Alameda con Lord Cochrane el lunes 28 de octubre, alrededor de las siete de la tarde. Los fabricantes de este tipo de munición recalcan en sus instructivos que no debe ser disparado a la cabeza.

El mismo día que tuvo lugar ese registro fotográfico, ingresó a la ex Posta Central un individuo con fractura craneal producto del impacto de una de estas municiones.

El informe Letalidad Encubierta de 2016, señala que los “bean bags” están diseñados “para apuntar solo a las piernas. Se ha demostrado que pueden ocasionar lesiones severas e incluso fatales cuando (las pelotitas de plomo) no se dispersan (dentro de la bolsa) durante el vuelo o cuando el saco se quiebra en el impacto”.

Muestra de cartuchos “bean bag” Defense Technology (Crédito foto: Pablo Rojas Madariaga)

Según el autor del registro fotográfico del 28 de octubre, Pablo Rojas, en el sector de Alameda con Lord Cochrane había ese día aproximadamente unos 100 cartuchos percutidos, de colores plomo (“bean bag”) y azules (perdigones Tec Harseim). Unos jóvenes en bicicleta los estaban recogiendo y guardando en sus bolsillos. Uno tomó un puñado con ambas manos y Pablo tomó la foto en la que aparecen los cartuchos con el rótulo de la estadounidense Defense Technology.

La estudiante de enfermería Natalí Jarpa es coordinadora del Movimiento Salud en Resistencia. Atendió heridos el martes 29 de octubre en un punto de salud cercano a la estación de metro Los Héroes. Alrededor de las siete de la tarde llegó a esa improvisada enfermería un joven herido en la cabeza, de unos 25 años.

–Venía con casco y sangrando en la cabeza. Tenía un impacto súper grande en la parte parietal derecha, una herida contusa cortante. Aseguró que le llegó una especie de bolsa. El casco contuvo la fuerza del impacto y quedó todo destruido. Si no hubiera estado con casco, el impacto le hubiera destrozado el cráneo –aseguró a CIPER.

Aproximadamente diez minutos después, mientras atendía a este joven, llegó otro herido, de alrededor 50 años. El hombre venía con un corte de gran magnitud en uno de sus brazos y también relató que le había llegado una especie de bolsa.

–Por las características de las heridas, es imposible que se hayan producido por el roce o el impacto de una bala. También es poco probable que haya sido el impacto de una lacrimógena, pues ésta quema la piel y la herida no tenía ningún rastro de quemadura, ni irritación producto del gas. Tampoco pudo haber sido un perdigón. Por las características descritas, todo indica que fueron impactos de munición “bean bag”.

Crédito foto: Diego Rojas. Cartucho “bean bag” Defense Technology disparado el 28 de octubre en Alameda con Lord Cochrane.

REGISTRO INTERNACIONAL

Chile y Colombia no son los únicos países donde las fuerzas de orden público han utilizado este tipo de proyectiles. En abril de 2000, el informe “Patrón de lesiones de una nueva arma policial: el Bean Bag”, recogió casos de 40 personas heridas con este tipo de munición por agentes de la policía de Los Ángeles (Estados Unidos) entre 1996 y 2000. Una de ellas con resultado de muerte. El documento concluye que “la envergadura de la lesiones (producto de este tipo de proyectil) plantea importantes consideraciones de salud pública, ya que el uso de esta arma ha sido adoptado por las policías en los 50 estados de Estados Unidos y en al menos 10 países”.

En junio de 2002, el medio estadounidense Los Angeles Times, aseguró que los departamentos de policía de EE.UU comenzaron a abandonar su uso, tras concluir que “pueden ser peligrosamente inexactas y más letales de lo que afirman los fabricantes”. El artículo menciona que un grupo de abogados de un condado del estado de California, demandó a uno de los fabricantes de “bean-bags” más grande del país, “alegando que la compañía no advirtió adecuadamente a la policía sobre los peligros de la munición”. La investigación periodística planteaba que hasta ese año 2002 aún no existían estándares internacionales para regular el uso de estos proyectiles. Catorce años después, el informe Letalidad Encubierta, advierte nuevamente sobre la ausencia de normas o estándares internacionales que regulen el uso de armas “menos letales”.

Pero los fabricantes de bean bag estadounidenses, como CTS, Defense Technology y otros, no solo han vendido sus municiones a policías antidisturbios. Una serie de documentos filtrados por Wikileaks y reunidos en los Diarios de Guerra de Iraq y Afganistán, indican que entre 2006 y 2007 soldados estadounidenses dispararon munición “bean bag” contra civiles (ver aquí y aquí).

Cartucho y proyectil marca CTS modelo Super Sock 2581.

Hace algunos meses, el uso de “bean bags” para reprimir a manifestantes también causó revuelo en Hong Kong. El 11 de agosto, en medio de las protestas contra el gobierno chino, una enfermera perdió un ojo por el impacto de una de estas municiones disparada por fuerzas de orden. El proyectil le provocó estallido ocular y rompió sus huesos alrededor del ojo. Según el medio Hong Kong Free Press, la policía violó las normas del fabricante al disparar esta munición al tercio superior del cuerpo.

“Los Estados y organismos encargados de hacer cumplir la ley deben ser transparentes sobre la regulación del uso de las armas menos letales (…) esto debe incluir información de los riesgos resultantes del uso de tales armas. Siempre que sea posible, los Estados deberían considerar consulta pública antes de adquirir nuevos tipos de armas menos letales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían ser transparentes sobre los tipos de armas a su disposición”, señala la Guía de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre armas menos letales en la aplicación de la ley.

CIPER se comunicó con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros para obtener respuesta a las preguntas planteadas en este reportaje. Pero la institución declinó hacer comentarios, indicando por escrito: “Ya nos hemos referido en reiteradas oportunidades al tema”. La empresa Tec Harseim, en tanto, tampoco estuvo disponible para atender consultas de CIPER.

*Fuente: CiperChile

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ESPECIAL
Operación Huracán

CIPER accedió a siete informes de Carabineros que describen cómo operan los agentes encubiertos en la zona del conflicto mapuche. Lo hacen sin permiso judicial, ya que la Ley de Inteligencia los autoriza. Financiados con fondos reservados, bajo identidades falsas y biografías inventadas por sus superiores, consiguen entrar en la intimidad de las comunidades. Su trabajo no es supervisado por ninguna autoridad civil y desde 2004 –cuando se promulgó la Ley de Inteligencia– funcionan bajo sus propios criterios. La “ley corta antiterrorista” que se tramita en el Congreso tampoco regulará su accionar.

* CIPER modificó los nombres e iniciales del agente policial y de los mapuche que infiltró para resguardar la seguridad de los principales protagonistas de esta historia. Por la misma razón, se mantuvo bajo reserva la comunidad involucrada.

Rayén tenía 22 años cuando comenzó a recibir mensajes de Pablo en su cuenta de Facebook. Él le hablaba de cosas triviales y de su amor por la naturaleza. Le contó que tenía 26 años, que era deportista, que había estudiado hotelería y turismo en el Inacap y que trabajaba en unas termas en la zona cordillerana de La Araucanía. Ella le dijo que vivía en una comunidad mapuche y que la lucha por la recuperación territorial era algo que la comprometía. Pablo le dijo que apoyaba esa causa. Hubo afinidad. Él le propuso un encuentro y ella aceptó. Así se concretó la primera cita.

Pablo no se llamaba Pablo, ni había estudiado hotelería y turismo, tampoco tenía 26 años. No apoyaba la causa mapuche, ni tampoco trabajaba en unas termas. No vivía donde decía que vivía y su familia no era de Santiago. Rayén tampoco estaba enterada de que mientras caminaba con su nuevo amigo –cuando se juntaron por primera vez en enero de 2013-, eran seguidos y fotografiados por tres carabineros vestidos de civil.

Todo era una puesta en escena. Pablo en realidad era R.T.R., de 24 años, nacido en La Unión (Los Ríos) y había sido trasladado al sur unos meses antes, desde Santiago, como parte de las labores que cumplía como cabo segundo de Carabineros.

La información real sobre la identidad de Pablo y sus actividades de inteligencia policial quedaron registradas en siete informes reservados de Carabineros. CIPER tuvo acceso a esos documentos y también a información clasificada sobre otra funcionaria policial que fue reclutada y preparada para infiltrarse en comunidades indígenas de la Región de la Araucanía.

Los agentes policiales encubiertos han operado desde hace años, y siguen haciéndolo, en la zona del conflicto mapuche. Fuentes policiales y de gobierno lo confirmaron a CIPER y reconocieron, también, que la autoridad civil no tiene control alguno sobre estas operaciones.

LOS AGENTES ENCUBIERTOS

El miércoles recién pasado (7 de agosto) el Senado aprobó la idea de legislar la “ley corta antiterrorista” enviada por el gobierno. De ser aprobada, podría facultar a la Fiscalía para utilizar técnicas investigativas especiales, como interceptaciones telefónicas, informantes y agentes encubiertos en la investigación de delitos terroristas. Lo que muy poca gente sabe es que las policías y las Fuerzas Armadas ya están facultadas, por la Ley de Inteligencia, para usar agentes encubiertos que se financian con gastos reservados. Y lo hacen. Lo que se quiere aprobar ahora es que los datos que consigan agentes infiltrados puedan ser usados por la Fiscalía como pruebas en un juicio, lo que hasta hoy no se permite.

Los senadores que se opusieron a iniciar la discusión del proyecto argumentan que es peligroso darle más atribuciones a instituciones que en el pasado no han asegurado el debido proceso en sus investigaciones. Como ejemplo han citado el montaje de la “Operación Huracán”. Quienes aprobaron la idea de legislar estiman que el Ministerio Público, para perseguir de manera eficiente los delitos terroristas, debe contar con agentes encubiertos, además de informantes.

Más allá de si la ley en discusión se aprueba o no en el Congreso, hay algo que su promulgación no va a modificar: la utilización de agentes encubiertos, sin autorización judicial, hoy no está bajo el control de autoridades civiles. Justamente, uno de los reclamos de la oposición ha sido que se debe tramitar una “ley larga antiterrorista” que reforme el sistema y establezca mecanismos de control que evite abusos por parte de las policías y Fuerzas Armadas.

EL AGENTE “PABLO DIAZ”

Cuando el cabo segundo de Carabineros R.T.R. conoció en persona a Rayén, ya tenía perfectamente memorizada la historia ficticia que la inteligencia policial había creado para él. Esa historia está contenida en el primer informe reservado de la “Operación Tarzán”, como se denominó el plan de inteligencia que tuvo como protagonista al agente R.T.R. bajo la “chapa” de “Pablo Diaz”.

La H.F. (historia ficticia) contenida en ese primer informe, que CIPER pudo revisar, bautizó a R.T.R. como “Pablo Diaz Fernández” y le atribuyó la siguiente biografía: nacido un 16 de septiembre de 1986 en Santiago, hijo único de Yessica y Héctor, egresado de 4° medio en 2005 del Instituto Nacional, ingresó a estudiar hotelería y turismo en la sede del Inacap de Macul hasta 2011, para luego complementar sus estudios con la carrera técnica de ‘traductor intérprete’. En 2012 había comenzado su práctica profesional en unas termas de la Región de La Araucanía, lugar donde se quedó trabajando al término de sus estudios. Allí era asesor turístico, además de captador de clientes. Tenía contrato indefinido. Trabajaba cuatro días seguidos en las termas y luego tenía tres libres. Era soltero, no tenía hijos, tampoco contacto con otros familiares, solo con sus padres.

“Mantiene un gran aprecio y respeto por la causa mapuche, donde se le ha visto en varias ocasiones afuera de los tribunales de garantía apoyando a estos comuneros, como también se le ha visto con Rayén”, señala el informe madre de la “Operación Tarzán”, cuya fecha de inicio consignada en el mismo documento fue el 29 de enero de 2013.

Primera página del plan de operaciones que infiltró a un agente encubierto de Carabineros en la zona mapuche.

En ese informe están contenidos los objetivos de la operación:

“A través de las redes sociales de internet tomar contacto con comuneros pertenecientes a comunidades radicales (…) además de colaboradores y simpatizantes de la causa mapuche, en especial del sexo femenino, con el fin de concretar lazos afectivos”.

Luego de creados esos lazos el agente debía lograr “lazos de confianza” con los comuneros, “efectuando visitas a las comunidades, participación en marchas afines a la causa, ceremonias religiosas de la etnia, visitas a los denominados presos políticos mapuche”, y cualquier otra acción que no pusiera en riesgo su vida ni transgrediera “la normativa vigente”.

Luego de haber concretado la infiltración debía recoger información sobre acciones futuras de las comunidades y antecedentes de acciones pasadas. Otro objetivo era identificar a no mapuche que participaran en las comunidades: anarquistas, extranjeros y ex subversivos.

El jefe de la operación fue el entonces teniente coronel Rodrigo Sotomayor Casanova, quien al menos hasta 2018 seguía activo (el año pasado figuraba como responsable de los contratos de la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía). El oficial analista de la operación era el capitán Cristián Vargas y el oficial de caso era el capitán Leonardo Osses (actualmente imputado y cumpliendo medidas cautelares por el montaje de la “Operación Huracán”).

El agente estaba apoyado además por otros tres suboficiales, quienes lo acompañaban y fotografiaban en sus actividades con los comuneros.

R.T.R. contaba con un celular que funcionaba con dos chips, se movilizaba en locomoción colectiva o en un automóvil facilitado por Carabineros. El personal de apoyo se trasladaba en un “vehículo comando de esta unidad especializada”, se lee en el informe. El documento agrega un dato que podría haber involucrado al Ministerio Público o a los tribunales, a pesar de que la actividad del agente no puede ser utilizada como prueba en la persecución penal de los delitos que eventualmente detecte:

“Se requiere para hacer más creíble y confiable la Historia Ficticia, solicitar a través del Ministerio Público o un Ministro de los Tribunales de Alzada, una nueva identidad para el agente”.

Respecto de las necesidades logísticas de la operación, el documento agrega que se hacía necesario “arrendar una residencia (departamento pequeño o pieza)” para que funcionara como domicilio del agente.

Según el mismo informe policial, firmado por el teniente coronel Rodrigo Sotomayor, al menos tres de los objetivos del plan ya estaban cumplidos:

• El agente logró establecer una relación con Rayén.
• El agente ha participado en acciones concretas pro causa mapuche, dándose a conocer como un simpatizante, generando algunos lazos de confianza con comuneros.
• Ha obtenido información respecto de las actividades que las comunidades desarrollan.

El documento que oficializa el plan de operaciones finaliza con un anexo de fotografías donde se ve al agente paseando junto a Rayén y también participando en actividades de la causa mapuche. Pablo Diaz ya era un infiltrado (revise aquí ese documento, los datos sensibles han sido tarjados).

¿QUIÉN CONTROLA A LOS AGENTES?

El artículo 31 de la Ley de Inteligencia faculta a los jefes de los organismos de inteligencia militares y policiales para ocupar agentes encubiertos. El artículo 23 especifica el objetivo de esa infiltración: “Dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”.

La misma ley señala que el control interno de los organismos de inteligencia estará a cargo de los jefes de inteligencia de cada policía, y el control externo recaerá en la Contraloría, la Cámara de Diputados y los Tribunales de Justicia. Sin embargo, nada se especifica en la ley sobre cómo podrán ejercer el contralor, los diputados y los jueces, ese control externo sobre la actividad de los agentes encubiertos. CIPER no encontró antecedentes que indiquen que autoridades civiles están al tanto de la labor de estos agentes ni de cómo se financian sus operaciones.

El diputado Gabriel Silber (DC), quien integra la comisión del Congreso encargada del “control del sistema de inteligencia del Estado”, aseguró a CIPER: “Nosotros tenemos un control genérico respecto de las labores de inteligencia que realizan nuestras distintas agencias, pero no sobre operativos específicos, como sí ocurre en otros países, como España o Alemania”.

Desde La Moneda señalaron a CIPER que se está tramitando un proyecto en el Senado que aumenta la fiscalización sobre las actividades de los aparatos de inteligencia, y que entregaría mayores facultades al Congreso y en particular a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para que esta última efectivamente coordine y supervise las operaciones de las unidades de las policías y Fuerzas Armadas especializadas en esta materia.

Pero desde 2004, cuando se promulgó la actual Ley de Inteligencia, no ha habido control efectivo.

LOS INFORMES DE «PABLO DIAZ»

CIPER accedió a otros seis informes enviados por el agente R.T.R. a “Oso”, que era la “chapa” que utilizaba en Carabineros el capitán Leonardo Osses Sandoval. El primero está fechado el 29 de enero de 2013 y allí el agente encubierto le informa a su superior que concretó una cita con Rayén. También consigna que la joven le fue contando sobre la situación de su comunidad y sobre redes que ayudan a salir del país a prófugos de la justicia.

En esos informes hay muchos más detalles de la información entregada por el agente, pero CIPER los mantendrá en reserva para resguardar la integridad del policía infiltrado y de Rayén, así como del entorno de la joven y de su comunidad (revise aquí el informe Nº 1).

El segundo informe que llegó al capitán Osses da cuenta de otro encuentro entre Pablo y Rayén y está acompañado de un set fotográfico (reviselo aquí).

El tercer informe está fechado el 12 de febrero de 2013 y allí el agente informa sobre una marcha a la que asistió en apoyo a un grupo de presos mapuche. El documento indica las identidades de quienes participaron en la manifestación, sus vínculos familiares y sociales. En el informe se detallan identidades, direcciones y números telefónicos de personas de Santiago que viajaron a apoyar la protesta de los comuneros. Este es parte del relato:

• “Una vez finalizado el operativo policial, trasladaron a los comuneros a la ciudad de ****, este agente con las técnicas de la especialidad logra subirse al vehículo de ***** *****, quien en su interior llevaba a *** ***** **** y a dos mujeres mapuches, las cuales son familiares de los imputados que trasladaba el bus de Fuerzas Especiales (…). Una vez que los buses llegan a la cuidad de ****, se trasladaron al hospital ********, con el fin de constatar lesiones”.

Poco a poco el agente se ganaba la confianza de los comuneros.

• “A las 17:00 horas aproximadamente el oficial de guardia anuncia que todos los imputados pasan a control de detención, al escuchar esta noticia y que el fiscal a cargo era **** ******,  la respuesta de los comuneros fue inmediata, ofuscándose e insultando al fiscal de forma agresiva, después de este momento, este agente se retira del lugar, volviendo una hora más tarde con el fin de visitar a la totalidad de los detenidos en especial a ***** ****. Al momento de la visita  este agente llega con alimentos para que puedan ser consumidos por los detenidos, provocando una gran satisfacción hacia ellos, ya que quedó de manifiesto el gran interés por parte del suscrito hacia ellos”.

La indagatoria de CIPER determinó que ese día el agente vestía jeans azules desgastados, una polera sin mangas que dejaba ver un tatuaje en su brazo, zapatillas anchas y un gorro de lana. En su informe, consignó que logró obtener los números telefónicos de cuatro personas que dirigían la manifestación e incluyó un análisis de los roles que cumplía cada uno de ellas. Se refirió también a la participación de un niño de 13 años: “Será un futuro “Machi” y subversivo de la familia **** ****, ya que mantiene bien arraigado sus principios con la causa mapuche” (vea aquí el informe N° 3).

Un día después, volvió a los tribunales para apoyar a los comuneros detenidos. Eso está relatado en su cuarto informe enviado a Leonardo Osses. Aquí sufrió su primer sobresalto:

“También llega ***** *** con sus acompañantes, estos una vez en el lugar, se acercan donde este agente haciendo preguntas más directas sobre las comunidades, si mantenía información sobre la C.A.M. si alguna vez había ingresado a alguna comunidad, y sobre la vida personal de este agente. A lo cual se respondió conforme a la H.F. (historia ficticia) y conforme al resto solo se respondió que no mantenía ningún tipo de información sobre lo preguntado” (vea aquí el informe Nº 4).

El informe N° 5 relata que las comunidades van a realizar una marcha en la Ruta 5 y ha escuchado que uno de los manifestantes tiene “miguelitos” (vealo aquí).

El último informe relata que nuevamente participó en una manifestación pacífica y que acompañó a Rayén a realizar trámites a una municipalidad (lea el informe Nº 6).

AGENTES EN TIERRA DE NADIE

Según una versión aportada por fuentes policiales, R.T.R. pidió su baja de Carabineros. Esa versión no pudo ser chequeada por CIPER. Lo que sí pudimos corroborar es que en los años posteriores estudió en una universidad de Temuco, y que hoy vive en otra región donde abrió un negocio con su identidad real.

Fuentes de Carabineros señalaron a CIPER que después del descalabro provocado por el montaje de la “Operación Huracán” siguen utilizando agentes encubiertos, pero solo para recopilar información. Si en esa labor se enteran de la comisión de algún delito deben traspasar los datos a alguna unidad especializada, como el OS 7 o el OS 9, desde donde se alertará de inmediato a la Fiscalía. Las mismas fuentes señalaron que los agentes encubiertos de Carabineros son financiados con gastos reservados.

El senador Francisco Huenchumilla (DC), quien votó en contra de la “ley corta antiterrorista”, señaló a CIPER que “los controles a los servicios de inteligencia no funcionan mucho porque tenemos una ley deficiente. Pero eso hay que modificarlo. Lo básico es que el control lo tenga la autoridad civil política y que desde ahí haya una cadena jerárquica que establezca sucesivos controles. De tal manera que haya un mecanismo de auto control y un mecanismo de supervigilancia, porque no puede ser que los servicios de inteligencia sean autónomos”.

Respecto de cómo se financian estas operaciones, Huenchumilla dijo: “Hay que establecer también un mecanismo de control de los recursos y de control político, con la Cámara de Diputados y el Senado, para que haya un conjunto de contrapesos en virtud del cual el organismo de inteligencia puede actuar con libertad y flexibilidad, pero con una estructura de control y de márgenes éticos bien establecidos en la ley y en los reglamentos internos”.

No se sabe cuántos agentes encubiertos operan hoy en Chile. Ni las policías ni las Fuerzas Armadas entregan esa información, amparándose en motivos de seguridad. En Carabineros dicen que “no son tantos como se piensa”. Tampoco se sabe cómo los preparan. Pero lo que está claro es que sí reciben formación. De ello da cuenta un chat por Whatsapp, al que accedió CIPER, entre el capitán Leonardo Osses y el mayor Patricio Marín (ambos en prisión preventiva por la “Operación Huracán”). Ese chat es de marzo de 2017 y en el diálogo se menciona a una carabinera que ha sido reclutada para seguir los pasos de R.T.R.:

• Osses: Futura agente (en referencia a una fotografía adjunta). Actualmente haciendo el curso de carabinero en stgo.
• Marín: Jajjajajaj 
• Osses: Esta bien ella? Es de carahue. Pal campo.
• Marín: Demás. Tienes que reclutarla. Te recuerdo lo de **** (le nombra al agente R.T.R.)
• Osses: Yo la ayude a entrar. Ya está reclutada.

*Fuente: CiperChile

El articulo Informes reservados de Carabineros: así se infiltran los agentes encubiertos en la zona mapuche apareció primero en piensaChile.