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Un viaje a la libertad en La Araucanía

Redacción piensaChile — Sun, 23 Aug 2020 22:39:36 +0000

22.08.2020

En 1845, el polaco Ignacio Domeyko, que años después sería también rector de la Universidad de Chile, recorrió la Araucanía. En esta columna el historiador Rafael Sagredo reflexiona sobre dos características centrales de los diarios de Domeyko: la Araucanía le recuerda a “su amada Polonia” y su histórica lucha por la libertad en contra de los rusos; y valora a los mapuche, sus creencias y costumbres. Se trata de uno de los últimos textos hechos en Chile que busca entender y es empático con un pueblo que ya había comenzado a ser marginado, discriminado y estigmatizado”.

En diciembre de 2018, cuando a raíz del homicidio de Camilo Catrillanca la situación en la Araucanía era de aguda tensión, al igual que hoy, y como por lo demás ocurre periódicamente desde la llegada de los europeos a Chile, un diario santiaguino me preguntó sobre ¿qué leer para conocer el mundo mapuche? Aprovechando así la coyuntura para abordar el tema desde un ángulo pretendidamente inédito.

Entonces respondí que si bien existen diversos trabajos que abordan el problema, uno de los cuales rescato en este escrito, para comprender el mundo mapuche las lecturas ya no bastaban, y que mejor sería ponerse en el lugar de un pueblo que ha sido combatido desde 1536, abusado y discriminado por el Estado y sociedad republicanos, y marginado en la actualidad por las características de su cultura, sus usos y costumbres que, para el huinca, no son precisamente atributos. Aunque alguna vez lo fueron, como lo demuestra la Historia que, para este tema como para casi cualquier otro que nos desafía, resulta un antecedente valioso.

Porque hubo un momento en la república, hasta el avance sobre La Araucanía en el siglo XIX, en que los llamados araucanos fueron comprendidos, incluso valorados, por sectores de la comunidad nacional, ejemplo de lo cual son las representaciones que naturalistas como Claudio Gay e Ignacio Domeyko difundieron sobre ellos a través de ilustraciones y escritos.

“Entierro del cacique Cathiji en Guanegue, mayo 1835”. Atlas de la Historia física y política de Chile de Claudio Gay. El naturalista participó de la ceremonia que también describió y comprendió como “de duelo y llanto, que el espíritu salvaje de los araucanos y su convicción por la partida a una mansión más feliz, han cambiado en diversión, dándole el carácter de una gran fiesta”.

Particularmente valioso y elocuente resulta el testimonio que a mediados del siglo XIX dejó de su recorrido y conocimiento de La Araucanía y sus habitantes el que también sería Rector de la Universidad de Chile, tal vez uno de los últimos comprensivos y empáticos de un pueblo que ya había comenzado a ser marginado, discriminado y estigmatizado. Proceso paralelo al despojo de sus tierras que hizo de la descalificación, la deshumanización y la caricatura de los usos y prácticas de los mapuche, un instrumento para legitimar los propósitos e intereses de quienes se internaron en La Araucanía y se apropiaron de sus tierras.

La condición de país minero que caracteriza a Chile fue la que llevó al intendente de Coquimbo a contratar un profesor de Química y Mineralogía para el Liceo La Serena, plaza que en 1838 llegó a ocupar un ingeniero en mineralogía recién graduado de la Escuela de Minas de París.

En medio de sus trabajos en el país, el exiliado y patriota polaco, en su condición de viajero romántico fue capaz de apreciar a La Araucanía a través de la emoción y la sensibilidad del hombre que añoraba su amada Polonia y valoraba su histórica lucha por la libertad. Sin duda, una de las razones que lo llevaron a empatizar con los mapuche y valorarlos.

DOMEYKO EN LA ARAUCANÍA

Como en otras muchas ocasiones en las que emprendió viajes, al momento de partir hacia La Araucanía en enero de 1845, Ignacio Domeyko recordó su vocación de trotamundos. “Otro viaje lejano. ¿Te parece poco el vagabundeo con que recorriste medio mundo? ¿No te basta con lo que ya has visto?”, se preguntó. Su respuesta no se dejó esperar y refleja la nostalgia del hombre alejado de su tierra, lo que le provoca un “desenfrenado afán de visitar países lejanos y desconocidos para mitigar la tristeza ocasionada por la separación con los tuyos”.

La confesión es interesante pues explica los “ojos”, la actitud, el espíritu con que el naturalista emprendió este largo viaje que lo llevaría hasta Osorno, recorriendo in extenso La Araucanía, conociendo las costumbres y cultura del pueblo que la habitaba. Pero en el que estuvo muy atento a las manifestaciones más sutiles de la naturaleza, como los colores, las formas, los sonidos, los aromas, los tonos y las cadencias, tanto del paisaje como de las personas que conoció.

En la excursión tenía la “esperanza de un cielo más despejado que permitiera el regreso a la patria” y la certeza de relatar “a la familia y a los amigos lo visto”, lo acumulado “con el corazón y con la vista en el ancho mundo”. Incluso el hecho de comprar en Valparaíso un ejemplar del poema épico La Araucana, que fue leyendo y citando frecuentemente en su diario como antecedente histórico del pueblo que ahora conocería como verdadero antropólogo. Una obra que representó un estímulo para la visión romántica, en el sentido de filiación nacionalista, que ofrece de los araucanos, de los cuales valoró particularmente que supieran defender su libertad durante siglos.

En su añoranza de Polonia, casi siempre sometida a fuerzas extranjeras, fue que justificó su travesía: “¿No es mejor y más noble conocer a gentes que, por su congénito amor a la patria, medio desnudos, con sus arcos y mazas, se resistieron a la fuerza castellana, conservando hasta el presente sus almas primarias y lo que sus antepasados les legaron?” Para Domeyko, “que deambulaba en el extranjero, sin camino ni meta”, como anotó al partir al sur, “el entusiasmo, curiosidad y deseo de ver a los araucanos en su propia patria” representó un placebo que mitigó su permanente melancolía. De tal modo que en su relato transmitió su admiración por La Araucanía y sus habitantes, la que en muchas ocasiones describió de manera inconsciente, pero delicada y cuidadosa pues, en definitiva, estaba representando a través de ella una realidad que conocía muy bien: su Polonia deseada.

A propósito de que advirtió que “los bosquecillos de Tucapel me alegraban particularmente y me trasladaban a mi tierra natal”, aprovechó para reflexionar sobre lo que experimentaba. “Es cosa singular que al cruzar bosques y soñar con el hogar, el amante de la naturaleza crea ver los mismos árboles y arbustos de su infancia que crecen en su patria”. Agregando todavía, “por fuera es igualmente hermosa la tierra adoptiva”, pues en definitiva a través de ella contemplaba su terruño, “aun cuando lo veas bajo otro cielo a miles de kilómetros de distancia”, concluyó.

Las sensaciones que le provocaron los mismos colores y formas de la vida vegetal en los bosques de La Araucanía lo impulsaron a “dejar rienda suelta al caballo”, y entonces agregó, “me parecía ver el verdor de nuestros árboles, nuestros abedules, álamos y ramas de avellano entremezcladas con las jóvenes encinas, serbales y, a trechos, abajo, hiedras, helechos y frutas silvestres”. Una ilusión que, sin embargo, experimentó varias veces y no solo por la contemplación de la naturaleza.

En Concepción, donde se detuvo unos días para preparar su incursión a La Araucanía, comenzó a apreciar los rasgos de la población local, entre otras cosas por la historia que la frontera había condicionado. “Una ciudad que parece llevar en su carácter violento huellas de las guerras con sus vecinos indios”, apuntó en su diario. Como su objetivo era cabalgar por el “país de los indios independientes”, y mostrando una vez más tanto su agudeza para captar la situación local, como la contradicción entre lo que él creía era el pueblo araucano y la realidad, además de su criterio práctico, compró “muchos abalorios, campanillas, pañuelos rojos y azules, tabaco, índigo y otras bagatelas como regalos para los araucanos salvajes”, documentando inadvertidamente con este insignificante gesto una de las formas en que el huinca se instaló en La Araucanía.

Habiendo alcanzado hasta la desembocadura del río Lebu, Domeyko percibió que “a medida que los especuladores se van asentando en esta parte de La Araucanía, el país en vez de poblarse se despuebla de indios”. Una elocuente descripción del proceso que entonces se vivía en la zona”

El sólo cruce de la frontera entre españoles e indígenas, el río Biobío, a la vista de la espléndida cordillera de la Costa, dio motivo a Domeyko para aludir a los lugares en que se habían producido algunas de las batallas más célebres entre éstos. En particular la que le había costado la vida al gobernador Pedro de Valdivia, la que a continuación relata iniciando una verdadera travesía histórica paralela a su avance sobre el terreno hacia el sur. Y, como justificándose, se preguntó, “¿será lícito pasar por esos lugares sin recordar las hazañas?”

La relación de batallas y sucesos heroicos por ambos contendientes se entrecruzan con las descripciones geográficas de llanuras, bosques, cerros, pantanos, dehesas y costas y, también, de citas de Ercilla y su poema La Araucana, las cuales son utilizadas por el patriota polaco para resaltar el valor de los guerreros.

Domeyko se detiene en el camino para observar los sitios donde ocurrieron los épicos sucesos, dehesas hasta entonces –según escribe– poco habitadas y escasamente cultivadas, “como si el trigo no quisiera crecer en esta tierra impregnada con sangre de sus antiguos dueños legítimos”. Ofreciendo de este modo no sólo un elocuente testimonio de su compromiso emocional con el pueblo que había luchado tan valientemente por su independencia y libertad, tal como él y los suyos lo habían hecho alguna vez en contra de los rusos, sino también una prueba del despojo que los mapuche estaban sufriendo.

La continua comparación de la vegetación entre los bosques de La Araucanía y los “nuestros”, y el recuerdo de los campos y bosques “entre los cuales floreció mi juventud”, terminaron por hacerlo evocar los “sentimientos más intensos y hondos, que son el pan de cada día para un exiliado”. Las formas y vistas que para un viajero afortunado no tendrían nada de particular, a él lo estremecieron y encantaron su ánimo.

El arribo a la plaza de Arauco, la contemplación de las ruinas de tantas batallas, lo devolvieron a las disquisiciones históricas y patrióticas, a la lectura de Ercilla y, sobre todo, a la urgencia de reconocer el valor de los araucanos. Por eso escribió, caracterizando a los mapuche: “Cuántos hombres, Dios mío, sufrieron el tormento y hallaron la muerte o la invalidez por su amor y fidelidad a sus bosques, ríos y rocas patrios”.

La prolongación hacia el sur de la excursión, más allá de La Araucanía, así como su duración de prácticamente un mes, aunque atenuó el tono de exaltación patriótica que ésta tuvo para Domeyko, no lo consumió. Muestra de ello son sus constantes alusiones a la heroica resistencia araucana y que, en su regreso hacia Concepción, a mitad de camino entre los ríos Budi y Toltén, ante la contemplación de “una maravillosa vista de todo el espacio desde el mar hasta las cordilleras pobladas de bosques”, en las praderas verdes con chozas indígenas y manzanos, evocara una vez más su Lituania natal. Incluso su idílica descripción del momento refleja su romántica nostalgia. “En los potreros pacían caballos y entre los arbustos se oía el canto de la tenca, una avecilla tan hermosa como nuestros ruiseñores, a quienes contestaban los tapapuchos que corren por el suelo y cambian extrañamente su canto”. Mientras, por toda la región “revoloteaban muchas bandadas de hermosos loritos verdes, tan escandalosos como si quisieran aturdir todo el reino alado”.

MARI, MARI PEÑI

Con un “cómo estás amigo” fue saludado Ignacio Domeyko en muchas ocasiones por los araucanos cuando, “por curiosidad o temor -relata el viajero sobre su paso por Tucapel- salen hacia nosotros”. Aquel día camino del Imperial, en las cercanías de Tirúa, había pasado por Arauco, cerca del cual estaba asentada “la mayor parte de los habitantes de La Araucanía que conservó hasta ahora su independencia”. Se había topado en el camino con una joven y un viejo indios, “los primeros salvajes con quienes tropezaba en su propio país” y conocido araucanos “cabizbajos, murmurando en voz gruesa y gutural”. Habiendo alcanzado hasta la desembocadura del río Lebu, Domeyko percibió que “a medida que los especuladores se van asentando en esta parte de La Araucanía, el país en vez de poblarse se despuebla de indios”. Una elocuente descripción del proceso de apropiación de la tierra en la zona protagonizado por chilenos que espontáneamente avanzaban desde el norte.

De Tucapel en adelante, en contacto directo con los que llama “indios libres e independientes”, comenzó Domeyko la narración de sus costumbres, usos, habitaciones, formas de comunicación, creencias y elementos de su vida material, como vestimentas y utensilios. Es una relación austera en la descripción, pero aguda para captar lo esencial y sobre todo traspasada de humanidad para apreciar y comprender su cultura. Además de constituir una narración reiteradamente admirativa para con su épica historia de resistencia y lucha por la libertad.

En su travesía observa las casitas de los indígenas, “dispersas como por capricho por toda la región, con sus huertos de verduras, campitos de maíz, habas o porotos” que, aclara, “otorgan a esta región un carácter más civilizado de lo que realmente es”.

El cruce del río Imperial (…) dio pie a otra conclusión del viajero polaco. Entonces, y a merced de “esos hombres calificados injustamente de salvajes”, que si hubieran querido “habrían podido impunemente robar y ahogarnos” y, por el contrario, lo asistieron, fue que Domeyko escuchó la advertencia del cacique: “Aquí no tienes nada que temer, allá te robarán los chilenos”.

En Paicaví, en la casa del cacique local, Domeyko tuvo la oportunidad de adentrarse en la intimidad de los araucanos y conocer algunas de sus formas y ritos. En su patio, al cual nadie puede entrar antes de que aparezca el dueño, esperó su salida y sus palabras, “Mari, mari peñi”, acompañadas del gesto de estirar la mano y el cuello hacia sus visitantes, señal de que los invitaba a pasar. Sentados bajo el enquinchado, el anfitrión inició su declamación, sin gestos, la vista baja en el suelo. Durante más de media hora habló sin que nadie osara interrumpirlo. Mientras, las mujeres al interior de la casa caminaban sin hacer ruido, atentas a la fogata que esperaba un cordero recién sacrificado.

La larga conversación, en la que también participó otro cacique y algunos viajeros, constituyó un diálogo con preguntas por la salud y bienestar de sus invitados y la de sus padres, hermanos, esposas, hijos, allegados, vecinos y parientes, así como por las personas que se habían encontrado en el camino y en los poblados que cruzaron. Todas interrogantes que tenían que ser contestadas por el huésped que, luego, también debía retribuir preguntando por la salud del anfitrión, de sus padres, esposa y sus demás conocidos. Luego, el cacique continuó sus interrogaciones, interesándose por la salud de los rebaños, reses y manadas de caballos, sin olvidar las aves domésticas y, también, prestando atención a los sembrados de trigo, cebada, lino, maíz y porotos.

Aunque Domeyko se reconoció sorprendido, pudiendo incluso no agradarle esta “artificial melopea de su retórica que a veces parece el aullido de un animal salvaje”, se preguntó: “¿Acaso no era muestra de que desde los más remotos tiempos imperaba allí la hospitalidad, el amor familiar, la cordialidad mutua y el interés por la suerte del próximo?”. Los consideró resabios de la cultura araucana ancestral. Herencia de un nivel moral más elevado existente a la llegada de los españoles, de la que también venían “el valor, la hombría, el amor a la libertad e independencia”. Todos “emparentados con el amor al próximo y con la hospitalidad, y ese espíritu de sacrificio y ferviente patriotismo que les defendió y sigue defendiendo de los invasores”.

El cruce del río Imperial asistido por los indios, dio pie a otra conclusión del viajero polaco. Entonces, y a merced de “esos hombres calificados injustamente de salvajes”, que si hubieran querido “habrían podido impunemente robar y ahogarnos” y, por el contrario, lo asistieron, fue que Domeyko escuchó la advertencia del cacique: “Aquí no tienes nada que temer, allá te robarán los chilenos”.

Hubo un momento en la república, hasta el avance sobre La Araucanía en el siglo XIX, en que los llamados araucanos fueron comprendidos, incluso valorados, por sectores de la comunidad nacional, ejemplo de lo cual son las representaciones que naturalistas como Claudio Gay e Ignacio Domeyko difundieron sobre ellos a través de ilustraciones y escritos.

Del indio, los expedicionarios sólo recibieron atenciones, relata Domeyko, entre ellas provisiones que les pasó sin advertirles, lo que lo llevó al siguiente apunte: “Realmente merecen destacarse el obsequio y la delicadeza con que nos recibió el cacique, la que no es fácil encontrar en los países más civilizados”.

El viaje a La Araucanía de Ignacio Domeyko podría ser considerado sólo un episodio más en su vida, pero lo cierto es que representa un acontecimiento por la sensibilidad con que apreció a sus habitantes y la valoración que hizo de sus creencias, usos y costumbres. Después de él volvió a sus labores en La Serena y continuó con una vida que sólo concluyó en 1889, con casi 90 años. Cumpliéndose así el deseo del cacique de Tirúa que, quitándose el sombrero, lo despidió con un “mari, mari, peñi”; salud, salud, amigo.

Sus experiencias registradas en sus memorias publicadas como Mis diarios y Viaje a La Araucanía, o en su obra La Araucanía y sus habitantes, reflejan que no sólo la historia natural fue objeto de su atención, también la realidad cultural y social, en muchas ocasiones intangible a los sentidos, solo posible de asir a través de las emociones o el alma. Así lo muestra su viaje entre los mapuche, el que demuestra que, para comprenderlos y valorarlos, la empatía, que se nutre de la sensibilidad y la experiencia, es una actitud fundamental.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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*Fuente: CiperChile

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Aguas Andinas: US$10 millones han pagado los santiaguinos por obras que debían evitar el corte de agua

Redacción piensaChile — Sat, 07 May 2016 03:03:37 +0000

POR LEY LOS CLIENTES DEBEN PAGAR A LAS SANITARIAS OBRAS QUE GARANTICEN EL SUMINISTRO

Desde 2014 los cerca de dos millones de clientes de Aguas Andinas en la Región Metropolitana financian en su cuenta mensual las obras que debían garantizar el suministro de agua ante la turbiedad del Río Maipo. La sanitaria ha recibido por ese concepto US$10 millones. Y a pesar de ello, con el desastre de abril pasado, ya suman dos cortes masivos. En los últimos seis años Aguas Andinas acumula US$1.063 millones en utilidades y las tarifas volverán a subir para financiar la Fase II de los trabajos que aseguren el suministro. Con o sin corte de agua la ley le garantiza una rentabilidad mínima de 7%.

Diez millones de dólares han pagado en dos años los santiaguinos a la empresa Aguas Andinaspor las obras que supuestamente debían evitar un corte del suministro de agua potable si crecía la turbiedad del río Maipo. Pero ese dinero -que se comenzó a cobrar en la boleta mensual a partir de marzo de 2014, y por tiempo indefinido- no sirvió para impedir que casi cuatro millones de personas de 29 comunas de la Región Metropolitana quedaran sin agua entre el sábado 16 y la madrugada del lunes 18 de abril.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, quien encabeza el Comité de Emergencia cuando se produce algún desastre en la región, dijo a CIPER: “Es evidente que las inversiones que se han hecho son insuficientes para garantizar la seguridad de Santiago en materia de agua potable con un cambio climático que no es una amenaza, sino una realidad. Si yo tuviera atribuciones, lo que exigiría es un plan de mitigación ahora”.
Las obras de Aguas Andinas que no dieron abasto consisten en siete pozos subterráneos, estanques para 225 millones de litros de agua y un ducto para llevar otros 3.500 litros por segundo a la planta Las Vizcachas, donde la sanitaria produce el agua potable. Las obras fueron acordadas por Aguas Andinas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) después del corte de agua potable de mayo de 2008, cuando las lluvias en la alta cordillera enturbiaron el río Maipo y triplicaron el caudal normal, llegando a 427 m3/seg. (en ese mes el caudal normalmente fluctúa entre 50 y 100 m3/seg.).
Solo seis años después de rubricado el acuerdo, en marzo de 2014, estuvo terminada la Fase 1 del nuevo plan que garantizaría el suministro de agua frente a este tipo de emergencias en la Región Metropolitana. Desde ese mismo mes, la SISS –entidad estatal que regula a las empresas monopólicas del sector sanitario- autorizó un alza de 1,06% de la tarifa que paga cada cliente, destinada a financiar los US$70 millones que invirtió en ella Aguas Andinas. Como la reposición de las instalaciones cuando terminen su vida útil también la pagan los clientes, el superintendente de la SISS, Gabriel Zamorano, reconoció a CIPER que ese incremento de la tarifa se seguirá cobrando indefinidamente.
Para una familia que consume 15 metros cúbicos de agua potable al mes el cobro significa actualmente un alza de $129 mensual. En total, Aguas Andinas percibe por este concepto aproximadamente $3.300 millones al año, según cifras que la SISS entregó a CIPER.
Pero ese no es el único cambio de tarifa. En 2019 los habitantes de las 50 comunas a las que abastece Aguas Andinas en la Región Metropolitana verán aumentar nuevamente las cuentaspara pagar más instalaciones que aseguren la llegada del agua potable. Aunque esas obras –en las que se invertirán US$ 90 millones– ni siquiera han comenzado. Un representante de Aguas Andinas dijo a CIPER que estarán operativas en la fecha pactada, momento a partir del cual se aplicará unalza de 1,12%, ya acordada con la SISS, que se sumará a la vigente de 1,06%.
En total, un extra de 2,18% en las cuentas (equivalente a $18 por cada mil litros de agua consumidos) para garantizar el suministro en caso de que llueva, como lo hizo en abril de 2016. Ello, porque con las nuevas obras aumentarán las reservas líquidas de Aguas Andinas, las que alcanzarán para producir agua potable durante 32 horas, contra las actuales 13 horas, según los datos del Informe Tarifario 2015-2020 de la SISS.
Que las familias paguen de su bolsillo no solo el agua que consumen, sino también la seguridad del abastecimiento, es fruto del Decreto Ley 70, dictado en 1988, en las postrimerías de la dictadura, y que fue reforzado en democracia por la Ley 19.549, aprobada por el Congreso en 1998. Esa normativa es la que impide que sea la empresa sanitaria concesionaria la que financie esas obras con sus propias utilidades: Aguas Andinas obtuvo $701.705 millones desde 2010 a 2015(US$1.063 millones al valor actual).
Ese marco jurídico estableció una fórmula para tarificar los servicios sanitarios, la que permite incluir en la boleta mensual todos los gastos indispensables para suministrar el servicio, y a la vez, garantiza una utilidad mínima de 7% sobre el capital a las sanitarias (ver reportajes CIPER: “El negocio del agua: ley que rige hace 26 años asegura millonarias utilidades a sanitarias” y “El negocio del agua: los vacíos de la ley que disparan las millonarias ganancias de Aguas Andinas”).
Fernando Balcells, director de la Fundación Chile Ciudadano y hasta comienzos de año vicepresidente del Consejo Social de la SISS, criticó a Aguas Andinas y a la superintendencia por“el modo de financiar las inversiones a través de los usuarios y ojalá sin que éstos lo noten”. Las obras –dijo a CIPER- “debieran anticiparse a los cambios climáticos”, que ya gatillaron tres cortes masivos de agua potable: mayo de 2008, febrero de 2013 y abril de 2016.
Por los casos anteriores, Balcells opina que el último corte de suministro no puede calificarse como de fuerza mayor: “Lo que pasó estaba previsto; no hubo sorpresa. Hubo negligencia”. Las responsabilidades en lo ocurrido es lo que deberá resolver la investigación que realiza la SISS, la que según explicó el superintendente Gabriel Zamorano determinará si era inevitable que Aguas Andinas suspendiera la captación de aguas del Maipo, si operaron debidamente las obras que se habían construido en 2014 y si podría haber sido menos extenso el corte del suministro.

Río Maipo

En otro estudio –que no tiene plazo definido- también se abordará el Proyecto Alto Maipo. Tanto el intendente Orrego como la SISS dijeron a CIPER que no han recibido ninguna denuncia concreta sobre un escurrimiento de material hacia el río desde las faenas que realiza la empresa AES Gener en la construcción de la hidroeléctrica. Pero Balcells, la Conadecus y la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo sospechan que sí aportaron turbiedad al río.
El superintendente Zamorano reiteró a CIPER que por instrucción del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, iniciarán el estudio sobre el comportamiento de la Cuenca del Maipo:
-Esa investigación va por un carril paralelo a la investigación de la SISS al desempeño de Aguas Andinas en la emergencia. No cabe duda que el uso de suelo de una cuenca influye en la protección de las fuentes de agua potable y obviamente Alto Maipo es uno de los elementos que está en esa cuenca.

LAS MEDICIONES DE AGUAS ANDINAS

El jueves 14 de abril, la SISS instruyó a las empresas sanitarias que operan entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío adoptar “medidas operacionales y de infraestructura para mantener y asegurar la continuidad y calidad de los servicios de agua potable ante eventuales efectos del frente de mal tiempo pronosticado”.
El ahora vicepresidente de Aguas Andinas, Felipe Larraín –quien era presidente de la compañía durante la emergencia- explicó a CIPER por qué el corte de suministro había sido inevitable según la empresa. Recordó que en abril llovió en la Cuenca del Maipo a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando lo normal es que sobre los 2.500 metros solamente caiga nieve. Según los antecedentes de Aguas Andinas, la cuencatiene una superficie de 5.900 km2. En esta ocasión, aseguró Larraín, las precipitaciones abarcaron 3.200 km2, en circunstancias que lo habitual es que cubran 1.200 km2. De modo que, según el vicepresidente Larraín, toda esa agua fue a dar finalmente al río, cuyo caudal creció hasta 1.229 metros cúbicos por segundo.

Planta de Aguas Andinas, Las Vizcachas.

La lluvia sobre las montañas generó arrastre de piedras y derrumbes en las laderas, que multiplicaron la turbiedad del río Maipo, la que de acuerdo a las mediciones que realizó Aguas Andinas, alcanzó un máximo de 79 mil Unidades de Turbiedad (UNT) y 24 mil UNT en promedio.
La UNT resulta de medir la transparencia de un líquido ante la luz. Mientras más sedimentos en suspensión contenga, el valor de la turbiedad será mayor. La norma chilena obliga a que el agua potable tenga un máximo de 2 UNT. En Estados Unidos es de 1 UNT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que es peligroso beberla sobre 5 UNT.
El superintendente de la SISS dijo a CIPER que la turbiedad habitual del Maipo es entre 100 y 200 UNT. Esa agua se considera “cruda” y es tratada en las plantas de producción de agua potable de Las Vizcachas y La Florida, hasta convertirla en potable.
Pero las plantas están diseñadas para recibir el líquido hasta un límite de turbiedad, pues de lo contrario se llenan de barro que debe ser limpiado para volver a operar. “La planta (Vizcachas) podría tratar de 5 mil a 10 mil UNT en una condición más restringida. Sobre eso no es aconsejable ingresar el agua a las plantas. En esta oportunidad hubo un peak de 70 mil UNT y un periodo en que estuvieron las turbiedades en 30 mil y no bajaron”, indicó Gabriel Zamorano, quien dio la razón a Aguas Andinas: “Es más, si ingresara agua a la planta podría generar un daño y en vez de estar parada algunas horas estaría detenida una semana completa. Entonces, la decisión técnica que hay que tomar es que ya no se capta agua”.
CIPER solicitó a la SISS las mediciones detalladas de caudal y turbiedad del Maipo durante el frente de mal tiempo, pero la superintendencia se abstuvo de proporcionarlas hasta que concluya la investigación que inició sobre el corte del suministro.

LAS OBRAS QUE NO DIERON ABASTO

Para atender a las 50 comunas que comprende la concesión, Aguas Andinas debe producir en promedio 16.000 litros de agua potable por segundo (16 m3/seg.), que en verano suben hasta 20 m3/seg. Justamente para seguir produciendo agua potable, aunque no se pueda captar del caudal del Maipo en la toma que existe cerca de Las Vertientes, fue que Aguas Andinas construyó las obras por las cuales ya está cobrando a sus clientes.
Las instalaciones se diseñaron para enfrentar un “evento de turbiedad similar al histórico de mayo de 2008”, dice el Informe de tarificación de la SISS. Con ello se esperaba aumentar a 13 horas la capacidad de producir agua potable sin recibir líquido del río, tiempo que antes alcanzaba apenas a 3,3 horas. Consistieron en la construcción de 14 estanques para almacenar 225 mil m3 de agua no potable (cruda), más siete nuevos pozos subterráneos en La Pintana que iban a aportar 300 litros de agua por segundo. Esto es lo que se consideró para el alza de tarifa de 1,06% según el documento de la SISS. Adicionalmente, la empresa tendió una tubería de 5 km para unir el embalse El Yeso con el acueducto Laguna Negra, que corre paralelo al Maipo. De ese modo, 3,5 m3/seg. de agua de baja turbiedad pueden ser llevados desde El Yeso hasta la planta Las Vizcachas.
Desde Aguas Andinas se informó a CIPER que “las obras estuvieron operativas a fines de 2013 y han permitido enfrentar eventos de altas turbiedades sin comprometer el suministro de Santiago”. Pero no detallaron los “eventos de altas turbiedades” que enfrentaron.
Pero en enero de 2013 se comprobó que las nuevas obras eran insuficientes. “No estaban construidas, pero aun cuando lo hubieran estado, igual habría habido corte de agua potable”, dijo el superintendente Zamorano a CIPER. En todo caso, Zamorano apuntó que durante la reciente emergencia, Las Vizcachas siempre recibió agua por el acueducto y se mezcló con líquido más turbio para producir entre 6 y 10 m3/seg. de agua potable. Por eso es que algunas comunas tuvieron suministro.

¿TRANQUE O ESTANQUES?

Después del corte de 2013 -que duró tres días en algunos barrios pues la planta Las Vizcachas estuvo sin producir durante 18 horas- la SISS pidió a Aguas Andinas un nuevo plan de obras: la “Fase 2”. Según el superintendente Zamorano “corresponde a un tranque con capacidad para almacenar 1,5 millón de m3, comprometido para marzo de 2019. Ahí se tendrá 32 horas de autonomía respecto de lo que esté pasando en el río, lo que permitirá resistir sin cortes, como el de 2013 y el de ahora”.
Pero para Aguas Andinas no es un tranque, sino son seis estanques de hormigón, con capacidad para almacenar el 1,5 millón de m3 y una planta elevadora, todo en un predio de 72 hectáreas. La inversión será de US$90 millones, según la respuesta que la empresa dio a CIPER.
Consultada la compañía del por qué la obra será distinta al “tranque” que describe la SISS, desde Aguas Andinas se respondió que “inicialmente se pensó en esa posibilidad. Finalmente se llegó a una solución más operativa, menos intrusiva en el medio natural, segura, que son los seis estanques”.
En Aguas Andinas reconocieron a CIPER que en un comienzo la obra se proyectó para estar lista en 2017 en la medida en que se cumplieran condiciones como la expropiación del terreno y el proceso de evaluación ambiental, “cuyos plazos no dependen de nosotros”. Pero la expropiación se prolongó y hubo que revisar los plazos en conjunto con la SISS. Según se informó, los estaques estarán funcionando en 2019 “y se avanza de acuerdo a lo programado”.
Los cierto es que las obras aun no se inician en el predio ya expropiado en Pirque. Y tampoco Aguas Andinas ha ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA),el Estudio de Impacto Ambiental, trámite que se realizará en julio, según aseguraron en Aguas Andinas. Lo único que la sanitaria ya inició es el proceso de participación ciudadana.
-Pienso que Aguas Andinas va a cumplir el plazo y si no la empresa se expone a sanciones importantes –afirmó a CIPER el superintendente Zamorano.

SOLUCIONES DESECHADAS

Visto el avance de las obras, de lo que no hay duda es que si antes de 2019 se producen lluvias en la alta cordillera, similares a las de abril, inevitablemente volverán a secarse las cañerías de Santiago. Por esa razón, el intendente Orrego ya comunicó a la SISS su inquietud:
-Le hemos representado a la superintendencia nuestra preocupación porque nos damos cuenta que después de este último fenómeno, las inversiones que se han realizado no son suficientes, y si bien son de público conocimiento las situaciones excepcionales en que ocurre este corte, después de 2013 no es algo que alguien podía no sospechar”.

Claudio Orrego

Para Claudio Orrego llegó la hora de realizar inversiones que él llama “estructurales” y pide una actitud estatal más fuerte: “No sé si la solución es el tranque. Lo que resulta evidente es que lo hecho es insuficiente. Como autoridad es con lo que yo me quedo”.
Fernando Balcells, de Chile Ciudadano, opina que las obras de aseguramiento del agua debieron estar concebidas para saltarse el río en casos de turbiedad extrema: “No creo que las piscinas de acopio basten”.
Pero tanto la SISS como Aguas Andinas han desechado la solución de una tubería que sea capaz de llevar suficiente agua -16 m3/seg.- desde el embalse El Yeso hasta Las Vizcachas.
-Nos tiene que animar la prudencia porque todas estas inversiones tienen un impacto tarifario y no se trata de hacer obras que finalmente no van a operar y cargar eso a las personas y permitir a la empresa que rente sobre esas inversiones que no se justifican. La solución del tranque es más eficiente. La ciudad deLima lo tiene y ha andado bien –afirmó el superintendente Gabriel Zamorano.
En Aguas Andinas dijeron a CIPER que “el embalse El Yeso es una fuente vulnerable a la sequía, como quedó demostrado en los últimos años. Por lo tanto, concentrar toda la seguridad en una sola fuente no parece razonable”.
Para la SISS tampoco es una solución mejorar la planta Las Vizcachas:
-No es razonable caminar por ahí. Vizcachas tiene sus años, pero sus procesos son los mismos que se aplican en el mundo. Uno podría estrujar el lodo y sacarle el agua, pero a qué precio. Si la empresa viene con una súper tecnología que es carísima, yo en la tarifa (que pagan los clientes) le voy a aceptar un tranque, porque la normativa es que se tarifiquen solamente los costos indispensables para el servicio –afirma el superintendente Zamorano.
El ingeniero Humberto Peña, director de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica y ex director general de Aguas del MOP, dice que el problema mayor es que existe poca información sobre los fenómenos de sedimentación de los ríos chilenos producto del cambio climático, por lo que aun no es posible predecir su comportamiento:
-La turbiedad da saltos tan grandes que si hacemos una planta que pueda tratar 20 mil UNT, igual puede quedar detenida porque la turbiedad llega a 100 mil UNT. Si alguien hace un análisis cuidadoso podría concluir que la planta no es lo relevante, sino la capacidad de agua almacenada. Las preguntas que me haría es si necesito ampliar el abastecimiento de agua de pozos subterráneos y si es más eficiente construir un embalse de 5 millones de m3.

Gabriel Zamorano

CIPER preguntó al superintendente Zamorano si ya se están estudiando nuevos proyectos para dar seguridad de abastecimiento más allá de los futuros estanques de Pirque:
-En este momento no hay otras obras en el análisis. Tengo la impresión de que con las planificadas perfectamente pudimos haber pasado este último evento.
-¿Y qué ocurrirá si la alta turbiedad dura más de 32 horas?, consultó CIPER a Aguas Andinas.
La respuesta desde la empresa es que “no existen obras ni sistemas infalibles. Las obras Fase I y II cubren todos los eventos de turbiedad registrados a la fecha y se diseñan para cubrir eventos de una determinada intensidad y duración acordadas con la autoridad”.
En otras palabras, si la emergencia supera las 32 horas, es posible que se corte el agua potable.

Las platas políticas de Aguas Andinas

No solo los cortes de agua son un fantasma que pena a Aguas Andinas. Desde el año pasado la empresa también está apremiada por la investigación del financiamiento ilegal de la política. El Ministerio Público e Impuestos Internos detectaron en su contabilidad pagos por fuera de la vía legal del Servel a sociedades relacionadas con políticos: Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Laurence Golborne y también millonarios aportes a thinks tanks de todo el espectro ideológico (ver reportaje CIPER “Platas políticas: la generosa billetera de Aguas Andinas”).
En medio de estos cuestionamientos, Aguas Andinas realizó un abrupto cambio en su directorio en la Junta de Accionistas de abril de 2016. Dejó la presidencia de la compañía Felipe Larraín –quién pasó a ocupar la vicepresidencia- y asumió el máximo cargo el ex subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Eduardo Frei Rui-Tagle, Guillermo Pickering (DC), cuya firma quedó estampada en la ley que reforzó la privatización de las sanitarias, promulgada en 1998.
En 2009, Pickering fue coordinador del equipo programático de la campaña presidencial de Frei y posteriormente se vinculó a Aguas Andinas como presidente de la sanitaria ESSAL, que pertenece a la misma empresa. Hasta abril Pickering fue presidente de ANDESS, gremio que agrupa a las empresas sanitarias.
Siendo Aguas Andinas una empresa regulada por el Estado, cuya tarifa a los clientes se fija en una negociación con la SISS, la interrogante es si las platas políticas se habían incluido de alguna manera en el precio acordado con la autoridad.
El superintendente Gabriel Zamorano lo descartó: “Todos los antecedentes del último proceso tarifario son públicos y pueden ser revisados. Una cosa son los gastos reales de la empresa y otra son los gastos que la SISS le reconoce para entregar el servicio. En la negociación se hace una depuración de los gastos que presenta la sanitaria y se reconocen solo aquellos que establece la ley: los costos indispensables para proveer el servicio. Entonces, si en este conjunto de costos que la empresa presenta hay elementos que no responden a esa condición, se eliminan. Por eso, el nivel de gastos que va a la tarifa es significativamente inferior a los que la empresa tiene. Ella podrá gastar en lo que quiera, pero en cuanto a la SISS solo van a la tarifa los gastos necesarios para la prestación de servicios”.
*Fuente: CiperChile en Actualidad y Entrevistas

El articulo Aguas Andinas: US$10 millones han pagado los santiaguinos por obras que debían evitar el corte de agua apareció primero en piensaChile.

Litio: Las escandalosas fallas de la Comisión de Energía Nuclear que beneficiaron a SQM

Redacción piensaChile — Sun, 13 Mar 2016 01:27:49 +0000

CCHEN (Comisión Chilena de Energía Nuclear) NO CONTROLÓ EXPORTACIONES PARA EVITAR SU USO CON FINES NUCLEARES

10.03.2016

No solo la Corfo debe fiscalizar el negocio de SQM en el Salar de Atacama. También tiene ese rol la Comisión Chilena de Energía Nuclear para impedir que el litio se use para fusión nuclear. CIPER constató que esa comisión no exigió por años contratos ni información del destino final del litio que exporta la minera, violando así la norma. Como el contenido real de sus embarques tampoco fue fiscalizado, hoy no se sabe con certeza qué se exportó. CIPER halló en rutas de tráfico marítimo embarques de SQM que no existen en los registros de Aduanas, donde también figuran ventas a Corea del Norte.

La evidencia de que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) no cumplió su rol fiscalizador respecto de los contratos con los que el Estado le entregó en 1995 a Soquimich (SQM) 81 mil hectáreas del Salar de Atacama, para la explotación “exclusiva y excluyente” del litio y sus derivados, podría darle la estocada final al principal negocio de la minera controlada por Julio Ponce Lerou. El cúmulo de nuevas irregularidades detectadas por CIPER se suma a las que ya denunció la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y que dieron paso a una demanda de término anticipado de contrato, juicio arbitral que debe dirimir la Cámara de Comercio de Santiago antes de mayo.

Julio Ponce Lerou

El principal efecto de esa violación de los contratos –que podría provocar que Soquimich pierda la concesión que le fue entregada hasta 2030- habría significado para el Estado de Chile un daño patrimonial que podría llegar a los US$30 millones.
Ese es el negocio que SQM ve hoy amenazado y no por ser la empresa que más dinero repartió entre políticos de todo el espectro por vías ilegales. En 2014, la explotación del Salar de Atacama (litio y potasio, principalmente) representó el 39% de las ventas de la compañía y le generó ingresos por más de US$771 millones.
La investigación realizada por CIPER indica que, además de la Corfo, la otra institución que debía fiscalizar rigurosamente la explotación y comercialización de los productos que exporta SQM, específicamente del litio por su utilización como elemento de fusión nuclear, es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y no lo hizo.
En los hechos, SQM ha podido saltarse todos los controles que desde 1995 obligan a la minera a solicitar la autorización de la Cchen para vender y exportar el litio, reportando para ello el volumen, características técnicas (litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos), el comprador final y el uso que le dará éste al mineral.
El incumplimiento de estas obligaciones, según la norma oficial que data de 1995, es causal de revocación de la autorización para explotar el Salar de Atacama, potestad que está en manos de la Cchen. La indagación de CIPER constató que durante años SQM evadió la normativa con la complicidad pasiva de la propia Cchen que abandonó su rol fiscalizador. En los hechos, la práctica que se instaló fue que SQM incluso pedía la autorización de exportación a la Comisión Chilena de Energía Nuclear cuando ya el embarque de litio había zarpado de algún puerto chileno.
El correlato de irregularidades involucra también al Servicio Nacional de Aduanas, institución que debía ejercer el último control sobre la exportación del litio de SQM, exigiendo al momento del despacho del embarque el certificado de autorización de la Cchen. Tampoco lo hizo.
CIPER detectó que en la mayoría de las autorizaciones de exportación que pidió SQM a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la minera tampoco especificó con claridad ni el destinatario final del litio, ni para qué se usaría. “Se consignaba algo general, que se usaría para batería, vidrio y generalmente para ‘usos industriales’, concepto que abarca prácticamente todo”, señaló a CIPER un ex funcionario de la Cchen que pidió reserva de su identidad.
La no fiscalización de la Cchen sobre el volumen, el precio y el real producto que Soquimich estaba exportando en sus más de 6.500 embarques vendidos solo en la última década al extranjero, representa el principal problema para las autoridades del país. Y ello, porque la concesión de una parte del Salar de Atacama se le entregó a la minera bajo condición de que debía pagar al Estado el 5% de las ventas de litio y el 1,8% de otros minerales que extrae.
La Corfo tampoco supervisó que esos pagos se hicieran de acuerdo a la fórmula establecida en los contratos. Así lo dejó en claro la Contraloría en un dictamen del 19 de noviembre de 2013: “Se ha podido advertir que existió descuido por parte de la Corfo en la supervisión del acuerdo (…) pues recién le exigió rendición de cuentas del mandato conferido a dicha compañía en enero de 2013, en circunstancias que aquel fue otorgado en 1993“.
–El no cumplimiento de las condiciones a las que estaba obligada Soquimich, tiene eventualmente un daño patrimonial para el Estado chileno, porque se puede estar enviando productos que contienen elementos (de litio) que tienen un valor mucho más alto que lo que se exporta. Un ejemplo es la salmuera, cuyo valor de venta es muy menor si se toma en cuenta el valor que puede tener el litio que ésta contiene –señaló a CIPER el ex ministro y actual presidente del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Jaime Tohá (ver entrevista).
Para graficar el desorden en la fiscalización y en la información real sobre lo que ha exportado Soquimich durante 20 años –y sobre las comisiones que le correspondía recibir al Estado- basta citar un ejemplo. CIPER revisó registros oficiales entregados por Aduanas con todas las exportaciones de litio y sus subproductos realizadas por la minera en los últimos diez años (2005-2015). En ninguno de ellos se consigna un producto: “solución de cloruro de litio”. Lo extraño es que la propia minera reconoce haber exportado ese producto en varias oportunidades. Revisando distintas bases de datos de tráfico marítimo internacional, CIPER encontró que la “solución de cloruro de litio” ha sido enviada desde puertos chilenos por SQM en más de una oportunidad a China. Pero para Aduanas, esa exportación no existe.
Los coletazos que trae la pérdida del rastro de las exportaciones de SQM no se agotan allí. La principal tarea que le corresponde ejercer a la Cchen es cautelar que el litio –por razones “de interés y de seguridad nacional”– no sea utilizado “para fines de fusión nuclear”. Para ello, resultaba imperativo no perder de vista la trazabilidad del litio. No fue así. Esa omisión se convierte en un grave problema si se considera que en la última década SQM ha vendido más de 6.500 partidas de litio a cerca de 30 países, envíos fundamentalmente estimulados por la creciente demanda del mineral para su uso en las industrias productoras de baterías, vidrio, cerámica y aluminio.
Pero entre esos países también figuran potencias como Estados Unidos, China y Alemania, que desde hace varios años cuentan con reactores experimentales de fusión nuclear para generar energía de manera estable y controlada, algo que aún no es posible. La carrera por lograr energía a partir de la fusión de átomos, tal como lo hace el sol, está activa: el año pasado Alemania y China anunciaron avances sustantivos en la materia, los que se suman a los realizados desde hace 35 años por el ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), proyecto ubicado al sur de Francia que concentra los esfuerzos de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros.
Lo llamativo es que entre los compradores de litio de SQM también aparecen naciones bajo sospecha de realizar experimentos de fusión nuclear con fines bélicos, al margen de toda normativa internacional. Una de ellas es Corea del Norte, sujeta al régimen totalitario de Kim Yong Un.

UN ACTOR CLAVE

Según los contratos firmados en 1993 y 1995, la fiscalización del cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se le entregó la explotación del Salar de Atacama a SQM, no se agotaban en la Corfo. Por tratarse de un material de interés nuclear, se estipuló que fuese la Comisión Chilena de Energía Nuclear la que regulara la explotación y comercialización del litio. El objetivo: impedir que el mineral fuese utilizado para fusión nuclear.
Por esa razón, es la Cchen el organismo público que fija las cuotas de litio que SQM está autorizada a extraer (180.100 toneladas como volumen máximo al término de la concesión en 2030), a exportar y además determina el calendario de ventas anuales.
La potestad de la Comisión de Energía Nuclear quedó consagrada en una resolución que dictó la propia comisión el 10 de octubre de 1995. A la luz del conflicto actual que mantiene Corfo con SQM, el acuerdo N°1.576 de la Cchen –al que tuvo acceso CIPER– resulta clave. Allí se establece:

Sede CCHEN en Santiago centro

“Cualquier acto jurídico que celebre la sociedad sobre litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos, deberá ser previamente autorizado por la comisión. Así la sociedad deberá someter a la comisión los contratos de venta y otros actos jurídicos sobre litio extraído… que celebre con cargo a la presente autorización… Para esos efectos deberán comunicar anticipadamente los siguientes datos: volumen y características técnicas; precio de venta; comprador y uso final”.
El mismo acuerdo estableció que esa comisión se reservaba la facultad de fiscalizar el cumplimiento por parte de SQM “de las condiciones que rigen la autorización, incluso con inspecciones discrecionales en terreno”. A lo que se agregó la facultad de “revocar la autorización en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el Estado de Chile, si a su juicio no se diera cumplimiento íntegro y oportuno a las condiciones bajo las cuales la autorización se ha acordado” (ver acuerdo).
Lo que no tiene explicación es por qué habiendo transcurrido casi dos años de la demanda interpuesta por la Corfo para darle término anticipado al contrato con SQM por evidente perjuicio al Estado, no se haya ni mencionado ni menos interpelado a la Comisión Chilena de Energía Nuclear por el importante rol que le corresponde.
Cuando en octubre pasado, CIPER demandó de la Cchen su versión sobre la falta de fiscalización realizada a las exportaciones de Soquimich, la respuesta del entonces jefe de Asuntos Jurídicos,Luis Frangini Norris, fue: “En el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones fijadas a las empresas explotadoras de litio, la Cchen efectúa exhaustivos controles documentales y, cuando lo estima pertinente, solicita información adicional” (ver respuesta). Frangini agregó que la Cchen había recibido respuestas en los plazos legales y que, en conclusión, todo estaba en orden.
La investigación de CIPER indica que los dichos de Frangini -funcionario nombrado en calidad de inamovible en 1976 en el régimen de Augusto Pinochet y desvinculado en enero de 2016-, no se ajustan a la verdad. A la misma conclusión había llegado tres meses antes de la respuesta de Frangini a CIPER el recién asumido presidente del consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Jaime Tohá. En julio de 2015, Tohá encabezó una reunión del consejo directivo donde presentó el resultado de la primera investigación realizada al cumplimiento del rol fiscalizador de esa comisión respecto de las exportaciones de Soquimich. Hubo estupor.

LA INQUIETUD DE TOHÁ

El 17 de julio de 2015 tuvo lugar esa reunión clave en la Cchen. La presidió el ex ministro Jaime Tohá González; y contó con la participación de su vicepresidente, el general (r) de Ejército Julio Baeza Von Bohlen y los consejeros: el capitán de corbeta Francisco Mackay Imboden, el general del aire Álvaro Aguirre Warden, Jorge Zanelli Iglesias (por el Ministerio de Energía) y Tito Pizarro Quevedo (por el Ministerio de Salud). También asistieron Rosamel Muñoz Quintana, quien ha ocupado distintos cargos de importancia en la Cchen desde que fue nombrado en 1976 –al igual que Frangini- y que en ese momento era director ejecutivo subrogante; y la fiscal del Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica del organismo, Gloria Zárate Pérez.
Semanas antes de esa reunión, la Corfo había rechazado una propuesta de conciliación con SQM en el juicio arbitral. El tema del litio –dijo Tohá- “se está posicionando en la opinión pública, es posible que a futuro se solicite una posición institucional”. Así quedó consignado en el acta de la sesión (ver acta).
El consejo hizo una verdadera autopsia a los procedimientos realizados respecto de Soquimich. El marco era claro: si se había cumplido o no con el acuerdo del 10 de octubre de 1995. El presidente del consejo directivo, que había asumido recién en noviembre de 2014, se mostró inquieto. Tal como reconoció en esa reunión, las autorizaciones de exportación que hacía la Cchen se habían transformado “en un acto rutinario”.
El crudo diagnóstico de Tohá dio paso a una propuesta: “Se debe instruir al director ejecutivo para que se elabore un procedimiento para las autorizaciones (de exportación), que contenga temas como el usuario final y uso que se le dará al litio en el exterior. El tema es cómo garantizar el uso final del litio”.
Las palabras de Tohá son la constatación de que no se habían cumplido las obligaciones asumidas por la Cchen 20 años atrás y que fueron consagradas en el acuerdo del 10 de octubre de 1995. El control de daños se puso en marcha.

INTRAZABLE

Si bien el acta de esa sesión del consejo directivo de la Cchen indica que los consejeros concluyeron que no había dolo en el cumplimiento de su rol fiscalizador, los antecedentes que tuvieron a la vista indican exactamente lo contrario. Porque una de las primeras constataciones fue que era difícil “trazar el uso final del litio una vez exportado”. Lo que no dice el acta son las razones de esa “dificultad”.
La investigación de CIPER arroja que hasta hace solo algunos meses, las autorizaciones de exportación que otorgó la Cchen a Soquimich se avalaron en la siguiente frase: “teniendo a la vista el informe positivo del Grupo del Litio(de la Cchen)…”. El problema es que desde hace mucho tiempo ese supuesto “Grupo del Litio” no existe. Pero se siguió utilizando la fórmula.
El segundo problema es que en la Cchen se optó –nadie sabe hoy por orden de quién- por no pedirle a Soquimich los contratos de sus exportaciones con la debida antelación. Una obligación importante, porque esa es la única forma de garantizar quién es el comprador del litio y el uso que le dará al mineral. Aduanas también optó por no pedir el certificado de la Cchen, y fue así como una parte de las exportaciones de SQM salió del país burlando los controles establecidos.
La situación se complica aún más, porque en esos contratos de venta de SQM muchas veces figuraba como comprador un intermediario o broker, el que luego revendía la producción sin que quedara registro del comprador final.
Lo grave es que el acuerdo de octubre de 1995 que le confirió a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la obligación de hacer un acucioso seguimiento de las exportaciones de SQM, fue uno de los pocos resguardos que tomó el Estado antes de traspasar el control del Salar de Atacama a la minera.
El abandono de deberes de la Cchen no solo podría tener implicancias internas. En 1995, Chile adscribió al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares de Naciones Unidas (TNP, vigente desde 1970), el que obliga a los estados miembros a “no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos (…) con miras a impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas nucleares” (ver documento).
La pérdida del rastro de las exportaciones de SQM deja caer un manto de dudas respecto del real cumplimiento del compromiso asumido por Chile en el marco de este tratado. Dudas que toman fuerza a la luz de las cifras de exportación de litio de SQM Salar: entre 2005 y 2015 Soquimich ha hecho más de 6.500 envíos de productos de litio a 30 países de Europa, América y Asia.
Los registros de Aduanas a los que accedió CIPER, con todas las partidas del litio exportado por SQM Salar, indican que en el lapso de esos 10 años los mayores compradores del mineral han sidoBélgica, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y China.
Pero entre los países receptores de la producción de la minera se encuentra también Corea del Norte (al margen del TNP desde 2003), país que hace poco anunció haber “culminado exitosamente” sus primeras pruebas nucleares utilizando una bomba de hidrógeno (“Bomba H” o termonuclear), uno de cuyos componentes –el Litio-6– se consigue purificando litio.
La noticia despertó el escepticismo de la comunidad internacional que aún duda de si Corea del Norte es poseedora o no de esa tecnología que –a diferencia de la bomba atómica que funciona en base fisión nuclear (separación de un átomo)– responde a un complejo proceso de fusión de átomos y es capaz de liberar una energía destructiva mucho mayor (Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra ya han realizado pruebas con bombas de hidrógeno).
En la última década SQM ha despachado dos embarques con destino a Pyongyang, capital de Corea del Norte. El primero salió del puerto de Iquique el 2 de mayo de 2005 con 10 toneladas de carbonato de litio; y el segundo, del puerto de Angamos (Región de Antofagasta), el 30 de marzo de 2012 con 96 toneladas de carbonato de litio. El valor de ambas exportaciones sumó poco más deUS$ 430 mil.
Aunque el carbonato de litio no es útil para propósitos nucleares, la duda persiste ya que otra de las irregularidades detectadas por CIPER en su investigación es que, en la práctica, el contenido de los embarques de SQM no es fiscalizado. Para obtener Litio-6 se ha utilizado más frecuentementehidróxido de litio, otro de los subproductos del mineral que vende SQM. La base de datos de Aduanas no registra exportaciones de hidróxido de litio a Corea del Norte.
Sí registra ventas de ese producto a India, nación que no ha firmado el TNP y desde la década de los ‘80 ha ejecutado pruebas atómicas. Entre 2005 y 2012, SQM Salar ha hecho envíos a India por más de 2.300 toneladas de hidróxido de litio, según los registros de Aduanas. En diciembre pasado, un artículo de la prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy reveló que desde 2012 el país asiático se encuentra construyendo en secreto un complejo militar para el desarrollo de armamento nuclear, incluyendo la temible bomba de hidrógeno.

ATRIBUCIONES CONFUSAS

Las dificultades para dar cumplimiento al mandato de octubre de 1995 respecto de la trazabilidad de las exportaciones de SQM, no fue lo único que encendió las alarmas en la sesión de consejo de la Cchen del 17 de julio de 2015. Se recordó además que una de las disposiciones del acuerdo N°1.576 de 1995 recomendaba de “manera imperiosa ubicar zonas de retorno de las salmueras residuales y sales de descarte al salar de manera que el litio contenido en ellas sea técnica u económicamente factible recuperarlo”.
En esa reunión, Jaime Tohá advirtió sobre la urgencia de realizar fiscalizaciones en terreno. “La Cchen debiera estar en condiciones de tomar muestras de salmuera y hacer los análisis químicos”, señaló. El general (r) Julio Baeza fue más explícito aún en su diagnóstico, y reconoció la existencia de “una zona gris” que impide conocer con certeza “hasta dónde llega el control de lo extraído y cómo se produce la reinyección”.

Salar de Atacama

Fue la constatación de esos graves vacíos lo que llevó al consejo directivo del organismo a ordenar un estudio en Derecho que abordara las “atribuciones legales de la Comisión Chilena de Energía Nuclear relacionadas con el litio”. El informe fue elaborado por el abogado experto en derecho mineroWinston Alburquenque, del estudio Vergara Galindo Correa, y fue entregado a la Cchen el 29 de diciembre de 2015 (ver informe).
Casi un mes después de la sesión del 17 de julio de 2015, la Cchen creó un Grupo del Litio para trabajar en “el cumplimiento de las atribuciones legales de la Cchen sobre el litio, como es la elaboración de procedimientos, y pronunciarse sobre las solicitudes de venta, previo a la autorización” (ver acuerdo). Es decir, recién en agosto de 2015 la Cchen creó el llamado Grupo del Litio, al que durante años se hizo referencia en las autorizaciones de las exportaciones de SQM.
Según la indagación de CIPER, en septiembre de 2015, SQM tomó conocimiento de que sus exportaciones estarían ahora sometidas a los controles que quedaron estipulados hace 20 años en el acuerdo de 1995 de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

LA VISITA DE VON APPEN

El 7 de octubre de 2015 llegó a las oficinas de la Cchen, en calle Amunátegui 95 (Santiago), una visita poco usual: el propietario de Ultramar y desde 2005 director de Soquimich, Wolf von Appen.El empresario concurrió en calidad de “gestor de intereses” de SQM. Allí lo esperaba Jaime Tohá. Según quedó registrado en la plataforma de lobby del organismo, en la reunión Von Appen le manifestó a Tohá su disposición “para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el acuerdo de consejo vigente” (el acuerdo de 1995 con el que la Cchen debía asegurar la trazabilidad del mineral).

Wolf von Appen

La visita de Von Appen fue parte de una intensa agenda de reuniones que el director de SQM sostuvo con distintas autoridades de gobierno intentando frenar la demanda arbitral de Corfo. Una semana después, el 14 de octubre, el alto mando de SQM volvió a tocar las puertas de la Cchen. Esta vez fue su gerente general,Patricio de Solminihac, quien se apersonó en Amunátegui 95 para reunirse con su entonces director ejecutivo (s),Rosamel Muñoz Quintana (quien al igual que Luis Frangini fue desvinculado de la Cchen en enero de este año).
De Solminihac llegó con una propuesta bajo el brazo. Según consigna el registro de la plataforma de lobby, ésta contenía la “información que SQM enviará a la Cchen para responder a las obligaciones que la empresa tiene que cumplir de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas, establecidas en el acuerdo del Consejo Directivo de la Cchen N° 1.576 del 10 de octubre de 1995” (ver registro de audiencia).
No hay registro de qué explicación se dio para que recién solo 20 años después de la firma del contrato, SQM y la Cchen se preocuparan por su cumplimiento.

ADUANAS: EL TERCERO INVOLUCRADO

Poco antes de la junta entre Von Appen y Tohá, la Cchen había iniciado una ronda de reuniones con el Servicio Nacional de Aduanas, las que se extendieron hasta noviembre de 2015. En total fueron seis reuniones en menos de dos meses (7 de septiembre al 3 de noviembre) y su objetivo fue siempre el mismo: “analizar algunas materias relacionadas con el litio”. En todas ellas participó Rosamel Muñoz por la Cchen, personal de Aduanas y en las dos últimas se integraron representantes de la Corfo.
La información recogida por CIPER indica que en esas reuniones se habrían cotejado las bases de datos de la Cchen y de Aduanas con los envíos de litio de SQM para homologar procedimientos entre ambas instituciones respecto de las exportaciones.
Funcionarios de Aduanas consultados por CIPER, señalaron que en los puertos de salida que utiliza SQM -Tocopilla, Antofagasta, Iquique, entre otros- son escasas las comprobaciones en terreno de los productos que exporta la minera. Y ello, porque los controles se realizan a posteriori en función de matrices de riesgo, metodología con la que en 2013 ese servicio logró fiscalizar apenas el 2% de las exportaciones de minerales, el litio entre ellos.
Un ex fiscalizador de Aduanas, quien pidió reserva de su identidad, y que realizó controles aduaneros en al menos tres puertos a las exportaciones de Soquimich, dijo a CIPER que mientras se desempeñó no existía certeza respecto de la concentración real de litio presente en los embarques de la llamada “solución de cloruro de litio”, materia prima para el carbonato de litio, hidróxido y litio metálico.
CIPER corroboró que recién en diciembre de 2014 Aduanas emitió la Resolución 7.258 sobre el control de las exportaciones de cobre y otros minerales, la que mejoró los procedimientos que existían desde 1999. La nueva normativa obliga a las empresas mineras a “adjuntar un certificado de análisis que señale la ley de todos los elementos pagables y penalizables“. Los certificados son expedidos por laboratorios inscritos en el Instituto Nacional de Normalización.
Pero los nuevos controles fueron resistidos por la plana mayor de SQM. De hecho, en julio de 2015, la minera presentó una solicitud para que Aduanas dejara de considerar a ciertos subproductos del litio como “productos mineros“. En los hechos, eso implicaba que sus embarques de carbonato de litio e hidróxido de litio estarían eximidos de presentar un certificado indicando las calidades del mineral exportado (la ley).
La solicitud de SQM –firmada por la gerenta de Asuntos Regulatorios, Beatriz Oelkers– revela de paso que incluso después de haberse dictado la nueva normativa de Aduanas, que exigía acompañar sus exportaciones con un certificado indicando la calidad del mineral vendido, SQM no lo hizo. En el mismo documento, Oelkers pide que se exima de responsabilidad al agente de aduanas que daba servicio a SQM, Jorge Stephens, a quien se le levantaron cargos por no haber dado cumplimiento a las nuevas exigencias instruidas en la resolución de diciembre de 2014 (ver solicitud de SQM).
En septiembre de 2015, Aduanas rechazó la solicitud de SQM firmada por Oelkers. El entonces director -Gonzalo Pereira- argumentó: “Con la finalidad de contar con mayores antecedentes para realizar la fiscalización del producto minero que se está declarando y que corresponda con la mercancía que efectivamente está saliendo del país, los exportadores tienen la obligación de informar, de manera consistente y completa, todos los contenidos y especificaciones técnicas de los productos mineros que salen del país” (ver respuesta de Aduanas).

CAMINO A JIUJIANG

La sucesión de reuniones entre Aduanas, la Cchen y Corfo comenzó pocos meses después de que, en julio de 2015 y a petición del diputado Alberto Robles (PR), la Cámara de Diputados oficiara al servicio aduanero pidiéndole el registro de las exportaciones de litio de SQM. Paralelamente también se ofició a la Cchen para que diera cuenta de “su rol legal respecto del recurso litio”.
Tras recibir los antecedentes, el diputado Robles solicitó al Ministerio Público que abriera una investigación contra SQM por eventual fraude al Fisco por la presunta venta fraudulenta de “solución de cloruro de litio” (o salmuera de cloruro de litio). Según el diputado, la minera no cuenta con autorización para exportar ese producto. SQM refutó la acusación de Robles en un comunicado emitido el 25 de noviembre de 2015, en el que señala que sí está autorizada la venta de ese producto y que la primera solicitud ante la Cchen para exportarlo data de 2004 (ver comunicado).
CIPER solicitó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear -vía Ley de Transparencia- todas las autorizaciones a las exportaciones de SQM de litio y sus subproductos. La minera se opuso a que se nos entregara la información. Para corroborar si efectivamente la minera había vendido “solución de cloruro de litio”, CIPER revisó entonces los registros de Aduanas entre 2005 y 2015 buscando el código arancelario con el que el propio servicio clasifica este producto: el N° 2530.9000 (ver dictamen de clasificación).
Revisados los registros oficiales de Aduanas de los más de 6.500 envíos hechos por SQM a una treintena de países en esos diez años, solo figura la exportación de tres productos: carbonato de litio (código arancelario N° 2836.9100), hidróxido de litio (código arancelario N° 2825.2000) ycloruro de litio (código arancelario N° 2827.3930).
En vista de la contradicción entre lo informado por SQM y los registros de Aduanas, CIPER revisó distintas bases de datos de tráfico marítimo internacional. Y allí consta la venta y envío por parte de SQM de “solución de cloruro de litio”. Un ejemplo de ello son dos embarques con cerca de 650 toneladas del producto que arribaron al puerto fluvial de la provincia de Jiujiang, en China, en dos partidas: el 11 y el 18 de febrero de 2011 (ver documento).
El comprador de esas partidas de “solución de cloruro de litio” fue Fengxin Ganfeng Lithium Co.,una de las más grandes productoras de carbonato, hidróxido y cloruro de litio en China y cuyos productos se exportan a Corea del Sur, India, Alemania, Estados Unidos y Holanda. PeroFengxin Ganfeng Lithium es también uno de los muchos clientes de SQM Salar que actúan como broker o intermediarias. Justamente el tipo de comprador que hace perder la trazabilidad de las exportaciones sin que se conozca finalmente quiénes usan y para qué el litio que se extrae del Salar de Atacama.
El desorden y la falta de control que constató CIPER respecto de los compromisos contraídos por Soquimich para explotar una parte del Salar de Atacama, dejan en evidencia el abandono de deberes tanto de la Corfo como de la Cchen. Y también el perjuicio provocado al Estado por la violación de los contratos por parte de SQM. Los expertos en la materia que CIPER consultó coinciden en que las evidencias recogidas reúnen las causales para que la Corfo le ponga fin anticipado al contrato con SQM, decisión que resolverá el juicio arbitral antes de mayo.
Los nuevos antecedentes recogidos en esta investigación, también podrían gatillar que la Comisión Chilena de Energía Nuclear –por una vía paralela- y de acuerdo a su potestad, abra el expediente de expropiación.

JAIME TOHÁ, PRESIDENTE DE LA CCHEN:

“NO HA HABIDO CONTROL ABSOLUTO DE QUIÉN ES EL USUARIO FINAL DEL LITIO”

Jaime Tohá

-La investigación que CIPER ha realizado indica que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) no ha fiscalizado como debía las exportaciones de Soquimich. Usted llegó a presidir su directorio en noviembre de 2014, ¿qué pasó hacia atrás?, ¿con qué se encontró cuándo llegó?
Cuando se recabó información por parte de esta presidencia se pudo constatar que las autorizaciones tenían un carácter rutinario. Y que no siempre esa empresa (SQM) había entregado toda la documentación que debía exigirse de acuerdo a las condiciones con que fueron autorizadas sus operaciones productivas y comerciales. El tema de losbrokers lo estamos resolviendo. Nosotros hemos señalado que no es más aceptable que la autorización diga que SQM le vende sus productos a un broker. Tiene que quedar consignado su uso final. Evidentemente, en la medida en que en el pasado han aparecido brokers como el destinatario final, ahí no ha habido un control absoluto de quién es el usuario final. Eso hoy está subsanado.
-¿Qué rol debe cumplir la Cchen en materia de explotación y comercialización del litio que SQM extrae del Salar de Atacama?
En primer lugar, asegurarse que se haga un manejo apropiado de los salares. En segundo lugar, garantizar a través del envío oportuno de los contratos por parte de SQM, que el usuario final del litio lo va a dedicar a usos que están permitidos por la legislación internacional y la chilena: es decir, que no lo utilice para fines nucleares. Hay que controlar y monitorear el precio de venta, que de alguna manera es un elemento complementario en la certificación de cuál es el uso final.
Ahora, en estas materias, por razones prácticas, el control que hace la Cchen tiene que ser necesariamente documental, en términos que se nos tienen que exhibir los contratos y otros documentos mercantiles que nos lleven a tener la certeza de cuál es el usuario final. Y en caso que haya incumplimiento, esto llega naturalmente hasta la posibilidad de ponerle fin a la autorización. E incluso, la legislación prevé que la Cchen puede proponer al gobierno la expropiación de las instalaciones productivas y comerciales.
-Es decir, el término anticipado del contrato con Soquimich…
Son dos cosas distintas, uno es el término de la autorización para la explotación y otro es la posibilidad –lo que no está sobre la mesa en este momento– de proponer un decreto de expropiación.
-¿Qué efecto tiene esa falta de fiscalización para el interés del Estado, sobre los pagos trimestrales que debía hacer SQM al Estado chileno, además de una renta anual?
Bueno, naturalmente eso no es potestad de la Cchen, pero indirectamente el no cumplimiento de las condiciones tiene eventualmente un daño patrimonial para el Estado chileno, porque se pueden estar exportando productos que contienen elementos de litio que tienen un valor mucho más alto que el producto que se está vendiendo.
-¿Puede dar un ejemplo?
La salmuera, cuyo valor de venta es muy menor si se toma en cuenta el valor que puede tener el litio que ésta contiene. Y como SQM está pagando una tasa sobre el valor de venta, ahí hay un daño patrimonial para el Estado chileno. Por esa razón, interesa conocer -en coordinación con Aduanas- cómo está sucediendo exactamente el proceso de exportación de salmuera que contiene litio. Y ese es un trabajo que estamos profundizando. Hemos creado una unidad de litio dentro de la comisión, cosa que ojalá hubiera existido desde siempre. Ahora es absolutamente imperioso, de manera que vamos a poder garantizar que realmente se cumplan a cabalidad las condiciones bajo las cuales se autorizó la explotación y comercialización del litio.
-¿Existe alguna explicación de por qué no quedan registradas en Aduanas algunas partidas de litio que se sabe han sido exportadas por SQM, como la “solución de cloruro de litio”?
No, no quisiera hablar a nombre de Aduanas. Solo decir que estamos haciendo un trabajo conjunto para poder homologar apropiadamente los criterios que ellos y nosotros usamos de acuerdo a lo que la legislación establece, de modo que ya estamos muy cerca de tener una homologación total, un elemento de control muy efectivo.
-¿Es posible que durante todo este tiempo en que no hubo fiscalización ni controles se haya exportado productos de litio que no son tales y que estos productos hayan salido con otro nombre y código?
Nosotros no tenemos la seguridad de que no haya ocurrido algo así.
-Cuando dice que están homologando ahora los procedimientos con Aduanas, ¿quiere decir que esa homologación no existía antes?
Las distintas administraciones de Aduanas y las de la Cchen han tenido criterios que no han sido uniformes en el tiempo, entonces parece que hubo un tiempo en que Aduanas sí procesaba los documentos de autorización nuestros y periodos en que no. Ahora lo importante es que hemos llegado a la conclusión de que eso no puede funcionar así.
-Eso significa que Aduanas no debiera dejar salir productos que no tienen la autorización de la Cchen…
No debiera dejarlos salir.
-Y lo ha hecho…
Pudo haberlo hecho.
– Según los contratos, la salmuera residual debe volver a los acuíferos para asegurar la sustentabilidad del Salar de Atacama. ¿Quién fiscaliza que eso suceda?
Entre las atribuciones de la Cchen está realizar inspecciones en terreno para velar porque un producto de valor e interés nuclear, como es el litio, esté siendo explotado racionalmente, no se estén provocando pérdidas, y se esté haciendo un manejo de los salares que implique la reinyección, para que pueda haber una recuperación apropiada del mismo. En esa materia, estamos desarrollando una labor creciente. En diciembre de 2015 fue al Salar de Atacama una delegación importante formada por consejeros y profesionales de esta comisión para comenzar…, o retomar una labor de monitoreo en terreno que vamos a ir profundizando en la medida que vayamos teniendo los recursos.
-¿Hace cuánto no se hacían inspecciones a terreno?
Bastante.
*Fuente: Ciper Chile en Reportajes de investigación

El articulo Litio: Las escandalosas fallas de la Comisión de Energía Nuclear que beneficiaron a SQM apareció primero en piensaChile.

Grave falla en la red del Minsal (Entel) dejó expuesta información confidencial de pacientes

Redacción piensaChile — Sat, 05 Mar 2016 14:40:41 +0000

05.03.2016

Pacientes con VIH, mujeres que pidieron la píldora del día después, enfermos mentales. Todos con nombre, RUT y domicilio estaban disponibles hasta el viernes 4 de marzo en la plataforma computacional del Ministerio de Salud. Cualquiera de sus 100 mil funcionarios, e incluso externos, podían acceder a esa información privada. Se trata de la peor vulneración de la seguridad informática en salud, pues hubo al menos 3 millones de archivos desprotegidos durante meses. Lo grave es que la falla se alertó hace 10 meses. Ni la seguridad del Minsal ni ENTEL, empresa que presta el servicio de la red, actuaron.

El 28 de abril de 2014, una joven de 19 años acudió a un centro médico del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). Había sido abusada sexualmente el día anterior y solicitóLevonorgestrel, comúnmente conocida como la pastilla del día después. Le entregaron dos dosis de 0,75mg cada una. La primera se la tomó en el lugar y la segunda tenía que ingerirla 12 horas después. El registro de esa consulta quedó alojado en la red informática del Ministerio de Salud (Minsal), junto a los nombres y datos personales de todas las mujeres que solicitaron la misma píldora desde 2012 a 2015 en ese establecimiento y en otros a lo largo del país.
El registro lleva el nombre de la paciente, su RUT, domicilio, descripción del caso y el medicamento entregado. Son todos antecedentes personales de máxima privacidad, que debieran haber estado encriptados o disponibles solo y rigurosamente para los funcionarios autorizados para consultar esa sensible información.
No fue así. Porque la red informática interna del Minsal estuvo a disposición de los funcionarios que quisieran ingresar a esos archivos hasta la noche del viernes 4 de marzo. El universo de quienes podían acceder a las llamadas “carpetas compartidas” de la red computacional de Salud, incluye a cerca de 100 mil personas, más los empleados de los consultorios desde Arica a Magallanes.

Ministra de Salud, Carmen Castillo

CIPER descubrió esta grave situación y en la tarde del viernes 4 de marzo concurrió al despacho de la ministra de Salud, Carmen Castillo, y le informó de la falla de seguridad que presentaba la red informática de su cartera. Una vulnerabilidad que, tal como lo constató CIPER haciendo pruebas desde tres puntos distintos, incluye que se podía ingresar a esas “carpetas compartidas” desde fuera de los establecimientos de Salud, ya que hay computadores del ministerio y centros de atención que tienen instalados un programa de acceso remoto.
En efecto, algunos computadores de la red de Salud tienen instalados programas, comoTeamviewer, que permiten ingresar al ordenador –y así a la red del Minsal- desde fuera de los establecimientos hospitalarios y desde cualquier lugar de Chile o el mundo.
En el mismo despacho de la ministra, CIPER hizo las pruebas que demostraron que la red era vulnerable. La ministra Carmen Castillo se mostró consternada por la situación y ordenó de inmediato a los equipos técnicos del Minsal bloquear los archivos, al tiempo que afirmó que adoptará “todas las medidas técnicas, administrativas y legales” para proteger la información privada de los pacientes.
CIPER se comprometió a esperar que el Minsal pudiera al menos bloquear el acceso a las “carpetas compartidas” antes de publicar lo ocurrido, para así evitar una entrada masiva a esa información privada y altamente sensible. Lo que sí se nos aseguró fue que al menos las fichas electrónicas de los usuarios –que contienen la información completa de los pacientes- no están comprometidas en esta brecha de seguridad, porque requieren claves para acceder.
CIPER cumplió su compromiso y las medidas adoptadas por la ministra Carmen Castillo ya están en ejecución (ver minuta).

TRES MILLONES DE ARCHIVOS

En la indagación realizada por CIPER a los accesos que estaban disponibles para los funcionarios del Minsal que quisieran ingresar, pudimos constatar que los datos de las mujeres que pidieron la pastilla del día después no eran los únicos que estaban sin resguardo. Había al menos tres millones de archivos contenidos en las “carpetas compartidas”, con todo tipo de información sobre personas, funcionarios, exámenes de laboratorio, biopsias, proyectos, programas, sumarios, etc.
Durante la investigación, CIPER presenció cómo un funcionario ingresaba a distintos computadores y servidores de la red sin ninguna restricción, llegando a tener acceso a carpetas que se supone son de alta privacidad. Porque entre los archivos a los que el funcionario pudo acceder sin problemas estaban los registros de pacientes con VIH, cáncer, problemas de salud mental y procedimientos de abortos a nivel nacional. La falla en la seguridad de la red informática había dejado toda esa información expuesta a posibles filtraciones o usos indebidos.
Para dilucidar la magnitud y la extensión de la falla de seguridad, CIPER ingresó a la red de salud desde tres puntos distintos en la Región Metropolitana. Y en cada ocasión pudimos confirmar que en todos ellos se podía acceder a las “carpetas compartidas”.
El proveedor del servicio de internet de salud es ENTEL, empresa que fue contratada a través de trato directo –sin licitación pública- en 2013 por el Minsal para construir la red y realizar su mantención durante ocho años. Todo por un costo anual de 605.472 UF (valor UF actual), unos $15.576 millones (ver documento).
De acuerdo a las bases utilizadas para la licitación que originalmente fue declarada desierta, ENTEL tiene la obligación de velar por la “Prevención de Fuga de Información”, “ofreciendo la opción para definir reglas que permitan analizar los distintos archivos que circulan a través de la red en búsqueda de información confidencial”, especificando tipo de archivo y protocolo a seguir en caso de la detección de una posible fuga (ver documento).
La brecha de seguridad detectada por CIPER indica que los compromisos contraídos a partir de las bases de la licitación no se cumplieron. Porque la falla vulneró completamente el llamado Sistema de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud y violó las 44 Resoluciones Exentas dictadas con normas específicas para proteger los antecedentes de los pacientes.
Lo más inquietante es que la información contenida en esos tres millones de archivos alojados en las “carpetas compartidas” estaba accesible y despojada de todo circuito de seguridad desde hacía por lo menos un año. Lo grave es que la investigación de CIPER corroboró que el riesgo había sido puesto en conocimiento de algunas jefaturas de seguridad informática del ministerio hace meses. Y a pesar de ello, no se adoptó ninguna medida.
Por esa razón, el Ministerio de Salud abrirá una investigación sumaria a nivel central y en los servicios descentralizados para establecer responsabilidades.

CÓMO SE VULNERÓ LA RED

El Ministerio de Salud tiene entre sus planes estratégicos la llamada “e-salud”, que busca fortalecer la atención “garantizando el intercambio de información entre los diferentes establecimientos, instituciones y proveedores”. Para ello, se desarrolló la red informática con ENTEL que abarca más de 1.500 establecimientos de salud en todo el país. Como la seguridad es el gran problema de estos sistemas, porque se ingresa allí información altamente sensible de los ciudadanos, uno de los puntos revelantes que se incluyó en el contrato con ENTEL fue el resguardo de estos registros.
La investigación del Minsal deberá dilucidar cómo fue que la decisión de compartir la información alojada en las llamadas “carpetas compartidas” quedó librada a cualquier usuario de la red, sin restringir el acceso a través de una clave secreta u otro filtro. Porque fue así como esos archivos fueron quedando a disposición de quien ingresara a la plataforma, pudiendo copiar, modificar y hasta borrar el documento.

La vulnerabilidad detectada, y ahora corregida, se refiere a las llamadas “carpetas compartidas”, cuyo manejo está regulado en la Resolución 1.157 del 29 de diciembre de 2014. Allí se estableció laPolítica de control de acceso “a los medios compartidos de información del Minsal” y se aplica a toda la información que se encuentre en carpetas compartidas, bases de datos, sistemas computacionales, servidores y otros medios del ministerio.
Esa resolución ordena que “todos los funcionarios del Minsal, incluso terceros, deberán tener acceso solo a la información que necesiten para el desarrollo legítimo de sus funciones”. Las necesidades de acceso para cada persona las determina cada jefatura. También se establece que los derechos de acceso que recibe cada funcionario deben ser revisados al menos cada seis meses y que cualquier intento de acceso no autorizado a los “equipos, carpetas compartidas, sistemas de información, será considerado un incidente grave, por lo que debe reportarse de inmediato”.
Nada de ello se cumplió. Porque lo que CIPER constató es que no se necesitaba ser un experto en computación para ingresar a esa documentación. Cualquier funcionario integrado a la red del Minsal podía acceder a esas carpetas desde el llamado “explorador de archivos” en Windows, Finder en Mac o Nautilus en Linux. La única restricción que existía era la obtención de la IP de un computador, algo así como la dirección de la casa de cada PC. Pero para eso existen programas gratuitos y aplicaciones de celulares que permiten escanear todas las direcciones IP de la red, que en la del Minsal incluye a más de 200 mil dispositivos conectados.
Con las IP identificadas, la persona podía ver en pantalla cuáles computadores están encendidos, seleccionar uno, digitar la IP en la barra del explorador de archivos, y ya tenía ingreso a ese PC y a las carpetas que mantenía compartidas.
Así como CIPER ingresó desde tres lugares distintos de la Región Metropolitana, ese mismo ejercicio se podía realizar desde cualquier punto del país conectado a la red del Minsal. Incluso, había servidores con respaldo de toda la información que contienen computadores de las jefaturas de servicios, mientras que otros tenían compartidos archivos de canciones (MP3), películas (MOV y AVI) y fotografías personales de funcionarios. Y todos ellos sin restricción alguna de acceso.

MILLONARIO CONTRATO CON ENTEL

En diciembre de 2013, y a través de un trato directo, ENTEL firmó el contrato con el Ministerio de Salud. La idea fue implementar una conexión interna completa: desde las oficinas administrativas, pasando por hospitales y urgencias, hasta los Centros de Salud Familiar (Cesfam) en todo el país. Actualmente hay unos 200 mil dispositivos conectados, ya sean computadores, impresoras, routers y servidores. El contrato incluyó la instalación de 120 mil puntos de voz (teléfonos), 30 mil casillas de correo electrónico, 200 salas de videoconferencias y seguridad de la red. Pero el proceso no fue tan fácil.
En abril de 2012 comenzó la licitación de red del ministerio, que incluía tres áreas por separado: 1) Grupo de servicios de red de comunicaciones y complementarios; 2) Servicio unidad de gestión y control central (UGC); 3) el servicio de instalación y mantenimiento de cableado.
El 3 de agosto de ese año, el Minsal declaró desierta la primera área, porque las dos empresas que postularon –ENTEL y Movistar (ex Telefónica)- ofrecieron propuestas económicas que excedieron el monto máximo de la licitación: $12 mil millones. Las otras dos etapas de la licitación –a las que postularon Claro, Powersoft y Cyberplus- se declararon como “ofertas inadmisibles”.
Como el contrato vigente con Movistar estaba a punto de expirar, el Ministerio de Salud de la época decidió optar por un trato directo con uno de los oferentes. Esta decisión fue fundamentada así por el Departamento de Gestión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Minsal: “Considerando que existe un tiempo estimado por licitación de 18 meses y una implementación de seis meses, como mínimo para entrar en operación, y 12 meses más para que la red quede 100% operativa, es necesario el trato directo con uno de los oferentes”. De lo contrario, decía el informe, el riesgo de quedar sin sistema informático en los servicios de salud nacional era inminente, algo que “no se puede tolerar”.
Fue entonces que se inició una negociación con ENTEL y Movistar, las dos grandes empresas con la capacidad técnica de realizar este servicio. Para la revisión técnica del proceso, el Minsal contrató a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Un oficio del Minsal a la Cámara de Diputados dice que en ese proceso se utilizaron las mismas bases de la licitación declarada desierta. Sin embargo, en el mismo documento se cita la conclusión de los profesionales de la Universidad de Chile, los que aseguran que hubo “cambios en las condiciones de contratación que ofreció el Minsal”.
Consultadas las actuales autoridades del Ministerio de Salud sobre esta contradicción, informaron a CIPER que, respecto del sistema de seguridad que debía resguardar la red informática, no hubo cambios en las bases originales de la licitación.
Si así fue, ENTEL sería responsable de la seguridad de la red. Así lo establece el punto 56.2.4.2 de las bases de la licitación, donde se señalan los protocolos y estándares que deberán mantener la red protegida. Entre ellos, se menciona la Protección contra Intrusos (IPS, por sus siglas en inglés) y la Prevención de Fuga de Información (DPL, por sus siglas en inglés).
Con más precisión, las bases de la licitación establecieron que es al proveedor del servicio al que le corresponde revisar que nadie pueda tener acceso a la red desde fuera y, al mismo tiempo, analizar todos los archivos que circulan a través de la red en búsqueda de información confidencial. Algo que como se comprobó, no ocurrió con las “carpetas compartidas”.
Actualmente ENTEL presta servicios de red interna e Internet a varias instituciones del Estado, como la Superintendencia de Educación, la Dirección General de Movilización Nacional, Carabineros y el Comando de Salud del Ejército, entre otros.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MINSAL

La desprotección de los archivos del Minsal vulneró todas las normas de seguridad de la red que el propio ministerio ha dictado y que están contenidas en resoluciones firmadas por ministros y subsecretarios de la cartera desde 2013 en adelante.
El control de su cumplimiento está entregado al Departamento de Gestión Sectorial TIC -dependiente del gabinete de la ministra(o)-, a los Encargados de Seguridad de la Información de los diversos servicios y al Comité de Seguridad Ministerial, integrado por 10 jefaturas.
En el sitio web del Minsal están detalladas las 44 Resoluciones Exentas (RE) y las circulares que contienen las normas de acceso, uso y seguridad de todos los computadores, dispositivos, programas (software) y documentación que está contenida en la red. Las conexiones van desde las oficinas centrales del ministerio, en Santiago, hasta los consultorios en regiones, pasando por los hospitales públicos, postas y sedes del ministerio en todo el país.
Entre esas resoluciones está la Política de protección de los datos y privacidad de la información personal (RE 1.082, del 17 de diciembre de 2014), firmada por el actual subsecretario de Salud, Jaime Burrows, y la entonces subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo. Allí se ordena que todos los funcionarios usen los archivos solo para sus tareas y no difundan esa información a ninguna persona o entidad, para lo cual deben firmar una cláusula de confidencialidad y resguardo.
Otra norma es la Política General de Seguridad de la Información (RE 781, del 14 de octubre de 2014) que establece que “la información sólo puede ser conocida por el personal que la requiera para el desarrollo de sus funciones. Este principio fundamental de seguridad busca garantizar que toda la información de los ciudadanos, funcionarios y proveedores, y sus medios de procesamiento y conservación estén protegidos del uso no autorizado o divulgación accidental, sabotaje, espionaje industrial, violación de la privacidad y otras acciones que pudieran poner en riesgo dicha información”. Esta resolución, también firmada por Burrows y Verdugo, encarga al Departamento de Gestión TIC “velar por su estricto cumplimiento”.
Los 44 documentos conforman el “Sistema de Seguridad de la Información”, que “da la posibilidad de disminuir en forma significativa el impacto de los riesgos a los que están sometidos los activos de información”.
Ello resultó completamente vulnerado con la existencia de al menos tres millones de archivos compartidos al alcance de cualquier funcionario del Minsal. Lo grave es que este enorme agujero de datos no fue detectado por la empresa que aseguraba el servicio –ENTEL- y tampoco por el Comité de Seguridad de la Información Sectorial del ministerio. Y ello a pesar de que fueron advertidos de la falla, como lo constató CIPER, al menos desde hacía diez meses.
La resolución 782, del 14 octubre de 2014, establece que ese comité lo preside el jefe del Departamento Gestión TIC (Rodrigo Castro), y participan el encargado del Área de Operaciones (Gestión TIC), el encargado de Infraestructura, Telecomunicaciones y Seguridad (Gestión TIC); el encargado de Seguridad de la Información, el jefe de Recursos Humanos, el jefe de Control de Gestión Ministerial, el encargado de Calidad, un asesor jurídico, y dos encargados de Programas de Mejoramiento de Gestión.
Entre las funciones del comité están velar por la implementación de los controles de seguridad en la plataforma tecnológica, revisar y monitorear el estado del Sistema de Seguridad de la Información, y revisar y monitorear los incidentes de seguridad de la información. Al menos una vez al año el comité debe evaluar el cumplimiento de la Política General de Seguridad de la Información y proponer los cambios necesarios, considerando entre otros factores las “alertas ante amenazas y vulnerabilidades”.
Todo indica que las 10 jefaturas y los miembros del Comité de Seguridad de la Información Sectorial del Minsal no cumplieron su tarea. A partir de la medianoche del viernes 4 de marzo, la brecha de seguridad fue subsanada. Esa fue la información enviada por el Ministerio de Salud. Y si bien la ministra Carmen Castillo dijo a CIPER que se iban a tomar “todas las medidas técnicas, administrativas y legales”, estas negligencias podrían tener repercusiones judiciales, porque se vulneraron las leyes de Deberes y Derechos del Paciente y de Protección de la Vida Privada. Y será muy difícil dilucidar quiénes tuvieron acceso a la información más sensible.
*Fuente: CiperChile en Reportajes de investigación

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El misterioso negocio del centro de estudios que asesora a dictador de Guinea Ecuatorial

Redacción piensaChile — Sun, 23 Feb 2014 20:29:35 +0000

LOS VINCULOS DEL CEDEPU CON CENTROAMERICA, TENERIFE Y LA U. DE LA REPUBLICA
El Centro de Estudios para la Democracia Popular, CEDEPU, es chileno, ofrece una vasta gama de títulos, incluso doctorados y hasta presta asesorías al régimen del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, a quien le otorgaron el título doctor honoris causa. Sus dos directivos no terminaron sus estudios de pregrado, pero se pasean por Centroamérica y África como expertos junto a otro “doctor”: un militar (r) que acaba de ser procesado por la exhumación ilegal de 11 campesinos en la llamada “Operación Retiro de Televisores”. Conozca otro sorprendente capítulo del negocio de la educación.

Antonio Yelpi (47 años) no terminó sus estudios de Administración Pública. Su pareja, Jacqueline Hernández (35), tampoco los de Pedagogía Básica en la Universidad Cardenal Silva Henríquez. En 2011, ambos formaron CEDEPU (Centro de Estudios para la Democracia Popular), institución que actualmente ofrece en Chile doctorados en educación y otros títulos, bajo la modalidad e-learning, en asociación con una escuela de negocios en Tenerife, España. En sus sólo tres años de vida le han otorgado títulos doctor honoris causa a dos mandatarios polémicos: al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema y al entonces Presidente de Honduras, Porfirio Lobos. En ambas ocasiones la entrega fue motivo de solemnes ceremonias.

La carrera de CEDEPU ha sido meteórica, como también lo ha sido el recorrido académico de Yelpi y Hernández. Pese a no haber completado sus estudios de pregrado, Yelpi se presenta hoy como cientista político, master en gestión educacional y PhD. Así aparece en la página web del centro que dirige. Pero esos son sólo algunos de los hitos del nutrido currículo que exhibe. Las credenciales que utiliza Jacqueline Hernández son similares a las de su cónyuge: licenciada en Ciencias Políticas, egresada de Pedagogía Básica, master y doctora en Educación.

Antonio Yelpi de Cedepu (Fuente: Blog Cedepu)

Junto a ellos figura en el directorio de CEDEPU el militar retirado Julio Fuentes Chavarriga, “doctor dignitas principium en Filosofía”, tarotista y con varios títulos académicos en “inteligencia y estrategia comunicacional”. El 29 de enero de este año, el juez de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó una orden de procesamiento en su contra por exhumación ilegal y posterior incineración de 11 cuerpos de campesinos en uno de los capítulos de la llamada “Operación Retiro de Televisores”, ordenada por Augusto Pinochet en 1979, para borrar el rastro de más de un centenar de opositores asesinados y enterrados en fosas clandestinas después del Golpe de Estado.

Bajo su alero, y con el empuje de otros académicos también con extensos currículos, CEDEPU fue creciendo y cerrando alianzas. Entre ellas, con la cuestionada Universidad La República en Chile (ULARE), con la American Andragogy University de Hawaii, con la Universidad Wiener de Perú y con el Foro Euroamericano de Desarrollo Educativo (FEDE).

Pero CEDEPU fue más allá. Porque además de ser un centro formativo, es una consultora internacional en un amplio abanico de temas: estrategia, inteligencia, bioseguridad, formación continua, capacitación, soluciones computacionales, certificaciones, consulting y branding.

El suculento repertorio de saberes del centro y los prolíficos antecedentes académicos de sus directivos le abrieron las puertas a CEDEPU en Honduras. Hacia allá viajaron sus fundadores en septiembre de 2011 para dictar un seminario sobre libertad de expresión. El viaje culminó con la entrega del grado doctor honoris causa al entonces Presidente de la República Porfirio Lobos, otorgado por CEDEPU y la ULARE. La iniciativa le significó al centro el fichaje de una serie de talleres, seminarios y asesorías que hasta hoy le reportan ingresos en ese país.

Meses más tarde de su primera visita a Honduras, viajaron a Guinea Ecuatorial, ex colonia española y único país de habla hispana en el continente africano. Hace un par de meses emprendieron un segundo viaje. Ambos fueron financiados por el gobierno local.

Entrega de doctorado a Porfirio Lobo (Fuente: Blog Cedepu)

En el primero entregaron el grado académico de “doctor honoris causa en ciencias sociales” al dictador que hace 34 años gobierna al país, Teodoro Obiang Nguema. En el segundo, hicieron lo mismo con su esposa, Constancia Mangue. Obiang es sindicado como uno de los líderes más autoritarios y corruptos del mundo en un país de casi nulas libertades y donde –pese a tener un PIB per capita superior al de Chile– parte importante de la población vive en la pobreza extrema.

Para los detractores del gobierno, la entrega de estos títulos correspondería a otra de las maniobras de Obiang para sacudirse de su fama de represor. Algunos lo acusan de haber desembolsado una millonaria suma de dinero a cambio de aquellos reconocimientos.

En medio de los escándalos por el lucro que ha imperado en varias instituciones de Educación Superior en Chile, sin ningún control sobre la calidad de la instrucción que ofrecen, la historia de CEDEPU no es sólo un relato rocambolesco. Enciende nuevamente las alarmas respecto de la oferta educativa que se sigue abriendo paso en el país ante la ausencia de una ley o de mecanismos de la autoridad competente para regular esa “industria”.

El doctorado en Educación que ofrece CEDEPU en Chile –y que es avalado por la European School of Managment (ESM) de Tenerife– dura dos años y tiene un valor de $.3.637.000 con matrícula incluida. Ya los están cursando 27 alumnos de Chile y otros países de Latinoamérica.

LA EXPANSIÓN DE CEDEPU

Poco después de haber sido creado, CEDEPU se instaló en el segundo piso de la sede central de la Universidad La República, ubicada en Agustinas 1831. Desde allí organizó una serie de cursos conducentes a la obtención de distintos grados académicos. Desde un comienzo la oferta fue abundante: diplomados en Estudios Políticos Contemporáneos, en Desarrollo Local y en Comunicación y Seguridad; licenciaturas en Educación y en Relaciones Internacionales; y maestrías en Ciencia Política, Negocios Internacionales y en Administración Educacional. Todos bajo el método e-learning, ejecutados por CEDEPU y acreditados por la ULARE.

Poco después subieron la apuesta. Tras lograr sellar un vínculo con la American Andragogy University de Hawaii, ambas entidades, en conjunto con la ULARE integraron a su portafolio de productos educacionales dos doctorados –en Educación y Ciencias Políticas– en los que se ofrecía doble titulación, nacional e internacional. Con una duración de dos años, el valor de cada uno de los programas -de carácter virtual-, ascendía a US $4.500 (ver programa).

Andragogy University, que ofrece “programas a distancia para personas adultas que tengan capacidad para llevar un estudio autodidacta”, no está acreditada por ninguna agencia reconocida por la Secretaría de Educación de Estados Unidos. Pero eso no fue problema para el CEDEPU que no tuvo reparo en entregarle un diploma firmado por el mismo Yelpi en un intento por validar su sistema pedagógico (ver diploma).

Jacqueline Hernández, directora de Cedepu (Fuente: Blog Cedepu)

La ULARE, cuya única petición de acreditación fue rechazada en 2006, fue la universidad que en 2012 sumó más reclamos en el SERNAC por parte de sus alumnos. En 2010 estuvo al borde de la quiebra por millonarias deudas. Pese a ello abrió nuevas sedes –hoy son 13– y se embarcó en la aventura de la enseñanza virtual de la mano de CEDEPU.

CIPER consultó por estos programas a la ULARE, desde donde señalaron que algunos se habían impartido y que para este año no se tenía claro si se ejecutarían o no. Yelpi niega que hayan llevado a cabo aquellos cursos y señala que el vínculo con la ULARE dejó de existir a fines de 2011. “CEDEPU tuvo un convenio con la universidad, pero no hicimos nada en conjunto por los problemas legales que tenían ellos”, dijo.

Respecto de la universidad con sede en Honolulu, Andragogy, Jacqueline Hernández señaló algo parecido: “Cuando hicimos una suerte de acercamiento hacia ellos, estuvimos viendo que ellos no eran acreditados y eso significaba trabajar en un marco que no queríamos”.

Pero la amplia oferta de formaciones publicada en distintas plataformas del mismo CEDEPU habla de vínculos que van mucho más allá de simples acercamientos. Tanto Andragogy University como la Universidad La República fueron las plataformas desde las cuales CEDEPU entró formalmente en el negocio de la educación ofreciendo grados académicos en Chile y otros países de Centroamérica.

Tras entregarle el doctorado honoris causa a Porfirio Lobos en Honduras, Yelpi y Hernández comenzaron a ofrecer maestrías y doctorados en ese país y luego en Guatemala con el sostén de la ULARE y la Andragogy University. “Doble titulación automática”, era una de las promesas a los alumnos (ver aquí).

LIGAS MAYORES

Actualmente quien sostiene académicamente al CEDEPU es la European School of Management de Tenerife (ESM), institución a la que Yelpi y Hernández representan en Chile. El vínculo con la ESM se concretó en 2012. Yelpi se presentó ante las autoridades del ESM como secretario ejecutivo del CEDEPU y como miembro del consejo directivo de otra institución: el Foro Euroamericano de Desarrollo Educativo (FEDE).

De FEDE no se sabe mucho, salvo por las propias columnas y posteos del mismo Yelpi en un blog –los que firma con el mote de “canciller” del FEDE– y una cuenta en Facebook con 95 seguidores (ver blog).

A su vez, la ESM de Tenerife señala en algunas de sus comunicaciones su participación en el FEDE, al que describe como una “federación de escuelas europeas” con sede en Zurich (Suiza) y que ejerce labores consultivas en el Parlamento europeo. Pero en la nómina de organismos civiles de la Unión Europea que participan de esta instancia no hay registro de esta institución.

Algo similar sucede con CEDEPU. En el resumen de su “memoria 2011”, se señala que están inscritos como agentes de la sociedad civil ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Mercosur. Pero no hay rastro de su vínculo en ningún registro oficial de esos organismos.

-Hicimos la solicitud de ingreso formalmente de forma permanente, pero eso demora un tiempo. Se mandan cartas, tienes que mandar oficios de toda tu parte constitutiva, etcétera –dijo Antonio Yelpi a CIPER.

En la misma memoria, CEDEPU declara colaboraciones permanentes con la Fundación Balmaceda. Desde la propia fundación señalaron a CIPER que nunca han trabajado con ellos y que han rechazado en varias oportunidades las asesorías ofrecidas por Yelpi.

Tras la entrevista hecha por CIPER a Yelpi y Hernández, varios de los contenidos que colgaban de sus plataformas web fueron borrados, entre ellos su participación en Mercosur, CEPAL y las asesorías a Fundación Balmaceda. Pese a ello, la web aún guarda registro de esos contenidos (ver aquí).

A. Yelpi entrega premio «Nelson Mandela» a ex alcalde de Arica. (Fuente: Blog Cedepu)

Desde entonces, el Foro Euroamericano de Desarrollo Educativo (FEDE) pasó a formar parte de la rimbombante narrativa de CEDEPU, como organismo de respaldo tanto en sus presentaciones oficiales como en las intervenciones que sus directivos han sostenido al más alto nivel.

Fue también a nombre del FEDE que Yelpi, tras realizar un taller en Arica, le hizo entrega a fines de 2011 del premio “Nelson Mandela a la inclusión social” al ex alcalde de la ciudad Waldo Sankán (PPD). Sankán se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de cargos por malversación de fondos públicos, asociación ilícita y fraude al fisco por $3.600 millones.

El FEDE es también el organismo que supuestamente le entregó al ex militar Julio Fuentes Chavarriga su doctorado “dignitas principium en filosofía”. Al currículo de Fuentes se suma un master en inteligencia y estrategia comunicacional entregado por la ESM de Tenerife y una serie de otros estudios.

No se sabe dónde Antonio Yelpi habría obtenido su PhD. Jacqueline Hernández obtuvo su doctorado de manos del mismo CEDEPU en asociación con la ESM de Tenerife. Así consta en los registros de esta curiosa escuela de comercio que entrega doctorados en Educación. De los títulos de magíster y doctor en Educación de Manuel Santis, otro de los miembros del directorio de CEDEPU, tampoco hay registro.

Otro de los vínculos internacionales que hasta hoy sostiene el CEDEPU es con la universidad Norbert Wiener de Perú, con la que Yelpi firmó un convenio en diciembre de 2012 para ofrecer programas educativos en Chile. A fines de 2013, IPSOS dio a conocer los resultados de una encuesta en la que altos ejecutivos de más de 150 empresas en Perú escogían aquellas universidades del país que bajo ningún motivo considerarían para contratar a sus futuros empleados. La Universidad Weiner ocupó el segundo lugar.

Extrañamente, la descripción del tipo de programa que CEDEPU pretende impulsar con la universidad peruana es exactamente igual a la que usa la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro cuando da a conocer su licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad (ver aquí).

La oferta académica de Cedepu con ESM de Tenerife es abundante

Al amparo de esta nueva camada de instituciones (Wiener, FEDE y ESM de Tenerife), CEDEPU se preparó para desembarcar en África. También para reinventarse en Chile, donde además del doctorado en Educación, han preparado formaciones adicionales para ser impartidas a distancia: master en Gobernabilidad del Agua, en Gestión Educacional, en Desarrollo Local y Economía Social, además de una serie de diplomados entre los que destaca Inteligencia de Negocios e Innovación Empresarial.

Para avalar esos títulos, CIPER quiso saber cuáles eran los académicos con que cuentan para desarrollar sus cursos. Estas fueron las respuestas de sus principales directivos: Antonio Yelpi y Jacqueline Hernández.

–¿Quiénes son los profesores de CEDEPU? ¿Qué tipo de especialidad tienen?
–Son externos, cada trabajo lo hacemos con expertos idóneos en el tema. El directorio es el directorio, pero quienes realizan el trabajo son personas que nosotros subcontratamos, profesionales de nuestro círculo de amistad centroamericano y algún sudamericano -contesta Yelpi.

–¿Tienen alumnos actualmente?
–En este minuto un programa enfocado en un doctorado propio. Hay 27 alumnos.

–¿Chilenos?
–Sí y también extranjeros. Ellos hacen una investigación, se les asigna un tutor y luego de un tiempo éste les hace las evaluaciones correspondientes.

–¿Cuál es su formación señor Yelpi?
–Soy cientista político.

–¿De qué universidad?
–No, yo tengo formación a nivel de diplomado en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Y luego con la Universidad Internacional Euroamericana saqué una maestría en Gestión Educacional.

–¿Y usted señora Jacqueline Hernández?
–Educación, en el área completamente de Educación.

LA DICTADURA DE TEODORO OBIANG

Eran las 22.00 horas del sábado 16 de noviembre de 2013 en Malabo cuando sonó el silbato y la pelota comenzó a rodar. El estadio, con capacidad para poco más de 15 mil personas, estaba atestado de gente. España y Guinea Ecuatorial se enfrentaban por primera vez en un partido de fútbol. Fue un día histórico. Nunca antes una selección de fútbol europea había pisado suelo ecuatoguineano. Y no se trataba de cualquiera. La Nzalang (Rayo) como se le conoce a la oncena africana –que ocupa el puesto 108 en el ranking de selecciones de la FIFA– se enfrentaba nada menos que al último campeón del mundo.

Teodoro Obiang Nguema

Allí estaba Xavi Alonso, David Villa, Iniesta y otro puñado de estrellas del fútbol mundial pisando el brilloso césped del Nuevo Estadio de Malabo. Xavi Alonso salió lesionado poco antes del entretiempo luego de una feroz patada. La vehemencia de los jugadores africanos se hizo sentir desde el primer minuto.

Además del orgullo deportivo, había otros incentivos para que los jugadores no escatimaran esfuerzos en vencer al rival. “Teodorín”, hijo del dictador Teodoro Obiang Nguema, ofreció 5 millones de euros a la selección de su país si lograba derrotar a los campeones. Quería que la fiesta que el gobierno de facto de Guinea Ecuatorial ofrecía a su pueblo diera paso a la euforia. Que la cúpula política pudiese capitalizar los frutos de una victoria épica y que las críticas al polémico gobierno quedaran sepultadas bajo el fragor del delirio colectivo. Pero bastaron 90’ minutos para que la promesa del vástago de Obiang se esfumara. Los locales cayeron 2 a 1.

Al gobierno le quedaba una carta: la foto del dictador con las estrellas futboleras de la liga más respetada del mundo. Pero los jugadores españoles, concientes de la polémica que ese amistoso estaba provocando en su país, se negaron.

Medios como The New York Times, The Washington Post y The Guardian, por citar algunos, deslizaron críticas por la visita de la “Roja” al país africano. La discusión se instaló en la clase política española, impulsada principalmente por los partidos de oposición al gobierno de Mariano Rajoy.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían pedido días antes la suspensión del partido. “Guinea nos pone coloraos” fue el titular de As, uno de los medios deportivos más influyentes de España, el que acompañó de una foto de la selección vestida de rojo.

En 1979, Teodoro Obiang Nguema, teniente del Ejército de Guinea Ecuatorial, encabezó un Golpe de Estado que derrocó al sanguinario Francisco Macías Nguema, su tío. Desde entonces no ha soltado el poder.

A partir de la década de 1990 Guinea Ecuatorial comenzó a vivir la fiebre del petróleo y se transformó, gracias a sus enormes reservas, en uno de los mayores productores del África sub–sahariana. El crecimiento fue explosivo. Así se ganó el mote de la “Kuwait de África”.

En el curso de 10 años (1996-2006) el PIB aumentó en 35 veces. Sin embargo, son muy pocos los que en ese país de 1,1 millones de habitantes se han beneficiado de esa riqueza. Según acusan algunas ONG y medios internacionales, ese dinero ha servido únicamente para solventar los fastuosos gustos del dictador, su familia y del séquito que lo rodea. Mansiones, aviones, yates y autos de lujo hacen parte del patrimonio de los miembros de esta reducida elite.

Según el Índice de Desarrollo Humano 2013 de Naciones Unidas, el mayor crecimiento en el ingreso per cápita a nivel mundial se registró en China y, sorprendentemente, en Guinea Ecuatorial. Allí sobrepasa los US $21.000, uno de los más altos de África. Una cifra que contrasta con su ranking en el índice de desarrollo humano: ocupa el lugar 136, lo que lo convierte en uno de los países con la mayor brecha entre ingresos y desarrollo humano. La expectativa de vida, según el mismo informe, no supera los 51 años. La presencia de doctores es escasa: sólo 0,3 profesionales por cada mil habitantes.

Reportes del Fondo Monetario Internacional señalan que tres cuartas partes de la población vive bajo la línea de la pobreza (menos de US$2 al día). La entidad financiera aconseja al país reformular su gestión de gasto público y redirigirlo “hacia programas sociales”.

Portada del AS de España, 14 de noviembre de 2013

Transparencia Internacional ubica a Guinea Ecuatorial entre las naciones más corruptas del mundo. Ocupa el puesto 163 entre los 177 países listados en el ranking. En 2004 el Senado estadounidense instruyó una investigación para esclarecer las millonarias cuentas que Obiang mantenía en el cuestionado Banco Riggs y cuyo origen correspondía a cuantiosos pagos hechos por grandes compañías petrolíferas, entre ellas Exxon Mobile. Así lo informó BBC News en junio de 2013. Un año antes, jueces franceses emitieron una orden de captura internacional contra Teodorín Obiang, su hijo, por lavado de dinero.

Según la ONG Reporteros sin Fronteras, Guinea Ecuatorial es uno de los países peor clasificados en lo que respecta a libertad de prensa. Califican a Obiang como uno de los más grandes depredadores de la libertad de expresión a nivel mundial.

Obiang se pasea a sus anchas por el país y el control absoluto sobre los medios de comunicación impide conocer con exactitud cifras relacionadas a torturas, arrestos ilegales, secuestros y juicios arbitrarios, denunciadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) en múltiples oportunidades. Según el Informe Mundial 2014 de HRW, el país de Obiang sigue sumido en la corrupción, la pobreza y la represión. “Aproximadamente la mitad de la población carece de agua potable o servicios adecuados de saneamiento. Una gran parte de sus habitantes también carece de acceso a una atención sanitaria de calidad, escuelas decentes, y un suministro confiable de electricidad”, señala el informe.

DE SANTIAGO A MALABO

Pocos días después del polémico partido entre España y Guinea Ecuatorial, una comitiva de CEDEPU aterrizó en el aeropuerto Saint Isabel de Malabo y desembarcó en el país controlado férreamente por Teodoro Obiang. En la delegación iba el oficial en retiro del Ejército de Chile, Julio Fuentes Chavarriga.

–¿A qué fue señor Fuentes a Guinea Ecuatorial?
–A asesorar a CEDEPU, a acompañarlos para un asunto puntual, un asunto personal, no es necesario, no es nada grave.

–Pero, ¿qué le pidieron hacer allá?
–Algo personal que no le puedo decir por teléfono. A mi no me pagaron ningún peso.

–Pero ¿usted pertenece a CEDEPU? ¿Qué es CEDEPU?
–Sí, trabajo allí, es una ONG, en términos generales enseñan y preparan gente en cualquier materia.

–¿Cómo cuáles?
–No en todas, digo cualquier porque no me acuerdo cuáles son las materias…, derecho, educación, no me acuerdo.

Julio Fuentes en el avión presidencial con parte de la comitiva gubernamental. (Fuente: Facebook de J. Fuentes)

En el marco de acciones “paradiplomáticas” de acercamiento entre Chile y el país africano, la comitiva de CEDEPU estaba integrada por su plana mayor: Antonio Yelpi, Jacqueline Hernández, Julio Fuentes, Manuel Santis e Iris Villa, otra integrante del directorio. Acompañaba a los integrantes del Centro para la Democracia Popular la directora de la ESM de Tenerife, María Teresa González de Echávarri y Sánchez de la Cuesta.

Para Fuentes Chavarriga era su primera vez en África. Allí pondría a prueba sus conocimientos y experticia en inteligencia militar, empresarial y holística. Porque además de sus labores en CEDEPU, Fuentes ofrece actualmente lecturas de tarot a través de su empresa “Tarot Chile”. En lo que es ya un método consagrado entre los integrantes de CEDEPU, el servicio es online. Tres preguntas iniciales más dos preguntas aclaratorias son respondidas vía correo electrónico previo pago de $15.000.

En 1992, luego de su retiro del Ejército, Julio Fuentes creó junto al abogado y tarotista Jaime Hales la empresa “Sincronía Limitada”, una academia de estudios holísticos que imparte diversos cursos y que aún existe pero a la que el experto en inteligencia ya no pertenece.

Las actividades académicas y esotéricas Fuentes las realiza mientras goza de libertad condicional pues está a la espera del dictamen judicial por su participación en un capítulo de la “Operación Retiro de Televisores” y su posterior encubrimiento. Según dictaminó el juez de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, Julio Fuentes formó parte del contingente que en 1979 exhumó los restos de 11 campesinos de la Octava Región, asesinados en septiembre de 1973, para luego llevarlos al Regimiento de Infantería Nº 17 de Los Ángeles donde fueron quemados en un horno de ladrillos. Fuentes reconoció ante el juez y ante CIPER su participación en la exhumación pero no en la incineración.

CIPER conoció de las sospechas que recaen sobre CEDEPU y sus directivos por un mensaje enviado por el diario Rombe, medio de oposición al régimen de Obiang, con sede en España, denunciando que el centro que dirigen Yelpi y Hernández habría recibido varios miles de euros a cambio de la entrega de un doctorado honoris causa a la esposa del dictador, Constancia Mangue.

J. Hernández a segundos de investir a Obiang con el doctorado Honoris Causa

En julio de 2012, Teodoro Obiang ya había recibido el suyo de manos de Yelpi y Hernández. “Todos los gobiernos tienen deficiencias por las que son criticados, sin embargo, al CEDEPU no le interesa limitarse a las críticas, sino valorar y premiar las buenas acciones”, señaló durante la curiosa premiación Jacqueline Hernández justo antes de que el dictador aprovechara la ocasión para dar un discurso sobre el desarrollo del país, según consignan algunos medios. Ambas investiduras fueron ampliamente divulgadas por la prensa local controlada por el gobierno.

La segunda visita de CEDEPU a Guinea Ecuatorial fue más apoteósica. Los miembros de la delegación chilena fueron recibidos casi como estrellas. El gobierno dispuso para la comitiva cuatro vehículos con chofer. El avión presidencial también estuvo a su disposición y lo utilizaron para desplazarse entre la ciudad de Bata, centro económico del país, y la capital Malabo. En ambas ciudades se alojaron en el hotel Ibis.

–¿Cómo y por qué llegaron a Guinea Ecuatorial?
–Tenemos una amistad de años con el viceprimer ministro encargado de derechos humanos, Alfonso Nsue Mokuy. El trabaja los derechos humanos y quería un apoyo -dice Jacqueline Hernández.

– ¿Le entregaron doctorados honoris causa a Obiang y a su esposa?
– Sí.

–¿Con qué fundamento?
–En vista de sus avances en la implementación de las recomendaciones hechas por Naciones Unidas y de la labor de la señora Constancia en apoyo a las mujeres y niños del país.

–Pero, ¿quiénes son ustedes para entregar títulos académicos, doctorados?
–No, no lo entregamos nosotros, lo entregamos en conjunto con otras organizaciones, el FEDE y con la ESM de Tenerife, que es la que da el respaldo académico. Además es un título honorífico.

–¿Y por qué a un dictador? ¿CEDEPU no defiende la democracia y los derechos humanos?
–Nosotros hicimos un recorrido junto al viceprimer ministro encargado de derechos humanos por las cárceles del país. En ellas había sólo dos o tres personas, pero nadie más. Hay que estar presente para ver también los avances -interviene Antonio Yelpi.

–¿Cuánto les pagaron?
–No, todo esto lo hemos hecho gratis, por amistad con el viceprimer ministro de derechos humanos. Si se nos hubiera pagado 5 millones de euros, como señaló un diario, estaríamos en la playa y no trabajando.

–Entonces CEDEPU trabaja por amistad.
–A los profesionales que asisten a estas visitas se les paga un honorario y punto, pero nada más allá exacerbadamente, abusando del dinero de nadie (sic) -dice Hernández.

Antonio Yelpi reconoce que tienen algunos proyectos en carpeta con el gobierno de Obiang, entre ellos, el facilitar un viaje de 30 mujeres latinoamericanas líderes en diferentes áreas a Guinea Ecuatorial durante seis meses para que se produzca intercambio en distintos niveles. “Son proyectos que están en evaluación”, dice el doctor.

Manuel Santis y M. Teresa González entregan doctorado a la primera dama

Fuentes Chavarriga aportó nuevos antecedentes sobre esa segunda gira de la plana mayor del CEDEPU a Guinea Ecuatorial. Fui allí donde el ex militar conoció en persona a María Teresa González, directora de la ESM, la que en una improvisada ceremonia en el hotel aprovechó de entregarle el diploma por sus estudios a distancia en inteligencia y estrategia comunicacional. Fuentes reconoce que fue invitado en esta segunda gira en su calidad de experto en inteligencia. En una confusa explicación, dice haber ido para resolver una estafa cibernética:

-Resulta que estos señores del CEDEPU, cuando se produjo el contacto con Obiang la primera vez, fueron estafados por un hacker. Y de acuerdo a mis conocimientos pude detectar desde qué correo se hicieron todas las operaciones. Entonces yo voy a Guinea Ecuatorial, me presentan al ministro de los derechos humanos y le entrego mis conocimientos para que no tuviera dificultades, porque él es el líder allá de los derechos humanos y es más poderoso que el mismo Obiang.

–¿Y no le pagaron nada por eso?
–No pues.

–Pero, ¿es el señor Antonio Yelpi el que no le pagó?
–Es probable, pero no es verdad que le hayan dado toda esa plata que dicen haberle dado.

–Pero algo tiene que haber recibido el señor Yelpi, ¿no?
–Tienen que haberle dado algo.

–Antonio Yelpi tiene una larga lista de títulos académicos, su experiencia debe ser muy cotizada.
–No sé, a mi me dijo que era un doctor.

–¿En qué?
–No me acuerdo en este momento.

–¿Esa es la única vez que ha viajado con la comitiva del CEDEPU?
–Me han invitado a otras partes en Centroamérica, pero no he querido ir. Yo no tengo ningún problema grave con Antonio Yelpi, pero hay algunas cosas que no me gustan.

*Fuente: Ciper Chile en Reportajes de investigación Publicado: 19.02.2014

El articulo El misterioso negocio del centro de estudios que asesora a dictador de Guinea Ecuatorial apareció primero en piensaChile.