A propósito de la reunión habitual de coordinación de los presidentes de partido de la ex Nueva Mayoría, donde criticaron que la ex Mandataria instruyera cerrar el penal en las últimas 48 horas de su administración, es interesante ver cómo “se sacan el pillo”, unos con otros o unos contra otros a la hora de responder por hechos vergonzosos, cuya respuesta es muy simple y sencilla. El no cierre de Punta Peuco se ha transformado ahora en una cuestión donde todos son inocentes y cada uno trata de la mejor forma posible de encontrar la culpa en el otro.

Es así como los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, rasgan vestidura y critican a SU MINISTRO DE JUSTICIA Y LA PRESIDENTE BACHELET, como si este Ministro y esta Presidente fueran representantes de un partido de los marcianos, venidos de otra galaxia y ellos no tuvieran nada que ver con ellos.

Se les olvida que ellos  son parte del epicentro de este escándalo, episodio que muestra cómo a la hora de los éxitos, todos se aglutinan a asumir la responsabilidad del hecho, pero cuando estos hechos los dejan desnudos frente a la sociedad, mostrando su propia inacción y su poco compromiso con lo que debió haber sido un tema importante, en torno al cual se debió haber tomado acciones concretas, se comienzan a correr por la tangente, tratando de buscar un “chivo expiatorio” en quien delegar sus propias responsabilidades.

Quiero ser tajante y clara, en esto hay una RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE TODA LA NUEVA MAYORÍA. Y lo primero que deben hacer es ser decentes y reconocer que este tema nunca fue importante para ellos. Nunca escuchamos a los presidentes de estos partidos, o a sus parlamentarios hacer declaraciones importantes y comprometidas, o tomar iniciativas para presionar que éste centro penitenciario se cierre; con la tibia excepción de algún personero del PC, que muy de vez en cuando decía “algo” al respecto. Pero, sin el peso ni el énfasis que esto merecía.

A decir verdad, no me puede extrañar, que en el ámbito de los derechos humanos, ha sido una constante la indiferencia y la inacción que TODOS han mantenido durante décadas, en las que éste tema ha sido sólo importante a la hora de captar votos en las campañas electorales. Y cuando alguno de ellos ha dicho algo ha sido para proponer soluciones miserables, que son una falta de respeto para las víctimas sobrevivientes y sus familiares, tal como lo fue la última propuesta de reparación presentado a la Presidente Bachelet, en la que consideran el pago de tres millones de pesos,  pagaderos en cómodas cuotas para el Estado, como una indemnización que no es ni justa ni adecuada para las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura.

Señores Presidentes de la Nueva Mayoría, incluyendo por supuesto también a la DC, aunque estuvo ausente en esta reunión, todos ustedes, juntos con su Ministro de Justicia Jaime Campos, y su Presidente Michelle Bachelet, deben asumir la responsabilidad política NO SÓLO POR EL NO CIERRE DE PUNTA PEUCO, SINO POR LA IMPUNIDAD QUE SE HA LOGRADO INSTALAR CON VUESTRA BENEVOLENCIA EN EL PAÍS ANTE SUS NARICES COMO TAMBIÉN POR LA FALTA DE UNA POLÍTICA DE REPARACIÓN DIGNA Y JUSTA PARA LAS VÍCTIMAS. 

Vuestra búsqueda de explicaciones la deben dirigir a ustedes mismos. Repito, el Ministro de Justicia, la Presidente Bachelet y cada uno de ustedes, son responsables de la miserable y vergonzosa política en derechos humanos en nuestro país, resultado de vuestra impudicia, falta de compromiso y desprecio por quienes, otrora pusieron la cabeza y la espalda en el periodo dictatorial para que UDS lleguen a mesa puesta a repartirse el botín (llámese Gobierno) y luego gobernar siempre “en la medida de lo posible”, tratando de no inquietar a quienes les cedieron la posibilidad de gobernar previo firmar acuerdos, de no tocar el modelo y mantener la impunidad, en relación al robo y desfalco de los bienes del Estado y con respecto al  genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.  Esa es la respuesta a la explicación que ustedes exigen y es una explicación que ustedes conocen, pero que jamás expresarán. No poseen la suficiente decencia política para ello.

Nelly Cárcamo V.
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile

Valparaíso, 20 de marzo de 2018.

*Fuente: UNExPP

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La derecha transformo la cárcel de lujo, o la jaula de oro de los bandidos, en el símbolo político del Pinochetismo, resucitando a “la familia militar”, que es la casta militar comprometida con crímenes de lesa humanidad, con el bombardeo a la moneda y el asesinato de Salvador Allende. Son ex oficiales superiores y subalternos que, tal cual lo hicieron en 1973, intentan hoy “arrastrar” a las Fuerzas Armadas, presentándolas como instituciones “cuadradas” con su defensa corporativa.

Maniobras políticas espurias que la derecha hace, frente al papel pasivo e intrascendente que juegan los ministros de defensa, el actual y los anteriores, permitiendo que la descompuesta “familia militar”, esencialmente corrupta y que nació con Pinochet, utilice a las FFAA para esconder sus fechorías.

Los chilenos y chilenas no debemos olvidar que, los recluidos en la jaula de oro, de Punta Peuco, son los principales ejecutores de la barbarie pinochetista en Chile, personas crueles y cobardes, los cabecillas de la persecución implacable que hicieron dentro y fuera del país a todos sus opositores, enemigos sociales y políticos a los que habían etiquetado como «antisociales» y “marxistas antipatriotas”.

Criminales que en su mayoría continúan convencidos de que actuaron para “salvar a la patria del comunismo”, de haber actuado en cumplimiento de una orden superior, argumentos que no les exime de su responsabilidad, conforme al derecho internacional, porque cada uno tuvo la posibilidad moral de optar por comprometerse con la represión u oponerse a ella. Son criminales quienes todavía se sienten parte “del sueño” al que fueron transportados por 17 años con la figura de Pinochet, ideas que no son eliminables, puesto que su imaginario bebió todo el opio de las fuentes “míticas” del supuesto Chile nuevo, “limpio de comunismo y de comunistas”.

Por todo esto, el ofertón de la derecha y de Piñera, de indultar a genocidas bajo el pretexto de enfermedades terminales es indigno, es la imagen de un doble discurso que le hace daño al país, que distorsiona la realidad y la memoria histórica. Un vulgar ofertón que juega con el sentimiento de miles de chilenos y chilenas, transformando en una negociación espuria, el justo reclamo de una justicia verdadera y una reparación a la altura de los hechos, para cada una de las víctimas.

Chile camina por la senda de perfeccionar su democracia, el escenario político actual abrió las puertas a que los ciudadanas y ciudadanos, exijan sus derechos cada vez con mayor fuerza, la democracia ya no se concibe solo con representantes y elites que prometen cambios a favor del pueblo y hacen lo contrario a sus espaldas. O como lo pretende la derecha, mezcla espesa y retrograda del misticismo militarista, desenterrando la uniformización de la sociedad hoy, a través de la imposición de una racionalidad económica extrema, subordinando la política, los valores y los derechos de las personas al mercado y a los intereses económicos de una minoría privilegiada.

Estos cambios que está viviendo el país deben llegar a las FFAA, porque son necesarios, allí se requiere una reforma urgente, que inicie la “despinochetizacion” del Ejército, es decir, la conversión de éste en un organismo de profesionales integrados socialmente y con un papel a jugar en la sociedad chilena. Desde siempre, los militares que nos opusimos al golpe de estado de 1973, que nos negamos a participar en la brutal represión en contra de nuestro pueblo, hemos planteado, en distintas instancias, la necesidad de terminar con la influencia de una época dictatorial, que vincula a los militares con represión, corrupción, abuso y con aislamiento respecto de los cambios y avances de la sociedad en su conjunto.

Por todo esto Punta Peuco debe cerrar, porque es un núcleo de propaganda a través del cual, la nefasta familia militar, de torturadores, pretende seguir influenciando ideológicamente en las FFAA. Es una trinchera pinochetista que hace daño al país y a la democracia, significa alentar aquellas ideas que diseñaron el sistema de adoctrinamiento ideológico, para enfrentarlas con el pueblo.

La mezquindad de la derecha y su candidato para resaltar el papel y la historia de quienes traicionaron a la patria, nunca podrá superar el imborrable recuerdo de militares asesinados por ellos, el general René Schneider, el general Alberto Bachelet, el general Carlos Prats, entre muchos ejemplos de militares, marinos, aviadores, carabineros, detectives y gendarmes que decidieron mantenerse firmes en sus principios y valores, de manera desinteresada, patriota e incorruptible.

En honor a la memoria de todos ellos y de tantos compatriotas, la mayoría héroes y heroínas anónimos y anónimas, no tenemos el derecho de olvidar, por el contrario, condenando de manera efectiva todo lo sucedido, se podrá prevenir lo que hoy en el siglo XXI está sucediendo en otros países y de lo cual Chile no está exento. Lugares donde vuelven a cometerse genocidios y el aniquilamiento de personas a nombre de la libertad y la democracia, transformándose, las FFAA, en una tecnología de poder utilizada para disciplinar poblaciones y para transformar las relaciones sociales.

Para el actual candidato de la derecha y la ultra derecha, los militares son el instrumento útil de la elite dirigente, que cuando se asusta y ve peligrar sus intereses, los acuartelan en situación de ‘alerta’ endureciendo la histérica disciplina prusiano fascista. Sus histéricos llamados al orden, a militarizar aún más la Araucanía, multiplicando las fuerzas policiales para la protección de sus pares empresariales, viendo terrorismo donde no lo hay, así lo demuestra.

Rechazamos al candidato de la derecha, porque es el representante del pinochetismo y alienta la corrupción en las FFAA, reproduce las ideas políticas que los exmilitares fanáticos y corruptos hoy en condenados en Punta Peuco, pusieron una práctica como brazos armados del terrorismo de estado.

Sin memoria, el ser humano entra en una soledad de silencio e indiferencia; quien no recuerda pierde su humanidad” (Elie Wiesel, Un superviviente de Auschwitz y premio Nobel de la Paz)

Cierre de Punta Peuco Ahora

Enrique Villanueva M

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Hoy, con los modernos sistemas de comunicación no existe ninguna censura: cualquier tonto puede decir imbecilidades cada vez que se le ocurra, así como geniales opiniones y comentarios. Que el ministro Jaime Campos cada vez que abre la boca diga sólo estupideces, es muy propio de esta era de la comunicación, incluso, el Presidente Donald Trump dirige su país a través del twitter y siempre “mete la pata”, como se diría vulgarmente.

La Presidenta, Michelle Bachelet, como muchas mujeres bellas e inteligentes, ha tenido el mal gusto de elegir malos secretarios de Estado: el ministro radical, Jaime Campos, lleva el récord mundial de las declaraciones desatinadas, algunas veces poniéndose al servicio de los autores de crímenes de lesa humanidad, actualmente recluidos en Punto Peuco.

La Presidenta había prometido en su programa de gobierno, posteriormente reafirmado a Carmen Gloria Quintana, y también corroborado en una entrevista de CNN Chile, que iba a cumplir, antes de finalizar su mandato, con el cierre del “hotel de cuatro estrellas”, de Punta Peuco, especialmente creado durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para albergar a los condenador por violación de los derechos humanos, crímenes atroces ocurridos durante los 17 años de dictadura militar.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos declaró ante la Prensa que el gobierno no tenía planes de cerrar Punta Peuco, y que sólo era un rumor periodístico o una idea al vuelo “de una señora”, tratando despectivamente a Carmen Gloria Quintana, que junto con Rodrigo Rojas Denegri fueron atacados y quemados vivos por una patrulla militar – Carmen gloria salvó su vida, pero lamentablemente Rodrigo murió a causa de las graves quemaduras -.

Se esperaba que la Presidenta Bachelet hubiera anunciado el cierre definitivo de Punto Peuco en septiembre, pero lo postergó, y sólo le quedan pocos meses para cumplir su palabra, lo que podría constituirse en broche de oro para su gobierno en un tema tan sensible como el de los derechos humanos. Es inexplicable el miedo a las presiones militares y de los políticos de la derecha – sobre todo ahora, cuando están tan desprestigiados con el Pacogate y el Milicogate -.

La presidente de la UDI, Jaqueline Risselberghe visitó, junto al diputado Ulloa, un facho de tomo y lomo, a los 113 reos de Punta Peuco, declarando que era abuso a los derechos humanos el seguir manteniendo en prisión a estos pobres ancianos, máxime cuando algunos de ellos padecen de enfermedades seniles y, otros, de cáncer terminal, (no lo dirá en público, pero por su otro yo considera unos héroes de la patria quienes, valientemente lucharon para combatir la “gonorrea” marxista).

El candidato a la presidencia del país, Sebastián Piñera Echeñique – hijo del empleado público don Pepe y doña Picha – acaba de declarar que el proyecto de ley que enviará al Congreso permitiría al Presidente de la República cambiar la pena de prisión en cárcel por la domiciliaria para todas aquellas personas que se consideran enfermas terminales o bien, de muy avanzada edad. (No hay que ser muy sagaz para captar que este proyecto estará dirigido a la liberación de los reos de Punto Peuco, marcadamente un guiño al candidato Kast y a la UDI.

Es preciso distinguir bien entre los crímenes de lesa humanidad, como terrorismo de Estado, y los comunes: los primeros no prescriben jamás, como tampoco los condenados tienen derechos a los beneficios penitenciarios, pero sí deben ser respetados sus derechos humanos como los de cualquier preso común.

En la cárcel de Punta Peuco, los moradores tienen derecho a disfrutar de una cancha de tenis, campos de baby futbol, de llamadas telefónicos y de visitas permanentes de sus familiares; también gozar de días de diversión con ricos asados – lo comprobaron los diputados Aguiló y Núñez – es decir, cuentan con la posibilidad de esparcimiento que ningún otro interno en Chile tiene.

En la Cárcel Pública hay celdas con más de 10 reos – su capacidad es para cuatro máximo -, viven en condiciones infrahumanas – ya Chile ha sido condenado por organismos internacionales por el atropello a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Personalmente, soy partidario de la eliminación de las cárceles y de toda forma de coerción, más bien partidario de la utopía de la eliminación del Estado – como lo sostiene Bakunin – o su extinción una vez terminada “la explotación del hombre por el hombre”, como lo sostienen Carlos Marx y sus predecesores, los socialistas utópicos.

Ninguna persona bien nacida puede ser partidaria de la pena de muerte, como tampoco encerrar al prójimo en celdas pestilentes, por consiguiente, siempre apoyaré las medidas humanitarias como la supresión de la cárcel para los mayores de 70 años – excluidos los terroristas de Estado, acusados y condenados por delitos de lesa humanidad -.

Si Michelle Bachelet quiere terminar siendo consecuente con sus ideas y programa de gobierno, debiera pedir la renuncia al ministro de Justicia, Jaime Campos y, además, enviar a los presos de Punta Peuco a la cárcel de Colina I, donde ya tienen acondicionado un pabellón para ser habitado por estos reos.

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En temas de derechos humanos la Concertación de Partidos por la Democracia ha sido deficitaria, sea por porque aún cunde el miedo, o bien, se han convertido de verdaderos derechistas. Esta agrupación, para triste recuerdo, ostenta el récord de haber salvado a Pinochet y a su familia, en repetidas ocasiones, incluso, apelando a “razones de Estado”; la ministra Soledad Alvear, ministra de justicia en la época, firmó el decreto de construcción de la cárcel de lujo Punta Peuco y, para vergüenza de estos personajes,  fue el derechista Sebastián Piñera, durante su mandato, quien ordenó cerrar el “Gran Hotel Cordillera”, a donde se solazaban los jerarcas genocidas, construido durante el mandato de Ricardo Lagos.

El solo anuncio de tratar de cumplir con una promesa hecha a la víctima del “caso quemados” ha desatado la ira de la derecha. La presidenta actual de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, vocifera contra la Presidenta de la República sosteniendo que esta medida “es para tapar el informe SENAME II”. Cristián Labbé, otro fascista de la dictadura, compara a los huéspedes  de Punta Peuco poco menos que como el caso Dreyfus. El abogado de los militares condenados por delitos de lesa humanidad está convencido de que Piñera, por el hecho de haber ganado las primarias de la derecha, ya está investido como primer mandatario, y le pide que, como tal, intervenga ante la Presidenta Bachelet  a fin de que impida el cierra de esta cárcel dorada.

No cabe duda de que Michelle Bachelet se luciría ante la gente decente y respetuosa de los derechos humanos si cumple su palabra pero, a la vez aumentaría el odio que le profesa la derecha política por el hecho de haber intentado realizar algunas reformas, boicoteadas especialmente por los traidores Walker Martínez.

El eje de la campaña de Sebastián Piñera es despertar el odio de las “señoras” burguesas y sus “yanaconas” contra la Presidenta: se trata de completar la restauración que había iniciado el ex ministro del Jorge Burgos, hoy, otro héroe de los democratacristianos reaccionarios, que ahora integra el equipo del programa “En Buen Chileno”, junto a Pilar Molina y otros.

Por el lado del clero católico no falta también la tontería, so pretexto de la caridad cristiana: algunos obispos y sacerdotes abogan por  la defensa de los genocidas, amparados en la  igualdad de respecto a los derechos humanos, olvidando que hay una diferencia muy grande entre el  delito común y el de lesa humanidad – es muy distinto un homicidio simple que torturar hasta la  muerte y hacer desaparecer a personas lanzándolas al mar – y que el nazismo no es una ideología cualquiera y que en todos los países civilizados está fuera de la ley y su apología es pasible de prisión. En esta manera de pensar caen el inefable cardenal Ricardo Ezzati y el cura jesuita Fernando Montes, entre otros.

Los “huéspedes” de Punta Peuco no son ningunos muertos de hambre: el fiscal muy Fernando Torres recibe una jubilación de más 3 millones de pesos, el torturador y asesino, Miguel Krassnoff, 2 millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos; Raúl Iturriaga, 2 millones ciento cuarenta y tres mil pesos, de Capredena, y así los demás perciben una pensión abultada por los “servicios prestados a la patria” reprimiendo a los “terroristas enemigos de la patria”.

En el mundo carcelario, la desigualdad con que se trata a las personas, propias del repugnante capitalismo, se radicaliza al tratar como reyes a los genocidas y como bestias a los pobres: en las cárceles comunes se vive la pobreza y la degradación humana, mientras que en Punta Peuco, aunque se diga que es una cárcel, los reos gozan de muchas comodidades y tienen derecho a un régimen privilegiado de visitas; ellos mismos se ufanan de esta situación de privilegio, alegando tener mayor cultura que los “rotos” de la cárcel común.

Los presos de Punta Peuco, hasta ahora, no han cumplido con las condiciones requeridas para aspirar al perdón presidencial y seguir cumpliendo su condena en su casa: no han manifestado arrepentimiento alguno, como tampoco han entregado información a la justicia sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

Punta Peuco tiene un lleno total, por consiguiente, a treinta de los condensados se les está enviando a la cárcel Colina I, y parece evidente que existen las condiciones de aislamiento necesarias para trasladar al resto de los habitantes de Punta Peuco.

El argumente de la vejez de la mayoría de sus integrantes no parece válido, pues lo mismo ocurre, y en mayor proporción, en las cárceles comunes. Si existiera la igualdad ante la ley, ¿por qué empezar por los más más ricos e influyentes y no los más pobres, agregando que los segundos tienen delitos de menor gravedad, con el atenuante de que muchos son hijos de reos y víctimas de una justicia injusta y de una repugnante sociedad desigual y clasista?

Han transcurrido más de cuatro decenios y los familiares de detenidos desaparecidos no sólo no fueron recibidos por un ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle – su padre fue asesinado por la dictadura – sino que aún los militares no dan a conocer a dónde condujeron a sus familiares, y la sociedad chilena  niega a sus familias  el mínimo derecho humano de enterrar a sus seres queridos.

Mientras en Chile se trate a los niños y a los adultos mayores como bestias, mientras los hospitales sigan siendo un tanatorio y las cárceles el basurero a donde van a parar los más pobres, no pararé de denunciar, como decía Violeta Parra, que “Chile limita con la  injusticia”.

Los ministros actuales de la Presidenta Bachelet han efectuado declaraciones  un poco extrañas con respecto al cierre de Punta Peuco: el ministro del Interior, Mario Fernández, expresó que si la Presidenta dice que se cierra, se cierra; por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, matiza las declaraciones de Michelle Bachelet diciendo que “está en estudio y que tiene una serie de complicaciones: la seguridad de los condenados; el principio de segregación, que es el que inspira todo nuestro régimen de custodia; la habitabilidad de los recintos y la disposición de los cupos”. Basta quedarse con estas declaraciones para dudar que la Presidenta pueda cumplir su promesa de cerrar la cárcel Punta Peuco, que significaría dar un nuevo portazo a los familiares de detenidos desaparecidas, torturados y fusilados durante la dictadura militar.

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