La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) califica como «denegación de justicia», «una ofensa a las víctimas y una revictimización» la posición del Gobierno de Boric ante rebaja de pena de Cheyre:

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SENTENCIA |

Caso Huilcamán Paillama y otros Vs. Chile: El Estado es responsable internacionalmente por la violación de distintos derechos en el marco del proceso penal seguido contra miembros del Pueblo Mapuche que efectuaron actos de protesta pacífica.

Sentencia:… pic.twitter.com/PIbpUyFTVE

— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) November 21, 2024

Corte Interamericana condena a Chile por violar los derechos humanos de 135 mapuches en 1992

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó, en audiencia al Estado de Chile, la sentencia condenatoria por violar los derechos humanos de al menos 135 mapuches en 1992, al condenarlos por integrar el Consejo de Todas Las Tierras y crear la bandera mapuche.

A 32 años de los hechos, por los que 135 comuneros mapuches cumplieron penas de cárcel, acusados por asociación ilícita, usurpación y por crear la bandera mapuche, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, en una audiencia telemática desde San José de Costa Rica, notificó al Estado de Chile de la sentencia condenatoria.

CIDH continúa revisión de denuncia contra el Estado de Chile de 144 mapuches sentenciados en 1992

“El tribunal determinó que la actuación del ministro en vista extraordinaria, que formuló la acusación y dictó la sentencia de primera instancia, estuvo guiada por el sesgo discriminatorio, el prejuicio y la idea preconcebida acerca del carácter ilegítimo e ilegal de la organización Consejo de Todas las Tierras”, indicó López y añadió que en la sentencia penal “fueron inobservadas (sic) distintas garantías judiciales”.

Mapuches confían que la CorteIDH les dé la razón en su querella contra el Estado chileno Así lo consideró Elisa Loncon, una indígena que asistió como víctima en el caso Huilcaman Paillama contra Chile, uno de los tres que aborda la CorteIDH en Bogotá en donde desarrolla su 162 periodo de sesiones ordinarias. (10 de octubre de 2023)

La sentencia ordena anular al Estado de Chile la condena, que en su momento aplicó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Antonio Castro Gutiérrez, en contra de los comuneros; además de ordenar un acto reparatorio y de reconocimiento público, sumado a indemnizaciones a los involucrados y varias otras medidas

Sentencia: “Hecho histórico”

El líder del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán Paillama, valoró la decisión del Tribunal Internacional, calificándola de un “hecho histórico y único en la región del Estado chileno con el Estado Mapuche”.

Huilcamán anticipó que tomará contacto con la Cancillería para conocer en qué momento el Estado de Chile comenzará a cumplir la condena, detallando que 40 de los comuneros mapuches condenados fallecieron esperando este fallo.

*Fuente: Radio BioBio

El fallo de la CIDH establece y obliga al estado chileno, por medio de esta sentencia a reparar el daño provocado:

IV Reparaciones

La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral:

A) Medidas de restitución: el Tribunal dispuso que si alguna de las víctimas o sus familiares, en el caso de que aquella hubiere fallecido, requieren que se deje sin efecto la sentencia condenatoria, deberán solicitarlo así al Estado. Una vez que se hayan recibido dichas solicitudes, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para promover o poner a disposición, en favor de dichas víctimas, un recurso o emitir una decisión para dejar sin efecto la sentencia condenatoria. Por su parte, Chile deberá eliminar de los registros públicos los antecedentes penales, policiales y cualquier otro que, a la fecha, se encuentren consignados con relación a la causa penal objeto del proceso internacional.

B) Medidas de satisfacción: el Estado deberá cumplir las medidas siguientes: a) realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso, el que deberá ser difundido a través de medios de comunicación y contar con interpretación simultánea al idioma mapudungun; b) publicar el resumen oficial de la Sentencia en el Diario Oficial y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, tanto en español como en idioma mapudungun; c) dar publicidad, en ambos idiomas, al comunicado de prensa oficial y a la Sentencia, y publicar esta última en un sitio web oficial, y d) dar publicidad a la Sentencia de la Corte en las cuentas de redes sociales correspondientes al Poder Judicial, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y Gobierno Regional de La Araucanía.

C) Garantías de no repetición: el Estado deberá cumplir las medidas siguientes: a) proceder a la adecuación normativa del artículo 454 del Código Penal, cuya regulación presume como autor del delito (hurto o robo) a quien tenga en su poder el respectivo bien, en el sentido de suprimir la referida presunción legal, y b) continuar implementando planes de capacitación con el fin de erradicar el uso discriminatorio del Derecho Penal con base en el origen étnico de las personas, los que deberán ser permanentes y dirigirse a los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público o Fiscalía.

D) Indemnizaciones compensatorias y reintegro de costas y gastos: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños inmateriales, y costas y gastos.

El texto que detalla estas Reparaciones, está tomado del «RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA» que hemos incluído in-extenso, más abajo, en formato PDF (ver página 6 y 7).

Revise la Resolución en texto integro, a continuación:

Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana:

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Artículo publicado originalmente: Viernes 12 de abril 2024 18:56 hrs.

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En Honduras, después del golpe de estado que realizó la derecha, por intermedio del ejército (cualquier parecido con Chiles es mera coincidencia) al presidente constitucional Manuel Zelaya, se sucedieron varios gobiernos conservadores. En el año 2014, mientras gobernaba el país el presidente de derecha Juan Orlando Hernández, se produjo una confrontación entre el poder ejecutivo, el Congreso nacional, también de Derecha, y el poder Judicial.

La constitución política de Honduras, siendo una República, establece la independencia de los tres poderes del estado. Sin embargo, luego de que algunos magistrados votaron a favor de la inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Depuración Policial, que tenía enquistada la corrupción en sus filas. Debido a esto, por orden del presidente Hernández, fueron perseguidos, hostigados, sus familias amedrentadas, vigilados. Y por último, la medida más gravosa, la destitución de los magistrados.

Hay que recordar que Juan Orlando Hernández ocupó su cargo como presidente para cometer una serie de fechorías, muchas de las cuales estaban ligadas al narcotráfico y la explotación sexual de mujeres y al trabajo infantil. De hecho, su fortuna creció exponencialmente durante el ejercicio de su mandato. Debido a esto se le investigó en Estados Unidos, donde, luego de ser extraditado, se le condenó a cadena perpetua por narcotráfico y muchos otros delitos. Es decir, Honduras tenía como presidente a un curtido delincuente.

Sigo con el caso de los jueces. Los magistrados que fueron expulsados por el Congreso, no tuvieron defensa legal para su acusación, no existió derecho a abogado, no se les dieron los argumentos de su acusación. Finalmente, no se les permitió apelar. En resumen, el Congreso de Honduras una vez recibida la acusación por parte del presidente y en forma expres fueron sustituidos de sus cargos en dos días. Hay que recordar, además, que cuando se discutía la destitución, el presidente envió tropas del ejército a rodear el palacio para, supuestamente, prevenir protestas callejeras.

Los magistrados expulsados de sus puestos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, sin duda en forma arbitraria e ilegal, eran los siguientes: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Una vez que se les expulsó del poder judicial, el peligro a sus vidas no cesó, al contrario. Una vez que no tenían la inmunidad judicial se vieron expuestos a la violación de sus derechos humanos, como personas comunes. Se les vigilaba durante todo el día en sus hogares, sus lugares de visita y después a sus lugares de trabajo, por fuerzas de seguridad. Se les espió sus comunicaciones, tanto a ellos como sus familiares más cercanos.

Debido a todas estas maniobras de amenazas y amedrentamiento, ordenadas por el presidente, narcotraficante y delincuente de Juan Orlando Hernández; los magistrados destituidos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el estado de Honduras es firmante. Después de 10 años la CIDH finalmente logra dar un veredicto final, dándole la razón y ordenado al estado de Honduras las medidas de reparación.

Con respecto a esta resolución final de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No debería ser el Estado hondureño el que pague la indemnización a los magistrados expulsados, sino todos aquellos personajes que orquestaron y fueron cómplices de este delito. Primero el presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, después los miembros del Congreso, desde su presidente y demás parlamentarios que con su voto permitieron esta arbitrariedad. Por último, también son culpables los miembros del Poder judicial, que avalaron este delito. Todos ellos, deben pagar con cárcel y sus activos económicos para la reparación y el honor pisoteado.

Si esta controversia hubiera ocurrido en Nicaragua, Cuba o Venezuela, los países occidentales o la “civilizada” Europa estarían pidiendo las penas del infierno o la invasión, pero ocurrió en un país que eternamente ha sido invisibilizado por la “Prensa libre occidental”.

Si alguien quiere publicar este artículo en su sitio web, se lo agradezco de antemano

A continuación incluyo la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Santiago: 5 de abril de 2024

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¿Cuál es el alcance de esta histórica sentencia? ¿Por qué en Colombia no hizo falta una dictadura militar para eliminar físicamente a la disidencia política? ¿Qué lecciones se pueden extraer del genocidio político contra Unión Patriótica? ¿Cuál fue el papel del poder mediático en la construcción del relato del «enemigo interno»?

Nos acompaña Iván Cepeda, senador colombiano e hijo de una de las víctimas de este genocidio político.

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Durante este mes de noviembre del 2021, se realizará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual debió celebrarse en el mes de junio en Guatemala: las condiciones epidemiológicas imperantes obligaron a trasladar la fecha de esta cita anual interamericana a la del 10-12 de noviembre.

Es en el marco de esta cumbre de la OEA que se escogerá a cuatro nuevos integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una jurisdicción regional especializada en materia de derechos humanos, con sede en San José (Costa Rica) y que se creó en 1969 en un instrumento internacional (la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como «Pacto de San José«): se compone de siete magistrados (véase composición actual), electos por un período de seis años (renovable por un segundo período, siempre y cuando logren ser reelectos) y cuenta con un presupuesto anual de unos 5,2 millones de US$ (véase sección de gestión financiera de su último informe anual del 2020).

En este enlace oficial, figuran las respectivas hojas de vida de los actuales siete magistrados/a de la Corte de San José.

En la última elección, la cual se realizó en el mes de junio del 2018, el juez mexicano y el juez colombiano fueron reelectos como jueces para el período 2019-2025, al tiempo que fue electo el candidato de Uruguay para el mismo período.

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En la elección pasada de junio del 2018 el juez mexicano y colombiano fueron reelectos como jueces para el período 2019-2025, al tiempo que fue electo el candidato de Uruguay para el mismo período.

Elecciones puestas en contexto

Los Estados son los que escogen mediante votación, quiénes ocuparán este tipo de puestos (candidaturas de personas a título individual), a diferenciar de otro tipo de candidaturas (candidaturas/país). En el primer caso, la persona escogida una vez en funciones, debe mantener una total independencia con respecto al Estado que la designó.

Mientras que en el segundo caso, el Estado se postula como tal y, una vez escogido, designa a su representante oficial para participar en las sesiones del órgano en el que fue electo: al respecto, tuvimos la oportunidad de analizar la reciente elección de Bolivia, Cuba y México en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Nota 1).

En el caso particular de la elección de jueces del sistema interamericano de derechos humanos, es necesario precisar que si bien la OEA cuenta con 34 Estados miembros, únicamente participan en la votación para escoger a los jueces los 24 Estados que son Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, más conocida como Pacto de San José): por ejemplo  Canadá, Estados Unidos, y, desde el 2012 Venezuela (véase breve nota al respecto) hasta el 2019 (Nota 2), así como Trinidad y Tobago (desde 1998) no participan en esta elección.

El estado actual de firmas y ratificaciones, reservas y denuncias a la CADH está disponible en este enlace oficial de la OEA y permite apreciar cuán interamericano es el sistema de protección de los derechos humanos vigente en el hemisferio.

Candidaturas y aparatos diplomáticos

El lograr, para un Estado, reunir votos a favor de su candidato, resulta del intercambio de apoyos a los que frecuentemente recurren los departamentos de candidaturas de las direcciones de asuntos multilaterales (o de derechos humanos cuando los hay) de cada uno de los ministerios de relaciones exteriores.

Estos intercambios de votos responden a criterios de oportunidad como parte de una negociación política. Cabe precisar que a menudo este tipo de candidaturas son negociadas por los Estados a cambio de un apoyo por otra candidatura en otra organización internacional.

Estos intercambios de favores no se limitan únicamente a candidaturas de nacionales a título individual, sino que incluyen candidaturas/país: por ejemplo, en el 2005, Costa Rica apoyó a Nicaragua para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honrando un compromiso adquirido con Nicaragua al solicitarle votar en junio del 2003 en favor del candidato de Costa Rica para ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase nota de La Nación de octubre del 2005).

Estados que han presentado candidatos para ocupar vacantes en la Corte

Al momento de redactar estas líneas, son seis los Estados que han postulado un (o una) candidato(a) para la contienda de este 2021, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay.

La hoja de vida de la candidata de Argentina se encuentra en este enlace oficial de la OEA, así como la hoja de presentación del candidato de Brasil (véase enlace).

En enero del 2021, Paraguay presentó oficialmente a su candidata (véase nota oficial de su diplomacia del 19/01/2021), seguido unos días después por Panamá que también oficializó la postulación de su candidata (véase nota oficial de su diplomacia del 25/01/2021): es de notar desde ya que nunca en la historia estos dos Estados contaron con un(a) nacional fungiendo como magistrado(a) en la Corte de San José. En el caso de Mesoamérica, Panamá comparte esta situación con El Salvador y Guatemala.

Pocos días después, fue Costa Rica quién anunció postular a una candidata (véase comunicado oficial del 27/01/2021), decisión que se tomó oficialmente «tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, Dra. Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección«. Costa Rica ha contado en el pasado con integrantes de su nacionalidad en ya cuatro ocasiones (Nota 3), la última jurista costarricense siendo electa en junio del 2015 (Nota 4).

Unos días después, fue Chile el que anunció la candidatura de una nacional (véase nota oficial del 6/02/2021) y cinco días después, fue Perú el que oficializó la candidatura de un nacional en febrero del 2021 (véase nota oficial de su diplomacia del 11/02/2021). Ambos Estados ya han contado en el pasado con nacionales en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la región andina, Bolivia es el único Estado en nunca haber tenido a un nacional integrante de la Corte.

Como dato de cierto interés, el pasado 24 de mayo, Bolivia anunció que retiraba la postulación del actual juez ecuatoriano, candidato a su reelección (véase nota de prensa), sin anunciar posteriormente la de un(a) nacional. Es muy posible que el actual juez ecuatoriano (y actual Vice Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) esté por su lado actualmente en busca de un Estado proponente, dado que al parecer sus autoridades nacionales no desean postularlo.

Candidato(a)s a jueces en derechos humanos e idoneidad:

Uno podría suponer que la escogencia de personas llamada a integrar la máxima instancia en derechos humanos en la región sea objeto de una cuidadosa selección, en aras de encontrar a las personas más idóneas, con mayor preparación y compromiso con la causa de los derechos humanos; y que en este proceso de selección, se busque la manera de asociar a organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros especializados en materia de derechos humanos que presenten una terna final de candidatos a los decisores políticos. Nada más alejado de la realidad.

En Panamá, a penas dado a conocer públicamente el nombre de la postulante, se originó una fuerte resistencia y un álgido debate (véase nota de prensa).

En Costa Rica, la regresión de su juez constitucional en materia ambiental en los últimos años se destacó a la hora de analizar la forma con la que su Sala Constitucional complicó innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto foro realizado por  la Asociación Americana de Juristas el pasado 4 de junio); a tal punto que el reconocido colectivo ecológico como Bloque Verde pidió reconsiderar la postulación de la magistrada presentada por Costa Rica (véase nota publicada en Surcos digital).

En Paraguay, fue esta vez un colectivo de mújeres el que denunció el inadecuado perfil de la postulada por la diplomacia paraguaya (véase nota de prensa).

Estas (y muchas otras situaciones y cuestionamientos) se podrían evitar si los Estados aceptaran que las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, y los profesionales en derechos humanos fueran asociados en procura de designar a una persona con el perfil idóneo; y que los colectivos de abogados, gremios profesionales,  y defensores de los derechos humanos, mediante un concurso abierto y transparente, pudieran participar de lleno a la escogencia de los mejores profesionales en derechos humanos con los que se cuenta.

Es de notar desde ya que muchos de estos profesionales cuentan además con una sólida formación, completada con diplomas obtenidos en el exterior: las universidades norteamericanas, canadienses y europeas gradúan a una gran cantidad de juristas latinoamericanos en materia de derechos humanos  en el marco de estudios de posgrado, doctorado, postdoctorado sin que casi nunca ello aparezca en la hoja de vida de los postulados por las autoridades nacionales para llenar una vacante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el 2018, un grupo de expertos internacionales revisó la idoneidad de los candidatos/as propuestos para ocupar las tres sillas vacantes para integrar la jurisdicción interamericana: véase nota y en particular el  texto completo del valioso informe del panel de expertos y sus recomendaciones finales. Se trata de una primera iniciativa en la dirección correcta, propiciada desde la sociedad civil, y que al parecer para este 2021, no se consideró oportuno revalidar para las cuatro sillas restantes.

Una sentida ausencia

Es de notar desde ya que varios Estados del Caribe anglófono son Estados Partes a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, a diferencia de otras épocas (no tan lejanas), la actual Corte se compone de nacionales de Estados de habla hispana en su totalidad (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) y no cuenta con ningun nacional de un Estado del Caribe anglófono del hemisferio americano.

Esta situación persiste desde el 2012: en efecto, durante el período 2007-2012, se pudo contar con la presencia de la jueza Margarette May Macaulay, de Jamaica; durante,  el período1995-2006 con la del juez Oliver Jackman, de Barbados; y durante el período 1979-1985, con el juez Eugene Munroe Huntley de Jamaica.

Esta ausencia puede contribuir a reforzar en los diez Estados anglófonos insulares del Caribe, así como en Belice, Guyana y Surinam en el continente, el desinterés de su opinión pública por los órganos interamericanos de derechos humanos: los activistas y las organizaciones de derechos humanos deben enfrentar en su labor diaria este desinterés, ante un sistema regional de protección de los derechos humanos que no pareciera valorar, a la hora de escoger a posibles futuros(as) jueces, los aportes de la cultura jurídica anglosajona.

A modo de conclusión: una nueva contienda diplomática

En nuestra precitada nota sobre las elecciones para ocupar cuatro vacantes en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizadas en el 2015, se indicaba que fue la diplomacia de Ecuador la que obtuvo mejores resultados en esta votación, al tiempo que Uruguay, los peores: «el candidato de Ecuador logró 22 votos, la candidata de Costa Rica 20 votos, el candidato de Argentina 18 votos. Con 20 votos el actual juez chileno fue reelecto, quedando fuera de la contienda (y de la Corte) el candidato del Uruguay, con tan solo 9 votos» (Nota 5).

En junio del 2018, México obtuvo los mejores resultados y Bolivia los peores, al tiempo que Uruguay mejoró sustancialmente su marca anterior: para tres vacantes, el juez mexicano (reelección) obtuvo 21 votos, el colombiano (reelección) 20 votos, y el candidato de Uruguay reunió 16 votos; al tiempo que la candidata de Bolivia no resultó electa, con tan solo 7 votos a su favor (véase nota de prensa).

Con seis candidaturas para cuatro vacantes en este 2021 (y tal vez un Vice Presidente que logre obtener un patrocinio estatal de última hora), la batalla diplomática se anuncia intensa entre los Estados de América Latina que han decidido postular a un candidato/a para integrar lo que se considera el máximo órgano de derechos humanos en el hemisferio americano. Si bien el aparato diplomático brasileño es tradicionalmente muy eficiente a la hora de reunir los votos en favor de sus candidatos, la actual coyuntura en Brasil en materia de derechos humanos podría jugar en su contra.

La votación y los resultados oficiales deberían de darse a conocer en las próximas semanas, en el marco de la Asamblea General de la OEA que se realizará en este mes de junio del 2021 en Guatemala.

– Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Publico, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

*Fuente: Nicolás Boeglin

-Notas :

Nota 1:  Véase BOEGLIN N., «La reciente elección en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Bolivia, Cuba y México: breves apuntes«, DIPúblico, edición del 21/10/2020, disponible en este enlace.

Nota 2: El caso de Venezuela es bastante insólito en los anales del derecho internacional público, al haber denunciado en setiembre del 2012 la Convención Américana de Derechos Humanos. No obstante, jurídicamente, Venezuela parece haberse reintegrado  plenamente al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, mediante una carta del autoproclamado Presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó que los órganos de la OEA reconocen como tal (véase su carta de 31/07/2019).

Nota 3: Los siguientes costarricenses integraron la Corte en su historia: Rodoflo Piza Escalante (1979-1988), Sonia Picado Sotela (1989-1994), Manuel Ventura Robles (2004-2009) y (2010-2015) y Elizabeth Odio Benito (2015-2021). Notemos que el jurista de nacionalidad norteamericana, Thomas Buergenthal, fue propuesto por Costa Rica como candidato y quedó electo en 1979 como juez de la Corte Interamericana: véase al respecto este artículo del mismo Thomas Buergenthal, disponible aquí, en especial pág. 12 en la que indica que pensó, inicialmente, que se trataba de una mala broma de uno de sus estudiantes: «Convencido de que se trataba de alguna broma de un estudiante de mi seminario, le di las gracias y le pedí su número de teléfono para poder comunicarme con él después de haber consultado a mi esposa«.

Nota 4: Al respecto, véase nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

Nota 5: ibid.

Esta nota fue publicada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Univesridad de Costa Rica (UCR).

El articulo Breves apuntes sobre elección de nuevos jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos apareció primero en piensaChile.

El texto completo del informe de admisibilidad 167/20 de la CIDH está disponible en este enlace oficial de la CIDH, y lleva la fecha del 2 de julio del 2020.

Cabe precisar que en esta primera etapa preliminar, la CIDH debió escuchar a ambas partes, y proceder a valorar la batería de argumentos dados por Costa Rica para considerar inadmisible esta petición: estos van desde cuestionar la legitimidad de los peticionarios hasta aducir que no se han agotado los recursos internos, pasando por alegar que se violó el derecho a defenderse y otras razones de peso relativo (véase los párrafos 11 a 17 del precitado informe). En esta audiencia pública entre las víctimas y el Estado, realizada en el 2013 (véase video en YouTube), se puede escuchar el tipo de argumentos esgrimidos por los representantes de Costa Rica para invalidar las denuncias (a partir del minuto 24:00, y su reiteración a partir del min 54:21, incluyendo una descripción bastante peculiar sobre el mal funcionamiento del parlamento costarricense – min 55:30). Como se verá a continuación, ninguno de estos argumentos surtió mayor efecto en los integrantes de la CIDH.

En la región mesoamericana, se puede referir a otro informe de admisibilidad de la CIDH de abril del 2020 relativo a Panamá, en el caso de las comunidades Kunas de Gardi, Comarca Kuna Yala de la región de Nurdargana-Playa Colorada (véase texto completo).

La decisión de la CIDH relativa a Costa Rica en breve

En el informe de la CIDH se puede leer que:

» 17. La Comisión nota que los hechos denunciados en el presente caso incluyen, pero no se limitan a la falta de reconocimiento adecuado del territorio ancestral, al proyecto de gran escala El Diquís así como a la imposición de la figura de las Asociaciones de Desarrollo Integral«.

También se puede leer que:

«21. La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a la falta de reconocimiento adecuado sobre el territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitación a la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio tradicional y en particular con relación a los proyectos desarrollados en el mismo, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas en virtud de la imposición de la Asociación de Desarrollo Integral, la formulación y el inicio de actividades por parte del ICE en conexión a la represa El Diquís sin haber realizado garantizado el acceso oportuno y adecuado a la información y una consulta previa, libre e informada, y la ausencia de recursos judiciales efectivos y adecuados. En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 3 (derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión), 21 (derecho a la propiedad), 23 (derechos políticos) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 de dicho tratado, respecto de los miembros del pueblo indígena Teribe «.

Con esta decisión sobre admisibilidad de la petición de la comunidad indígena Terraba (denominada Teribe por la CIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye una primera etapa y abre una segunda en la que examinará los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas.

Megaproyecto y derechos de comunidades indígenas: el PHDiquis

Cabe recordar que la actitud del Estado costarricense con relación al Proyecto Hidroeléctrico El Diquis (PHDiquis) motivó en el 2011 la visita in situ, a solicitud de organizaciones indígenas, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, James Anaya (véase texto completo de su informe de julio del 2011 titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica«). En este informe, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer, además de la serie de valoraciones en torno al PHDiquis como tal, que:

«47. Durante su visita, casi todos los representantes indígenas con quienes se reunió el Relator Especial alegaban que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos indígenas, y a su vez manifestaron que los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades. Según se informa, las ADI son percibidas como partes de la institucionalidad estatal que regularmente toman decisiones sin informar o consultar con las bases de comunidades indígenas que supuestamente representan. Mientras que en algunos casos los territorios indígenas han adaptado sus estructuras de representatividad a las estructuras de la ADI, en varios otros, incluyendo en el caso del pueblo teribe, la presencia de las ADI ha tenido como resultado la degeneración de las estructuras tradicionales de representación de los pueblos indígenas«.

Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a la reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura, al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, los cuales pueden ahora entrar a ser valorados por la CIDH.

Entorno y cultura indígena en la jurisprudencia reciente del juez interamericano

Sobre este punto particular, en una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina (véase texto completo), se reafirmó el derecho de las comunidades indígenas de la región de Salta sobre sus territorios ancestrales – caso de la comunidad Lhaka Hhonat (Nota 1). El juez interamericano explicó de manera sumamente rigurosa la serie de derechos que se infringen al permitir actividades como la ganadería, la tala ilegal o el alambrado, llegando a concluir que:

«En las circunstancias del caso, los cambios en la forma de vida de las comunidades, advertidos tanto por el Estado como por los representantes, han estado relacionados con la interferencia, en su territorio, de pobladores no indígenas y actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia, que nunca fue consentida por las comunidades, sino que se enmarcó en una lesión al libre disfrute de su territorio ancestral, afectó bienes naturales o ambientales de dicho territorio, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. En este marco, las alteraciones a la forma de vida indígena no pueden ser vistas, como pretende el Estado, como introducidas por las propias comunidades, como si hubiera sido el resultado de una determinación deliberada y voluntaria. Por ello, ha existido una lesión a la identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios» (párrafo 284).

Y que por lo tanto:

«Argentina violó, en perjuicio de las comunidades indígenas víctimas del presente caso, sus derechos, relacionados entre sí, a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, y al agua, contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con la obligación de garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1 del mismo instrumento» (párrafo 289).

Esta decisión del juez interamericano que reconoce la relación intrínseca que mantiene la cultura de una comunidad indígena con su entorno natural posiblemente llegue a interesar a muchas otras comunidades indígenas en América Latina que sufren a diario atropellos de todo tipo por la acción u omisión del Estado: en efecto, estos últimos perfectamente califican, en la mayoría de los casos, como una «lesión a su identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios«.

Como bien se sabe, pese al poco interés de los aparatos estatales por actualizar su accionar en lo relacionado a los derechos de las comunidades indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las interpretaciones que haga sobre el alcance de ciertas disposiciones normativas constituyen mucho más que una guía para los Estados. La jurista Karine Rinaldi es enfática al señalar que:

«esta interpretación evolutiva debe de ser entendida como parte del derecho interamericano, vinculante para los Estados de la OEA que ratificaron la Convención y reconocieron la competencia de la Corte. En este sentido, en palabras del Juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, “[l]as interpretaciones que realiza la Corte IDH se proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso particular con efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma interpretada”/…/ Paralelamente, la interpretación formulada por la Corte Interamericana va a tener de hecho el mismo valor que la letra del Pacto, e incluso será superior a la redacción de éste, porque como intérprete final del mismo fija la superficie y el alcance de sus cláusulas escritas” (Nota 2).

En lo personal, al haber tenido la oportunidad de impartir charlas a funcionarios estatales, incluyendo a personas que trabajan en el aparato de administración de justicia en Costa Rica, resulta evidente el gran desconocimiento que se tiene sobre los alcances precisos de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos de poblaciones indígenas.

Finalmente, podemos indicar que las recurrentes demandas que llegan a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a derechos culturales y territoriales de comunidades indígenas (véase interesante recopilación hecha por la misma Corte en el 2018) no hacen sino reflejar la reiterada ausencia de reconocimiento de estos derechos a nivel interno y la persistente ineficacia de los mecanismos previstos para garantizarlos en el ordenamiento jurídico interno de los Estados.

El derecho a la tierra de las comunidades indígenas ante un Estado inoperante

Cabe señalar que la inacción del Estado costarricense – que también se evidencia en otras partes de América Latina (Nota 3) – en materia de demarcación de territorios indígenas, y la invasión de personas no indígenas en ellos ha llevado a las mismas comunidades indígenas costarricenses a proceder a la recuperación de sus territorios. En esta nota de prensa reciente titulada «Guerreras indígenas» (Semanario Universidad, edición del 14/07/2020), se lee que:

«De los veinticuatro territorios indígenas que hay en Costa Rica, se estima que el 40% de la tierra está en manos de no indígenas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo«.

El clima de violencia que se vive en la región de Salitre es particularmente grave: en menos de 12 meses, dos líderes indígenas de Salitre fueron asesinados, sin que a la fecha las autoridades hayan logrado identificar a los autores de estos hechos, motivando recientemente a varios relatores de Naciones Unidas a alzar la voz ante el clima de impunidad que se vive en Salitre (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes«).

Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (hechos en marzo del 2019), buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5, y cuya lectura completa recomendamos): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena en Salitre, Jerhy Rivera.

Esta situación, que lamentablemente se da muy a menudo en otras latitudes en América Latina, es nueva para Costa Rica y no deja de sorprender a muchos observadores internacionales. En una reciente nota de prensa divulgada por la DW (Alemania) titulada «Dar la vida por el planeta: en un 13% de los conflictos medioambientales se asesina a algún activista» (y cuya lectura se recomienda), el coordinador de la plataforma a cargo de elaborar el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (véase sitio oficial), el profesor Joan Martínez-Alier, recordó que:

«Incluso Costa Rica mantiene aún impune el asesinato de dos indígenas defensores de su territorio ancestral«.

Foto extraida de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

Recientemente, se informó de acciones de recuperación de tierras llevadas a cabo por integrantes de la comunidad indígena Maleku en la Zona Norte de Costa Rica (véase nota de CRHoy titulada «Ante inacción del Gobierno, puebo indígena Malekú inicia recuperación de tierras«, edición del 10/07/2020): sería deseable que las autoridades costarricenses tomen acciones para prevenir cualquier acción violenta contra los representantes de estas comunidades Malekus. En efecto, un nuevo acto violento podría dar lugar a un nuevo llamado de atención por parte de entidades internacionales que monitorean la situación de las poblaciones indígenas en Costa Rica.

A modo de conclusión

Admitida la petición de los representantes de la comunidad indígena Terraba, la CIDH procederá en adelante a examinar los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas: en esta etapa, deberá también convocar al Estado costarricense y escuchar sus alegatos, antes de decidirse.

De considerar que las garantías dadas por el Estado son insuficientes y que los aspectos de fondo ameritan ser examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es factible que sea este tribunal el que ordene, en una futura sentencia al Estado costarricense, remediar de manera urgente la situación de irrespeto a sus derechos, de indefensión de sus líderes y de despojo de sus recursos que denuncian desde varios años diversas comunidades indígenas en Costa Rica y algunas organizaciones sociales.

Es de señalar que esta decisión de la CIDH se da en un momento en que los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación mucho mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas, y con un acceso muy limitado a servicios básicos de salud. La desatención a su ya crítica situación por parte de las autoridades estatales es latente en diversas latitudes: en mayo del 2020, la misma CIDH advirtió de la situación en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo).

Nota 1: sobre la larga lucha de la comunidad Lhaka Hhohat, referimos al lector a la siguiente monografía: CELS / IWGIA, Informe IGWIA: el caso Lhaka Hhohat, Buenos Aires, Ennio Ayosa Impresores, 2006. Texto completo integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase RINALDI K., “Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana“, in PEÑA CHACÓN M. (Ed), El principio de no regresión en el derecho comparado latinoamericano, PNUD/Maestría en Derecho Ambiental, UCR, 2013, pp. 356-384, p.363. Obra completa cuyo texto está disponible aquí.

Nota 3: Véase por ejemplo un muy reciente informe (texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en el mes de julio del 2020, en el que se hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.

Esta nota fue escrita por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Blog del autor: Derecho Internacional

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El articulo Decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir petición de comunidad indígena contra Costa Rica: breves apuntes apareció primero en piensaChile.

La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile,  UNExPP, patrocinó demandas colectivas por violaciones de derechos humanos ante la justicia chilena como sigue: la Primera Demanda, en 2002. La Segunda Demanda, 2005. La Tercera Demanda, 2006. La Cuarta Demanda el 2007. La Quinta Demanda, el 2009. De la primera a la cuarta demanda, todas fueron denegadas por la Corte Suprema de Chile, acogiendo la alegación de estar prescrito todo derecho a indemnización para las víctimas de prisión política y tortura. La Quinta Demanda de 2009, fue finalmente fallada a favor por la Corte Suprema recién el año 2016, cuando quedó establecido que los delitos de lesa humanidad no prescriben, de acuerdo a convenios internacionales de justicia de los cuales Chile es parte. Sin embargo, las primeras cuatro demandas, aun habiendo sido falladas erróneamente no podían ser revertidas.

De tal manera que la UNExPP, el año 2011, procedió a hacer la primera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos.

A esta primera denuncia se acumularon la segunda demanda colectiva en 2012 y la cuarta  demanda se agregó el año 2014.

Luego de la sentencia favorable de la Corte Suprema de Chile para la 5ta demanda, aunque injusta y arbitraria  en términos del monto ínfimo de reparación, exiguos 3 millones de pesos como “indemnización” (rebajándola de los 50 Millones sentenciados en primera instancia), más el  rechazo a los querellantes que no estaban reconocidos en los listados Valech, y marginación de las viudas o deudos de ex prisioneros políticos, por esta denegación de justicia se denunció el año 2016 ante la justicia interamericana.

Debido a la lamentable lentitud de procedimiento en la CIDH, sin cuya gestión las denuncias no pueden pasar a la Corte Interamericana de Justicia, en junio de 2014, la UNExPP presentó un primer recurso per-saltum para agilizar el trámite para la 1ra, 2da, y 4ta demandas acumuladas. El escrito indicaba: “ROGAMOS: Disponer se agilice el trámite de admisibilidad dado que se reúnen todos los requisitos para ser consideradas y, puesto que nuestras peticiones o casos versan sobre hechos similares o revelan el mismo patrón de conducta del Estado denunciado y porque fundamentalmente afectan a personas ANCIANAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PREFERENCIAL Y PRIORITARIA, MÁS DE UN CENTENAR DE ELLOS SON MAYORES DE OCHENTA AÑOS DE EDAD, como se acredita profusamente con los documentos acompañados en otrosí (la edad promedio del universo restante de los demandantes es de 70 años; traspasando largamente la de edad de 60 años, requisito en Chile para ser considerado ADULTO MAYOR). A lo cual cabe añadir que alrededor de otros doscientos denunciantes han fallecido sin que se les haya hecho justicia y se mantiene un régimen de IMPUNIDAD.”

Cabe notar que el trabajo necesario para justificar dicha petición implicó reunir los antecedentes probatorios que darían sustento a nuestra petición, lo que significó sacar los certificados de nacimientos de los/as compañeros/as de 80 años y más; además sacar todos los certificados de defunción de nuestros/as compañeros/as fallecidos/as. Esto, para un cuerpo de voluntarios es arduo trabajo.

Posiblemente como resultado de nuestro trabajo y solicitud de urgencia y preferencia, en julio del 2017 la CIDH nos informó que había declarado la admisibilidad a las demandas acumuladas (primera, segunda y cuarta, con un total sumado de 1719 víctimas), acordando denominarlo como Caso 13.344 “Abarca y otros con Chile” y que había notificado al Estado de Chile al respecto dándonos tres meses para presentar las observaciones sobre el fondo.  Igualmente, nos informó que la CIDH ofrecía a las partes sus buenos oficios si estos querían buscar una solución de mediación.

Por cierto, el Gobierno de Chile es negativo  a toda solución amistosa y sólo procura prolongar o retardar el trámite ante la justicia. La UNExPP, por intermedio de nuestro abogado Víctor Rosas agregó mayores observaciones de fondo sobre los fundamentos de nuestro agravio, detallando las vulneraciones al derecho internacional humanitario, en extensos escritos recibidos por la Comisión IDH, con fechas  23 de abril y 9 de octubre de 2019.  La Secretaría Ejecutiva de la comisión nos acusó recibo de ambas presentaciones con nuestras  observaciones de fondo recién el pasado 12 de febrero de este año, comunicándonos  que se notificaba al Gobierno Chileno solicitándole (nuevamente) sus correspondientes observaciones de fondo, dándole otros CUATRO MESES MÁS de plazo para ello.

Desde la declaración de Admisibilidad de nuestras primeras tres demandas colectivas, como caso 13.344, han pasado ya  3 años. Por esta razón,  la dirección ejecutiva de la Unión de Ex Presas/os Políticos de Chile (UNExPP) tomó la decisión de hacer llegar tres nuevos escritos  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a nuestras denuncias pendientes ya por tantos años.

Por un lado,  solicitando que a nuestras tercera y quinta demandas colectivas (P- 559-15 y P-1637-16) que se encuentran aún en calidad de denuncia o petición y están en proceso de admisibilidad, sean acogidas al procedimiento  per-saltum,  invocando derecho de atención preferencial o prioritaria, para que  avancemos en la fila de espera para que la Comisión dé aprobación a su informe de admisibilidad como otros dos casos nuevos contra Chile.

Igualmente para nuestra demandas acumuladas en el Caso 13.344, ya admitidas, pero que ya han cumplido TRES AÑOS en su estudio o discusión de fondo, preparar un tercer escrito  acusándole rebeldía  al Gobierno chileno y se le dé por evacuadas sus observaciones de fondo, sin más plazos ni más esperas, considerando la edad avanzada de muchos de los demandantes  y del alto número de fallecidos, esperando el fallo de la Justicia Internacional.

Esto demandó el trabajo administrativo de dos dirigentes de la dirección por tres meses, en largas jornadas. Lo que le permitió al abogado y también dirigente de la dirección de la UNExPP, Víctor Rosas, completar nuevos escritos al efecto y despacharlos a la CIDH.

Es así como con fecha 17 de junio 2020 se envió el escrito por la tercera demanda (Juan Antonio Salgado y Otros, Petición 559-15), el 21 de junio por la quinta (Luzmira Miranda Tara y Otros, Petición P-1637-16) y el 23 de junio por el caso 13.344 (Marcos Luis Abarca Zamorano y otros), que acumula nuestra primera, segunda y cuarta demanda, además de una demanda individual. A la fecha hemos reportado un total de 779 fallecidos de los poco más de 3000 demandantes, más o menos un 26%.

Demandantes fallecidos al 2020 y demandantes sobrevivientes actualmente mayores de 80 años

“JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED”, la justicia que se retrasa es denegación de justicia. Lamentablemente, en estos casos esta máxima se aplica cruelmente para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, crímenes internacionales de lesa humanidad.

Para los centenares de demandantes que han muerto esperando justicia de parte de la CIDH, cuando la justicia de su propio país se la negó, fueron muchos años de verdadera tortura, una mezcla de esperanza y desesperanza, y por sobre todo de un sentimiento de olvido, y de no ser considerados como seres humanas con derecho a la justicia.

Para los sobrevivientes, la espera y la paciencia han dado paso a la desmoralización, y lo único que se levanta vencedor hasta aquí es la IMPUNIDAD. Todo esto ocurre por la traición, la complicidad y la desvergüenza de los políticos de todos los gobiernos de la centro-izquierda que han gobernado a Chile hasta aquí.  De los de derecha nada podemos ni podíamos esperar. Para colmo de todo esto, Piñera tuvo el descaro hasta de retirar del Congreso el proyecto de ley con un miserable bono ingresado en los últimos días de su gobierno por la presidenta Bachelet.

Todos juntos al fin prefieren ver sin darse por aludidos como las cortes, sobre todo en el último tiempo, han resuelto finalmente a favor de los demandantes por violaciones de derechos humanos, y aun así no legislan aprobando una ley de reparación integral, con una indemnización justa y adecuada. La clase política espera impasiblemente que las víctimas de dichas violaciones simplemente, como lo demuestran nuestros propios estudios en estas denuncias ante la CIDH, se vayan muriendo de a poco.

Desde la UNExPP, seguimos trabajando con las fuerzas que nos quedan, para que se haga justicia. Una decisión de parte de la Corte Interamericana de Justicia, sería una gran victoria, cuando así estamos hablando de más de 3.000 casos pendientes.

Creemos que es necesario hacer patente y real esta triste situación de la muerte de los ex presos y presas políticos denunciantes ante la CIDH y por eso hemos decidido también publicar los listados de ex presos/as demandantes fallecidos. Estos listados  se pueden encontrar en la página web de la organización, www.unexpp.cl

El articulo Justicia retrasada es justicia denegada: Gestiones ante la CIDH por denuncias de la UNExPP apareció primero en piensaChile.

En un contexto de crisis, donde la falta de legitimidad de las instituciones políticas provoca protestas masivas, donde la crisis climática genera conflictos territoriales complejos, concepciones que hagan depender los derechos de los deberes son un peligro mayor, que favorece la tiranía de valores colectivos no democráticos o de valores economicistas que sólo benefician a pocos como formas de resolver las controversias crecientes de nuestra sociedad.

Durante el estallido social escuchamos a voces que justificaron las violaciones a derechos humanos por la destrucción de la propiedad pública y privada, los daños económicos o las restricciones a la libertad de movimiento que implicaban las protestas. Por qué los que eran considerados vándalos tendrían derechos humanos, o por qué Carabineros debería sujetarse a los derechos humanos cuando respondiera a quienes los atacaban, se preguntaban. Ahora, algunos se preguntan por qué debe respetarse la privacidad de un contagiado con COVID, o por qué tenemos que preocuparnos de que los presos en cárceles hacinadas se contagien.

La idea subyacente es tremendamente peligrosa, esto es, que los derechos humanos estarían condicionados por otros elementos, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos deberes, como el de no causar daño a otros, no ejercer violencia, u otras circunstancias. Esta idea es simplemente falsa.
Lamentablemente, esa es la misma idea que está a la base de lo que señala el Director del INDH cuando menciona ayer, en entrevista para El Mercurio, que es una verdad a comunicar que “no hay derechos sin deberes”. Más allá que, de seguro, Sergio Micco se verá forzado a presentar matices o reinterpretaciones de sus dichos, queremos mostrar aquí por qué esa idea es tanto errada a nivel conceptual como riesgosa en sus consecuencias.
En primer lugar, los derechos humanos se distinguen del resto de los derechos subjetivos – los que emanan de un contrato por ejemplo – porque existen sólo en virtud de nuestra pertenencia al género humano y son una consecuencia del reconocimiento de la dignidad, por lo cual son iguales y universales, es decir, que todos debemos gozar de esos derechos y de los mismos derechos. Que se hable de derechos humanos especiales, para niños, niñas y adolescentes, para mujeres o pueblos indígenas, no es un contrajemplo, sino una consecuencia que proyecta los derechos de todos a ciertos grupos, en especiales condiciones de vulnerabilidad, para que esas circunstancias no los priven de sus iguales derechos.
Por otra parte, los derechos humanos son incondicionales. Esto implica que son derechos en sentido fuerte, esto es, que, como indicaba Ronald Dworkin, constituyen una carta de triunfo frente a cualquier otro argumento, sea una mayoría legislativa, la necesidad política, el orden público o la atávica “razón de Estado”. Como tales se sobreponen a esas consideraciones, y ninguna de ellas puede limitar su aplicación. Una clase especial de derechos urgentes, dirá John Rawls; con importancia primordial, indicará Maurice Cranston, o sea, que no es legítimo desconocer los derechos humanos en virtud de otras circunstancias, ni siquiera de otros derechos.
Afirmar la existencia de un derecho, como nos ilustró Wesley Hohfeld se correlaciona con un conjunto de posiciones, en las cuales hay deberes que cumplir por parte de los otros con quienes interactua el titular de un derecho. El derecho de unos implica los deberes de otros. Eso funciona de ida, pero no de vuelta.
En efecto, la prioridad justificativa de los derechos nos señala que, por mucho que los derechos de algunos imponen deberes a otros, los deberes de los otros no permiten justificar o limitar la existencia de derechos.
Con mayor razón, el cumplimiento de los deberes del titular de un derecho humano o fundamental no tiene ningún rol en la existencia o alcance de ese derecho. En términos concretos, si alguien quebranta el deber de respetar el orden público, no por ello pierde su derecho a la integridad física, y con ello no se modifican los deberes que impone ese derecho al constreñir la oportunidad y el modo el ejercicio de la fuerza pública. Si alguien no cumple sus deberes de cuarentena, no por ello se le puede privar arbitrariamente de su libertad.
Lo anterior no tiene nada que ver con que los derechos humanos sean absolutos, sino que implica que sólo pueden limitarse por su relación con otros derechos, de una manera en la cual se deben ajustar en su alcance, pero nadie puede ser privado completamente de sus derechos para que otros ejerzan los suyos.
En la práctica, esto no es incompatible con una visión comunitarista que asuma que la comprensión de las comunidades políticas democrática reposa, como sugiere Charles Taylor, en concebir la dignidad como un atributo accesible para todos. Los que asumen posiciones no individualistas pueden ver, que la solidaridad igual para con todos hace cuestionable que alguien sea torturado bajo cualquier pretexto, o que, aunque una persona viaje a su segunda vivienda durante la crisis sanitaria debe ser reprochada y puede ser sancionada por poner en riesgo a una comunidad, pero nunca en contra del trato que le garantizan los derechos humanos.
Sí es incompatible con visiones particularistas que anteponen sus ideas colectivas a la igual dignidad – por ejemplo, forzar a los feligreses a sus deberes en ceremonias religiosas masivas – o visiones utilitaristas que, buscando ciertas consecuencias – evitar la recesión o mantener el empleo -, anteponen ciertos derechos de algunos a los derechos de otros, como la propiedad, la libertad de movimiento o la libertad empresa por sobre la dignidad. Los derechos a la vida y la salud de algunos no deben equilibrarse con la actividad económica, – el encuentro de la curva del contagio con la curva económica, según han sugerido ciertos empresarios – como tampoco con el orden público o la seguridad nacional.
Por eso es que la CIDH ha resuelto recientemente que “Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada.”
En un contexto de crisis, donde la falta de legitimidad de las instituciones políticas provoca protestas masivas, donde la crisis climática genera conflictos territoriales complejos, concepciones que hagan depender los derechos de los deberes son un peligro mayor, que favorece la tiranía de valores colectivos no democráticos o de valores economicistas que sólo benefician a pocos como formas de resolver las controversias crecientes de nuestra sociedad.
Cuando la crisis sanitaria nos hace enfrentarnos a la evidencia que la protección de los derechos suponen gastos – que no hicimos a tiempo, como construir un buen sistema de salud pública-, la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos no puede desconocerse para predicar que cumplamos nuestros diversos deberes con la comunidad. El sufrimiento que nos provocará que nos hayamos puesto en condiciones en que no logremos hacer efectivos los derechos de todos, nunca será una excusa para desconocer que todos merecen y tienen derechos humanos.
Podemos terminar, con lo que decía Nicanor Parra,
“Qué fue de los deberes humanos.
Ofrezco la palabra. Mucho se habla de derechos humanos.
Poco
Nada casi de los deberes humanos:
Primer deber humano
Respetar los Derechos Humanos”
*Fuente: ElDesconcierto

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