Las argumentaciones que han entregado los violadores de derechos humanos y los políticos condenados o formalizados por delitos diversos están, sin duda, dirigidas a “los propios”, es decir, a la red personal que los ha avalado, que les deben favores o tienen complicidades más íntimas. La sociedad, las víctimas o los del grupo rival poco importan.
El general Cheyre, acusado de complicidad en el asesinato de 15 personas en 1973, durante el paso de la siniestra Caravana que encabezó el general Arellano Stark, fue finalmente encarcelado –claro que en un cuartel en que se considerará con toda fineza su investidura– por su participación en los hechos.
Hay quienes dicen que el entonces subteniente Juan Emilio Cheyre era un imberbe joven de alrededor de 20 años y es cierto; que si hubiese hablado podría haber sido asesinado por su pares y también es cierto. Pero él no está preso ni siquiera por eso, sino porque han pasado 43 años y jamás colaboró contando la verdad de ese importante episodio de violación de derechos humanos, pese a que –hoy puede decirse cínicamente– incluso llamó a sus congéneres a colaborar con la justicia, en circunstancias que él mismo tenía la posibilidad de aclarar el asesinato de, al menos, esas 15 personas.
Todos sus intentos de blanquear su propia imagen incursionando en la academia o incluso en asuntos electorales que, por cierto, no fueron ni son de su especialidad, han quedado en nada.
La estrategia de supervivencia de Cheyre –incluso ganándose la enemistad del club pinochetista más purista– era llamar a “nunca más” refiriéndose a los atropellos de la dictadura, pero que en el fondo tenía por objeto conseguir apoyos en la Concertación porque en su trasfondo intuía que había una posibilidad –cada vez menor por sus contactos con la Nueva Mayoría– de que fuese revivido su paso por el regimiento de La Serena.
De hecho, en la Vicaría hace muchos años que su nombre aparece en los hechos que terminaron con la vida de 15 personas, pero sus contactos y manejo político le habían permitido tener entre sus amigos o defensores a ministros y personalidades de la Concertación.
Tuvo que ser un juez de la República quien pusiese las cosas en su lugar. Las evidencias y testigos eran claros y cualquier idea de venganza o manipulación política resulta una cortina de humo en la actualidad. El juez Mario Carroza al final hizo lo que los partidos de la Concertación prometieron y fracasaron durante años: justicia y verdad. Esto se debe a que los partidos de la Concertación y sus líderes entraron a convivir con “los sospechosos” (militares y civiles), terminando por avalar, disfrutar y profitar de un contubernio descomunal.
El diputado Andrade, cuando supo lo de su ex esposa, de la cual está separado hace alrededor de tres años, empezó por decir que los 5 millones de pensión mensual que recibía Myriam Olate eran normales en el sistema actual. Ya eso es una bofetada, por ejemplo, a los militantes socialistas exonerados y ex GAP, que están en huelga de hambre en Plaza Brasil porque sus pensiones son inferiores a 150.000 pesos. Ciertamente, como abogado, laboralista y ex ministro del Trabajo, Andrade conoce la ley y argumentó que esa pensión está en el marco de la ley. Puede que así sea.
La explicación que entrega el Presidente de la Cámara es formal, busca devolver responsabilidades a la derecha por no haber limitado las pensiones en Gendarmería, sin aceptar que, al final de cuentas, todo el procedimiento que llevó a la millonaria suma fue planificado con fina pulcritud porque no fue un mes cualquiera.Evidentemente, empero, tal suma despertó la curiosidad de 17,9 millones de chilenos que les gustaría llegar a una pensión de siquiera un cuarto o un quinto de eso. Había que tener muchos “santos en la corte” para hacerlo, por legal que fuese.
En fin, más de alguien puede decir «y usted, ¿qué hubiese hecho?». Claro, según las bases económicas tradicionales buscamos maximizar la utilidad, pero –salvo en el marco neoliberal que hoy impera– hay restricciones éticas a esas decisiones. Estos límites no estaban –y por lo que hasta ahora se dice– siguen sin estar en el horizonte del diputado Andrade ni de la señora Olate.
¿Es posible que Myriam Olate no haya pensado que, si se sabía del valor de su pensión y de las formas en que las había conseguido, se crearía un enorme problema político que salpicaría a su ex marido? Al parecer, como pasó en los últimos cien o cientos de casos que ha comentado la prensa, en los dos últimos años los protagonistas han confiado esencialmente, primero, en que no se sabría y, en segundo lugar, en que es legal o puede pagarse una muy ligera multa y todo resuelto (como optó el senador UDI Jovino Novoa). Andrade no es la excepción a esta lógica argumental que lo coloca junto con la fronda de la elite chilena que ha pasado por tribunales en el último tiempo.
Hay otros que no trepidan en sacarse las fotos menos discretas para hacer que el tiempo borre las cicatrices que la vida les ha deparado. El coronel en retiro Reinel Bocaz Rocha ocupaba con gran exposición el cargo de edecán de la Cámara de Diputados. En forma unánime la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja aprobó su designación del coronel como edecán de la Corporación, en reemplazo del dimitido coronel Jaime Krauss Rusque. Este también estaba inmiscuido en violaciones a los derechos humanos. Al parecer habría que revisar los criterios con que se nombra a tales funcionarios.
En efecto, Bocaz más que nadie sabía que estaba inmiscuido en una investigación por homicidio del prisionero político, militante del MIR, Óscar Delgado Marín, hecho que tuvo lugar en octubre de 1973 en el Estadio Nacional. Bocaz –también un joven subteniente en la época– probablemente no podía denunciar estos hechos en esa época, pero también tuvo 43 años para pensarlo y para, en algún momento, apoyar el esclarecimiento de los hechos, lo cual jamás hizo. Por el contrario se colocó en un lugar que, probablemente, él consideró impecable para continuar con su impunidad, ya que era nada menos que el edecán del propio diputado Andrade como presidente de la Cámara de Diputados.
Tuvo que ser el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior el que pidiera su procesamiento como autor del homicidio de este prisionero político en el Estadio Nacional en 1973. El gobierno mantuvo su irritante neutralidad y tuvo que actuar un grupo al que le ha costado puestos y despidos por buscar la verdad.
*Fuente: El Mostrador