La verdad es que ya nadie entiende nada: Burgos, el jefe político del gabinete y quien, se supone, debe dirigir y conducir al elenco ministerial en pos del logro del programa de Gobierno, sale a decir que si “él fuera parlamentario tendría sus dudas” en relación con la aprobación del aborto por la causal de violación. Aleuy y el segundo piso destituyen al intendente de O’Higgins y un problema de carácter local lo transforman en agenda nacional. La coalición de los cargos cada semana se las ingenia para contradecirse, enredarse y anularse.

Y es que mientras los principales actores de Palacio continúan filmando su propia versión de Hamlet, crece el descontento ciudadano en provincias y algunas, incluso, ya arden en llamas.

Curicó y la funa a las autoridades

En la ciudad de las tortas “el colectivo Mujeres Curicó” se las ingenia para funar a cuanta autoridad se les cruce por el camino. La última tuvo lugar en la tradicional fiesta de la Vendimia, donde no quedó “mono parado”.

Se encaró al alcalde, se pifió a los parlamentarios y se repartieron panfletos con las imágenes del alcalde Javier Muñoz y del legislador Roberto León con el siguiente texto: “Sabían que… el alcalde de Curicó Javier Muñoz protege a su jefe de campaña el diputado Roberto León, quien tiene facturas en SQM por más de 150 millones de pesos a nombre de su hijo… el alcalde al tener los medios de comunicación pagados evita tenga la comunidad conocimiento de esta información, ¿qué les parece?”.

Las mismas protagonistas, también, hacen circular por la red un video donde el grupo de féminas le grita al alcalde “corrupto” y doña Elsa Labraña, una de las principales activistas, se vanagloria en su Facebook de que “también webeamos a la Bachelet, Zaldívar, León, Coloma, Morales y a todos los corruptos del gobierno. En realidad nos manifestamos por nuestros derechos que ellos nos niegan”.

El asunto en Curicó es grave, debido a que prácticamente todo el Concejo Municipal está siendo investigado por el Ministerio Público y la protesta ya alcanzó a los parlamentarios.

Osorno… el error del nuncio y de la jerarquía católica

Es sábado 21 de marzo de 2015 y en Osorno un nuevo obispo, Juan Barros, está a punto de ofrecer su primera misa como dignatario de la Iglesia. El prelado es acusado de encubridor por las víctimas del violador de El Bosque. Osorno es una ciudad apacible donde rara vez ocurre alguna explosión social. Pero esta vez sucede y su causa es la indignación que provoca tal nombramiento entre los feligreses que trabajan en las comunidades de base.

Todo partió a eso de las 11:00 a. m. de aquel día, cuando centenares de personas comienzan a reunirse en la plaza de armas de la ciudad. Hay laicos, católicos de base y los mirones de siempre. Prontamente se levantan pancartas y globos negros como símbolo de duelo por lo que les está sucediendo y lentamente se suma más gente a la protesta que pilla por sorpresa a todos: el obispo Barros está absolutamente solo. No hay nadie de la jerarquía eclesiástica y muy pocas autoridades acompañándolo. Las que están, se ubican más bien afuera, del lado de los manifestantes.

Barros no ingresa por el acceso central sino por un costado de la catedral, lo que es captado por la prensa que alerta a los manifestantes que ingresan de manera desordenada y violenta. Por un momento el asunto se vuelve realmente caótico y a Barros le quitan hasta su mitra. Las pocas autoridades que lo acompañan en ese vía crucis se sienten incómodas y sorprendidas. No son estudiantes, ni sindicalistas los que encabezan la protesta: son cristianos de base.

El balance no puede ser más triste: el obispo encerrado en las oficinas del Episcopado desde donde solo pudo zafar con protección policial. Afuera, en la plaza, un corresponsal y ex exiliado le comenta a su sobrino “qué bueno encontrarte aquí, ya que este es un momento histórico para la ciudad”.

La furia osornina, que se destapó por la torpeza del centralismo eclesiástico del nuncio Ivo Scapolo, tiene hoy a la Iglesia dividida, con una alta tasa de deserción a las misas y las catequesis. El escándalo religioso es la guinda de la torta de una ciudad dominada por el monopolio político de la familia siciliana DC –dicen los parroquianos– que encabeza el alcalde local y que controla empresas contratistas y de capacitación, colegios técnicos y constructoras.

Arica… siempre Arica

La ciudad, a diferencia de su vecina Tacna –chiche del gobierno limeño– se siente siempre abandonada y no es casualidad que cada nuevo Presidente invente cada cuatro años su propio plan Arica que, por supuesto, jamás llega a concretarse.

El abandono y las banderas negras, son parte del relato que cada ariqueño aprende desde niño. Esta vez les tocó a los pequeños pescadores de la ciudad que durante el año 2015 trabajaron apenas 157 días y este año, según ellos mismos, llevan laborado solo un día, esto como consecuencia de la Ley Longueira que entregó la explotación del mar a las siete familias.

No hay ganancias y la desesperación los tiene a punto de reventar, cuya consecuencia son las permanentes escaramuzas con las cuales desafían a la autoridad. Cuentan los dirigentes de la pesca artesanal que Corpesca tiene muchos partes por pasar las cuotas de descarga de pescado pero, como lo sabemos a través del senador Orpis y de los integrantes de la Comisión de Pesca, tienen muchos santos en la corte.

El pasado 23 de marzo los pescadores artesanales intentaron entrevistarse con el Ministerio y la Presidenta para agilizar decretos que permiten trabajar bajo el nuevo formato de la Ley Longueira y el sistema de cuotas que benefició a las grandes empresas. Ellos hablan derechamente de negligencia burocrática y administrativa que les impide trabajar.

Lo anterior tiene incendiada la región que, hasta hoy, sigue siendo dominada por los senadores Orpis y Rossi, sus representantes en el Parlamento y sus respectivos equipos políticos que, como sabemos, han dado tanto que hablar.

Recientemente, el diario local El Independiente publicó la detención de Roberto Estay, jefe de gabinete del senador socialista, por violencia intrafamiliar en contra de su ex pareja embarazada. Lo más curioso es que Estay es director de la Corporación “Casa Abierta”, que se dedica a la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y que recibe suculentos subsidios del Estado.

Ello se suma a la funa al propio Rossi en el aeropuerto y que se divulgó ampliamente en las redes sociales. Ya sabemos de la disputa entre él y el diputado Hugo Gutiérrez por el cupo senatorial de la región. Todo esto teniendo como escenografía de fondo a la empresa SQM que, desde la época de Bitar, sabemos, no solo controla a los políticos locales, los que –según testigos– continúan, como se hizo costumbre desde inicios de los 90, tomando las grandes decisiones que afectan a la región en los principales café con piernas de la ciudad.

Antofagasta y Calama irritados

Calama desde hace años, hace paros y pone banderas negras por la injusta distribución de las riquezas del cobre, y ahora se suma Antofagasta. Ya sabemos de sus protestas contra los emigrantes, fundamentalmente colombianos, que han llamado la atención de las autoridades, al punto que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, ha intensificado su presencia en la región. La ciudadanía está molesta y la crisis de la minería afecta profundamente a ambas comunas.

El pasado 22 de marzo, con motivo del paro de la CUT, se desarrolló una nueva demostración del malestar ciudadano motivado por la crisis de la minería del cobre y que a veces se desata irracionalmente contra los emigrantes, principalmente colombianos, como se dijo, los que algunas veces ofrecen motivos que reafirman los prejuicios en su contra.

Durante la huelga, Antofagasta es una de las ciudades donde el malestar se expresa más masivamente y con más rabia. La jornada se inició a las 6.30 a. m., cuando grupos de trabajadores y estudiantes dieron el vamos al paro convocado por la multisindical. Se efectuaron cortes en el camino hacia la Minera Escondida, en el campamento La Negra y en la salida norte, que encendieron la jornada marcada por la movilización de más de 2.500 personas que terminó con cuatro detenidos, tres dirigentes estudiantiles y un cuarto de la Federación de Trabajadores Mineros, lo que da cuenta de la transversalidad de la protesta. Cristián Cuevas fue uno de los rostros de la movilización.

Atacama en llamas

Los funcionarios públicos llevan ya casi un mes en paro como consecuencia de que el Gobierno actual no cumplió ni avanzó en la concreción del acuerdo “Un nuevo trato para Atacama”, que suscribió con ellos en septiembre de 2014 el intendente Miguel Vargas y que tuvo como avales a los parlamentarios oficialistas locales.

El protocolo que ponía fin a una larga movilización del sector público, que demandaba mejoras en sus condiciones laborales, permitía mejorar mediante la entrega de incentivos la compleja situación de los que trabajan allí y que se profundizó luego del aluvión de marzo de 2015, y donde el costo de la vida es muy superior al de otras zonas.

El caos allí es total y el gobierno central brilla por su ausencia. Los funcionarios públicos votaron hace casi un mes la huelga y las jornadas de protestas han sido particularmente intensas y aguerridas, con detenciones masivas y selectivas, como sucedió con el presidente de la ANEF. Durante la jornada, “Todos somos Atacama”, la represión en la región fue particularmente violenta con detenidos, sobre todo mujeres, como en Copiapó, donde una motocicleta de Carabineros atropelló a una manifestante que intentaba socorrer a un dirigente que era detenido.

La última declaración de la CUT local es particularmente clarificadora respecto del malestar existente: “Mañana nuevamente estaremos en las calles de la región, la lucha es difícil contra un gobierno tozudo que no cumple sus compromisos, que ocupa el poder que el pueblo le entregó, contra ese mismo pueblo”. Atacama tiene una historia de levantamientos contra el poder central en Chile y el asunto hoy no se ve bien.

En la capital de la corrupción, el malestar sigue creciendo

Es 17 de noviembre de 2013 y el senador que va a la relección por O’Higgins se pasea libremente por el liceo José Victorino Lastarria de Rancagua (ex B-3), cuando es divisado por un grupo de dirigentes contratistas y comités de base que lo empiezan a agredir verbalmente –“traidor, corrupto, si tu padre resucitara te agarraría a patadas en el trasero”–, hasta que el parlamentario logra zafar de la incómoda posición y se refugia en el liceo.

Esta situación se repetirá un año después cuando Quilapayún, actuando en el Teatro Regional, ofrece sus saludos al legislador allí presente y la rechifla general espontánea es tan masiva que el vocalista del grupo tiene que dar explicaciones.

Los movimientos políticos alternativos y por los más insólitos motivos –No Más AFP, asamblea constituyente, asamblea ciudadana, etc.– pululan en la ciudad y son la válvula de escape de una situación de abuso de poder que se hace insostenible, como ocurrió a raíz de la votación por la instalación de una nueva chanchera en la comuna de La Estrella, que provocó la indignación de la comunidad y que fue uno de los motivos que provocaron la caída del intendente, así como la guerra de pandillas que compromete a los dos parlamentarios socialistas y que tiene a la región ya casi un mes sin que la autoridad central logre aún consensuar un nombre que dejé satisfecho al senador, pero que, a la vez, no provoque al diputado Castro, en particular cuando, luego de la destitución del intendente Juan Godoy, este ha vuelto a relevar el caso Caval.

O’Higgins tiene el no muy halagador récord de 13 intendentes en 15 años y ya hasta los parlamentarios oficialistas, como Sergio Espejo o Felipe Letelier, se atreven ahora a cuestionar “el caudillismo” local del senador y plantean derechamente que la región no puede seguir dando el triste espectáculo de la rotativa de intendentes (El Tipógrafo, 22 de marzo).

En Rancagua no está lejano el día en que, tal vez, la imagen de un legislador arrojado a un tacho de basura dé la vuelta al mundo.

¿Qué está pasando en regiones?

Y es que hasta hace poco estábamos acostumbrados a que el malestar provinciano tuviera siempre una expresión fronteriza: Arica, Araucanía, Aysén y Magallanes, que por su condición de zonas extremas históricamente y como señal de protesta han venido enarbolando banderas negras o izando símbolos regionales, cuando no derechamente los de un país vecino.

Pero, hoy, la protesta y el descontento son más variopintos: Iquique, Antofagasta, Calama, Atacama y Copiapó, Isla de Pascua, Juan Fernández, la apacible Ovalle, que en la reciente visita de la Presidenta reiteró la rechifla general al presidente de la DC y senador por la región, que ya ha sufrido en otras localidades de la zona luego del incidente por su asistencia al mundial de rugby.

También se han sumado a la desobediencia civil ciudades como Rancagua y Curicó. Para qué hablar de La Araucanía, cuyo control se les escapó a los gobiernos de las manos y cuya situación tampoco resolverá (¿el próximo candidato al Senado?) Jorge Burgos.

La oligarquía centralista en crisis

Teo Valenzuela –Territorios rebeldes– encabezó una investigación en la que coparticipamos varios y que ponía el foco en tres movimientos regionalistas –Atacama, Magallanes y Aysén– que amenazaron la paz de los cementerios del Estado portaliano, construida a punta de sables y bayonetas en los albores del siglo XIX.

Una de las condiciones que siempre se repitió cuando estalló algún foco de disidencia fue el rompimiento del acuerdo intraelite metropolitana, cuya consecuencia principal era la crisis del Estado centralista y sus formas de representación. Algo muy similar a lo de 1859 está sucediendo ahora, y también, tiene su foco en Atacama.

La crisis de la oligarquía política metropolitana está en su clímax y por más que la prensa, que repite el carácter centralista del Estado, invisibilice el conflicto, este está ahí, a la vuelta de la esquina. En el pasado, el asunto se resolvió a punta de cañones y balas o mediante la cooptación de los líderes regionalistas –ayer Manuel Antonio Matta y hoy día Iván Fuentes–, más la entrega de algunas prebendas.

Es el agotamiento del modelo feudal que rige a nuestra política desde que Chile es Chile y que coloca a Santiago como ciudad europea y al resto de las provincias como su patio trasero, entregadas siempre al apetito voraz de legisladores, en su inmensa mayoría metropolitanos, que son en la práctica los dueños del territorio.

No sabemos si la historia se repetirá. Sí podemos afirmar que el ciclo de protestas y rebeldía territorial se prolongará hasta que se consolide un nuevo pacto institucional. O cuando alguien decida organizar la protesta.

*Fuente: El Mostrador