Horas difíciles vive el presidente de Enersis, Jorge Rosenblut. La próxima semana será citado a declarar como imputado por su participación en la recaudación de aportes empresariales ilegales a la política, a través de la sociedad Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli, a quien lo une una estrecha relación. En su testimonio judicial, Martelli le asignó a Rosenblut un rol protagónico en el diseño del esquema de recaudación de fondos desde el inicio de la última campaña presidencial de Michelle Bachelet. Un rol que también incluyó hacer el contacto entre Martelli y el abogado del Grupo Angelini, José Tomás Guzmán.
La vinculación de Rosenblut con el financiamiento ilegal de la política tuvo efectos explosivos en Endesa Chile, compañía que Rosenblut encabezó entre 2009 y 2014; y en su casa matriz, Enersis, la empresa que hoy preside. Ambas citaron a directorios extraordinarios esta semana para analizar los aportes hechos por el poderoso holding al financiamiento de la política, así como las consecuencias legales y financieras de constatarse que esos aportes fueron hechos por vías fuera de la ley.
El polémico rol del presidente de Enersis irrumpe en medio de los cuestionamientos a la compleja reestructuración societaria que lleva a cabo en América Latina la empresa controladora del holding, el gigante eléctrico italiano ENEL, el otro tema de la tabla a discutir por ambos directorios.
En la mesa del directorio de Endesa estará el viernes 19 de junio el informe preliminar de la auditoría que se ordenó en marzo -a petición del director Enrique Cibié (independiente, elegido con votos de las AFP)- para determinar qué aportes a organizaciones y personajes políticos concretó la empresa durante la gestión de Rosenblut.
Es probable que en ese informe aparezcan los convenios con la Fundación Dialoga, creada por Michelle Bachelet. Los reportes de sustentabilidad de la empresa informan que entre 2010 y 2011 Endesa suscribió un convenio con Dialoga para el “Proyecto de Acción e Investigación: Educación para la calidad, reconstruyendo para la comunidad escolar”. Según informó la revista Qué Pasa el 28 de diciembre de 2012, el dinero fue destinado a talleres en colegios afectados por el terremoto en la VII Región. El proyecto estuvo a cargo de Laura Albornoz, ex ministra del Sernam en el primer gobierno de Bachelet y actual directora de Codelco; y de Estela Ortíz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, quien también recibió pagos de Giorgio Martelli durante la pre campaña de la actual Presidenta.
Endesa ya envió un informe a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), donde detalla los montos pagados a Personas Políticamente Expuestas entre 2012 y 2014: $333 millones a personas y $216 a proveedores que han aparecido vinculados a financiamiento político bajo sospecha. Según informó el diario Pulso, el comité de directores de Endesa del 8 de junio supo del detalle de esos pagos, entre los que figuran, entre otros, US$300 mil a Pedro Yaconi (entre 2011 y 2014), ex recaudador de campaña y ex yerno de Eduardo Frei; y de otros US$50 mil a Martellí Asociados, uno de cuyos dueños es Giorgio Martelli, protagonista de la recaudación por vía ilegal para la campaña de Michelle Bachelet. La información que entrega el mismo diario es que la sociedad de Martelli habría efectivamente prestado servicios a Endesa.

RECEPCIÓN EN LA MONEDA

Ya en abril el rol de Jorge Rosenblut como recaudador del oficialismo había generado dolores de cabeza al holding eléctrico. ENEL ultimaba sus preparativos para una sesión de directorio en Santiago, la primera en América Latina. Pero el escenario no era el mejor. El nombre de Rosenblut llevaba varios días en la prensa y no sólo por los ambiciosos planes de reestructuración de la compañía, sino por su vinculación con la investigación del Ministerio Público sobre el financiamiento ilegal de la política.
Las indagaciones a los pagos ilegales del Grupo Penta a políticos de oposición, que estalló a mediados de 2014, derivó a principios de este año hacia Soquimich. De inmediato se encendieron todas las alarmas en La Moneda. Y se entiende, porque a partir de ese momento quedó bajo la lupa de Impuestos Internos y de la Fiscalía el financiamiento a un grupo del oficialismo otorgado por la minera controlada por Julio Ponce Lerou. Una de sus filiales, SQM Salar, desembolsó al margen de la ley electoral cerca de $250 millones para una empresa del geógrafo Giorgio Martelli entre 2012 y 2013. Jorge Rosenblut, quien trabajó con Martelli en la recolección de fondos de la candidata en 2004, no tardó en aparecer en escena.
El 15 de abril, The Clinic dio cuenta de que a fines de 2012, Rosenblut se reunió con el gerente general de SQM, Patricio Contesse, para anunciarle que Bachelet sería la candidata de la Concertación en las elecciones del año siguiente. Era necesario “financiar la democracia”, habrían sido sus palabras, y Giorgio Martelli sería el encargado de recolectar los fondos. Ese mismo día, The Clinic reveló que, con lo recaudado a través de SQM y otras compañías, la sociedad de Martelli pagó honorarios al que en ese momento era el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Rosenblut reaccionó de inmediato. Ese mismo 15 de abril, el principal directivo de Enersis en Chile dio una entrevista al diario El Mercurio, la que fue publicada al día siguiente en sus páginas económicas, donde reconoció la reunión con Contesse:
“Me reuní en una oportunidad con el gerente general de SQM, cuya única finalidad fue promover un apoyo económico a lo que sería una eventual candidatura presidencial de la Nueva Mayoría. Y no hay nada irregular en eso ni hubo otro encuentro”, dijo Rosenblut, quien sí negó haber contactado a Martelli con Contesse.

Aunque en los días posteriores Rosenblut estaría concentrado en sus actividades empresariales, su rol de nexo entre el comando de Bachelet y SQM no lo abandonaría. El miércoles 22 de abril llegó a La Moneda en compañía de la presidenta de ENEL, Patrizia Grieco, y el resto de la plana mayor de la empresa. Allí se reunirían con Michelle Bachelet. Pese a que ENEL controla a Enersis –matriz de Endesa y Chilectra–, la compañía de mayor patrimonio del IGPA, no hubo fotos ni comunicados de prensa. Se dijo que el gobierno había incluso evaluado si convenía realizar el encuentro, dado los vínculos de Rosenblut con el financiamiento político bajo investigación judicial. Pero la reunión finalmente se hizo, aunque en sigilo. De hecho, sólo trascendió 48 horas más tarde.
Bachelet y Grieco se volverían a encontrar a comienzos de junio en Milán, cuando se sentaron en la mesa principal de una cena durante la gira presidencial, esta vez sin Rosenblut. Para entonces, ya se hablaba de $150 millones que habría entregado Endesa al financiamiento ilegal de la política en el tiempo en que él fue presidente de la empresa. “A los italianos nos les gusta nada la situación y la exposición que está teniendo la compañía”, decía a La Tercera un director de la compañía.
A esas alturas, poner un cortafuego entre Rosenblut y el gobierno tampoco era fácil. Además de sus históricos vínculos con el oficialismo, el presidente de Enersis es la actual pareja de Ximena Rincón, quien es ministra de Trabajo y hasta el 11 de mayo fue ministra de la Secretaría General de la Presidencia. De hecho, desde esa función clave en el gobierno, Rincón habría promovido -junto con el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo- un proyecto de ley que buscó la vía de la amnistía para las facturas falsas que sirvieron para financiar la política (ver reportaje de CIPER).
El 29 de abril, Rosenblut y Rincón asistieron juntos a un homenaje a Mario Kreutzberger en el Círculo Israelí. Al día siguiente, la pareja apareció junto a Kreutzberger y su esposa, fotografiados en la vida social de El Mercurio, que informó que la ministra Rincón asistió en representación de la Presidenta Bachelet. No sería la única figuración de Rosenblut ese día en las páginas sociales del mismo diario: otra foto lo mostró junto al ex Presidente Eduardo Frei, su esposa y la presidenta de ENEL durante su visita a Chile.
Lo que viene ahora para Jorge Rosenblut estará determinado por la investigación del Ministerio Público. Y por lo que hasta ahora haya declarado Giorgio Martelli y otros testigos de su rol en el diseño y ejecución de la recaudación de fondos para la campaña de Michelle Bachelet antes de los plazos autorizados por la ley.

EL NEXO ROSENBLUT-MARTELLI

El 27 de mayo Giorgio Martelli inició sus cuatro extensas jornadas ante el fiscal nacional Sabas Chahuán. Aunque su testimonio ha permanecido en secreto, CIPER pudo confirmar que el nombre de Jorge Rosenblut fue mencionado en varias oportunidades. El primer efecto que tuvo esa extensa declaración fue la petición de la Fiscalía de formalizar tanto a Martelli como al ex gerente de SQM, Patricio Contesse, lo que ocurrirá el 30 de junio. Se les imputa delitos tributarios asociados a la entrega de facturas ideológicamente falsas y apropiación indebida. El segundo, fue la citación a declarar de Rodrigo Peñailillo.
El tercer paso será la citación de Jorge Rosenblut, quien deberá concurrir en calidad de imputado. Al presidente de Enersis le seguirán algunos de los principales integrantes de la G-90, el grupo del PPD que lideraba el ex ministro del Interior.

Hasta ahora Rosenblut ha navegado con éxito –aunque no sin críticas– entre el mundo público y el privado, mostrándose orgulloso de actuar como un puente entre ambos sectores. “Es de público conocimiento que desde el advenimiento del régimen democrático, mi quehacer profesional siempre ha estado orientado a acercar con una perspectiva país al mundo político y empresarial”, dijo a El Mercurio en abril. Pero su dualidad entre la política y la empresa parece haber llegado a un límite difícil de sostener. En parte, porque existen mayores niveles de transparencia y estándares más altos que separen la delgada línea en que transitan dinero y política.
En agosto de 2013, cuando Rosenblut era presidente de Endesa, fue mandatado por el directorio para distribuir US$1 millón entre los distintos candidatos por la vía legal del Servel (ver reportaje de CIPER). Cómo los repartió sigue siendo un secreto. Y si bien ese aporte de Endesa a la política fue legal, ahora reconoce que, al mismo tiempo, él también estuvo al otro lado de la mesa: contactando a empresarios de otras compañías para recaudar dinero para la campaña de Bachelet.
Esa sería la tarea precisa que cumplió Rosenblut al contactar a Giorgio Martelli con el abogado del Grupo Angelini,  José Tomás Guzmán, para que empresas tales como Celulosa Arauco, Copec y Cruz del Sur entregaran dineros antes de que se iniciara legalmente la campaña presidencial.
Ahora Jorge Rosenblut minimiza su rol. En la misma entrevista en El Mercurio de abril, reconoció haber hecho gestiones “en forma circunstancial” y “como iniciativa personal”. Será la justicia la que deberá determinar la dimensión y legalidad de sus gestiones.

UN MODELO PROBADO

Quienes participaron en el comando que llevaría por primera vez a Michelle Bachelet a La Moneda en 2004, aseguran que, en esa ocasión, trabajaron casi ingenuamente apegados a la ley. Era la primera presidencial con financiamiento legal y nadie quería equivocarse. La pre campaña comenzó en el verano de 2004 y los costos fueron pagados directamente por el PS y el PPD, que se repartían –no sin conflicto– los gastos.
Poco antes del inicio formal del periodo electoral se armó la estructura que situó a Giorgio Martelli como administrador de la campaña responsable ante el Servel. Hasta entonces, el geógrafo del PPD, que antes militó en la Izquierda Cristiana, se había especializado en temas de descentralización y gestión municipal, desempeñándose en la Asociación de Municipalidades y la Fundación Friedrich Ebert. En el comando se hizo cargo del día a día de las cuentas de campaña.
-Tenía un discurso gerencial y repetía que había que mantener la cosa ordenada -recuerda un testigo de la época.
A cargo del financiamiento asumió la empresaria Ingrid Antonijevic, quien reclutó a un grupo de personas con buenos contactos con el mundo privado, entre los que estaba Jorge Rosenblut, entonces presidente de Chilectra. Aunque había otros importantes ejecutivos, como el actual ministro de Energía, Máximo Pacheco, Rosenblut hizo gala de sus buenos contactos con el mundo empresarial y se convirtió en una pieza clave para atraer donaciones. La nueva ley buscaba dejar atrás los maletines con dinero que financiaron hasta entonces la política y los recaudadores tenían como misión hacer contacto y reunirse con los empresarios, y plantearles la necesidad de hacer un aporte a Bachelet. Luego había que cruzar los dedos y sentarse a esperar que fueran al Servel a entregar sus aportes reservados, y aguardar la transferencia semanal que el Servicio Electoral hacía a la cuenta del comando.

“Ahí Jorge Rosenblut se consagró como recaudador”, dice un dirigente que trabajó en la interna de ese primer comando de Bachelet. Fue también ahí donde el presidente de Enersis tejió lazos con Martelli y el momento en que le abrió las puertas del mundo empresarial. En lo que hay coincidencia es que, a partir de esa experiencia, Martelli convirtió el financiamiento electoral en un nuevo perfil profesional. En 2008 publicó el libro “Dinero y política, una tensa relación“, el que reunió a varios autores siendo su “autor intelectual”. Se lo dedicó a Ingrid Antonijevic, Guillermo del Valle y Jorge Rosenblut “por invitarme a participar, y por la sabiduría de la amistad”. La publicación lo llevaría a dar charlas, entrevistas e incluso viajar a otros países latinoamericanos a hablar de su experiencia.
Martelli y Rosenblut volverían a encontrarse en una carrera mucho más difícil en 2009, cuando el empresariado se mostraba reacio a aportarle a un posible perdedor como Eduardo Frei. En esa campaña el rol de ambos fue menor y menos formal que en el comando de Bachelet, pero las recientes indagatorias dan cuenta de que desde ese comando también se realizaron gestiones al margen de la ley electoral.
En su declaración ante el Ministerio Público, la contadora Clara Bensan (DC) relató que para la campaña presidencial de Eduardo Frei, Martelli le pidió que hiciera facturas por más de $90 millones a SQM: “Luego el dinero en efectivo se lo entregué en un maletín a Giorgio Martelli, que luego me devuelve el maletín. Yo no corroboro dónde va el dinero, sólo se lo entrego a Giorgio Martelli, que era el hombre de confianza de la campaña en la recaudación de fondos”. Falta por precisar si en esa ocasión Jorge Rosenblut también realizó el contacto con Patricio Contesse en SQM.
El esquema informal se profesionalizó durante la pre campaña de 2012 y 2013. En esa ocasión se utilizó la empresa de Martelli, Asesorías y Negocios (AyN), como recaudadora de los aportes informales y como caja pagadora de personeros del oficialismo, como los de Rodrigo Peñailillo y su círculo, los asesores del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas y el ex director de Impuestos Internos Michel Jorratt.

EL MISTERIOSO SEÑOR LUFIN

Un desconocido nombre ha aparecido discretamente en los distintos reportajes sobre la forma en que operaba Giorgio Martelli. Se trata del contador de 78 años Jorge Lufín Huerta. De acuerdo a La Tercera, fue director de AyN –la empresa creada para financiar la pre campaña de Bachelet– y es “cercano” a Rosenblut. “No quiero saber nada que tenga que ver con el señor Martelli”, le dijo a ese diario cuando lo visitó en una oficina que aparece en registros comerciales como una dirección de AyN. Además, los registros contables de AyN dan cuenta de pagos por $18,4 millones a Freudenberg y Lufín, su empresa de contabilidad.
The Clinic añadió esta semana que una empresa de Lufín habría estado encargada de hacer los contratos por las supuestas asesorías que dirigentes oficialistas realizaron a empresas del grupo Angelini por $208 millones.
CIPER revisó diversos documentos públicos vinculados a Lufín y que dan cuenta de que la confianza depositada por Rosenblut en él es total. El 9 de septiembre de 2007, Jorge Rosenblut firmó una escritura en que le entregó a Jorge Lufín la representación y administración de su empresa Inversiones DPE Limitada, además de amplios poderes que le permitían realizar todo tipo de operaciones y negocios vinculados a la sociedad, incluyendo representarla en juicios (ver documento).
Tres años más tarde, en diciembre de 2010, Lufín y su esposa terminarían comprando la empresa con la cual Rosenblut operaba sus negocios en Chile y hacía consultorías. Pero el traspaso se hizo luego de complejos y sucesivos cambios societarios que se extendieron por más de una década.
Creada en marzo de 1997 bajo el nombre Jorge Rosenblut R. y Compañía Limitada (o Rosenblut y Asociados), el 85% de la firma era propiedad de Rosenblut y el 15% de su entonces esposa, Liora Haymann. La compañía experimentaría diversos cambios de nombre y de estructura antes del 28 de julio de 2009, cuando aparece en una escritura de dicha sociedad Jorge Lufín representando a Rosenblut.
En diciembre del mismo año, Rosenblut y Haymann venderían definitivamente la sociedad, llamada ahora Inversiones DPE Limitada. Las compradoras: 99% para Dalia Haymann Haber y 1% para su madre, Beatriz Haber Eltes, cuñada y suegra de Rosenblut, respectivamente.
No sería el último cambio societario. El 30 de diciembre de 2010, Dalia Haymann y Beatriz Haber vendieron Inversiones DPE Limitada a Jorge Lufín Huerta y su esposa Luz Herminia Correa Villegas. Así, Lufín terminaría siendo el propietario de la misma consultora de la que recibió en 2007 un poder total de Jorge Rosenblut para administrarla.
Hasta el 26 de mayo pasado Jorge Lufín Huerta fue gerente general de la empresa Foodinvest Chile. CIPER visitó a Lufin en su oficina de contabilidad en Providencia, donde definió a Rosenblut como un cliente. “De mis clientes no voy a conversar absolutamente nada”, sentenció. También intentamos contactar a Rosenblut, pero no hubo respuesta.

EL SALTO DE ROSENBLUT

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Rosenblut ha relatado que su primera experiencia política la tuvo como estudiante, cuando militó en un movimiento llamado CCR: Conocimiento, Conciencia, Revolución. En los años 80 partió a Estados Unidos acompañando a su esposa, entró a estudiar un master en Administración Pública en la Universidad de Harvard, y se quedó luego en Washington trabajando como consultor del Banco Mundial. Con el regreso a la democracia en 1990, el primer ministro de la Secretaría General de la Presidencia del Presidente Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, lo llamó a asumir la jefatura de la División Interministerial.
Militante del PPD cercano a Sergio Bitar y Guido Girardi, ya entonces se perfilaba como un tecnócrata del ala más liberal de la Concertación. En 1994 asumió como subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Eduardo Frei, cargo en que su principal hito fue la creación del sistema “multicarrier”, que abrió la competencia de los llamados telefónicos de larga distancia. Desde ahí saltó a la subsecretaría del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabezó primero Genaro Arriagada y luego Juan Villarzú. Ya entonces se le criticaba su excesiva cercanía con el mundo privado. Rosenblut dejó el gobierno en 1996, luego de una feroz polémica con el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
Ya instalado en el mundo privado, Rosenblut se consolidó como un tecnócrata del oficialismo  permanentemente consultado por los medios sobre su visión del manejo del país. Al poco tiempo se había convertido en una de las voces reconocidamente concertacionistas con capacidad para opinar desde el empresariado. Entre sus temas más recurrentes en las entrevistas de esa época están la defensa de la política de los consensos como la clave para que el país avance y también la promoción de la privatización de las empresas públicas.
En 1997 formó Rosenblut y Schaulsohn Limitada, con el ex presidente del PPD Jorge Schaulsohn. Tres años más tarde invirtió en un proyecto tecnológico de Inverlink, que sucumbió cuando se descubrió el escándalo del fraude del holding de Eduardo Monasterio.

Sus principales negocios los desarrollaría a través de Desarrollo de Proyectos Empresariales (DPE), desde donde asesoraba múltiples empresas, y representaba en Chile a la canadiense Sunlife, que lo nombró como su director en la AFP Cuprum. Ahí conoció a los controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, del Grupo Penta, con quienes desarrolló una relación de confianza. Ellos lo invitaron a participar el Comité de Emprendedores y Empresas de la Universidad del Desarrollo.
En 2007, los Penta serían los primeros clientes de un nuevo emprendimiento de Rosenblut: GMZ Consultores S.A., una agencia de comunicaciones estratégicas en que a través de Inversiones DPE Limitada se asoció con las periodistas Valentina Giacaman y Carolina Zúñiga. En el directorio estuvo representado hasta diciembre de 2008 por su cuñada Dalia Haymann, quien tenía poderes de la sociedad, al igual que el contador Jorge Lufín.
Conocido por sus vínculos con los empresarios de la comunidad judía, se transformó en un asesor clave de los hermanos Calderón, quienes en 2005 lo nombraron director de Ripley. En paralelo realizaba otros negocios más alternativos, como la creación del sello musical DPE Records y la fábrica de guitarras L. Benito Guitars.
El año 2000 dio un paso que lo consolidó como un peso pesado del mundo empresarial chileno, al ser nombrado presidente de Chilectra y de la telefónica Smartcom, entonces en manos de Endesa España. En 2009 ascendió y fue nombrado presidente de Endesa Chile. Se mantuvo en el cargo luego de que ENEL tomara el control de la empresa. En noviembre pasado ENEL lo nombró a la cabeza de la matriz, Enersis.
Gran parte de su carrera empresarial la ha realizado desde Miami, donde se mudó el año 2004. “El mundo político y el mundo público ya tuvieron su tiempo. Yo soy de los que creen que en la vida hay que optar… y eso es lo que estoy haciendo”, dijo entonces a la revista Capital.
Tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Rosenblut avizoró que el asesoramiento a empresas que buscaban aprovechar nuevos lazos comerciales era una veta rentable. Exportó su consultora DPE a Miami, donde la llamó Strategies & Business Development. Con una línea abierta permanentemente con Chile y viajes mensuales a reuniones de directorio en Santiago, desarrolló sus negocios en forma paralela en ambos países.
Parte importante de sus negocios en Miami en esos primeros años estuvieron ligados al rubro inmobiliario. Antes de partir se asoció con la oficina de arquitectos Archiplan, de los hermanos Jaime e Ignacio Hernández, y Raimundo Onetto. Junto a Patricio Kreutzberger –hijo de don Francisco- y al abogado cubano Pedro Martin crearon Terra Group y se lanzaron a construir edificios en Miami. Los reportes de la prensa de la época hablan de un negocio que facturaba más de US$ 1.000 millones al año.  El negocio cayó en picada junto con la crisis subprime.
Puede que esa experiencia le sirva ahora que volverá a estar sometido a la máxima presión. Mientras prepara su defensa antes de declarar ante el Ministerio Público, el directorio de Endesa Chile también deberá dimensionar los efectos de su paso por la presidencia de la empresa. Un análisis que tendrá su primera prueba este viernes 19 de junio.
*Fuente: CiperChile  en Actualidad y Entrevistas Publicado