La oposición de derecha boliviana se niega a reconocer el triunfo electoral de Evo Morales en las recientes elecciones y hablan de un fraude. Frente a esta actitud, el gobierno boliviano,que sabe que no hubo manipulación, reaccionó ofreciendo realizar un recuento total de votos y solicitó esto nada menos que a la OEA, que había enviado un equipo de 93 técnicos como observadores de las elecciones. Carlos Mesa, el candidato de la derecha, acepto la propuesta, pero cuando, la OEA acepto realizar el recuento, Mesa dijo que no aceptaba tal recuento. En estos días ese recuento se está realizando, voto a voto.

Los eventos en Bolivia se enmarcan en una agenda de cambio de régimen y sus elementos esenciales han sido detonados luego del resultado electoral del domingo 20 de octubre.

Por sus componentes y actores involucrados, tanto como por sus precedentes y derivaciones, la confluencia boliviana actual parecía ser, desde hace mucho, un punto inexorable de colisión. Eventos que, a contracorriente de las tendencias regionales de deposición al neoliberalismo, intentan consagrar una agenda de regreso de los neoliberales a golpes y en desconocimiento de las elecciones.

EL CONTEXTO Y LOS EVENTOS

Luego de publicarse el primer resultado electoral en las elecciones generales de Bolivia el pasado 20 de octubre, pudo conocerse la victoria de Evo Morales en primera vuelta electoral, quedando un diferencial de 2,4 puntos para que el mandatario alcanzara la victoria definitiva ese domingo, sin ir a una segunda vuelta.

En Bolivia, la norma en esta materia indica que, superando los 40 puntos y al segundo candidato en 10 puntos, el candidato ganador sería aclamado en primera vuelta.

Para el momento de la transmisión de datos a modo de primer avance, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) señaló que poco más del 17% de las actas y votos quedaban pendientes por escrutar, dejando por sentado que se trataba de la medición en los centros electorales de zonas más apartadas del país, el área rural e indígena.

La noche del 20 de octubre tuvo a la oposición a cargo del candidato Carlos Mesa celebrando haber alcanzado la segunda vuelta, aunque sabían que ese resultado no estaba definido aún.

Esta presentación de un Mesa «victorioso» constituyó esa noche un golpe de opinión. Manufacturaron un relato impetuoso en el que la oposición iría al balotaje para derrotar a la «dictadura» de Morales.

Los eventos se trasladan directamente a las puertas de las oficinas electorales del país, Carlos Mesa llama a los centros electorales para detener lo que llamó un «fraude» electoral en marcha: entendían que el conteo de votos del área rural (bastiones históricos de apoyo a Morales) servirían para definir la elección en primera vuelta.

El ente electoral, con una metodología de transmisión rápida, había publicado datos que no eran irreversibles. Luego pasaron, acorde a lo previsto en su norma, a una contabilización de datos computados, es decir, la digitalización del voto, que es manual.

Estos eventos consistieron en un conteo mesurado y definitivo de los votos y sería el desenlace que definiría a plenitud el resultado.

Las horas y días pasaron, el ente electoral construyó el «momentum» idóneo para la oposición, la cual se alza a las calles para proclamar reacciones contra la estabilidad de Bolivia.

Al unísono de estos eventos, los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentes en Bolivia para las elecciones señalaron desconfianza contra el OEP, y como efecto «en cascada», los gobiernos de EEUU, la UE, Brasil y Argentina procedieron a presionar al Estado boliviano a que declarara acudir a segunda vuelta, aunque el conteo seguía en marcha.

La victoria de Evo Morales en primera vuelta, sería declarada una vez que superara a Mesa por 10 puntos, con más de 600 mil votos sobre el opositor. Una cifra enormemente significativa para el tamaño del electorado boliviano; una cifra porcentualmente incluso más amplia que la que tuvo Alberto Fernández sobre Mauricio Macri el 27 de octubre en Argentina, que le dio la victoria en primera vuelta.

Evo Morales obtuvo finalmente 47,08% y Mesa 36,51%.

Entretanto, la reacción extranjera sirvió de desencadenante y acelerante para envalentonar a sectores de la oposición, que desde diversos frentes han convocado a movilizaciones, concentraciones violentas, paros y trancas que están conmocionando Bolivia en estos momentos.

LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y SU DESPLIEGUE

En la primera línea, sobre el plano exterior, están la OEA y el conjunto de países que «recomiendan» declarar la segunda vuelta electoral. Aunque el gobierno boliviano ha convocado a estos sectores a participar en la auditoría de los votos, la OEA «propuso» someter a las elecciones a una decisión «vinculante» de su experticia, dejando por sentado que con ello determinaría el destino electoral de Bolivia en detrimento del OEP.

También la OEA y la UE declararon que, «por la estabilidad de Bolivia», lo adecuado era ir a segunda vuelta, desestimando al voto que dio la diferencia a Morales y a la vez pidiendo a las instituciones bolivianas violentar su propia normativa.

En el frente doméstico, son protagónicos en los eventos los llamados «comités cívicos», instancias ciudadanas y plataformas opositoras fuera de los partidos políticos que se han alzado en una agenda de desconocimiento al Estado boliviano y a la presidencia de Morales. Se les han unido sectores estudiantiles y partidos políticos opositores.

Los comités cívicos se organizaron antes de las elecciones en «cabildos», concentraciones ciudadanas donde sus dirigentes declararon que desconocerían el resultado electoral si era favorable a Morales y que, además, proponían una agenda de desconocimiento del Estado, la declaración del gobierno como «dictadura» y al «federalismo» como un mecanismo de ruptura frente al Estado central.

• La confluencia declarada y anticipada a las elecciones, y ahora desatada luego del domingo 20, tiene al Comité Pro Santa Cruz, a la Unión de Jóvenes Cruceñistas y a los Comités Cívicos de La Paz y Cochabamba como instancias medulares en la organización de la hoja de ruta de desestabilización en el terreno.

Su proceder es triunfalista y violento, han desarrollado al máximo un ímpetu forjado mediante narrativas constantes de desmantelamiento del «masismo» (en referencia al Movimiento al Socialismo), la deposición violenta de Morales y la construcción del «federalismo» como «nuevo» mecanismo de desmantelamiento y sustitución del Estado Plurinacional.

El énfasis de la violencia ha estado más radicado en Santa Cruz, región que tiene una característica especial: la región es un enclave medular a procesos de desestabilización en Bolivia desde hace años. Fue el bastión esencial en la construcción inconclusa de una «media luna» secesionista en Bolivia en el año 2008.

Amparados en una tradición racial, sociocultural, étnica y existencial que ha marcado su autodenominada «distinción» de «la indiada» altiplana, los «cambas» (como se denominan) tienen tintes de racismo y supremacismo como no se conoce en otras regiones latinoamericanas.

Santa Cruz es un importante enclave económico de Bolivia y tiene una élite local que históricamente había regido a los gobiernos de La Paz en favor de sus intereses. Ello explica a Santa Cruz como un espacio político-cultural que representa los valores que Evo Morales ha adversado: el racismo, el clasismo, los caudillismos locales y las viejas relaciones hegemónicas de poder con manufactura estadounidense.

Santa Cruz se ha erigido, justo ahora en este ciclo violento, como un centro de proyección de la desestabilización a otras ciudades del país y han promovido los «paros cívicos» a otras ciudades de la misma manera. Santa Cruz, bastión opositor a Morales, guarda características que ahora están en esplendor.

El Comité Pro Santa Cruz es una instancia pseudo gubernamental que tiene más poder de hecho que el gobierno departamental. Ha decretado un «paro cívico» con tintes de gestión paramilitarizada del territorio, mediante el uso de la coacción y la fuerza para cerrar comercios e imponer un «toque de queda» y estado de sitio en la capital departamental y otros poblados.

De hecho, en Santa Cruz, justo ahora, solo es posible que vehículos y hasta motos puedan circular con un permiso especial que otorga el Comité Cívico y que solo entregan para uso discrecional de su elite y operadores de la desestabilización en el terreno.

La violencia en Santa Cruz y La Paz tiene las características de trancas y barricadas, en un formato idéntico al que se aplicó en Venezuela en los años 2014 y 2017 mediante un tipo de violencia paramilitarizada en etapa germinal.

Esta modalidad consiste en la imposición de la fuerza, el control del territorio, el desconocimiento del gobierno y los masistas, además de la inamovilidad de la regularidad económica y social, pero también es un mecanismo acelerante de los conflictos, pues propician con ellos la reacción policial, pero también de sectores del masismo y otros fuera de los partidos como gremios económicos comerciales, transportistas, fabriles y campesinos, que están en contra de las barricadas y la paralización forzada.

La búsqueda de choques es un componente esencial en esta modalidad.

El más sobresaliente líder en la revuelta cruceña y pieza clave de la sedición en marcha es Luis Alberto Camacho, hijo de una billonaria familia cruceña, considerado hijo legítimo de la elite, quien apareció junto a sus familiares en los Panamá Papers y es heredero político de Branko Marinkovik, otro oligarca cruceño, hoy prófugo de la justicia por actos de terrorismo, separatismo y sedición en Bolivia en el año 2008.

Entretanto, se desarrollan los eventos en el terreno mientras unos sectores tratan de mantener vías cerradas, otros tratan de abrirlas en la recreación de una trama de «pueblo contra pueblo», instrumentalizado por propagandistas y medios, siendo presentada como un «estado generalizado de caos», aunque se trate de violencia focalizada.

En La Paz, la violencia es puntual en algunas avenidas y sectores, especialmente de la zona sur, la más acomodada de la ciudad. Queda excluida de este tipo de situaciones El Alto, bastión histórico de Morales y adyacente a La Paz.

En Santa Cruz, en cambio, el poder del comité cruceño se ha consolidado con firmeza, abriendo una segunda semana de «paro cívico» que ya está afectando a la población confinada en sus casas.

Es de especial interés la reacción de las fuerzas oficiales bolivianas que han actuado puntualmente en algunos focos, sin actuar expansivamente sobre todos ellos. Una actuación que puede considerarse selectiva para evitar desgaste o como resultado de un proceso de debilitamiento de las líneas de mando policiales, que podrían estar colaborando con el estado de caos que se intenta consolidar.

En ese sector, es indispensable referir una alerta de seguridad de Estado para la institucionalidad boliviana.

Aunque a la fecha no hay saldos fatales en vidas humanas que lamentar en Bolivia, existe en desarrollo un ciclo progresivo de amplificación de la violencia. Se espera que, a este paso, se intente producir un quiebre institucional que abra paso a una nueva fase del conflicto en ciernes.

El masismo, por otro lado, se ha movilizado en defensa de la victoria de Morales. Las concentraciones son masivas y pacíficas, pese a algunas escaramuzas con opositores.

Los sectores históricos que han apoyado al mandatario han acudido a La Paz, Cochabamba y otras ciudades, y en Santa Cruz, en localidades como Plan 3000, bastiones populares masistas, han salido a defenderse de los «cívicos».

El oficialismo ha asumido la defensa política del voto reconociendo la amenaza desestabilizadora en curso, hay una épica remoralizante que no apareció así en la campaña electoral. Su piso político está principalmente en mineros, indígenas y campesinos, sectores sociales de profundo arraigo al proyecto de Evo Morales que están reaccionando consistentemente, evocando luchas de tiempos pasados y presentes.

Son sectores altamente organizados en modalidades gremiales sobre quienes se ha apalancado enormemente el actual bienestar de Bolivia. Son, además, sectores simbólicos de otras luchas antineoliberales, como «la guerra del agua» de Cochabamba y «la guerra del gas» en El Alto. A estos sectores se les ha intentado negar el acceso a La Paz y por ello han tenido lugar choques que, hasta ahora, no han dejado saldos fatales.

En Bolivia hay justo ahora una gestión del conflicto. Para los sectores que apuestan a su magnificación, el interés está en consolidar la construcción de un expediente contra el gobierno de Evo Morales, un componente fundamental para la «legitimación» de acciones coercitivas contra ese país, las cuales, según la Casa Blanca, estarían sobre la mesa si Bolivia no decide doblar su institucionalidad para ir a una segunda vuelta electoral.

Es probable, incluso, que la narrativa en la hoja de ruta de asedio que estaría planteada contra Bolivia, las declaraciones sobre «dictadura» y «represión», den al traste con la estabilidad que Bolivia ha gozado en estos años.

*Fuente: Misión Verdad