Hertz no tiene dudas: «Fue una acción de represalia de la CNI (la policía secreta de Pinochet)».

En esos años era ya una conocida abogado pro derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad, una institución dependiente de la Iglesia católica que no solo se enfrentó a los militares y los paralizados tribunales de Justicia, sino que actuó como un aparato de contrainteligencia ante la dictadura. Como representante de Vasili Carrillo, involucrado en el atentado a Pinochet en 1986, Hertz se querelló por los tormentos sufridos por su defendido en manos de la Brigada Investigadora de Asaltos (BIA). La juez Dobra Luksic en forma inédita procesó a los agentes, que publicaron una declaración pública señalando que tanto la juez como la abogado estaban dejando a la ciudadanía en la indefensión total, en manos del hampa. «Dos días después, mataron a Sofía y allanaron la oficina de la juez, en forma completamente clandestina y silenciosa», relata Hertz.

No era raro que la dictadura ejerciera acciones de violencia contra funcionarios de la Vicaría. En 1985 mataron a José Manuel Parada, jefe del Departamento de Análisis, y a algunos les lanzaban gatos muertos en el jardín o les enviaban cajas de regalo con cabezas de cerdo. Pero a esas alturas –luego del plebiscito–, el crimen de Sofía Yáñez se salió de los parámetros. Cuando Hertz presentó una querella –poco antes de tener que refugiarse en Francia por invitación de madame Mitterrand–, los tribunales determinaron que había sido un delito común y como en muchos casos no se encontraron culpables. Hubo testigos, sin embargo, que vieron un coche de la Policía de Investigaciones aparcado cerca de la casa de Hertz, en la calle Infante de Santiago de Chile. La víctima jamás participó en política, tenía un carácter afable, era una chica de pueblo y en la vivienda no hubo robo el día del crimen.

El asesinato de Sofía fue uno de los episodios violentos que tuvo que vivir Hertz, según relata en sus memorias La historia fue otra y en la serie de Andrés Wood, Ecos del desierto. Tenía 26 cuando quedó viuda: a su marido, el abogado comunista Carlos Berger, lo torturaron y ejecutaron el 19 de octubre de 1973 en la ciudad nortina de Calama. Su esposo tenía 30 años y ella quedó con un niño de apenas 11 meses, Germán, que de adulto relató su historia en el documental Mi vida con Carlos.

Luego del crimen de Berger en manos de la llamada Caravana de la muerte, Carmen se exilió en Buenos Aires y luego en Caracas junto a su hijo. Regresaron pronto a Santiago de Chile, en los primeros años de dictadura, cuando como abogado se dedicó por completo al trabajo por los derechos humanos desde la Vicaría de la Solidaridad. Interpuso denuncias, querellas y recursos de amparo en decenas de causas. A nivel personal hubo dolores irreparables: todavía llenos de dolor por la pérdida del mayor de sus hijos, sus suegros se quitaron la vida. Primero él, en 1982, y después ella en 1987. Luego el asesinato de Sofía, que trabajaba con Hertz hacía unos dos años. Fue ella la que la encontró tirada en el piso.

Hertz relata que apenas se produjo el asesinato encaró al general Fernando Paredes, de la Policía de investigaciones. Luego de 1990, cuando llegó la democracia, uno de los jefes de la Brigada Investigadora de Asaltos (BIA) le reconoció la culpabilidad de miembros de su unidad.

Si este caso se reabre ahora, en 2017, es por la querella que presentó el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El juez Mario Carroza, que ha tenido en sus manos la investigación por la muerte de Salvador Allende y Pablo Neruda, entre otras causas de connotación social, será el encargado de buscar Justicia para Sofía, que según la Comisión de Verdad y Reconciliación de 1991 fue asesinada por agentes del Estado.

En Chile hubo unas 4000 víctimas mortales, entre ejecutados y desaparecidos. Muchos de esos casos quedaron impunes.

*Fuente: El País

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Documental: Mi vida Con Carlos

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Fueron identificados científicamente los restos del periodista Carlos Berger Guralnik y de otras 5 personas, de un total de 26 víctimas asesinadas en Calama por los militares de la llamada «Caravana de la Muerte», el 19 de octubre de 1973, informó (31-01-2014) a los familiares de las víctimas el magistrado Leopoldo Llanos, ministro en visita para causas de derechos humanos.

En la sede del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, el ministro en visita Llanos dio a conocer los resultados de los informes genéticos del Servicio Médico Legal (SML) sobre estas 6 víctimas reconocidas que se suman a otras 12 personas identificadas antes. El proceso criminal lo investiga la ministra Patricia González.

En total, el SML ha identificado a 18 víctimas de este asesinato colectivo perpetrado en Calama por el general Sergio Arellano Stark y un séquito de oficiales del ejército que recorrió el país a bordo de un helicóptero Puma, en la «Caravana de la Muerte» que exterminó a militantes políticos partidarios de Salvador Allende en diferentes localidades de Chile, a sólo un mes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Las víctimas identificadas fueron:

-Carlos Alfredo Escobedo Caris

-Hernán Elizardo Moreno Villarroel

-Carlos Berger Guralnik

-Mario Argüelles Toro

-Luis Alfonso Moreno Villarroel

-Jerónimo Carpanchai Choque

Los restos fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16,5 del camino que une Calama y San Pedro de Atacama. Las primeras pericias establecieron que correspondían a  sujetos diferentes, con una data de muerte anterior a 1975 y, según sus estructuras óseas, eran odontológicamente mayores de 12 años.

El proceso también indica que los restos sufrieron una re-sepultación de más de 10 años y que hubo exhumación de casi la totalidad de los cadáveres, excepto un escaso remanente de piezas óseas que quedaron en el lugar. Con estas 6 nuevas diligencias exitosas, se llegó a un total de 18 víctimas identificadas, de un total de 26 restos de cuerpos encontrados

Las últimas víctimas identificadas

Carlos Alfredo Escobedo Caris, militante socialista, de 24 años de edad al momento de su detención. Chofer del mineral de cobre Chuquicamata, fue detenido en su domicilio el día 24 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Luis Alfonso Moreno Villarroel, militante socialista de 30 años de edad, obrero de Chuquicamata, fue detenido el 12 de octubre de 1973, cuando se presentó voluntariamente a declarar al enterarse que tenía una citación de la Fiscalía Militar. Fue ingresado a la Cárcel Pública de Calama, y ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Carlos Berger Guralnik, periodista y abogado, de 30 años, era director de la Radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas del mineral Chuquicamata. Militante comunista, fue detenido en la radio el 11 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Mario Argüelles Toro, dirigente socialista de 34 años, taxista. Fue detenido el 26 de septiembre de 1973 y condenado a prisión por Consejo de Guerra. Fue ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Hernán Elizardo Moreno Villarroel, secretario de la Gobernación del Loa, militante socialista de 29 años al momento de su detención. Estuvo bajo arresto domiciliario durante un mes, a partir del 12 de septiembre de 1973, y luego se le trasladó a la Cárcel de Calama. Fue ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Jerónimo Carpanchai Choque, militante socialista de 28 años, obrero de la Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX), fue detenido en su trabajo el 12 de octubre de 1973. Trasladado a la comisaría de Calama, y cinco días después a la Cárcel Pública, fue ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Integrantes de la Caravana

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba, de Santiago, el 30 de septiembre de 1973, en un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fue por ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas asesinadas. El regreso a Santiago fue el 6 de octubre.

El viaje por el norte del país partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El balance de víctimas fue de 71 personas. El regreso a Santiago fue el 22 de octubre.

El general Arellano Stark ordenó preparar la logística de la gira que mataría a 97 personas al teniente Juan Viterbo Chiminelli. Un grupo de oficiales de ejército se prestó para actuar como carniceros, que ejecutaron cruelmente a sus víctimas de preferencia con puñales llamados “corvos”:

–General de brigada Sergio Arellano Stark, jefe del grupo, delegado de Pinochet.

–Teniente coronel Sergio Arredondo González (más tarde director de la Escuela de Infantería).

–Mayor Pedro Espinoza Bravo, un oficial de Inteligencia del Ejército (más tarde jefe de operaciones de la policía secreta DINA e involucrado en casos emblemáticos como el asesinato de Orlando Letelier y culpado como autor del asesinato del periodista norteamericano Charles Horman, testigo de la participación norteamericana en el golpe).

–Mayor Carlos López Tapia, segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, acusado de participar en la muerte de cuatro personas.

–Capitán Marcelo Moren Brito (después comandante del campo de torturas Villa Grimaldi).

–Capitán Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero Puma en su viaje al sur.

–Capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, copiloto del helicóptero al sur, piloto en viaje al norte.

–Capitán Luis Felipe Polanco, copiloto de de la Mahotiere en el viaje al norte.

–Teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, coordinación y logística.

–Teniente Armando Fernández Larios (más tarde incorporado a la DINA e involucrado en el asesinato de Orlando Letelier en Washington).

Además de estos 10 oficiales, fueron dos clases (un clase se ubicaba entre sargento 2º y cabo) de la escuela de infantería del ejército.

Declaración del Centro Progresista Judío Meretz Chile  sobre asesinato del periodista de Caravana de la Muerte

El Centro Progresista Judío – Meretz Chile acompaña a la familia Berger Guralnik –en especial a nuestra compañera Carmen Hertz y a German Berger-Hertz– y a los familiares de Carlos Alfredo Escobedo Caris (24 años, militante socialista, chofer en Chuquicamata), Hernán Elizardo Moreno Villarroel (29 años, militante socialista, secretario de la Gobernación de la Provincia del Loa), Mario Argüelles Toro (34 años, militante y dirigente socialista, taxista), Luis Alfonso Moreno Villarroel (30 años, militante socialista, obrero de Chuquicamata) y Jerónimo Carpanchai Choque (28 años, militante socialista, obrero de Enaex), cuyos restos fueron identificados ayer, tras interminables años de búsqueda y espera.

Cada uno de ellos, junto con todos los asesinados por la `Caravana de la Muerte´, los desaparecidos por la DINA y la CNI, son más que un nombre o un número, e incluso más que los restos de restos identificados esta semana. Cada uno era una persona querida, comprometida con las causas sociales y con Chile. Cada uno era un mundo entero.  Nos unimos al llamado de justicia realizado por la abogada y defensora de los Derechos Humanos Carmen Hertz, con el fin de procesar y juzgar a los culpables del asesinato masivo ocurrido en octubre de 1973 y a los encubridores que removieron los cuerpos en 1974, y compartimos su llamado por Justicia.   Como dijo Carmen: “La falta de justicia no le hace mal sólo a los familiares, sino que le hace mal a todo el País. El olvido y la impunidad hace mal, no se puede reconstruir una sociedad si no hay justicia para crímenes de esta naturaleza”. Junto a ella, esperamos también el día en que este país pueda entregar justicia frente a crímenes tan horrorosos. Nos unimos a este llamado, con la esperanza de que los cuerpos de todos los detenidos desaparecidos, también, puedan ser encontrados e identificados.

Así mismo, recordamos en especial a Julio Berger y Dora Guralnik, los padres de Carlos Berger Guralnik, quienes murieron con el dolor y por el dolor de la masacre que fue víctima su familia, sin nunca haber sabido dónde se encontraba el cuerpo de su hijo.   Enfatizamos el compromiso de Carlos Berger Guralnik con Chile y la justicia social, y recogemos su legado. Acompañaremos a la familia en su dolor y memoria, y en las ceremonias de recordación que serán informadas en fecha oportuna.   Esperamos que este hecho, la identificación de osamentas de ejecutados políticos, sea un paso en adelante para la Justicia, la Reconciliación y la Paz del País.

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