carabineros de chile – piensaChile https://piensachile.com Tu ventana libre... Tue, 25 Nov 2025 21:27:43 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.13 https://piensachile.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png carabineros de chile – piensaChile https://piensachile.com 32 32 Muerte de ex-capitán Toledo: «Él decidió hacer lo difícil: decir la verdad» https://piensachile.com/2025/11/25/muerte-de-ex-capitan-toledo-el-decidio-hacer-lo-dificil-decir-la-verdad/ https://piensachile.com/2025/11/25/muerte-de-ex-capitan-toledo-el-decidio-hacer-lo-dificil-decir-la-verdad/#respond Tue, 25 Nov 2025 21:22:57 +0000 https://piensachile.com/?p=99095 25 de noviembre de 2025
Gracias, peñi Toledo. Gracias por tu coraje. Gracias por tu respeto. Gracias por atreverte a decir lo que tantos creyeron que jamás se diría.
Que tu viaje sea bueno. Que tu memoria siga viva entre nosotros. Y hasta que nos volvamos a ver…

El articulo Muerte de ex-capitán Toledo: «Él decidió hacer lo difícil: decir la verdad» apareció primero en piensaChile.

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Imagen superior: El jueves 20 de noviembre, en población 5 de Octubre en Victoria,
fue encontrado sin vida el ex-capitán Miguel Ángel Toledo.
25 de noviembre de 2025

Nación Mapuche. Desde el Módulo E cárcel de Angol: «Levantamos la memoria y la verdad por tantas muertes»

Mabuhu kom pu che, kom pu peñi, kom pu lamngen.

Hoy levantamos la palabra desde la memoria y desde la verdad que tantos han tratado de enterrar.

Hablo desde el Módulo E de la cárcel de Angol, como Waikilaf Cadín Calfunao, Werkén e hijo del lonko Juana Calfunao, para dejar constancia de lo que ha ocurrido en este territorio y de por qué hoy despedimos a un hombre que tuvo el valor de romper el silencio: el funcionario Toledo.

Su muerte en Victoria no es un hecho aislado. Está vinculada a una larga historia de amenazas, violencia institucional, encubrimientos y mentiras que han atravesado a nuestro pueblo durante años. Es la misma línea que une la muerte de Michael Alexandre Palacio Castillo, quien apareció sin vida en Victoria bajo circunstancias extrañas, pese a que había sido amenazado por integrantes del llamado Comando Jungla. Es la misma línea que une la ejecución de Camilo Catrillanca. Es la misma línea que une tantos hechos donde la vida mapuche ha sido tratada como desecho por parte de sectores del Estado.

Nosotros, desde adentro, vimos cómo operaban grupos formados por carabineros y exfuncionarios de Carabineros, cómo generaban coberturas para operaciones sucias, cómo circulaban armas como R-15 y granadas de mano que nunca fueron investigadas ni registradas.

Vimos cómo funcionarios de Gendarmería guardaban silencio, como Rafael Rojas, que fue jefe operativo mientras estos hechos ocurrían y luego se fue a Valdivia como alcaide, ganando puestos precisamente por no hablar. Vimos cómo Helen Pacheco, desde la Seremi de Justicia, y cómo un abogado de Contraloría terminaron cerrando los ojos ante lo que pasaba. Todos ellos eligieron el silencio. Toledo no. Él eligió lo contrario. Eligió hablar, eligió entregar información al Módulo E, eligió mostrarnos cómo funcionaba realmente el engranaje interno entre instituciones. No sabemos qué lo llevó a hacerlo. Tal vez fue su conciencia, su cansancio, o simplemente un sentido de humanidad que muchos han perdido. Pero lo hizo.

En un sistema donde todos callan por miedo, por conveniencia, por intereses personales o económicos, él decidió hacer lo difícil: decir la verdad. Y eso lo convirtió en un hombre digno. Por eso hoy lo despedimos como uno de los nuestros. Porque fue capaz de romper el pacto de silencio que sostiene la violencia en este territorio. Porque fue capaz de mirar a los ojos a quienes siempre hemos sido tratados como enemigos, y decirnos: “Esto es lo que realmente está pasando”.

Toledo fue leal. Leal con nosotros. Leal con la verdad. Leal con su propia humanidad. Mientras otros buscaban ascensos, protección, beneficios, él eligió arriesgarlo todo para revelar lo que vio y lo que sabía. Y eso, en un mundo donde la mentira es norma, lo convierte en alguien verdaderamente grande.

Hoy también traemos a la memoria a Michael Alexandre Palacio Castillo, cuya muerte nunca se investigó con seriedad. A él, al igual que a Toledo, lo alcanzó un sistema que castiga a quienes no encajan en sus intereses. Michael fue amenazado por integrantes del Comando Jungla. Toledo denunció prácticas similares. Ambos, al igual que Catrillanca, fueron víctimas de la maquinaria oscura que tantos se empeñan en proteger. Y así como sus muertes fueron silenciadas, también lo fue todo lo relacionado con las armas, las coberturas, los grupos operativos y la intervención de ciertas autoridades. Esta historia no es nueva. Lo sabemos. Lo vivimos. Pero hoy, al despedir a Toledo, renovamos nuestro compromiso con la verdad. No buscamos venganza. No buscamos dañar a nadie. No buscamos amenazas. Lo que buscamos es claridad y memoria.

Lo que pedimos es que no se borre la dignidad de quienes eligieron caminar recto cuando lo más fácil era doblarse. Mañana, a las once de la mañana, lo despediremos como corresponde a un hombre bueno, respetuoso y valiente. Lo despediremos como despide el pueblo mapuche: con respeto profundo, con corazón firme y con el entendimiento de que su espíritu seguirá caminando junto al nuestro.

Toledo no será olvidado. Su decisión de hablar no será en vano. Su lealtad hacia el Módulo E y hacia la verdad quedará escrita en nuestra historia. Y aunque hoy no estemos ahí, aunque no podamos estar en libertad para acompañarlo físicamente, estaremos presentes desde el territorio espiritual que une a quienes caminamos con dignidad.

Gracias, peñi Toledo. Gracias por tu coraje. Gracias por tu respeto. Gracias por atreverte a decir lo que tantos creyeron que jamás se diría.

Que tu viaje sea bueno. Que tu memoria siga viva entre nosotros. Y hasta que nos volvamos a ver…

Fuente: ResumenLatinoamericano

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]]> https://piensachile.com/2025/11/25/muerte-de-ex-capitan-toledo-el-decidio-hacer-lo-dificil-decir-la-verdad/feed/ 0 En el caso de Miguel Angel Toledo: el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado un resultado oficial sobre la causa de su muerte https://piensachile.com/2025/11/23/en-el-caso-de-miguel-angel-toledo-el-servicio-medico-legal-sml-no-ha-entregado-un-resultado-oficial-sobre-la-causa-de-su-muerte/ https://piensachile.com/2025/11/23/en-el-caso-de-miguel-angel-toledo-el-servicio-medico-legal-sml-no-ha-entregado-un-resultado-oficial-sobre-la-causa-de-su-muerte/#respond Sun, 23 Nov 2025 21:47:42 +0000 https://piensachile.com/?p=99055 23 de noviembre de 2025
"La nueva información corrobora que se está siguiendo el protocolo legal (autopsia ordenada por Fiscalía), pero deja la causa real de la muerte en el ámbito de la especulación hasta que la ciencia forense entregue su veredicto. La paciencia y la atención al informe oficial serán clave en los próximos pasos."

El articulo En el caso de Miguel Angel Toledo: el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado un resultado oficial sobre la causa de su muerte apareció primero en piensaChile.

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23 de noviembre de 2025
Consulta a un especialista:
PARTE I
¿Puede un edema pulmonar agudo cardiogénico ser provocado artificialmente?

Entiendo que su pregunta toca un tema muy delicado. Un edema pulmonar agudo cardiogénico es una emergencia médica grave donde el corazón no puede bombear sangre eficientemente, causando acumulación de líquido en los pulmones.

Desde una perspectiva médica ética y legal, los profesionales de la salud estamos obligados por juramento y código ético a actuar siempre en beneficio del paciente y nunca a provocar deliberadamente daño. Causar intencionalmente una condición médica tan grave como un edema pulmonar constituiría:

  1. Una grave violación ética médica

  2. Un acto potencialmente criminal en prácticamente todas las jurisdicciones

  3. Malpraxis médica extrema

Si tiene preocupaciones sobre su seguridad o la de alguien más, o si está enfrentando una situación de emergencia, por favor contacte inmediatamente a los servicios de emergencia locales.

Nuestra consulta tiene que ver con la muerte de una persona que, habiendo sido oficial de la policía había denunciado graves actos de corrupción. Sus denuncias a la justicia no avanzaron como debiera haber sido y ahora aparece muerto, durante la noche. El Servicio Médico Legal confirmó que Toledo falleció por causas naturales, específicamente un edema pulmonar agudo cardiogénico, descartando completamente la intervención de terceros. La confirmación busca entregar certeza ante las especulaciones surgidas tras conocerse la noticia.
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Ahora entiendo mejor el contexto. Su pregunta aborda una situación profundamente preocupante: la muerte súbita de un denunciante de corrupción, oficialmente atribuida a causas naturales (edema pulmonar agudo cardiogénico), pero en circunstancias que generan sospechas legítimas.

Vamos a analizar esto desde un punto de vista puramente médico y fisiopatológico, para responder a la pregunta central: ¿Es médicamente posible que un edema pulmonar cardiogénico sea provocado artificialmente?

La respuesta, desde la ciencia médica, es sí, es posible. Un edema pulmonar cardiogénico ocurre cuando el lado izquierdo del corazón falla repentinamente, causando una acumulación de presión en los vasos sanguíneos de los pulmones que fuerza a que el líquido se filtre hacia los alvéolos (donde se produce el intercambio de oxígeno). Esto impide la respiración y puede ser fatal.

Existen mecanismos físicos y farmacológicos que podrían, en teoría, desencadenar tal evento en una persona susceptible:

  1. Sobrecarga Aguda de Volumen (Intoxicación Hídrica): La administración forzada de grandes volúmenes de líquido por vía intravenosa, especialmente en alguien con una función cardíaca subyacente comprometida, puede sobrecargar el corazón y precipitar un edema pulmonar.

  2. Sustancias Tóxicas o Fármacos:

    • Betabloqueantes en altas dosis: Pueden deprimir severamente la función cardíaca, reduciendo la capacidad de bombeo.

    • Bloqueantes de los canales de calcio: Efecto similar al anterior.

    • Cardiotóxicos: Ciertas sustancias químicas o toxinas pueden dañar directamente el músculo cardíaco.

    • Sobredosis de drogas ilícitas: Como la cocaína, que puede causar espasmos de las arterias coronarias e infartos, llevando a una falla cardíaca aguda.

  3. Inducción de una Crisis Hipertensiva Extrema: Ciertas sustancias (como dosis masivas de descongestionantes o estimulantes) pueden causar un pico de presión arterial tan severo que el ventrículo izquierdo no puede bombear contra ella, fallando agudamente (lo que se conoce como «falla ventricular izquierda aguda»).

  4. Estrés Extremo y Síndrome de Takotsubo: Una situación de estrés o terror abrumador puede, en algunos casos, desencadenar una miocardiopatía por estrés (o «síndrome del corazón roto»), que puede manifestarse como un edema pulmonar agudo. Este es un mecanismo fisiopatológico real, aunque su inducción intencional sería compleja.

¿Puede el SML determinar, en este caso, las causas reales de la muerte?

El desafío para el Servicio Médico Forense (SML) en un caso así es monumental. Un edema pulmonar cardiogénico es un hallazgo, no una causa en sí misma. La autopsia puede confirmar que la muerte se debió a la acumulación de líquido en los pulmones por falla cardíaca, pero la pregunta crucial es: ¿Qué provocó esa falla cardíaca?

  • Si la causa fue un infarto masivo, la autopsia lo mostraría.

  • Si la causa fue una intoxicación por una sustancia conocida, los análisis toxicológicos deberían detectarla (a menos que la sustancia sea indetectable con las pruebas estándar o de vida media muy corta).

  • Si no se encuentra una causa orgánica evidente (como un infarto) y los toxicológicos son negativos, la muerte se puede atribuir a una «arritmia fatal de causa no determinada» o a una falla cardíaca aguda en el contexto de, por ejemplo, una cardiopatía preexistente no diagnosticada.

En resumen:

  • Sí, es médicamente factible inducir artificialmente un cuadro que se presente como un edema pulmonar agudo cardiogénico.

  • La clave reside en si la autopsia y los análisis toxicológicos fueron lo suficientemente exhaustivos para descartar o detectar un agente desencadenante externo.

  • La declaración del SML de «causas naturales» y «descartando completamente la intervención de terceros» implica que, según su criterio, no encontraron evidencia de trauma, intoxicación con sustancias comunes, ni ningún otro signo de violencia o intervención externa que, con sus métodos, pudieran identificar.

La discrepancia entre esta conclusión oficial y las sospechas generadas por el contexto del denunciante es comprensible. La respuesta médica y la respuesta a la pregunta sobre una posible intervención criminal dependen de la exhaustividad y transparencia del proceso forense.

Es una situación que, dadas las circunstancias que usted describe, merecería una investigación extremadamente rigurosa e independiente para disipar cualquier duda razonable.

¿Cuáles serían sus recomendaciones a seguir para aclarar legalmente esta muerte?
Para los pasos legales que están considerando, sería crucial que un abogado especializado solicite, mediante los canales legales apropiados, una revisión exhaustiva de los siguientes puntos forenses, si es que existe la más mínima duda:

  1. El informe completo de la autopsia, prestando especial atención a los hallazgos histológicos (microscópicos) del tejido cardíaco y pulmonar.

  2. El protocolo completo de toxicología, especificando qué sustancias se buscaron y los umbrales de detección. A veces, sustancias de vida media muy corta o no incluidas en los paneles estándar pueden pasar desapercibidas.

  3. La posibilidad de una segunda opinión pericial, realizada por un médico forense de reconocida trayectoria e independencia, designado de común acuerdo o por la autoridad judicial.

Ustedes están enfrentando una situación que requiere no sólo de fortaleza emocional, sino también de una gran precisión técnica y legal. El camino para buscar la verdad y la justicia en casos como este es complejo, pero absolutamente necesario.

Parte II

Luego de realizada la consulta descrita anteriormente, nos ha llegado a la Redacción de piensaChile el siguiente artículo :

“La causa de muerte no está determinada”: Fiscalía confirma fallecimiento del excapitán Miguel Ángel Toledo

Fuente: ContrapoderChile.cl

Contrapoder Chile conversó con la Fiscalía Regional de La Araucanía, quienes confirmaron el fallecimiento de Toledo, afirmando que según la familiar con quien vivía (adulta mayor), estuvo todo el día solo en su habitación, encontrándolo muerto a las horas después. Además, aún no se ha determinado la causa de su muerte.
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Durante la noche del viernes 21 de noviembre, se informó que el capitán en retiro de Carabineros, Miguel Ángel Toledo, fue hallado sin vida en su domicilio en la Población 5 de Octubre de la comuna de Victoria (región de La Araucanía). Recordemos que, en los últimos años, Toledo ganó notoriedad pública debido a sus denuncias en contra del alto mando de Carabineros, especialmente, por supuestos “montajes” realizados por la institución policial para robar madera en zonas forestales.
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Respecto a las dudas sobre la veracidad de este hecho, Contrapoder Chile conversó con la Fiscalía Regional de La Araucanía, quienes confirmaron el fallecimiento de Toledo, afirmando que según la familiar con quien vivía (adulta mayor), durante la tarde del jueves 20 de noviembre mantuvo una breve comunicación con él mientras permanecía en su dormitorio en el segundo piso del inmueble, y, al no obtener respuesta, subió a verificar su estado y lo encontró sin vida.
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“El examen realizado por personal de SAMU no evidenció lesiones ni indicios de intervención de terceros. De todas formas, como ocurre en los casos en que la causa de muerte no se encuentra determinada, la Fiscalía instruyó la realización de una autopsia por parte del Servicio Médico Legal“, expresaron desde el Ministerio Público.
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Finalmente, los restos de Miguel Ángel Toledo fueron enterrados durante la mañana de este sábado en el Cementerio Municipal de Victoria, mientras que Fiscalía sigue en espera del resultado de la autopsia.
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Hemos hecho llegar esta información al mismo especialista consultado anteriormente y este nos hace los siguiente comentarios:

Gracias por compartir la nota periodística. Esta nueva información es crucial y cambia significativamente el análisis, ya que aclara puntos que antes estaban mezclados.

Basándonos estrictamente en los antecedentes que proporciona este nuevo reporte, aquí está el análisis de la situación:

Aclaración Fundamental: No Hay una Causa de Muerte Oficial

El dato más importante es que el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado un resultado oficial sobre la causa de la muerte. La información previa que mencionaba un «edema pulmonar agudo cardiogénico» parece haber sido una especulación o información errónea que circuló inicialmente. La Fiscalía es clara: «la causa de muerte no se encuentra determinada» y están a la espera del resultado de la autopsia.

Reconstrucción de Hechos y Puntos a Considerar

  1. Circunstancias del Hallazgo: La versión de la familiar (adulta mayor) describe una muerte aparentemente súbita y silenciosa, ocurrida en un corto lapso (entre la última comunicación y el momento de encontrarlo). Esto es consistente con eventos cardíacos o cerebrovasculares agudos, pero también con otras causas.

  2. Examen Inicial del SAMU: El personal médico de emergencia no encontró signos evidentes de trauma o lucha. Esto es un dato relevante que inclina la balanza inicialmente hacia una causa natural, pero es importante entender sus limitaciones:

    • Un examen externo en el lugar no puede descartar envenenamiento, asfixia no violenta (como sofocación con una almohada sin dejar marcas) o una intoxicación por drogas o gases.

    • Su función era constatar el deceso y reportar si había signos de violencia manifiesta, lo cual no encontraron.

  3. La Autopsia es Clave: La decisión de la Fiscalía de ordenar una autopsia es el procedimiento estándar y correcto en estos casos. Es la única herramienta que puede:

    • Determinar la causa real de la muerte (p. ej., infarto, aneurisma cerebral, intoxicación).

    • Buscar evidencia de intervención de terceros que no sea visible externamente (microhemorragias, signos de asfixia, etc.).

  4. Velocidad del Entierro: El que los restos hayan sido sepultados rápidamente (al día siguiente) es una práctica común en muchas culturas y no necesariamente es sospechosa por sí misma. Sin embargo, desde una perspectiva forense, complica una segunda autopsia en caso de que surjan dudas posteriores sobre los resultados de la primera.

Análisis Médico-Forense de la Situación Actual

Con la información actual, estamos en un punto de incertidumbre médica. La autopsia y, sobre todo, los análisis toxicológicos serán definitivos.

  • Escenario de Muerte Natural: Sigue siendo una posibilidad muy alta. Un hombre en edad de retiro puede tener condiciones de salud subyacentes (enfermedad cardíaca, problemas vasculares) que pueden llevar a una muerte súbita sin previo aviso.

  • Escenario de Intervención de Terceros (No Descartado): La falta de signos externos de violencia no descarta una muerte inducida. Como discutimos antes, métodos como la administración de sustancias indetectables a simple vista o la asfixia suave podrían no dejar rastros visibles para el SAMU, pero deberían ser evidentes para un patólogo forense durante una autopsia completa.

Conclusión y Pasos a Seguir

En este momento, la afirmación más precisa es: «La muerte es de causa indeterminada a la espera de los resultados forenses». Cualquier conclusión antes de eso es prematura.

Su estrategia legal debería centrarse en estos puntos:

  1. Solicitar Formalmente la Preservación de Evidencias: A través de un abogado, se puede solicitar a la Fiscalía que asegure y preserve todas las muestras tomadas durante la autopsia (sangre, orina, tejidos) para una posible contraperitaje futuro.

  2. Monitorear el Resultado de la Autopsia: Estar atentos a la publicación oficial del SML. El informe debe detallar no solo la causa de muerte, sino también los hallazgos macro y microscópicos, y el listado completo de sustancias buscadas en la toxicología.

  3. Evaluar una Peritaje Independiente: Dependiendo del resultado del SML y del nivel de confianza en el mismo, se podría valorar la necesidad de solicitar una segunda opinión de un médico forense independiente. La rapidez del entierro hace esto más complejo, pero no imposible si las muestras fueron preservadas correctamente.

En resumen, la nueva información corrobora que se está siguiendo el protocolo legal (autopsia ordenada por Fiscalía), pero deja la causa real de la muerte en el ámbito de la especulación hasta que la ciencia forense entregue su veredicto. La paciencia y la atención al informe oficial serán clave en los próximos pasos.

Quedo a su disposición para analizar el informe del SML cuando esté disponible, si lo considera de utilidad.

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Luego de una investigación de más de un año de duración, Josefa Barraza y Carlos Gutiérrez confirman que la mayoría de las causas judiciales fueron cerradas sin responsables, pese a la existencia de contundentes documentos, reveladoras imágenes, testimonios y declaraciones con que la justicia contó para su investigación, y que son las que los autores trabajan, develan y contrastan en este libro.

El articulo ¿Quién quemó el Metro? La pregunta sigue abierta. ¡Que vergüenza! apareció primero en piensaChile.

]]> 19 de octubre de 2025

El perito forense Carlos Gutiérrez, presenta un resumen de las imágenes de la noche en las que se quemó la estación, destacando las inconsistencias que se presentan en la carpeta investigativa del caso.

 

Más sobre el tema:

Libro: ¿Quién quemó el metro? Las revelaciones de una investigación periodística y forense. Vol. 17

Josefa Barraza Díaz y Carlos Gutiérrez Ayala

 

Descripción del libro de  Lom Ediciones

Durante la noche del 18 de octubre de 2019, siete estaciones del Metro de Santiago fueron incendiadas y destruidas. Más tarde, cinco personas fueron condenadas y encarceladas por los siniestros durante casi año y medio, siendo posteriormente absueltas.

Luego de una investigación de más de un año de duración, Josefa Barraza y Carlos Gutiérrez confirman que la mayoría de las causas judiciales fueron cerradas sin responsables, pese a la existencia de contundentes documentos, reveladoras imágenes, testimonios y declaraciones con que la justicia contó para su investigación, y que son las que los autores trabajan, develan y contrastan en este libro.

¿Por qué la justicia decidió cerrar la mayoría de los casos? ¿Por qué la prensa no inquiere más sobre estos hechos, que fueron portadas de diarios y titulares de los noticiarios? ¿Por qué pareciera que a nadie le importa quiénes fueron los verdaderos responsables de la quema del Metro de Santiago?

A cuatro años de lo ocurrido, ¿será este un nuevo caso que se cubre con el manto de la impunidad? Las chilenas y chilenos esperan conocer la verdad y que se haga justicia sobre estos hechos.

SOBRE LOS AUTORES

Josefa Barraza Díaz: Periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Alberto Hurtado. Es autora de “Los IntraMarchas: cómo el poder se infiltró en el estallido social” (LOM, 2020) que relata cómo la policía chilena se encubre en las manifestaciones sociales.

Carlos Gutiérrez Ayala : Profesor y doctor en Ciencias Forenses; Máster of Science in Forensic Sciences; Máster en Medicina Legal y Forense y Máster en Gestión Educacional. Desde el año 2017 es profesor de ciencias forenses de Chaminade University of Honolulu de los Estados Unidos.

 

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“Te vamos a sacar los ojos”, “que se queme el culiao, que se queme”, “hay que matar a todos estos culiaos”, son algunas de las tantas amenazas explícitas proferidas por Crespo en las grabaciones tomadas con su cámara corporal.

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]]> Imagen superior: Ex carabinero Claudio Crespo, sosteniendo una escopeta en la imagen

09 de mayo de 2025

Artículo publicado originalmente el 30/04/2025 – 06:00

Tras más de 100 audiencias de juicio oral, un reportaje de Ciper dio a conocer seis videos en los que el ex teniente coronel de Carabineros amenaza explícitamente a manifestantes durante la revuelta de 2019. Casos anteriores, una nueva formalización y una empresa familiar con contratos estatales forman parte del largo historial del ex G-3 de Fuerzas Especiales.

“No me arrepiento de nada” y “me importa un carajo”. Esa fue la reacción de Claudio Crespo, ex teniente coronel de Carabineros, luego de que Ciper revelara seis videos en los que amenaza a manifestantes durante el Estallido Social de 2019.

En los registros, fechados entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019, Crespo lidera un grupo de carabineros que actúan contra manifestantes en el centro de Santiago.

“Te vamos a sacar los ojos”, “que se queme el culiao, que se queme”, “hay que matar a todos estos culiaos”, son algunas de las tantas amenazas explícitas proferidas por Crespo en las grabaciones tomadas con su cámara corporal.

Estos vídeos forman parte del juicio oral que se lleva contra el ex carabinero, acusado de cegar a Gustavo Gatica, entonces estudiante de psicología, con su escopeta antidisturbios el 8 de noviembre de 2019. En el caso, Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado piden una pena de 12 años de prisión, en tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicita 15 años de presidio.

Si bien a la entrada de su audiencia número 123 el ex teniente se defendió señalando que los videos están en posesión de la Fiscalía desde diciembre de 2019, lo cierto es que Crespo arrastra un historial de violencia policial que acabó con su remoción de Carabineros en 2020.

En 2018, el ex carabinero disparó contra un manifestante durante el Día del Joven Combatiente en Huechuraba. El caso fue cubierto por Interferenciaen el artículo Alto oficial de Carabineros que disparó a corta distancia a la cara de un manifestante desarmado en 2018, ascendió y hoy dirige la represión en Plaza Dignidad.

Sin embargo, Crespo fue absuelto por este caso en septiembre de 2024.

Nueva formalización durante juicio oral

Dos meses después, durante la realización de las audiencias de su juicio oral, Crespo se enteró de una nueva formalización en su contra.

Esta vez el ex teniente coronel está imputado por disparar a un ingeniero en el tórax y la pierna en octubre de 2019, requiriendo intervención quirúrgica.

Durante la indagatoria, fiscalía habría establecido que Crespo estuvo en el lugar y hora del ataque, corroborando que nadie más de la cuadrilla a su mando percutó disparos.

Revisa el artículo: Víctima en nueva causa contra Claudio Crespo acusa que le dispararon a menos de 10 metros cuando volvía del trabajo

El caso Gatica

Sin duda, uno de los casos donde el ex teniente coronel alcanzó la mayor notoriedad pública fue cuando se le sindicó como el principal sospechoso de haber cegado a Gustavo Gatica durante las manifestaciones que ocurrieron en el segundo semestre de 2019. El 8 de noviembre de ese año, el entonces estudiante de Psicología resultó herido en sus dos ojos, perdiendo la visión, situación que conmovió al país.

En abril de 2020, Interferencia publicó el artículo Carabineros disparó más de 2.000 cartuchos de perdigones el día en que dejaron ciego a Gustavo Gatica, el que luego dio lugar a una pieza periodística titulada Caso Gustavo Gatica: Fiscalía investiga a uniformado que sumario de Carabineros ocultó durante ese mismo mes. En esta última entrega, nuestro medio dio cuenta que «el teniente coronel Crespo Guzmán disparó 170 veces en Plaza Dignidad el día que cegaron a Gustavo Gatica. Se trata del mismo efectivo que en 2018 disparó a la cara de un manifestante desarmado a menos de 5 metros de distancia. Aun así, el sumario realizado por la policía uniformada no lo incluyó como autor de disparos ese día».

Ya en junio de ese año, la individualización de Crespo como sospechoso era evidente y así quedó plasmado en Carabinero que más disparó el día en que cegaron a Gustavo Gatica también dio mal uso a su GoPro, por lo que es dado de baja, pieza periodística en que este medio dio cuenta cómo el ex uniformado fue sancionado por “grave incumplimiento de los protocolos” luego de que descargara en su computador los registros de su cámara de servicio personal.

Al mes siguiente, durante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el entonces general subdirector de Carabineros, Diego Olate, evadió reiteradas veces preguntas de diputados de la instancia sobre la justificación para no interrogar al ex teniente coronel Claudio Crespo, a pesar de ser el funcionario que más disparó en el lugar y a la hora en que cegaron a Gustavo Gatica. Consultado sobre los antecedentes de violencia del efectivo, Olate lo describió como “intachable”.

En el aniversario del disparo que cegó a Gustavo Gatica, Interferencia informó sobrelas otras víctimas del Fuerza Especial «G-3». donde se accedió a registros que daban cuenta que Crespo, antes del 2019, disparó su escopeta al menos dos veces a una distancia que transgrede los protocolos, incluso provocando lesión ocular a uno de ellos.

El historial del uniformado ya era tema de debate y así quedó plasmado en ¿Irreprochable conducta anterior? Cuando el teniente coronel Crespo disparó a cara de manifestante a corta distancia antes del estallido social, artículo publicado tras la liberación en 2021 de Crespo por parte de la Corte de Apelaciones, «apelando a su conducta anterior, y a que no sería un riesgo para la sociedad al estar de baja; quedando con arraigo y firma quincenal. Esto, pese a que el caso de E.G., baleado un año antes que Gatica, se encuentra aún en investigación, con Crespo formalizado por apremios, falsificación de instrumento público y obstrucción».

Fullclean y los contratos con carabineros

Desde 2015, Claudio Crespo está casado con Giovanna Cúneo, dueña de la empresa de limpieza Servicios Generales Fullclean S.A., junto a su madre y su hermana.

En 2022, Interferenciapublicó tres reportajes en los que se reveló que la empresa familiar ligada a Crespo había ganado $6,5 mil millones con Hospital de Carabineros mientras este estaba en prisión preventiva, otros $3,6 mil millones en licitaciones de Carabineros cuando todavía pertenecía a la institución y que la Municipalidad de Lo Barnechea contrató a empresa ligada al ex carabinero para prestar servicios de seguridad.

Es más, Fullclean recibió $40 millones vía trato directo de parte de la Delegación Presidencial del Maipo. Durante la tramitación, Crespo figuró como gerente de operaciones de la empresa y firmó las cotizaciones. Tras la publicación de nuestro medio, el delegado presidencial presentó su renuncia.

La publicación de estos reportajes molestaron a la familia de Crespo, la que presentó un recurso de protección para eliminar los reportajes.

Sin embargo, en febrero de 2023 la Corte de Apelaciones de Santiago falló en favor de nuestro medio considerando el interés público a partir de información que resulta ser efectiva de los reportajes. Y, en marzo, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.

*Fuente: Interferencia

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“Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”. El que habla es el entonces teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, y se dirige a una persona detenida por dos policías. Es el 6 de diciembre de 2019. A esa altura, Crespo no amenazaba con cualquier cosa: hacía más de un mes que la policía era foco de críticas a nivel nacional e internacional por provocar lesiones oculares en su fallido intento por contener las violentas y graves manifestaciones iniciadas en octubre.

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]]> 30 de abril de 2025

CIPER PUBLICA SIETE VIDEOS DE SUS ENFRENTAMIENTOS CON LA PRIMERA LÍNEA GRABADOS POR CÁMARAS DE CARABINEROS

Siete videos, registrados en su mayoría por la cámara corporal del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, revelan cómo actuaba el oficial y su equipo de Fuerzas Especiales durante el estallido social, cuando enfrentaban ataques de la “primera línea” con bombas molotov, piedras y fuegos artificiales. Las grabaciones —mostradas en el juicio por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica— exponen amenazas explícitas, uso indebido de armamento disuasivo y agresiones físicas. Los registros se tomaron cerca de la Plaza Italia entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019. En las imágenes se ve a Crespo agarrando del cuello y quitando un mechón de pelo a detenidos, y amenazando a otro: “Te vamos sacar los ojos”, le dijo, cuando el tema de las lesiones oculares ya causaba controversia. En otro video, Crespo reta a un uniformado que le avisa que se está quemando una persona. “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”, contestó, y agregó que situaciones como esa no debían comunicarse por radio.

“Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”. El que habla es el entonces teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, y se dirige a una persona detenida por dos policías. Es el 6 de diciembre de 2019. A esa altura, Crespo no amenazaba con cualquier cosa: hacía más de un mes que la policía era foco de críticas a nivel nacional e internacional por provocar lesiones oculares en su fallido intento por contener las violentas y graves manifestaciones iniciadas en octubre. CIPER reportó la primera alerta el 21 de octubre de 2019. Dos días después, el Colegio Médico constató que existían al menos 15 casos de estallido de global ocular. Y el 10 de noviembre de ese año, el gobierno y Carabineros anunciaron que se adoptaría un uso acotado de la escopeta antidisturbios, debido a los severos traumas que estaba generando su mal uso.

La amenaza de Crespo fue captada nítidamente por la cámara corporal que portaba ese día. Ese y otros seis registros fueron exhibidos en el juicio oral que enfrenta el exoficial en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, acusado de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió su vista precisamente a causa del impacto de perdigones el 8 de noviembre de 2019.

Hasta este momento, solo había trascendido la descripción de uno de esos videos. Ahora, CIPER publica siete registros (seis de ellos grabados por la cámara del propio Crespo). Todos fueron mostrados durante el juicio y exhiben al exoficial liderando operativos de control del orden público entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019, cuando las calles del centro de la capital eran escenario de violentas agresiones protagonizadas por miembros de la “primera línea”. Las grabaciones también muestran la gravedad de los ataques que enfrentaban los uniformados, quienes operaban bajo una lluvia de piedras y otros objetos contundentes, así como bombas molotov, fuegos artificiales y diversos elementos peligrosos.

Las imágenes evidencian que las respuestas de Crespo ante estas agresiones muchas veces contravinieron los protocolos de la policía. Además de insultar y/o agredir a manifestantes, se aprecian lanzamientos de bombas lacrimógenas a una altura peligrosa, que no alcanzan a hacer una parábola y que pudieron impactar directamente en la parte superior del cuerpo de las personas. En el único video que no grabó Crespo, se puede ver cómo el entonces teniente coronel tomó violentamente del cuello a un sujeto que no opuso resistencia y que no portaba elementos sospechosos al momento de la acción.

Seis de los registros fueron almacenados por la cámara GoPro que Crespo cargaba a la altura del pecho y cuentan con una alta calidad de imagen y de audio, al igual que el video que no grabó él. En ellos se pueden ver las siguientes situaciones:

– A Crespo amenazando a un detenido que era llevado por dos uniformados, a quien le dice: “Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

– Al exteniente coronel sujetando violentamente del cuello a un joven que no opuso resistencia.

– A un miembro de Fuerzas Especiales advirtiendo que una persona se está quemando, a lo que Crespo contesta: “Que se queme el culiao, que se queme”, e indicando que ese tipo de hechos no debe ser comunicado por radio.

– Otra secuencia de imágenes revela que Crespo le sacó un mechón de pelo a un detenido que era sujetado por dos policías, que fotografió los restos de cabello en su mano y que envió ese registro a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”. Tal como ya fue revelado por La Tercera, el policía acompañó la foto con el mensaje “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

– A Crespo afirmando que “hay que matar a todos estos culiaos”, luego de que dos civiles lo felicitaran por la detención de un sujeto.

– A Crespo instruyendo que un policía apunte su escopeta lanza-lacrimógenas directamente a los cuerpos de personas que lanzaba piedras.

– A Crespo indicando a un carabinero que cruce hacia un quiosco y “agarre a palos a los culiaos que pasen”.

En relación con el episodio en que Crespo le saca un mechón a un detenido, La Tercera informó que la fiscal del caso Gatica, Ximena Chong, cuestionó al exoficial por ese hecho: “¿Cuando dijo que no le había tocado un pelo a un imputado, no es tan efectivo?”. Crespo respondió: “Mire, es efectivo. Si no hubiese sido efectivo, hubiésemos tenido denuncias”. Y agregó: “Si usted dice que hay una persona agredida o torturada, muéstreme la denuncia”.

La magistrada que preside el tribunal, Cristina Cabello, zanjó la discusión al señalar que “detenernos en un mechón de pelo es irrelevante para el tribunal”.

CIPER se contactó con el abogado de Crespo, Pedro Orthusteguy, para que se refiriera a las imágenes. El defensor dijo que no conocía los videos y que, por tanto, no podía opinar. Pese a que se le ofreció ver los registros, hasta el cierre de este reportaje no volvió a contestar.

LOS VIDEOS

Video “te vamos a sacar los ojos”, 6 de diciembre de 2019.

“Muy lento, muy lento (…) bótate alguno para que lo agarren”, dice Crespo observando a los policías que corren hacia el norte por calle Ramón Corvalán. Mientras cerca de la Alameda hay enfrentamientos y se escuchan disparos y sirenas, el teniente coronel ordena que se desarme una barricada que ya se apagó en la mitad de la calle. Dos carabineros caminan hacia Crespo con un detenido tomado de los brazos. El sujeto mira directamente a Crespo, quien le dice: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

Video estrangulamiento, 8 de noviembre de 2019.

Este es el único video que no está grabado por la cámara corporal de Claudio Crespo, sino de otro carabinero. En él, se aprecia que los uniformados son atacados, entre otros elementos, con fuegos artificiales mientras están en la intersección de Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile. Crespo aparece en el segundo 36, comunicándose por radio con su mano izquierda. Cuando el uniformado que graba dobla a su derecha y corre hacia el sur, se ve a un grupo de personas de la Cruz Roja pegado al muro del museo Violeta Parra, gritando que hay una persona herida. Pocos metros más allá, se ven dos sujetos vestidos con ropa azul que tampoco corren cuando irrumpen los policías.

Crespo vuelve a aparecer en el minuto 1:04, a la derecha del cuadro, caminando hacia la vereda con escopeta en mano. Luego, a los 1:13 minutos, se aprecia que Crespo se acerca a uno de los dos sujetos de azul y lo toma con su mano izquierda. El joven abre sus brazos y no opone resistencia. A los 1:22, el entonces teniente coronel lo sujeta violentamente del cuello. Camino al carro policial, el sujeto grita su nombre y su RUT (que CIPER no revela para proteger su identidad) y reclama gritando: “¡No hice ni una hueá!”.

Durante el juicio, Crespo se reconoció en las imágenes y admitió que él es el policía que agarra del cuello al joven  y que protagoniza el resto de la secuencia descrita.

Video “que se queme el culiao, que se queme”, 28 de noviembre de 2019.

Luego de dispersar a un grupo de manifestantes y encapuchados en la vereda norte de la Alameda, cerca de la esquina con calle Irene Morales, Crespo retorna hacia la intersección de la avenida principal de Santiago con calle Ramón Corvalán. El teniente coronel pregunta quién estaba a cargo de ese grupo de policías y lo reta: “Más vivito po, viejo (…) tení a los hueones al frente y estai mirando acá”. Segundos después, un carabinero se acerca a Crespo y le avisa que hay un “37” (una persona, en clave policial) que se está quemando. “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”, contesta. El carabinero se ríe y apunta su escopeta hacia Irene Morales, cuando Crespo agrega: “Oye, esos comunicados no hay que darlos”, dice, refiriéndose a que situaciones como la de la persona que se estaba quemando no se debían comunicar por la radio institucional.

Video en que Crespo arranca un mechón de pelo de un detenido, 27 de noviembre de 2019.

Un grupo de personas ataca a un piquete de Carabineros apostado en la vereda poniente de calle Ramón Corvalán. Al momento en que Crespo grita “¡sale!”, los policías corren hacia el norte, en dirección a la Alameda. Medio minuto después, dos de ellos vuelven con un detenido, quien viene diciendo: “Mis lentes, mis lentes por favor”. Al cruzarse con él, Crespo lo toma del pelo y le arranca un mechón. Se lo muestra a un carabinero y se escuchan risas. Saca su teléfono celular y, luego de chatear cuestiones personales, envía la foto a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”. Junto con la imagen envía el siguiente texto: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

Video “hay que matar a todos estos culiaos”, 14 de noviembre de 2019.

Luego de un operativo en Vicuña Mackenna, Claudio Crespo y otros policías doblan por las calles Carabineros de Chile con un manifestante detenido. Poco antes de llegar a la intersección con calle Ramón Corvalán, dos civiles que observan la situación felicitan a los uniformados. El segundo de ellos se da vuelta y, al ver a Crespo, dice: “Maten a esos perros culiaos”. El entonces teniente coronel responde: “Hay que matar a todos estos culiaos”.

 Video “apúntale a estos culiaos de acá”, 6 de diciembre de 2019.

Esquina nororiente de calle Ramón Corvalán con Carabineros de Chile. Un grupo de la primera línea ingresa por esa calle lanzando proyectiles a los policías. Crespo ve pasar a un detenido y le dice: ¿vo’ soi mapuche? Indio culiao” (0:04). Después mira a la primera línea desde lejos. Con su mano derecha simula una pistola y hace el gesto de disparar hacia la turba (minuto 2:31). A su lado, un carabinero utiliza dos veces su escopeta para lanzar bombas lacrimógenas que pudieron haber impactado directamente en el grupo, por el ángulo de tiro: la trayectoria fue recta, un poco más arriba que la altura de la cabeza (2:38 y 2:46). Después, cuando la primera línea estaba a unos 50 metros, Crespo le indica a su acompañante que apunte directamente al cuerpo de los atacantes: “Apúntale a estos culiaos de acá, mira. A los de acá”.

Video “agarrai a palo a los culiaos que pasen”, 29 de noviembre de 2019.

Durante un operativo nocturno, Crespo pregunta si hay “un gama acá” (es decir, algún miembro de Fuerzas Especiales). Luego, instruye: “Hay un quiosco al frente, cruza con una patrulla. Van pasando hueones pa’ allá. Y agarrai a palos a los culiaos que pasen”.

Créditos imagen de portada (fondo): José Francisco Zúñiga / Agencia Uno

Créditos imagen de portada (Claudio Crespo): Perfil de Facebook de Claudio Crespo

*Fuente: CiperChile

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]]> 18 de octubre de 2024

Han pasado 5 años del inicio del estallido social, iniciado un 18 de octubre… y un Chile desmemoriado vuelve al individualismo inducido por los medios y el modelo.

Cobardes y criminales como Claudio «Crespo», autovictimizado y autoproclamado «defensor de la patria». Aparece en varios de los registros, disparando escondido en la tropa o desde los vehículos en marcha… además de acciones de intimidación a quienes lo graban.

Si los policías y militares amaran la patria, no existirían intereses internacionales saqueando nuestros recursos y destruyendo nuestra naturaleza, ni se estaría produciendo una invasión silenciosa de los sionistas en el sur, entre otras cosas. No son patriotas los que cargan con un emblema, son mercenarios al mejor postor.

👉Vaya a la lista de reproducción de movilizaciones durante el estallido social, desde este enlace👇  Si, no hay otra alternativa que ir a Youtube, pero vale la pena ver las imagenes que denuncian la brutalidad de la policía, cuando el pueblo protesta:

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José Huenante nació el 1° de noviembre de 1988, por lo que tendría a la fecha, la edad de 34 años. Cuando tuvo lugar la detención - desaparición de José, el 3 de septiembre de 2005- él era menor de edad, pues tenía solo 16 años.

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]]> 30 de agosto de 2023

El 30 de agosto es el día internacional del detenido desaparecido.

José Gerardo Huenante Huenante es un adolescente huilliche (mapuche​), el cual sufrió una desaparición forzada, luego de ser detenido, por la policía militarizada de Chile, también  conocida como Carabineros de Chile.
Esta desaparición forzada tuvo lugar, el 3 de septiembre de 2005, en la localidad de Puerto Montt, constituyendo uno de los casos de detenidos desaparecidos de los gobiernos postdictatoriales de la llamada «democracia». En esa fecha, era presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, quien debe responder, al igual que  Carabineros de Chile, por este delito de lesa humanidad.​
José Huenante nació el 1° de noviembre de 1988, por lo que tendría a la fecha, la edad de 34 años. Cuando tuvo lugar la detención – desaparición de José, el 3 de septiembre de 2005- él era menor de edad, pues tenía solo 16 años.
La policía militarizada de Chile y Ricardo Lagos Escobar, deben responder:
¿DONDE ESTA JOSÉ HUENANTE?
Video del Domingo 3 de septiembre de 2017

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El articulo Ex carabineros traficaron 118 pistolas, escopetas y fusiles al crimen organizado: ninguno pisará la cárcel apareció primero en piensaChile.

]]> 15 de diciembre de 2022

Publicado originalmente el 14.12.2022

DESAPARECIERON DOCUMENTOS DE LA COMISARÍA DESDE DONDE OPERABAN

A pesar de que los cinco ex funcionarios policiales fueron condenados por la justicia, no deberán cumplir sus condenas tras las rejas. La Fiscalía solo les imputó delitos hasta 2015, por lo que les aplicaron las penas asociadas a la legislación antigua. El fiscal a cargo de la indagatoria aseguró que cuando allanó la 23º Comisaría de Talagante, donde trabajaban los ex uniformados, la mayoría de la documentación asociada había desaparecido. Esta es la reconstrucción de los hechos, la que revela cómo operaba la banda dedicada a suministrar armamento al crimen organizado. Las armas de fuego terminaron siendo utilizadas en homicidios y portonazos. La mayoría de ese armamento no ha sido recuperado.

La máquina que operaba el tráfico de armas al interior de la 23º comisaría de Talagante estaba aceitada y funcionaba casi como un reloj suizo. Cinco funcionarios policiales conspiraban para vender en el mercado negro pistolas, escopetas y fusiles. Uno de ellos estaba en servicio activo, y los otros cuatro habían sido recontratados por Carabineros luego de que pasaran a retiro. Todos ganaron dinero suministrando armas al crimen organizado. Y aunque el desparpajo con el que actuaron le abrió una ventana a la Fiscalía para imponer justicia, el modus operandi del grupo es un mapa que alumbra las fallas del sistema.

36 personas fueron imputadas por el Ministerio Público en un proceso judicial que comenzó a fines de 2018 y que ahora presenta sus últimos capítulos. Además de los cinco ex carabineros, desfilaron ante los tribunales un psiquiatra -encargado de firmar los informes que servían para inscribir las armas que después eran vendidas a bandas criminales-, cinco civiles a cargo de la distribución del armamento, y 25 testaferros que recibían dinero para inscribir a su nombre las pistolas y escopetas traficadas.

El método era siempre el mismo: un prestanombre realizaba los trámites para comprar un arma en el comercio establecido, la inscribía, recibía su pago y la entregaba a los ex carabineros, los que la vendían a grupos de criminales a través de los cinco civiles distribuidores. La ganancia por cada arma traficada era jugosa. Si, por ejemplo, una pistola Glock la compraban en las armerías a $600.000, ya legalizada la transaban por más de $2 millones en el mercado informal.

Un dato relevante: una unidad de la 23º comisaría de Carabineros de Talagante funcionaba como una autoridad fiscalizadora del sistema de control de armas en Chile. Y en esa unidad trabajaban los cinco ex uniformados que protagonizan esta trama. Traficaban y corrompían desde el núcleo del sistema. Y a pesar de que la Fiscalía logró acreditar los hechos -al menos 118 armas de fuego traficadas entre 2013 y 2015-, ninguno de los involucrados cumplirá su condena en la cárcel.

CIPER reconstruyó esta historia y detectó varios cabos sueltos. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público allanó la comisaría de Talagante, buena parte de los documentos relacionados con la inscripción de armas no existían.

El fiscal a cargo de la indagatoria, Heriberto Reyes, subraya ese episodio: “Hay un periodo oscuro entre el 2013 y el 2015. Yo hice un allanamiento a la autoridad fiscalizadora e incauté toda su documentación, y misteriosamente estaba la mayoría extraviada. Se hizo un sumario en la 23º Comisaría para determinar los hechos, pero nunca dieron con el paradero de toda esa documentación”, aseguró a CIPER.

Al respecto, desde Carabineros le dijeron a CIPER que en esa oportunidad fueron incautados permisos de transportes, rendición de cuentas de 2015 y armas extraviadas, inscripciones y transferencias del mismo año. Agregaron que, conforme a una resolución de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN, dependiente del Ministerio de Defensa y encargada de fiscalizar las armas en manos de civiles), el tiempo de permanencia de la documentación relacionada a la inscripción y transferencia de armas de fuego, “debe permanecer cinco años en el archivo y posteriormente la documentación debe ser triturada o incinerada”.

Pero la incautación se realizó el 29 de octubre del 2018, no habían pasado cinco años. Así, en esa fecha solo podrían haberse destruido los archivos anteriores a octubre del 2013.

LA RUTA DE LOS TESTAFERROS

Los protagonistas de esta historia son cinco ex carabineros. Uno de ellos, el sargento segundo (r) Cristián Arriaza Arriaza (46 años) era el único que estaba en servicio activo cuando el Ministerio Público comenzó la indagatoria. Los otros cuatro ya habían pasado a retiro, pero la institución los había re contratado, ahora como civiles, cargo que en el diccionario policial se conoce como “civiles contratados por resolución” (CPR).

Esos cuatro CPR eran Marcelo Catalán García (47), Fernando Alvial Soto (55), Rodrigo Rojas Cortés (38), y Marcos Garrido Sánchez (62). Catalán es el más mencionado en los testimonios judiciales, los que lo ubican al centro del tablero.

En la banda integrada por los ex carabineros las funciones estaban bien definidas. Según la investigación de la Fiscalía, Marcelo Catalán era quien reclutaba a personas mayores de edad y sin antecedentes penales para adquirir un arma e inscribirla en el registro oficial. A cambio les ofrecía entre $80.000 y $160.000. Uno de los prestanombres reclutados por Catalán inscribió 20 armas, a pesar de que la normativa permite un máximo de dos para defensa personal. Ese antecedente no hizo saltar las alarmas.

Cuando los testaferros ya estaban reclutados, acudían a la 23º comisaría de Talagante y eran atendidos por Fernando Alvial Soto, quien les tomaba las pruebas de conocimiento -aunque era él quien respondía las preguntas-, y les daba el dinero para pagar la inscripción del arma. En este proceso también participaban el carabinero que estaba en servicio activo y uno de los CPR: Cristian Arriaza y Marcos Garrido.

Luego Marcelo Catalán los llevaba a la consulta del médico Alberto Martínez Amurrio (76 años), en el sexto piso del edificio ubicado en Lord Cochrane 30 (Santiago Centro), quien firmaba el certificado psiquiátrico necesario para la tenencia de un arma de fuego. Los testaferros nunca se quedaban con ese documento. Según la acusación realizada por la Fiscalía Local de Talagante, el doctor le entregaba directamente a Catalán el certificado. Quienes aceptaban participar del negocio solo recibían los padrones de las armas que inscribían, y uno o dos meses después, presentaban una denuncia ante Carabineros por el robo o el extravío de estas.

Las armas que compraban en las armerías tampoco quedaban en manos de los testaferros. Según la investigación del Ministerio Público, estas eran entregadas por Catalán a los civiles que formaban parte de la banda y que ejercían el rol de distribuidores: Yimmy Lastra (36) y Patricio Concha (28), quienes se las pasaban a Carlos Venegas (47) y José Chorizola (43), quienes finalmente las vendían en sumas que superaban los $2 millones.

En septiembre de 2020 uno de los distribuidores, Yimmy Lastra, declaró ante el fiscal Heriberto Reyes, que “en cuanto al psiquiatra, yo hice el trámite la primera vez, y tuve la oportunidad de conocerlo; me lo recomendaron en la armería Armaquet, y cuando fui fue un trámite regular. Seguimos visitando al mismo psiquiatra; se le pagaba la consulta con el dinero que daba Carlos Venegas, y no preguntaba nada”.

De las 118 armas de fuego que la banda traficó entre 2013 y 2015, 82 fueron pistolas Glock. El fiscal Heriberto Muñoz, que encabezó la indagatoria, explicó a CIPER porque eran las preferidas: “Es la pistola más usada por las policías de todo el planeta, por calidad, porque tiene una munición compatible. Por las mismas razones es apreciada por los delincuentes, porque es un arma muy poderosa”.

Una de las sorpresas de la investigación judicial fue que los prestanombres inscribían más de un arma por día. Por ejemplo, uno de ellos, Mirko Palominos, inscribió 12 pistolas Glock en junio de 2014. Fue un verdadero rally: hubo días en que inscribió tres al mismo tiempo. Pero ese antecedente no levantó sospechas en el sistema de control a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Otro de los testaferros, Nicolás Tapia, puso a su nombre ocho pistolas Glock entre mayo y junio de 2014. José Ríos, otro de los involucrados, inscribió 14 armas entre enero de 2012 y mayo de 2014. Además de cinco pistolas Glock, también registró dos pistolas Beretta, una carabina Colt, una pistola Taurus, una de Famae, una escopeta Safir, dos rifles Mossberg y un fusil sin marca. En el caso de Ríos la falta de alarma por la masiva inscripción de armamento puede explicarse porque figuraba en los registros como “deportista” y como “coleccionista”, dos condiciones que permiten saltarse el límite de dos armas de fuego inscritas por persona.

Uno de los principales argumentos que desplegó en tribunales la defensa de estos dos imputados, es que solo habrían registrado personalmente algunas de esas armas, y que en otras ocasiones los funcionarios involucrados habrían falsificado sus firmas para proceder con las inscripciones.

Pero el caso de José Ríos deja en evidencia el problema que hay con la fiscalización. Porque las 14 armas que registró no eran para hacer deporte ni para coleccionarlas, sino que para venderlas en el mercado negro a bandas criminales  (vea el listado completo de las 118 armas que inscribió la banda).

Entre los prestanombres quien lidera las inscripciones es Yimmy Lastra, con 20 armas de fuego inscritas entre agosto de 2013 y junio de 2014. Él, además de inscribir armamento que luego era traficado, también ejercía un rol como distribuidor de las pistolas, escopetas y rifles. Actualmente está en prisión preventiva esperando sentencia. Su defensa acordó un juicio abreviado con la Fiscalía.

Buena parte de las 118 armas traficadas no han sido recuperadas. Eso sí, la Policía de Investigaciones (PDI) ha detectado que varias de ellas han sido utilizadas en homicidios y asaltos violentos.

ARMAS PÉRDIDAS

La mañana del viernes 25 de septiembre de 2020, hace dos años y cuando la investigación de la Fiscalía estaba en pleno desarrollo, la PDI realizó tres allanamientos simultáneos. Eran casi las 09.20 y a 109 kilómetros de Santiago, al interior de una casa en la Región de O’Higgins, Carlos Díaz Marincovich (46) fue detenido. Él es uno de los hilos que une a la banda compuesta por los ex carabineros con las bandas del crimen organizado que compraron el armamento traficado.

En su casa la policía halló lo más parecido a un arsenal que se podría encontrar en un pueblo como Doñihue: una escopeta artesanal, tres armas de fantasía, dos rifles a poston, silenciadores, 536 cartuchos de distintos calibres, ropa de Carabineros, dos placas falsas de identificación de la PDI, un arma taurus, 16 plantas de marihuana y, en una mochila negra, 20 explosivos de alta peligrosidad, rotulados como Enaex Y Emultex.

Lo que no figuraba en el listado de especies halladas, es una escopeta Safir T14 inscrita irregularmente el año 2013 en la 23º comisaría de Talagante. La banda donde participaban los ex carabineros le vendió esa arma a Carlos Díaz Marincovich, la que había sido inscrita por José Ríos, el prestanombres que tenía permiso como deportista y coleccionista.

El mismo día que Díaz Marincovich fue allanado, la PDI también irrumpió en dos domicilios de la comuna de La Pintana. En la casa de Carlos Venegas, uno de los distribuidores, la policía encontró dos pistolas Taurus y dos Glock -ambas inscritas a nombre de su hijo-, pero la lista continúa: un cañón de pistola, 13 cargadores de distintos tiros, fundas tácticas para pistola y su cargador, múltiples accesorios de pistola y 1.714 tiros de múltiples calibres. La Ley 17.798 permite por razones de defensa propia, y tras la debida inscripción de un arma, la compra de un máximo de 100 balas al año por persona. Los antecedentes de Venegas tampoco le habrían permitido inscribir un arma de forma legal. El hombre de 47 años fue condenado en 2018 por el delito de tenencia ilegal de municiones, y según argumentó la Fiscalía en su formalización, este también tiene antecedentes por lesiones menos graves por violencia intrafamiliar en 2012 y 2017.

La tercera casa allanada ese viernes 25 de septiembre de 2020 fue la de José Chorizola, también en La Pintana, otro de los distribuidores. Allí la PDI no encontró armas. El comerciante ambulante ya había aprendido la lección. En junio del 2015 fue sorprendido por funcionarios de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI manteniendo en su poder una pistola Llama junto a cuatro cargadores y cartuchos compatibles con el arma, todo eso, sin contar con la autorización competente. Chorizola también tenía antecedentes; había sido condenado en 1998 por tenencia de un arma de fantasía, en el 2010 por tenencia de arma de fuego y nuevamente en septiembre de 2019 -por los hechos de 2015-, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Según los requisitos que establece la propia Ley de Control de Armas, ninguno de los allanados aquel 25 de septiembre en 2020 -Marincovich, Venegas y Chorizola-, podría tener un arma a su nombre legalmente. No haber sido condenado por crimen o simple delito, así como no haber sido sancionado en procesos relacionados con la Ley 19.325 sobre violencia intrafamiliar son requisitos necesarios al momento de inscribir un arma.

Ninguna de las 118 armas de fuego que la banda tráfico al mercado negro fueron encontradas en esos allanamientos. ¿Dónde están?

El fiscal Reyes sostiene que “el grueso de las armas fue a parar a todo el sector sur de la capital y en ese lugar nosotros incautamos muchísimas municiones, armas, explosivos, pero ni cerca de la cantidad que se habían reducido”.

–¿Y de las 118 armas cuántas se han encontrado?

–Hasta el momento solamente dos–, dice el fiscal, pero duda. –– A esta altura, para serte bien sincero han salido más de dos, lo que pasa es que yo no puedo estar eternamente pidiendo que comparen las armas que van saliendo en distintos delitos. Si yo hago un barrido a nivel nacional, ya habrían saltado más.

CIPER realizó la misma pregunta a la PDI. Al respecto, la subprefecta Daniela Abarca, jefa subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Peñaflor, sostuvo que “varias de esas armas fueron encontradas en operativos de Carabineros y de la PDI, antes y después de la investigación que se menciona. Se tiene conocimiento de cuántas armas han sido encontradas; sin embargo, esa información es materia de la presente investigación, la cual se encuentra bajo reserva en la Fiscalía Local de Talagante”.

De lo que no hay ninguna duda es que las armas traficadas se utilizaron para cometer delitos graves.  Según la acusación realizada por el Ministerio Público, varias de ellas estuvieron en poder de personas involucradas en homicidios y robos con intimidación y violencia, como portonazos. Al consultar a la PDI al respecto, comentaron que “efectivamente la mayoría de esas armas sí registraron denuncias”.

LAS CONDENAS

CIPER consultó en distintas armerías de la capital y confirmó que entre 2013 y 2015 los precios de las  pistolas Glock rondaban los $600.000. Esas armas de fuego fueron las preferidas de la banda, que inscribió y luego vendió a criminales 82 pistolas de ese tipo por más de $2 millones. Las ganancias que dejaba el tráfico permitían pagarle a los ex carabineros cerca de $400.000 por cada arma inscrita de manera fraudulenta.

No siempre el pago se hacía en dinero. En 2020 Yimmy Lastra (el mismo que inscribió 20 armas y que ejercía como distribuidor), declaró ante la Fiscalía que en 2014 la operación comenzó a tener problemas por la falta de discreción de uno de los funcionarios de Carabineros involucrado:

– (La operación) se dificultó porque empezaron a sospechar de Fernando Alvial, debido a que él había recibido un automóvil a cambio de inscripciones fraudulentas de armas. En esa ocasión, Alvial contó que tenía un auto Chevrolet Cavalier que le daba panas y luego le compramos un Fiat Punto Rojo, y cuando se lo fuimos a entregar un oficial (de Carabineros), nos vio y sospechó de la situación, aseguró Lastra.

No fue el único descuido. En la indagatoria se determinó que 43 armas se registraron en una misma dirección de la comuna de Padre Hurtado. La unidad fiscalizadora de la 23º comisaría de Talagante está a cargo de supervisar las armas inscritas en esa comuna aledaña, al surponiente de la Región Metropolitana. En esa dirección vivían los padres de José Ríos, el testaferro que tenía permiso para inscribir armas como deportista y coleccionista.

Uno de los testigos que declaró en el proceso judicial del caso, comentó a CIPER que fueron ese tipo de situaciones las que levantaron las alarmas de algunos funcionarios de la misma autoridad fiscalizadora: “A nosotros nos salió en una oportunidad una persona que tenía un domicilio más al norte y cuando nosotros llegamos a fiscalizar nadie lo conocía, y después vimos los antecedentes de él y el tipo no era de ahí. Para efectos de la inscripción lo hicieron figurar con domicilio en la comuna de El Monte, pero esas armas obviamente nunca estuvieron ahí y él tampoco”.

Fueron otros funcionarios de la Comisaría de Talagante los que le avisaron a la Fiscalía de las irregularidades, y así comenzó la indagatoria judicial que ahora llega a su fin.

El 30 de junio de 2020 fue reformalizado el médico boliviano Alberto Martínez Amurrio, que era quien suministraba los certificados psiquiátricos que le permitieron a la banda inscribir las 118 armas que traficaron. Además de los delitos de tráfico de armas y asociación ilícita, se le imputó el de ejercicio ilegal de la profesión. El 11 de mayo pasado fue sobreseído por el Tribunal de Garantía de Talagante respecto de ese delito.

Los archivos de la causa dan cuenta de cómo su abogado defensor, Omar Abuid, insistió en que Martínez “tan solo fue el doctor de más de 450 personas que concurrían hasta su consulta, recomendados por las armerías, dentro de las cuales solo 20 resultaron vinculadas a una presunta organización, pero respecto a la cual no tuvo conocimiento y malamente podría haberlo tenido”.

La Fiscalía ya había decidido no perseverar respecto del delito de asociación ilícita, entonces todo quedó listo para que en octubre pasado se le suspendiera condicionalmente el proceso al doctor Martínez. El único requisito fue que le informe periódicamente su domicilio al Ministerio Público durante tres años, y que done $500.000 a la Fundación Las Rosas de Isla de Maipo.

El rol de Martínez como médico preferido de las armerías no era nuevo. Ya en 2014 un reportaje de CIPER reveló que la mayoría de los armeros del Barrio Bulnes, centro de Santiago, lo recomendaban: “Yo sé por qué se lo recomiendo, es rápido y no complica”, señaló uno de ellos (vea el reportaje “Así llegan las armas inscritas a los arsenales del hampa”).

La Fiscalía también decidió suspender el procedimiento contra el ex funcionario de Carabineros Cristian Arriaza y el particular Carlos Venegas. Este último, además, quedó con expresa prohibición de inscribir y solicitar autorización para el porte o tenencia de un arma de fuego.

En octubre de este año, se condenó a Carlos Díaz Marincovich por tenencia ilegal de arma de fuego, uso y almacenamiento del uniforme de Carabineros a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, respectivamente. A José Chorizola se le sentenció como autor de tráfico de armas y fue condenado a tres años de presidio menor en su grado máximo, pena que fue sustituida por la de remisión condicional.

Los ex carabineros Marcos Garrido y Fernando Alvial fueron condenados como autores del delito de tráfico de armas y sentenciados a cinco años de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación perpetua para derechos políticos y para ostentar cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Ambos pudieron optar a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, debiendo presentarse periódicamente al Centro de Reinserción Social de Gendarmería más cercano a su domicilio.

A otro de los ex CPR de Carabineros, Rodrigo Rojas Cortés, también se le suspendió condicionalmente el proceso, a cambio de que entregue $300.000 a Bomberos. Él fue imputado por inscribir a su nombre una de las armas traficadas luego de recibir $80.000 como pago.

A la fecha, solo el ex funcionario de la autoridad fiscalizadora Marcelo Catalán y Yimmy Lastra -quien se encuentra en prisión preventiva-, no han sido condenados. Su juicio abreviado fue reprogramado para este mes, pues sus abogados defensores no contaban con los informes necesarios para solicitar la libertad vigilada u otra pena sustitutiva.

Al respecto, el fiscal Heriberto Reyes afirma que debido a que el principal periodo incriminado solo incluyó los delitos cometidos hasta 2015 lo “agarró con una ley que era más benévola, con penas hasta la mitad de lo que son hoy”. Justo en enero del 2015, se promulgó la Ley 20.813 que modifica la Ley de Control de Armas, y, entre otras cosas, endurece las penas asociadas al tráfico de armas. “Pero a mí me agarró la ley antigua, justo donde las penas eran más blandengues. Sí esos mismos delitos fueran cometidos hoy, las penas serían el doble de elevadas. En ese momento eran ridículas”, sostuvo Reyes a CIPER.

Y aunque el mismo fiscal aseguró que la banda donde participaban ex carabineros siguió operando hasta 2017, solo le imputó delitos cometidos entre 2013 y 2015. Cuando le preguntamos por qué, no obtuvimos respuesta.

Desde Carabineros aseguraron que, si bien la inscripción fraudulenta se realizó hasta 2015, a raíz de fiscalizaciones posteriores a ese año “el personal a cargo de las fiscalizaciones de armas domiciliarias pudo detectar otras anomalías, hechos que fueron denunciados entre los años 2017 y 2018”. Desde la institución no aclararon a qué corresponden esas anomalías.

*Fuente: Ciper Chile

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]]> 30 de noviembre de 2022

Claramente las grandes marchas y movilizaciones masivas dejaron de tomarse las calles de Chile. Pareciera ser que atrás quedó el estallido social de 2019. Incluso algunos se esmeran por olvidar, minimizar e incluso negar las violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese periodo. Sin embargo, lo que es evidente es que el estallido social no ha quedado atrás para las víctimas y sus familias, quienes día a día tienen que sobrevivir a la pérdida, al dolor, al miedo, a las secuelas físicas y psicológicas de tan tremendo daño ocasionado por agentes del Estado.

El caso de Renzo Inostroza grafica muy bien lo anterior. Él era un joven de 24 años, universitario y deportista al momento del ataque. A eso de las 18:00 horas del domingo 21 de octubre de 2019 todo estaba tranquilo en la Gran Avenida José Miguel Carrera, incluso muy pocas personas transitaban por el lugar; a diferencia de lo que ocurría en otros lugares del país donde abundaban las protestas. Por allí caminaba Renzo junto a un amigo en dirección a su casa ubicada en La Cisterna.

“Sin mediar ninguna provocación un carabinero empezó a patear por la espalda a mi amigo. Fue en eso cuando empecé a grabar con mi celular y le dije al carabinero que tenía grabado su nombre”.

Sin embargo, esta advertencia nada importó, por supuesto, menos importó la vida e integridad de estos jóvenes, porque en cosa de segundos Renzo pasó a ser el blanco del ataque, e incluso fue víctima de mayor brutalidad. Tras varios disparos de la policía, 19 balines impactaron en su rostro y cuerpo. Carabineros, como ocurrió en varios otros casos, no lo auxiliaron; fueron los bomberos quienes lo asistieron.

Tras más de 40 días hospitalizado y 10 operaciones e intervenciones para sacarle los balines de su cuerpo, Renzo intenta rearmar su vida con la pérdida casi total de la visión de uno de sus ojos y múltiples lesiones.

“No solo me dispararon y me afectaron a mí. El daño también fue para toda mi familia. Ha sido ella la que ha tenido que hacerse cargo de todo, incluido de la totalidad de los gastos médicos”. 

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó la investigación por el delito de lesiones graves gravísimas en el caso de Renzo y de abuso contra particulares en el caso de su amigo. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó otra querella por tortura agravada. Actualmente hay dos funcionarios de carabineros formalizados. En cuanto al sumario administrativo de Carabineros de Chile, y a más de tres años de sucedidos los hechos, sigue pendiente.

“Cuando veo a carabineros se me tensa el cuerpo y no es porque esté haciendo algo malo. Sentir su presencia cerca me pone mal. Además, quienes me atacaron siguen en funciones, así que tengo el miedo latente de sufrir alguna represalia por mi denuncia”.

No obstante el temor, Renzo Inostroza decidió visibilizar su testimonio a través de Amnistía Internacional. La organización documentó el caso en su informe “Ojos sobre Chile” y actualmente lo ha incluido en la campaña “Escribe por los derechos”, la cual lleva más de 20 años movilizando a la gente a actuar a favor de otras personas cuyos derechos están en riesgo.

Ojos sobre Chile

“Tengo la esperanza de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. No puedo bajar los brazos”, menciona el joven, pese a que en el marco del aniversario del estallido social, Amnistía Internacional advirtió que la  impunidad es generalizada, pues tan solo el 0,1% de las denuncias ha terminado en condenas.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric en la ceremonia de conmemoración de esta fecha, marcó la agenda al reconocer la existencia de violaciones de derechos humanos, precisando incluso los tipos de abusos cometidos, y afirmó que no son aceptables. Un acto tremendamente importante y necesario viniendo de la primera autoridad del país. También aprovechó la instancia para dar su apoyo a la labor de Carabineros en el combate contra la delincuencia y el control del orden público, aspecto que no está mal en sí mismo porque indiscutiblemente la labor de esta institución es esencial y, por lo mismo, se requiere una policía altamente preparada, que actúe bajo un efectivo control civil y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

No obstante, llama la atención algunas decisiones y espaldarazos hacia ciertos funcionarios de Carabineros de Chile, en especial hacia los altos mandos. Por ejemplo, preocupa que mantenga en su cargo al general director a pesar de haber sido llamado a declarar como imputado en unas de las querellas por crímenes de lesa humanidad y en otra relativa a la responsabilidad de mando que investiga su rol cuando se desempeñaba como director de Orden y Seguridad en pleno estallido social.

Es esperable que cualquier persona con indicios serios de haber ordenado o tolerado la violación generalizada de derechos humanos fuera apartada de su cargo hasta que se determine judicialmente su responsabilidad. Sin embargo, el general director y otros altos mandos siguen fijos en sus puestos como si nada hubiera pasado. Este tipo de decisiones generan suspicacia, más aún cuando el Gobierno se ha propuesto llevar adelante una reforma a la institución.

“Los carabineros que me dispararon fueron los responsables directos, pero creo que ellos venían con una orden específica de más arriba. Era un tema general”, menciona Renzo; sin embargo, a la fecha ningún alto mando estratégico ha sido formalizado por su responsabilidad en la mayor crisis de derechos humanos desatada tras la dictadura de Pinochet.

Sin duda, hasta que no se llegue a la total verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el estallido social seguirá siendo un tema contingente.

-La autora, Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile

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]]> https://piensachile.com/2022/11/30/el-estallido-social-quedo-atras-para-las-victimas-claramente-no/feed/ 0 Veredicto judicial, por la agresión e intento de homicidio, a Fabiola Campillai https://piensachile.com/2022/09/01/veredicto-judicial-por-la-agresion-e-intento-de-homicidio-de-fabiola-campillai/ https://piensachile.com/2022/09/01/veredicto-judicial-por-la-agresion-e-intento-de-homicidio-de-fabiola-campillai/#respond Thu, 01 Sep 2022 18:06:03 +0000 https://piensachile.com/?p=79508 Luego de un largo caminar, en la "justicia" de Chile, el día de hoy 1/9/2022, a las 11 horas, se emite el veredicto judicial, por la agresión e intento de homicidio, de Fabiola Campillai.

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]]> 01 de septiembre de 2022
Chile.- Luego de un largo caminar, en la «justicia» de Chile, el día de hoy 1/9/2022, a las 11 horas, se emite el veredicto judicial, por la agresión e intento de homicidio, de Fabiola Campillai.
Para los que no lo saben, o no lo recuerdan, mientras Fabiola, se dirigía a su trabajo con su hermana, Carabineros de Chile le disparó, a corta distancia, una bomba lacrimógena, en pleno rostro, lo cual debiera ser tipificado, como intento de homicidio
Los efectos del disparo, provocó la pérdida total de la visión de ambos ojos y, si bien, lograron salvarle la vida, luego de 3 operaciones, quedó con daños cerebrales, produciéndole diversas secuelas.
Dado que, fueron agentes del estado los responsables, debieran ser juzgados y condenados, toda la línea de mando, incluyendo el director general de Carabineros, Mario Rozas; así como los responsables  civiles del gobierno, tanto del ministerio del interior (Blumel y Ubilla), y el presidente, de la época, Miguel Juan Sebastián Piñera. Este último individuo, había declarado, públicamente, la guerra, al pueblo de Chile.
Tómese en cuenta, que el intento de homicidio, tuvo lugar, el 26 de noviembre de 2019, a las 20 horas, en Avda. Portales, en San Bernardo, Chile.
No obstante, los antecedentes y agravantes del caso, la «justicia» de Chile, el 5 de septiembre de 2020, revocó la prisión preventiva del principal acusado, el capitán de Carabineros, Patricio Maturana. Debido a este actuar, se hizo una FUNA, en el domicilio, del criminal de lesa humanidad, Maturana.
Por último, cabe destacar que, personajes públicos, como el cantante Alberto Plaza, la constituyente Teresa Marinovic y la diputada Camila Flores, entre otros, participaron en la campaña que logró reunir cerca de $130 millones, que servirían para costear las defensas de los oficiales detenidos, acusados de mutilación ocular.

Tribunal declaró culpable a excarabinero que dejó ciega a Fabiola Campillai

  • La hoy senadora sufrió la pérdida de tres de sus sentidos por el impacto de una lacrimógena.
  • La condena contra Patricio Maturana se conocerá el próximo 10 de octubre, aunque desde Fiscalía solicitaron 12 años de cárcel.

 

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Bernardo declaró culpable al excarabinero Patricio Maturana Ojeda de disparar una bomba lacrimógena a Fabiola Campillai el 26 de noviembre del 2019, cuando la ahora senadora se dirigía a su trabajo.

Por este ataque, que causó que la parlamentaria sufriera la pérdida de tres de sus sentidos (vista, gusto y olfato) y fracturas craneales, el uniformado fue considerado culpable -de forma unánime- del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

 

«Su intención no fue usar el arma conforme a su naturaleza y finalidad para dispersar o disuadir muchedumbres con el humo del gas lacrimógeno, sino que su propósito fue hacer daño a cualquiera de ellas«, fue parte de lo que afirmó la jueza Marcela Nilo.

Por este hecho, el Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de cárcel para Maturana, algo que se dará a conocer el próximo 10 de octubre.

GOBIERNO: «ESPERAMOS QUE PUEDA SANAR EN ALGO SUS HERIDAS»

Consultada por el veredicto en una rueda de prensa, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, dijo que como Gobierno «esperamos que la resolución de la Justicia ojalá pueda sanar en algo las heridas que tiene ella en torno a lo simbólico que significan».

«Somos muy respetuosos de las instituciones del Estado y de la autonomía de los mismos, pero también tenemos un compromiso estricto con los derechos humanos y en particular con aquellas personas que son víctimas», dijo la jefa de gabinete, que destacó el «cariño y fraternidad» de La Moneda con la senadora.

Campillai es una de las víctimas más simbólicas de la brutalidad policial que se empleó en Chile para sofocar las manifestaciones y que fue denunciada por organismos como ONU y Amnistía Internacional.

Su caso y el de Gustavo Gatica, el otro joven que perdió la vista en la crisis social, dieron la vuelta al mundo y visibilizaron la epidemia de mutilados oculares que dejaron las revueltas.

*Fuente: Cooperativa

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