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Confederación Nacional de Dueños de Camiones: «Amenazar que no se va a transportar arroz, también es terrorismo»

Redacción piensaChile — Mon, 24 Aug 2020 21:42:21 +0000

“No vamos a trasladar ni remedios, ni abarrotes”: Gremio de camioneros extrema su ultimátum

Juan Araya. presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC)

No queremos ser «los matones del barrio», sostuvo el presidente de la CNDC, en referencia las amenazas que han emitido en estos días desde la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC). Juan Araya, presidente del gremio que se aleja de esta estrategia que pretende doblarle la mano al Congreso, expresó que amenazar a la población con desabastecimiento en un contexto de pandemia «es terrorismo» y que algunos «deberían ubicarse».

Un nuevo flanco en la controversia que ha generado el ultimátum de la CNTC al gobierno, abrió este lunes el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, al desmarcarse de la amenaza que hizo el gremio dirigido por Sergio Pérez, calificándolas de «terrorismo».

Esto porque Pérez, anunció este fin de semana que a partir del jueves a las 00:00, los camioneros no trasladarán ningún producto (incluyendo insumos básicos y de medicina), a menos que el gobierno le ponga urgencia a 13 proyectos de ley en materia de seguridad que les interesa aprobar.

Ante esto, Araya, de la CNDC, expresó este lunes en conversación con Radio Usach que él no cree en los ultimátum sino en el diálogo, y que si bien están de acuerdo con poner urgencia a algunas de las legislaciones, como lo piden desde la CNTC, no creen que el método más apropiado sea la amenaza, tildando incluso esta estrategia de «terrorismo».

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“Hacer un paro nacional, donde algunos dirigentes están amenazando con que no van a transportar un kilo de arroz, eso es terrorismo también. (…) Estamos en pandemia, la gente tiene que ubicarse”, comentó Araya.

Asimismo, aseguró que con estos anuncios “la gente nos va a repudiar” y recordó que ellos como Confederación Nacional de Dueños de Camiones, han estado en muchas movilizaciones, pero nunca han dejado de abastecer a la población.

No hay que aprovecharse de estas circunstancias para poner en jaque al gobierno», señaló el líder gremial.

En ese sentido, Araya mencionó además que la CNDC es el gremio más grande de camioneros de Chile, con 12 mil dueños de camiones y unos 60 mil vehículos del tipo, y que la CNTC se escindió la CNDC, de la que formaba parte.

*Fuente: El Desconcierto

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Gobierno y camioneros tienen a Chile orillando el precipicio

Redacción piensaChile — Mon, 10 Aug 2020 13:36:45 +0000

Soy consciente de estar refiriéndome a un tema que pocos conocen –o quieren conocer– y aun menos enfrentar. Sé también que mi posición es cómoda: no soy candidato a nada ni tengo cargo público ni negocio que defender. Mi calidad de jubilado me permite hablar con libertad manifestando mi opinión sin cortapisas ni subterfugios.

Hace pocas horas la multigremial de los dueños de camiones –instalada en el país desde hace cuatro décadas– ha emitido una declaración pública “avisando” que ella podría ejecutar acciones para hacer justicia en la Araucanía. La multigremial utilizó términos que requieren ser analizados, aunque sea someramente.

En primer lugar, debemos recordar que esta organización nació al amparo de una ultraderecha sediciosa y golpista en el año 1972-73, financiada con dineros de la Central de Inteligencia Americana (CIA) de los Estados Unidos, –cuestión reconocida tanto por la propia Central, como por el FBI y el gobierno estadounidense–, a la vez que apoyada y prohijada por un partido supuestamente democrático y de centro, el partido demócrata cristiano, de Chile.

Esos cuatro socios decidieron derribar un gobierno constitucional para establecer granjerías ilimitadas en beneficio del capital. Los camioneros exigieron un pago por sus servicios, no ya unos cuantos dólares como había ocurrido entre julio y agosto del 73, sino una manga ancha ‘legal’ que les permitiera apropiarse monopólicamente del traslado de carga a lo largo del país. Para ello, entonces, le exigieron a sus compadres derechistas poner fin a la presencia del ferrocarril en Chile. León Vilarín encabezó las negociaciones. La memoria no falla.

Durante casi medio siglo esa multigremial se ha adueñado de las carreteras del país, de la carga en general e incluso de las decisiones legislativas de dos poderes del Estado, siempre amenazando con “suspender el transporte de alimentos y bienes básicos” si el Estado no satisface sus demandas. Pueden hacerlo, claro que sí… Después de todo no hay trenes.

Durante medio siglo han deteriorado y contaminado rutas completas, obligando al fisco a gastar miles de millones de dólares en la adquisición de combustible, manteniendo a la gente, a la sociedad civil, asfixiada con el pago de dineros en beneficio de su actividad comercial vía impuesto específico y otras gabelas que todos conocen: reparación de calles y rutas menores debido al deterioro que las enormes máquinas provocan en esas vías (un ejemplo claro de ello es la Ruta H-30, de Rancagua a la Carretera de la Fruta, y esa misma carretera también, sin duda alguna).

Con todas las garantías ya conseguidas, los camioneros han estado medianamente tranquilos en estas cuatro décadas, hasta ahora. No es la Araucanía la que provoca su temor. No, claro que no. La Araucanía les ha servido de pretexto para invocar nuevas exigencias que, después de todo, son las mismas que explicitaron el año 1973.

En definitiva, no es la quema de camiones (la mayoría de ellos contaba con millonarios seguros) lo que ajiza a esa multigremial, ya que nunca alzó la voz ni amenazó de forma alguna ante los asaltos y robos que cientos de camiones sufren a manos de bandas delictuales en las carreteras del norte y del sur del país, la mayoría de ellas alejadas del Wallmapu mapuche.

¿Cuál es el temor real de esos propietarios de camiones que se saben en enorme deuda con el pueblo chileno? El plebiscito… Ese es el miedo… Ese es el tema que les quita el hipo y el sueño. El plebiscito y una nueva Constitución Política que aliente el regreso del ferrocarril.

Saben que ese será tema para la discusión constitucional, como saben también que la mayoría de los chilenos optará por el retorno de los ferrocarriles de carga y de pasajeros, desde Arica a Puerto Montt, incluyendo los trenes hacia Bolivia y Argentina. Como saben que la alternativa “Apruebo” sería amplia triunfadora si hubiese plebiscito. A ello, la multigremial agrega una exasperante duda: ¿y si además triunfa la alternativa Asamblea Constituyente (disfrazada con otro nombre, claro está)?

Los nuevos ‘leónvilarín’ de esa pandilla de empresarios transportistas han decidido que la Araucanía debe ser el pretexto para obligar a gobierno, oposición, prensa canalla y fuerzas policiales, a intervenir con violencia no solamente en la zona del Wallmapu, sino también metiéndole mano a los inefables “Acuerdos para la Paz” que la mayoría de las tiendas partidistas firmaron en noviembre del 2019, donde se incluía un llamado a plebiscito constitucional.

Si hay que llevar a Chile al borde del precipicio, lo harán. Que a nadie le quepa duda y que tampoco nadie se mueva a engaño. Lo hicieron en 1973, y están dispuestos a hacerlo en el 2020. La Araucanía, el Wallmapu, es solamente el pretexto que necesitan.

Con el abierto apoyo del gobierno de Sebastián Piñera, de los partidos derechistas y de una prensa canalla, así como el accionar de una policía conocidamente corrupta y clasista, ya lo están haciendo.

*Fuente: Politika

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Chile: Más de un siglo y medio de soledad

Redacción piensaChile — Fri, 01 Sep 2017 12:10:25 +0000

31/08/2017

Le encontré razón al Fiscal Abbot. Es algo inexplicable que gente que en sus hogares tiene perros guardianes, enrejados eléctricos, dobles cerraduras, cámaras de video conectadas al celular, botones de pánico, etc., deje 35 camiones en territorio de la Araucanía, protegidos solo por el seguro financiero, un par de semanas después de que les quemaran (?) una cachá.

Todos rasgan vestiduras y le exigen al Estado que tenga un ojo divino, armado además de peto y cimitarra. Y, por si las moscas, de una ametralladora punto cincuenta. La mayoría consume, con la misma alegría que si se tragara una sopa de mariscos, estas monsergas irracionales propias de esa sopa ideológica que mezcla integrismo con consumo y mercado.

En Chile no se puede seguir gastando en cuerpos represivos que consumen la plata en los casinos; en meter la creciente delincuencia en la cárcel, porque hay que reestructurar todo el sistema carcelario para que los castigados por delitos contra la sociedad o el individuo no salgan de allí armados de más odio y más conocimiento para perpetrar delitos.

La represión como remedio demuestra día a día que es peor que la enfermedad y que solo consigue multiplicarla y hacerla más difícil de combatir. Aquí puedo decir, desde mi minúscula importancia, algo que nadie se atreverá a decir públicamente: la causa principal de la delincuencia es la desigualdad y la venta permanente, –a través de la publicidad–, del dinero y el consumo como fuentes del amor y la felicidad familiar e individual, inocente y sensual.

La frustración permanente de los que no tienen como alcanzar eso que se les ofrece como el pan diario, y el conocimiento divulgado de la corrupción de los que tienen acceso de sobra a ello, genera una atmósfera de disolución donde todo vale. La publicidad permanente del pequeño delito que impacta por la brutalidad de su violencia y por la horizontalidad de sus alcances, unida a la impunidad y a la impersonalidad del gran delito, pone el foco en la solución fácil: «enciérrenlos a todos». Al que le toca hacerlo, por imposibilidad institucional, mantiene el discurso, prometiendo lo imposible.

El problema de la causa mapuche es político. A los mapuches les esquilmaron millones de hectáreas de tierra con métodos ilegítimos, y La Araucanía es el único lugar de Chile donde se dan condiciones reales para que florezca la violencia, porque todos ellos han vivido en carne propia la discriminación, el maltrato y la injusticia.

Lo que nunca hubiera podido concretar una guerrilla nutrida de dogmas ideológicos, en el caso mapuche puede obtener para su causa fogón y albergue por las condiciones de clima, geografía y pueblo. Aunque una gran mayoría no opte por la violencia, es difícil que discuta la justicia de su origen y más difícil aún que estén dispuestos a denunciarlo.

*Fuente: AlaiNet

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Colombia: Buenaventura se respeta, ¡Carajo! (II)

Redacción piensaChile — Wed, 31 May 2017 02:27:05 +0000

Los días siguen transcurriendo y no se ven resultados positivos, el gobierno del Presidente Santos, está padeciendo las primeras contradicciones de su política de Estado, la apuesta excesiva por el modelo neoliberal. Por eso, siguen los paros, las movilizaciones y las demandas todas muy dinámicas por parte de los Maestros, Camioneros, Indígenas, Afrodescendientes y cada una tiene aire de no parar por estos momentos.

La ineficaz acción del Gobierno Nacional por ofrecer elementos, alternativas y en el mayor de los casos soluciones a una realidad de abandono, violencia y despojo que históricamente ha presenciado Buenaventura, se convirtió en el problema más grande de las últimas administraciones que han gobernado el país por medio siglo, pensaríamos que el puerto más significativo de la nación sólo sirviera para los intereses de las transnacionales, sectores empresariales y grupos/familias tradicionales de la región

La resistencia política de los miembro del Comité del Paro Cívico, que lleva más de doce días en Buenaventura, está demostrando cuales son las estrategias, motivos y acciones que tiene el gobierno para burlar las demandas de los ciudadanos (levantarse de la mesa de negociación), y si fuera poco los mecanismos para mitigar cualquier tipo de movilización – pacífica que nazca al interior de las comunidades (el uso del ESMAD). Lo mismo que está sucediendo en Buenaventura, ha sido aplicado a los maestros, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, y cualquier sector que manifiesten o reivindiquen sus derechos políticos sobre la vida, el territorio y su propio desarrollo.

Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno Nacional es la misma de siempre: represión, militarización y violencia a través del uso legal del monopolio de la fuerza, bien lo podemos reconocer con la estrategia de criminalizar la protesta social, y recurrir a la presencia masiva de las fuerzas militares (policía, ejercito, marina) que tiene custodiado las partes estratégicas del puerto, permitiendo que continúe la entrada y salida de las mercancías. Por supuesto, las elites saben que si para la ciudad, se está paralizando el 80% de las importaciones de café el principal producto del país, y el 60% del total del comercio por vía marítima que se realiza en Colombia. Así pues, es inadmisible reconocer y aceptar que el puerto de mayor jerarquía del país tenga que vivir en condiciones de extrema pobreza, violencia, desempleo y niveles tan bajos de educación y calidad de vida.

Las fuertes movilizaciones, manifestaciones y acciones que han realizado l@s bonaverenses, han dejado a más de uno con la boca abierta, en especial a esos que pensaban que ese “tal para cívico no dudaría más de dos días, es un paro de rebuscadores” que fueron las declaraciones de la máxima autoridad de la ciudad (alcalde), una manera burda para desconocer la exigencia justa, crítica y propositiva que vienen realizado los ciudadanos a través de los representantes del comité del Paro Cívico, pero mientras unos llaman al diálogo el gobierno sigue usando la fuerza desbordada y brutal pasando por encima de los derechos humanos, la soberanía del territorio y las prácticas políticas de las comunidades.

Tal como lo manifiestan los miembros del comité, las acciones que dieron entrada al vandalismo, saqueo y desorden en la ciudad, se deben en gran parte a la estrategia del gobierno nacional orientada a desarticular, desestabilizar y crear una imagen negativa sobre la razón de ser del paro cívico. Ahora nacen las preguntas y todavía no existen respuestas concretas ¿Quién dio la orden de mandar al ESMAD (policía)?, ¿Por qué el ESMAD no se ha ido del puerto?, ¿Cuáles son los motivos para NO declarar a Buenaventura zona de emergencia social – económica entre otras? y el último, cual es el juego y los intereses (mega-proyectos) que tiene el gobierno nacional con los bonaverenses y su territorio.

En últimas, las negociaciones no prosperan en la lógica que demanda la población del puerto, por supuesto, como podría avanzar si el gobierno llega con una agenda política impuesta por los intereses de los grandes empresarios, multinacionales y grupos políticos de la región, todo lo contrario, a las necesidades reales de las comunidades, mientras no exista un reconocimiento coherente frente a las demandas/motivos justos que demanda la ciudad: salud, educación, empleo, seguridad, cultura entre otras. Será muy complejo ver soluciones a corto y largo plazo, algo que sencillamente no merecen exigir sino que deberían existir por parte del Estado colombiano, por ello, internacionalmente manifestamos nuestro apoyo, asesoría, divulgación, reconocimiento y solidaridad con el Comité del Paro Cívico y la sociedad bonaverense, que merece una ciudad “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio”.

Gracias a: Autor
Fecha de publicación del artículo original: 29/05/2017
URL de esta página en Tlaxcala: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=20615

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“En Chile, la Ley Antiterrorista se aplica en perjuicio de un Pueblo”

Redacción piensaChile — Tue, 21 Mar 2017 02:23:07 +0000

Lunes 20 de marzo, 2017
Diego Ancalao, dirigente político y profesor, en conversación en el Programa “Sin Pretexto” de Radio Universidad de Santiago, respecto de los ataques incendiarios de camioneros en la zona de la Araucanía, los que han sido catalogados como acciones terroristas, sin que existan pruebas que lo demuestren, aseguró que el problema radica en que la ley, en Chile, no se aplica igual para todos.

Ancalao, de manera categórica plantea que “hay que desmitificar el tema, porque, por ejemplo, está comprobado que en Lebu una persona fue condenada por quemar su propio camión y lo mismo ocurrió en Los Ángeles. Se ha instalado, de parte de un grupo político, la idea de que si se queman camiones, se presume que están detrás los Mapuche y, ahí entonces, hay que aplicar la Ley Antiterrorista”. Añade que “a los camioneros que auto-atentan contra sus camiones no se les aplica la Ley Antiterrorista. Para que el Estado ejerza la teoría del poder, como lo manifestaba Max Weber, hay una condición sine qua non y es que la ley debe ser pareja para todos y, claramente, en este Estado hay un déficit en esa teoría”.

Según el político Mapuche, a la hora de hablar de terrorismo de Estado en Chile, hay que reconocer que sí existe. Al respecto, sostiene que “hay 17 personas fallecidas, la mayoría, son jóvenes Mapuche, la mayoría acribillados por la espalda. Ha habido juicios en que no se ha respetado el debido proceso y los carabineros responsables, que aún ejercen su cargo, recibieron como única medida ser cambiados de comuna. Si hay 17 personas fallecidas, asesinados de una forma extraña, eso no puede ser otra cosa que terrorismo en contra de los Mapuche y esta teoría se respalda cuando aparece el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yussef diciendo que hay dos enemigos internos a combatir: el anarquismo y los Mapuche”.

Para Diego Ancalao, “cuando se cataloga a un pueblo como enemigo interno, tenemos un problema de Estado y, eso, no tiene otro nombre. El Pueblo Mapuche no comete actos terroristas y decir lo contrario es ser, simplemente, irresponsables, es hablar sin argumentos, sin base alguna y los elementos de juicio no son prueba de nada”. Añade que “es tiempo de dejar de satanizar al Pueblo Mapuche y abordar el tema de los atropellos a la comunidad, como política de Estado, no desde la mirada política, pequeña y acomodaticia”.

Hay que señalar que en el marco de la conversación del programa “Sin pretexto” se entrevistó telefónicamente al profesor de la Universidad de Santiago y abogado, Salvador Mohor, quien aseguró que el Pueblo Mapuche comete actos terroristas, comentario frente al cual, Diego Ancalao preguntó por las pruebas que manejaría Mohor para hacer tal nivel de aseveración, a lo que el docente de la USACH respondió: «No tengo pruebas, son las pruebas que tiene todo el mundo cuando lee la prensa. Cómo voy a tener pruebas si no soy juez, no estoy conociendo los casos concretos. Son elementos de juicio que uno tiene de la lectura de los periódicos, de las revistas, de la televisión. Yo no puedo saber, concretamente, porque no estoy conociendo el caso y no soy juez. Yo estoy especulando, estoy hablando de que si se generan incendios u homicidios que se producen, sorpresivamente, en la noche, obviamente que esas son acciones que causan terror y que tienen por finalidad que los dueños de las tierras las abandonen, en favor de los Mapuche”.

Frente a las palabras del abogado, Salvador Mohor, Diego Ancalao afirmó que ese tipo de declaraciones, sin fundamentos, son, precisamente, las que fomentan los prejuicios en contra de su pueblo, el Pueblo Mapuche. “Es importante que la opinión pública se dé cuenta que ésa es una postura minoritaria, pero que ejerce poder sobre una mayoría y que esa postura se ha ido validando, pese a que es equívoca y no es válida, porque no se puede condenar a un pueblo por acciones de determinadas personas. Eso, de satanizar a un pueblo, a una nación particular no corresponde, no procede”.

Ancalao recordó que, está a mano el antecedente de la visita del observador de Naciones Unidas, Ben Emerson, quien dijo en su informe que “no hay actos terroristas en Chile, que lo que ocurre son hechos de relaciones entre privados, en este caso, dueños de forestales, dueños de fundos, con comuneros particulares y que, eso, no obedece a ninguna ideología ni acción terrorista. Además, él recomendó al Estado juzgar civilmente a la policía involucrada en el asesinato de comuneros Mapuche. Todas esas recomendaciones, el Estado chileno no ha respetado”, dijo el dirigente político Mapuche.

Prensa Comunicaciones Ancalao
www.diegoancalao.cl
@dankalao

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En La Araucanía hay Terrorismo de Estado

Redacción piensaChile — Sat, 02 Apr 2016 22:08:55 +0000

La violencia es un ojo de agua que relampaguea cuando uno menos lo espera. Como las tormentas de altamar o los movimientos telúricos, aquellos que serpentean bajo la tierra y uno sabe cuándo comienzan, pero jamás cuando terminan. Como el conflicto chileno-mapuche que se inició con la ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado chileno a mediados del siglo XIX, pero que no sabemos cuándo concluirá.
Incluso el presidente José Joaquín Prieto de manera implícita reconoce la existencia de la nación mapuche como entidad autónoma. Prieto señaló en un discurso en 1841que la guerra contra la Confederación Perú-boliviana y con “las tribus bárbaras del Sur” habían sido los únicos problemas de paz exterior. Es decir, de relaciones con potencias extranjeras, como él las llama. Por consiguiente, el país mapuche es un territorio ocupado militarmente. Ese es el origen del conflicto. Este es un conflicto chileno o, a lo sumo, un conflicto chileno-mapuche.
Claro porque la clase dominante no entiende que este es un conflicto político y no delictual, criminalizándolo, recurriendo a la represión y perpetuando la violencia del siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI. Por una parte, se unilateraliza el problema denominándolo conflicto mapuche, para de este modo estigmatizar al pueblo mapuche y, por el otro, deslindar la responsabilidad del Estado chileno. Asimismo, se despolitiza el tema, pues, como ha señalado el Intendente Andrés Jouannet, todo se reduciría a un tipo de delincuencia rural. Está meridianamente claro que no existe conflicto mapuche, sino que aquí tenemos un conflicto chileno que se consolidó con la ocupación definitiva en 1883 mediante la circunloquiamente designada “Pacificación” de La Araucanía que nada tuvo de pacífica. Si un Estado llega por la fuerza a otro país soberano, como lo era el país mapuche, y usurpa el 90% de su territorio ¿No tendrían los mapuche el derecho a llamarle a eso delincuencia rural? ¿No es delincuencia rural el proceso de contra-reforma agraria llevado a cabo por la dictadura que despojó a los mapuche de 152 mil hectáreas que les habían sido restituidas por el gobierno de la Unidad Popular? Es terrorismo de Estado la represión experimentada por el pueblo mapuche por militares y agricultores; y es violencia estructural también la consolidación de la industria forestal en su territorio; de las centrales hidroeléctricas, las carreteras, los vertederos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, la pesca industrial y prospecciones mineras.
Ante dicha violencia estructural, agenciada por el Estado y, en el caso de las forestales, por empresas de seguridad con guardias que constantemente amedrentaban a las comunidades, confrontado con la posibilidad de desintegración territorial, social y cultural, segmentos del pueblo mapuche concluyen que deben confiar en su propia fuerza e inteligencia para luchar por sus derechos colectivos. Surge así un movimiento de resistencia a la violencia estatal y el Estado responde con el terror, militarizando el territorio mapuche, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado y La Ley anti-terrorista después. Hoy, 14 años después de haberse aplicado la Ley anti-terrorista por el presidente Ricardo Lagos en 2002, el actual ministro del Interior Jorge Burgos la invoca en el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay quienes murieron en el condenable ataque a su casa en enero del 2013. Ello no obstante el hecho que Rodolfo Stavengahen y James Anaya, relatores especiales de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas han sido inequívocos en señalar que la legislación anti-terrorista, implementada ante la supuesta existencia del terrorismo mapuche, ha atentado contra cualquier tipo de juicio justo. Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, fue aún más allá al puntualizar que la Ley se ha convertido en parte del problema y no de la solución del conflicto. Por lo mismo, enfatizó: “todo uso de la ley Antiterrorista debe cesar inmediatamente”.
En esta ocasión, con la detención de once comuneros del sector Padre Las Casas, nuevamente se evidencia la histeria racista. Basados en el testimonio de una persona quien, en el mismo tribunal públicamente se retractó de su declaración explicitando que la policía lo había obligado a confesar algo que no es verdad, tanto los medios de comunicación como la fiscalía, ya dan por hecho que los detenidos –todos mapuche– son culpables de un acto delictual.
Incluso los niños mapuche son tratados como criminales; es lo acaecido en octubre de 2014 donde fueron detenidos 2 comuneros adultos y 3 niños en la comunidad Coñomil Epuleo. Los niños fueron golpeados y uno de ellos baleado con perdigones. Estuvieron 4 días detenidos y fueron llevados esposados y los mantuvieron en esa condición en el Tribunal de garantía de Collipulli. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo que no habría sanciones o sumario alguno a los gendarmes, porque se habían cumplido todos los protocolos. Además, uno de los niños mapuche relató que cuando lo llevaron al hospital a constatar lesiones, el doctor le dijo: “ojalá todos los de tu clase se murieran, ojala tú te hubieras muerto…”.
Es que para algunos los mapuche no existen, para otros son terroristas del Estado Islámico –como lo dicen panfletos de un delirante autodenominado grupo paramilitar Húsares de la Muerte. Para otros son simplemente chilenos o, quizás, piezas de museo. A éstos últimos, al mapuche arqueológico, se le acepta, porque está distante en el tiempo y en el espacio, no es peligroso. Al de hoy, al de carne y hueso, se le discrimina, se le empobrece, se le reduce, se le obliga a emigrar. Por eso se inventan vínculos con las FARC, Al Qaeda, con la ETA, entre otros. Jamás se ha podido comprobar nexo alguno, pues no existen. La rebelión mapuche, la insurrección mapuche, el alzamiento mapuche, la zona roja mapuche, son inventos mediáticos y estrategias de guerra psicológica para justificar la represión y reproducir el modelo neoliberal y el capitalismo en territorio mapuche.
A jóvenes mapuche, como Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, se les asesina, pero Juan de Dios Fuentes, agricultor y presidente de “Paz en La Araucanía” se pasea armado con una pistola al cinto en una manifestación y nada le sucede. Aquí hay un trato discriminatorio ante la Ley: al mapuche se le presupone culpable por el sólo hecho de ser mapuche. Esto es racismo jurídico.
Además, valga recordar que grupos paramilitares han desempeñado un papel infausto en lo concerniente a pueblos indígenas en países como Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, entre otros. Esperemos que no sea lo mismo en territorio mapuche, pero el gobierno o los políticos no hablan de paramilitarismo, sino que sólo de terrorismo mapuche. Es más, el ex ministro de agricultura, Luis Mayol, dijo entender que los agricultores se armaran para defenderse de posibles atentados. Esto es sumamente peligroso, especialmente si los agricultores y los transportistas ya han demostrado su poder y evidenciado, al mismo tiempo, la debilidad del gobierno. Es inaudito que un grupo de camioneros paralice las carreteras, tenga al país en vilo y que, además, sean recibidos en el palacio presidencial por el ministro del Interior. ¿Qué pasaría si los mapuche hicieran lo mismo? ¿Los dejarían siquiera salir de Temuco
Una pregunta que uno debiese hacerse es: ¿Si realmente existiere terrorismo en territorio mapuche, cómo es posible que la industria forestal haya crecido exponencialmente en las últimas décadas y haya expandido sus plantaciones de 300 mil hectáreas en 1970 a 2,5 millones de hectáreas en la actualidad? ¿Cómo ha logrado transformarse en la tercera industria más importante de Chile luego de haber sido un sector marginal en 1970? ¿Cómo pueden haber sido el valor de sus exportaciones 1.829 millones de dólares en 1997 –año de inicio del conflicto chileno-mapuche- y haber ascendido a 6 mil millones de dólares en 2015? Algo no calza. Si es que hubiese terrorismo, como dicen que hay, si hubiera el clima de terror, inestabilidad e incertidumbre que afirman que existe, cómo siguen operando y obteniendo tantas utilidades en territorio mapuche? Algo no calza
En el sur no existe terrorismo mapuche, sino que violencia política ejercida por ciertos sectores minoritarios del movimiento mapuche que consideran legítimo bregar no sólo por tierra, sino que también por territorio. Luchan por la libre-determinación, derecho consagrado en el artículo 3 de la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas –firmada también por Chile– en 2007. Si el Estado chileno lleva más de siglo y medio utilizando la violencia contra ellos, sienten tener el legítimo derecho a la autodefensa. El recurso a la violencia política es un instrumento decolonizador ante la violencia histórica. La violencia utilizada por algunas organizaciones mapuche es substancialmente contra la propiedad privada, sea esta de empresas forestales o de agricultores particulares.
Desconocer la existencia del fenómeno de la violencia política es tan absurdo como sostener la existencia del terrorismo mapuche. También es necesario puntualizar que no sólo las comunidades en resistencia postulan la demanda autonómica sino que, de diversas maneras, otras organizaciones –la mayoría– también lo hacen a través de cauces institucionales y ninguna está planteando, como lo ha señalado Jorge Burgos: “un Estado dentro de otro Estado”.
Lo que sí está claro es que el gobierno está profundamente errado si piensa que recurriendo a la represión va a resolver un problema que el mismo Estado originó. El conflicto no se detendrá con más violencia, por el contrario, sólo generará mayor violencia. El problema no es policial, sino que político, el conflicto chileno-mapuche no se resuelve con la designación de un fiscal preferente o la detención de comuneros basado en la prueba de una persona cuya confesión se obtuvo de manera dudosa y que hace recordar otros montajes pasados.
Las políticas represivas de sucesivos gobiernos de la Concertación, de Sebastián Piñera y de la Nueva Mayoría no han resuelto nada, por el contrario, han agravado la situación, toda vez que existe una nueva generación de mapuche que viven permanentemente bajo el asedio policial, que conocen de allanamientos, helicópteros, tanquetas y fuerzas especiales. La violencia acá es estructural, tiene un contenido histórico y un origen chileno. El Estado chileno surgió, se desarrolló y consolidó negando a los pueblos originarios. Aquí hay que decir las cosas por su nombre: el país mapuche es un país ocupado por un ejército extranjero por la fuerza. Así de simple y así de terrible. Esto es terrorismo de Estado.

-El autor, Dr Tito Tricot, es Sociólogo y Director Centro de Estudios de América Latina y El Caribe-CEALC

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Cura jesuita en la zona mapuche acusa presencia militar

Redacción piensaChile — Sun, 06 Mar 2016 01:17:11 +0000

El sacerdote y miembro de la misión jesuita en la Provincia de Arauco, en la Región del Biobío, Carlos Bresciani, denunció este sábado la presencia de militares en la zona como también cuestionó la petición de camioneros y empresarios de decretar estado de excepción.
En declaraciones a radio Cooperativa, el religioso fustigó el actuar de las autoridades en el marco del conflicto con comunidades mapuche, estimando que es «gravísima» lo requerido por camioneros y gremios empresariales para que se decrete estado de excepción en la zona.
En ese sentido, Bresciani dijo que tal idea es «querer apagar el fuego con bencina», añadiendo que «me parece gravísimo, no sólo por las declaraciones, sino porque, de hecho, ya se ha estado viendo en los últimos días presencia militar en la zona».
El sacerdote explicó que lo anterior «no sólo inconstitucional, sino que plantea una posición desde el Gobierno como que aquí estuviéramos en un estado de excepción y no, aquí no estamos en un estado de excepción».

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Tensiones en 45º aniversario de victoria de Allende en Chile

Redacción piensaChile — Sat, 05 Sep 2015 02:41:04 +0000

Publicado el 04/09/2015

En un clima de profundo descontento social y ‘parálisis’ del Gobierno, Chile conmemora este viernes 45 años del victoria electoral del presidente Salvador Allende, en 1970.

El proceso del golpe de Estado contra Salvador Allende se inició con un paro de camiones, financiado por Estados Unidos. 45 años después, el mismo gremio paralizó a Chile en aparente protesta por la delincuencia, pero apuntando más arriba.
Los partidarios de los camioneros demandan incluso la caída del Gobierno. Por otra parte, según las encuestas, tres de cada cuatro chilenos rechaza al Gobierno, al Parlamento, a los partidos políticos y a los empresarios.

https://www.youtube.com/watch?v=f4k9sxvCNUE

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Compañeros de ruta, Ricardo Lagos y Jorge Burgos

Redacción piensaChile — Thu, 03 Sep 2015 02:07:09 +0000

Antiguamente, cuando la DC era un partido progresista, a la derecha la gustaba echarle en cara que eran “compañeros de ruta” o bien, tontos útiles al servicio del comunismo – seguramente en un viaje Santiago-Puerto Montt “sólo llegaría hasta Chillán” -. Al ex vocero Francisco Vidal, le encanta acusar de “pionetas” a los derechistas que aleonan a los camioneros. En el caso de la DC actual, convertido en un partido reaccionario, muy lejos de los principios que inspiraron a este partido, el famoso dicho de “compañero de ruta” es completamente distinto y, con todo respeto, los comunistas en el mundo tienen ahora muy poco peso, una vez terminada la guerra fría, y sólo los paranoicos derechistas le tienen miedo – lo que equivale a decir que no entienden nada de lo que está ocurriendo y así, se suman a la caterva de analfabetos políticos -.
Grandes personalidades fundadoras de la Democracia Cristiana desafortunadamente ya no están entre nosotros: nunca más veremos a un Ministro del Interior como don Bernardo Leighton, que se atrevió a tomar preso al presidente del Partido Nacional, Víctor García Garzena, por tratar de alterar el orden público; hoy, otro Ministro del Interior, también democratacristiano, aterrado ante la manifestación de los camioneros, se entrega, es más, acepta que le den un plazo para que dé una respuesta a sus demandas.
Radomiro Tomic decía que “quien se alía con la derecha, es la derecha la que gana”. Los “príncipes DC no han podido comprender esta máxima de uno de sus ilustres fundadores. Ante esta situación, habría que dilucidar si los democratacristianos y “socioslistos” son compañeros de ruta, tontos útiles o, simplemente, una derecha más sofisticada y, en consecuencia, con más habilidad para engañar de mejor forma a los pocos que concurran a votar en los comicios electorales – la idea de los años 60, “de la otra cara de la derecha”, es mejor dejarla de lado, pues la ex Concertación es la derecha pura y dura, por tanto, es el único partido de oposición al gobierno y, además, con ciertas posibilidades de éxito -.
El “Pavo Real”, Ricardo Lagos Escobar, es la mejor carta política para la derecha, pues les asegura llevar a cabo las políticas que a ellos les conviene, sin necesidad de responder ante la ciudadanía ante cualquier desliz en su gobierno – lo fue el desastre de planificación del Transantiago, el robo de los Ferrocarriles, el MopGate y el asunto “del florero”, entre otros desaguisados -. En el escenario de que fuera candidato el ex Presidente Sebastián Piñera, la derecha tendría que pagar el costo – como lo hizo, durante su mandato – de las grandes manifestaciones populares, además de “traiciones” a los militares, como el cierre del penal Cordillera, o la crítica a los cómplices pasivos de los civiles que colaboraron con el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet.
Si recurrimos a la historia, el candidato Pedro Montt, responsable de la “matanza de Santa María de Iquique, logró el apoyo de los principales líderes de la oligarquía de esa época, sin embargo, terminó en desastre. No es raro que, ahora, Ricardo Lagos tenga un apoyo transversal, desde el hijo de Manuel Contreras y el nieto de Pinochet, hasta el frescolín de Camilo Escalona y su séquito. ¿Será que este caballero nos quiere llevar a fumar opio? Como bien decía el historiador Alberto Edwards, “antes creíamos en un hombre – Pedro Montt – hoy no creemos en nadie”. Nada ganamos con repetir, hasta el cansancio que, generalmente, los segundos períodos de los gobernantes – al menos en Chile – han sido de verdaderas catástrofes: Alessandri, la “matanza del Seguro Obrero”, Ibáñez y Bachelet, que despertaron esperanzas ciudadanos y terminaron defraudando. Por desgracia, los hombres y los pueblos terminan “tropezando con la misma piedra”.
Los socialistas ya comienzan a preparar el camino de la coronación del monarca, salvador de Chile, proponiendo una “conversación entre los tres candidatos – ellos llaman progresismo – Isabel Allende, José Miguel Insulza y Ricardo Lagos, para que definan entre ellos cuán será el candidato a la presidencia – ojalá no se les ocurra realizar una primaria, pues su padrón electoral es más falso y mafioso que Judas -. No hay que ser muy perspicaz para comprender que, al final, van a terminar eligiendo al “pavo inflado”, único candidato que no tienen vetos, desde la UDI, hasta el Partido Socialista, desde los empresarios, hasta los operadores políticos, desde los curas, hasta el Gran Maestre.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
02/09/2015

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Fascismo sobre ruedas

Redacción piensaChile — Wed, 02 Sep 2015 02:11:49 +0000

1 septiembre 2015
El fascismo tiene diferentes dimensiones. En el caso chileno, los riesgos de fascismo propiamente político son bajos, pero hay en nuestros valores cierta dimensión de fascismo cultural. En una investigación en el CIES de la Universidad de Chile el año 2009 (proyecto Milenio), el resultado de las entrevistas empíricas realizadas a lo largo de Chile –publicado en la obra El Chile profundo (Mayol, Azócar y Azócar, 2013)– mostró relevantes rasgos de este fascismo cultural: la tendencia a construir un enemigo común para generar unidad nacional es fundamental.
Este rasgo, del cual nuestra transición democrática es cómplice, encuentra en Chile su principal objeto en la delincuencia, asociada siempre a todos los elementos que los grupos conservadores consideran condenables: marchas, protestas, paros, bombazos, garantismo jurídico, inestabilidad institucional, incertidumbre económica, decrecimiento económico y, por supuesto, nombres propios como Allende, Balmaceda (aun cuando ambos no tienen nada que ver), Partido Comunista y una serie de tipos y partidos, a menos que se hayan arrepentido y hayan hecho el camino del calvario en el purgatorio (en el caso chileno el purgatorio no es tan duro, porque se hace por directorios con salarios baratos para elite, pero extraordinarios para Chile).
Este fascismo cultural está en la base de nuestra cultura, tan heredera de la tradición del pecado y el castigo (el cáliz y la espada). Y normalmente se actualiza en la formulación política que mejor conecta con este fascismo: el llamado al orden. La traducción social de este llamado es que (supuestamente) a todos nos gustaría que ‘las cosas’ fueran distintas (por ejemplo, que hubiera igualdad o democratización), pero las cosas son como son (realismo) y siempre es mejor evitar todo intento de hacer algo distinto (por ejemplo, reformas) si ello puede suponer alteraciones (incertidumbre).
Por supuesto, el fascismo cultural aquí reza: esto no se trata de ser de izquierda o de derecha, esto se trata de realismo. La negación de la izquierda y la derecha es uno de los pilares, de hecho, del fascismo. Y la ausencia de posicionamiento en la sociedad (nadie se declara rico ni pobre) se reproduce en la ausencia de posicionamiento en la política.
He aquí algunos rasgos del fascismo cultural que habita en el Chile profundo. Lo que argumentaré a continuación es que este fascismo (con otros rasgos añadidos que iré esbozando) es lo que se ha expresado en la movilización de los camioneros. Para ello, el ejercicio central es definir, respecto al paro de camioneros, qué es lo que define o determina las acciones de esta semana.
La convocatoria original es por seguridad, a ratos delincuencia y a veces terrorismo. Entiéndase, los camioneros se sienten víctimas de delincuencia y terrorismo. Sin embargo, los conductores de camiones no están de acuerdo y rechazan la movilización. En la declaración del 27 de agosto de 2015, la FENASICOH (Federación Nacional de Sindicatos de Conductores de Buses y Camiones de Chile) es explícita en señalar su rechazo a la movilización y en denunciar que el tema no es la seguridad de la zona (de la que ellos tendrían que ser los principales denunciantes), sino una clara agenda contra posibles reformas políticas y sociales liderada por una organización llamada “Multigremial de emprendedores” cuyas acciones, denuncian los conductores, ha tomado rasgos de ‘activismo político’.
Por tanto, se trata de una movilización por la delincuencia que no tiene relación con la dimensión humana de las víctimas –no son los asaltados los que protestan–, sino con otra dimensión, que es la propiedad. Descartamos así el primer aspecto: no hablamos de inseguridad humana y con ello descartamos terrorismo. Pero efectivamente sería legítimo que un conjunto de propietarios, inusualmente afectados, decidieran protestar. Por tanto, concentrémonos en las pérdidas patrimoniales de los más de 133 camiones quemados desde 1998. Hablamos de alrededor de $9.000 millones de pesos en pérdidas repartidas en 18 años. Una cifra importante para el ciudadano común. Son alrededor de US$13 millones de dólares en pérdidas generales para los propietarios de camiones que, anualizadas, implican poco más de US$1 millón. Podemos discutir si se trata de mucho dinero o poco dinero, pero hay una unidad de medida más simple. ¿Qué costo tiene para los camioneros la movilización de la semana pasada?
Podemos usar sus propios datos: el paro portuario de 2014 implicó, a los 15 días, una declaración de los camioneros señalando pérdidas de US$65 millones (enero de 2014). Es decir, estimando que básicamente la movilización actual implicó una semana, estamos hablando de alrededor de US$ 30 millones. Por supuesto, en realidad es más, porque no solo hay camiones que van a puertos, hay siempre mucho más que eso (y por tanto esta movilización es más costosa que el paro portuario). Esto implica que las pérdidas del sector son mayores en la semana de movilización que todas las pérdidas (para las cuales hay seguros además) durante 18 años.
¿Por qué una discusión tan altisonante por un asunto patrimonial cuya protesta cuesta más que la quema de camiones? El tema del dinero es siempre sospechoso cuando se trata de empresarios que buscan pérdidas. Sobre todo considerando que los mismos camioneros, por muy convencidos que estuvieran en 1972 de realizar su paralización, recibieron apoyo norteamericano para financiar esa acción (los archivos desclasificados del gobierno norteamericano lo señalan). Es decir, eso de perder plata por expresar ideas no es algo que les parezca demasiado interesante. De hecho, no se ha visto que hagan foros académicos.
Varios de los operadores políticos del empresariado han trabajado en este paro tal y como trabajaron en la reforma tributaria, para hacerla caer y transformarla en un chiste; en la reforma laboral, para obstaculizarla; y han sido protagonistas de la impugnación al ex intendente Huenchumilla, que perdió su cargo por tener un plan concreto sobre la cuestión mapuche. Esas personas se levantan cada mañana a defender algo más (pero no mucho más) que su patrimonio. Se levantan a defender algo más (pero no mucho más) que el patrimonio futuro de sus hijos.
La irracionalidad de los argumentos es siempre una fuente de interés para quien investiga. ¿Qué hay de fondo? La pregunta debe mantenerse presente. Sabemos ya que no es la delincuencia, sabemos que no es el terrorismo. ¿Es una crítica a la violencia? Un examen simple de ese argumento cae por su propio peso: la misma CNTC (Confederación Nacional de Transporte de Carga) destaca en su página web, específicamente en su portada, la afirmación de su Presidente respecto a la posibilidad de que sea necesario armar a los choferes. No es la violencia el centro de su crítica.
Hemos descartado la delincuencia, la violencia, el terrorismo. Sigamos buscando en la propia convocatoria las respuestas (no hemos buscado ninguna respuesta fuera de ellos mismos). La página web de la CNTC destaca los temas de delincuencia, pero también otorga mucho espacio a la discusión por la reforma laboral. Entre los referentes citados permanentemente por la CNTC respecto a la necesidad de modificar la reforma laboral está el factótum de la reforma tributaria, Bernardo Fontaine, cuya negociación tributaria fue aplaudida por los empresarios aun cuando hoy la nueva reforma sea inaplicable. Pero se aplaudió porque se había dejado atrás la anterior. Fontaine se erige como el desarticulador oficial de las reformas, el lobbista de la destrucción.
Por otro lado, con un rol más secundario, Juan Pablo Swett fue muy activo en la reforma tributaria, está siendo muy activo en la laboral y se sumó a la movilización de los dueños de camiones. Una revisión somera, entonces, muestra que hay un particular interés de los movilizados propietarios de camiones en tomar medidas para frenar la reforma laboral, configurando un bloque monolítico con el resto del empresariado (porque, como usted sabrá, la reunión de muchos trabajadores en sindicatos es nociva, pero la reunión de muchos gremios empresariales no).
La CNTC convocó este año la creación del Observatorio +Productividad365, donde se han sumado la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril) y Asoex (Asociación de Exportadores de Frutas). Es así como Sergio Pérez fue integrado en las grandes ligas de Von Mühlenbrock y Bown. El discurso fascista no podía faltar: el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, declaró que “en los difíciles momentos que enfrentamos en el país (…) la comunidad multigremial de Chile es la reserva moral, con solidez institucional, que puede dar luces de confianza y optimismo en el futuro de nuestra nación. Los transportistas de carga de Chile, una vez más, daremos muestras del compromiso férreo y permanente que tenemos con la defensa de la libertad, de la transparencia y de la institucionalidad de nuestro país”. La idea de un sujeto histórico (los empresarios aquí) que será la reserva moral es una fórmula clásica del fascismo, por cierto. Pero esto no es más que una nota al pie. De momento, seguimos reconstruyendo la escena del paro: en el mismo encuentro señalado entre las tres asociaciones empresariales, el tema central fue la reforma laboral.
Como se ha señalado, uno de los rasgos de la política fascista es su negación como acción política en tanto tal. El paro de camioneros es un reflejo directo de esta fórmula: Swett señaló que era un movimiento ciudadano. Sin embargo, fueron dirigentes de la UDI los que presentaron recursos y buscaron mecanismos para permitir el ingreso de los camioneros a Santiago. Y es el mismo Pérez, presidente de la CNTC, quien ha señalado que “la intervención militar del 73 ordenó el país” (radio Sonar), lo que no fue dicho hace muchos años y no es algo fuera de contexto, sino que es una declaración en plena movilización.
Y es que han sido los camioneros han instalado de modo sistemático el fantasma de la movilización de 1972. Son ellos mismos quienes no cortan esa horrible historia cual cordón umbilical. Y son ellos los que insistieron hasta el cansancio en llegar a La Moneda, pero no como dirigentes, sino con la puesta en escena. No era su interés entregar el documento, sino situar camiones quemados frente al Palacio de Gobierno. ¿Es representativo de Chile, cuya imagen-país obsesiona a estos mismos empresarios, la fotografía del Palacio de La Moneda con un conjunto de camiones quemados a su alrededor? ¿Es ese el símbolo del llamado al orden? Para nada. En nombre del orden, apuestan al caos, como forma de destruir cualquier proyecto de futuro.
El punto no es qué Chile construir, sino qué Chile dejar caer. Varios de los operadores políticos del empresariado han trabajado en este paro tal y como trabajaron en la reforma tributaria, para hacerla caer y transformarla en un chiste; en la reforma laboral, para obstaculizarla; y han sido protagonistas de la impugnación al ex intendente Huenchumilla, que perdió su cargo por tener un plan concreto sobre la cuestión mapuche. Esas personas se levantan cada mañana a defender algo más (pero no mucho más) que su patrimonio. Se levantan a defender algo más (pero no mucho más) que el patrimonio futuro de sus hijos. Se levantan a defender la desigualdad, a impedir que Chile deje de ser una isla extravagante de la ausencia de derechos, a defender una herencia autoritaria y fáctica.
Los propietarios de camiones han obtenido, con sus acciones del pasado (como el paro de 1972), un conjunto de prebendas. Los gobiernos de Pinochet y la Concertación destruyeron el tren y casi toda la carga, absurdamente en un país con forma de vía férrea, se mueve en camiones. Por otro lado, la ley de cabotaje de Chile, que data de 1978, restringe el transporte marítimo nacional de corta distancia a buques que lleven la bandera chilena. Las naves con banderas extranjeras pueden hacer escala en diferentes puertos chilenos, pero no pueden abastecer al mercado nacional (es decir, pueden recoger contenedores en Valparaíso y Antofagasta, pero no pueden transportar un contenedor desde Valparaíso y descargarlo en Antofagasta). En tanto, el número de naves con bandera chilena disponibles para transporte marítimo de corta distancia es limitado. ¿Resultado? La carga entre ciudades se mueve en camiones. Por otro lado, el sistema tributario les permite operar con renta presunta, un beneficio específico (y no explicado en su racionalidad) a los camioneros. ¿Es comprensible, en este escenario de beneficios, la protesta realizada? ¿De qué protestan? El país les ha dado todo, claramente más de lo aconsejable para el bien del país. Nuevamente nos persigue la inquietud: ¿qué hay detrás de todo esto?
Este asunto no es la llegada de La Araucanía a Santiago, no es un asunto sobre la delincuencia, no es un problema de terrorismo. En Francia, hace diez años, los migrantes quemaron 2000 autos en protesta (en pocos días 600). Ni siquiera Sarkozy dijo ‘terrorismo’ y todos en Francia supieron que la cuestión social en juego había llegado para quedarse. El punto es ese. La quema de camiones como protesta tiene ciertos significados y no tiene otros. Entender el punto, en sus detalles, es la clave y la responsabilidad de los gobiernos.
El asunto efectivamente está en un sitio: en el patrimonio y en la legitimidad del patrimonio, en la distancia simbólica entre la propiedad privada y la pertenencia. En ese lugar hay que buscar explicaciones a la quema. Y a la protesta de camioneros, hay que buscarlo en un sitio mayor: la Historia. Es el ataque conservador, una y otra vez reiterado, en forma de fascismo cultural, reivindicando la irracionalidad, la violencia, poniendo en jaque el poder político, intentando hacer caer un gobierno debilitado, buscando destruir la política y eliminando los límites lógicos mínimos.
Por eso es que Carlos Peña se confunde cuando se obsesiona en buscar en Freud los errores del gobierno y la izquierda. Se equivoca porque su psicoanálisis, además de barato, es selectivo (misteriosamente no analiza a la Concertación ni a la derecha con Freud). Y se equivoca porque se queda con una teoría de la sospecha sin Nietzsche y sin Marx, que vaya que sirven en momentos como este. El fantasma de los camioneros en 1972 existe, por cierto. Los mismos organizadores lo buscaron, él mismo Peña cayó en la trampa intelectual de los camioneros y saca a relucir a Allende como el emblema del momento (como si la Nueva Mayoría fuera allendista), mientras niega que un paro tenga de imagen fantasmagórica el otro (aquí el psicoanálisis se le perdió).
Y otros lúcidos analistas, como Cayuqueo, festejan que La Araucanía haya llegado a Santiago después de años de exclusión gracias a este paro. Sin embargo, es él mismo, activista mapuche, el que cae en la trampa más vieja de la historia de dominio sobre el pueblo mapuche. No se da cuenta de que efectivamente lo que llegó a Santiago fue La Araucanía y no el pueblo mapuche. Y que entre esas dos palabras está toda la diferencia que él debiera ver. Por eso, la sugerencia frente a este tema es comprender que los camioneros convocaron mucha energía (psíquica sobre todo) y produjeron una confusión. Pero es cosa de pensar, de ordenar los datos. A todo analista es un consejo que servirá.
Pues bien, el saldo de estos días es que los chilenos nos hemos vuelto más violentos, más insidiosos, más ignorantes, más sediciosos. Hemos despertado al fascista que llevamos dentro del alma nacional, esa alma nada pura y perfecta, esa alma llena de defectos que nuevamente nos queremos negar a cambiar. Siglos coloniales, militares y dictatoriales pesan en el fondo de nuestro ser social. Y nos devuelven a ese fascismo cultural que inunda desde el dictatorial Guzmán hasta el demócrata Lagos. Sí, es cierto, subyace a esta escena el 1972. Solo que ahora es una comedia, una mera exposición fotográfica. Antes, detrás de los camiones estaba Estados Unidos y la Guerra Fría, el liberalismo y el socialismo reñidos hasta la eternidad. Ahora, son unos tipos que, mientras defienden la globalización, no quieren sacar sus ojos de su empresa rentista cuya productividad solo puede existir por no pagar salarios adecuados y comprar políticos corruptos esperando las múltiples formas de apoyo estatal.
¿Cuál es el centro de la movilización de los camioneros? Uno muy simple: que nada cambie. El tema es la ausencia de reformas, es que este Gobierno se limite a marcar el paso y deje el camino para otro Gobierno que haga más de lo mismo realizado en los 25 años de transición. Pero ¿por qué los camioneros habrían de estar interesados por un asunto tan alejado de su trabajo? La respuesta no es fácil. Yo no la tengo. Solo puedo pensar algo que me han sugerido: “No te olvides que la labor fundamental de todo camión es llevar carga”. Y en esa carga me quedo pensando, mientras el fascismo anda sobre ruedas, tratando de recuperar tiempos que no volverán.
*Fuente: El Mostrador

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