Mucho ha dolido al gran empresariado la aprobación en la Cámara de Diputados del retiro de 10% de los ahorros de los afiliados, administrados por las AFP. Su reacción ha traspasado las fronteras gremiales para invadir directamente ámbitos políticos y legales.

Entregan una furibunda declaración, por cierto, en el Mercurio (13-07-2020) que cuestiona la constitucionalidad de la medida, olvidándose que la aprobación cuenta con el quorum correspondiente de los 3/5, según la actual Constitución. Agregan, de forma irresponsable, que el retiro del 10% pone en riesgo la estabilidad democrática del país.

Van incluso más lejos, al hablar, como en otros tiempos, sobre la utilización de “resquicios legales”. En efecto, señalan que la decisión de los diputados no es algo aislado, ya que, según los firmantes, existirían otras medidas del Parlamento que han pasado a llevar la institucionalidad (no se dice cuáles) y que han afectado las reglas del juego.

Reglas del juego, estabilidad democrática, resquicios legales e inconstitucionalidad, son los términos amenazantes que utiliza el gran empresariado para referirse a una decisión que contó con el apoyo de toda la oposición y de 13 parlamentarios de gobierno. Sorprendente ofensiva de los fácticos que, al ver afectados sus intereses, no vacilan en patear el tablero.

Por su parte, los ejecutivos de las AFP han procedido de manera similar, enviando cartas a sus afiliados para amedrentarlos. En ellas, AFP Hábitat, por ejemplo, señala que:

“La votación de la Cámara de Diputados, en la cual se aprobó la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los afiliados retirar el 10% de su ahorro, solo puede ser considerada como un error histórico.”

Algo similar hicieron el resto de las AFP.

Las amenazas del empresariado cuestionan la legalidad del comportamiento de los parlamentarios. Y, en cuanto a los argumentos técnicos sobre retiro del 10%, no agregan absolutamente nada a su conocida defensa dogmática del modelo económico.

En efecto, el bloque empresarial habla de su “profunda preocupación por la estocada” a las pensiones de los trabajadores y que ello afectará su seguridad social. Su sinceridad es cuestionable, porque nadie cree que aquellos patrones estén interesados en el bienestar de los trabajadores. Además, los bajos salarios que pagan y la inestabilidad laboral hacen imposible alcanzar una pensión digna al final de la vida laboral. En realidad, los fondos de las AFP no son un seguro para los ancianos.

El segundo argumento, y aquí sí los patrones hablan con sinceridad, es que las AFP son un pilar de la institucionalidad económica, del modelo neoliberal. Los fondos depositados en las AFP son recursos de bajo costo que han servido al gran empresariado para ampliar sus negocios. Esta es la institucionalidad que cuidan los empresarios.

Finalmente, lo que más preocupa al empresariado es la restitución del retiro del 10% y el eventual “fondo colectivo”, al que deberán aportar el Estado y los empresarios. Eso les duele, porque no quieren entregar recursos al fondo ni tampoco pagar mayores impuestos y por ello argumentan que lo relevante (como siempre) es la recuperación económica y el empleo.

En medio de su desesperación están operando como un partido político más.

Las AFP y el gran empresariado han resultado damnificados. Les fallaron el gobierno y también los políticos que las protegen. En medio de su desesperación están operando como un partido político más. La aprobación del retiro del 10% cambia el sentido común. Modifica lo intocable. Gracias al movimiento ciudadano “No más AFP”, a las protestas de 18-O y producto de la pandemia, gran parte de los políticos han entendido que la protección de la vida es un valor superior a los negocios de las grandes empresas.

No sabemos cómo terminará esta historia. Está pendiente la votación en particular en la Cámara de Diputados y luego su aprobación en el Senado. Sin embargo, los poderes fácticos ya están actuando para proteger el corralito que impide a los trabajadores usar sus ahorros en medio de la pandemia. Como sea, la votación de la Cámara de Diputados ha debilitado la fortaleza de las AFP.

La declaración de los gremios patronales y las cartas de las AFP son una advertencia a la ciudadanía. Las reacciones tan desproporcionadas de los fácticos por el 10% pueden convertirse en rebeldía aún mayor cuando se inicie el proceso constituyente y se ponga en cuestión el modelo económico.

Coronavirus o 10% de retiro de fondos…
Las apuestas están abiertas..

*Fuente: Politika

El articulo La insurrección de los patrones apareció primero en piensaChile.

6 de diciembre de 2019

Pretendiendo dar una respuesta al clamor de la ciudadanía por reducir el enorme gasto que demanda actualmente el funcionamiento del desprestigiado Congreso Nacional, el gobierno de Sabastián Piñera anunció ayer, con gran despliegue publicitario, el envío al Congreso de una indicación que busca disminuir el número de parlamentarios de 155 a 120 diputados y de 43 a 40 a senadores, proponiendo además que este cambio entre en vigencia en los comicios del próximo año.

Sin embargo, como suele suceder con las iniciativas de la casta política que nos gobierna, las apariencias engañan. En efecto, el verdadero objetivo de esta iniciativa no es satisfacer la sentida demanda de la ciudadanía por contar con un sistema político que se haga realmente cargo de defender y promover sus derechos, intereses y aspiraciones, y que sea a la vez que austero y diligente en su modo de operar, sino todo lo contrario.

Lo que el gobierno en verdad busca con su propuesta es configurar mediante ese expediente una representación  parlamentaria que refleje en menor medida que el actual el veredicto de las urnas, retrotrayéndonos en alguna medida hacia el tipo de distorsiones que generaba el anterior sistema binominal. De ese modo a los sectores que representan más directamente a los poderes facticos empresariales le resultaría mucho más fácil alcanzar en las votaciones parlamentarias el tercio que necesitan para impedir cualquier cambio legal significativo.

Si de verdad le interesara al gobierno reducir el abultado gasto público que demanda actualmente la existencia del parlamento, a la vez que lograr que la composición del mismo  sea más representativa del sentir ciudadano y también mucho más expedito el trámite legislativo, la solución más conveniente sería, en cambio, eliminar el senado, pasando a contar entonces con un parlamento unicameral como el que hoy ya existe en numerosos países. ¿Por qué no se opta por una solución de este tipo?

La razón de ello es que la verdadera función del Senado en el marco del Estado burgués es la de servir de dique de contención ante aquellos repentinos cambios en el sentir ciudadano que pudiesen implicar un peligro para la estabilidad del sistema de explotación capitalista. Es precisamente por eso que su composición no se renueva en su totalidad al unísono con la de la cámara baja, ya que para cumplir ese rol de contención no debe reflejar el sentir presente de la ciudadanía. Este solo hecho le resta una importante cuota de representatividad, y por tanto de legitimidad, al parlamento que hoy tenemos.

En consecuencia, el órgano del Estado que por su función estaría llamado a constituir la más clara expresión política del sentir ciudadano, es decir el Parlamento, está hoy muy lejos de satisfacer ese objetivo. Y si a ello agregamos los cuórums supramayoritarios que la Constitución de Pinochet establece para aprobar cualquier modificación de la misma, o de cualquiera de las leyes orgánicas constitucionales, lo que tenemos por poder legislativo no es más que una ciénaga en que inevitablemente se empantanan todas las iniciativas que más pudiesen interesar a los sectores populares.

Por lo tanto, lo que corresponde es rechazar y denunciar el verdadero objetivo de la medida propuesta ayer por el gobierno y demandar en cambio la clara, simple y elemental medida que, junto con reducir de manera sustancial el costo de la labor parlamentaria, permitiría contar con un Parlamento que esté más en sintonía con las aspiraciones y demandas de la población y con una capacidad de cumplir su misión de una manera realmente expedita: el paso desde un Parlamento bicameral a uno unicameral mediante la eliminación definitiva del Senado.

Por supuesto, un cambio institucional de esta naturaleza no lo podremos lograr en el marco del actual sistema político-institucional, ni tampoco de una Constituyente a la que la clase política de hoy le haya rayado la cancha imponiéndole los cuórums de la actual Constittución, como ocurre con el acuerdo cocinado el 15 de noviembre último, sino que deberá ser una de las banderas que empuñe el combate por abrir paso a una Asamblea Constituyente realmente soberana, como clara expresión de la reivindicación de una democracia real, sin cortapisas, componente central de la lucha por los derechos, intereses y aspiraciones del pueblo trabajador.

El articulo Por un parlamento unicameral: más representativo, más barato y más ágil apareció primero en piensaChile.

Hoy es un día triste. El TPP ha sido aprobado a pesar de la gran movilización ciudadana y de la solidez de los argumentos en contra.

Sin embargo, no hay razones ni espacio para rendirse. Debemos ir al Senado y evidenciar que no hay ninguna organización social de Chile que se haya manifestado a favor del TPP-11.

Hacemos un llamado a continuar en la tarea de defender la soberanía del país. Hemos construido un proceso unitario y abierto que ha ido sumando voluntades, entre ellas la de decenas de diputados. La historia del continente no registra en los últimos años un caso de oposición tan grande a un TLC, además con irrefutables razones.

Agradecemos a cada organización sindical, social y/o territorial que se sumó a esta lucha. A los parlamentarios que desde el principio creyeron en esta causa y a los que se integraron después.

Lo ocurrido es muy grave y por lo tanto, dentro del respeto a las reglas del juego democrático, anunciamos desde hoy que haremos lo posible para que quienes votaron a favor no sean reelegidos.

La tarea no se ha terminado y el país necesita todavía más voluntad, compromiso y movilización para que el Senado revierta el error histórico cometido por la Cámara de Diputados. Llamamos a todas y todos a ponerse en contacto con los senadores de sus regiones y pedir el voto en contra del TPP11.

Plataforma Chile Mejor sin TLC

17 de abril de 2019

El articulo NO al TPP11: Hemos perdido una batalla, pero la lucha continúa, ¡a no desmayar! apareció primero en piensaChile.

1. Informe Político

La oposición al TPP-11 ha roto por primera vez el consenso en torno a los tratados de libre comercio. La acción ciudadana organizada en contra de los TLC data de hace cuatro años y fue ganando crecientes voluntades y algunas decenas de votos en contra en el parlamento, pero por primera vez logra frenar la tramitación de un tratado.

La situación actual se debe a la lucha sostenida de las organizaciones de la sociedad civil. Sin ese trabajo este tratado se hubiera aprobado con facilidad hace mucho tiempo.

En estos momentos el TPP-11 tiene urgencia simple y se ha decidido que pase por la Comisión de Constitución de la Cámara, lo cual significa que no tiene urgencia para pasar a votación en la Cámara de Diputados. Pero sabemos que el Gobierno y sectores de la Nueva Mayoría están presionando brutalmente a los parlamentarios para que voten a favor.

Esto requiere que las organizaciones opositoras al TPP-11 estén alertas. La situación es la siguiente: así como esta situación podría prolongarse por meses, el Gobierno podría precipitar la votación en el momento que sienta que tiene los votos.

Durante este tiempo, es muy importante sostener un proceso de concientización, información y comunicación permanente con los parlamentarios, especialmente desde los territorios, para impedir que las presiones surtan efecto.

Ese proceso va de la mano con la tarea de seguir informando a sectores, organizaciones y personas de los territorios  acerca de las razones de nuestro rechazo al TPP11, valorando el compromiso y creatividad de quienes en el último tiempo  se han incorporado a esta lucha.

2. Cronología

Así pudimos parar hasta ahora el TPP:

2 de abril: Por tercera vez se postergó la votación del TPP11 en la Cámara de Diputados. Esta es una victoria que abre el camino a la derrota definitiva de este tratado.

Se informó sorpresivamente que el proyecto pasaría a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que allí se analice el quórum que necesita el Acuerdo para su aprobación, discusión que se desarrollará durante dos sesiones de esta comisión. Por lo tanto la discusión y votación de la sala en pleno, se reanudaría en la sesión del 23 de Abril. En todo caso el gobierno puede en cualquier momento volver a ponerle urgencia a la tramitación.

27 marzo: La segunda postergación había tenido lugar el 27  marzo, luego de lo cual las comisiones de Agricultura y Trabajo discutieron el TPP y escucharon a la Plataforma Chile Mejor sin TLC y a diversas organizaciones sociales y ambientales que expresaron su rechazo al tratado.

13 de marzo: La primera postergación de la votación fue el 13 de marzo, Sin embargo, debido a la presión de los movimientos socioambientales y la presencia de representantes de pueblos indígenas en las afueras del Congreso exigiendo que se realizara Consulta Indígena, la votación del TPP-11 en Sala de la Cámara de Diputados fue retirada de la tabla.

Estamos claros que en un notable esfuerzo diverso y colectivo, hemos ido avanzando en la construcción de una mayoría transversal #NOalTPP11, lo cual tiene asustado al Gobierno, que estaba acostumbrado a aprobar tratados sin discusión. Este proceso es mirado con atención no sólo en todo Chile sino especialmente en América Latina, justamente porque Chile se publicita como un país que gracias a los TLC ha alcanzado niveles de desarrollo importante. Por primera vez están en discusión los impactos socioambientales de estos tratados y el modelo extractivista al cual van atados.

El articulo Informe Político y Cronología sobre la situación del TPP-11 apareció primero en piensaChile.

Un tratado internacional es firmado por el Presidente de la República, en este caso lo hizo la ex Presidenta Bachelet en junio de 2017,  y los diputados y senadores, no tienen facultades para cambiar ninguna cláusula de un tratado. Solo lo pueden aprobar o rechazar en su totalidad.

En julio de 2017, se cumplieron 20 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Chile con Canadá. Fue el primer tratado de “libre comercio” firmado por Chile, que eliminó alrededor del 75% de los aranceles al comercio entre ambos países.

La mayor parte de los artículos o cláusulas de las actuales modificaciones al TLC con Canadá, aprobadas por la Cámara de Diputados este 9 de mayo, tienen un carácter técnico o administrativo que no generan controversias, pero, a la vez, contiene otras cláusulas que son absolutamente lesivas para el interés nacional, como pasamos a comentarlos.

El artículo G-10: Expropiación o nacionalización, dispone:

“Ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (“expropiación”), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio del debido proceso y el artículo G-05(1); y d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.

La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo… Los criterios de evaluación incluirán el valor del negocio en marcha, el valor del activo, incluyendo el valor fiscal de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado”.

La nacionalización de la gran minería del cobre fue efectuada por el Presidente Allende en 1971, y ni siquiera Pinochet se atrevió a desnacionalizar, por el contrario,  dejó vigente en la Constitución de 1980, -disposición Tercera Transitoria- la Reforma Constitucional de la Nacionalización del Presidente Allende, Disposición 17° Transitoria de la Constitución de 1925. Sin embargo hoy, la nieta del Presidente Allende, la diputada y Presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández Allende, votó a favor de este tratado que busca impedir que se pueda nacionalizar a las empresas de la gran minería de origen canadiense. Pero la diputada Maya Fernández no estaba sola en esto, puesto que todos los diputados socialistas “herederos de Allende” votaron también a favor de la modificación de este Tratado, con la única y honrosa excepción de la diputada Francesca Muñoz, que se abstuvo de votar a favor de este tratado contrario al interés nacional. ¡Están muy cambiados los compañeros!, nos asegura el Palta Meléndez.

Pero también están cambiados los compañeros comunistas, porque todos los diputados del Partido Comunista presentes en la sala, también votaron a favor de las modificaciones de este Tratado, incluyendo al presidente del PC, diputado Guillermo Teillier. No estuvieron presentes en esta votación las diputadas comunistas Camila Vallejos y Carol Cariola.

El artículo G-10, al impedir que la gran minería de origen canadiense pueda ser nacionalizada, adolece de inconstitucionalidad, porque como lo dijimos anteriormente, la nacionalización está vigente en la actual Constitución, vigencia que además dispone que la nacionalización de los yacimientos mineros se debe efectuar sin ningún tipo de indemnización. A este respecto es necesario tener en consideración que la mayor parte de las inversiones en la gran minería chilena son de origen canadiense.

El Anexo del artículo G-10 es aún más peligroso, porque considera como expropiación indirecta “una medida o serie de medidas de una Parte que tienen un efecto equivalente a una expropiación directa sin que medie una transferencia formal del título o simple confiscación”. Esto podría significar que en el futuro Chile no podría establecer un verdadero “royalty” o regalía minera, porque podría ser considerada como una expropiación indirecta. Incluso, una medida tributaria podría ser considerada expropiatoria, o ponerle fin a las AFP. ¡Grave, muy grave!

Por otro lado, el artículo G-06 dispone que: “Ninguna Parte podrá imponer o hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país no P en su territorio para: (a) exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios;”

Esto quiere decir, que Chile no puede obligar a las empresas mineras de Canadá o de cualquier otro país, a fundir o refinar los concentrados de cobre en Chile, o industrializar el litio en Chile, o a industrializar la madera o astillas de madera en Chile, etc. En suma, el Estado chileno no puede obligar a un inversionista extranjero, no solo a los canadienses, a exportar su producción en una determinada forma o calidad. Si bien es cierto que una disposición casi calcada a esta, ya existe en el TLC de Chile con EEUU, desde el 01.01.2004, ello no justifica que nuestro país, le ponga una nueva lápida a la posibilidad de darle valor agregado a las inversiones de empresas extranjeras en Chile.

Todo lo descrito es muy lesivo para Chile, pero se agrava aún más, por el hecho que los litigios o controversias que surjan con estas inversiones en territorio chileno, no serán dirimidos por tribunales chilenos, como lo establece el art. 16 de nuestro Código Civil, sino que serán sometidos a arbitrajes en el extranjero bajo la supervisión del CIADI, según los dispone la Sección II de estas modificaciones, artículo G-16 a G-27.

Después de este breve análisis de los perjuicios para Chile con estas modificaciones al TLC Chile-Canadá, cabe preguntarse si los diputados que las aprobaron casi por unanimidad, se dieron el tiempo de leer el proyecto de ley conteniendo dichas modificaciones. La pregunta no es superflua, porque el año 2003, la inmensa mayoría de los diputados y senadores que aprobaron el TLC con EEUU, no leyeron el texto del dicho tratado, y no lo leyeron por la simple razón que no se les entregó un texto del tratado, sin embargo, derecha y Concertación unidas, aprobaron casi por unanimidad el TLC con EEUU, sin siquiera haberlo leído, sin haber tenido por lo menos un ejemplar en sus manos.

Las modificaciones al TLC con Canadá, son tan lesivas al interés nacional, pero como fueron aprobadas con tanta facilidad y rapidez, nuevamente puede haberse dado el caso que los 121 diputados que las aprobaron, ni siquiera hayan leído y quizás ni siquiera recibieron un ejemplar de este proyecto. Tal vez los únicos diputados que leyeron este proyecto fueron los que no lo aprobaron o se abstuvieron.

Creemos que es necesario que se conozcan los nombres de los diputados que votaron en contra o se abstuvieron:

Los siete diputados que votaron en contra son:

Pamela Jiles,
Gael Yeomans,
Florcita Alarcón,
Gabriel Boric,
Tomás Hirsch,
Diego Ibánez y
Gonzalo Winter,
todos diputados del Frente Amplio.

Los tres diputados que se abstuvieron fueron:
Francesca Muñoz del PS,
Jenny Alvarez de RN y
René Alinco, independiente.

Solo nos queda esperar que a los senadores se les entregará con tiempo un ejemplar de este proyecto de modificación del TLC con Canadá, para que lo lean y lo analicen con detención, y puedan darse cuenta de su nocividad para nuestro país.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

Más sobre el tema:

El articulo Apenas 7 Diputados votaron contra las modificaciones del TLC con Canadá apareció primero en piensaChile.

DIPUTADAS VALLEJO Y NOGUEIRA ENTRE LEGISLADORES QUE PRESENTAN MÁS CASOS DE TEXTOS COPIADOS

07.09.2017

Un tercio de los miembros de la Cámara recibió informes de asesoría con párrafos extraídos de fuentes que no son citadas o que copian pasajes textuales de documentos en internet. CIPER analizó una muestra de los informes pagados entre 2014 y 2016, y detectó 107 documentos con esta irregularidad. En 18 de ellos todo el contenido fue plagiado. Entre los diputados con casos de plagio total están Claudia Nogueira (UDI), Roberto León (DC), Sergio Ojeda (DC) y Gustavo Hasbún (UDI). La misma Nogueira y Camila Vallejo (PC) encabezan la nómina con más plagio parcial: ambas con ocho informes.

Vea aquí la nómina completa de los 40 diputados que pagaron por informes con plagio.

Algunos de los millonarios informes que encargan los diputados a sus asesores externos tienen un nivel tan bajo que apenas podrían servir para aprobar un examen de educación media. Por ejemplo, el que pidió el diputado Ricardo Rincón (DC) en febrero de 2016. Se trata de un documento de siete páginas –incluida la portada–, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una web que utilizan los escolares para hacer tareas. La asesora Paulina Gómez Barbosa recibió $2,2 millones por el esfuerzo que le significó copiar lo escrito por José Pérez, un estudiante de derecho de la Universidad Peruana de Las Américas.

Todos los meses los diputados reciben una asignación de $2,4 millones para costear informes que encargan a asesores externos –que no forman parte de su equipo permanente– y que les sirven de apoyo cuando el debate legislativo aborda  temas que no dominan. En este caso, el diputado Rincón se gastó casi toda su asignación mensual en un informe que pudo haber bajado gratis de internet.

El informe recibido por Rincón no es una excepción a la regla. Durante meses CIPER revisó los documentos que han elaborado los asesores externos de los diputados entre 2014 y 2016. De ese universo se extrajo una muestra aleatoria de cerca de mil informes, tal como se hace en los procedimientos de auditoría que utiliza la Contraloría. En esa muestra se detectaron 107 informes con algún grado de plagio (18 de ellos con plagio total), los que fueron encargados por un total de 40 diputados,  desde la UDI al PC. Debido a la fórmula aleatoria con la que se elaboró la muestra que se analizó para este reportaje, es altamente probable que existan casos aún no detectados.

Los resultados indican que al menos un tercio de los miembros de la Cámara ha pagado por informes que contienen contenidos extraídos de fuentes que no se citan o que copian párrafos textuales de documentos que son públicos. Lo anterior demuestra que en la Cámara de Diputados los controles del gasto para este ítem son completamente inútiles.

En la muestra analizada figuran 12  diputados que pagaron por trabajos que están enteramente plagiados:

• Gustavo Hasbún (UDI): 3 informes.
• Claudia Nogueira (UDI), Carlos Vilches (UDI, dejó la Cámara en 2014), Roberto León (DC) y Sergio Ojeda (DC): 2 informes cada uno.
• Carlos Jarpa (PR), Javier Hernández (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD), Marta Isasi (Ind. de derecha, dejó la Cámara en 2014), Marcos Espinosa (PR) y Ricardo Rincón (DC): un informe cada uno.

11 diputados son los que presentan más de cuatro informes con párrafos copiados de fuentes que no son citadas:

• Camila Vallejo (PC) y Claudia Nogueira (UDI), ambas con 8 informes.
• Marcos Espinosa (PR), Carlos Jarpa (PR), Gustavo Hasbún (UDI) y Gabriel Silber (DC), todos con seis informes.
• Osvaldo Andrade (PS) y Roberto León (DC), los dos con cinco informes.
• Andrea Molina (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Fidel Espinoza (PS), los tres con cuatro informes.

En la mañana de este jueves 7 de septiembre CIPER comenzó a contactar a los diputados que pagaron la mayor cantidad de informes plagiados detectados por nuestra investigación. Poco después, en la sede del Congreso los jefes de bancada convocaron a reunión de comité para coordinar una respuesta corporativa ante la emergencia que significa que 40 parlamentarios aparezcan pagando informes con plagios.

El tema ya se había tornado inevitable tras las revelaciones publicadas por los equipos de investigación periodística de Radio Bio Bio, que dejó en evidencia las copias en informes pagados por el senador y presidenciable Alejandro Guillier, y de Ahora Noticias de Mega, que difundió un extenso reportaje sobre irregularidades en las asesorías externas encargadas por diputados.

Al mediodía del mismo jueves 7, la Cámara de Diputados emitió una declaración pública en la que evitó mencionar la palabra plagio y solo indicó que los fondos para asesorías externas son revisados por el Comité de Auditorías del Congreso Nacional:

“En la actualidad, conforme al plan aprobado, el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha. Cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente (…). Asimismo, la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”.

La labor de ese Comité de Auditoría y el supuesto plan de la Cámara para controlar los recursos asignados a los parlamentarios han resultado francamente inútiles, como lo demuestran los resultados del análisis efectuado por CIPER y el reporte de Ahora Noticias. Entre 2015 y 2016 el presupuesto de la Cámara para pagar asesorías externas sumó unos $3.550 millones. En el mismo periodo los informes pagados fueron unos 3.500. La muestra revisada para esta investigación periodística indica que la corporación desembolsó $169,6 millones en informes que presentan contenidos plagiados.

VALLEJO E ICAL

Los  ocho informes pagados por la diputada Camila Vallejo (PC) que presentan plagio fueron elaborados en 2016 por el think tank del Partido Comunista: ICAL. Un noveno informe no pudo ser revisado al no estar disponible. Por esos nueve informes la Cámara pagó un total de $7 millones.

En el informe de ICAL correspondiente a noviembre de 2016, 59 de sus 75 páginas están plagiadas completamente. Entre los contenidos que se copian sin citar destaca un reportaje publicado en 2012 por The Clinic sobre la historia del asbesto en Chile. Se copian también documentos académicos y si bien se citan referencias, estas son erróneas y no corresponden al autor original de las mismas (vea aquí ese informe).

En otro documento de septiembre de 2016, la mitad de sus páginas están copiadas. La introducción fue obtenida íntegramente de una noticia publicada por la página web de la Radio Nuevo Mundo, y más adelante destaca el plagio de un estudio sobre el sistema educativo peruano, pero al que ICAL le borró toda referencia al país de origen, haciéndolo pasar por un estudio general sobre educación (revise aquí ese informe en detalle).

La diputada Camila Vallejo respondió el llamado de CIPER y cuando se le entregó el detalle de los informes copiados, anunció que pondría fin a su relación con ICAL:

–Estamos esperando los resultados de la auditoría de la Cámara respecto a estas asesorías, que deberían estar pronto, y si es como ustedes dicen, lo más probable es que haya sanciones. Yo estoy dispuesta a devolver el dinero de mi dieta parlamentaria si es necesario, independiente de que fue una falta al contrato por parte de ellos (ICAL). Ustedes se adelantaron a la auditoría y a la luz de los antecedentes que pudimos comprobar nos parece que lo correcto es terminar el contrato con ICAL.

La parlamentaria comunista calificó la situación como grave: “esto incluso puede mermar mi labor como parlamentaria al momento de legislar. Yo expresamente había pedido rigurosidad en los contenidos contratados con ICAL. No vamos a exigir que todo lo que se entrega sea de elaboración propia, pero lo mínimo es que si se ocupa información de otros se cite como corresponde. Yo apenas supe de esto en la mañana me puse en contacto con ellos y pedí explicaciones. Me dijeron que no era así, que no había plagio, pero a mí me parece que está claro. Por eso, independiente de lo que ellos quieran declarar ante la opinión pública, nosotros vamos a terminar el contrato”.

LOS INFORMES DE NOGUEIRA

Los ocho informes de la diputada Claudia Nogueira (UDI) que registran plagio fueron recibidos por la legisladora entre marzo de 2014 y noviembre de 2016. Los documentos fueron elaborados por distintos asesores. Dos de ellos aparecen firmados por Álvaro Lavín Aliaga, socio del esposo de la parlamentaria, el ex alcalde Gonzalo Cornejo, en el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos. Esa es la una de las sociedades que emitió boletas que fueron rectificadas por Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini, porque sirvieron para financiar ilegalmente la política. Lavín Aliaga, además, fue el administrador municipal en Recoleta mientras Cornejo era el alcalde.

Los dos informes de Lavín Aliaga pagados en marzo y abril de 2014 ($720 mil por cada uno) son curiosos, tienen una extensión de una página y media y allí se presentan “minutas” de proyectos de ley, cuyos párrafos fueron copiados de los proyectos originales. Además se adjunta una breve descripción de reuniones a las que el asesor habría acompañado a Nogueira, aunque no hay ningún documento que compruebe esos trabajos.

Nogueira tiene además otros tres informes cuestionados, los que fueron firmados por Lily Zuñiga en abril, mayo y junio de 2014. Según declaró Zuñiga ante la Fiscalía, se trató de asesorías fantasmas que justificaron desembolsos por $4,2 millones. La parlamentaria suma además informes con plagio parcial de la Fundación Jaime Guzmán y de Pablo Urquizar Muñoz.

Consultada respecto de los informes que registran plagio, la diputada señaló: “Eso es una asesoría, es conversar, es analizar, es revisar textos, tomar parte de los textos originales. No son informes en derecho, no hay robo de nada, el trabajo se hace desde la posición política que uno tiene y por eso los asesores tienen la misma afinidad política” (vea además la respuesta de algunos de los asesores que elaboraron los informes para la parlamentaria).

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por la Fiscalía luego que se comprobara que desvió $28 millones destinados a asignaciones parlamentarias a una cuenta personal que posee con su marido (el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo). De ese entuerto solo logró zafar llegando a un acuerdo con el Ministerio Público que implicó la devolución del dinero.

LEÓN Y LAS ASESORÍAS DEL CELAC

Del grupo de diputados que conforman la muestra que CIPER analizó, hay uno que constituye un acápite aparte: Roberto León (DC), el congresista por Curicó pagó al menos cinco informes con plagio. Todos son de 2014 y fueron elaborados por el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac).

El informe de julio de 2014 de Celac para el diputado León, por el que la Cámara pagó $2,1 millones, es una copia de principio a fin de un documento elaborado por Sergio Gómez publicado en 2002 por la Revista Austral de Ciencias Sociales, de la Universidad Austral (UACh), denominado “Organización campesina en Chile: reflexiones sobre su debilidad actual” (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

La misma situación se repite en agosto de 2014, cuando nuevamente León recibió un informe completamente plagiado. Otros $2,1 millones del erario público fueron a parar a la contabilidad de Celac por un documento copiado a la misma Revista Austral de Ciencias Sociales. Esta vez el afectado fue Darío Menanteau, quien entonces era profesor y director del Centro de Sociología Rural de la Universidad de Minnesota y académico de la UACh. Su artículo “Impactos socio-políticos de la globalización en América Latina” aparece tal cual en la asesoría enviada por Celac a León (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

Los informes que Celac entregó al diputado León en junio y septiembre de 2014 también son plagiados. Un quinto informe, el de octubre de ese año contiene páginas copiadas desde otros documentos. Hasta el cierre de este reportaje, el diputado León no había respondido los requerimientos de CIPER para obtener su versión.

La situación judicial de León es especialmente delicada: está siendo investigado por cohecho y delitos tributarios en la indagatoria por los pagos irregulares de SQM, luego de que la Fiscalía detectara millonarios traspasos de recursos de la minera a su hijo y la existencia de “favores” de León al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse (vea reportaje de CIPER “Los hitos de la relación con SQM que comprometen al diputado Roberto León”).

DIPUTADOS SORPRENDIDOS

Seis son los informes que encargó el diputado Carlos Jarpa (PR) por los que la Cámara pagó un total de $13 millones. Los documentos son casi exclusivamente copias de textos disponibles gratuitamente en internet.  Todos tienen una misma autora: Consuelo Ramírez EIRL.

Jarpa señaló que cuando revisa el trabajo de su asesora no puede saber cuáles son las fuentes que utilizó: “Solo veo el resultado y a mí me sirvió. Uno procesa la información no solo del informe, sino también conversando con el asesor, sobre todo en mi caso, porque tengo una limitación visual seria. El tema de fondo es la utilidad que los informes tienen para mí. El único error que podría haber es no saber de dónde venía la información”.

¿Y de quién es ese error?

– Eso no me corresponde a mí decirlo. Yo no soy juez.

– ¿Le parece correcto que se paguen informes plagiados con recursos públicos con un valor superior a los $2 millones?

–No me corresponde a mí hacer ese juicio. Eso le corresponde a la Cámara de Diputados.

Desde la oficina del diputado Marcos Espinosa (PR) se informó a CIPER que en mayo y junio de 2016 el parlamentario tomó conocimiento de presuntos plagios en tres informes de su asesor Pedro Zapata. Por lo mismo, en octubre pasado decidió cesarlo en sus funciones “hasta que una investigación aclare en profundidad si efectivamente esa adulteración es efectiva”.

Sobre los informes elaborados por la asesora Consuelo Ramírez (la misma asesora del diputado Jarpa), la oficina de Espinoza explicó: “Este es un trabajo especialmente importante toda vez que se trata de una recopilación de materias tratadas en las comisiones en las que se desempeña el diputado, otras en las que tiene especial interés, y el avance de los proyectos de ley de autoría propia”.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) señaló a CIPER que no iba a comentar sus informes. Esto a pesar de que en su caso de los seis informes detectados con plagio, tres son copias textuales de otros documentos. En total, por estas seis asesorías la Cámara desembolsó $11,4 millones. En cinco de los seis informes el autor es Cesar Patricio Ampuero Cortés, quien actualmente se desempeña como juez de policía local en Vitacura. En 2009 aparece ocupando el mismo cargo, pero en Estación Central, la comuna por la que Hasbún fue alcalde hasta 2008.

De los informes elaborados por Ampuero Cortés, tres son copias íntegras. Por ejemplo, el informe de junio de 2016 tiene seis carillas. Los primeros dos párrafos los copió y pegó de una noticia de El Mercurio, luego adjuntó párrafos textuales de un auto acordado de la Corte Suprema, de un proyecto de ley presentado por otros diputados, y a modo de conclusión copió un pronunciamiento de la Corte Suprema (revise aquí el informe de Ampuero Cortés para Hasbún).

Una fórmula similar se repite en los informes de julio y diciembre de 2016. En este último se copiaron 11 páginas de un proyecto de ley presentado por el gobierno para regular los servicios de Uber y Cabify, luego incorpora un análisis del mismo proyecto, pero que en realidad es una nota de El Mercurio y finalmente parafrasea una minuta de la Cámara sobre el proyecto (revise aquí el informe de Ampuero Cortés correspondiente a diciembre).

Otra asesoría encargada por Hasbún, de enero de 2016, lleva la firma de la empresa Visión Legislativa  y Parlamentaria, por la que se pagaron $$883 mil. El documento presenta un plagio parcial.

Uno de los socios de Visión Legislativa y Parlamentaria, Carlos Fairlie señaló a CIPER que las columnas escritas por el abogado Alejandro Leiva y que él utiliza para esos informes corresponden a material preparado por ese profesional para su estudio: “El es un abogado pagado por mí y cuando él escribe en La Tercera lo hace pagado por mí”, sostuvo.

Este año la diputada Andrea Molina(UDI) comparte ruta con el diputado Hasbún en dos carreras: ambos intentan saltar de la Cámara al Senado y los dos aparecen entre los parlamentarios que pagaron informes plagiados. Claro que el caso de Molina es más escénico: ella recitó en el hemiciclo párrafos copiados.

Parte de la asesoría que Andrea Molina contrató con Francisca Navarro en 2016, consideraba elaborar los discursos e intervenciones de la parlamentaria. En al menos dos de ellos, CIPER identificó plagio a intervenciones de otros parlamentarios. Por ejemplo, el discurso incluido en el informe de asesoría de junio, incluye cinco líneas copiadas de la intervención de Cristina Girardi (PPD) en la sesión del 9 de marzo en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que ambas parlamentarias integran (vea aquí el discurso y la intervención de Girardi).

El mismo informe de junio incluye otro discurso para Andrea Molina en que el autor copia cuatro párrafos completos de una intervención hecha en la sala por el senador Iván Moreira un mes antes (vea aquí el discurso y la intervención de Moreira). Contactada por CIPER, la diputada Molina señaló: “Es un error puntual de no haber puesto la fuente. No hay delito, ni uso indebido. Aquí no hay una empresa, ni una triangulación sino que el hecho de que mi abogada no citó la fuente y ella eso lo reconoce y por eso le pedí que fuera más rigurosa”

En el caso del diputado Osvaldo Andrade (PS), cinco informes de su asesor Patricio Riveros Villegas revisados por CIPER mezclan plagio con reproducción textual de información gratuita publicada en Internet.

El diputado Andrade fue uno de los primeros que reaccionó cuando esta semana Radio Bío Bíoreveló que el senador y candidato presidencial de su coalición, Alejandro Guillier, había comprado con dinero del Congreso cuatro informes copiados de internet a la sociedad Beltrán Asociados. “Tendrán que dar una buena explicación”, señaló Andrade en esa ocasión.

Consultado por CIPER, Andrade se mostró sorprendido y aseguró que “los informes me han servido mucho, así que desde el punto de vista de la idoneidad, estoy completamente conforme con ellos. Ahora, si hay algunos que no señalan fuentes, no cabe duda de que ahí se cometió un error”, precisó.

En un segundo contacto con CIPER, Andrade señaló que había conversado con su asesor y que descartaba que hubiese plagio en sus trabajos.

En el informe de abril de 2016, el asesor Riveros copió sin citar parte del análisis macrosectorial publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) durante el mismo mes. Consultado por CIPER, Riveros argumentó que el texto es de su autoría, ya que trabaja en la ODEPA. Sin embargo, el autor que figura en el documento no es él, sino Alfonso José Traub Ramos.

El resto de la asesoría, que consta de ocho páginas, y que costó más de $1,8 millón, está compuesto por información sobre distintos indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central. Esta información, a pesar de que está atribuida a la fuente, no es más que una copia textual de boletines que ambas instituciones suben a su página web y que son replicados por la prensa. El único contenido de elaboración propia son los dos párrafos de conclusiones al final del texto.

El diputado Sergio Ojeda (DC) figura con cuatro informes, casi todos íntegramente extraídos de trabajos académicos, al igual que en el caso de su correligionario Roberto León el proveedor es el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac). En la asesoría correspondiente a marzo de 2014, la Cámara desembolsó $916 mil por el informe solicitado por Ojeda. Las  19 páginas que lo componen están completamente copiadas del texto “El debate de lo público y lo privado en servicios sociales”, del profesor Manuel Medina Tornero (revise aquí el informe de Celac y aquí el texto original). Algo similar ocurre con otros informes de Celac para Ojeda, de agosto y septiembre de 2014. Un cuarto documento (abril de 2014) presenta 15 de sus 18 carillas copiadas.

Gabriel Silber  es otro parlamentario falangista que pagó por cinco informes sacados de internet, entre marzo de 2014 y abril de 2015. Cuatro de ellos son del Centro de Estudios y Gestión Ambiental (Cegades), ligado a la DC, y uno de Antonio Saavedra Veas. En total, la Cámara gastó $5 millones en esos informes. A pesar de que CIPER contactó a la bancada de diputados de la DC para obtener la versión de los diputados Rincón, León, Ojeda y Silber, no hubo respuesta.

El actual presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), también aparece pagando informes con plagios. Espinoza registra cuatro documentos comprados al Instituto Igualdad por un total de $1,2 millones. En su caso de trata de copias parciales, pues los documentos contienen transcripciones de párrafos publicados en notas de prensa, en textos de la Universidad Alberto Hurtado y del académico Cristian Bellei. El diputado Espinoza no estuvo disponible para conversar con CIPER, pues se encuentra en Indonesia.

El chequeo  de los informes arrojó hallazgos sorprendentes, como la minuta pagada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) para que le informaran sobre proyectos de ley en materia de derechos humanos. En febrero de 2016 le pagó $777 mil a Cristián Gallardo, quien le entregó un documento de 12 páginas que contiene copias de párrafos sin ningún orden lógico de dos proyectos de ley (boletines N°9005-17 y N°8133-17). La única modificación que hace es omitir o cambiar la palabra “dictadura” cada vez que se menciona y agregar un párrafo propio con recomendaciones al final de cada proyecto.

Además de los parlamentarios mencionados en este reportaje, CIPER también halló informes plagiados de los siguientes diputados (la mayoría de ellos en ejercicio, aunque también hay algunos del periodo pasado que registraron informes plagiados a inicios de 2014): Aldo Cornejo (DC), Carlos Vilches (UDI), Christian Urízar (PS), Cristián Campos (PPD), Cristina Girardi (PPD), Daniela Cicardini (PS), Felipe de Mussy (UDI), Fernando Meza (PRSD), Fuad Chahín (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Iván Flores (DC), Javier Hernández (UDI), Jorge Sabag (DC), Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Marcela Hernando (PRSD), Marco Antonio Nuñez (PPD), María José Hoffmann (UDI), Marta Isasi (Ind), Maya Fernández (PS), Miodrag Marinovic (Ind), Pablo Lorenzini (DC), Paulina Nuñez (RN),  Pedro Araya (Ind DC), Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI), Sergio Aguiló (Ind) y Vlado Mirosevic (PL).

*Fuente: Ciper Chile

El articulo Asesorías parlamentarias: al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados apareció primero en piensaChile.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitó al ministro Mario Carroza el procesamiento del edecán de la Cámara de Diputados, coronel en retiro Reinel Bocáz Rocha, como autor del homicidio de un prisionero en el Estadio Nacional, donde estuvo a cargo del traslado de detenidos a su interrogatorio y tortura.
Fuentes ligadas a la investigación confirmaron a The Clinic Online que se pidió el procesamiento de Bocáz y el ex cabo Luis Alberto Oyarzo Oyarzo en calidad de autores del homicidio del ex boina negra del Ejército y militante del MIR Óscar Delgado Marín en octubre de 1973. El Programa de Derechos Humanos no quiso confirmar ni comentar esta información.
Bocáz era entonces un subteniente de 21 años del Regimiento Pudeto de Punta Arenas. Había llegado a Santiago a mediados de septiembre de 1973 junto con una batería de unos 100 hombres al mando del capitán Roberto Letelier. Fueron destinados a reforzar la guardia en el Estadio Nacional, que estaba siendo utilizado como centro de detención para miles de presos políticos.
El actual edecán de la Cámara fue el comandante de la sección encargada del traslado de prisioneros desde los camarines del estadio, donde eran recluidos, al velódromo para ser interrogados. Múltiples testimonios de detenidos en el Estadio Nacional, así como el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, dan cuenta de que en el velódromo se aplicaban las más brutales torturas.

El 5 de octubre de 1973, Delgado fue interrogado y torturado en ese lugar por oficiales del Ejército. Fue una larga y extenuante sesión, como se desprende del extenso informe que prepararon sus interrogadores y que se adjuntó a la causa Nº 385-73 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.
Con lápiz rojo, sus interrogadores anotaron: “Tiene dos órdenes de aprehensión de la Segunda Fiscalía Militar de Valparaíso por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y otra por Hurto de Material de Guerra del Ejército”… “Recibió instrucción en Cuba”… “Karateca. Lanzador de cuchillos”… “Instructor del MIR”. Con grandes letras rojas agregaron: “P = AD”: Peligroso. Antecedentes Delictuales.
Sus interrogadores, que no han sido identificados, propusieron que el detenido, “dado su peligrosidad”, fuera “interrogado por personal especialista” de la Dirección de Inteligencia del Ejército, enviado a la Cárcel Pública y sometido a un juicio militar. Sin embargo, Óscar Delgado no salió con vida del velódromo.
Según las declaraciones de ambos militares ante la Segunda Fiscalía Militar en noviembre de 1973, Bocáz le ordenó al cabo Oyarzo aislar y vigilar al detenido, quien supuestamente intentó arrebatarle el arma. Oyarzo le disparó.
Los “Catorce de la Fama”
Óscar Delgado integraba un grupo de 14 boinas negras de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército en Peldehue que fue expulsado de la institución en 1970, acusados de brindar instrucción militar al MIR y al Partido Socialista. Tras la baja del grupo, al que sus compañeros de armas llamaban “Los Catorce de la Fama”, algunos se enrolaron en el MIR y otros en el Partido Socialista. Varios pasaron a formar parte del Dispositivo de Seguridad Presidencial de Allende, o Grupo de Amigos Personales (GAP). Delgado se integró al MIR, formó parte del GAP por cerca de un año, y fue cuadro de las Fuerzas Centrales del MIR.
Al momento del golpe militar, los “Catorce de la Fama” estaban en la mira de sus antiguos compañeros. Durante septiembre de 1973, ocho de ellos fueron detenidos por efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea o la Policía de Investigaciones. Arrestados en distintas fechas y circunstancias, la mayoría de ellos fue trasladado a Peldehue y ejecutados. Varios continúan desaparecidos. Uno de ellos, Ricardo Pardo Tobar, también fue ejecutado en el Estadio Nacional cinco días después de Delgado. La versión oficial de su muerte es muy similar: Pardo habría intentado quitarle el arma a su custodio, quien le disparó en defensa propia.
Óscar Delgado, de nombres políticos “Aquiles” y “Ciriaco” en el MIR, era un hombre de 30 años, introvertido y discreto, hijo de campesinos muy humildes de Curimón, cerca de San Felipe, donde era conocido como “el Puga”. Su familia nunca supo bien a qué se dedicó su hijo tras dejar el Ejército. Se había prácticamente esfumado de Curimón.
En la casa no se hablaba de política. El hijo mayor, Luis, era sargento segundo de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y decía que su hermano menor era un “traidor a la patria”. La última vez que su familia lo vio fue el 18 de septiembre de 1973, cuando llegó de paso a Curimón junto con un compañero.
El 11 de septiembre, Delgado se encontraba acuartelado junto con otros militantes del MIR en una casa de seguridad en la comuna de San Miguel. Entre ellos se encontraba Leonardo Schneider Jordán, “el Barba”, quien se haría conocido después por su traición al MIR y colaboración con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). Schneider, de 22 años, era entonces estudiante de sociología en la Universidad de Chile y había sido dirigente de las Brigadas Secundarias del MIR.
Al levantarse el toque de queda el 13 de septiembre, el grupo se dispersó en distintas direcciones. El “Barba” llevó a “Aquiles” a una casa de seguridad nada de segura: la de sus padres en calle Carrascal. Óscar Delgado portaba un carnet de identidad falso a nombre de Jorge del Carmen Soza Salazar. Pasada la medianoche del 3 de octubre, Schneider, su hermano Jaime Alejandro y Delgado fueron detenidos por carabineros de la Décima Comisaría de Quinta Normal. De acuerdo al parte policial sobre la detención, una llamada anónima los había alertado de que en ese casa había “extremistas”.
En el Estadio Nacional el grupo fue recluido en la escotilla de la Tribuna Andes. Delgado fue separado del resto y aislado en el fondo de la escotilla. Según Leonardo Schneider, sus captores no se dieron cuenta al comienzo de que la documentación que llevaba Delgado era falsa.
“Sin embargo, un pelao se le cuadró y le dijo que era una lástima que había caído detenido, y le ofreció su ayuda. Óscar se dio cuenta de que estaba perdido,” declaró Schneider en 2007. (1)
Peligroso y karateca
Eran cerca de las 19 horas y Delgado salía de su interrogatorio. El subteniente Bocáz ordenó al cabo Oyarzo que lo vigilara de cerca. Le advirtió que el detenido era “extremadamente peligroso” y además karateca, declaró Oyarzo ante la Segunda Fiscalía Militar.
Si Bocáz sabía que el detenido era muy peligroso y karateca, significa que de alguna manera tuvo conocimiento de los contenidos del informe de interrogatorio. Entonces él mismo tomó “la determinación de aislarlo del resto de los prisioneros”, dijo ante la fiscalía. Le ordenó al cabo Oyarzo que esperara a que la fila de prisioneros que debían ser llevados de regreso a los camarines se alejara unos 150 metros antes de escoltar a Delgado de vuelta al coliseo.
“Estando el detenido contra la pared del lugar en que se efectuaban los interrogatorios por su parte exterior y cuando el resto de los detenidos se habían alejado unos 120 metros, sorpresivamente el detenido se dio vuelta y me atacó de frente con la evidente intención de quitarme el arma,” declaró Oyarzo.
Oyarzo entonces le disparó cerca del corazón. Oscar Delgado murió instantáneamente. Su cuerpo fue trasladado a la morgue y el subteniente Bocáz debió dar cuenta de lo que calificó como “intento de fuga” al jefe del campo, coronel Jorge Espinoza.
Óscar Delgado ingresó a la morgue de Santiago como N.N. y su identidad fue confirmada a través de sus huellas dactilares. La morgue envió su cuerpo al Cementerio General, donde fue enterrado en el Patio 29. Sus restos fueron exhumados e incinerados por funcionarios del cementerio en 1981, en desconocimiento de su familia, y se perdió para siempre. La familia Delgado no se enteró de su muerte hasta 1990, cuando, preocupados porque luego del fin de la dictadura “el Puga” aún no regresaba a casa, acudieron a la Vicaría de la Solidaridad en busca de información.
Olvidar lo ocurrido
El 22 de octubre de 1973, cuando Delgado yacía en el Patio 29, el Juez Militar de Santiago, general Herman Brady, ordenó una investigación en la Segunda Fiscalía Militar sobre sus actividades, sin saber aún que el detenido había sido ejecutado. Se abrió la causa Nº 385-73 y se designó como fiscal al mayor Rolando Melo Silva.
Recién entonces el coronel Espinoza se lo informó al fiscal. Delgado murió, dijo Espinoza, “a consecuencia de tratar de arrebatarle el arma al centinela que lo conducía después de un interrogatorio”.
El fiscal Melo ordenó tomar declaración al subteniente Bocáz y al cabo Oyarzo, quienes ya estaban de vuelta en Punta Arenas. Oyarzo, de 26 años y oriundo de Ancud, ratificó su inverosímil relato del intento de fuga.
Bocáz aseguró que de inmediato dio cuenta al Oficial Jefe de Ronda, mayor Hernán Chacón Soto, quien a su vez lo llevó ante el coronel Espinoza. El jefe de campo “escuchó de labios del cabo Oyarzo el relato de los hechos, al que felicitó por su acción, diciéndole que tratara de olvidar lo que ocurrió y que se quedara tranquilo,” declaró Bocáz.

Con esas declaraciones el fiscal Melo dio por agotada la investigación y cerró el sumario, determinando que el cabo había actuado en defensa propia. A Bocáz y Oyarzo nunca más se les preguntó sobre este incidente hasta 2015, cuando debieron declarar en la causa que lleva el ministro Carroza.
Luis Alberto Oyarzo pasó a retiro en 1992 con el rango de suboficial y hoy vive en Punta Arenas. No pudo ser contactado para este reportaje.
El oficial de artillería Reinel Bocáz Rocha siguió una carrera ascendente por regimientos y escuelas. En los ochenta se graduó como Oficial de Estado Mayor, fue Ayudante del Estado Mayor General del Ejército, profesor de planta en la Academia de Guerra, Comandante del Regimiento de Artillería Nº 2 en Valdivia y agregado militar en El Salvador antes de pasar a retiro en 2002 con el grado de coronel.
El 31 de agosto de 2004 la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime su designación como nuevo edecán, el funcionario público a cargo de la seguridad y protocolo de la Corporación. Reemplazó al coronel en retiro Jaime Krauss Rusque, quien debió renunciar luego de ser procesado por el homicidio de siete presos políticos en Pisagua en 1974.
El presidente de la Cámara de Diputados en la época, Pablo Lorenzini, aseguró que“el cargo de edecán a partir de ahora ya no será vitalicio; será un cargo de confianza y se ejercerá por dos años, pudiendo renovarse por una sola vez con el voto favorable de los dos tercios de los diputados en ejercicio”.
Reinel Bocáz lleva 12 años en el cargo. El 30 de agosto próximo culmina su sexto periodo como edecán de la Cámara de Diputados. Tiene un ingreso mensual imponible de $6.300.075 pesos.
The Clinic Online solicitó una entrevista con Bocáz, pero señaló que no contaba con más antecedentes de los que aparecían en la causa de la Segunda Fiscalía Militar. El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, también declinó hacer comentarios, indicando que carecía de antecedentes sobre el caso.
Notas:
(1) Declaración de Leonardo Schneider Jordan en la causa Nº 9872-2006 por el secuestro y homicidio de Ricardo Pardo Tobar, 27 noviembre 2007. Schneider falleció en 2012.
*Los contenidos de este artículo forman parte de la segunda reedición actualizada del libro “Terrorismo de estadio. Prisioneros de guerra en un campo de deportes”, que será publicado en septiembre por la Editorial Latinoamericana.
*Fuente: The Clinic

El articulo Piden procesar a edecán de la Cámara de Diputados por ejecución de detenido en 1973 apareció primero en piensaChile.

Diputado Marcelo Chávez pedirá, además, acelerar catastro real y que se disuelva personalidad jurídica de la entidad. La tasación comercial de 118 de los 134 inmuebles catastrados hasta ahora, y traspasados gratuitamente durante el régimen militar, supera los 80 mil millones de pesos.

Este lunes, los diputados DC autores del proyecto que busca facilitar la recuperación de los bienes fiscales traspasados a fundaciones como Cema Chile, se reunirán con la Ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Así lo confirmó el autor de la iniciativa, diputado Marcelo Chávez, quien agregó que “las cifras preliminares que hemos conocido hasta el momento reflejan que estamos ante un escándalo de proporciones, un abuso y un menoscabo para todos los chilenos y chilenas. Más de 80 mil millones en un primera etapa, indignación nacional”.
Por lo anterior, el parlamentario señaló que esperan que «el Gobierno nos ayude con la urgencia necesaria para esta moción y, además, en la reunión del lunes insistiremos para que el gobierno pueda proceder a la disolución de la personalidad jurídica de la Fundación CEMA Chile2, porque está claro que esta fundación no ha cumplido con el objeto social con el cual, al menos, fue creada.
El diputado Chávez precisó que “en lo de Cema Chile hay una maraña de negocios inmobiliarios, y la iniciativa que ingresamos busca precisamente poder evitar fraudes como estos. El problema actual es que los estatutos de esta fundación señalan que al disolverse la misma, estos bienes pasan a propiedad de una segunda o tercera fundación, y lo que nosotros estamos proponiendo es que a través de una modificación al Código Civil y a la ley particular en materia de administración y disposición de bienes inmuebles fiscales.
De esta manera, se propone que, al disolverse esta persona jurídica, dichos inmuebles vuelvan al patrimonio del fisco, de forma de evitar lo dispuesto en los estatutos.
Asimismo, agregó que “en esta materia es muy importante avanzar y por eso nuestra solicitud de ampliación del catastro. Debo reconocer que el Ministerio de Bienes Nacionales ha sido bien activo en términos de poder conocer cuál es la situación de estos bienes inmuebles y dónde están. Hemos conocido casos que son bien extraños como lo que ha sucedido en Paine a propósito de la propiedad de la plaza, por eso queremos pedir que ese catastro se amplíe. Efectivamente, por ejemplo, el Serviu, como sabemos por información extraoficial, donó muchos bienes inmuebles en otra época a CEMA Chile. Hay que recordar que los alcaldes eran designados por la dictadura, y por tanto, en ese caso, era muy fácil que le entregaran bienes inmuebles a la fundación. Los chilenos necesitan conocer efectivamente qué ha sucedido con estos bienes inmuebles que podrían prestar un servicio a otro tipo de instituciones en el país.”
El citado proyecto fue ingresado a trámite por el diputado Marcelo Chávez, junto a los diputados Fuad Chahin, Ricardo Rincón, Aldo Cornejo, Yasna Provoste, Roberto León, René Saffirio y Patricio Vallespín.

*Fuente: Cámara de Diputados

El articulo Ministra de Justicia recibirá proyecto de diputados DC para recuperar bienes en casos como CEMA Chile apareció primero en piensaChile.

El articulo Diputados: Ley de Glaciares estaría cruzada por intereses de Minería y Energía apareció primero en piensaChile.

Estimados
piensa Chile

Profusamente se ha informado que la Intendencia Metropolitana  dio cuenta de la votación del concurso de Cerros Isla, resultando ganador el Cerro Chena de San Bernardo.

Y como siempre sucede nos hemos llenado de comentarios respecto de lo que será el cerro luego de esta importante inyección de recursos, conociéndose por ejemplo la  opinión de uno de los jurados, experto en diseño urbano, don Pablo Alard, quien dijo que el proyecto pretende «la preservación de ciertas zonas de alto valor ecológico y también cultural. Hay unos pucarás históricos ahí, de pueblos pre-hispánicos.

Todo eso y mucho más es cierto y como sanbernardino lo celebro.

Sin embargo hay una omisión que no puede pasar inadvertida y aunque se dirá que con lo que expongo me resisto a dejar el pasado en paz, puedo asegurar que si no se da cuenta a la ciudadanía de que el Cerro Chena tiene un pasado oscuro que no se ha develado en su totalidad, cualquier instalación no será todo lo justa que debe ser.

Hay que preservar lugares en los que cientos de compatriotas sufrieron. Justamente para que, así como el pucará, se conozca lo que allí se vivió.

Por años han pasado maquinas y quitado la mayoría de los vestigios de la tenebrosa casa blanca, visible desde cualquier lugar de la pista de moto cross, lugar de esparcimiento cuando el pueblo entero se volcaba a la celebración del «dieciocho chico».

Sin embargo soy uno de los que podría ayudar a reconstruir ese lugar, o al menos elaborar la maqueta del mismo, porque que está en mi mente, la de un muchacho de 17 años que supo en 1973 de la detención arbitraria y la tortura. Que conoció lugares del Cerro Chena que no pueden desaparecer.

Es el mínimo homenaje que se puede brindar a los 11 ferroviarios de la Maestranza Central, a los campesinos de Paine que aparecieron años después en Cuesta Chada.

Yo lo hago desde estas líneas pues tuve el honor, el orgullo de compartir con ellos en ese lugar de detención y hasta poco antes de su muerte dolorosa.

Le saluda atentamente,

MANUEL AHUMADA LILLO

 * * * * *   0 * * * * *

«El Cerro Chena, nuestro cerro para los sanbernardinos, no siempre estuvo asociado al terror y la muerte.

A él ibamos con Emilio, Pachicho, Rucio jorge, Chito y otros a buscar sapolio en sacos que conseguíamos en la feria, sapolio que empaquetábamos para venderlo casa por casa.

Con algunos años mas, cuando entraba la noche nos distribuiamos entre sus lomas para aprender a hacer señales de morse, aperados de una vela y un tarro de leche Nido o de Milo de ½ kilo.

Luego de correr y jugar entre las piedras la tierra y la maleza, generaciones de chiquillos y adolescentes enfriaron sus transpirados cuerpos en el tranque que está a la entrada.

Desde que García de la Huerta regaló el cerro a los militares ya nunca fue el mismo. Al principio solo asustaba ver a algún soldado haciendo guardia, era cosa de burlarlo y nos la empinábamos cerro arriba.

Después, disparaban al aire asustando a los pajaros y alejando a los muchachos intrusos, aquellos que querían recuperar el cerro para sus juegos.

Nuestra comuna, nuestro San Bernardo era la muestra más viva de la convivencia entre militares y civiles.

Contingentes de importantes instalaciones del Ejercito y la Fuerza Aerea, calificados obreros y técnicos de una de las maestranzas mas grandes de America Latina y miles de trabajadores que viajaban día a día a Santiago, compartían actividades deportivas y recreativas cada fin de semana.

Las madres no hacían distingo entre sus hijos al participar en las labores escolares. Los niños compartían los cursos y  un patio común para sus juegos.

En San Bernardo teníamos nuestra propia parada militar el 18 de Septiembre, el tambor mayor de la Escuela de Infantería encabezaba la parada al día siguiente en el Parque O’Higgins.

Toda la civilidad desfilaba, saludando las glorias del Ejercito.

Las razones de porque destruyeron todo esto los militares, se seguiran buscando por mucho tiempo mas. Yo he intentado expresar mi visión sobre lo sucedido.

Nadie sabe cuando cerraran tantas heridas que dejó el golpe militar.

Solo puedo decir que aún el Cerro Chena sigue en llamas, y que estas no las extinguen con bandos, ni resoluciones de comisiones de hombres buenos.

Se necesita toda la verdad.

Aún el viento que viene del sur recoge desde la tierra mil veces removida, los gritos de auxilio de los que perdieron la vida en ese lugar y los esparce en los atardeceres y las noches de la patria.

La justicia deberá hacerse algún día, no pierdo la confianza en ello.

En el intertanto, nadie mas podrá decir que el Ejercito fue injustamente vilipendiado.

Miles de voces los acusan. Aquí y alla los que quisieron hacer desaparecer se levantan para enrostrarles su inhumanidad.

Las victimas de la maldad son heroes que pasaron por Chena y no serán olvidados, por que su ejemplo de consecuencia va marcando a las nuevas generaciones y permanecerá vivo por siempre.

No está lejano el día en que un memorial reconozca a cada una de las victimas.

Quizas entonces nuestro Chena volverá a ser lo que fue.

Un lugar de encuentro de la población que yace a sus faldas.»

Del libro, CERRO CHENA, TESTIMONIO, UN CAMPO DE PRISIONEROS.

Nuestra Fuerza  es la Unidad, Nuestra Meta la  Victoria

CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES

Dieciocho 45 – 5o P.  A – Fono: 695 1092 – 

cgt.chile@gmail.com – www.cgt-chile.cl

*   EDUCAR – ORGANIZAR – LUCHAR  *

El articulo Cerro Chena: “Hay que preservar lugares en los que cientos de compatriotas sufrieron” apareció primero en piensaChile.