Diciembre de 1907. La pampa hervía. Mientras miles de trabajadores del salitre comenzaban a organizarse en el Norte Grande para exigir lo mínimo —salarios justos, respeto, vida digna—, en una oficina perdida del cantón Bellavista se ensayó una violencia que la narrativa oficial decidió olvidar. Se llamaba Buenaventura. Allí, un día antes de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique (21/12/1907), entre ocho y veinte obreros fueron abatidos por fuerzas del Estado. No hay actas oficiales que los nombren. Apenas sobreviven en testimonios orales y en las páginas de la prensa obrera de la época.

A comienzos de ese mes, Buenaventura era un pequeño enclave industrial perdido en la pampa, donde convivían jornaleros chilenos, peruanos y bolivianos unidos por el polvo del caliche y la precariedad. Trabajaban en la extracción, el transporte y la maestranza bajo un mismo régimen: fichas en lugar de salario, pulperías con precios abusivos y jornadas extenuantes que castigaban el cuerpo. La explotación no era una excepción: era la norma.

La noticia de la huelga iniciada en la oficina del cantón Alto San Antonio llegó como un rumor eléctrico durante la primera semana de diciembre. En Buenaventura, las cuadrillas comenzaron a reunirse, a debatir, a preguntarse si seguir soportando o sumarse a la marcha que avanzaba hacia Iquique. La administración respondió como solía hacerlo: promesas vagas, por un lado, amenazas de despido por el otro. Pero algo ya se había quebrado. La pampa estaba despierta.

El 15 de diciembre, un grupo de trabajadores decidió suspender las faenas y adherir al petitorio común: pago en dinero efectivo, balanzas justas, control de precios en las pulperías, fin de los castigos arbitrarios. La gerencia, inquieta y presionada por los productores salitreros, envió un telegrama urgente a la Intendencia. Habló de “elementos perniciosos”. Alertó sobre el peligro del desorden. La palabra huelga comenzaba a sonar como un desafío al poder.

La respuesta no tardó. En la madrugada del 20 de diciembre, un contingente militar ingresó a Buenaventura con la orden explícita de “restablecer el orden” y evitar que los pampinos del interior se unieran a la movilización que ya ocupaba la Escuela Santa María. Los soldados se apostaron frente a la maestranza y la pulpería: los espacios donde los obreros se juntaban para conversar y organizarse.

Al amanecer, los trabajadores fueron obligados a formarse. Se les ordenó volver a las faenas. Nadie gritó. Nadie se dispersó. La negativa fue colectiva y silenciosa. Según relatarían después los sobrevivientes, un obrero peruano dio un paso al frente y dijo lo que todos pensaban: “Nosotros también somos gente”. Bastó esa frase para que el aire se volviera irrespirable.

El oficial al mando ordenó cargar las armas. Primero una descarga al aire. Luego, los disparos directos. Algunos cayeron de inmediato; otros corrieron buscando refugio entre carros y montículos de ripio. La balacera duró pocos minutos. Cuando terminó, el campamento estaba cubierto de polvo, olor a pólvora y gritos de heridos.

Los soldados avanzaron entre los cuerpos. La administración ordenó retirar a los muertos sin registro alguno y enterrarlos en fosas improvisadas fuera del campamento. El parte militar enviado a Iquique habló de un “conato sofocado” y mencionó apenas “algunos heridos leves”. La violencia quedó sellada dos veces: por las balas y por el silencio.

Los sobrevivientes fueron obligados a retomar el trabajo bajo vigilancia armada. Algunos intentaron huir hacia otros centros salitreros cercanos para unirse a la huelga; varios fueron detenidos y golpeados en el camino. Otros lograron llegar a Iquique en las horas previas a la masacre del 21 de diciembre.

Las cifras nunca fueron aclaradas. Los cálculos, basados en relatos orales y prensa obrera, hablan de entre ocho y veinte trabajadores asesinados. Muchos eran peruanos y bolivianos. Jornaleros sin nombre, invisibles para los registros del Estado y de las compañías salitreras.

Buenaventura quedó eclipsada por la magnitud de la matanza de la Escuela Santa María. Pero no fue un hecho aislado. Formó parte del mismo engranaje represivo destinado a impedir que la organización obrera del interior se articulara con la ciudad. Fue violencia preventiva. Fue un cruel ultimátum.

Más de un siglo después, Buenaventura apenas aparece en los relatos oficiales. No hay monumentos ni ceremonias que la recuerden. Pero el silencio no es inocente: es una forma de continuidad. La violencia que no se nombra se repite.

Buenaventura no es sólo pasado. Es una pregunta abierta al presente: ¿qué muertes seguimos dejando fuera de la historia?, ¿a quiénes se está dispuesto a sacrificar para imponer orden?

Recordar Buenaventura no es un gesto simbólico ni un ejercicio académico: es un acto ciudadano. Es exigir que el país reconozca que antes de la Escuela Santa María ya hubo sangre obrera derramada y que esa sangre también forma parte de nuestra historia. Nombrarla hoy interpela al Estado, a la educación y a los medios. Porque una historia incompleta no es neutra, y una memoria silenciada sigue siendo una forma de injusticia.

-El autor, Iván Vera-Pinto Soto, es cientista social, pedagogo y dramaturgo

Referencias bibliográficas:

González Miranda, S. (2002). Hombres y mujeres de la pampa: Tarapacá en el ciclo del salitre. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Greve, R. (2007). La matanza de la Escuela Santa María de Iquique: Antecedentes y contexto histórico. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Pinto Vallejos, J. (2007). La matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

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El lema de “Buenaventura se respeta, carajo” nunca dejó de sonar, la unión de los artistas, cantantes, maestros, líderes sociales, pequeños empresarios, familias entre otros, fue la base para presionar de forma estratégica la postura antagónica del Gobierno Nacional frente a los intereses, necesidades y demandas reales de los bonaverenses, ahora el desafío es más grande consiste en poder canalizar esos aires, sentimientos e ideas por parte de las distintas organizaciones sociales y comunales, que de forma organizada construyeron una propuesta colectiva que demostraba las razones que traía consigo el paro que conmovió a distintos sectores nacionales e internacionales, al ver los atropellos por parte de la fuerza pública, la omisión, dilatación y en particular el sesgo que algunos medios de comunicación realizaron en los momentos más “calientes” que vivieron los habitantes del puerto.

En efecto, el Gobierno y los líderes pudieron construir una propuesta que fuera el primer paso para  ir superando las problemáticas – estructurales que padece la región, dentro de lo pactado encontramos los siguientes puntos:

• Una inversión de $ 1.5 billones por dos años.
• La creación de un patrimonio autónomo con recursos ordinarios y otros, los cuales tiene como finalidad establecer en un periodo de dos años, dar el servicio de agua las 24 horas del día.
•  El financiamiento para la construcción de una ruta o plan maestro de alcantarillado.
• La construcción del nuevo hospital, el fortalecimiento del que existe y la visión de consolidar una ciudadela hospitalaria, para garantizar un bien público como lo representa el derecho a la salud.
• La remodelación del Estadio Marino Klinger entre otras obras, que hacen parte del pliego de peticiones que tendrán cabida dentro de la financiación- estructural en  que confluyeron ambas partes.

Uno de los aspectos más importantes resulta ser la creación de un fondo especial destinado a la creación de proyectos locales, los cuales estén orientados a la defensa del territorio, la vida y la autodeterminación de las comunidades negras, un aspecto que será la base para poder contrarrestar la violencia – estructural, sistémica y el abandono estatal que vive por más de medio siglo el puerto más importante y querido del país.

En últimas, continúa el proceso de organización y reivindicación en Buenaventura, el reto más grande consiste en establecer un punto de resistencia frente a la corrupción y la masiva llegada de “políticos” que pretendan convertirse en los representantes, administradores y funcionarios que tienen la capacidad de controlar los aportes, los bienes y recursos que se obtuvieron producto de la lucha política por la defensa de la vida, el territorio y otro vivir en el puerto, la apuesta es inmensa y el camino lleno de turbulencia pero un aspecto de gran importancia que tiene la comunidad, el comité del Paro Cívico es demostrarle con hechos al Gobierno Nacional y la sociedad colombiana, que la unión, la organización, la reivindicación y la solidaridad son más fuertes que la violencia, la represión y la negación de la otra parte.

Ha sucedido en pleno siglo XXI, que un puerto de afrodescendientes, demuestra el valor de la unidad, la organización y la resistencia pacífica, pedagógica y comunitaria, la cual puede más que la lógica de la violencia, el desconocimiento político y la miopía social que utiliza cotidianamente el Estado contra los pueblos, su soberanía y su autodeterminación en los territorios, ahora si podemos cantar como lo ha entonado nuestra querida Leonor Gonzales Mina:

“Bello puerto de mar
Mi Buenaventura
Donde se aspira siempre la brisa pura
Siempre que siento penas en mi poblado
miro tu lindo cielo y quedo aliviada
Siempre que siento penas en mi poblado
miro tu lindo cielo y quedo aliviada”.

Gracias a: Tlaxcala
Fecha de publicación del artículo original: 08/06/2017
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La ineficaz acción del Gobierno Nacional por ofrecer elementos, alternativas y en el mayor de los casos soluciones a una realidad de abandono, violencia y despojo que históricamente ha presenciado Buenaventura, se convirtió en el problema más grande de las últimas administraciones que han gobernado el país por medio siglo, pensaríamos que el puerto más significativo de la nación sólo sirviera para los intereses de las transnacionales, sectores empresariales y grupos/familias tradicionales de la región

La resistencia política de los miembro del Comité del Paro Cívico, que lleva más de doce días en Buenaventura, está demostrando cuales son las estrategias, motivos y acciones que tiene el gobierno para burlar las demandas de los ciudadanos (levantarse de la mesa de negociación), y si fuera poco los mecanismos para mitigar cualquier tipo de movilización – pacífica que nazca al interior de las comunidades (el uso del ESMAD). Lo mismo que está sucediendo en Buenaventura, ha sido aplicado a los maestros, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, y cualquier sector que manifiesten o reivindiquen sus derechos políticos sobre la vida, el territorio y su propio desarrollo.

Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno Nacional es la misma de siempre: represión, militarización y violencia a través del uso legal del monopolio de la fuerza, bien lo podemos reconocer con la estrategia de criminalizar la protesta social, y recurrir a la presencia masiva de las fuerzas militares (policía, ejercito, marina) que tiene custodiado las partes estratégicas del puerto, permitiendo que continúe la entrada y salida de las mercancías. Por supuesto, las elites saben que si para la ciudad, se está paralizando el 80% de las importaciones de café el principal producto del país, y el 60% del total del comercio por vía marítima que se realiza en Colombia. Así pues, es inadmisible reconocer y aceptar que el puerto de mayor jerarquía del país tenga que vivir en condiciones de extrema pobreza, violencia, desempleo y niveles tan bajos de educación y calidad de vida.

Las fuertes movilizaciones, manifestaciones y acciones que han realizado l@s bonaverenses, han dejado a más de uno con la boca abierta, en especial a esos que pensaban que ese “tal para cívico no dudaría más de dos días, es un paro de rebuscadores” que fueron las declaraciones de la máxima autoridad de la ciudad (alcalde), una manera burda para desconocer la exigencia justa, crítica y propositiva que vienen realizado los ciudadanos a través de los representantes del comité del Paro Cívico, pero mientras unos llaman al diálogo el gobierno sigue usando la fuerza desbordada y brutal pasando por encima de los derechos humanos, la soberanía del territorio y las prácticas políticas de las comunidades.

Tal como lo manifiestan los miembros del comité, las acciones que dieron entrada al vandalismo, saqueo y desorden en la ciudad, se deben en gran parte a la estrategia del gobierno nacional orientada a desarticular, desestabilizar y crear una imagen negativa sobre la razón de ser del paro cívico. Ahora nacen las preguntas y todavía no existen respuestas concretas ¿Quién dio la orden de mandar al ESMAD (policía)?, ¿Por qué el ESMAD no se ha ido del puerto?, ¿Cuáles son los motivos para NO declarar a Buenaventura zona de emergencia social – económica entre otras? y el último, cual es el juego y los intereses (mega-proyectos) que tiene el gobierno nacional con los bonaverenses y su territorio.

En últimas, las negociaciones no prosperan en la lógica que demanda la población del puerto, por supuesto, como podría avanzar si el gobierno llega con una agenda política impuesta por los intereses de los grandes empresarios, multinacionales y grupos políticos de la región, todo lo contrario, a las necesidades reales de las comunidades, mientras no exista un reconocimiento coherente frente a las demandas/motivos justos que demanda la ciudad: salud, educación, empleo, seguridad, cultura  entre otras. Será muy complejo ver soluciones a corto y largo plazo, algo que sencillamente no merecen exigir sino que deberían existir por parte del Estado colombiano, por ello, internacionalmente manifestamos nuestro apoyo, asesoría, divulgación, reconocimiento y solidaridad con el Comité del Paro Cívico y la sociedad bonaverense, que merece una ciudad “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio”.

Gracias a: Autor
Fecha de publicación del artículo original: 29/05/2017
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Desde territorios de pueblos étnicos de la Colombia Profunda, 25 de Mayo de 2017

El gobierno nacional en cabeza del nobel de paz señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON se niega a reconocer que Buenaventura atraviesa por una emergencia económica, social y ecológica.

El pasado martes 16 de mayo a partir de las cinco (05) de la mañana los habitantes de Buenaventura dieron apertura al paro de manera indefinida bajo el lema paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio. Hoy se cumplen diez (10) días y la comunidad continúa sin recibir respuesta a sus aspiraciones que consiste inicialmente en que el gobierno declare la emergencia económica, social y ecológica para Buenaventura.

Cabe resaltar que el pasado viernes tras la insistencia de los delegados del gobierno que colocaban como única condición para continuar los diálogos, se levantaran los 11 puntos de concentración y así permitir la libare movilidad de las tractomulas y tractocamiones hacia los terminales portuarios, el gobierno nacional se levantó de la mesa y dos horas después ordenaron al escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD) que de manera violenta atentara de forma arbitraria los puntos de concentración; comenzaron por el punto ubicado a las altura de la Delfina, donde había presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas quienes de manera pacífica hacían uso del derecho constitucional a la protesta pacífica y acto seguido la violencia se trasladó al punto ubicado en el puente del Piñal provocando a la comunidad agrediéndolas con gases lacrimógenos.

Estos hechos desencadenaron un caos total en la ciudad que termino con lesiones personales a algunos manifestantes, saqueos a almacenes de cadena, establecimientos públicos, daños a infraestructuras públicas y la muerte de un menor de edad y un manifestante bajo la omisión y complicidad de las autoridades institucionales que se vieron inmersas en los siguientes sucesos:

A menos de 10 minutos de los lugares saqueados se encuentra la Armada Nacional la Policía, el Ejército, la Sijin, el Gaula, el CTI, etc., esto solo para demostrar que toda la presencia militar del establecimiento se encuentra cercana a estos sectores y no se explica cómo no hubo intervención preventiva de estos actores para evitar la violencia, en el entendido que dichas acciones duraron aproximadamente siete (07) horas. Lo que comprobamos es que “para atropellar al pueblo ahí si aparecen de la nada como arte de magia “ Aquí lo que queda claro es que la intención era provocar, llamar la atención y desviar el objeto del paro cívico, pero no lo lograron ni lo lograran, porque los Bonaverenses están convencidos y convencidas que el cambio por la vida digna es ahora o nunca.

No se explica como en el primer puerto sobre el pacifico del país por donde circula el 60% de los productos de exportación e importación, sus gentes, especialmente el pueblo negro se muera a la puerta de un hospital; que con más de ocho cuencas hídricas hayan familias que duren entre 5 y 6 días para tener agua potable, que el índice de desempleo sea tan alto y la violencia juvenil ante la falta de oportunidades sea constante. Según explica un informes presentado por el Banco de la República, el aporte de Buenaventura como zona aduanera está por encima de $4,2 billones a la nación, más que Cartagena, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. Así nuestra realidad muestra que somos el primer puerto aportante en tributos al Estado colombiano, mientras Buenaventura solo recibe el 3% o 4 % de todos esos recursos.

Este histórico abandono del Estado Colombiano con el Pacífico Colombiano va en contra del escenario de construcción de Paz que abre la esperanza del fin de conflicto social y armado en Colombia. Como CENPAZ en el trabajo de verificación, seguimiento e impulso a la implementación de lo acordado en la Habana consideramos fundamental que las élites gobernantes en Colombia den ejemplo real para superar las históricas condiciones que justifican la guerra en este amado territorio Colombiano. No renunciamos a nuestro derecho a la paz y a la vida digna y protección de nuestros territorios, por eso ejercemos seguiremos en movilización y entregado propuestas de justicia social desde el Chocó y Buenaventura como afrocolombianos mientras caminamos con esperanza al son de las movilizaciones indígenas que arribaron a Cali.

Por estas y otras tantas razones: declaración de la emergencia económica, social y ecológica en Buenaventura… ¡YA!

Vida digna, protección de la biodiversidad y justicia social para el Chocó y el pacífico… ¡YA!

En defensa del Buen Vivir en los territorios

Gracias a: CONPI
Fuente: http://www.conpicolombia.org/2017/05/comunicado-la-opinion-publica-nacional.html
Fecha de publicación del artículo original: 25/05/2017
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El articulo Comunicado a la opinion pública nacional e internacional sobre el paro cívico en Buenaventura apareció primero en piensaChile.

La entrada en Wikipedia dice que, oficialmente, a la ciudad de Buenaventura (Colombia) se le denomina “Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura”. “Aparte de esto –continúa la entrada- es el municipio más grande en toda la región del pacífico y de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca”.

Entre esta descripción y el nombre uno pensaría que se trata de un lugar paradisíaco localizado a las orillas del pacífico colombiano. Y de alguna manera lo es. Solo que los paramilitares, narcotraficantes, políticos, autoridades y poderosos empresarios de la zona, se han empeñado en convertirlo en un verdadero infierno.

Buenaventura hoy es noticia porque su población encabeza un paro contra el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de una acción que ya habían practicado antes exigiendo seguridad. En este caso, sin embargo, la demanda pasa porque se decrete una emergencia económica, dados los altos índices de desempleo y pobreza de la zona. Pero la respuesta del gobierno fue un toque de queda para reprimir la protesta. Lo que contrasta abiertamente dicho sea de paso con sus “preocupaciones” en torno a la supuesta violación a los derechos humanos y la libre protesta en Venezuela, siendo el caso que el gobierno venezolano – enfrentando una situación de terrorismo callejero oposicionista-  no ha recurrido todavía a tal extremo.

Ahora, este evento excepcional que más allá del colaboracionismo de los grandes medios con el gobierno de Santos atrajo la atención de la opinión pública mundial, no se entiende si no se le analiza sobre el contexto de un drama cotidiano generalmente ignorado por dicha opinión pública. Y cuando decimos drama no estamos exagerando y más bien puede que nos quedemos cortos, en la medida en que no existen calificativos que sirvan para describir a plenitud lo que ocurre en Buenaventura.

Y es que Buenaventura como decíamos, hoy día es víctima del ensañamiento de los señores del dinero y de las armas. Y no estamos hablando solo de los paramilitares y narcotraficantes, sino también y sobre todo de los señores ligados a la política y el poder económico formal. De hecho, esto es lo primero que hay que aclarar. Ya que contrario a lo que reza la matriz de medios como la revista SEMANA (ligada a la familia Santos y al uribismo), el terror no llegó a Buenaventura de mano de los paramilitares de la generación de los hermanos Castaños. El terror llegó antes: de la mano del propio gobierno nacional, las autoridades locales y los empresarios.

El drama de Buenaventura comenzó en los años 90. Hasta entonces, la ciudad  había sido como siempre una zona pobre del pacífico colombiano, cuya buena parte de sus habitantes –afrodescendientes en su gran mayoría- vivían de la pesca. La gran actividad económica de la zona la representaba sin embargo el puerto, cuya administración en manos del Estado llegó a su fin en los tiempos en que Cesar Gaviria, en su condición de presidente de Colombia, nombró a Juan Manuel Santos ministro de comercio exterior.

Con la privatización del puerto impulsada por Santos llegaron las promesas de desarrollo. Pero los únicos que se desarrollaron fueron los bolsillos de las doce familias que manejan el negocio portuario tanto en lo que tiene de legal como de ilegal. Entre estos destacan los nombres de Luis Parody, papá de Gina Parody, política ligada al uribismo y ex ministra de Santos, así como también y sobre todo el de Oscar Isaza, amo y señor de Buenaventura, tanto en los negocios portuarios propiamente como los urbanísticos y hoteleros.

Con la privatización del puerto, el narcotráfico, que ya tenía presencia en la zona, creció exponencialmente y tomó el protagonismo. Y fue por esta razón según se dice que llegaron las guerrillas. Pero luego, atendiendo al llamado de los comerciantes y empresarios de la zona –según reza en distintos testimonios- llegaron más atrás los paramilitares. Y con los ellos las torturas, los secuestros, los desaparecidos, descuartizamientos y desplazamientos.

Todos los expertos plantean que la estrategia de terror paramilitar tenía y tiene un doble propósito: debilitar la base social de la guerrilla y hacerse con el control de las rutas del narcotráfico. Y ambas cosas sin duda son ciertas. Lo que no es cierto es que esos sean los únicos propósitos. También existe el de desplazar a la población de estas zonas costeras para avanzar en desarrollos urbanísticos y turísticos, cosa que actualmente obstaculizan las poblaciones que tienen décadas asentadas en las mismas. Por otra parte, es un mecanismo utilizado para garantizar el pago por extorsión y secuestros. Y no menos importante: un dispositivo de control mediante violencia salvaje que se ejerce contra líderes sociales, sindicales, comunitarios, defensores de derechos humanos, y en general, todo aquel que ponga en entredicho el poder de los amos y señores de la zona.

Así las cosas, Buenaventura no solo es un municipio que genera 2 billones de pesos en impuestos, y que mantiene en la pobreza a más del 64% de sus habitantes, en la miseria al 18% y en el desempleo al 60%, como lo denunció la ex senadora Piedad Córdoba. Es también el lugar de las tristemente célebres “casa de piques”, sitios a donde son llevadas personas para ser descuartizadas vivas por causas como cruzar la frontera invisible de alguno de los grupos en conflicto o ganarse la enemistad de algún poderoso[1]. Pero adicionalmente, es un lugar donde la población –sobre todo la más pobre- está atrapada entre el terrorismo paramilitar y la ambición de una clase política y económica en extremo corrupta, que pese a todas las promesas no está interesada en mejorar la situación de estos habitantes, pues en el fondo desean que se vayan para disponer de las tierras e instalar hoteles y otras logísticas asociadas a negocios de enclave tanto legales como ilegales.

En fin, hoy Buenaventura es noticia porque la gente en su desesperación cortó el flujo de los negocios millonarios que no solo no los benefician, sino que los perjudican. Por eso y no por otra razón el gobierno de Santos actuó con desafuero. Pero esta ciudad debería ser noticia exactamente por aquello que entre poco y nada sale en los medios hegemónicos: por el despotismo de una plutocracia que la convirtió de un paraíso natural en un infierno criminal.

 Nota

[1]Historia de una ‘casa de pique’

►Leáse también Uno, dos, cien Buenaventuras por toda Colombia…Un retrato de los vándalos en el poder

Gracias a: CELAG
Fuente: http://www.celag.org/buenaventura-que-pasa-cuando-no-pasa-nada/
Fecha de publicación del artículo original: 24/05/2017
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