La clínica achacó su muerte a condiciones preexistentes e incluso mintió al decir que los familiares no querían que se le hiciera una autopsia. La familia tomó medidas a su cargo. Ahora es seguro: después de todo, la culpa la tuvo la vacunación, y probablemente no sea un caso aislado.

La gestión de la muerte súbita de Burkhard Rosin, de 76 años, tras su tercera vacuna Corona, por parte del mayor hospital universitario de Alemania, pone en evidencia una práctica alemana escandalosa en el tratamiento de las sospechas de lesiones y muertes por vacunación. Primero negaron la sospecha y luego, aparentemente, trataron de impedir una investigación con una mentira. Al final, los familiares tuvieron que financiar ellos mismos la autopsia. Y cuando se confirmó la existencia de una conexión, el Hospital Municipal de Dresde (sede de Friedrichstadt) prohibió a su médico forense conceder una entrevista a la prensa.

Negativa a investigar la causa
Punto por punto: Rosin sufrió un repentino colapso a principios de este año, exactamente diez días después de su refuerzo (booster) con el preparado de ARNm de las empresas BioNTech y Pfizer. Fue reanimado varias veces en la ambulancia. Pero murió unos días después en el hospital Charité de Berlín [1].

En su informe, el hospital universitario mencionó la supuesta causa de la muerte: la enfermedad de Parkinson de Rosin en relación con una neumonía y una sepsis resultante, es decir, una intoxicación sanguínea. La Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) informó [2] recientemente de ello con el título «Daños cerebrales tras la vacunación: cómo las familias en duelo luchan por el esclarecimiento«.

El informe revela aún más: los médicos de la Charité rechazaron con vehemencia la referencia de su esposa e hija a una posible relación con la vacunación. La hija dijo a la emisora de radio que no querían oír la palabra «vacunación». En cuanto se mencionó, los médicos subrayaron que no podía ser. La viuda añadió: «Eso es un tabú». Cuando las dos leyeron por fin la carta del hospital, se quedaron sorprendidas.

La Charité alegó que la familia no quería que se realizara la autopsia del fallecido. Una mentira descarada: la clínica no les había preguntado en absoluto. ¿Era ésta la forma en que la Charité intentaba impedir un examen? Si es así, ¿cuántos casos fueron similares?

Tenía spikes (proteína de espiga) en los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos y el cerebro
La Charité se justificó ante la MDR diciendo que los familiares sólo habían pedido la autopsia cuando el cuerpo ya había sido entregado a la funeraria. Si el hospital universitario había transmitido la petición a la funeraria era algo que ya no podían entender. La madre y la hija tomaron entonces cartas en el asunto e hicieron que el fallecido fuera trasladado al Instituto de Patología del Hospital Municipal de Dresde y examinado a cuenta de la familia. Allí, el médico jefe Michael Mörz hizo un descubrimiento impactante.

Según los resultados, la neumonía no era la única enfermedad aguda del fallecido. Según Mörz, también se produjo una inflamación del cerebro, los vasos sanguíneos y el corazón, es decir, una miocarditis, que se sabe que es un efecto secundario grave tras una inyección de ARNm.

Y además: En todos los órganos inflamados, el patólogo había detectado la proteína de espiga producida por el ARNm en las células del cuerpo. Esto contradice la afirmación de los fabricantes y la de las autoridades que conceden las licencias de que los preparados deben permanecer en el músculo de la parte superior del brazo, es decir, en el lugar de la vacunación. Mörz pudo descartar una infección por el coronavirus. Este caso no fue el único de este tipo, dijo el patólogo. Había hecho el mismo descubrimiento en otros 20 casos de muerte tras la vacunación.

Los patólogos exigen más autopsias
El caso de Rosin llegó a conocimiento del MDR porque Mörz lo había publicado como un estudio en el que documentaba su procedimiento de forma detallada. Mientras tanto, el documento ha sido revisado por pares para su publicación. La cadena pública de radio y tv (MDR) solicitó en repetidas ocasiones al hospital de Dresde una entrevista con el médico jefe que ejercía allí, pero fue en vano: primero la institución justificó su negativa señalando que el estudio aún no había sido revisado por pares. Posteriormente, explicó que la comunicación pública «más allá del discurso científico no tiene sentido». Además, la dirección de la clínica dijo que no quería participar en debates políticos.

Eso da una visión profunda. Al parecer, el hospital temía por su reputación debido a la investigación sobre los daños causados por las vacunas. Probablemente no quería ser puesto en la picota mediática y política. Sin embargo, debería ser un deber político y médico examinar escrupulosamente e informar sobre los efectos de las drogas de uso masivo. Pero es evidente que esto no se desea.

Mörz no es el único patólogo que insiste en que las personas que mueren en relación con una vacuna Corona deben ser examinadas siempre por la medicina forense. Hace más de un año, el patólogo de Heidelberg Peter Schirmacher ya insistió en ello. Ha realizado exámenes post-mortem a 40 personas fallecidas y ha descubierto que la vacunación es la causa probable en un tercio de ellas. Johannes Friemann, patólogo de Münster, exigió lo mismo en una entrevista con MDR. Ya se ha ocupado de la investigación de las muertes de Corona.

Chapuza e irresponsabilidad
La solicitud de la emisora cayó en saco roto, en la política y en sus establecimientos científicos. El Ministerio Federal de Sanidad (BMG) había remitido el MDR al Instituto Paul Ehrlich (PEI), que depende de él (del BMG). Allí, a su vez, se dijo que el caso había sido incluido en las estadísticas. Sin embargo, no se reconocieron señales de riesgo con referencia a las enfermedades del fallecido.

Para ello, hay que saber cómo busca el PEI las señales de riesgo en las vacunas Corona. RT DE ya informó de ello en octubre: El Instituto Federal compara el número de muertes sospechosas notificadas en relación temporal con la vacunación, con todas las muertes previstas en la población. Por lo tanto, está aplicando el reconocido método estadístico del análisis «Observado versus Esperado» (OvE) de forma totalmente errónea.

Para determinar si el número de personas que realmente murieron después de la vacunación supera el número de muertes esperadas, tendría que incluir a todos los que murieron, independientemente de cualquier sospecha. Pero esto es exactamente lo que no hace. En cambio, el IPE compara los casos incompletos notificados con un total estadísticamente esperado en todas las causas de muerte. En su propia página web, bajo el epígrafe «Seguridad y eficacia«, describe este uso no científico de este método.

Según el último informe de seguridad del IPE, que no se actualiza desde principios de septiembre y que contiene informes hasta el 30 de junio de 2022, la autoridad solo habría dado la voz de alarma si para entonces se hubieran registrado unas 200.000 muertes por vacunación. Lo mismo ocurre con todos los demás casos sospechosos, como la inflamación del músculo cardíaco. De este modo, las señales de riesgo quedan prácticamente descartadas y, a lo sumo, pueden esperarse en el caso de enfermedades extremadamente raras, como las trombosis venosas cerebrales de AstraZeneca.

¿Encubrimiento organizado?
También surge la pregunta: ¿Cómo pretende el IPE controlar la seguridad si muchos casos no se toman en serio ni se registran e investigan? Porque eso es exactamente lo que sugiere el caso Rosin. Los innumerables informes de personas sospechosas de haber sido vacunadas también lo sugieren.

Toda la práctica política e institucional muestra el poco celo que hay en la investigación de los efectos secundarios de estas vacunas de nuevo tipo. La información pública sobre la vacunación suele parecerse a un aviso publicitario de los preparados: se minimizan los efectos secundarios y se infla la eficacia. Informes como este de MDR siguen siendo una rara excepción.

Más aún: durante casi un año, el PEI ha ocultado al público y a la prensa el número de casos sospechosos notificados de efectos secundarios graves y mortales en niños y adolescentes. El proceso completo también se desprende de manera impresionante de esta solicitud de la autora en virtud de la Ley de Libertad de Información (IFG). El BMG, que está facultado para impartir directrices al PEI, tampoco muestra mucho interés en aclararlo.

Teniendo en cuenta que a 30 de septiembre de 2021 el IPE ya había recibido la notificación de cinco muertes en este grupo de edad -es decir, sólo un mes y medio después de la recomendación de vacunación de la Comisión Permanente de Vacunación (STIKO) del Instituto Robert Koch (RKI) para jóvenes de 12 a 17 años- y considerando el resto de la práctica hasta el caso autopsiado por Mörz, una sospecha es evidente: no quieren investigar los daños de la vacunación. Al parecer, no se desean pruebas, con consecuencias aún desconocidas para muchos.

El informe de la MDR debería sacudir y despertar a la política, las autoridades y la opinión pública. Como medio de servicio público, no se le puede acusar ni de «negacionista» del Corona ni se le puede tachar de «canal Schwurbel». Sin embargo, hasta el momento no ha habido tal respuesta.

-Traducido para piensaChile, del alemán al castellano por Martin Fischer

*Fuente: RT.DE

Notas del traductor:

1. Charité es un hospital público universitario alemán que se cuenta entre los más grandes de Europa. Llamado Charité – Universitätsmedizin de Berlín, forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Berlín y la Universidad Humboldt de Berlín. Cinco premios Nobel de Medicina se formaron en él.

2. Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) es la corporación estatal de radiodifusión del estado de Sajonia-Anhalt y de los estados libres de Sajonia y Turingia (radio, televisión y telemedia).

3. El término «Schwurbler» no se puede traducir, pues desde hace poco se utiliza indistintamente para describir a los teóricos de la conspiración, a los que «piensan atravesados» (a los que piensan diferente a las autoridades) y, a menudo, también se lo utiliza para calificar a los que problematizan las condenas generalizadas de los no vacunados.

El articulo Negar, mentir, encubrir: Un informe revela las prácticas alemanas para hacer frente a los daños causados por las vacunas apareció primero en piensaChile.

Un juez federal de Texas ordenó el jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que hiciera públicos los datos en los que se basó para aprobar la vacuna COVID-19 de Pfizer. Así lo informó el viernes la agencia de noticias Reuters. Se espera que el calendario del tribunal para la divulgación de datos dé lugar a la publicación de toda la información en un plazo de unos ocho meses.

La publicación llega así 75 años y cuatro meses antes de lo que la FDA dijo que debía responder a la petición de un grupo de médicos y científicos. Se calcula que han solicitado unas 450.000 páginas de material sobre la vacuna.

«El tribunal concluye que esta solicitud de la FOIA es de importancia pública primordial», dictaminó el juez de distrito estadounidense Mark Pittman en Fort Worth, Texas. La FOIA (Freedom of Information Act) es la base jurídica que rige la divulgación de datos por parte de los organismos federales y la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. Otras tareas menos importantes tendrán que pasar a un segundo plano y la agencia tendrá que organizar su trabajo de forma que cumpla los requisitos de la Ley de Libertad de Información:

«No hay asunto más importante en la Administración de Alimentos y Medicamentos en este momento… que la pandemia, la vacuna de Pfizer, la vacunación de todos los americanos. La agencia tiene la responsabilidad de garantizar que el público estadounidense esté satisfecho de que la aprobación en nombre de los Estados Unidos no fue precipitada».

En la demanda, la FDA, la agencia responsable de aprobar los medicamentos y las vacunas en Estados Unidos, no negó que tenía la obligación fundamental de publicar la información en la que se basó la aprobación de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, su oficina de la FOIA, con poco personal, sólo tiene capacidad para revisar y publicar 500 páginas al mes.

En su auto de cuatro páginas, el tribunal rechazó terminantemente el calendario propuesto por la autoridad. En lugar de publicar 500 páginas al mes, como proponía la agencia, ordenó que se entregaran 55.000 páginas al mes a los solicitantes. Esto significa que todos los datos de las vacunas de Pfizer deben publicarse antes del final del verano. La fecha límite es, por tanto, el final del verano de 2022 y no el de 2097, como preveía la autoridad.

En Alemania y en Europa también hay una disputa sobre la transparencia de los procedimientos de aprobación de las vacunas actualmente aprobadas. Por ejemplo, la Comisión de la UE sigue negándose a proporcionar al público información adecuada sobre las negociaciones llevadas a cabo por WhatsApp entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el director general de Pfizer. En cuanto a las peticiones de hacer público el curso de las negociaciones, la Comisión declaró que no estaba en posesión de la correspondencia. Los SMS y otros mensajes cortos son «por naturaleza de corta duración y en principio no contienen información importante sobre las políticas, actividades o decisiones de la Comisión».

La pregunta de si los mensajes de von der Leyen a Bourla han sido borrados, si siguen existiendo sin archivar o si la Comisión no tiene conocimiento de ellos, no fue respondida por un portavoz. Sin embargo, confirmó que los mensajes cortos aún no están registrados en el sistema Ares (el programa de archivo interno de la UE). En cualquier caso, actualmente «no hay posibilidades técnicas de registrar mensajes cortos». RT informó al respecto. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en la Unión Europea no se ha avanzado hasta ahora en la transparencia de los procedimientos de aprobación y adquisición de las vacunas Corona.

*Fuente: DE.RT

«Importancia primordial»: El juez ordena a la FDA que acelere la publicación de los documentos de la vacuna de Pfizer

Jenna Greene

7 de enero – Un punto para la transparencia.

Un juez federal de Texas ordenó el jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que hiciera públicos los datos en los que se basó para conceder la licencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer, imponiendo un calendario drásticamente acelerado que debería dar lugar a la publicación de toda la información en un plazo de unos ocho meses.

Hace unas semanas la FDA había informado que necesita 76 años para procesar la información de Pfizer antes de entregarla.

Eso es aproximadamente 75 años y cuatro meses más rápido de lo que la FDA dijo que podría tardar en completar una solicitud de la Ley de Libertad de Información por un grupo de médicos y científicos que buscan recibir un estimado de 450.000 páginas de material sobre la vacuna.

El tribunal «concluye que esta solicitud de la FOIA es de suma importancia para el público«, escribió el juez de distrito de Estados Unidos Mark Pittman en Fort Worth, quien fue nombrado para el cargo por el ex presidente Donald Trump en 2019.

La FDA no negó que tuviera la obligación de hacer pública la información, pero argumentó que su oficina de la FOIA, que cuenta con poco personal, sólo tenía capacidad para revisar y publicar 500 páginas al mes.

Aunque Pittman reconoció «los desafíos ‘indebidamente onerosos’ que esta solicitud de la FOIA puede presentar a la FDA«, en su orden de cuatro páginas, rechazó rotundamente el calendario sugerido por la agencia.

En lugar de producir 500 páginas al mes -el plazo propuesto por la FDA- ordenó a la agencia que entregara 55.000 al mes. Eso significa que todos los datos de las vacunas de Pfizer deberían ser públicos a finales de este verano y no, por ejemplo, en el año 2097.

Aunque la FDA no lo vea así, creo que Pittman hizo un gran favor a la agencia -y al país- al acelerar la producción de documentos.

He estado haciendo una crónica de esta lucha desde noviembre y he tenido noticias de lectores que decían que les parecía que había algo sospechoso, incluso nefasto, en el calendario propuesto por la FDA. Hacer pública la información lo antes posible puede ayudar a calmar las preocupaciones de los escépticos de las vacunas y convencerlos de que el producto es seguro.

Pittman en su orden también hizo un guiño a esto, incluyendo una cita del difunto senador John McCain, quien dijo que el excesivo secreto administrativo «alimenta las teorías de la conspiración y reduce la confianza del público en el gobierno».

Aun así, es probable que la FDA se vea en apuros para procesar 55.000 páginas al mes.

La oficina que revisa las solicitudes de la FOIA tiene sólo 10 empleados, según una declaración presentada ante el tribunal por Suzann Burk, que dirige la División de Gestión de Divulgación y Supervisión de la FDA. Burk dijo que un trabajador tarda ocho minutos por página «en realizar una cuidadosa revisión línea por línea y palabra por palabra de todos los registros que responden antes de presentarlos en respuesta a una solicitud de la FOIA«.

A ese ritmo, los 10 empleados tendrían que trabajar sin parar 24 horas al día, siete días a la semana, para producir las 55.000 páginas mensuales (y aún así se quedarían un poco cortos).

Pero, como señalaron los abogados de los demandantes Public Health and Medical Professionals for Transparency en los documentos judiciales, la FDA tenía en 2020 18.062 empleados. Seguramente algunos pueden ser enviados a echar una mano en la oficina de la FOIA.

Aaron Siri, de Siri & Glimstad, que representa a los demandantes, dijo en un correo electrónico que la decisión «se decantó por la transparencia y la responsabilidad«.

Sus clientes -un grupo que incluye a más de 200 médicos, científicos, profesores y profesionales de la salud pública, entre los que se encuentran algunos que han cuestionado públicamente la eficacia de las políticas de lockdown, la obligación de usar mascarilla y la propia vacuna- se han comprometido a publicar en su sitio web toda la información que reciban de la FDA.

El Departamento de Justicia, que representó a la FDA en el litigio, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves por la noche. Pfizer, que no es parte en la demanda, tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En su orden, Pittman dejó claro que la solicitud de la FOIA, aunque sea onerosa, tiene que ser una prioridad para la FDA.

Citando las observaciones realizadas durante la audiencia celebrada ante él el 14 de diciembre, escribió que «puede que no haya un ‘asunto más importante en la Administración de Alimentos y Medicamentos… que la pandemia, la vacuna de Pfizer, conseguir que todos los estadounidenses se vacunen'», y aseguró que la vacuna no era «‘precipitada’ en nombre de los Estados Unidos».

*Fuente: Reuter

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