Tres años después del asesinato de Berta Cáceres, la lucha por justicia para ella y para terminar la dictadura hondureña, apoyada por los EEUU y Canadá, continúa. En honor a Berta, y con el compromiso de apoyar la lucha continua, la Red de Solidaridad con Honduras le invita a unirse al seminario virtual Luchando por el Camino de Berta. Escuche a Bertita Zúñiga Cáceres, secretaria General de COPINH e la hija de Berta, sobre el estado de la lucha para llevar a la justicia a los niveles más altos de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y para cerrar permanentemente el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el cual Berta y COPINH lucharon en la comunidad de Río Blanco. Desde el 2 de marzo de 2016, Berta ha seguido multiplicándose a medida en que personas de todo el mundo emprenden la lucha por la justicia y la liberación en Honduras y para ganar un mundo mejor.

En mayo de 2017, Bertita fue elegida secretaria general de COPINH, la organización indígena Lenca cofundada y dirigida por Berta Cáceres. Poco después de convertirse en coordinadora general, Bertita sobrevivió a un atentado contra su vida. Siguiendo los pasos de Berta Cáceres, Bertita ha continuado exigiendo justicia para Berta, ha mantenido la lucha contra los proyectos de muerte que amenazan las vidas de las comunidades indígenas, afro-hondureñas y campesinas en Honduras, y construye el poder popular para garantizar la justicia social y ambiental.

Participa en el Seminario Virtual “Luchando por el Camino de Berta” este lunes 04 de marzo de 2019.

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Mas Información en www.soaw.org y www.soawlatina.org

Más sobre el tema:

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La Fiscalía de Honduras presentó evidencia que imputa a un exejecutivo de una compañía energética como el autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, quien en marzo de 2016 fue asesinada a disparos en su casa. En ese momento Cáceres lideraba una campaña contra una importante represa hidroeléctrica que se estaba construyendo en tierra indígena.

Al momento de su muerte, la compañía encargada de construir la represa era dirigida por Roberto David Castillo Mejía, un exoficial de inteligencia militar.

Los fiscales afirman que Mejía proporcionó apoyo logístico y recursos a al menos uno de los siete hombres que fueron condenados en noviembre por perpetrar el asesinato de Cáceres.

*Fuente: Democracy Now

El articulo Fiscales de Honduras acusan como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres a ejecutivo de compañía energética apareció primero en piensaChile.

En las próximas semanas, personas de todo el mundo responderán al llamado de COPINH y se unirán a las protestas, escribiendo cartas a sus autoridades políticas demandando justicia para Berta Cáceres. Al mismo tiempo, realizaran acciones significativas para asegurar que la lucha de Berta continúa a través de todos nosotros.

Juntos, honraremos la vida y el legado de Berta y pidamos el fin del apoyo de Estados Unidos al régimen hondureño. ¡Te animamos a unirte al Día de Acción Global en Memoria de Berta este 2 de marzo y durante el mes de marzo a organizar o participar en un evento en tu ciudad en tu  país!

A pesar de las demandas de COPINH, de los movimientos sociales hondureños y de organizaciones de todo el mundo, para una investigación exhaustiva y transparente sobre el negocio y las estructuras estatales que ordenaron el asesinato de Berta, el régimen de Juan Orlando Hernández busca limitar la investigación y sólo arrestó a los autores inmediatos del asesinato de Berta.

Es importante señalar que dos de los acusados son ex soldados hondureños entrenados por los Estados Unidos en el Fuerte Benning, Georgia, en la sede de la Escuela de las Américas (SOA / WHINSEC).

Las mismas estructuras que tienen responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres son responsables de la violencia postelectoral en Honduras, que ha dejado al menos 38 personas muertas, numerosos presos políticos y cientos de heridos, criminalizados y desplazados por temor a las represalias.

El ejército y la policía hondureña, entrenada por los Estados Unidos, están detrás de la represión de aquellos que rechazan las elecciones fraudulentas impuesta por Juan Orlando Hernández para mantener su régimen.

A continuación hay una lista de posibles fechas e ideas para acciones que puedes coordinar en tu ciudad.

Esperamos escuchar sus ideas y eventos que pueda estar planeando. Envíenos un correo electrónico para contarnos sobre su evento. También puede enviar un saludo de solidaridad a: copinh@copinh.org

Varias organizaciones ya están planificando acciones. Publicaremos información actualizada en nuestro sitio web y redes sociales.

02 de marzo: Día de Acción Global en Memoria de Berta. Organice una acción o una vigilia para Berta como para honrar la memoria de muchos otros que han perdido la vida hablando en nombre de la justicia. También por la libertad de Edwin Espinal y de todos los presos políticos hondureños.

04 de marzo: Cumpleaños de Berta Cáceres. Honre el legado de Berta como líder de un movimiento social ecologista, antirracista y feminista.

08 de marzo: En el Día Internacional de la Mujer: Organice una acción para honrar a Berta y su legado.

27 de marzo: Aniversario de COPINH. Organice una protesta contra la ayuda militar estadounidense a Honduras.

Está disponible aquí el documental “¡Berta No Murió, Se Multiplicó!”, de 30 Minutos, producido por Sam Vinal, el que puede ser proyectado en su ciudad en las  fechas sugeridas.
Debemos continuar luchando por justicia para Berta Cáceres y el pueblo de Honduras en nuestras propias comunidades y calles. Juntos podemos poner fin a la violenta intervención política, económica y militar de Estados Unidos en Honduras que amenaza a quienes defienden la vida, la tierra y la autonomía de sus comunidades.

Para Berta y para los miles de lideresas y líderes comunitarios asesinados en Honduras y en todo el mundo, exigimos justicia.

¡Berta vive! ¡COPINH sigue!
SOA Watch

El articulo Berta no murió, ella se multiplicó: a 2 años del asesinato de Berta Cáceres apareció primero en piensaChile.

TEGUCIGALPA
05/12/2017 11:35 Actualizado: 05/12/2017 11:35

A pesar de encontrarse bajo toque de queda y de llevar más de una semana sin presidente después de que se celebrasen las elecciones, Honduras no está en el centro de atención informativa internacional. Nunca lo ha estado. Sin embargo, el país centroamericano, conocido sobre todo por estar a la cabeza en índices de homicidios, vive una situación dramática. Aquí, algunas claves para quienes Honduras solo les suena por el ‘lipsus linguae’ de Federico Trillo ante las tropas de El Salvador en 2009. Con perdón del chascarrillo, lo que ocurre en el país centroamericano no es ninguna broma.

1. Quién es quién entre los candidatos

Las elecciones, que tuvieron lugar el 26 de noviembre, fue una batalla entre dos. Por un lado, Juan Orlando Hernández (popularmente conocido como JOH), del derechista Partido Nacional y actual presidente. Según la Constitución hondureña, la reelección no está permitida. Sin embargo, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de 2015 avaló la candidatura. Aliado de EEUU y partidario de la ‘mano dura’ contra la violencia, su hermano ha sido vinculado al narcotráfico. Desde que llegó al poder ha copado los diversos estamentos del Estado hasta controlarlos casi por completo.

Por otro lado, Salvador Nasralla, un outsider que ha sido empresario y comentarista deportivo, que fundó su propia formación en 2003, el Partido Contra la Corrupción (PaC) del que fue expulsado y que ha terminado como candidato de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura. Esta coalición la forman Libre, el partido del depuesto en 2009 José Manuel Zelaya y el Partido Innovación y Unidad (PINU). Su campaña se ha centrado en denunciar la corrupción, alertar de las ilegalidades de su oponente y prometer una asamblea constituyente en la senda del proyecto de Zelaya abortado por los militares hace ocho años. El tercer aspirante con más apoyo fue Luis Zelaya, del Partido Liberal, una formación que se ha alternado en el poder durante el último siglo con el Partido Nacional pero que tras el golpe de 2009 ha quedado muy debilitada.

2. ¿Por qué no hay presidente?

Las urnas se cerraron entre las 17:00 y las 18:00 horas del domingo 26 de noviembre. A pesar de ello, no se ha proclamado un presidente. El problema fundamental es que nadie, salvo el oficialismo, se cree los resultados que ofrece el Tribunal Supremo Electoral.

Por un lado, está la parcialidad de sus miembros. De cuatro integrantes en el órgano rector electoral, tres tienen derecho a voz y voto y uno, solo a participar en las deliberaciones. El presidente es David Matamoros, del Partido Nacional. Con él forman la terna Erick Rodríguez, del Partido Liberal y Saúl Bonilla, del Demócrata Cristiano. A ellos se suma Marco Ramiro Lobo, del partido Unificación Democrática. La principal formación opositora, la Alianza, no cuenta con ningún representante.

Por otro lado, están las fallas del sistema, cuanto menos sospechosas. Durante la última semana de campaña, era habitual escuchar a partidarios de la oposición vaticinar que el sistema se caería en caso de que su candidato fuese por delante y que, tras el apagón del sistema, el resultado se habría volteado. Así ha ocurrido. Desde el lunes, cuando el TSE anunció que Nasralla sacaba casi cinco puntos a Hernández, el sistema se ha caído al menos en tres ocasiones, el lunes, el miércoles y el jueves. Fue entonces cuando la tendencia se modificó y JOH superó a su rival.

El proceso de cómputo de votos es el siguiente. En cada mesa se registra un acta. Esta se firma, cotejada por miembros de todos los partidos, y se centraliza a un sistema informático, que controla el TSE. Es ahí donde la oposición denuncia el fraude. Las dudas sobre el sistema provocaron que los partidos realizasen su propio conteo. Nasralla asegura que, según sus datos, él ha ganado las elecciones, mientras que las cifras ofrecidas por el TSE dan la victoria a Hernández.

La alternativa que plantea la oposición para reconocer los resultados es comparar las 5.300 actas que no fueron transmitidas antes del primer fallo del sistema con el conteo realizado por sus militantes. En su opinión, ahí se encontrarán actas cuyos números han sido alterados. El TSE, por el momento, solo ha aceptado comprobar voto por voto cerca de un millar de actas. Un proceso que se realizó durante el fin de semana.

El TSE ha asegurado que no anunciará un ganador hasta que no se contabilicen los votos a diputado y alcalde (en los comicios también estaban en juego 128 escaños en la asamblea y 258 alcaldías). Sin embargo, sí que da por ganador a JOH, por un margen de unos 50.000 votos. A nadie se le escapa que, entre bambalinas, podrían estar dándose negociaciones.

3. La violencia

Honduras es un país violento, con una tasa de homicidios de entre el 51 y el 60 por cada 100.000 habitantes

Honduras es un país violento. De hecho, muy violento. Con una tasa de homicidios de entre el 51 y el 60 por cada 100.000 habitantes según diversas estimaciones, está entre los países con más asesinatos del mundo. La llegada al poder de Juan Orlando Hernández incrementó la militarización, ya que el presidente sacó a la calle a un nuevo cuerpo, la Policía Militar, a quien entregó el orden público.

Entre los factores que provocan los asesinatos están las pandillas (Mara Salvatrucha y Barrio 18 son las más conocidas), el narcotráfico (Honduras es lugar de paso hacia EEUU) y las propias fuerzas de seguridad, ya que se han documentado diversos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de los uniformados. Hay que tener en cuenta este contexto a la hora de contabilizar el número de muertos que se producen en las protestas. Porque en Honduras, tristemente, los homicidios son diarios. En los últimos años, el índice de asesinatos se ha reducido. Aunque los números siguen llegando a niveles de pandemia.

4. Las protestas

Ante las sospechas de fraude y cuando todavía se encontraba a la cabeza en las previsiones del TSE, el candidato de la Alianza, Salvador Nasralla, llamó a sus partidarios a movilizarse. El cambio en la tendencia y el creciente temor a que se hubiesen alterado los resultados incrementó el nivel de las protestas, que derivaron en enfrentamientos. También se produjeron saqueos, tanto en Tegucigalpa, la capital, como en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país.

El contexto de protesta fue aprovechado por el presidente, que también defiende su reelección, para decretar un Estado de Excepción que impedía el tránsito entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esta prohibición se ha relajado levemente y ahora el veto a salir a la calle se extiende de ocho de la tarde a 5 de la mañana. Desde entonces se han publicado infinidad de imágenes en las que puede verse a militares agrediendo a civiles que se encontraban en la calle a la hora prohibida o, directamente, disparando fuego real contra los manifestantes.El cómputo de muertos, según diversas fuentes, asciende a la decena. No hay cifras oficiales de detenidos, pero se han reportado decenas de arrestos.

El toque de queda no ha acabado con las movilizaciones. Diariamente se celebran marchas de apoyo a Nasralla y denunciando el fraude. Por la noche, las movilizaciones se centran en las colonias, donde se están desarrollando caceroladas. En las primeras jornadas JOH también sacó a la calle a sus partidarios, aunque en los últimos días las muestras públicas de apoyo al todavía presidente se han limitado.

5. La comunidad internacional

Una de las frases más escuchadas en los últimos días es que «Honduras no es Venezuela». Y, ciertamente, existe una gran diferencia en cómo la comunidad internacional y los medios de comunicación han abordado la crisis política en ambos países. Mientras que lo que ocurre en Venezuela acapara portadas, los graves sucesos de la última semana están pasando desapercibidos.

Lo paradójico es que diferentes instituciones desplazaron a observadores internacionales para seguir los comicios. No ha sido hasta una semana después cuando se han realizado las primeras declaraciones públicas. Tras el silencio de los primeros días, tanto la misión de la Unión Europea (UE) como la de la Organización de Estados Americanos (OEA) han reconocido que se han producido irregularidades y han considerado razonables las demandas de la oposición para que se analicen las 5.300 actas que no fueron transmitidas durante la jornada electoral, sino que se enviaron más tarde, después de la primera caída del sistema.

Está por ver hasta qué punto pueden influir las misiones internacionales para presionar al TSE

Está por ver hasta qué punto tienen capacidad de influencia estas misiones y son capaces de presionar al TSE para cuente todas las actas o si, por el contrario, sus valoraciones quedan como anécdota y el órgano rector hondureño sigue adelante con su propio conteo sin tomar en cuenta las demandas de la oposición. En términos estatales, EEUU ha mantenido un perfil bajo, con frases hechas como ‘protestas pacíficas’, pero sin incomodar a su aliado. Por otro lado, líderes como Nicolás Maduro (Venezuela) o Evo Morales (Bolivia) hablan abiertamente de ‘fraude’.

No se puede pasar por alto el valor de una victoria de Nasralla en el contexto latinoamericano. Los últimos años han sido de rearme de las posiciones conservadoras, bien a través de las urnas (Argentina) o de golpes blandos (Brasil). Hubo la tentación de pensar que la década progresista llegaba a su fin. Un triunfo progresista en Centroamérica supondría un respiro y revertiría esa sensación de repliegue, en un continente que en 2018 afronta hasta una decena de procesos electorales.

6. El golpe de Estado y la historia reciente

La política en Honduras viene marcada por el golpe de Estado con el que los militares depusieron a José Manuel Zelaya en 2009. Paradójicamente, en aquel momento se le acusaba de tratar de «aferrarse al poder» por la celebración de una consulta popular en la que preguntaba a los ciudadanos si estaban de acuerdo con un cambio en la Constitución que permitiese, entre otras cosas, su reelección. Sin consultar a nadie y con el Tribunal Supremo de Justicia copado por afines a su partido, el actual presidente ha podido ser candidato sin despertar la reacción del Ejército.

De fondo, en aquel momento lo que preocupaba era un acercamiento de Honduras al bloque bolivariano en el que se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador, que aquel momento contaba también con el apoyo de Brasil y Argentina. La expulsión del poder de Zelaya dio paso a una resistencia que se alargó durante meses yque, progresivamente, fue desvaneciéndose. En 2013, el partido Libre, fundado por Zelaya (que venía del Partido Liberal), ya estuvo a punto de ganar las elecciones a través de su candidata, Xiomara Castro. Se impuso JOH y se cantó fraude. La historia vuelve a repetirse.

Durante la década de los 70 y 80, Honduras fue centro de operaciones del Ejército de EEUU

Tampoco puede obviarse la posición de Honduras en la región y su papel histórico. Centroamérica siempre ha sido considerado el ‘patio trasero’ de EEUU. Durante la década de los 70 y 80 del siglo pasado, Honduras fue centro de operaciones del Ejército estadounidense, en plena campaña contrainsurgente contra las guerrillas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

7. Una crisis eterna

Según el censo de 2016 en Honduras viven cerca de 9 millones de personas. Sin embargo, se calcula que otro millón ha emigrado a EEUU. Solo este dato sirve para ilustrar la difícil situación que atraviesa el país. Más del 60% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, el 20% en pobreza extrema, el analfabetismo llega supera el 10% y el Estado es incapaz de proveer bienes y servicios básicos como la educación o la sanidad. Solo eso explica por qué tantos hondureños sueñan con hacer las maletas y marcharse a buscar una vida mejor. A ello se le suma la pandemia de la violencia, que provoca un fenómeno de refugiados internos y externos (a EEUU, México e incluso Guatemala) que existe a pesar de no ser oficialmente reconocido.

Las políticas de los últimos años, fuertemente ligadas a EEUU, han permitido la llegada de empresas transnacionales y el desarrollo de proyectos extractivistas que no han mejorado las condiciones de vida de la población.
A ello se le suma un incremento de la represión y persecución contra activistas, con casos como el de Berta Cáceres, asesinada en 2016.

ALBERTO PRADILLA

@albertopradilla

*Fuente: Público.es

MÁS INFORMACIÓN

• Honduras continúa en estado de excepción hasta conocer al presidente electo
• Protestas en Honduras bajo el toque de queda y sin presidente confirmado

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Honduras: Alianza opositora y actas del fraude

 05/12/2017.-

“La historia de Honduras se puede escribir en una gota de “pus” de impunidad, corrupción y fraude”
Ernesto Paz Aguilar

Como se esperaba, después de concluir el conteo de las 1,031 actas que, según David Matamoros Batson, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y militante del Partido Nacional de Honduras, presentaban inconsistencias y deberían pasar a conteo especial, el Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández (JOH), aventaja a Salvador Nasralla en el conteo de votos, por lo que la prensa mediática y tarifada lo presenta como el presidente reelecto. 

Según los datos del TSE, cuestionados por dirigentes de la Alianza Opositora y del Partido Liberal, la diferencia entre uno y otro candidato es de 52,331 votos, o sea de 1.6%, en una elección donde supuestamente votó más de 3.1 millones de personas, pero menos del 50% de los aptos para ejercer el sufragio según un padrón electoral no depurado, donde se identificaron incluso muertos habilitados para ejercerlo.

Este conteo especial lo realizó el TSE sin la participación de representantes de los partidos políticos en contienda (Alianza Opositora y Partido Nacional), pero con la presencia de observadores internacionales y dirigentes de organizaciones afines al gobierno, como ser ciertos directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Federación Nacional de Patronatos de Honduras (línea oficialista) y miembros de las Iglesias Evangélicas. Estas organizaciones hicieron declaraciones y pronunciamientos públicos a favor de la democracia y exigen del TSE acelerar el conteo de votos ya que Honduras no puede seguir en la incertidumbre, llamando a los candidatos a aceptar los resultados.

La Alianza Opositora hizo público un documento donde fija su posición acerca de la no participación en dicho conteo, manejado por un TSE, falto de credibilidad y con serios indicios de llevar a cabo un proceso de registro de actas y transmisión de resultados poco transparente. Igualmente, en respuesta a la falta de cumplimiento de dicho Tribunal acerca de sus demandas de información que deberían ser evacuadas por dicho órgano electoral, cosa que no pasó, ya que la información entregada a los técnicos de la Alianza Opositora, fue parcial e incompleta.

La principal demanda es que vuelvan a contarse unas 5,200 actas que no entraron al sistema desde las mesas de escrutinio al Centro de Cómputo del TSE, sino desde las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), el almacén de urnas, al Centro de Cómputo. Con la entrada de estas actas sucedió algo curioso: La tendencia que daba la ventaja a Salvador Nasralla por 5% cambió radicalmente, y al final JOH salió ganando la elección impulsado por un crecimiento de 7%; es decir, no solo cambió los resultados de la tendencia sino que empezó a ganar la elección con un amplio margen (crecimiento mucho mayor que la tendencia anterior). Estas actas entraron supuestamente, después de caerse el sistema por más de 24 horas (promedio), lo cual generó dudas entre los miembros de la Alianza y observadores internacionales ya que se gastaron más de 100 millones de lempiras en el mismo, y la empresa contratada garantizó que esto no sucedería, al igual que la saturación del disco duro.

El TSE ha dicho que atenderá las demandas de la Alianza Opositora, pero como reclamos por inconsistencias, es decir que, para su presidente Matamoros Batson, no procede volver a contar las llamadas Actas del fraude según el presidente Manuel Zelaya Rosales, Coordinador General de la Alianza Opositora. Ello, aun cuando, la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado manifestó que dichas actas deben ser revisadas para darle más transparencia al proceso, defender el voto del pueblo y eliminar cualquier duda de fraude en la trasmisión y conteo de actas no ingresadas en forma directa al sistema.

En esos mismos términos se ha pronunciado la delegación de observadores de la UE, a efecto de poder demostrar la transparencia del proceso y como un medio para respetar la voluntad popular expresada en las urnas, cualquiera que fuera el resultado. Según expertos en la materia, se está a tiempo para realizar dicho conteo directo de las 5,200 actas del fraude, por lo que no hay justificación técnica para no hacerlo.

Es poco probable que el TSE acceda a esta petición, ya que es controlado por el Partido de Gobierno, aunque algunos de sus miembros como Marco Darío Lobo se pronuncian a favor de ello; sin embargo, la presión de los Observadores Internacionales puede hacer que cambien esta voluntad de no conteo, en tanto un comunicado oficial declarando ganador a JOH tendría amplias repercusiones de tipo político y económico, volviéndose las marchas cívicas que realizan los simpatizantes de la Alianza Opositora y pueblo, en costumbre.

Para el presidenciable Salvador Nasralla, la Alianza Opositora contra la Dictadura se está preparando para cotejar actas, revisar cartillas de registro y volver a contar los votos  que se registran en  las 5,200 actas, igual con las 1,600 actas de tres departamentos: La Paz, Intibucá y Lempira, donde el promedio de votos registrado es mayor que el promedio nacional; mientras en los centros urbanos grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, se registra el voto de 1,000 personas, en estos departamentos rurales se registran 1,500 votos.

Por estos hechos, el presidenciable Salvador Nasralla solicitará a la OEA se convoque al Consejo de Seguridad para presentar las pruebas del fraude, y se facilite el `proceso de transición democrática en el país.

Tegucigalpa, DC, 4 de septiembre de 2017

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

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ASESINATO DE BERTA CÁCERES EN HONDURAS: LAS CONTUNDENTES CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GAIPE

Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada

En estos primeros días de noviembre del 2017, se ha dado a conocer el informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la lider indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016. Este informe recopila toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas para investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato.

A pocas semanas de la muerte de Berta Cáceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misión internacional ya había detectado la poca voluntad de las autoridades hondureñas para esclarecer debidamente este crímen (véase informe titulado «Justicia para Berta Cáceres Flores«; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cáceres). En febrero del 2017, la ONG Amnistía Internacional calificaba de «vergonzosa» la investigación realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado de prensa).

Este informe del GAIPE constituye un esfuerzo de gran relevancia, en la medida en que son muchos los casos en América Latina (y en el mundo) en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivación real que llevó a eliminar físicamente a un lider indígena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de gran envergadura.

La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016. En América Latina, sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluída).

Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer año de la muerte de Berta Cáceres:

«…diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas: lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un lider comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina«.

La colusión de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigación y de sanción. Esta situación en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las víctimas a desconfiar de las entitades públicas y a recurrir a mecanismos de investigación ajenos al Estado como tal.

En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada «Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes«). En el 2009, ante amenazas de muerte recibidas, organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que ordenara medidas a Costa Rica para resguardar la vida y la integridad física de un líder ecologista opuesto a la expansión piñera en la Zona Sur, Aquíles Rivera (véase nota de prensa).

En el resúmen ejecutivo del informe del GAIPE sobre el asesinato de Berta Cáceres, se menciona también a los socios financieros de Honduras en la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca:

«A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes» (pp. 2-3).

En las conclusiones del informe del GAIPE se puede leer, entre muchos otros puntos de gran relevancia, que:

«6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.

7. Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña.

8. El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.

9. La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados» (p. 46).

El informe completo del GAIPE, que se titula «Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres» y que consta de 87 páginas, está desde ya disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa.

Este informe evidencia el sesgo con el que las actuales autoridades hondureñas investigaron este caso, interpelando ahora al Estado hondureño de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Nota 2), pero también a la comunidad internacional como tal.

-Su autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR

Blog del autor: Derecho Internacional

Notas:

Nota 1: Se lee en el informe de John Knox a raíz de su visita a Costa Rica (véase texto completo publicado en el sitio de Derechoaldía), entre varias de sus recomendacione finales, que: » en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“ (punto 67).

Nota 2: En el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández asesinada en 1995 en Honduras, los familiares interpusieron una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, la cual culminó con una sentencia del 2009 de la Corte IDH (véase texto completo) en la que se lee, entre otros puntos, que: «El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos» (párrafo 190). A diferencia del caso en Honduras de Blanca Jeannette Kawas Fernández, en Costa Rica, un doloroso caso persiste impúne y mantiene interrogantes: se trata del caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación en San José y uno fallecido en julio de 1995 en un parque público de la capital costarricense. Este caso constituye un ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994«)

El articulo El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE apareció primero en piensaChile.

A un año del asesinato de Berta Cáceres en Honduras: una impunidad campante

Al conmemorarse un año de la muerte de la lider indígena hondureña Berta Cáceres, las ONG hondureñas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fín a la impunidad rampante que rodea este asesinato (véase nota de prensa de El Heraldo).

Al momento, los órganos de la justicia hondureña han enfocado sus labores de manera muy cuestionable, en aras de identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta acción en contra de esta renombrada líder ecologista. Amnistía Internacional ha calificado recientemente de «vergonzosa» la supuesta «investigación» realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado). Medios de prensa, en mayo del 2016, señalaban como co-responsables a la cúpula empresarial y militar hondureña (véase artículo del Semanario Universidad). Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en Honduras.

La profunda desconfianza en las autoridades hondureñas para esclarecer la muerte de Berta Cáceres

A raiz de la actitud de las autoridades hondureñas, en mayo del 2016 el banco holandés FMO optó por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (véase nota de prensa de La Prensa). Nótese que una fuerte movilización y una petición en línea precedieron la decisión del BCIE. En setiembre del 2016, se informó del robo del expediente sobre este asesinato (véase nota de prensa de La Prensa).

Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cáceres editada en junio del 2016 en Costa Rica (véase nota de La Nación), se puede leer que: «La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos«. Con relación a la actitud de las autoridades, se señala por parte de las hijas de Berta Cáceres que: «nosotros creemos que si no es por una comisión independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qué no acepta el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de dos meses para que crear un grupo independiente que acompañe el proceso y certifique que las cosas se están haciendo cómo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qué es lo que temen, qué es lo que se esconde, por qué no hay una comisión independiente«.

El precedente sentado por el caso Kawas Fernández

La obligación de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureños deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el año 1995, la muerte de la lider ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernández dió lugar a una demanda contra Honduras ,que culminó en abril del 2009 con una histórica sentencia (véase texto completo) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 190 se lee que:

«190. El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos«.

En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que: «11. El Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los señores Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los términos del párrafo 214 de la presente Sentencia.»

La implementación de esta histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada por el repentino cambio de autoridades acaecido unos meses después de leída en San José, con ocasión del golpe de Estado que se dió en Honduras el 28 de junio del 2009; así como por el consiguiente aumento de la represión contra entidades hondureñas de la sociedad civil, en particular las abocadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del ambiente. Como veremos a continuación, en otras partes del hemisferio, sectores optaron también por atentar contra la vida de líderes que defienden a sus comunidades en materia ambiental frente a los impactos de megaproyectos. Ello ocurre ante parcos aparatos estatales en los que la colusión de intereses político-empresariales podría explicar la ineficiencia de sus órganos de investigación para sancionar a los responsables de estos hechos. Esta misma colusión de intereses es la que inclina, en algunos casos, a los familiares de las víctimas a solicitar que sea un ente internacional, externo al Estado, el que investigue estos asesinatos.

Un panorama sombrío para los activistas en materia ambiental

En un artículo publicado por el New York Times en setiembre del 2016, se lee que la eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está llegando a límites insospechados: «Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina«. El mapa editado por la ONG GlobalWitness arroja las siguientes cifras para el único período 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Perú (50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6 activistas asesinados.

A modo de ejemplo de una actividad que genera una violencia en su entorno (incluyendo en muchos casos la muerte de quiénes se oponen a ella), se lee en este informe sobre las empresas mineras canadienses que operan en América Latina (informe que fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015) que: » Violent deaths and serious injuries to mineworkers and opponents of projects The report notes at least 23 violent deaths and 25 cases of serious injury at ten of the projects examined, although the total number of individuals murdered and injured may be much higher. Nearly all of the reported acts have gone unpunished, without any determination to date of the perpetrators’ motives. Nor have reparations been made to victims or their relatives. The ten cases pertain to mining projects in Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, and Guatemala.» (p. 16).

Otra marcada tendencia detectada en América Latina (y que ha llevado a muchos líderes sociales y ambientales ante los tribunales de justicia) es la de utilizar nuevas figuras penales con la finalidad de criminalizar la protesta social: remitimos al respecto a la obra compilada por el Profesor Eduardo Bertoni, titulada «¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina» (texto disponible aquí). En Costa Rica, acciones penales por presunta difamación entabladas por una empresa minera canadiense contra los opositores a su proyecto ubicado en Las Crucitas dieron lugar a una técnica algo inédita por parte de los abogados de la empresa Infinito Gold: su reiterada ausencia en las audiencias convocadas por los jueces costarricenses (véase nota de prensa de noviembre del 2016 en el caso del ecologista Edgardo Araya). Ante problemas de salud tan recurrentes como constantes de estos abogados, una carta pública de tres de los demandados por Infinito Gold se tituló: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» y fue publicada en La Nación en julio del 2012 (véase texto).

En momentos en que tanto en Honduras como en el resto del continente americano, los líderes ecologistas son encontrados sin vida o sufren otro tipo de amenazas y acciones legales en su contra claramente intimidatorias, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresión por parte del mismo juez constitucional en materia de participación ciudadana en temas ambientales (véase nota del Semanario Universidad), la conmemoración de la muerte de Berta Cáceres ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.

El caso de Costa Rica

Cabe señalar que Costa Rica no es del todo inmune a esta peligrosa deriva. Al recordarse en el 2016 los tres años de la muerte de Jairo Mora Sandoval, un jóven biólogo apasionado por las tortugas marinas, cuyo cuerpo apareció sin vida en la playa de Moín, son varias las interrogantes que persisten en Costa Rica (véase nota de este mismo sitio). Este caso se suma a varios más en Costa Rica (véase nota de CRHoy del 2015 y el artículo de opinión publicado en el 2013 titulado «Los ambientalistas exigimos respeto, René Castro» ).

El caso de los cuatro integrantes de AECO (Asociación Ecologista Costarricense), de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación y uno fue hallado sin vida en julio de 1995 en un parque de la capital costarricense, constituye otro doloroso ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994«).

Conclusión

En estos primeros días de mes de marzo del 2017, diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas (véase por ejemplo convocatoria en Madrid): lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un lider comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina.

-El autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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Reflexiones subjetivas sobre un consorcio hidroeléctrico que prácticamente ha desaparecido del escenario público

TEGUCIGALPA / RESUMEN LATINOAMERICANO / 2016-05-18 / Durante los años como reportero, tanto en Suecia como en Latinoamérica siempre he tenido el principio de dar a todas las partes involucradas en un conflicto el derecho a opinar. Nada insólito sino es un principio periodístico universal.
Por eso entrevistamos a Douglas Bustillo, el subjefe de seguridad del proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualqarque el 9 de diciembre de 2013. Fue cuando hicimos el reportaje sobre el conflicto entre el pueblo indígena lenca y Copinh por un lado y la empresa Desa y una parte de la población lenca en Río Blanco, por otro lado.
No era la primera vez que visitamos las regiones por donde pasa el Río Gualcarque. Ya en el mes de marzo de 2010, ocho meses después del golpe de estado militar en Honduras, llegamos con el padre Bonifacio de la parroquia de La Esperanza, cabecera departamental de Intibucá a San Francisco de Opalaca, un Edén de naturaleza en esta parte de Honduras.

Comprando la población con confites
El querido sacerdote hablaba pausado y muy pedagógico allá en la humilde capilla en la montaña un sábado con un sol radiante sobre la importancia que el pueblo originario no se vendiera por unos confites, bolsa de maíz o 100 lempiras (5 US-dólares). Porque los testimonios, sobre todo de las mujeres lencas, relataban justamente eso; la empresa intentaba de comprar la población indígena, como fueran colonialistas españoles, aprovechando la extrema pobreza.
Desde ya se hablaba de firmas falsificadas de los títulos, actas inventadas entre un alcalde vendido y su población que reclamaba justicia que en el postgolpe en Honduras no existía. El Congreso Nacional, cuyo presidente entonces se llamaba Juan Orlando Hernández, había otorgado más de 50 concesiones a empresas mineras o de represas, nacionales o transnacionales.

Acusaba a Bertha & Copinh por guerrilleros
A Douglas Bustillo queríamos enfrentar por las acusaciones de Bertha y Copinh en el sentido que él era responsable por las amenazas a la líder de Copinh, que además la acusaba a ella y a Copinh por ser guerrilleros. En la entrevista pudo aclarar que él no compartía esa conclusión y liberó a los mencionados sobre esas acusaciones.
El 2 de mayo fue detenido Bustillo junto con tres hondureños más, acusados de ser los autores y programadores del asesinato de Bertha Cáceres el 3 de marzo. No era cualquier persona Sergio Rodríguez. Él es el gerente de la empresa Desa, acusado por dar órdenes a Bustillo de reclutar los sicarios materiales del asesinato y reclutar a Mariano Díaz, un mayor activo del Ejército de Honduras, especialista de inteligencia militar y con experiencia de la guerra en Irak.
Para cualquier empresa que tiene dos empleados involucrados en un asesinato que ha sacudió y ha causado a la nación centroamericana un escándalo internacional sin precedentes, pues no es cualquier cosa. Esa gerencia, si es totalmente sin responsabilidad del asesinato, intenta inmediatamente, ante la opinión pública, responder cualquier acusación en su contra.

Produce comunicados pero no da la cara
Y las acusaciones contra Desa han llovido. El dueño de Desa es el clan oligárquico más poderoso de Honduras, Atala-Faraj, de origen cubano-palestino. Copinh y Bertha Cáceres acusaban a la empresa por ser los máximos responsables por los atropellos y hasta asesinatos de integrantes de Copinh. Hoy Copinh y los familiares de Bertha acusan a la empresa de ser los autores intelectuales del asesinato de su mamá.
Cuando la fiscalía detuvo a los cuatro implicados y el juez, cinco días más tarde decidió detenerlos por ser los presuntos autores del asesinato de Bertha Cáceres, la empresa todavía no contestaba ninguna pregunta de los periodistas, que se quejaban en sus columnas por no responder las llamadas de los comunicadores.
El día de la detención, el 2 de mayo, Desa expidió un comunicado de prensa en donde expresaba su sorpresa sobre la detención del gerente de Desa, Sergio Rodríguez.

Voith Hydro y Banco Holandés suspenden actividad
De ahí un silencio total durante diez días hasta que la empresa multinacional alemana, Voith Hydro, informaba el 12 de mayo que suspendía todo suministro de productos, entre ellos las tres turbinas, mientras no se aclaraba el supuesto involucramiento de Desa en el asesinato de Cáceres. El Banco Desarrollo de Holanda, co financiador del proyecto hidroeléctrico ya había tomado la decisión de cancelar toda las actividades en Honduras, horrorizado por los asesinatos de los indígenas.
En la tarde ese día 12, fue publicado un comunicado de Desa en donde decía que confía “en  que  la  justicia  hondureña  llegará  a  los responsables de este lamentable suceso”, y que los actores internacionales y financieros enviaran una comisión independiente para verificar la honestidad de la empresa y su inocencia en la muerte de Bertha Cáceres.
Para los periodistas eran muchas noticias “calientes” e interesantes. Pero Desa no salió a la luz pública. Solo publicó su comunicado de prensa.

¿La empresa Desa va a la clandestinidad?
Intentamos por todos lados encontrar los datos de la empresa como números de teléfonos pero solo encontramos una página de web que ni siquiera tenía una dirección de su oficina en Tegucigalpa. Llamamos a Hondutel, la empresa estatal de telefonía y nos dio un teléfono en Río Blanco, ocho horas en carro de la capital en donde contestó una señora que no era el teléfono de Desa.
Optamos por pedir un contacto con Desa a través de su correo electrónico; comunicacion@hidroelectricaaguazarca.hn, y aprovechamos al mismo tiempo de enviar unas preguntas escritas para darle la oportunidad a la empresa de responder nuestro petición. Fue enviado el 12 de mayo de 2016 a las 16.38 horas.
La empresa contestó, para nuestra sorpresa, casi inmediatamente, a las 16.43, con las palabras:
“Buen día,
Para Hidroeléctrica Agua Zarca es de vital importancia proporcionar la información que nos solicita,
Le compartimos el presente pronunciamiento oficial que recién se está liberando,
Gracias por su atención”.
Desa nos envió el comunicado publicado el mismo día pero no nos dio ni un teléfono, ni persona de contacto ni respuestas a nuestras preguntas.
El oculto vocero de la empresa, Roque Galo
Logramos encontrar una dirección después de varios días de búsqueda en Tegucigalpa; Blvd. Juan Pablo II Edif. Torre Alianza II, 10 Piso, Suite 1001. Pero nada de teléfono. Enviamos una pregunta por la Red Fian en Honduras y después un silencio de tres días nos llegó un correo de un colega con dos teléfonos y el nombre del vocero de la empresa, Roque Galo.
El lunes pasado (16 de mayo) fuimos a la oficina de Desa sin avisar nuestra llegada. La empresa tiene oficina en el 10º piso en uno de los edificios más caros de arriendo de la capital hondureña, Torre Alianza. Los vigilantes llamaron a la oficina y ahí dijeron que no podían atender hasta a las 5 de la tarde, ese mismo día, lo cual hicimos.
En la oficina de Desa no responde, cuando uno llama, con el nombre de la empresa Desa. Solo dice “aló”. Y pregunta quien llama. Presenté mi misión y que nos había dicho que llamaríamos a las 17.00 horas para hacer la entrevista. Pero la respuesta fue negativa. El señor Roque Galo no estaba, llegaría más tarde y hablaríamos más tarde. Pasó lo mismo, y acordamos que me enviara su mensaje sobre la hora a mi correo electrónico.

¿Porqué se niega la existencia de Desa?
Pero hasta ahora, cuando editamos estas líneas, no hay nada de Desa en el correo. Hemos llamado aproximadamente 25 veces al celular y al fijo. En este último teléfono tampoco responde la secretaria con el nombre de la empresa sino con una pregunta de sospecha ¿“quien llama”?
Primero ella negaba que Desa tenía oficina ahí pero sí, que el señor Roque Galo había estado la semana pasada en la oficina, cuando él mismo había estado en la oficina el lunes, al medio día cuando llegamos sin avisar. Llamamos a Hondutel nuevamente para que buscara los dueños registrados del número del teléfono fijo y efectivamente es el número de la empresa Desa. ¿Por qué dio la orden a la secretaria de negarlo?
Subrayamos la importancia que Desa comentara la entrevista que habíamos hecho con el vocero de la empresa alemana Voith Hydro y el hecho que la empresa revocara el contrato si la justicia hondureña llegara a la conclusión que empleados de Desa están involucrados en el asesinato de Bertha Cáceres.
Pero nada, la empresa Desa se esconde, prefiere que los medios especulan o publican lo que dicen otros. Y es muy insólito, porque una empresa que no tiene responsabilidad en un hecho tan trágico como la muerte de un ser humano, pues tiene todo interés de deshacerse cualquier mancha en su fachada.
Pero eso no pasa con Desa.
Pero no nos rendimos, y si Roque Galo y Desa ven las siguientes preguntas enviadas el 12 de mayo a su correo electrónico, pues ¡adelante para que las respondan! Entre las ocho preguntas enviadas el 12 de mayo, nos interesan sobre todo las siguientes:

1. Douglas Bustillo menciona en la entrevista que le hicimos el 9 de diciembre de 2013 que “a mí me contrató Javier Bográn”.
   ¿Quién es Bográn y qué cargo tiene él en Desa?
2. Realizó la empresa alguna entrevista con el personal en Rio Blanco después el asesinato de Caceres el 3 de marzo? , entre ellos con Bustillo y Rodriguez?
3. Según medios de comunicación hondureños, la gerencia de Desa se reunió en el mes de diciembre de 2015 y supuestamente se informaba sobre una pérdida en las actividades del proyecto hidroeléctrico Aguazarca de tres millones de dólares. ¿Hubo algún punto en el orden del día en donde se mencionó Copinh y Bertha Cáceres?

*Fuente: Resumen Latinoamericano
Leer más:
Reportaje marzo 2010: Desde la cuna de los indígenas Lencas en donde un pueblo se ha unido y ha tomado conciencia.
Por Dick y Miriam Emanuelsson
VIDEO (1 hora): 

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Los pastores de la iglesia evangélica Ágape piensan igual como pensaba Hugo Chávez sobre Jesús Cristo; no está en el cielo sino en la tierra, aquí y allá y presente en las luchas del pueblo hondureño. Por eso la Iglesia Ágape está presente en el 1º de Mayo junto al pueblo trabajador y ganando miles de nuevos feligreses en Honduras.
“Este país va a cambiar cuando todos los hondureños nos unamos en esta lucha”

Y es ahí donde nos encontramos con David del Cid, combativo pastor de la iglesia Ágape que no duda a retar y confrontar a sus colegas en la Confraternidad Evangélica de Honduras, una poderosísima institución religiosa. Tiene [NdR:  la Confraternidad Evangélica] cadenas de ferreterías, importa desde Estados Unidos ropa usada que vende en Honduras en una cadena de establecimientos u otros negocios sumamente lucrativos. Posee de un Ministerio de Dios, Cristo, Cielo etcétera que embrutecen al pueblo cristiano en vez de concientizarlo sobre la realidad cruda en que vivimos en Honduras.
 

Botadero de asesinados
Pero hay excepciones que confirma la regla, como dice el dicho universal y en Honduras se llama Iglesia Ágape.
“A Satanás no lo podemos meter preso, pero ¡a los corruptos, sí”! Así dice la frase en la lona que está más atrás del “cajón”, que resulta ser un carro-contenedor de la iglesia, se encuentran cadáveres (muñecas) botados adentro del contenedor de muertos, varios medios cuerpos ensangrentados se encuentran afuera. Una imagen dura pero que es la realidad en Honduras y aquí, en la marcha del Primero de Mayo en las calles de Tegucigalpa, es una ilustración que el pueblo entiende.
– Los derechos humanos en Honduras son teoría. Son simplemente instrumentos para que los grupos de poder giran dinero y quieran de alguna manera visibilizarse. Pero no se respeta, y por el contrario, día a día en Honduras están siendo asesinados jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas y todo aquel que se opone a la destrucción que este gobierno está haciendo, no solo de los recursos naturales, sino de la estructura social del país.

El poder fáctico
¿Qué sectores o clases sociales están detrás esta destrucción? ¿Tiene alguna cara interna y externa visible?
– Claro que tiene una cara visible. Los grupos del poder están conformados en primer lugar por los grandes negocios de bancos que hay en este país. Se sabe que hay una liquidez enorme. Tienen una cantidad de dinero acumulada que es un dinero que debería estar sirviendo para el desarrollo del país. Pero no está sirviendo para eso, sino sirve simplemente para esos grupos que se dedican a enriquecerse a costa de lo que el pueblo trabaja y hace.
– Además de los banqueros están los grupos que se han dedicado toda la vida a esquilmar al pueblo, a sacar los pocos recursos que hay. Tenemos los ejemplos del saqueo del Seguro Social hondureño (aproximadamente 350 millones de dólares, nota del redactor), el saqueo del Injupemh (de los jubilados) o de Inprema (El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio). Todo esto es dinero que va a los bolsillos de los políticos, los militares y a los bolsillos de los policías que no “depurados”.

La logia APROH
En la década de los 80´ surgió APROH, Asociación para el Progreso de Honduras, una logia que nació justo en el momento cuando el hombre fuerte de Honduras se llamaba John Negroponte y que era el embajador de EE.UU. en Tegucigalpa.
APROH era constituido por los más destacados empresarios, terratenientes, generales, los más altos dirigentes del partido Nacional y Liberal, jueces y las cúpulas de la iglesia católica y las evangélicas. APROH actuaba afuera y desde arriba de las instituciones del Estado y su Congreso Nacional. Entre los más conocidos se encontraban el ex presidente Rafael Calleja, hoy encarcelado en Estados Unidos por corrupción como dirigente de la FIFA.
Una de las propuestas que APROH entregó 1983 a Henry Kissinger, asesor personal a varios presidentes y canciller durante el presidente Richard Nixon y Geraldo Ford, fue invadir a Nicaragua e incluír a Honduras como un estado asociado a EE.UU., del mismo modelo neocolonial como Puerto Rico.
Al mismo tiempo que actuaba APROH “bajo la mesa”, operaba el escuadrón de la muerte, Batallón 3-16, desapareciendo a centenares de líderes populares hondureños y salvadoreños que buscaba un refugio en Honduras de los escuadrones de la muerte sañvadoreñas de la ARENA.
La 3-16 tenía su origen en las FF.AA. y en la cabeza se encontraba el general Gustavo Álvarez Martínez, comandante en jefe de las FFAA hondureñas y tío al jefe de la bancada del Partido Nacional (gobernante) en el Congreso Nacional, Óscar Álvarez, ex ministro de seguridad del gobierno nacionalista anterior.

¿Existe todavía esa logia (APROH)?
– Claro que existe, siempre ha existido. Son los mismos que dieron el golpe de estado en Honduras y que ahora están instaurando una dictadura, aunque supuestamente maquillada alguna legalidad. Pero todos sabemos que en este país está haciendo es romper el estamento legal y la estructura del estado. Todo se está privatizando y todo se está entregando a transnacionales y compañías hondureñas que representan transnacionales.
O sea, lo que APROH quería en la década de los 80´, es decir convertir a Honduras en un estado asociado a EEUU, hoy 2016, entregan territorios hondureños a las transnacionales, legalizados a través las llamadas “Ciudades Modelos”.
– ¡Claro! Pero más que un estado asociado, un estado de ingobernabilidad que se declare un estado fallido y que en determinado momento nuestro territorio y recursos sean entregados al mejor postor, sean vendidos, sean usurpados por aquellos que siempre se han beneficiado de este país en contra de los intereses del pueblo.
“Servir a Dios y acompañar al pueblo»
¿Cómo se distingue la iglesia Ágape con las demás iglesias en Honduras que casi todas respaldaron el golpe de estado?
– La Iglesia Ágape desde su creación nació con una consigna: “Servir a Dios y acompañar al Pueblo”. Nosotros no encontramos diferencias ahí. Una iglesia que no acompaña al pueblo, que no se empodera de las necesidades del pueblo o que no está consciente del dolor del pueblo, es una iglesia que no camina con Dios. Es una iglesia que no tiene razón de ser como iglesia. Tiene razón de ser como religión, como ser de una parte de estructura de poder pero no como la voz profética de Dios.

Una asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular entendió que no «Basta Rezar» en Honduras.
En su programa en la radio y televisión, ustedes pone la canción “no basta rezar”, del excelente legendario grupo venezolano Los Guaraguaos. ¿No basta?
– No, no basta rezar. Creemos que orar o rezar tiene su momento y su tiempo. Pero cuando es tiempo de caminar y luchar o de levantar la voz en contra de las arbitrariedades de la injusticia y la grosería y la criminalidad, como sucede en este país, hay que dejar los hábitos allá escondidos, allá encerrados en el baúl y hay que salir y levantar la voz, el puño y la consigna de la protesta. Porque Jesús Cristo fue un Jesús Cristo con voz de protesta y de Revolución. Él que no entienda así es porque no ha leído el evangelio.

“Jesús no está en el cielo»
Hugo Chávez decía en una entrevista “nuestro Jesús no está en el cielo, él está aquí entre  nosotros y en la lucha”.
– Él siempre estuvo aquí, porque se humanó, se hizo hombre para estar con la gente, no para estar en los templos, o en un nicho o en una cruz. ¡no! ¿El camina con la gente. Él está con la gente del pueblo, con ese señor que está vendiendo paleta (helado), ahí está o en esta entrevista (donde el periodista es un ateo puro), llámese ateo o religioso. Porque nuestra identidad, como cristianos, es identidad del pueblo de un Dios sencillo, humilde y un Dios que nació en un pesebre, no nació en la cuna de un poderoso. Ese es el Cristo que predicamos.
Un culto suyo, sea en una iglesia o en un barrio, ¿qué contenido tiene?
– Tiene el mismo contenido que tenía cualquier iglesia con la diferencia que tiene un mensaje liberador. Nuestros cantos son liberadores. Por ejemplo, lo que tu mencionabas nosotros lo cantamos. Cantamos para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Cantamos ese tipo de cantos que las iglesias dicen ¡“esa es política, eso es comunismo”! No, nosotros decimos que eso es el verdadero evangélico, Nuestra predicación que tú has escuchado los viernes (en su programa de televisión & radio) donde dice, por ejemplo en las palabras de Dios o pasajes como estos; “Dios dijo, ¡liberad los oprimidos en manos de los opresores”! Jesús Cristo dijo cuándo comenzó su mensaje: “He venido para dar buenas nuevas, para liberar a los pobres, para liberar a los oprimidos, para llevar salud a los enfermos”.
– Entonces, ¿Cuál es el evangélico? El evangélico es de la gente, dice el pastor David del Cid y se ríe con todo el rostro.
– Si ese evangélico se predicara más en las iglesias, éste país no estaría como está.
¿Es por eso la iglesia Ágape ha crecido tanto como dice la gente que se identifica con su iglesia?
– La gente está esperando una iglesia que se una al pueblo. Está esperando un mensaje de aquí de la tierra y no de los hablamos del cielo. Al cielo llegaremos algún día pero mientras estamos aquí tenemos que hablar de lo que sucede aquí. Si al pueblo le gusta (el mensaje de la iglesia Ágape), que bueno. Pero simplemente estamos dando el evangélico de Jesús Cristo.

Santificaron el golpe de estado
¿Qué dirías tú a los feligreses de la Confraternidad Evangélica, ligado al Estado y el Poder Fáctico en Honduras que también respaldó el golpe de estado?
– Desde que la Confraternidad Evangélica decidió apoyar un golpe de estado en este país, que ellos lo apoyaron y lo santificaron, nosotros inmediatamente nos presentamos. Porque nosotros éramos parte de ellos y llevamos nuestra renuncia y dijimos; “nosotros no queremos ser parte en una confraternidad que no es evangélica ni cristiana y que sirve a los grupos de poder, nada más y se ha olvidado el pueblo”.
– Yo quiero decirles a los líderes, pastores, dirigentes que son partes de la Confraternidad y son verdaderamente cristianos; ¡tienen que salir de ahí! Si siguen ahí, lo único que están haciendo es siendo vergüenza para el evangelio y no están verdaderamente predicando el evangelio de Cristo. Están acompañando a los grupos de poder, a los criminales, a los ladrones y lo que han hecho a este país lo que es; ¡un infierno!
Hay masacres laborales en Honduras con miles de trabajadores botados a la calle por el gobierno, el modelo neoliberal han dado unos golpes durísimo a un pueblo empobrecido. ¿Cómo ve la perspectiva, pastor?
– Depende desde donde la vea. Nosotros de la fe, la vemos muy buena. La vemos como Dios está actuando porque ya hay individuos de éste gobierno que son hidalgos, que son héroes pero que han tenido que ir preso. Otros seguirán cayendo, aun lo que está en el gobierno seguirán cayendo.
– Pero no va a ser fácil. Esto requerirá de que el pueblo se empodere, que el pueblo salga y luche y levante su voz. Nosotros lo vemos con esperanza. Como cristianos que somos, lo único que podemos decir al pueblo es: ¡pueblo salga, pueblo proteste, porque éste país va a cambiar cuando todo los hondureños nos unamos en esta lucha!

*Fuente: Dickemahonduras

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