Pese a la voluminosa documentación existente, aún hay personas en Chile que ponen en tela de juicio la calidad de asesinos, torturadores, traidores, ladrones y psicópatas que caracterizó a gran parte de la oficialidad de las fuerzas armadas el año 1973.

Puede parecer casi el argumento de una mala película, pero se trata de hechos reales, comprobado incluso por la misma justicia militar. En la tarde del día martes 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet ordenó la detención, interrogatorio y encarcelamiento de su amigo, el coronel Gustavo Cantuarias, a la sazón comandante de la Escuela de Alta Montaña de Río Blanco, ubicada en plena ruta cordillerana hacia el Paso Los Libertadores.

¿Razones y motivos de tan intempestiva orden? Miedo y cobardía…solamente eso, pues Cantuarias fue quien cobijó en la Escuela de Alta Montaña, desde el día lunes 10 de ese fatídico mes, a la esposa e hijos del  general dictador, quien los envió hasta aquel regimiento porque sabía que ante cualquier fracaso en el golpe de estado ellos estarían resguardados por militares que los conducirían rápidamente a territorio argentino.

Si alguien en nuestro país aun duda de la calidad de traidor y cobarde que siempre distinguió a Pinochet, este hecho debería servirle como prueba de irrefutable verdad. El tirano fue permanentemente un mentiroso, cobarde y traidor. Primero engañó y luego  ordenó asesinar a quien se había jugado carrera y prestigio por ayudarle, cual es el caso del general Carlos Prats.

Durante las semanas posteriores al 11 de septiembre de 1973, la represión se inició con la purga tanto entre los militares como entre los militantes de partidos de izquierda. El general Augusto Lutz, nombrado Director del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) por el general Carlos Prats a comienzos de 1973, recibió cientos de peticiones de familiares de desaparecidos, algunas de ellas por parte de la Iglesia Católica a través del Cardenal Raúl Silva Henríquez, pero su servicio, en la mayoría de los casos, no estaba informado pues había surgido ya la temida DINA dirigida por el coronel Manuel Contreras, ascendido posteriormente a general, el  que -como reconoció el propio general Lutz más tarde-, despachaba directamente las órdenes de fusilamientos y desapariciones con Pinochet en su automóvil de servicio.

Al finalizar el año 1973, los generales Lutz y Bonilla (Oscar) habían chocado frontalmente con el coronel Contreras, jefe de DINA, por el trato dispensado a los prisioneros en Tejas Verdes. Ello les costaría finalmente la vida a los dos generales.

Poco antes de morir, el general Augusto Lutz enfrentó a Pinochet en una reunión del cuerpo de generales. Su hija Patricia sostiene que allí firmó su sentencia de muerte. Lutz ingresó al salón con una grabadora escondida en su guerrera. Junto al general Óscar Bonilla enrostraron a Pinochet los delitos de la DINA dirigida por  Manuel Contreras, personaje que acechaba a sus detractores. Los gritos de la reunión quedaron registrados en la cinta que después Lutz escuchó a solas encerrado en su casa, espiado a través de la puerta del salón por su hija Patricia (quien hoy es periodista y escritora), la que sospechó que algo grave inquietaba esa tarde a su padre.

“”¡Señores, la DINA soy yo! gritó Pinochet golpeando la mesa. ¿Alguien más quiere pedir la palabra?””

¡Hijo de puta! escuchó Patricia refunfuñar a su padre dentro del salón, según relata en su libro ‘Años de viento sucio’. Cuatro meses después, el 3 de marzo de 1975, Bonilla también murió, en este caso se trató de un sospechoso accidente de helicóptero.

En el mes de noviembre de 1974, el general Lutz  asistió a un cóctel de bienvenida a Pinochet y a sus huestes en Punta Arenas. Ahí ejercía como intendente, cargo al que fue relegado luego que manifestara, junto a otros generales, sus desavenencias con el régimen. Bastó comer una de las exquisiteces que se ofrecían a los comensales para que el uniformado se doblara en dos.

El primer diagnóstico fue várices en el esófago, enfermedad asociada a los hábitos alcohólicos. Pero el general Lutz no bebía. Desde ahí una seguidilla de “errores” derivó en múltiples operaciones que lo agravaron. En sólo una semana, una septicemia terminó con su vida el 28 de noviembre de 1974. Un papel escrito de puño y letra del moribundo militar en su camilla, terminó por convencer a su hija de que estaban asesinándolo. “¡Sáquenme de aquí!”, escribió poco antes de morir.

LA MATANZA INTERNA SUMA Y SIGUE

Cada mes moría un general, un coronel o un alto oficial, siempre en extrañas circunstancias. En marzo de 1974 había fallecido en la cárcel pública el general de la Fuerza Aéreas, Alberto Bachelet, padre de la expresidenta de Chile, como consecuencia de las torturas y golpizas sufridas durante los continuos interrogatorios

En septiembre de 1974 muere asesinado el general Carlos Prats en Buenos Aires junto a su esposa, Sofía Cuthbert, producto de una bomba puesta en su propio coche, y a quien la Junta militar había enviado al exilio por ‘razones de seguridad’. Se supo posteriormente que fue  víctima de la DINA  quien cumplió instrucciones precisas del propio Pinochet.

Tal como ya lo comentamos, en noviembre de 1974 murió asesinado (envenenado) el general Augusto Lutz, el que como ex-director del SIM había hecho averiguaciones sobre la muerte del general  Prats, y junto con Oscar Bonilla y otros altos oficiales intentó impedir una acumulación de poderes por parte de Pinochet como Jefe Supremo de la Nación y Comandante en Jefe del Ejército.

En esta época se produce también el asesinato del Mayor Mario Lavanderos, crimen ordenado por el siniestro equipo de la DINA una vez que los golpistas decidieron “poner ejemplos imborrables” que sirvieran de enseñanza a todas las ramas de las fuerzas armadas. El mayor Lavanderos, a cargo de una sección del Estadio Nacional cuando este recinto fue utilizado en calidad de campo de concentración, decidió entregar al entonces embajador de Suecia en Chile, Harald Edelstam, un grupo de 54 ciudadanos uruguayos que se encontraban detenidos en ese campo deportivo.

Dos días después, el oficial Lavanderos murió en el Hospital Militar producto de una herida de bala fáceo-craneana. En su momento se informó que se trataba de un suicidio, sin embargo, el peritaje realizado luego por orden de un fiscal del mismo ejército (causa rol 500 -73) determinó que la teoría del suicidio era un imposible, ya que no se encontró rastros de pólvora en las manos de Lavanderos y, además, se constató que “el arma fue limpiada después de efectuado el disparo mortal”.

Y no debe quedar en el tintero la muerte del capitán Osvaldo Heider Goycolea, a quien habían trasladado a Talca desde el regimiento Maipo de Valparaíso. En la ciudad de la región del Maule fue “suicidado” por Mamo Contreras y sus asesinos debido a que el capitán se opuso a entregarles un grupo de prisioneros (los cuales salvaron sus vidas gracias a ese acto).

EL ‘CASO’ BONILLA, CASO EMBLEMÁTICO

Nadie puede dudar que el general Oscar Bonilla Bradanovic fue uno de los primeros oficiales del ejército en proponer internamente -en su institución armada- un golpe de estado militar para derribar el gobierno constitucional de Salvador Allende.  Junto al inefable general asesino Sergio Arellano Stark (cabecilla de la ‘Caravana de la Muerte’), Bonilla había tenido en el ejército una actitud ‘complotadora y golpista’  permanente, desde el año 1971.

Fue uno de los principales cabecillas de la conspiración, y demostró su fuerza y poder el día 23 de agosto de 1973 cuando Pinochet -recién nombrado comandante en jefe por el Presidente Allende- solicitó a todos los generales  entregar la renuncia a sus cargos. Bonilla y Arellano Stark, se negaron…pues ambos tenían férreos contactos con el ex presidente Eduardo Frei Montalva y con los sectores más reaccionarios del Partido Demócrata Cristiano, en ese tiempo severo adversario de la Unidad Popular.

Para confirmar la relevancia de este general en ese momento, hay que recordar que fue el primer Ministro del Interior que tuvo el gobierno militar. Sin embargo, pocos meses más tarde debió asumir como Ministro de Defensa, cartera que, como es fácil deducir, carece absolutamente de importancia y significación en un régimen tiránico militar, pues todo el poder de fuego y de movilización de unidades militares está concentrado en manos de la Comandancia en jefe y no en la burocracia de un ministerio.

En un  primer momento del gobierno militar, Bonilla se convirtió ‘en el rostro amable’ de la dictadura. El diario norteamericano The New York Times lo definió como “el líder de los liberales al interior de la Junta Militar” pues visitaba poblaciones, campamentos, ex centros de reforma agraria, caletas de pescadores, etc., prometiendo a decenas de angustiadas madres averiguar el paradero de sus hijos detenidos por fuerzas militares.

Por cierto, nunca cumplió  tales promesas, ya que -peor aún- el mismo día 16 de septiembre de 1973, cuando se reunió en su calidad de Ministro del Interior con los corresponsales de prensa extranjeros asegurándoles que “se investigarán todas y cada una de las denuncias de torturas y malos tratos a los prisioneros”, 53 personas eran ejecutadas fríamente, sin ser llevadas a juicio ante ningún tribunal, y sus cuerpos fueron posteriormente enterrados en fosas comunes en el Cementerio General de Santiago.

Sin embargo, Bonilla había chocado ya con el poderoso coronel Manuel Contreras y con la DINA luego de una visita efectuada al regimiento de Tejas Verdes; allí descubrió en los sótanos de esa unidad militar a decenas de prisioneros salvajemente torturados, sangrando  y hambrientos, sin que ningún oficial a cargo le hubiese podido entregar razones de peso para tales actos.

Discutió agria y duramente con el coronel Contreras, a quien le exigió entregar un informe oficial -por escrito- respecto de los graves asuntos detectados en Tejas Verdes. Contreras, indignado y dispuesto a todo, se reunió urgentemente con Pinochet para darle a conocer lo que Bonilla estaba realizando.

La suerte definitiva del general Oscar Bonilla se fraguó el día 24 de junio de 1974, en el edificio Diego Portales. Allí tuvo la malhadada idea de plantearle a Pinochet sus reservas y molestia con respecto al coronel Contreras, a Tejas Verdes y a la DINA, asuntos que le sirvieron para criticar también el rumbo que estaba tomando el régimen, pues se explayó hablando de la disidencia que comenzaba a gestarse en algunos círculos castrenses respecto del ideario original del “pronunciamiento militar”. Conocida es la frase explicitada por este general luego de haberse enfrascado en duras reuniones con Pinochet: “ahora el mundo dirá que somos fascistas, y que no somos nacionalistas”.

Meses más tarde, el día 03 de marzo de 1975, en un extraño y nunca aclarado (técnicamente) accidente aéreo en las proximidades de San Fernando, cuando Bonilla abandonaba el fundo Santa Lucía de Romeral, su helicóptero capotó  a los pocos minutos después de haber tomado altura y tanto el general como seis de sus acompañantes fallecieron en el lugar.

Para aumentar las dudas y las suposiciones de un crimen por órdenes superiores, la empresa francesa que había vendido al ejército una partida de esos helicópteros envió a Chile a dos de sus técnicos para investigar las posibles fallas mecánicas experimentadas por el aparato en el que pereció Bonilla. Extraña y coincidentemente, mientras realizaban los primeros pasos de la investigación a bordo de un helicóptero similar al que había usado Bonilla, ambos técnicos fallecieron en un accidente de características casi idénticas al que le costó la vida al general.

En el año 1977, de los  los 24 generales que habían participado en el golpe de estado junto a Pinochet, sólo 5 quedaban en servicio activo. Varios habían fallecido en extrañas circunstancias y otros habían sido llamados a retiro.

¿Alguien aun duda de la característica de criminales que distinguió a muchos oficiales de las FFAA que participaron en el inconstitucional golpe de estado de 1973, algunos de los cuales han sido ‘privilegiados’ con bien pagados cargos públicos por parte del duopolio?

Los fríos hechos son el mejor testimonio.

*Fuente: El Werkenrojo

El articulo Militares traicionando y asesinando a militares apareció primero en piensaChile.

Así nos ha ido sucediendo en muchos de los casos y muy particularmente con la señora BACHELET, quién entre otras cosas contó con el apoyo de Venezuela cuando fue designada ante la ONU como Alta Magistrada de Derechos Humanos; pero más aún, nuestro gobierno de buena fe permitió que esa agente de los Estados Unidos, instalará aquí dentro de territorio Patrio, la Oficina de vigilancia de los DDHH; despacho que no es otra cosa que un apéndice de la Embajada Gringa en Venezuela, donde se pasean todas la ONG que subvenciona el gobierno Norte Americano y la Unión Europea, quienes reportan todas las falsedades que les dictan desde La Casa Blanca, Palacio de Nariño y Parlamento Europeo.

Es decir, la Señora BACHELET, nos metió un caballo de Troya, que le sirve a su Tío Sam, ya que el personal que está instalado en la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos,  no sé enteran del bloqueo y medidas ilegales que desde EEUU Y EUROPA le aplican al pueblo venezolano, nada dicen del daño que desde Dólar Tuday más resolución #8 de Banco Nacional de Colombia, le han hecho al Cono Monetario (Bs), que hoy vale menos que un cuartillo de cobre, como dijera Cervantes en su Quijote.

Esos contratistas que tiene aquí en Caracas, La BACHELET, obvia las marramuncias de la derecha inhumana que ha logrado congelación de cuentas bancarias internacionales que el gobierno Bolivariano utilizaba para adquirir alimentos y medicinas o cancelar intervenciones quirúrgicas a pacientes en el exterior.

La oficina de Trump, perdón, de BACHELET en Venezuela no tiene ojos, ni oídos para recoger lo que ha sucedido con empresa Citgo entregada en regalía al capital de Estados Unidos y las 31 Toneladas de Oro que el Reino Británico, se lo ha robado, al desacatar orden emitida por el Banco Central de Venezuela, que mandata a que sea depositado a Organización de Naciones Unidas con la única finalidad de adquirir equipos y medicamentos contra el Covid-19.

Ahora el «Desinforme Bachelet» reclama que según ella, el gobierno no estaría haciendo nada para contrarestar presencia delictiva de bandas o colectivos, denotando contradicción con lo que transcribió en su informe anterior donde cuestionó el rol del FAES, exigiendo su clausura.

La Señora B$chelet, se queja y denuncia presunta explotación de indígenas y niños en la minería de Oro, dejando de lado que en ésos territorios existe minería ilegal de garimpeiros brasileños y grupos irregulares de Colombia.
Y ¿porqué ataca la Señora BACHELET, lo concerniente a la minería en el sur de Venezuela? Pues es una línea Gringa y de la Derecha Anti venezolana, que buscan cerrar el oxígeno en divisas que la República Bolivarianas de Venezuela, percibe por concepto de venta de este material precioso, que explota y comercializa de manera legal nuestro BCV.

Para los irregulares que tiene la Bachelet en Venezuela, no existe el fantoche autoproclamado que tanto daño ha hecho al pueblo y menos aún el intento de Magnicidio frustrado contra Presidente Nicolás Maduro, su gabinete y Cuerpo Diplomáticos el (04/08/2018), hecho criminal planificado y subvencionado por gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

Para los intereses de la Alta Comisionada el golpe de Estado Frustrado del 30/abril 2019 donde estuvieron entre otros el pelele auto proclamado y el asesino Leopoldo López, éste último enconchado en embajada del Reino de España, desde donde conspira abiertamente contra  la democracia y Paz de Venezuela; en fin para la Bachelet, el 3 y 4 de mayo 2020 no sucedió el intento de penetración marítima a territorio patrio de Venezuela, la auto calificada Operación Gedeón, donde tienen participación directa militares boinas verdes de los Estados Unidos de Norte América, Plan develado meses antes por el propio Gobierno Bolivariano y ratificado por el narco tráficantes Cliver Alcalá, que al ser capturado armamento para dicha operación en la alta Guajira Colombiana, éste describió con pelos y señales sobre la firma de Contrato entre el auto proclamado y una empresa de Mercenarios Gringos. Para la Señora BACHELET, el gobierno del pueblo que preside legítimamente Nicolás Maduro (electo el 20/mayo/2018), es maluco porque se defiende y no se deja derrocar por aquellos que, para el concepto de la oficina de la alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, son los buenos y almas de Dios. Esto es as’i según se desprende del informe trucado que acaba de publicar la empleada de Míster Trump.

-El autor, Macario Sandoval, es Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Bloque Tachira.

El articulo Caso Bachelet apareció primero en piensaChile.

En un informe plagado de falsedades, de acuerdo con el gobierno de Venezuela, la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó al presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de posibles crímenes de lesa humanidad. Dadas las restricciones a los viajes por el Covid-19, los autores del informe no viajaron a la República Bolivariana y sustentaron sus afirmaciones en entrevistas que hicieron vía remota.

Arreaza, subrayó el desconocimiento del dictamen emitido por la misión de la ONU. Un informe elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos, tuiteó.

Asimismo, rechazó las pretensiones de sabotear las relaciones entre Caracas y la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor creado con fines ideológicos por países con pésimos reportes en materia de derechos humanos, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la alta comisionada, indicó el canciller.

Reiteró que la cooperación de Venezuela con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se genera de manera coordinada y constructiva con el despacho de la funcionaria. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación, afirmó Arreaza.

La misión de la ONU “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas ejecuciones y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

Otro miembro declaró que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro ordenó algunas veces personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a quién vigilar y detener.

*Fuente: SurySur

El articulo ONU acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad: ¿un fake-informe de una comisión fantasma? apareció primero en piensaChile.

En carta fechada el 12 de junio de 1818, el Libertador Simón Bolívar da respuesta a otra que el 19 de noviembre de 1816 le dirigiera el Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón. En uno de sus párrafos, con vehemencia y amistosa convicción integracionista Bolívar expresa que: “La proclama que V.E. se ha dignado dirigirnos es una brillante prueba de los sentimientos fraternales y altamente generosos de nuestros hermanos del Sur. Con la mayor satisfacción retorno a V.E. la respuesta cordial que, por mi órgano, han querido transmitir mis conciudadanos a los hijos del Río de la Plata. En ella sólo deben apreciarse los sentimientos de tierna solicitud que animan a todos los venezolanos hacia sus dignos compatriotas meridionales”.

Esa huella ha estado presente en la relación entre argentinos y venezolanos desde el mismo fragor de las luchas independentistas y no puede ni podrá ser alterado por el gobierno espurio que ocupa hoy la Casa Rosada.

En repulsiva manifestación de lambisconería hacia Washington, Jorge Faurie, simulador personaje de opereta que funge como canciller de Mauricio Macri ha terminado haciendo público lo que siempre se ha sabido: la subordinación plena del Grupo de Lima a Estados Unidos y la aceptación de una intervención militar y violenta en Venezuela. Sus palabras textuales fueron: “Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que correspondiera”.

Faurie, quien es tristemente conocido en su país por haber entregar al gobierno británico el uso de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de plataforma marítima argentina, dándole a ese país europeo la propiedad y el control de los recursos así como la facultad de aprobar las licencias pesqueras en todo ese mar territorial argentino, ha dejado ahora, también prístinamente demostrado el talante bélico, agresivo e intervencionista del Grupo de Lima que contrario a su falsa retórica de “salida democrática” para Venezuela, en realidad hace aprestos de guerra para intervenir militarmente en el país.

Para ello, primero enviaron a Bachelet a Venezuela y le ordenaron que hiciera un informe para validar jurídicamente la intervención militar en el país. La propia Bachelet se ha encargado de hacer tal afirmación en conversaciones privadas sostenidas con personas de su entorno, a quienes confesó que el informe por ella presentado le fue impuesto y que más bien gracias a su gestión, el contenido del mismo fue “rebajado” para que no resultara tan lesivo para Venezuela. Una vez más, como es tradicional en su quehacer político, no asume las consecuencias de sus tropelías al cumplir las órdenes que recibe del Pentágono.

Sin embargo, hay que ver la declaración de Faurie en una mirada más lejana considerando su doble uso a modo de instrumento para ser utilizado en el marco local como parte de las ambiciones reeleccionistas de Macri, y en un espectro más amplio, de carácter global en que el gobierno argentino ha aceptado ser usado como ariete en contra de Rusia y de China.

En primera instancia, agotadas todas las opciones políticas para convencer al pueblo de la viabilidad de su gobierno y por tanto, mermadas sus posibilidades de reelección, Macri solo cuenta con el crédito del FMI para dar un vuelco transitorio a la economía a fin de que a través de los instrumentos de comunicación pueda engañar una vez más a los votantes, transmitiendo una sensación de alivio y mejoramiento futuro de la pesada carga que significa la aplicación de las medidas neoliberales de acendrado carácter anti popular.

A cambio de recibir la millonaria suma, Macri ha aceptado el papel que antes se disputaban Duque y Piñera de ser el eje de la agresión militar contra Venezuela, legitimando con ello la intervención militar que dicen rechazar.

Así mismo, el arreglo con el FMI, ha significado que Faurie haya sido obligado por el Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton a responder a las declaraciones del canciller ruso Serguei Lavrov, quien manifestó que “muchos países de la región”, incluso aquellos que exigen la renuncia del presidente Nicolás Maduro, “se oponen categóricamente a la idea del uso de la fuerza” por parte de Estados Unidos. Con sus palabras, el canciller argentino ha desmentido a su colega ruso y lo ha dejado en ridículo ante la opinión pública internacional al mostrar una mirada diferente.

En otro punto del mismo acuerdo, Argentina en consonancia con Estados Unidos ha declarado como terrorista a Hezbollah, una organización legal con representación parlamentaria en El Líbano, país con el que Argentina tradicionalmente ha mantenido excelente relaciones habida cuenta de la importante comunidad de ciudadanos de este país que habitan la nación austral.

Además, para reafirmar lo antes mencionado por Faurie, de manera simultánea, el asistente especial y director principal de la división de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, afirmó que la Casa Blanca hizo llegar una comunicación a Venezuela para indicarle a Maduro que tiene un “corto plazo para dejar el poder”, “mucho más corto que fin de año”, o de lo contrario “deberá enfrentarse a la justicia internacional y de los Estados Unidos”.

De esta forma, se hace evidente que Bolton está desarrollando su propia agenda “diplomática” de carácter belicista, incluso al margen de la opinión del presidente Trump quien desde hace un mes ha entrada en fase reeleccionista, modificando su actuar con el claro interés de atraer votos. Bolton no parece haber tomado nota de las intenciones de su jefe y ha perseverado con su retórica y práctica a favor de la guerra, secundado para ello por Marcos Rubio y Mike Pompeo, quienes configuran un gobierno en las sombras que responde a los intereses ideológicos del Tea Party y de la derecha más recalcitrante y fascista de Estados Unidos a la cual responden Bolsonaro, Duque, Macri y Piñera, entre otros.

Estas contradicciones en el alto gobierno de Estados Unidos son las que explican que mientras Trump ha obligado a la oposición venezolana a sentarse en la mesa de negociaciones, Bolton, Pompeo y Rubio las torpedean y las hacen completamente inefectivas. Mientras esto ocurre, los líderes opositores venezolanos siguen recibiendo su sueldo de Washington, así que poco les importa el avance o no de las mismas.

Hay que decir que durante la conversación telefónica sostenida por los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Estados Unidos Donald Trump el pasado 3 de mayo, el ruso convenció a su colega norteamericano acerca de la inconveniencia de involucrarse en una confrontación armada en Venezuela cuando se acercan los tiempos electorales en Estados Unidos. Apegado a su inveterable posición de apoyar el diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela, a fin de buscar una salida negociada al mismo, Putin logró que Trump tomara nota de estas opiniones, sobre todo porque entendió que de esa manera ganaban todos.

De inmediato, Trump dio instrucciones al gobierno de Noruega, un país aliado, miembro de la OTAN, pero que ha logrado construir un expediente de seriedad y responsabilidad al realizar funciones de mediador en este tipo de diferendos, salvando de esa manera la incapacidad de la Unión Europea y el Grupo de Lima de poder actuar en estos menesteres, al haber tomado posición a favor de una de las partes y cuando incluso ante el fracaso total del Grupo de Lima, este buscó infructuosamente que Rusia, China y hasta Cuba jugaran un papel en la búsqueda de derrocar al gobierno de Venezuela. Estas acciones, por supuesto, no fueron bien recibidas por Washington.

Así, en este mar de paradojas de vergonzosas lealtades a los imperios de los gobiernos de derecha de América Latina y el Caribe, el gobierno de Venezuela, ha perseverado haciendo manifestaciones múltiples de su voluntad de negociar, lamentablemente se encuentra sentado en una mesa en la que del otro lado hay variopintas representaciones, cada una con ideas propias sin saber a nombre de quien habla cada uno, solo con la convicción que deben estar ahí, tras las órdenes recibidas para favorecer la reelección de Trump, pero imposibilitados de llegar a ningún acuerdo tras recibir las órdenes de Bolton.

Mientras tanto, la mayor parte de la oposición venezolana se encuentra secuestrada por este grupo de mercaderes de la política a quienes tampoco importa la suerte del pueblo venezolano, ya no sólo porque están favoreciendo la imposición de mayores sanciones económicas contra el país, sino que incluso ahora, en línea con Faurie y con Claver-Carone han aceptado públicamente que Venezuela puede y debe ser sujeto de una invasión militar extranjera que los lleve al poder y restituya el control estadounidense sobre el país.

Mientras esto ocurre, y Bolton sigue estructurando la opción bélica contra Venezuela, para lo cual ha subordinado a los gobiernos del grupo de Lima y en momentos en que Macri asume la responsabilidad de conducción de este entramado mafioso, los venezolanos le respondemos a Faurie y a Macri con palabras de Bolívar a Pueyrredón: “V.E. debe asegurar a sus nobles conciudadanos que no solamente serán tratados y recibidos aquí como miembros de una república amiga, sino como miembros de nuestra sociedad venezolana. Una sola debe ser la patria de todos los americanos, ya que todos hemos tenido una perfecta unidad”.

*Fuente: Resumen Latinoamericano

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El articulo Bachelet y Almagro: almas gemelas apareció primero en piensaChile.

Un direccionado y poco balanceado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado esta semana insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

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El golpista Lagos, hoy convertido en el “señorón” Lagos, que reparte consejos, axiomas, sentencias sesudas desde un trono autoconstruido por sobre la fronda política del país, se pone así un peldaño más abajo en la cadena de degradación que alcanzaron sus colegas golpistas del ´73, porque clama por un cuartelazo en otro estado, es decir al estilo yanqui, y lo que es peor, en un país como Venezuela que, igual que el Chile de aquellos tiempos, lucha denodadamente por mantener las conquistas populares que la Revolución Bolivariana ha ido construyendo para su pueblo. A propósito, y tómelo como un paréntesis, el término “señorón” no es un sinónimo de gran señor, de aquel individuo que, para bien o para mal, se proyecta en su ámbito con la solvencia que da la fuerza de sus convicciones, o con la consecuencia de su trayectoria en la que la fidelidad a sus ideas, equivocadas a no, es uno de los pilares fundamentales de su figura. Contrariae est, este espécimen, el señorón, a poco o a mucho andar, muestra la cara fraudulenta de lo que fue su trayectoria, dicho en buen chileno dejando de lado los latinazos, simplemente muestra la cola. En política, y sobre todo en las últimas décadas luego del derrumbe de las ideologías, este prototipo del desertor ha proliferado al calor de las contorsiones que permite la carencia de principios en los partidos y movimientos del milenio, los que se trasvasijan militantes entre sí con un desparpajo inaudito sin molestarse siquiera en justificar sus prestidigitaciones circenses.

Ahora la pregunta es por qué don Ricardo asciende a la categoría de “señorón”, ya que si fuera por la manga de contorsionistas que saturan el circo político de estos días, todos ellos podrían ostentar, o al menos aspirar, a semejante título. Lo que ocurre es que este malabarista, más que los otros, está profundamente convencido que sus “vueltas de chaqueta” constituyen el sumun, el dechado de la  perfección de un político, lo que proclama “urbi et orbi” para que la troupe que lo sigue cumpla sus edictos al pie de la letra. Uno de sus acólitos, doña Michelle Bachelet, prosternada ante el trono del señorón, terminó por sumarse al coro de la ignominia con la que la reacción continental y el capitalismo del planeta, pretende aplastar la revolución socialista iniciada por uno de los últimos grandes líderes de América, Hugo Chávez. El caso de la señora Bachelet, que sucumbió de manera vergonzosa desde su alto cargo en la ONU elaborando un informe sobre el gobierno venezolano plagado de infamias, no posee las ínfulas y la soberbia de don Ricardo. Ella es una mujer timorata, debilucha, y que irrumpe en política a la sombra del apellido de su honorable padre, el general Bachelet asesinado por la dictadura. Elegida dos veces, se esperó de ella como antes de Lagos, un gobierno audaz, capaz de sobreponerse a los embates con que la reacción nacional e internacional acosaba al mundo. Por el contrario, si hubiera que calificar en una palabra sus dos gobiernos esa sería la mediocridad, en especial el segundo. La conducta timorata que imprimió a sus mandatos, es la misma que hoy aplica a su cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, cediendo a la presión de los que mayor poder tienen claudicando como muchos otros en este país, a los principios que supuestamente alguna vez tuvo.

Hace algunos años, a propósito de la irrupción en política de Marco Enríquez Ominami y su posterior derrumbe, escribí un artículo llamado “Los Hijos De”. Aclaré de inmediato que no me refería a los hijos de p… sino a los que heredaban apellidos dentro de la alcurnia moral y el respeto con el cual sus progenitores aportaron a la historia de nuestro país. Hasta ahora ninguno “ha dado el ancho”, como decimos en Chile, ni la senadora cuyo único mérito, que le cayó por herencia, es el apellido Allende, ni el hijo del líder heroico que tuvo el MIR, ni la señora Bachelet, hija de uno de los pocos militares dignos que fuera asesinado por Pinochet.

Repito que dije que mi artículo “Los Hijos De…” no se refería a los hijos de p…

Hoy estoy empezando a dudar.

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5 de julio de 2019

Español únicamente

Consejo de Derechos Humanos

41º período de sesiones

24 de junio – 12 de julio de 2019

Tema 2 de la agenda

Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
de la Alta Comisionada y del Secretario General

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela

Comentarios formulados por el Estado*

COMENTARIOS SOBRE ERRORES DE HECHO DEL INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

1. El 28 de junio de 2019 la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (OACNUDH) para los Derechos Humanos remitió al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela una “versión avanzada no editada”, en idioma inglés, del Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos de Venezuela (A/HRC/41/18).
2. En esa ocasión, la OACNUDH invitó al Gobierno venezolano a enviar sus comentarios por escrito sobre errores de hecho contenidos en el señalado informe, de conformidad con los lineamientos institucionales de esa Oficina.
3. A través del presente documento, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presenta sus comentarios sobre la versión avanzada no editada remitida por la OACNUDH.

    Consideraciones generales

4. El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena.
5. En gran parte, esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración. En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
6. Adicionalmente, el informe omite los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país.
7. En ese sentido, es especialmente preocupante que el 82%[1] de las entrevistas utilizadas por la OACNUDH para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019, la primera de ella en el mes de marzo con una duración de 12 días y la segunda entre el 19 y 22 de junio, por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
8. De la misma forma, resulta injustificable que la OACNUDH haya priorizado en su análisis los testimonios recabados fuera de Venezuela, sin considerar los elementos que el personal de esa Oficina pudo directamente apreciar en sus visitas al país. Vale recordar que, durante la misión realizada en el mes de marzo de 2019, la OACNUDH pudo visitar, por ejemplo, cinco centros de privación de libertad[2], tres hospitales[3] , un almacén robotizado de acopio y distribución de medicamentos[4] , un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela[5] y dos centros de expendio de alimentos.[6]
9. Por otra parte, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos. Sobre este punto, debe tenerse presente que la OACNUDH está llamada por las normas y principios internacionales a realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial de la situación de derechos humanos de los países que integran la ONU. Esa objetividad en el análisis solo puede alcanzarse realizando un justo balance en el manejo de las fuentes de información, así como de los avances y desafíos que presenta un determinado Estado sometido a valoración.
10. No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia.
11. El Gobierno de Venezuela reitera su rechazo a la metodología empleada por la OACNUDH para elaborar el informe sobre la situación de derechos humanos del país. Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles. En los párrafos siguientes se destacarán, a modo de ejemplo, algunos de esos errores.

Errores de hecho del Informe

12. En el párrafo 11, el informe omite hacer referencia a otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Entre esas medidas se encuentran: el sistema de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria[7] , el subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas doméstico, transporte, internet), la gratuidad del sistema educativo y de salud, así como, la universalidad en el sistema de pensiones de seguridad social, entre otras. Toda esta información fue aportada a la OACNUDH durante su visita a Venezuela.
13. En el párrafo 12, el informe señala diversos factores que supuestamente inciden en la situación del derecho a un nivel de vida adecuado en Venezuela. En dicha referencia, omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el país.
14. En ese mismo párrafo, el informe afirma que miembros del Gobierno habrían reconocido ciertos aspectos de la “crisis humanitaria”[8] . Esta afirmación resulta errada pues ninguna autoridad ha reconocido la existencia de una “crisis humanitaria” en Venezuela, pues no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello. El Gobierno ha reconocido que las acciones de agresión contra Venezuela están generando impactos negativos sobre la situación social y ha puesto en marcha mecanismos para recibir asistencia técnica humanitaria para hacer frente a esos efectos.
15. En todo caso, resulta preocupante la ligereza con que la OACNUDH utiliza el término de “crisis humanitaria” en su informe, sobre todo considerando que no presenta datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación sobre la situación del país. En este punto, vale recordar lo señalado por el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela:

La “crisis” en la República Bolivariana de Venezuela es una crisis económica, que no puede compararse con las crisis humanitarias en Gaza, el Yemen, Libia, la República Árabe Siria, el Iraq, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, o Myanmar, entre otros. Es significativo que, cuando en 2017 la República Bolivariana de Venezuela solicitó asistencia médica al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la demanda fue rechazada porque “sigue siendo un país de altos ingresos… y, como tal, no califica para recibir tal asistencia”. Durante su misión, el Experto Independiente conversó sobre los problemas de la escasez de alimentos y medicamentos con expertos de la FAO, y obtuvo datos pertinentes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En los informes de la FAO de diciembre de 2017 y marzo de 2018 se enumeran crisis alimentarias en 37 países. La República Bolivariana de Venezuela no figura entre ellos.

16. En el párrafo 13, el informe sostiene que Venezuela no ha demostrado haber usado todos los recursos a su disposición para asegurar la progresiva realización del derecho a la alimentación. Esta afirmación resulta errónea pues el Estado aportó a la OACNUDH abundante información sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la alimentación.
17. En efecto, en la respuesta al cuestionario enviado por la OACNUDH el Gobierno de Venezuela informó que, además del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, invierte recursos públicos para la progresiva realización del derecho a la alimentación, a través de los siguientes programas:

Programa de Alimentación Escolar (PAE). Consiste en la distribución de alimentación variada y balanceada a más de 4.000.000 niños y niñas en el sistema escolar.

Casas de Alimentación. Este programa brinda atención alimentaria con dos comidas diarias a 750.000 personas en estado de vulnerabilidad social, en todo el territorio nacional.

Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional. Es la distribución mensual de suplementos alimentarios a 163.000 personas con vulnerabilidad nutricional a nivel nacional, entre niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Contempla la atención nutricional especializada a niños y niñas menores de cinco años con alimentos terapéuticos, vitaminas, minerales y en los servicios de educación y recuperación nutricional.

Comedores Populares. Con esta iniciativa se distribuye una comida diaria, variada y balanceada a más de 6.000 personas en estado de vulnerabilidad social.

Servicio de Alimentación a Personas bajo la Tutela del Estado. Comprende el suministro de insumos alimenticios para centros penitenciarios, centros de salud, ancianatos y casa de abrigo para mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.

Componente Alimentario para Pueblos Originarios. Esta iniciática consiste en el suministro de alimentos a 338 comunidades indígenas, pertenecientes a 24 pueblos originarios. Se les proporciona la alimentación balanceada a 30.000 personas.

Lactancia materna. Comprende las acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, como primer acto de Soberanía Alimentaria. En Venezuela existe una prevalencia de la práctica de lactancia materna de 71%, superando la recomendación de la OMS (50%). Este indicador evidencia avances en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

18. De igual manera, el informe obvia mencionar que Venezuela destina, en promedio, el 75% del presupuesto a la inversión en el área social, tal como fue mencionado a la misión técnica que visitó Venezuela en el mes de marzo de 2019 y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas en su estancia en el país.
19. Como evidencia de lo anterior, es necesario destacar que el Gobierno venezolano invierte 3.906 millones de dólares anualmente en la compra de alimentos para ser distribuidos a la población. Este monto incluye 2.826 millones de dólares para la adquisición de productos del programa CLAP y 1.080 millones de dólares para la importación de diversos rubros alimenticios no producidos en el país. Todos estos datos se entregaron a la misión de la OACNUDH durante su estancia en Venezuela.
20. En este contexto, resulta inexplicable que la OACNUDH haya omitido toda la información aportada por el Estado y realice la afirmación contenida en el párrafo 13 de su informe con total ligereza y sin una base técnica que lo sustente.
21. En el párrafo 14, el informe hace un análisis sobre la “escasez” y disponibilidad de alimentos, con base en las entrevistas realizadas mayoritariamente fuera del territorio de Venezuela. Sin embargo, en ese análisis, se omite la información recabada directamente por la OACNUDH durante su visita a dos establecimientos de expendio de alimentos en Venezuela.[9] En esas visitas la OACNUDH pudo constatar la amplia disponibilidad de alimentos existente, dejando sin sustento empírico las afirmaciones contenidas en el párrafo 14 del informe.
22. En los párrafos 16 al 20, el informe evalúa la situación del derecho a la salud con base en las entrevistas realizadas mayoritariamente fuera de Venezuela. Dicho análisis resulta errado, pues omite la información recabada directamente por el personal de la OACNUDH durante su visita al país, así como los datos aportados por el Estado a esa Oficina y el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales.
23. Durante la misión realizada a Venezuela en el mes de marzo de 2019, la OACNUDH visitó tres establecimientos de salud públicos (supra 8). En esas visitas, el personal de la Oficina pudo apreciar directamente que la situación de esos establecimientos no se corresponde con el diagnóstico realizado en el informe A/HRC/41/18. La OACNUDH accedió a salas de emergencia, depósitos de medicamentos, salas de diálisis, áreas de hospitalización y áreas de imagenología, entre otros espacios, constatando la atención brindada y los reales niveles de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal.
24. Igualmente, el Gobierno informó a la OACNUDH[10] que entre los años 2011 y 2019 se han graduado 29.057 médicos integrales comunitarios, formados bajo los principios de la atención primaria de salud, a los que se suman aproximadamente 2.000 por año que se gradúan como médicos cirujanos. Del mismo modo, se indicó que entre 2015 y 2019 el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha registrado el ingreso a la plantilla de 128.324 profesionales en diversas áreas, incluyendo 30.841 licenciados en enfermería y 21.968 médicos cirujanos.
25. En el párrafo 17, el informe hace referencia al resurgimiento de enfermedades previamente controladas y eliminadas. No obstante, omite la información aportada por el Gobierno en la respuesta al cuestionario enviado por la OACNUDH, en relación con el control absoluto de la arbovirosis Zika a partir del año 2017. Luego de reportar 2.370 casos confirmados en el año 2016, Venezuela cerró el año 2018 sin ningún caso confirmado de Zika.
26. En el párrafo 18, el informe indica que se habría producido un supuesto incremento en la tasa de mortalidad materna. Este señalamiento resulta errado pues, conforme a la información oficial, entre los años 2016 y 2018 la tasa de mortalidad materna se redujo en 13,76 puntos.
27. En el párrafo 19, el informe afirma que 20 mil niños “morirán como consecuencia directa de la crisis”. Esta afirmación no tiene ningún sustento técnico que la respalde y afecta la credibilidad del reporte. En todo caso, si la OACNUDH formula sus informes a partir de estimaciones realizadas por organizaciones civiles, debería valorar el reporte realizado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés) según el cual 40 mil venezolanos han fallecido producto de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos de América.[11]
28. Igualmente, en el párrafo 19 el informe sostiene que 40 pacientes murieron como resultado de los “cortes de energía”. Esta aseveración resulta errada pues durante el sabotaje eléctrico ocurrido en marzo de 2019 no se registraron pérdidas de vidas humanas que resulten atribuibles a la falta de electricidad. La inmensa mayoría de los hospitales del país disponen de plantas eléctricas de respaldo. En aquellos establecimientos de salud donde no existe planta de respaldo o se registraron fallas, se activó un plan de contingencia de manera exitosa.
29. En los casos de pacientes que reciben la diálisis en establecimientos privados sin planta eléctrica de respaldo, el Estado procedió a reubicar a los pacientes en los establecimientos públicos de salud. Adicionalmente, se proveyó gratuitamente de plantas eléctricas a centros privados. En todo caso, desde el punto de vista médico, es insostenible afirmar que la pérdida de una sesión de diálisis sea la causa de la muerte de un paciente. Cabe recordar que los pacientes reciben 3 sesiones de diálisis por semana.
30. En el párrafo 20, el informe alega que el Estado violó sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la salud. Esta afirmación carece del más mínimo sustento técnico, pues no se realiza ningún análisis sobre las medidas adoptadas por el Estado en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir, hasta el máximo de los recursos disponibles. Además, no se analiza el impacto generado en este derecho por las medidas coercitivas unilaterales.
31. En el párrafo 22, el informe cuestiona la cobertura del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Sin embargo, omite hacer mención a los datos suministrados por el Estado en torno al alcance de este programa. Tal como se indicó en la respuesta al cuestionario remitido por la OACNUDH, desde la implementación de los CLAP se ha logrado un incremento de 400% en los niveles de distribución.
32. El abastecimiento durante 2018 fue de 119.822.921 de combos de alimentos, equivalentes a 1.797.344 TM. Entre el 1° de enero y el 15 de marzo de 2019, se entregaron 21.606.278 combos de alimentos, equivalentes a 324.094 TM. En la actualidad 6.000.000 de hogares son atendidos mensualmente con este programa, lo que equivale a 24 millones de personas.
33. En el párrafo 23, el informe alega que las listas de personas beneficiadas a través del Carnet de la Patria son administradas por “estructuras locales del partido gobernante”. Esta aseveración es errada. Las personas beneficiadas con los diferentes programas del Carnet de la Patria son determinadas por las diversas instituciones del Estado responsables de cada uno de esos programas. En esos listados se incorporan, sin discriminación, a todas las personas que cumplan los requisitos para ello.
34. En el párrafo 25, el informe menciona, de manera parcial, las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra Venezuela. En esta referencia, el informe omite las medidas coercitivas adoptadas mediante la Orden Ejecutiva N° 13827, del 19 de marzo de 2018, que prohibió realizar transacciones con la criptomoneda “Petro” y la Orden Ejecutiva N° 13850, del 1° de noviembre de 2018, mediante la cual se prohibió el desarrollo de operaciones con el oro de la República Bolivariana de Venezuela.
35. De la misma forma, el informe no realiza ninguna referencia al “Aviso” realizado al sistema financiero internacional por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, el 20 de septiembre de 2017.[12] A través de este aviso, se calificaron como sospechosas todas las operaciones bancarias realizadas por las dependencias y las empresas estatales del Gobierno venezolano, generando prácticas de “over compliance” que se traducen en retardo o rechazo de operaciones y la congelación de activos. Para la fecha existen 5.470 millones de dólares de los Estados Unidos, pertenecientes a Venezuela, retenidos en diversas instituciones bancarias en el mundo. Este monto es superior al total de recursos invertidos durante todo un año para la adquisición de alimentos para el pueblo venezolano (supra 19)
36. En el párrafo 26, el informe refiere la denuncia realizada por el Gobierno de Venezuela sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales. En este punto, la OACNUDH omite las diversas afirmaciones realizadas sobre este tema por el Relator Especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos y el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Este último procedimiento especial, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, indicó:

Los efectos de las sanciones impuestas por los presidentes Obama y Trump y de las medidas unilaterales aplicadas por el Canadá y la Unión Europea han agravado tanto directa como indirectamente la escasez de medicinas tales como la insulina y los medicamentos antirretrovirales. En la medida en que las sanciones económicas han generado retrasos en la distribución y, de esa forma, constituyeron otro factor causante de muchas muertes, las sanciones infringen las obligaciones contraídas por los países que las imponen en materia de derechos humanos. Por otra parte, las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cabría que tal Corte realizara la correspondiente investigación, pero es posible que su sumisión geopolítica le impida hacerlo.[13]

37. En el párrafo 27, el informe sostiene que la economía venezolana ya se encontraba en crisis antes de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales del 2017. En ese análisis, la OACNUDH omite considerar el impacto generado por la dramática reducción del precio del barril petróleo a partir del año 2014, como resultado de las acciones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos para manipular el precio del petróleo, a través del incremento de la producción de petróleo de esquisto.
38. Como consecuencia de la caída del precio del petróleo, los ingresos de la República disminuyeron de 43.690 millones de dólares en 2013 a 38.109 millones de dólares en 2014, 10.634 millones de dólares en 2015, 4.650 millones de dólares en 2016 y 5.198 millones de dólares en 2017. Es pertinente recordar que el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela se corresponden con la exportación petrolera. Esta información fue aportada a la OACNUDH durante su visita al país.
39. Adicionalmente, en el párrafo 27, la OACNUDH menciona la necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica en Venezuela. No obstante, se abstiene de subrayar el deber de levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, tal como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Esta omisión resulta preocupante e inexplicable, sobre todo considerando que la OACNUDH ha reconocido que:

Las medidas coercitivas unilaterales consistentes en sanciones económicas pueden tener repercusiones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población en general de los Estados a los que se aplican tales medidas.

Las principales víctimas de esas medidas suelen ser las clases más vulnerables, en particular las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos, así como los pobres. Esos grupos sufren más las consecuencias de la denegación del acceso a material y medicamentos que pueden salvarles la vida, a productos alimenticios básicos y a material educativo.[14]

40. En el párrafo 28, el informe destaca el supuesto cierre de medios de comunicación social y la expulsión de periodistas del territorio nacional. En este abordaje, la OACNUDH omite la información suministrada por el Estado en relación con el proceso de renovación de concesiones y las normas que regulan el ejercicio de la labor del periodismo para profesionales extranjeros, no residenciados en el país.
41. En su respuesta al cuestionario de la OACNUDH, el Gobierno venezolano informó que, entre los años 2018 y 2019, han sido otorgadas 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión. Asimismo, han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión.
42. De la misma manera, el Gobierno indicó que entre 2018 y 2019 se produjo la deportación de tres periodistas extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias. Dichos periodistas ingresaron a Venezuela con visa de turismo y se encontraban realizando labores remuneradas en el país, en clara contravención del marco jurídico aplicable.
43. En el párrafo 30, el informe acusa al Gobierno venezolano de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia. Este señalamiento resulta falso. Además, en su análisis la OACNUDH omite mencionar las diversas acciones de violencia y contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002.
44. En el párrafo 33, el informe señala que el Estado venezolano no habría investigado las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos. Esta afirmación es errónea, tal como lo demuestra la información aportada a la OACNUDH en respuesta al cuestionario remitido por esa Oficina.
45. En efecto, el Gobierno informó a la OACNUDH que, hasta la fecha, existen 44 personas privadas de libertad su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre 2017 y 2019. Adicionalmente, existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por este mismo asunto.
46. Del mismo modo, se indicó a la OACNUDH que el Ministerio Público conoce 72 causas por presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de 174 personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los años 2017 y 2019.
47. En el párrafo 37, el informe analiza los procesos penales incoados contra diputados de la Asamblea Nacional. En este estudio, la OACNUDH omite mencionar el magnicidio frustrado contra el Presidente de la República del 4 de agosto de 2018, organizado por diputados de la Asamblea Nacional. Igualmente, al referirse a los hechos del 30 de abril de 2019, la Oficina omite señalar que los diputados no solo hicieron un llamado a las fuerzas armadas a que “deserten y desafíen al gobierno”, sino que se apostaron en una vía pública con armas de guerra de alta potencia, orientadas hacia la población civil, en un intento de golpe de estado. Tampoco destaca los constantes llamados a la intervención militar extranjera.
48. En el párrafo 39, el informe refiere las manifestaciones ocurridas en Venezuela durante los últimos años. Sin embargo, lo realiza con base en información no oficial, obviando los datos suministrados por el Estado sobre este asunto. Como se informó en la respuesta al cuestionario remitido por la OACNUDH, durante el año 2017 se registraron 12.913 manifestaciones en todo el territorio nacional, de las cuales 5.975 fueron manifestaciones violentas de carácter político. En el año 2018 se produjeron 7.563 manifestaciones y hasta mayo de 2019 se registraron 3.251 manifestaciones.
49. Asimismo, en el párrafo 39 la OACNUDH omitió hacer mención a las diferentes expresiones de violencia ejercida por los manifestantes, especialmente durante los años 2013, 2014 y 2017, así como sobre las consecuencias de esa violencia y los casos de personas fallecidas y lesionadas. La Alta Comisionada pudo recabar abundante información sobre este asunto en su visita al país. Además, en su respuesta al cuestionario de la OACNUDH, el Gobierno indicó que al menos 9 funcionarios fallecieron y otros 1.263 resultaron lesionados entre los años 2017 y 2019, como consecuencia de la violencia ejercida por el sector opositor durante manifestaciones públicas.
50. En el párrafo 41, el informe reproduce los datos de personas supuestamente detenidas “por motivos políticos” aportados por organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, omite la información facilitada por el Gobierno en relación con los casos de personas detenidas en el país. En este marco, resulta alarmante que la OACNUDH no se detenga a revisar con detalle cada uno de los casos y califique como detenidos “por motivos políticos” a funcionarios policiales condenados por violación de derechos humanos, a personas procesadas por la quema de seres humanos y a detenidos por el homicidio de civiles o funcionarios de seguridad, entre otros hechos especialmente graves.
51. En el párrafo 45, el informe analiza las condiciones de los centros de detención del país. En este estudio, la OACNUDH desconoce los grandes avances en materia de régimen penitenciario alcanzados por el Estado, los cuales pudieron ser constatados por el personal de esa Oficina durante su visita al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y a dos centros penitenciarios del país. Incluso, estos progresos fueron reconocidos por la propia Alta Comisionada en la reunión sostenida en Venezuela con las autoridades en materia de derechos civiles y políticos.
52. Con toda la información aportada por el Gobierno y lo recabado directamente por la OACNUDH en los propios establecimientos de detención, es incomprensible que la Oficina no realice distinción alguna entre los centros de detención preventiva, donde aún existen desafíos admitidos por el Estado y los centros penitenciarios del país.
53. En el párrafo 46, el informe sostiene que en Venezuela solo existe un centro de detención de mujeres y, por tanto, el sistema no cumpliría con los estándares específicos en materia de género. Esta aseveración es errada. En Venezuela funcionan 17 establecimientos penitenciarios para mujeres[15] bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Todos estos establecimientos cuentan con el nuevo régimen penitenciario, en estricto apego a los estándares nacionales e internacionales aplicables.
54. En los párrafos 47 al 52, el informe estudia el desarrollo de las operaciones de seguridad ciudadana implementadas en el país. En este apartado, la OACNUDH omite la información entregada por el Gobierno sobre el sostenido descenso de los indicadores de criminalidad en el país, especialmente del delito de homicidio. Este dato es relevante para un análisis objetivo de la situación venezolana.
55. En efecto, tal como se mencionó en la respuesta al cuestionario enviado por la OACNUDH, el año 2016 cerró con un total de 17.407 homicidios (56 por cada 100 mil habitantes), el año 2017 con 14.665 homicidios (47 por cada 100 mil habitantes) y 2018 con 10.598 homicidios (33 por cada 100 mil habitantes). Como se observa, existe una marcada tendencia descendente en este importante indicador.
56. De la misma manera, en el análisis sobre el desarrollo de las operaciones de seguridad ciudadana, se obviaron los datos oficiales suministrados por el Estado en relación con la investigación y sanción de las denuncias de violación de derechos humanos en el marco de dichas operaciones.[16]
57. De acuerdo con la data enviada a la OACNUDH, el Ministerio Público conoce 292 casos donde se encuentran vinculados 388 funcionarios del FAES, adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, durante los años 2017 al 2019, por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio. Hasta la fecha 5 funcionarios del FAES han sido condenados por la comisión de los delitos de homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, en el marco de hechos ocurridos en el año 2018.
58. En el párrafo 56, el informe acusa al Ministerio Público de incumplir la obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.[17] Esta afirmación es errónea y para sostenerla se omiten los datos aportados por el Estado, tanto en la respuesta al cuestionario de la OACNUDH (supra 42, 43 y 54) como en las dos visitas realizadas por esa Oficina al país en el 2019.
59. En el párrafo 58, el informe menciona las medidas de atención integral a las víctimas adoptadas por la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Sin embargo, omite señalar que las medidas de atención integral implementadas por la Comisión no se limitan a las compensaciones monetarias, sino que incluyen acompañamiento jurídico, atención psicológica y/o psiquiátrica, atención en salud y medidas de protección social, incluyendo vivienda, empleo y becas educativas, entre otros.
60. Aunado a ello, en el referido párrafo se pretende desacreditar las acciones tomadas por la Comisión, argumentando que “la mayoría de las familias” beneficiadas consideran que las medidas de atención buscan “comprar el silencio”. Esta acusación es totalmente falsa y, además, resulta insostenible metodológicamente. El listado de familias beneficiadas por la Comisión era desconocido por la OACNUDH hasta el 19 de junio de 2019, fecha en la que fue entregado por el Gobierno. Por tanto, dichas personas difícilmente pudieron ser entrevistados por la Oficina para este reporte.
61. En el párrafo 61, el informe alude a la supuesta presencia de grupos armados de nacionalidad extranjera dentro del territorio de Venezuela. Esta aseveración es errada. En el país no existe presencia de ningún grupo armado extranjero. Como es bien sabido, Venezuela históricamente ha sufrido las consecuencias generada por el conflicto armado que existe desde hace varias décadas en la República de Colombia.
62. En ese mismo párrafo, el informe denuncia la supuesta violación de los “derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras”, obviando toda la información entregada por el Gobierno venezolano en torno a este tema. Como fue explicado a la misión de la OACNUDH en Venezuela, durante la reunión sostenida en marzo de 2019 con la Ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, hasta la fecha se han entregado 102 títulos de propiedad colectiva de la tierra a pueblos indígenas, que comprenden 3.282.299 hectáreas demarcadas. Con estos títulos se ha dado respuesta al 73% de las solicitudes de demarcación presentadas, beneficiando a 683 comunidades indígenas.
63. En los párrafos 63 y 64, el informe estudia la situación del pueblo indígena Pemón, especialmente en el marco de los hechos ocurridos en febrero de 2019 en el estado Bolívar. En esta evaluación, la OACNUDH omite indicar que el pueblo indígena Pemón está conformado por diferentes comunidades. La mayoría de estas comunidades decidieron no participar en el proceso de recepción de la supuesta ayuda humanitaria y mantienen relaciones de diálogo constructivo con las instituciones del Estado. Solo dos comunidades[18] participaron activamente en dicha actividad y generaron episodios de violencia en el estado.
64. Asimismo, se obvia incorporar los testimonios dados por los miembros del pueblo indígena Pemón que se reunieron con la misión técnica de la OACNUDH en el estado Bolívar, en el mes de marzo de 2019, quienes narraron a la Oficina los hechos de violencia propiciados por algunos integrantes de las dos comunidades involucradas en el pretendido ingreso de la supuesta “ayuda humanitaria”. En esa ocasión, la OACNUDH –además- entrevistó de manera confidencial a varios indígenas del pueblo Pemón.
65. En el párrafo 68, el informe hace mención al supuesto número de venezolanos y venezolanas que habrían abandonado el país. No obstante, la cifra aportada resulta errada y exagerada, tal como se lo ha hecho saber el Gobierno venezolano a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones.
66. En el párrafo 72, el informe hace mención a los supuestos obstáculos que enfrenta la migración desde Venezuela. En este punto, la OACNUDH omite que, tal como fue referido en la respuesta al cuestionario de la Oficina, el Ministerio Público tiene registrados 85 casos donde se encuentran vinculados funcionarios del SAIME en el período 2017 y 2019. Estos casos involucran a 196 funcionarios investigados, 87 acusados y 34 condenados por delitos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción.
67. En el párrafo 80, el informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice en ese u otro párrafo sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país. Esta omisión es grave e injustificada, pues -entre otras cosas- implica un desconocimiento a las decisiones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos y los mandatos otorgados a la OACNUDH.
68. En efecto, en la Resolución A/HRC/40/L.5 el Consejo de Derechos Humanos:
    1. Insta a todos los Estados a que dejen de adoptar, mantener o aplicar medidas coercitivas unilaterales contrarias   al   derecho   internacional,   al   derecho   internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones  pacíficas  entre  los  Estados,  en  particular  medidas  de  carácter  coercitivo  con efectos  extraterritoriales,  que  crean  obstáculos  a  las  relaciones  comerciales  entre  los Estados,  impidiendo  de  ese  modo  la  plena  efectividad  de  los  derechos  enunciados  en  la Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  en  otros  instrumentos  internacionales  de derechos humanos, en particular el derecho de las personas y de los pueblos al desarrollo.

(…)

26. Reconoce la importante función   que   desempeña   la   Oficina   del   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para tratar de resolver los problemas derivados de las medidas coercitivas unilaterales y sus repercusiones negativas en los derechos humanos de los pueblos y las personas que desean hacer realidad sus derechos económicos y sociales, incluido el derecho al desarrollo.

(…)

29. Insta a la Alta Comisionada, los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados a que presten atención, en el marco de sus mandatos, a la situación de las personas cuyos derechos hayan sido violados como consecuencia de medidas coercitivas unilaterales.

69.  En el párrafo 81 (b), el informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición. Aunado a ello, la terminología empleada se distancia notablemente de la asumida por la Alta Comisionada en su declaración de prensa al concluir la visita al país.

70.  Finalmente, a partir de toda la información aportada, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su publicación.

*   La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.

*Fuente: OHCHR

Notas:

                     [1]   Según el Informe la OACNUDH realizó 558 entrevistas, de las cuales 460 fueron efectuadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.

                     [2]    Centro de Formación Hombres Nuevos Libertador (Carabobo), Centro de Formación Hombres Nuevos Sargento David Viloria (Lara), Centro Nacional de Procesados Militares “Ramo Verde” (Miranda), Sebin Helicoide (Distrito Capital) y Zona N° 4 de la Policía Nacional Bolivariana (Miranda).

                     [3]   Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera​ (Carabobo), Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera (Lara) y Centro de Diagnóstico Integral “Che Guevara” (Distrito Capital).

                     [4]   Almacén robotizado Jipana (Lara)

                     [5]   Urbanismo Alí Primera (Lara)

                     [6]   Mercado de la Cooperativa Cecosesola (Lara) y un mercado privado ubicado en el estado Lara.

                     [7]    El sistema del Carnet de la Patria abarca más del 80% de la población adulta del país y comprende asignaciones dinerarias mensuales, por montos cercanos o equivalentes a un ingreso mínimo nacional.

                     [8]    Esta afirmación se repite en el párrafo 60 del informe.

                     [9]    La OACNUDH visitó dos establecimientos de expendio de alimentos ubicados en el estado Lara. Uno de los establecimientos, de carácter público, ubicado en una zona popular del estado y otro, de naturaleza privada, ubicado en un sector de clase media.

                    [10]   Respuesta al cuestionario remitido por la OACNUDH en seguimiento a su visita a Venezuela.

                    [11]   Disponible en http://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf

                    [12]   FinCEN Advisory FIN-2017-A006 del 20 de septiembre de 2017.

                    [13]   Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador.  A/HRC/39/47/Add.1. Párr. 36

                    [14]   Estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/19/33)

                    [15]    Los 17 establecimientos penitenciarios de mujeres son los siguientes: 1) Instituto Nacional de Orientación Femenina;  2) Centro de Formación Femenino “Las Crisálidas”;  3) Anexo Femenino del Centro Penitenciario de Aragua; 4) Centro de Reclusión Femenino de Carabobo;  5) Anexo Femenino de la Penitenciaría General de Venezuela;  6) Anexo Femenino de la Comunidad Penitenciaria de Coro; 7) Anexo Femenino de la Comunidad Penitenciara Fénix Lara; 8) Centro de Formación Femenino “Ana María Campos I” ; 9) Centro de Formación Femenino “Ana María Campos II”; 10) Centro de Formación Femenino Independencia; 11) Anexo Femenino del Internado Judicial de Barinas;  12) Anexo Femenino del Centro Penitenciario de Occidente; 13) Anexo Femenino del Centro Penitenciario Región Andina;  14) Centro Penitenciario Femenino Región Insular;  15) Anexo Femenino del Internado Judicial de Sucre; 16) Anexo Femenino del Internado Judicial de Monagas y 17) Anexo Femenino  del Centro Penitenciario Sargento David Viloria.

                    [16]   Esta misma omisión se repite en el párrafo 77 del informe.

                    [17]   Esta misma omisión se reproduce en el párrafo 79 del informe.

                    [18]   Kumarakapay sector 5 y Manak Kru sector 6.

El articulo Comentarios sobre errores de hecho del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela apareció primero en piensaChile.

Prudente silencio hice ante el anuncio de la visita a Venezuela de Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional, me abstuve por respeto a muchos amigos en el país y el exterior que forjaron expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha, lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de elaborar.

 

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Es menester decir que, como hijo de un hombre que fue preso y torturado en democracia en Venezuela y en dictadura en Chile, que además tengo decenas de amigos y amigas que pasaron por la prisión, la tortura y la desaparición forzada en varios países de la región, repudio y rechazo la práctica de violación de los derechos humanos venga de donde venga. La alta comisionada, la autoridad superior en esta materia en el mundo, debería también observar esta compostura en el cumplimiento de sus responsabilidades.De esta manera, no me voy a referir al informe que hizo, el cual ni siquiera voy a leer, pero, como le dije a todos los que quisieron escucharlo, ese informe estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el hecho que, dada la trayectoria de la mencionada funcionaria, muy probablemente el mismo había sido elaborado en Washington.

Hoy, eso ha quedado demostrado cuando el Gobierno de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe provienen de fuera del país. Tengo serias dudas de que ese trabajo haya podido hacerse después del viaje de la comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado.

Es decir, no se trata de si el informe dice o no dice la verdad, sino de cuánta veracidad pueda tener un reporte de una oficina que tiene una pésima reputación y de una funcionaria que carece de credibilidad en materia de derechos humanos dadas las continuas violaciones de los mismos mientras fue presidenta de Chile, sobre todo en la brutal represión al pueblo mapuche.

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Otros argumentaban que nada podría ser peor en materia de lealtades imperiales que las del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad, el príncipe jordano Zeid Raad Hussein, de conocida subordinación a Washington, donde hizo una larga pasantía como embajador de Jordania primero y representante de su país en la ONU posteriormente.Pero, como dice un sabio dicho popular en Venezuela «deseos no empreñan», me impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen a Bachelet como un adalid de los derechos humanos cuando su impronta muestra todo lo contrario.

Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda ser imparcial respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta fundadora del grupo de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el derrocamiento del Gobierno venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún momento, cuando se le inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus actuaciones en esta materia a su canciller, Heraldo Muñoz, a quien según dijo «no puedo controlar».

Fiel a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le ha hecho asumir la responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los funcionarios colocados en sus puestos «por mi antecesor» a los que supuestamente tampoco puede controlar.

Bachelet es de esos extraños personajes que en política podrían caracterizarse de «extremo centro», es decir, no opinan, no se comprometen, dejan hacer, echan la culpa a otros y no asumen responsabilidades, al parecer características afines a la política chilena si nos atenemos a que dos veces fue elegida presidenta de la nación austral, pero tal identidad en ella no es natural, es asumida concientemente por instrucciones superiores que estudiaron su perfil y entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas instancias de Gobierno.

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En junio de 2014, cuando Zeid Raad Hussein fue elegido para el cargo, los abogados especialistas en derechos humanos Javier El-Hage y Roberto González escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que al describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU decían que: «…hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido en el mejor de los casos tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por dictaduras con poder de veto y membrecía mayoritaria».Si nos atenemos al historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan ampliamente atinadas.

En el caso de Michelle Bachelet, después de ser una insignificante militante política en el partido socialista de Chile, según un artículo publicado en el desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de enero de 2006, se marchó a Estados Unidos a cursar «…un diplomado sobre estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) al que asistieron doce alumnos: seis oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y seis civiles donde, por su buen rendimiento, obtuvo el primer lugar de la promoción, y gracias al patrocinio de la Beca Presidente de la República continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington DC, Estados Unidos. A su regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de Defensa Nacional».

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Curiosamente, a partir de ese momento inició su fulgurante despegue político que la llevó —en tan solo 8 años— a ser elegida presidenta de Chile. Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el Pentágono ha ejercido en ella.Según la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, en octubre de 2018 había en Chile 20 presos políticos mapuche injustamente condenados por la Ley Antiterrorista aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984, cuando no había Parlamento durante la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos Gobiernos, al contrario, profundizó la represión contra el pueblo mapuche durante sus dos gestiones.

Hay que decir que desde 2001, durante los Gobiernos de la posdictadura, en la mayoría de los cuales participó el partido de Michelle Bachelet, fueron asesinados 19 mapuche, de ellos dos, Johnny Cariqueo Yáñez en 2008 y Jaime Facundo Mendoza Collío en 2009, fueron exterminados durante el primer Gobierno de Bachelet. Luego, dos más, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en 2014 y Víctor Manuel Mendoza Collío en 2014, lo fueron en el segundo Gobierno de la ahora funcionaria internacional, sin que ella hiciera absolutamente nada por aclarar los homicidios.

Estos hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada como una feroz represora por parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al Gobierno en 2006, ordenó la represión a comuneros y comuneras mapuche de la localidad de Quepe, de la Comuna de Freire, en la región de la Araucanía, que protestaban por la instalación de un aeropuerto en ancestrales territorios mapuche usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios. En agosto de ese año, fue asesinado Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, su asesino: un sargento de carabineros que fue absuelto del caso por la Fiscalía Militar.

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El 30 de octubre de 2007, Juan Patricio Queipul Millanao, de solo 13 años de edad, fue herido en el tórax por 6 disparos hechos por Carabineros con sus escopetas antimotines.El 3 de enero de 2008, fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, por el cabo 2° de carabineros, Walter Ramírez, sin que las autoridades realizaran investigación alguna para hacer justicia. El día 30 de ese mes de enero, Patricia Troncoso, quien se encontraba en huelga de hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y 1 día bajo la ley antiterrorista de Pinochet que sigue imperando en Chile, concluyó su ayuno.

La noticia habría pasado inadvertida sino hubiera sido porque, acompañada por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a Bachelet en la que le decía: «Yo quiero preguntarle(…) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta? (…) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su Gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa».

En otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 de protestas convocadas por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos. Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la fuerte acción de la policía.

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El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, llamó al Gobierno a analizar la violencia, a su juicio «inusitada», con que actuó la policía. La jornada comenzó cuando miles de manifestantes que salieron pacíficamente a las calles fueron reprimidos con fuerza por carabineros, que detuvieron en pocas horas a un centenar de personas.Continuando con su política de represión al movimiento popular, durante los primeros meses del año 2008, en las ciudades más importantes del país, los estudiantes secundarios y universitarios desarrollaron movilizaciones exigiendo la derogación definitiva del marco legal de educación creado por la dictadura.

La respuesta del Gobierno de Bachelet fue ponerse de acuerdo con los partidos pinochetistas para aprobar una nueva ley que en los sustancial dejaba todo igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el beneficio de los que lucran con la educación en Chile. Para ello, Bachelet jugó el papel de articuladora entre las partidos de derecha que estaban dentro y fuera del Gobierno: Democracia Cristiana y los pinochetistas Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI) en la oposición, así como con la desprestigiada y mafiosa Iglesia católica, el Opus Dei y otros actores que se han enriquecido con la educación en el país.

Mientras tanto, la presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles a fin de ablandar a los líderes, para cooptarlos y desarticular el movimiento, lo cual fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos.

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Vale la pena recordar también que a finales de diciembre de 2010, un cable de WikiLeaks hizo público que un documento obtenido de la Embajada de Estados Unidos en Chile fechado el 7 de febrero de 2008 afirmaba que la entonces expresidenta Bachelet había pedido apoyo de inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la «radicalización» del conflicto mapuche y sus posibles contactos con «otros grupos terroristas extranjeros».Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al Gobierno de una potencia extranjera a inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir a un pueblo que lucha por sus legítimas demandas.

En fechas más cercanas, ya durante su segundo Gobierno, la organización proestadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por el desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos, se vio obligada a recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de los derechos humanos.

Precisamente, hicieron mención a la aplicación de la Ley Antiterrorista. En este sentido, la secretaría general de esa organización, Irene Khan, afirmó en 2008 que: «Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento».

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A este respecto, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a la aplicación de esta ley en los gobiernos de la posdictadura dijo que : «La criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el Gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche».El tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo chileno que reeligió a Bachelet en 2014 para un nuevo período presidencial de cuatro años. Uno de sus planes emblemáticos fue una vez más la represión del pueblo mapuche. Para esto diseñó la denominada Operación Huracán, que configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura. La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que condujo a acusaciones de líderes mapuche para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo Gobierno de Bachelet.

El funcionario que dirigió las operaciones, alto dirigente del partido socialista de Chile, realizó reuniones con autoridades judiciales, policiales, con fiscales y abogados para construir una trama a objeto de criminalizar a los líderes mapuche. En lo más alto de la cúpula de este criminal entramado se encontraba el ministro del interior y la propia presidenta Bachelet, tal como lo denunció Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular en declaraciones a la Radio de la Universidad de Chile.

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Román afirmó que Bachelet no había sido afectada porque estaba protegida por «los ricos, los poderosos y los medios», recordando además que «una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista», pero «lejos de no aplicarla, ha invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis [hermanos en mapudungun, la lengua mapuche] sobre conductas terroristas».Continuando con su estela de represión, en septiembre de 2016, la lideresa mapuche Juana Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por negarse a aceptar la construcción de un camino que pasaba por su propiedad. Desde hace más de 20 años, la comunidad Juan Paillalef, a la que pertenece la lonko [jefe/a de una comunidad mapuche] mantiene un conflicto con el Estado debido a que se opone a la ruta trazada para tal vía que «dividiría a su comunidad y destruiría espacios sagrados donde se realizan ceremonias y rogativas, y además, su construcción no ha sido consultada de forma previa, libre e informada como lo determina el Convenio 169 de la OIT» según un reporte del portal digital chileno eldesconcierto.cl.

En marzo de 2011, Calfunao encaró a la expresidenta Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo en Bruselas por la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Bachelet siempre guardó silencio como presidenta y lo sigue haciendo en su nueva función de proteger a los amigos de Estados Unidos desde la ONU, mientras utiliza su cargo para atacar a los que lo adversan, actuando de la manera servil y rastrera que la caracteriza.

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Incluso, inmersa en una patología conocida como Síndrome de Estocolmo, se ha encargado de proteger a los militares incursos en la violación de derechos humano durante la dictadura no moviendo un dedo para que fueran eliminadas las cárceles cinco estrellas donde asesinos, violadores y torturadores pasan su maravillosa existencia en condiciones materiales óptimas. Es de suponer que esto también sea parte del acuerdo con el Pentágono, toda vez que hasta Sebastián Piñera, sin haber cambiado mucho, ha tomado medidas en este ámbito.Así, en el desempeño de su más reciente responsabilidad, Bachelet guarda absoluto silencio frente a las brutales violaciones de derechos humanos de las monarquías árabes aliadas de Estados Unidos, no opina sobre los ataques de Israel al pueblo palestino, no se inmuta ante el desastre humanitario que Arabia Saudí está produciendo en su guerra contra Yemen, tampoco se ha enterado que en Colombia todos los días asesinan activistas sociales, de derechos humanos y desmovilizados de las FARC.

Ha asumido mudez absoluta ante los crímenes del Gobierno de Honduras, no se ha dado cuenta que todos los meses la policía de Estados Unidos asesina a ciudadanos negros solo por esa condición, ni ha hecho mención a la brutal represión y exterminio de migrantes en Estados Unidos y ha emitido una débil voz en la imprescindible condena a la ilegal detención de Lula.

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Ella sabe que la sola evocación de cualquiera de esas flagrantes violaciones a los derechos humanos le haría perder su cargo, por eso prefirió asegurarlo al aceptar entregar el informe que Washington hizo sobre Venezuela. Resulta curioso darse cuenta de que, a diferencia de los otros tres presidentes de su alianza política que le precedieron, los que entregaron el poder a otro miembro de esa coalición, Bachelet en dos ocasiones traspasó el bastón de mando al pinochetismo en nombre de Sebastián Piñera y que, en ambos casos, Estados Unidos le consiguió un puesto en un organismo internacional para asegurarle una huida económicamente provechosa. Uno inocentemente podría preguntarse: ¿para quién trabaja?

Ella ha cumplido su parte y con Venezuela lo ha hecho con creces, con el mismo ímpetu, dedicación y esfuerzo con los que participó en la fundación del Grupo de Lima, creando condiciones nuevamente para justificar una intervención militar en Venezuela. Debe saber que, si ello ocurriera, deberá ser acusada como una criminal de guerra, cómplice del genocidio que sobrevendrá.

Quiero repetirlo, no me interesa el informe que haya hecho Bachelet, no tiene ninguna validez, toda vez que fue elaborado antes de su visita al país, además según dicen los que lo leyeron, no incorporó ninguna de los datos que aportó el Estado venezolano, es decir fue un juicio sin derecho a defensa.

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No se trata del informe, incluso si todo lo que ahí se dijera fuera verdad, el problema es si esa oficina posee real autonomía e imparcialidad para hacerlo y si la persona que lo conduce tiene la autoridad ética y moral para dirigirla. Evidentemente, no. En esa medida es que carece de valor el informe que ha hecho. La impronta de su vida política anula la validez del informe.Ella actuó como lo que es, una persona sin opinión que funciona a favor de quien le paga, nunca ha tenido criterio propio para nada, alejada de cualquier ética o compromiso con la humanidad. Hasta cuando su hijo, funcionario en La Moneda bajo su mandato presidencial, realizó actividades fraudulentas que la justicia está investigando, dijo que no sabía nada. Nunca sabe nada, otros saben por ella, otros piensan por ella.

Estimados lectores y lectoras, cree usted que con semejantes antecedentes, una persona puede hacer un informe de manera imparcial y objetivo sobre algo, sobre cualquier cosa, no solo sobre derechos humanos. Imposible, la deleznable naturaleza de las acciones que ha realizado a lo largo de su vida política la retrata y la desnuda.

Recuerdo cuando en Viena en el año 2006, en el marco de la Cumbre Unión Europea-América Latina, el presidente Chávez se reunió con ella por primera vez, al preguntarle si tras la reunión emergía alguna instrucción para el Gobierno, el comandante solo dijo: «Ella es la hija de mi General Bachelet». Solo eso es. No le da para nada más.

*Fuente:Mundo Sputnik

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Hace 208 años se declaró la Independencia de Venezuela del colonialismo español. Para conmemorar el hecho en momentos de dificultades y urgencias de solidaridad internacional y nuestroamericana, la Unión Bicentenaria de los Pueblos, CBP, en cuyo seno participa el Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Chile, realizó un acto sencillo y contundente a los pies del monumento del Libertador Simón Bolívar, en Santiago de Chile. La actividad efectuada este 5 de julio, contó con la asistencia del Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez.

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