ANTE EL PLEBISCITO DE DICIEMBRE

En el plebiscito de 17 de diciembre, al que la ‘élite política’ ha convocado a la ciudadanía, deberemos concurrir a sufragar y a manifestar nuestra voluntad de modo unívoco, pronunciándonos por una de las dos sentencias establecidas en el voto: ‘A favor’ o ‘En contra’.  No hay otra opción. Porque la democracia, en la concepción de la ‘élite política’ que nos gobierna, se expresa así, de manera autoritaria, con respuestas predeterminadas que, de no cumplirse, acarrean la aplicación de sanciones preestablecidas[1].

LEGITIMANDO UNA ILEGITIMA CONVOCATORIA

El proceso instaurado a partir del 15 de noviembre de 2019, por la ‘élite política’ criolla, para elaborar una nueva constitución, denominado ‘Acuerdo Por Chile y una nueva constitución’, fue, desde sus inicios, un proceso ilegítimo. Suscribieron ese pacto los llamados ‘poderes’ Legislativo y Ejecutivo y un extraño personaje que actuó por sí mismo —el actual presidente de la República—, y, a pesar de ello, fue aceptado como parte de dicha cofradía. Poco o nada importó a esa ‘élite’ saber que la ciudadanía la repudiaba. Ilegitimo, sin duda alguna, el pacto fue firmado por esas ‘altas’ partes contratantes; a pesar que ninguna de ellas tenía ‘poder constituyente’ para convocar a un acto de tal naturaleza; mucho menos, para dictar una constitución.

Podemos, sin embargo, aceptar hoy esa convocatoria y tolerarla como un acto ‘de buena fe’, en atención a que, la misma, fue acompañada por una suerte de plebiscito en el que debimos pronunciarnos acaso si queríamos o no un órgano integrado por parlamentarios. Esa fase, que permitió cierta participación ciudadana, dio la posibilidad de incorporar una cuota considerable de independientes a la vez que limitó la acción de la ‘partidocracia’ existente en el país. Podemos decir, en consecuencia, que ese acto redimió la ilegitimidad del proceso. Porque, cuando las facultades usurpadas se devuelven a la comunidad —aunque sea en parte—, tales actos pueden legitimar acciones ilegítimas en su origen; después, ya no lo son.

ILEGITIMIDAD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

No sucede lo mismo con la segunda convocatoria a participar en un nuevo proceso constituyente. Porque, rechazada la opción elaborada por la Convención Constitucional —es decir, la segunda versión de esa convocatoria a elaborar una nueva constitución—, necesariamente ha de considerarse ésta, por entero, no solamente ilegítima sino, además, inconstitucional e ilegal. En palabras más simples y directas: adolece de ilegitimidad de origen. Y esa sola circunstancia bastaría para rechazar no sólo la labor que realizó el llamado ‘Consejo Constitucional’ sino su propio funcionamiento y existencia. ¿Afirmación osada? Escuchemos al parlamentario del partido Republicano, José Manuel Edwards (‘Rojo’ Edwards), quien se ha permitido señalar, al respecto:

 “[…] el segundo proceso carece a mi juicio también de legitimidad porque los políticos no se atrevieron, a pesar de nuestra insistencia, de hacer un plebiscito de entrada. El diseño nunca fue aprobado por la población”[2].

La derrota plebiscitaria de 4 de septiembre de 2022 no echó por tierra la convicción de la ‘élite política’ en torno a que era necesario dictar una nueva constitución. Por el contrario: trastornada por la idea que el único culpable de esa derrota eran los independientes, impúdicamente atribuyó a ellos el fracaso del trabajo efectuado por la anterior Convención Constitucional. Y, como los partidos políticos deben mantenerse inmaculados ante semejante contingencia, al interior de los mismos comenzó a crecer el convencimiento que era necesario continuar con el proceso de dar al pueblo una nueva constitución; por supuesto, sin presencia alguna de alguien que pudiese perturbar tan ‘complejísimo’ trabajo. El Gobierno provocó encuentros y promovió las conversaciones que se necesitaban para llevar adelante tal excrecencia. Y, luego de innumerables y fatigosas sesiones, se llegó a la firma de un documento que bajo el nombre de ‘Acuerdo Por Chile’ sentó las bases para la realización de un nuevo proceso constituyente.

Huelga decir aquí que jamás esa ‘élite política’ citó a las organizaciones sociales o a la comunidad a pronunciarse acerca de las decisiones que estaba tomando. Como era de esperar, actuó per se, sin considerar a nadie, convencida de su propia excelencia y de la necesidad de dar a la comunidad, iletrada como era, una nueva constitución que la dejara satisfecha. Por supuesto: su trabajo no se realizaría con la ‘Tía Picachu’ o el ‘Pelao Vade’ u otro espécimen de esa naturaleza sino con ‘expertos’ que dominasen el tema, con un Consejo Constitucional de 50 miembros y un Comité técnico de admisibilidad, todos nombrados naturalmente, por ella.

LA DESVERGÜENZA SE MANIFIESTA

En consecuencia, no hubo consulta alguna a la ciudadanía. Por el contrario: se obró en forma autoritaria, como lo hace el patrón de un fundo con sus peones o sus animales.  La ‘élite política’ sabía de las necesidades de la población; a nada ni nadie había de consultar. Así lo señalaron, sin rubor alguno:

“Discutir y escribir una Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas; asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva”[3].

Implícitamente, ‘la élite política’, en ese acto, al no consultar a la ciudadanía, se atribuyó a sí misma la potestad constituyente incurriendo en una abierta ilegitimidad. Ni siquiera la dictadura se atrevió a tanto, pues, cuidando su imagen internacional, a pesar de no contar con registros electorales, optó por llamar a una consulta en 1980.

Así, de esa manera, el 17 de enero de 2023 se publicó la Ley 21.533

“[…] que modifica la Constitución con el fin de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República”.

Bastaría, pues, ese hecho para señalar que la convocatoria al proceso constituyente, iniciado el 12 de diciembre de 2022, adolece de ilegitimidad de origen. Pero hay más.

INVITANDO A ‘COMULGAR CON RUEDAS DE CARRETA’

Las leyes son, por definición, normas generales; para que puedan cumplir su cometido, requieren de la dictación de reglamentos que fijen la forma de aplicarlas. La potestad reglamentaria, por disponerlo así la doctrina jurídica —y la propia constitución vigente—, radica en el Poder Ejecutivo o, más específicamente, en el presidente de la República; lo que no impide que otras autoridades (incluido el Parlamento) puedan dictar reglamentos propios, aunque referidos a las labores mismas de esas reparticiones. De más está decir que la Ley 21.533, como cualquier otra ley, también requería de la dictación de un reglamento, que la pusiese en movimiento, redactado por la Presidencia de la República.

Sorprendentemente, el reglamento de la ley 21.533 —que ni siquiera posee un guarismo que facilite su identificación en el Congreso—, no fue elaborado por esa instancia sino por el propio Parlamento que la dictó, en un acto que constituye una flagrante usurpación de funciones[4].

“La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado ya aprobaron el reglamento que regirá el funcionamiento de los órganos encargados de redactar la nueva constitución”[5].

En el caso en comento, hay un manifiesto acto de inconstitucionalidad, que sorprende en juristas a quienes se presume conocedores de su oficio. Este contrasentido vuelve a manifestarse en otros ámbitos.

CONFUSIÓN DE MATERIAS

En efecto. El nuevo proceso constituyente no solamente contiene vicios de ilegitimidad de origen e inconstitucionalidad como los que hemos indicado: también hay otros que ponen en duda la experticia de quienes han redactado las normas o, tal vez, su ‘buena voluntad’ de unir a los chilenos.

Luego de arrojar una rápida mirada al texto propuesto, resulta sorprendente descubrir, en el mismo, materias que, por no ser atingentes y corresponder al ámbito legislativo, jamás un jurista osaría incorporar a su articulado[6]. Por lo mismo, una lectura amable y condescendiente haría suponer que, tanto los ‘expertos’ como gran parte de los consejeros que la aprobaron, serían sujetos iletrados, desconocedores de la doctrina jurídica, pues tales conocimientos se imparten en el primer año de derecho de las distintas universidades del país. Pero, no. En general, no: se trata de personas con estudios específicos, individuos que estudiaron derecho, por lo que resulta difícil suponer en ellos tan escandalosa indigencia jurídica.

EXPLICACIONES PRELIMINARES

¿A qué factor, entonces, deberíamos atribuir semejante comportamiento? ¿Qué oculta razón lo hizo posible? Chile no es un todo separado de otro todo; por el contrario, es una parte integrada a otra parte que, lo es, a su vez, de otra, y así sucesivamente. A esa porción de la cual somos parte, podemos llamarla ‘todo’. Somos, así, parte de un todo. Y en ese todo suceden cosas extraordinarias. Como lo es la contradicción creciente entre representantes y representados al interior de cada sociedad. No por otra cosa preferimos considerarlos en el carácter de ‘presuntos’ pues no siempre la representación que ejerce el representante se corresponde con el interés del eventual representado. Digámoslo más directamente: la representación social que debería ejercer el conjunto de funcionarios políticos (gobernantes, en general) no se corresponde con el interés de la comunidad. Es más, se le contrapone; es su contraparte, su antagonista, fenómeno que afecta, muy principalmente, a la representación política de las clases dominadas. Coincide con el apogeo de las llamadas ‘elites políticas’. De manera que no parece casualidad lo que se ha dado en denominar ‘avance de la extrema derecha’ en los diversos países europeos y en Latinoamérica. Refleja, más bien, la respuesta de un electorado harto de prestar su apoyo a candidatos y partidos que no han sabido dar respuesta a sus verdaderas necesidades y que prefieren experimentar con organizaciones y personajes nuevos. Es lo que sucede en el Chile actual en donde los propios consejeros constitucionales, que debieron denunciar la ilegitimidad del organismo en el que se iban a desempeñar, la inconstitucionalidad de algunos acuerdos y el manifiesto atropello a los principios generales del Derecho, no lo hicieron.

¿Por qué esa conducta? Nuestra idea es que todos ellos se encuentran firmemente unidos en lo que podríamos llamar ‘pertenencia al sector de la <élite política> de la nación’. Una vez los identificamos con esa sentencia que un viejo libro de la Sabiduría describía de la siguiente manera:

“Pero sabed bien que, hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos, siempre estaremos de acuerdo”.

Constituyen un segmento social que el alma popular describe como aquellos que ‘Dios los crea y el Diablo los junta’. Podemos, por ende, indicar tres rasgos comunes tanto en el sector del Gobierno como de la oposición. Son rasgos generales, afectan a la generalidad de ellos, no a todos. Uno es el individualismo; por ende, la consiguiente falta de empatía; otro es el narcisismo, el complejo de El lindo Don Diego y, en consecuencia, el deseo de sobresalir, la eterna búsqueda del ethos, de ese reconocimiento público que no merecen. El tercero es la pertenencia al ámbito estatal; son empleados estatales: están unidos en la defensa de sus respectivas fuentes de ‘trabajo’.

Podríamos suponer comportamientos similares en la representación política tanto de los sectores dominantes como de los dominados. No es así, sin embargo.

COMPORTAMIENTOS DE AMBOS SECTORES

El comportamiento del sector opositor no ha sido sólo virulento. Tremendamente agresivo, se atribuyó, sin miramientos, el triunfo del Rechazo en el plebiscito de 4 de septiembre de 2022. Lo integran el conjunto denominado ‘Chile Vamos’ y, en gran medida, la militancia del partido Republicano que, a la inversa del oficialismo, utilizó sin contemplaciones su condición de mayoría[7]. En consecuencia, no negoció ni parlamentó; tampoco tuvo interés en conversar o discutir determinadas materias. Simplemente, actuó como mayoría. Impuso su voluntad. Y lo hizo con eficacia e intransigencia. Su comportamiento, en consecuencia, fue a la inversa del que mostró el oficialismo que, sin apoyo alguno del sector social, se mostró tremendamente sumiso y dispuesto a aceptar todo lo que el segmento dominante le impusiese, No por otro motivo esperó hasta el último el llamado a discutir el contenido de la nueva constitución. En esa espera, el PS sólo el 31 de octubre recién pasado anunció que votaría ‘En contra’. Lo mismo, la Democracia Cristiana. Y el PPD, el partido Liberal, el conjunto del Frente Amplio (o Apruebo Dignidad, lo mismo da) y hasta el propio partido Comunista. El 02 de noviembre, aún lloraban todos a la espera que esa ‘Derecha’ malévola se conmoviese y, en un acto de suprema entrega, accediera incorporar algunas mejoras al texto propuesto.

El partido Republicano, luego de su doble triunfo (elecciones de consejeros y el Rechazo), está firmemente convencido que el pueblo lo apoya y, en esa exteriorización manifiesta de su narcisismo, actúa mirándose a sí mismo en el carácter de portador de la verdad, de haber sido convocado por una autoridad divina a desempeñarse en el Consejo Constitucional con la misión de redimir a la especie humana. Por lo mismo, actuó sin miramientos. Podríamos suponer, en consecuencia, que se trata de un conjunto de sujetos en los que las tendencias autoafirmantes predominan ampliamente por sobre las integradoras provocando en ellos una fuerte inclinación hacia la desvergüenza. Pero no. Hay algo más en ese peligroso desequilibrio que conduce a la perversión: el odio a la participación ciudadana. No es casualidad que uno de ellos haya mostrado extrañeza por la simple circunstancia que exista, en los sectores sociales, una fuerte corriente que aboga por una Asamblea Constituyente:

“[…] puedo entender que alguien estuviera por el ‘En contra’ si es que la opción tuviera como consecuencia que se quede la Constitución que tenemos hoy día, pero cuando tienes a Daniel Jadue llamando a votar en contra, para abrir un tercer proceso con una asamblea popular 100%, de verdad me cuesta entender que alguien pueda todavía sostener su voto ‘En contra’ sin atender a las consecuencias”[8].

Y es así, porque el ‘pueblo’, la comunidad nacional, es algo ajeno a los intereses de esta ‘elite’, compuesta de especialistas incapaces de razonar[9], pero, en su condición de ‘doctores’, capaces de descuartizar el cuerpo de principios rectores que conforma la doctrina jurídica. Son los aventureros que siempre van a reivindicar para sí el ejercicio periódico del derecho al golpe de Estado.

CONCLUSIÓN

El proceso de elaboración de una nueva constitución en la forma determinada por la ‘élite política’ nacional ha llegado a su fin. Es un fraude del cual nos hubiere gustado permanecer ajenos. Más, aún: nos hubiere agradado deslegitimarlo con nuestra ausencia y, a la vez, deslegitimar así todo este sistema corrupto y el vergonzoso engendro que nos ofrece. No podemos, sin embargo, hacerlo por las razones ya dadas.

Denunciamos, sí, su ilegitimidad de origen, inconstitucionalidad e ilegalidad. Semejante obra oculta intereses bastardos que no dicen relación con las reales necesidades de la población[10]. Por lo mismo, no debería analizarse ni discutirse; tampoco buscar en su contenido disposiciones que podrían estimarse favorables. Porque, así como no cambia el recluso su condición de tal por el simple hecho que en su colación diaria se le agregue una papa, tampoco cambia la de una comunidad cuando un desvergonzado, atribuyéndose su representación, hace su voluntad concediéndole una u otra granjería. Estamos, en consecuencia, ante un proceso indigno de ser entregado para su aprobación a una población que exige respeto y que jamás aceptará el vasallaje. Por el contrario: estamos ciertos que, si, nuevamente, se ve compelida a enfrentar otro proceso de la misma naturaleza, lo hará pensando en el establecimiento de una Asamblea Constituyente. No en organismos de dudosa procedencia y función. Aún cuando la ‘élite’ haya decidido que, de ganar el ‘En contra’ en este 17 de diciembre, el proceso ha de llegar a su fin, porque el ‘pueblo está agotado’ y ‘no necesita de una nueva constitución’.

Santiago, noviembre de 2023

Notas:

[1] Muñoz Miranda, José y Arthur, Pola: “Detienen a mujer por no ir a votar a las últimas elecciones en San Pedro de la Paz”, Radio Biobío, 07 de noviembre de 2023.

[2] Flores Belmar, Jonathan y Carneiro, Rafael: “Rojo Edwards: ‘Este segundo proceso carece de legitimidad’”, Radio Biobío, 04 de noviembre de 2023.

[3] Redacción: “’Acuerdo por Chile’: Este es el documento que firmaron los partidos políticos para habilitar in nuevo proceso constituyente”, CNN Chile, 12 de diciembre de 2022.

[4] El nombre del reglamento sin número en comento es “Reglamento de funcionamiento de los órganos del Proceso Constitucional”.

[5] Redacción: “Conoce aquí el Reglamento que regulará el nuevo proceso constituyente”, ‘La Neta’, 26 de enero de 2023.

[6] El proyecto contempla disposiciones relativas a la propiedad y uso del agua, normas sobre impuestos y expulsión de inmigrantes, reglas sobre la justicia militar, a la reelección de los alcaldes y, también, constitucionaliza la existencia de las ISAPRES.

[7] Meza, Cristián: “Republicanos hace valer su mayoría y Consejo Constitucional aprueba texto de nueva Constitución”, ‘El Dinamo’, 30 de octubre de 2023.

[8] Redacción: “Luis Silva: ‘Me cuesta entender que alguien vote <En contra> teniendo a Jadue llamando a un tercer proceso con asamblea popular’”, ‘El Líbero’, 04 de noviembre de 2023. La negrita es del original.

[9] Fromm sostiene que el especialista es un sujeto inteligente; pero incapaz de razonar pues la inteligencia es capaz de entregar, en el carácter de resultado, las más increíbles abominaciones. No así el sujeto que razona. En la moderna denominación, las ‘élites políticas’ pueden ser denominadas, como lo hace André Gunder Franck, ‘lumpenburguesía’. Por regla general, no pertenecen al sector dominante de la sociedad sino intentan asumir su representación política.

[10] Se ha insinuado que representa un programa de Gobierno subrepticiamente oculto en su articulado.

El articulo Una constitución que jamás aprobaremos apareció primero en piensaChile.

EL PLEBISCITO QUE SE APROXIMA

En dos meses más, y luego de acallados los ecos de la luctuosa conmemoración de los 50 años del golpe, la ciudadanía deberá, nuevamente, concurrir a las urnas para pronunciarse sobre la labor realizada por el llamado Consejo Constitucional y los otros dos organismos establecidos en el denominado ‘Acuerdo Por Chile’ —a saber, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad—. La convocatoria no tiene su origen en la voluntad comunitaria sino en el referido documento que, por lo demás, fue suscrito por la generalidad de las organizaciones políticas existentes en el país, a pesar, incluso, que algunas de ellas no estaban reconocidas aún por ley, como Amarillos por Chile, Demócratas y Unir. La comunidad nacional deberá marcar su preferencia en un voto que contendrá dos propuestas: ‘A favor’ o ‘En contra’, de acuerdo al art.159 de la constitución, según el cual:

“En el plebiscito señalado, el electorado dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta, ‘¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?’ Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas, tendrá en su parte inferior la expresión ‘A favor’, y la segunda, la expresión ‘En contra’, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas”.

Será una votación obligatoria, por lo que, de incumplirse, acarreará la aplicación de multas, las cuales, si no son enteradas en tiempo oportuno, permitirán perseguir al deudor y encarcelarlo.

UNA NUEVA FASE EN LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD NACIONAL

En consecuencia, podemos señalar que, luego de la conmemoración de los 50 años del golpe militar de 11 de septiembre de 1973, se abre una nueva fase en la evolución de la sociedad chilena, que hemos querido denominar ‘constitucional’, en la que la escena política nacional centrará su atención en la suerte que ha de correr el plebiscito de 17 de diciembre del presente año. Se trata de una fase en la que, por consiguiente, la actividad de ese estamento estará orientada a resolver los innumerables avatares que puede generar en la ciudadanía la entrega del trabajo efectuado por ese Consejo.

Y es que la escena política nacional va a intentar, por todos los medios a su alcance, salvar el proceso en cuya aprobación se encuentra empeñada, misión que —jamás se debe olvidar—no es casual: el nuevo proceso constituyente es su obra, no una que nace del trabajo de la comunidad organizada.

RASGOS QUE IDENTIFICAN EL INICIO DE ESTA FASE

Los rasgos más distintivos de esta fase en el ámbito político son:

1. Convoca la ‘élite política’. Su convocatoria es hecha, una vez más, por la escena política nacional y, en especial, por su ‘élite política’. No hay participación ciudadana. Ni siquiera en la forma mezquina que se hizo con la Convención.

2. Predominio del partido Republicano. De los 50 miembros que componen el Consejo, 22 de ellos fueron elegidos por el partido Republicano. Demás está decir que su trabajo ha sido extremadamente agresivo pues en todo momento han hecho valer su inobjetable derecho a ser mayoría. Por consiguiente, echaron por tierra las pretensiones del oficialismo en cuanto a suponer o creer en la posibilidad de acuerdos o pactos pues la teoría de la estrategia enseña que sólo pactan o acuerdan quienes carecen de poder, facultad de la que hacen gala los republicanos en esa instancia. En política, la candidez no es la mejor consejera; tampoco la ingenuidad. En consecuencia, todo ha sucedido como debía suceder: el partido Republicano, en el ejercicio del derecho que le confiere ser mayoría, impone sus puntos de vista, subordinando al resto de la ‘derecha democrática’.

“[…] el Pleno del Consejo fijó las primeras líneas de lo que pretende ser la segunda propuesta de nueva Constitución en ser sometida a plebiscito. Dado el predominio del Partido Republicano en la composición del órgano, no fueron pocos los que pensaron que Chile Vamos jugaría un rol más preponderante en la búsqueda de consenso, a fin de arribar a un texto que fuera el fruto de acuerdos, tal como lo hizo la Comisión Experta. Sin embargo, más allá de los casos puntuales de algunos consejeros de Evópoli y RN, dicha coalición hasta ahora ha terminado por sumarse a las mayorías republicanas, eludiendo así –según diversas fuentes– la responsabilidad histórica de construir puentes para una casa común”[1].

3. Un oficialismo con posiciones divergentes. A esa oposición, hegemonizada en lo político por el partido Republicano, se enfrenta un oficialismo con posiciones por entero divergentes. Para muestra un botón: el Gobierno no quiere, en modo alguno, que el proceso fracase, como lo señaló el presidente Boric en su reciente viaje a USA:

“Me preocupa el proceso constitucional porque estoy convencido de que Chile necesita una nueva Constitución”[2].

Y es lógico que así lo exprese, pues es necesario no olvidar que fue él quien puso en manos del Congreso la nueva hoja de ruta para redactar una Constitución que debía conseguir un apoyo mayoritario[3]. Y esa es su opinión. Que no es la de quienes le acompañan, como el alcalde de Recoleta Daniel Jadue:

“Vamos a tener que, seguramente, votar rechazo. Yo voy esperar lo que defina finalmente el partido pero ya las señales son tantas que esto se ha ido acumulando y creo que va a llegar el minuto en donde no va a quedar otra que sencillamente desahuciar este proceso”[4].

Algo muy similar a lo que expresara Lautaro Carmona, presidente del PC a un medio alternativo a fines de septiembre:

“Todos los indicadores que están usando y los argumento que tienen quienes los defienden nos dicen que esa mirada integrista no va a ceder”[5].

También en esos días, quien preside el propio partido del primer mandatario Convergencia Social, diputado Diego Ibañez, afirmaba:

“El texto como está hoy lo voto en contra”[6].

Y el senador Juan Ignacio Latorre, presidente aún, en ese momento, del partido Revolución Democrática:

“[…] yo he hablado con nuestros expertos y nuestros consejeros y hay mucha decepción de la manera como se ha llevado hasta ahora el proceso por parte de quienes tienen mayoría”[7].

El Socialismo Democrático, por su parte, ha manifestado su voluntad, simplemente, de querer esperar… (tal vez, la jubilación). Y, en forma parecida, el partido Liberal y el Frente Regionalista Verde Social FRVS.

4. Una oposición pesimista. Por supuesto que esta circunstancia ha tenido efectos en la escena política de la nación que, a sabiendas de haberse involucrado en la realización de un acto no solamente inmoral sino abiertamente ilegítimo, no solamente se siente hoy burlada en sus pretensiones sino persiste, majaderamente, en llegar a acuerdos.

“La cuenta regresiva comenzó para que el Consejo Constitucional entregue el proyecto de nueva Carta Magna y el ánimo general es de pesimismo. El Partido Republicano ha impuesto su mayoría –con el apoyo de Chile Vamos–, cerrando de esta manera la posibilidad de llegar a acuerdos. Las continuas encuestas que anticipan un fracaso del segundo intento constitucional, hicieron que desde Chile Vamos recogieran el guante y comenzaran a operar para construir puentes con otros sectores políticos de centro y centroizquierda”[8].

No debe sorprender que, ante semejante panorama, se haya desatado una febril actividad en torno a buscar acuerdos[9]. Hay razones que avalan esas emociones.

La primera es que nadie obligó a esas organizaciones políticas a suscribir el Acuerdo Por Chile; lo hicieron discrecionalmente, motu proprio, a su entera voluntad, y sin consultar a nadie. Ni siquiera a sus propias bases. Es del caso recordar, por lo mismo, que lo hicieron sin, siquiera, estar facultadas para realizar semejante tarea. Porque no debemos olvidar algo esencial: la potestad constituyente radica, única y exclusivamente, en la ciudadanía, hecho que reconoce, incluso, la constitución impuesta en 1980.

La segunda, que dichas organizaciones, al pactar libre y soberanamente —por supuesto, entre sí—, crearon un hecho político que las liga, un nexo que las une, un código de honor entre ellas, que las obliga a respetar todo lo que en ese engendro se acuerde, por lo que se encuentran constreñidas, en virtud de  esa suscripción, a apoyar a los organismos establecidos en ella para llevar adelante el nuevo proceso constituyente y esperar el resultado del trabajo que los referidos organismos realicen. Están estrechamente unidas para impedir que la voluntad popular pueda encontrar canales propicios para expresarse y lo haga estruendosamente. De manera que, repetimos, poco es lo que de esas organizaciones se puede esperar.

5. El poder de las encuestas. Las encuestas siguen ejerciendo fuerte dominio en el mundo de la escena política nacional, como lo demuestra este hecho: el día domingo 24 del pasado mes de septiembre (cifras que se mantienen al 01 de Octubre, en el caso de Cadem), la prensa santiaguina dio a conocer

“[…] los resultados de la encuesta Cadem, que arrojaron que un 59% de la población votaría por la opción “En contra” del texto y un 21% “A favor”. Y ayer se conoció la encuesta Data influye, que mostró un guarismo más drástico. Tal como van las cosas, apenas un 10% votaría “A favor”, según dicho sondeo”[10].

6. Baja aprobación partidaria. No deja de ser interesante insistir en que la escena política de la nación persevera en su labor de intentar representar al ‘pueblo’ pese a mantener su baja aprobación que, como lo hemos señalado en otros trabajos, no se empina por sobre el 4%. En las elecciones de la directiva de Revolución Democrática, el total de votantes alcanzó solamente a 1.151 de un total de 26.624 militantes, lo que equivale a un 4,323 de participación, cifra extremadamente baja[11].

ESCENARIOS QUE PUEDEN ABRIRSE EN ESTA FASE

1. La celebración de un Acuerdo Ciudadano. El primer escenario que puede abrirse en el desarrollo de esta fase es el del acuerdo ciudadano, ese acuerdo soñado que pretende unir a los chilenos en el proyecto de ‘una casa para todos’ y que abarca desde comunistas a republicanos, incluyendo todo el espectro político de la nación. Algo que la generalidad de los analistas considera como imposible.

2. La terminación del proceso constituyente, a la manera que lo sugiere el PPD por boca de sus dirigentes. Esta alternativa se encuentra expresada en una carta al partido que enviaran la jefa y el subjefe de diputados PPD-Independientes Marta González y Jaime Araya, respectivamente, donde se puede leer lo siguiente:

“Es momento de asumir que se ha cerrado el ciclo constituyente. Perdimos una oportunidad histórica para construir un pacto social democrático y moderno […] Es urgente fijar una agenda que atienda las necesidades inmediatas del país que nos permita construir confianza con la población”.

“No hay razón suficiente para aceptar un texto redactado con ánimos de revancha”[12].

3. La cesión al Congreso de la facultad para dictar una nueva constitución por vía de la reforma de la actual. Esta alternativa merece especial mención. Porque refleja el ánimo de los parlamentarios de atribuirse la potestad constituyente que radica, única y exclusivamente, en la ciudadanía, en la comunidad nacional, no en los partidos ni en las instituciones del Estado, usurpación de funciones que no se limita solamente a aquello sino incluye, además, la potestad reglamentaria —propia del ‘poder’ Ejecutivo, es decir, del presidente de la República— al dictar el Reglamento S/N de la Ley 21.533[13]. ¿Raro? No. Corresponde a la decadente composición social de esa institución estatal que, ante la derrota del 4 de septiembre de 2022, no vio otra solución a la misma que retornar al viejo autoritarismo en la acción concomitante de los ‘poderes’ Ejecutivo y Legislativo.

“El pensar que solo el gobierno y parlamento, sin ayuda de nadie, podía producir cambios profundos, cometieron un terrible error de diseño. Entregarse sueldos y privilegios inauditos ni visto en todo el mundo moderno. Privilegios que son además abusados sin control ni penas reales a los abusadores. Esto en vez de atraer gente preparada, de “expertos”, el parlamento se ha llenado de idiotas con diplomas y faranduleros/ras, menos de políticos con algo que proponer al país”[14].

Después de eso, puede suceder cualquier cosa. Como aquella denuncia que la propia presidenta del partido Socialista, hiciera acerca de la propuesta de dos parlamentarios de esa colectividad, luego de la aplastante victoria que, en el Consejo Constitucional, lograban los militantes del partido Republicano:

“[…] por iniciativa propia e inconsulta, anunciaron o dieron la idea de que podría presentarse el proyecto experto a la discusión parlamentaria y eso no lo hemos jamás discutido en las instancias regulares del partido y creemos que además constituye un agravio a la labor que están haciendo los consejeros constitucionales del Partido Socialista y todos los demás”[15].

4. La suspensión del plebiscito, de conformidad al art 91 del Reglamento que rige el funcionamiento de los organismos constituyentes.

El art 91 del Reglamento —dictado por el Congreso Nacional para normar el nuevo proceso constituyente— dispone que la mesa directiva del Consejo debe llamar, a mediados de noviembre, a un pleno en el que, en una sola votación y con un quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio, deberá aprobarse el proyecto presentado a ese pleno. De no alcanzarse ese quórum el plebiscito no podría realizarse por no cumplirse con tal exigencia.

“Una vez terminada la votación de todas las normas que formarán parte de la propuesta de Nueva Constitución, la mesa directiva del Consejo Constitucional citará a sesión, no antes de 72 horas, para votar la totalidad del texto, en una única votación, para cuya aprobación se requerirá de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio”.

5.Realización de una nueva convocatoria, dependiendo de la fuerza social o política que se disponga

Es la posición que parece tener el alcalde Daniel Jadue, cuando señaló hace algunas semanas atrás:

“Esta propuesta constitucional como está quedando no tiene ninguna posibilidad. Va a dividir mucho más a los chilenos y va a ser una regresión significativa en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en reconocimiento de la diversidad, en reconocimiento de los pueblos originarios, un retroceso enorme en derechos sociales […] a estar trabajando, creo yo, para conquistar por fin una asamblea constituyente de verdad que nos permita escribir una nueva constitución para Chile”[16].

6. Triunfo de la tesis republicana con el apoyo de las fuerzas de Chile Vamos, Amarillos y otros grupos que representan el interés empresarial dominante en el país, fórmula que parece ser la elegida tanto por el propio líder del partido Republicano José Antonio Kast como de quienes están empeñados en la búsqueda de un acuerdo con esa organización[17].

FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN ESTA FASE DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

Esa multiplicidad de caminos puede verse alterada por la presencia de dos sucesos interesantes de destacar, entre varios otros:

a) La presidencialización del proceso constituyente. Este es uno de los problemas que desde ya presenta el proceso constituyente. Este hecho no es ajeno a los actuales avatares, pues la labor del partido Republicano, se ha reducido a tomar el control del Consejo Constituyente a fin de robustecer la posible candidatura presidencial de José Antonio Kast por sobre la de Evelyn Matthei, candidata de la UDI. Por supuesto que estas desafortunadas maniobras tienen un alto costo político; recuerdan las que, en su tiempo, protagonizaron Jaime Bassa y Marcos Barraza, en la Convención Constitucional, en pos de la candidatura de Gabriel Boric.

b) El aniversario de la protesta social. El 18 de octubre se cumple otro año del inicio de las grandes protestas de 2019. Es probable que algunas organizaciones hagan un llamamiento para recordar tal acontecimiento. Si bien es cierto el Gobierno estará ausente en esas celebraciones, ello no implica aseverar que dicho llamamiento no se realizará. El presidente, con toda seguridad, se encontrará aún en China y, probablemente, quienes lo reemplacen nada harán al respecto. Antes bien, hasta pueden hacer uso de la fuerza pública para obstaculizar dicho encuentro.

LAS TAREAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA FASE ACTUAL

El nuevo proceso constituyente es un proceso que, al igual del anterior, adolece de ilegitimidad de origen pues ambas convocatorias partieron desconociendo al sujeto detentador de la potestad constituyente que es la comunidad, el ‘pueblo’. Con una diferencia: en el anterior, las organizaciones sociales toleraron ese vicio; en el actual, las organizaciones sociales no fueron consideradas, fueron marginadas, excluidas; se las consideró entes ajenos a las maquinaciones de la ‘élite política’. En consecuencia, la convocatoria a realizar un proceso constituyente tanto en 2019 como en 2023  fue obra y gracia de la ‘élite política’ del país, no de los movimientos sociales cuya preocupación siempre estuvo orientada a la solución de sus propios problemas. Al no ser ellos los impulsores de dicho proceso no puede decirse de los mismos que han fracasado en su intento de generar una nueva constitución. No. No son los movimientos sociales quienes han fracasado en dicho intento sino la ‘elite política’, que lo hizo la vez anterior y volverá a hacerlo en diciembre, no la comunidad nacional. Porque es ella quien sigue apostando por su propia supervivencia.

Por eso, en esta fase actual que recorre la evolución de la sociedad chilena, corresponde a los movimientos sociales perseverar en el camino propio, denunciando, una y otra vez, la ilegitimidad de origen del proceso al cual se nos ha convocado. Y, puesto que estamos obligados a concurrir para expresar nuestra voluntad en las urnas de una manera específica debemos impulsar decididamente la campaña a votar ‘En contra’ del proyecto espurio, en el entendido que, al no obtener lo que queremos, el proceso por generar una constitución verdaderamente legítima jamás se ha de extinguirse sino permanecer abierto hasta el infinito. Y con él, todas las fórmulas que se han ideado para hacer efectivo el derecho de las grandes mayorías nacionales a decidir su propio destino.

No es una tarea fácil; implica construir una estrategia y orientar los pasos necesarios para llevarla a cabo; incluso, en pensar sobre un nuevo Parlamento, no en el actual ni en sus partidos, sino en algo nuevo, verdaderamente nuevo. En ese empeño puede ayudarnos el apoyo incondicional que a esa clase de iniciativas presta la prensa popular y, por supuesto, trabajos como el de la construcción de un instrumento ad hoc como lo es una Asamblea Constituyente. Como el que dejó inconcluso nuestro buen amigo Gustavo Ruz, multiplicado en todos los rincones del país.

Santiago, octubre de 2023

Notas

[1] Córdova, Rodrigo: “Chile Vamos entrega oreja y rabo a Republicanos en el Consejo Constitucional”, ‘El Mostrador’, 25 de septiembre de 2023

[2]Chechilnitzky, Alexandra: “Las diferentes posiciones de os partidos oficialistas que dificultan una postura común sobre el proceso constituyente”, ‘ExAnte’, 26 de septiembre de 2023.

[3] Rivas Molina, Federico y Montes, Rocio: “Gabriel Boric prepara un nuevo proceso constituyente para Chile”, ‘El País’, 05 de septiembre de 2022.

[4]Sanchez, Jaime: “Jadue y el FA condenan a muerte la nueva constitución, pese que aún no se vota el texto”, ‘El Libero’, 15 de septiembre de 2023.

[5] Redacción: “Lautaro Carmona y enmiendas republicanas: ‘Todos los indicadores que están […] nos dicen que esa mirada integrista no va a ceder”, Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre de 2023. La negrita es del original.

[6]Sanchez, Jaime: Id. (3).

[7]Sanchez, Jaime: Id. (3).

[8] Córdova, Rodrigo: “Comisión Experta: la última esperanza de una nueva Constitución”, ‘El Mostrador’, 29 de septiembre de 2023.

[9] Lillo, Daniel: “Operación salvataje: El despliegue de los partidos para evitar nuevo fracaso constitucional”, ‘El Desconcierto’, 28 de septiembre de 2023.

[10] Córdova, Rodrigo: Id. (8).

[11] Llanos Chacón, Talía: “Con lista única, elecciones de RD sólo convocan al 4,3 de sus militantes”, ‘El Desconcierto’, 02 de octubre de 2023.

[12]Chechilnitzky, Alexandra: “’Se ha cerrado el ciclo constituyente’: diputados de la bancada PPD marcan postura para el plebiscito de salida”, ‘ExAnte’, 24 de septiembre de 2023.

[13] Esta usurpación de funciones no puede tolerarse. Si bien es cierto que la doctrina reconoce al Congreso o Parlamento la facultad de dictar algunos reglamentos, esta facultad ha de entenderse restringida al ámbito de sus funciones de ‘poder’ del Estado (Poder Legislativo); no el de reglamentar las leyes que dicta.

[14] Cerpa, Rafael Alfredo: “A 50 años del golpe: Sin pueblo ni masas”, ‘El Clarín’, 31 de agosto de 2023.

[15] Vera, Diego: “PS y UDI descartan tramitar en el Congreso anteproyecto elaborado por Comisión de Expertos”, Radio Biobío, 25 de septiembre de 2023. La negrita es del original.

[16] Sánchez, Jaime:  “El plan de Jadue tras optar por el rechazo: ‘Trabajar para conquistar una asamblea constituyente de verdad’”, ‘El Líbero’, 21 de septiembre de 2023. La negrita es del original.

[17] Carrillo, Constanza: “De Amarillos a Republicanos: partidos que rechazaron el 4S buscarán destrabar nudos del Congreso”, ‘El Dínamo’, 02 de octubre de 2023.

El articulo Chile: Una fase más a recorrer en la evolución actual de la nación apareció primero en piensaChile.

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en Santiago, fue el lugar desde donde, este sábado 19 de agosto, se hizo el lanzamiento de la campaña  “Vota en Contra”, que reunió a destacados personeros, representantes de organizaciones sociales y políticas, exconstituyentes, intelectuales, artistas, entre otros, que se articula para trabajar en contra, en el plebiscito de salida  de este 17 de diciembre. Además de motivar el debate popular, con miras a una Asamblea Constituyente.

Ex constituyente y exdiputado Hugo Gutiérrez, integra esta nueva instancia, que busca rechazar la propuesta buscando el  camino hacia una Asamblea Constituyente que surja del debate popular.

Si bien la iniciativa y la conformación del colectivo se realizó en Santiago, el llamado es que la iniciativa se replique en todos las ciudades y pueblos de Chile, para concordar en “un camino para la campaña Chile Vota en Contra”, como señalaba en la convocatoria.  Y añade que es votar en contra “de una Constitución sin pueblo, sin derechos ni dignidad”

El exconstituyente y ex diputado de la República, Hugo Gutiérrez Gálvez, fue parte de la constitución de este colectivo “Vota en Contra”, señalando que quienes integran la instancias, pese a tener diferencias, optaron por realizar

“un trabajo conjunto y coordinado para convocar al país a votar en contra en plebiscito de 17 de diciembre”.

En el encuentro participaron una 160 organizaciones, que se comprometieron a trabajar por la opción “en contra”, para abordar el plebiscito de salida del actual proceso constitucional, que busca que se apruebe una nueva constitución para Chile.

MANIFIESTO

A modo de manifiesto, un documento acompañó la convocatoria, en el que se pone en contexto, todo lo vivido y sufrido por el pueblo de Chile, desde hace 50 años, con una secuela difícil de superar por la prisión política, la tortura, la desaparición de personas y todos los crímenes cometidos por la dictadura. Señala el documento:

“El golpe de Estado fue un crimen contra la paz, seguido de un genocidio nacional, dirigido en contra de partidos y organizaciones populares, militancia de la Unidad Popular, de la Izquierda, del pueblo que apoyo al gobierno del presidente Salvador Allende”.

Más adelante añade:

“Al mismo tiempo, que ahora nos aprestamos a conmemorar 50 años del mayor genocidio contra el pueblo de Chile, la derecha sediciosa, la que provocó esa tragedia popular, la misma, que mediante el almirante Jorge José Montt causó el golpe de Estado contra Balmaceda, la misma derecha facciosa de las matanzas de la Escuela Santa María y la oficina salitrera La Coruña, la misma del golpismo parlamentario y legalizado por la llamada “Ley Maldita”, hoy se apresta a retomar el poder total, ya tienen el poder económico, mediático y militar, les falta el gobierno. Y para consolidar todo su avance tienen ahora entre sus manos el proceso constituyente que les permitirá profundizar la actual Constitución, retrotrayéndola a sus orígenes dictatoriales, de la constitución de Jaime Guzmán, incluso descartando las reformas constitucionales hechas en la llamada transición democrática, por Aylwin y Lagos”.

En otra parte, entra de lleno al actual proceso constitucional, afirmando que el actual proceso constitucional no es un proceso constituyente, es solo una reforma constitucional:

“Es un proceso constitucional que burla la decisión popular del 25 de octubre de 2020, que señaló con claridad que no quería una comisión mixta que elaborara la nueva Constitución, pues bien, lo que hoy tenemos es justamente eso, una comisión mixta: la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, que por mandato constitucional están trabajando unidas, sobre un texto elaborado previamente por personas que nadie eligió y todo a espalda de la participación popular”.

Respecto a lo que les motiva:

“Buscábamos una constitución que pusiera fin a este modelo económico que precariza la vida, en una práctica de abuso constante y diera paso a uno que hiciera posible la sustentabilidad de la vida de las personas y la naturaleza”.

Y como nada de eso ocurrió, señala que en este nuevo proceso (que no es constituyente)

Se abre un tiempo de resistencia para el pueblo de Chile, en que los males sociales no serán superados en términos inmediatos, se abre la lucha contra la corrupción de una institucionalidad que actúan en el secretismo y la impunidad; en que el abandono de los pobres y excluidos, de los niños y ancianos, se considera natural; de responsables políticos que se escudan en sus prerrogativas para legislar a espaldas de la gente y sobreviven con un poquito de democracia.

Al referirse al estallido social, cuando millones de personas salieron a la calle luchando por un mejor futuro, entienden que votar en contra, es no volver atrás.

La propuesta constitucional que se pretende imponer no será el cierre de un pasado repudiado, sino todo lo contrario su continuidad. El texto constitucional que votaremos “EN CONTRA”, busca consolidar la sociedad neoliberal de la UDI, y republicanos, RN, será la base de un pacto social de la oligarquía chilena, para reprimir los intereses de las organizaciones sindicales y sociales; la de los colectivos y los territorios para impedir nuevas estructuras comunales y regionales; atacar a los partidos populares y progresistas; para frenar el progreso, basados en la justicia social y en la plena voluntad de ciudadanos y ciudadanas expresadas democráticamente, para doblegar la soberanía nacional y generar el saqueo a destajo de nuestro recursos naturales.

Y concluye:

Todo eso que repudiamos será la nueva propuesta de Constitución Política, es por ello que anunciamos y hacemos un llamado al pueblo de Chile a que iniciemos el camino a una Asamblea Constituyente que surja del debate popular y la más amplia participación ciudadana, y que este 17 de diciembre de 2023 votemos “EN CONTRA”.

¡En contra de una Constitución sin Pueblo, sin Derechos ni Dignidad!

*Fuente: Edición Cero

Aqui puedes leer el documento de Convocatoria, completo. Cópialo y distribúyelo:

El articulo Campaña «Vota en Contra»: Constituyen Colectivo transversal, con miras el Plebiscito de Salida apareció primero en piensaChile.

Reproducimos este video en homenaje a Gustavo Ruz, un incansable batallador por una Asamblea Constituyente verdaderamente democrática. Vaya como homenaje a su muerte ocurrida el 10 de noviembre de 2022.

Grabación de la Asamblea Ciudadana realizada en Valparaíso el sábado 18 de junio de 2022, que acordó hacerse parte de la convocatoria al REENCUENTRO SOCIAL POR LA SOBERANÍA POPULAR, que tuvo lugar en Santiago el pasado sábado 9 de julio.

Presentamos a continuación el informe introductorio de Gustavo Ruz Zañartu, cuyo registro ya está en Facebook movasambleaconstituyente y Capacitación Ciudadana.

Pesar por repentina muerte del histórico dirigente de la izquierda Gustavo Ruz Zañartu

El articulo Reeencuentro Social por la Soberanía Popular apareció primero en piensaChile.

El articulo Recuperemos Chile: Rechazamos «la Cocina» del 1%. ¡Exigimos una verdadera Asamblea Constituyente! apareció primero en piensaChile.

Ninguno de ambos requisitos lo cumple la Convención Constitucional. Esta, claramente no es soberana en su origen ya que es producto de una ley (reforma constitucional) aprobada por el poder constituido, la cual le fija parámetros dentro de lo cual tendría que cumplir su cometido. Y tampoco es democrática ya que le concede a la minoría un virtual poder de veto, al establecer un quórum de dos tercios para adoptar sus resoluciones. Y peor aún, la Convención queda bajo la supervisión de la Corte Suprema, en los casos en que la minoría de ella tenga objeciones a la interpretación de cómo la mayoría esté cumpliendo con las reglas que le fijó el Congreso Nacional.

Sin embargo, es claro también que la Convención puede y debe convertirse en Asamblea Constituyente, si es que quiere aprobar democráticamente una nueva Constitución. Porque de otra forma la Constitución no va a ser el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo que para eso se supone que eligió a sus representantes; sino el producto del veto de la minoría de los representantes del pueblo. Y en este marco el “plebiscito de salida” se convertiría en una engañosa forma de presentarle al pueblo, como producto de su mayoría, un texto que en definitiva estará condicionado por lo que imponga su minoría.

Y la Convención tendrá toda la legitimidad democrática para convertirse en Asamblea Constituyente. Está formada por representantes libremente electos por el pueblo; y todos y cada uno con los mismos derechos. Por lo tanto, ellos tendrán plena legitimidad para definir por la mayoría de sus miembros sus reglas de funcionamiento y, sobre todo, el producto para el que el pueblo los eligió: redactar el texto de una Constitución democrática. Texto que posteriormente deberá ser ratificado o no por sus mandantes: el pueblo soberano en su conjunto.

El articulo Convención debe transformarse en Asamblea Constituyente apareció primero en piensaChile.

A primera vista resulta extraño que una combinación mayoritaria de partidos políticos (como los de la ex Concertación) haya convenido la creación de una entidad destinada a crear una nueva Constitución que no se podrá aprobar por mayoría, regalándole virtualmente –con el antidemocrático quórum de los dos tercios- un poder de veto a la minoría, esto es, a la derecha tradicional. Sin embargo, si nos atenemos a los hechos sucedidos en estos últimos treinta años en nuestro país, constatados con rigor, aquello no nos debiera extrañar en absoluto.

En efecto, en los 24 años en que gobernó desde 1990, dicha coalición política legitimó, consolidó y perfeccionó –en la práctica- el modelo neoliberal que impuso la dictadura, con sus AFP, Isapres, Plan Laboral, ley minera, sistema tributario y financiero, universidades con fines de lucro, etc. Pero lo hizo siempre tratando de dar la impresión de que lo hacía, no por voluntad propia, sino por la imposibilidad de remover los obstáculos que le había dejado la dictadura. Son pocos los líderes de la ex Concertación que han reconocido con claridad su derechización experimentada a fines de la década del 80.

Entre ellos resalta –por su rol clave en el diseño de la transición- Edgardo Boeninger que lo reconoció sin tapujos en un voluminoso (y muy poco leído) libro publicado en 1997: “Las propuestas del programa (de gobierno de la Concertación) comprometieron un marco para el orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media propietaria, condición necesaria para poder sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985. De este modo indirecto, el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer (las cursivas son mías)” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; pp. 368-9).

Asimismo, con toda crudeza, Boeninger añadió: “La incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (Ibid.; pp. 369-70).

Por el contrario, el liderazgo de la ex Concertación en estos treinta años ha logrado con bastante éxito disfrazar su “convergencia” con la derecha, a través de una serie de maquiavélicos ardides que han pasado muy desapercibidos. El primero y más trascendente de todos –desconocido hasta hoy por la generalidad de la población- fue el virtual regalo que le hizo a la derecha, a través de las Reformas Constitucionales concordadas en 1989, de la mayoría parlamentaria simple que hubiese tenido su inminente gobierno, de acuerdo a los términos originales de la Constitución del 80. Efectivamente, ella disponía que el gobierno a instalarse –obviamente pensando que sería el de un Pinochet ratificado en el plebiscito de octubre de 1988- obtendría mayoría parlamentaria con la mayoría absoluta de una cámara y sólo un tercio de la otra. Es decir, con la mayoría del Senado, obtenida gracias a los senadores designados combinada con el sistema binominal; y un tercio seguro de la Cámara de Diputados. Con ello Pinochet habría dispuesto de mayoría parlamentaria, pese al carácter electoral evidentemente minoritario que tendría la derecha.

Pero el punto es que Pinochet perdió aquel plebiscito; ¡por lo que dicho prospecto iba a ser también favorable para el inminente presidente Aylwin! ¿Por qué? Porque la Concertación iba a obtener con toda seguridad la mayoría de la Cámara de Diputados; y también, con igual seguridad lograría más de un tercio del Senado. Recordemos que el Senado original se componía de 26 senadores electos (dos por cada una de las trece regiones que existían en ese momento) más 9 designados, esto es, de un total de 35. Y, en el peor de los casos, era seguro que la Concertación habría elegido uno por cada región, es decir, 13. Y el tercio de 35 es 12…

Pero entonces se produjo un acuerdo “en paquete” de 54 reformas de la Constitución del 80 entre la dictadura y la Concertación. En general fueron “liberalizadoras”, pero sin afectar los principales dispositivos autoritarios de aquella. En cambio, las principales reformas (de los Artículos 65 y 68) –que pasaron desapercibidas, porque en la práctica se ocultaron al conocimiento público dentro del “paquete”- elevaron aquel quórum a la mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡pero sin eliminar los senadores designados! Con ello quedó asegurada la futura mayoría parlamentaria para la derecha, aunque fuese clara minoría electoral. De allí que el liderazgo concertacionista pudo plausiblemente “culpar” a que no tuvo mayoría parlamentaria, la total mantención de las estructuras económicas y sociales fundantes del modelo neoliberal. Por cierto, sin reconocer que no tuvo dicha mayoría, ¡porque la había regalado!…

Aquel regalo pasó a complementarse en la década de los 90, con la tozuda negativa del liderazgo concertacionista a efectuar pactos meramente electorales con el PC; con los cuales –proyectando los resultados obtenidos- podría haber revertido la “pérdida” de su mayoría parlamentaria ya en las elecciones de 1997. A ello se agregó otra política efectuada también muy solapada y eficazmente. Ella fue la progresiva destrucción de todos los medios escritos centroizquierdistas que habían surgido en la lucha contra la dictadura. Aquella la hizo silenciosamente a través de la discriminación del avisaje estatal; el bloqueo de ayudas financieras externas y la compra de algunos de esos medios para luego cerrarlos. De este modo, fueron desapareciendo en los 90 los diarios La Época y Fortín Mapocho; y las revistas Análisis, Apsi, Hoy y Página Abierta, entre muchas otras; y de algunas que se crearon después, como Rocinante y Plan B. Además, de forma incluso corrupta, los gobiernos concertacionistas negaron la devolución de los bienes del centroizquierdista diario Clarín, confiscado por la dictadura a Víctor Pey, y con los que este ingeniero español, llegado en el Winnipeg a nuestro país en 1939, se proponía reabrirlo.

Ver: Entrevista a Juan Pablo Cárdenas: La Concertación exterminó la prensa independiente

Y a lo anterior hay que sumar la neutralización de TVN a través de una ley de 1992 que le entregó a la derecha un virtual poder de veto en su directorio; y la privatización del canal de televisión de la Universidad de Chile, los que podrían haber sido legítimos medios de análisis de la dictadura y de promoción de una efectiva democratización del país, a través de un debate político plural que incluyera todos los temas y corrientes de pensamiento existentes en el país. La lógica de estas políticas respecto de los medios de comunicación era impedir un debate que pusiese en cuestión el modelo neoliberal y –sobre todo- que desnudase la total derechización del liderazgo concertacionista. Este comprendió perfectamente que -particularmente los medios escritos que habían dado una valerosa lucha contra la dictadura y que no habían experimentado su derechización- se convertirían en los reales y muy molestos opositores a su giro copernicano.

Luego, la plena derechización del liderazgo concertacionista se siguió manifestando plenamente con los gobiernos de Lagos y Bachelet, ya que éstos ¡obtuvieron finalmente mayoría parlamentaria y no la usaron para ninguna reforma fundamental del modelo! En efecto, Lagos la obtuvo entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Errázuriz; y Bachelet por el fin de los senadores designados en 2005. Este cambio cualitativo que podría haber tenido una importancia política decisiva (si el liderazgo concertacionista hubiese sido realmente de centroizquierda) pasó también virtualmente desapercibido por la opinión pública, debido a que todos los medios de centroizquierda habían sido ya exterminados…

Finalmente, la consolidación del modelo de Pinochet se produjo con la asunción del liderazgo concertacionista de los elementos centrales de la Constitución del 80, con la “nueva Constitución” de 2005 (¡la actual!), la cual fue entusiastamente elogiada por Lagos como una “Constitución democrática, obra de todos los chilenos, y que ya no nos divide”; y que fue suscrita en una ceremonia apoteósica el 17 de septiembre de ese año, donde la suscribieron Lagos y todos sus ministros. Tanto fue así, que cuando surgió la demanda de Asamblea Constituyente como subproducto del movimiento estudiantil-ciudadano de 2011 los más duros cuestionadores de ello fueron Lagos y los líderes del PS Escalona (“era fumar opio”); Insulza (“era confrontacional; y se sabe como empieza pero no como termina”) y su presidente Andrade quien se mofó de ella señalando que “una nueva Constitución será para nuestros tataranietos”.

Después vimos el tongo de “proceso constituyente” del segundo gobierno de Bachelet, que después de innumerables “cabildos” a lo largo de todo Chile, terminó en una penosa redacción de un proyecto de nueva Constitución, la que fue entregada a fines de su gobierno para los archivos. Y ya toda la élite política se había olvidado del tema hasta que el “estallido” o “revuelta” popular de octubre de 2019 la condujo –falsificando la idea de una efectiva Asamblea Constituyente democrática- a engañar nuevamente a la sociedad chilena con un proceso que, sí o sí, terminaría en una convención “mixta” o “constitucional” impedida de aprobar democráticamente una nueva Constitución, dado el quórum ¡para ambas! de los dos tercios…

En definitiva, a estas alturas lo único que puede llamar la atención es el despilfarro histórico efectuado por la izquierda que, en lugar de tratar de orientar y conducir la revuelta social en una perspectiva clara de Asamblea Constituyente y de sustitución del modelo neoliberal; se subordinó, directa o indirectamente, a este nuevo fraude de las dos derechas. Así, la gran mayoría de los partidos relevantes del Frente Amplio (RD, Convergencia Social, Comunes y Liberal) se ¡sumaron formalmente al acuerdo del 15 de noviembre!, provocando, además, un quiebre y decadencia del conglomerado. Y el PC y el PH, que si bien no formaron parte del acuerdo y manifestaron incluso su desacuerdo con el antidemocrático quorum de los dos tercios; no hicieron de ello lo que correspondía en términos democráticos: deslegitimar completamente el actual proceso-fraude constituyente, participando en las elecciones solo para buscar obtener un tercio de los convencionales que permitiera frustrar la consumación final del fraude por parte de las dos derechas.

Más sobre el tema:

Gigantesco autoengaño histórico (I)
por Felipe Portales (Chile)
Publicado el 9 agosto, 2019

Gigantesco autoengaño histórico (II)
por Felipe Portales (Chile)
Publicado el 26 agosto, 2019

El articulo «Convención Constitucional»: Ni Constituyen, ni Democrática (II) apareció primero en piensaChile.

LAS ELECCIONES DE ABRIL

Los días sábado 10 y domingo 11 de abril, se llevaría a cabo el acto eleccionario—si es que no se suspende por razones derivadas de la pandemia— cuya realización fue ordenada por una votación sin precedentes el 25 de octubre del año recién pasado. No se trata de un acto cualquiera: se medirán, allí, dos valores fundamentales. Por una parte, la confianza que la ciudadanía tiene en las actuales organizaciones políticas y su dirigencia; en suma, el apoyo ciudadano que tiene la ‘escena política’ de la nación. Algo de lo que están conscientes ciertas figuras de la misma, como la senadora Ximena Rincón para quien:

“[…] hay un malestar en términos generales con la política, pero desde el punto de vista de la conexión que existe entre la ciudadanía y sus representantes hay de todo y creo que vamos a tener un buen indicador de eso en la elección de los constituyentes, porque hay varios políticos que van de candidatos y vamos a tener ahí la posibilidad de sopesar cuál es el respaldo que existe o no hacia ellos”[1].

Por otra, la fuerza política de la ciudadanía expresada en las protestas sociales y en los magnos actos realizados el 25 de octubre de 2019 y el 25 de octubre de 2020. Así es, sin lugar a dudas. Hé ahí la importancia de ese acto eleccionario; se trata, pues, de demostrar que la ciudadanía quiere deshacerse de quienes han usufructuado del mando de la nación durante todo el período de la democracia post dictatorial.

En uno de nuestros últimos trabajos, y a propósito del rol de los independientes en la Convención Constitucional de 11 de abril, afirmábamos que si lográbamos provocar una votación masiva de la ciudadanía orientada a favorecer la presencia de aquellos en la misma, estaríamos acercándonos a las aspiraciones planteadas por el estallido social de 18 de octubre de 2019[2].

Sin embargo, el camino señalado no es fácil. Ya lo advertíamos en nuestros trabajos anteriores. La cercanía del momento en que ha de realizarse la elección de los constituyentes reafirma esos temores. Los problemas que se aproximan no son menores, los escollos siguen saliendo al paso y pueden gravitar fuertemente en el curso de los acontecimientos. Veamos algunos de ellos.

ESCOLLOS QUE SE PRESENTAN

1. El Reglamento de la Convención.

La confección del Reglamento que va a regir el funcionamiento de la Convención Constitucional no es asunto superfluo. El plazo dado por la ley a la misma para que entregue el proyecto de nueva constitución es de nueve meses, prorrogable por otros tres. Pero dentro de ese plazo ha de confeccionarse el Reglamento para el funcionamiento del organismo además de redactarse la nueva constitución. La experiencia nos enseña, sin embargo, que la confección del Reglamento no es asunto sencillo, pues

“[…] en países como Bolivia la Asamblea Constituyente tomó siete meses en establecer su funcionamiento”[3].

Es cierto que en Chile no hay ‘Asamblea Constituyente’ sino ‘Convención Constitucional’, cuya naturaleza, de seguro, va a discutirse acaloradamente durante las sesiones haciendo más engorroso el debate; no hay que olvidar que si bien la naturaleza de una ‘Asamblea Constituyente’ es algo que no admite discusión, no ocurre lo mismo con la de ‘Convención Constitucional’, que ha tratado de estatuirse como un organismo sujeto a las regla de la actual constitución pinochetista, de donde deriva su apellido ‘constitucional’. La distinción entre constitucional y constituyente no es superflua: la primera implica subordinación a algo o alguien; la otra, autonomía. Por lo demás, ha de tenerse presente que los acuerdos serán tomados por los dos tercios establecidos en la carta fundamental que impuso el pinochetismo, refrendados por el Acuerdo Por la Paz de 15 de noviembre de 2019.

Mario Briones nos recordaba, hace poco, que el profesor de Derecho de la Universidad Católica Sebastián Soto asimila ambos términos al señalar que

“La convención constitucional o constituyente estará integrada por 155 miembros los cuales serán 100% electos por la ciudadanía el 11 de abril de 2021…”[4]

Esta concepción también parecen aceptarla otros académicos como Díaz Ricci, Manuel Carbonell y Guzmán Brito.  Lo cierto es que el tema va a producir acalorados debates.

En relación al Reglamento que va a regir la Convención, hasta el momento en que se escriben estas páginas, se sabe que

“[…] existen al menos cinco propuestas desarrolladas por el Consejo para la Transparencia; la Cámara Nacional de Comercio (CNC); la Sofofa; el centro de estudios Horizontal (ligado a Evópoli) y la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución (que incluye a Chile 21, el Instituto Igualdad y Rumbo Colectivo, este último ligado a RD del Frente Amplio)”[5].

Como se puede advertir, las propuestas no solamente evidencian una absoluta carencia de participación popular, sino un atentado directo a la incorporación de independientes en el proceso de elaboración de una nueva carta fundamental. Los órganos del Estado, los empresarios, los partidos que representan los intereses de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo y demás partidos institucionales, han tomado en sus manos la solución del ‘problema’ de la Convención Constitucional.

2. La Comisión Ad Hoc de la OCDE

El otro problema importante a considerar es el rol que va a jugar la Comisión cuyos servicios contrató el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand durante su gira por Europa en noviembre pasado.

“Hemos firmado un acuerdo muy importante para dar cumplimiento a una de las obligaciones que tiene el Gobierno en relación al proceso constitucional en marcha. De conformidad a la reforma constitucional aprobada, el Gobierno debe proveer el soporte técnico a quienes tengan la responsabilidad de redactar una nueva Constitución”[6].

En efecto. En un acto sin precedentes, el ministro Andres Allamand firmó un contrato, en Francia, con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas OCDE, para que ‘Asesore a Chile en la redacción de una nueva constitución y acompañe el proceso’[7], además de pedirle que venga a nuestro país

“[…] a entregar su aporte en diversos temas, pero particularmente en una lista en la que la experiencia de la organización y de Europa es particularmente importante”[8],

pues

“[…] estamos hablando del régimen político, donde deberá resolverse si se mantendrá el régimen presidencial o avanzará a otra forma política; los derechos sociales; materias medioambientales; defensa de los consumidores; nuevos derechos individuales en la era digital, y también aspectos institucionales, como la autonomía del Banco Central y las tareas del Tribunal Constitucional”[9].

La suma destinada a solventar los gastos de este acuerdo fue establecida en US$ 200.000, en la Carta Nª 1320, de 26 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría de RREE de la Cancillería, contra una factura emitida por aquella:

“I am writing to inform you that the Undersecretariat of International Economic Affairs-Ministry of Foreign Affairs Chile will contribute USD 200.000 (two hundred thousand dollars) to support the work on Chile’s constitutional reform which is included in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Programme of Work and Budget via the OECD’ work in the promotion of good governance […]  This amount will be paid upon receipt of an invoice from the OECD[…]

Traducción de piensaChile:
«Me dirijo a usted para informarle que la Subsecretaría de Asuntos Económicos Internacionales-Ministerio de Relaciones Exteriores Chile contribuirá con USD 200.000 (doscientos mil dólares) para apoyar el trabajo de la reforma constitucional de Chile que está incluido en el Programa de Trabajo y Presupuesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través del trabajo de la OCDE en la promoción de la buena gobernanza […] Esta cantidad será pagada al recibir una factura de la OCDE[…].

La gestión del ministro Allamand ha sido no sólo tremendamente torpe, sino objeto de un vendaval de críticas: ridiculiza a Chile mostrándolo como un pueblo enormemente atrasado, incapaz de entender cómo ha de redactarse una verdadera constitución.

Sin embargo, no puede pedírsele más a ese flamante ministro. Allamand no es sujeto que razona, funciona emocional y sentimentalmente; su carácter tanto individual como social es asombrosamente parecido al de Piñera y representa con admirable fidelidad a la juventud que alabara al dictador, en Chacarillas, prometiéndole lealtad eterna. Allamand es atolondrado; mal podría esperarse de él una conducta sensata. Pero actúa al interior de una cofradía, en donde el único valor que impera es la lealtad al grupo y la defensa corporativa de sus feligreses; por eso, siempre va de contar con sujetos tanto o más atolondrados, que van a defender sus torpezas. No por otro motivo lo ha hecho Jaime Bellolio, que pareciera encarnar la lealtad elevada al rango de virtud. Bellolio no sólo alaba todo lo que hace el Gobierno sino explica todo lo que hace, con una insensatez encomiable. Por supuesto que la gestión de Allamand ha sido fuertemente defendida por este individuo. Así, la afrenta a la ciudadanía chilena, a quien se considera menor de edad para entender cómo hacer una constitución, se transforma en una afrenta que el propio Gobierno hace a la ciudadanía. Es la resurrección, por lo demás, del viejo pensamiento pinochetista de considerar a la ciudadanía como ‘menor de edad’, como impúber, incapaz de valerse por sí misma. Es la misma razón por la cual un articulista celebraba que las FFAA vigilen el proceso eleccionario, práctica que jamás ocurre en las naciones desarrolladas sino en las del tercer mundo[10].

No debe sorprender que muchos se pregunten cuál es el objeto de tal medida. O como se lo preguntara una comentarista, aún sorprendida por tal desatino:

“¿Fue una iniciativa suya?, ¿fue una instrucción presidencial?, ¿fueron ambas?, ¿por qué el apuro?”[11]

Dos escollos que es necesario superar. Pero falta un tercero.

3. El nuevo jefe del Servicio Electoral de Chile SERVEL

El tercer escollo con el que se ha de encontrar la legión de constituyentes convencionales independientes es el cambio ocurrido en la jefatura del Servicio Electoral de Chile SERVEL.

Puesto que la generalidad de los cargos públicos se reparte entre las organizaciones políticas, como si fuera parte de un botín de guerra, el militante demócrata cristiano Patricio Santamaría González ha dejado el cargo de presidente del consejo directivo del SERVEL asumiendo, en su reemplazo, el militante de la Unión Demócrata Independiente UDI, Andrés Tagle Domínguez, ex ejecutivo de CODELCO, y director del mismo organismo. Había sido, anteriormente,

“[…] propuesto por el Gobierno de Michelle Bachelet bajo la lógica del sistema «binominal» de designaciones que prima en diferentes instituciones del sector público, para llenar el cupo vacante que dejó la renuncia de Gonzalo Molina, tras ser querellado por el Servicio de Impuestos Internos en el marco del caso SQM”[12].

Su nominación fue defendida, en ese período, por Nicolás Eyzaguirre, a la sazón secretario general de la Presidencia, quien no solamente emitió conceptuosos elogios hacia su persona, entre otros, su

“[…] idoneidad técnica indiscutible”,

sino dijo, además, terminantemente,

“[…] no nos parece que aquí haya habido cuoteo, sino un ejercicio de los balances, los pesos y contrapesos […] mantener la protección de todas las formas de expresión”[13].

COMO FORTALECER EL PODER DE LOS INDEPENDIENTES.

No existe otra forma de robustecer el poder de los independientes que no sea votar por ellos. Esa es la tarea; pero no se trata de hacerlo de cualquier modo. Porque el sistema D’Hondt —que va a regir para la elección de los convencionales constituyentes—, privilegia a los partidos que se organizan en listas y forman amplias alianzas; esa misma forma se aplica a los independientes que fueron capaces de hacerlo, tarea que, una vez realizada, evita la dispersión de votos. Por tanto, la primera tarea a realizar es elegir un candidato que aparezca en listas que se han constituido nacionalmente y votar por aquel. Si ello no fuera posible, podrá votarse por las otras listas de independientes; y si ello tampoco pudiere hacerse, ha de votarse por los independientes individualmente considerados que no conformaron listas sino lo hicieron en forma personal. Esto no significa, en modo alguno, despreciar a otros candidatos independientes, sino evitar que la dispersión de votos produzca una hecatombe.

En un trabajo anterior señalamos algunas de las listas que lograron salvar algunos de los escollos colocados por la ‘elite política’ del país a la candidatura de independientes y así dijimos:

“[…] en esas listas, destacan dos de ellas que parecen tener una coordinación a nivel nacional, como lo señala José Luis Valenzuela. Una de ellas es la llamada ‘La Lista del Pueblo’, que figura en 17 distritos con ese nombre, u otros que son muy similares, como, por ejemplo, ‘Elije la Lista del Pueblo’ y ‘La Lista del Pueblo Maule Sur’; la otra es la llamada “Independientes por una nueva Constitución” que, al igual de la anterior, figura en 15 distritos también con el mismo nombre u otro similar, como los que se indican a continuación por vía ejemplificativa: ‘Independientes del Norte Grande por una Nueva Constitución’ e ‘Independientes por la Nueva Constitución’”[14].

Creemos que por ellos hay que votar; en ningún caso por las listas de los partidos. Tampoco por personas que fueron personajes públicos y destacaron tanto en la política como en la farándula o aparecieron como ‘opinólogos’. Se trata, en suma, de disminuir el apoyo ciudadano a quienes han gobernado este país durante el período post dictatorial. Se trata de apoyar a un contingente nuevo de ciudadanos que llegan con una moral nueva y con deseos de implantar ideas que pueden poner en apuros al actual sistema vigente.

Se trata, en sìntesis, de comprobar a través del ejercicio del derecho a voto el escaso apoyo que la ciudadanía le otorga hoy a la ‘elite política’ que ha gobernado la nación desde el advenimiento de la democracia, en 1990. Y, consecuentemente, reafirmar la inmensa confianza que esa ciudadanía tiene en el desarrollo de sus propias fuerzas y en el trabajo que pueden realizar para ella sus legítimos representantes. Algo que preocupa de sobremanera a quienes profitan, hoy en día, de las prebendas que se autoconfirieron en estos años de democracia post dictatorial[15] y que quieren seguir autoconcediéndose.

Santiago, marzo de 2021

Notas:

[1] Medrano, Claudio: “Ximena Rincón: ‘En la elección de constituyentes podremos sopesar cuál es el real respaldo hacia los políticos’”, Radio Universidad de Chile RUCH, 11 de marzo de 2021.

[2] Acuña Asenjo, Manuel: “¡Aún tenemos Patria, ciudadanos!”, en varios medios de INTERNET, febrero de 2021.

[3] Vega, Maximiliano: “¿En qué coinciden las distintas propuestas para el Reglamento Interno de la Convención?”, ‘La Tercera’, 19 de febrero de 2021.

[4] http://derecho.uc.cl/es/noticias/derecho-uc-en-los-medios/26229-profesor-sebastian-soto-hablo-sobre-cuales-son-las-atribuciones-de-la-convencion-constituyente-o-mixta

[5] Vega, Maximiliano: Art. citado en (2).

[6] Anónimo: “Gobierno y OCDE firman acuerdo de acompañamiento técnico para el proceso constitucional de Chile”, Ministerio de RREE, página webb, jueves 03 de diciembre de 2020.

[7] Camus, María Eugenia: “La asesoría del canciller”, ‘El Mostrador’, 07 de diciembre de 2020.

[8] Anónimo: Art. citado en (6).

[9] Anónimo: Art. citado en (6).

[10] Avendaño, Emily: “Por qué las Fuerzas Armadas pueden garantizar las elecciones pese a que el Gobierno les bajó el presupuesto”, ‘El Líbero’, 12 de marzo de 2021.

[11] Camus, María Eugenia: Art. citado en (7).

[12] Redacción: “Andres Tagle, histórico experto electoral de la UDI, asume como nuevo presidente del consejo directivo del SERVEL”, ‘El Mostrador’, 02 de marzo de 2021.

[13] Redacción: Art. citado en (12).

[14] Acuña Asenjo, Manuel: Documento citado en (2)

[15] Medrano, Claudio: Art, citado en (1).

El articulo El azoroso rumbo hacia las elecciones de Convencionales Constituyentes apareció primero en piensaChile.

FOROS CONSTITUYENTES : » MUJERES CONSTITUYENTES POR CHILE Y LA SOBERANÍA POPULAR «.

Exponen :

Ana Leyton (Profesora de Castellano, Directora Centro Cultural del Choapa de Illapel , Escritora),

Camila Vergara (Doctora en Teoría Política Columbia University),

Mafalda Galdames (Coordinadora Regional de las Américas  de la Marcha Mundial de las Mujeres. Secretaría General de ANAMURI).

El articulo Invitación FORO MUJER sábado 6 de marzo apareció primero en piensaChile.

Autores: Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda

La multitudinaria protesta contra el sistema político y económico puso en marcha un proceso constituyente que no estaba en los cálculos de la elite. El acuerdo parlamentario para una nueva Carta Magna instaló una comisión técnica que afinará los detalles de ese pacto. La comisión fue “cuoteada” por los partidos, lo que atizó las críticas de quienes acusan que el acuerdo no representa a la ciudadanía. ¿Cuáles son los nexos entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la comisión? CIPER rastreó esos vínculos. Lobistas y asesores de grandes empresas -incluyendo el rubro de los tragamonedas-, ex funcionarios de gobierno y un ex diputado investigado por financiamiento político ilegal, integran la comisión que pretende rayar la cancha del debate constitucional.

Desigualdad. Esa la palabra que se repite para ilustrar los abusos que denuncian miles de chilenos que han participado en las recientes manifestaciones. Ese reclamo generalizado contra el sistema político y económico –reflejado en la concentración de 1,2 millón de ciudadanos el pasado 25 de octubre–, desencadenó un proceso para crear una nueva Constitución que no estaba en los cálculos de quienes ostentan el poder público y privado. Ahora, esa elite considera que la redacción de una nueva Carta Fundamental es clave para aplacar el estallido social. De allí la urgencia con que los parlamentarios oficialistas y gran parte de los opositores sellaron un acuerdo para dar curso al debate constitucional. Una ruta cuya primera estación fue la creación de una Comisión Técnica –integrada por 14 especialistas– encargada de afinar el pacto y crear el proyecto de ley para iniciar el proceso constituyente.

Uno de los blancos más criticados en las protestas ciudadanas son las grandes empresas: retail, bancos, AFP, Isapres, cadenas de farmacias, agroindustria y minería, entre otros rubros. También han sido fuertes los cuestionamientos a los partidos políticos, a los que se acusa de ocupar el aparato estatal para satisfacer sus propios intereses y los de sus financistas. ¿Cuáles son los nexos que hay entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la Comisión Técnica que debe rayar la cancha para el debate constitucional? CIPER rastreó esos vínculos.

De los 14 integrantes, el que más ha trabajado en representación de intereses privados es Arturo Fermandois: ha ejercido como lobista de grandes empresas, como Cencosud, la Asociación de Bancos y la Cámara Chilena de Centros Comerciales. También ha asesorado a Laureate, grupo propietario de universidades privadas que ha sido investigado en Chile por lucrar con sus centros de estudios superiores. Además, en enero de este año representó a los dueños de tragamonedas (agrupados en la FIDEN), ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Otro miembro de la comisión que dejó huella en la plataforma Info Lobby es Gastón Gómez, quien ha representado los intereses de la Asociación de AFP, la Asociación de Armadores de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores Austral.

En la nómina también figura el ex diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, cuyos vínculos con el financiamiento ilegal de la política fueron investigados por el Ministerio Público. Silva, cuando era diputado, participó en la discusión de un proyecto de ley que afectaba a las isapres, a pesar de que tenía acciones en Banmédica. Hoy ocupa cargos directivos en la Universidad del Desarrollo.

En la vereda de la oposición, algunos de sus representantes en la comisión técnica han ocupado cargos públicos bajo los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Es el caso de Pamela Figueroa, Emilio Oñate y Gabriel Osorio. Este último mantiene un nexo indirecto con el mundo de los intereses privados, pues su cónyuge es socia de una empresa de asesoría comunicacional que tiene entre sus clientes a los jesuitas, la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa y la consultora Atisba, además de entidades públicas, como la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia.

La comisión fue “cuoteada” por los partidos políticos que suscribieron el pacto. Siete integrantes representan a las colectividades oficialistas (UDI, RN y Evópoli) y siete a las opositoras (DC, PPD, PS, PR, RD, PL y Comunes). Un aspecto que no ha pasado inadvertido para los críticos del acuerdo, quienes cuestionan que el proceso constituyente forjado en el Congreso Nacional reproduce los “vicios” de actores políticos deslegitimados ante la opinión pública, sin representar a las organizaciones sociales y a los ciudadanos independientes que han impulsado la demanda de una nueva Carta Fundamental.

La comisión quedó integrada por Gastón Gómez (en representación de RN), David Huina (RN), Sebastián Soto (independiente-Chile Vamos), Ernesto Silva (UDI), Arturo Fermandois (UDI), Isabel Aninat (Evópoli), José Francisco García (Evópoli), Cristina Escudero (DC), Pamela Figueroa (PPD), Emilio Oñate (PR), Gabriel Osorio (PS), Alejandra Zúñiga (PL), Sebastián Aylwin (Comunes) y Claudia Heiss (RD).

FERMANDOIS EN LOS REGISTROS DEL LOBBY

A través de su estudio de abogados Fermandois & Cía, el abogado Arturo Fermandois Vöhringer ha trabajado con numerosas empresas a las que ha prestado asesorías. Por ese motivo es que aparece 28 veces en los registros de la Ley del lobby reuniéndose con autoridades políticas en representación de los intereses de las empresas que lo contratan.

Desde que volvió de Estados Unidos en 2012, luego de haber sido por más de dos años el embajador de Chile en ese país, se ha dedicado a las asesorías al mundo privado y también a su rol como asesor senior en Albright Stonebridge Group, una de las empresas de lobby más poderosas de Estados Unidos.

La página web de esa compañía señala que Fermandois “asesora clientes en toda América Latina” y que “trabaja con clientes en desafíos y oportunidades relacionados con el negocio para ayudarlos con la entrada al mercado, el posicionamiento corporativo y la estrategia”. La web de Albright Stonebridge Group no transparenta los intereses que ha representado Fermandois en el continente. Pero su trabajo como representante de empresas en Chile sí ha dejado huella en los registros de Info Lobby, la plataforma del Consejo Para la Transparencia que publica las reuniones de lobistas y gestores de intereses con autoridades.

El rastreo de CIPER en esa base de datos arrojó que Arturo Fermandois ha asistido a 28 citas con autoridades representando intereses empresariales (vea aquí el detalle). A 13 de esas reuniones fue en nombre de Cencosud, el retailer de Horst Paulmann.  A otras seis asistió para ejercer lobby en favor de la Constructora Riviera, ligada a la familia Amenábar, que buscaba instalar un hotel en las dunas de Ritoque. También registra reuniones en nombre de la Asociación de Bancos, de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, de la Empresa Recicladora Ambiental (RAM), de Generadora Metropolitana y de empresas mexicanas y estadounidenses.

No todas sus asesorías empresariales aparecen en los registros del lobby. CIPER pudo confirmar que ha trabajado para Laureate, el mayor holding de universidades con fines de lucro en el mundo y que en Chile es dueño de las universidades Andrés Bello, De Las Américas, De Viña del Mar y del instituto profesional AIEP, entre otros. Laureate ha sido cuestionado y sancionado en Chile por extraer recursos desde sus universidades, algo que está prohibido en la legislación (vea reportaje de CIPER “La cocina de Laureate: graves infracciones por lucro y millonarios pagos a dirigentes políticos”).

En abril de 2018, cuando CIPER reveló una investigación del Ministerio de Educación que corroboró que las universidades de Laureate lucraban, en el Tribunal Constitucional (TC) se debatía uno de los corazones de la reforma educacional de Michelle Bachelet: la prohibición de que las universidades privadas fueran gobernadas por sociedades con fines de lucro. Ese acápite de la reforma fue objetado por la Corporación de Universidades Privadas, instancia gremial donde Laureate llevaba la batuta a través de Pilar Armanet, ex militante PPD que entonces era rectora de la Universidad de Las Américas. Fermandois asesoró a la corporación en su presentación ante el TC. Finalmente, el tribunal le dio la razón y Laureate pudo seguir administrando sus universidades a través de sociedades comerciales.

Según señaló Fermandois a CIPER, hizo esa asesoría a Laureate a título personal y no a través de Albright Stonebridge Group, que entonces tenía a ese holding educacional como uno de sus clientes. Durante la tramitación de la ley que reformó el sistema de educación superior, Fermandois participó de la Comisión de Educación del Senado como experto constitucional, instancia en la que no transparentó su rol de asesor de las universidades privadas. Tampoco lo hizo cuando el 28 de marzo de 2018 concedió una entrevista a La Tercera, donde defendió el fallo del Tribunal Constitucional:

“El TC cumple su rol, que no es congraciarse con el Congreso ni aprobar todos los artículos de las leyes que llegan para su revisión. El tribunal debe, con independencia y con fundamentos, servir a la Constitución y analizar con objetividad si tal o cual precepto la infringe. Los expertos que estuvimos en la Comisión de Educación del Senado advertimos que este y algunos otros preceptos tenían problemas de constitucionalidad”, señaló en la entrevista.

CIPER se comunicó con Arturo Fermandois: “La relación con Laureate fue a través de consultas que me hicieron desde las universidades respecto de la constitucionalidad o no de algunos aspectos de la ley, o de algunas decisiones que se estaban tomando. En ningún caso llamé o hice alguna gestión ante los ministros del Tribunal Constitucional. Tampoco lo hice ante autoridades políticas”.

El abogado constitucionalista asegura que sí transparentó su relación con la Corporación de Universidades Privadas. Para comprobarlo envió a CIPER una columna de opinión sobre este mismo tema que publicó en El Mercurio (“Una guinda inconstitucional”) el mismo día de la entrevista que publicó La Tercera (28 de marzo de 2018), donde se incluyó una nota de la redacción que aclaraba que el abogado “asesoró en la presentación de la Corporación de Universidades Privadas al Tribunal Constitucional en este caso”.

Señaló, además, que él no es lobista y que si aparece en los registros de lobby es porque la ley no contempla un apartado para consignar la participación de abogados. Dice que solo se dedica a defender legalmente las posturas de las empresas que lo contratan. Se mostró especialmente interesado en que se conociera el trabajo que ha realizado ad honorem para el Estado, como cuando en 2014 participó representando a Chile en una comisión de Unasur que estudió la situación en Paraguay luego de que el presidente Fernando Lugo saliera de su cargo.

Aunque el abogado cree que no hay un conflicto de interés entre su rol como asesor de empresas y su pertenencia al comité técnico que finiquita los detalles del proceso constituyente, señala que “si surgiera algún tema en el que yo tenga un conflicto de interés, me voy a inhabilitar, como corresponde. Pero ahora estamos discutiendo textos sobre la convocatoria al plebiscito, los plazos, la calificación, etc. No veo que haya una incompatibilidad, pero si en algún minuto se desata algún conflicto de interés voy a ser el primero en abandonar la sala y la comisión”.

En enero de este año, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, discutió un proyecto de ley que puede poner fin a la actividad de los tragamonedas que operan en barrios. Ante la comisión se presentó Fermandois para defender los intereses de la FIDEN, entidad que agrupa los dueños del negocio de los tragamonedas, cuestionando la constitucionalidad del proyecto en debate (vea el reportaje de CIPER “Los negocios y redes políticas en Chile del ‘Rey de los tragamonedas’ peruano”).

LAS SOCIEDADES Y EL LOBBY DE GÓMEZ

Gastón Gómez Bernales (ex militante RN) es profesor de Derecho Constitucional de las universidades de Chile y Diego Portales, miembro del Consejo Nacional de Televisión desde 2011 y del directorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos desde hace nueve años. En paralelo a su trabajo en el mundo público ha constituido empresas inmobiliarias y ha ejercido como lobista de algunos proyectos del retail y de las AFP.

Fue recientemente fichado por el gobierno para derribar en el Tribunal Constitucional el proyecto de la jornada laboral de 40 horas. Ya alegó ante el TC en 2016, cuando lideró los reparos de Chile Vamos a la Reforma Laboral.

Desde 2016, Gómez aparece en siete audiencias en los registros del lobby: seis como gestor de intereses y una en calidad de lobista. Esta última ocurrió el 11 de septiembre de este año, cuando se reunió con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para abordar un proyecto del Grupo Patio, controlado por la familia Jalaff: ampliar el centro comercial La Fábrica, en la comuna de San Joaquín, al que quieren agregar un edificio médico, oficinas, un hotel y 1.155 estacionamientos. El impacto del proyecto continúa bajo evaluación ambiental.

Su última audiencia como gestor, en tanto, la realizó el 4 de octubre pasado. A esa cita se presentó para discutir los intereses de uno de los sectores más cuestionados por la ciudadanía: las AFP. En la ocasión se reunió con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para abordar una Presentación al Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo señalado en el registro oficial de Info Lobby. Lo acompañó el gerente general de la Asociación de AFP, Felipe Larraín Aninat, con quien además tiene una relación de parentesco (es sobrino de su esposa, Magdalena Aninat).

En la restantes cuatro audiencias figura representando a la Asociación de Armadores de Chile, a la Compañía Sudamericana de Vapores Austral, a la sociedad Loteo Agrícola, a GPG Abogados (estudio de su propiedad) y representándose a sí mismo ante la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas por “un dictamen de Contraloría”.

Forma parte del estudio Gómez, Pallavicini & García desde 2017 –anteriormente trabajó en Eluchans & Cía. Abogados durante 17 años-, donde comparte con José Francisco García García, otro de los convocados a la mesa técnica constitucional.

Según los registros del Diario Oficial, Gómez ha constituido o participado en un total de ocho sociedades, entre las que destacan dos de giro inmobiliario (Inmobiliaria Doce e Inmobiliaria Seis) y dos de inversiones: Inversiones y Asesorías Legales El Canelo (formada en 2000 junto a su esposa) y Asesorías e Inversiones La Capellanía.

CIPER intentó comunicarse con Gastón Gómez en reiteradas ocasiones, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

EL REGRESO DE SILVA

Uno de los elegidos por la UDI para representar sus intereses es Ernesto Silva, ex diputado por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (2010-2018) y presidente de la colectividad entre mayo de 2014 y marzo de 2015. Silva se vio obligado a dejar el timón de la UDI cuando el Ministerio Público investigó su relación con el financiamiento político ilegal proporcionado por el Grupo Penta a candidatos de su partido (vea los reportajes de CIPER “Jovino Novoa reconoce que recibió $30 millones de Penta y que usó boletas falsas” y “Diputado Silva promovió indicaciones a favor de Penta en la tramitación de la Ley de Isapres”)

En enero de 2015, CIPER reveló que el Ministerio Público investigaba a Silva por su nexo con el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, sindicado como uno de los políticos más comprometidos en el caso Penta –acusado de cohecho– y con quien compartía la sociedad Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada (vea reportajes de CIPER “Querella del SII contra ex subsecretario Wagner incluye sociedad de presidente de la UDI” y “Los otros pagos que recibió Wagner cuando era subsecretario de Minería”).

Adicionalmente, en plena discusión por la reforma a la Ley de Isapres (2013) Silva recibió un correo de Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta. Ese holding tenía el control de Banmédica y a Lavín le inquietaba un proyecto de ley que afectaba el negocio. En el e-mail el empresario le manifestó su preocupación por la “modificación de precios del Plan Garantizado de Salud” que promovía la DC: “Si entendí bien, esto sería de máxima gravedad”, le escribió Lavín. En aquella fecha, Silva tenía acciones en Banmédica a su nombre y a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Sydarta, pero no se inhabilitó de la discusión cuando el proyecto fue revisado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde intervino en sintonía con la postura de los dueños de Banmédica.

Silva es abogado de la Universidad Católica con máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2018, después de la tormenta del financiamiento político ilegal, se alejó de la política y partió a Stanford (Estados Unidos) para adentrarse en el mundo de la academia. Actualmente trabaja en la Universidad del Desarrollo como vicerrector de Postgrado, Educación Continua y Extensión, además de ser prorrector. Esta casa de estudio fue fundada en 1990 por su padre, Ernesto Silva Bafalluy, junto a Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Federico Valdés y Alfredo Valdés (vea el reportaje “Las huellas del Grupo Penta en el negocio de la Universidad del Desarrollo”)

CIPER contactó a Ernesto Silva para consultarle por sus vínculos con empresas y entidades públicas y privadas. En su respuesta, el ex diputado indicó que actualmente es «director de la corredora de bolsa de productos Contempora» y «director del Observatorio del Gasto Fiscal». Según señaló, ninguno de estos cargos es remunerado.

LAZOS FAMILIARES

Hay otro grupo de comisionados que no tienen vínculos, al menos en registros públicos, con grandes empresas, pero que han ocupado puestos de responsabilidad política o cuyos familiares directos desempeñan cargos en el aparato estatal o bien mantienen nexos con el mundo privado. Es lo que sucede con el abogado Gabriel Osorio, quien integra la comisión técnica en el cupo del PS.

Abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, Osorio está casado con Ximena Jara, quien fuera jefa de contenidos de la Presidencia durante el segundo mandato de Bachelet. Luego de salir del gobierno, Ximena Jara formó la empresa Factor Crítico, junto a otros ex ocupantes de La Moneda, como Marcela Goic (hermana de la senadora DC) y Enzo Abbagliati.

Factor Crítico se dedica a la asesoría comunicacional y política y tiene entre sus clientes a los jesuitas (Universidad Alberto Hurtado y Vocaciones Jesuitas Chile), la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa, Atisba (consultora de urbanismo, propiedad de Iván Poduje), la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia, entre otros.

Gabriel Osorio fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Bachelet e integró el estudio de abogados de Francisco Zúñiga y Jaime Campos (ex ministro de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría). Zúñiga asesoró a la empresa Morpho (ligada a licitaciones investigadas por irregularidades en el Registro Civil) y a la gremial de los laboratorios farmacéuticos. Osorio aseguró a CIPER que dejó ese estudio hace seis años y que no participó en esas asesorías. Agregó que actualmente formó su propio bufete, junto a su hermano, y que es abogado del PS en varias causas judiciales. También confirmó que asesora al senador Alejandro Guillier (los registros de la Cámara Alta indican que recibe $1,9 millón mensual) y que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Andrés Bello (controlada por Laureate).

La abogada María Isabel Aninat ocupa un puesto en el comité técnico en un cupo de Evópoli. Titulada en la Universidad Católica, posee un máster en Derecho de la Universidad de Columbia. Su trabajo, principalmente, se ha centrado en la investigación académica en materia de derechos humanos y pueblos originarios. No obstante, también ha tenido vínculos con las altas esferas políticas: la actual investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) trabajó entre 2010 y 2012 como asesora del Presidente Sebastián Piñera.

Respecto de su paso por el mundo privado, el registro del Diario Oficial solo consigna una sociedad constituida por la investigadora: Santa Beatriz SpA, creada junto a sus hermanos Matías y María Teresa. Entre 2013 y 2015 formó parte de Asesorías Financieras Tribeca, una sociedad que creó su esposo, Martín Engel Prieto. Este último registra participación en Inversiones y Asesorías Colentañe, Inversiones Docklands, Inversiones Ibiza e Inversiones Caulín. Engel además ha sido gerente de finanzas corporativas y socio de Larraín Vial, al menos hasta 2018. Actualmente es director suplente de Lipigas, entre otros cargos empresariales.

Consultada por CIPER, María Isabel Aninat dijo que en la actualidad su única ocupación remunerada es como investigadora del CEP. Añadió que es directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas ad honorem. Respecto de la sociedad Santa Beatriz formada junto a sus hermanos, dijo: “Claramente, no está activa”. Sobre su participación en la sociedad Tribeca, de su marido, no respondió.

Otro de los miembros del comité constituyente es Emilio Oñate Vera (en cupo radical), quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, tiene un magíster en Gerencia y Políticas Públicas (Universidad Adolfo Ibáñez) y otro en Derecho Administrativo (Universidad Católica de Valparaíso), además de un postítulo en Derecho y Política Contemporánea (Universidad de Lleida, España).

En 2014 formó la sociedad Gestiona y Desarrolla, pero según aclaró a CIPER esa empresa no tiene actividad. Lo mismo sucede, indicó, con Emilio Oñate Vera Servicios Legales y con la Sociedad Educacional Valle de Casablanca, constituida por su esposa en 2008. Desde 2000 en adelante, Emilio Oñate ha sido asesor jurídico de diversos ministerios, además de seremi de Transportes y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). También ha hecho asesorías sobre seguridad vial en Colombia y Perú.

Su hermano, Ricardo Oñate, registra una trayectoria vistosa en los círculos judiciales de Arica. Entre 2012 y 2013 fue notario suplente en la ciudad, es abogado integrante de la Corte de Apelaciones y desde 1998 se desempeña como abogado de la Conadi regional. Registra en el Diario Oficial una empresa dedicada a la pesca industrial: El Gringo.

David Huina es otro de los miembros del comité técnico. Está allí en un cupo de RN. Actualmente es presidente del Tribunal Supremo de ese partido. Es abogado, diplomado en Probidad y Transparencia en la Función Pública, y Magíster en Derecho Público de la Universidad Finis Terrae. Durante la última administración de Sebastián Piñera fue jefe de la División de Investigaciones en el Ministerio del Interior (2010) cuando la unidad fue traspasada desde Defensa.

Según los registros de Transparencia Activa de la Municipalidad de Ñuñoa, la esposa de Huina, Susana Torres Delmás, ha desempeñado funciones administrativas en el Primer Juzgado de Policía Local desde el 1 de marzo de 2010, cuando el municipio estaba bajo la administración de Pedro Sabat (RN). La primera renta mensual de Susana Torres, que es técnica jurídica y cuyo acuerdo contractual está suscrito bajo el grado 13 en la escala de remuneraciones, fue de $464.406, mientras que la última, registrada en mayo de este año, fue de $1.411.721.

CIPER intentó contactarse con Huina a través de correo electrónico y por vía telefónica. No hubo respuesta para esos mensajes.

ACADÉMICOS, ASESORES Y EX FUNCIONARIOS

José Francisco García García es otro de los abogados constitucionalistas convocado por el oficialismo (Evópoli). Titulado de la PUC y Doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, al igual que Gastón Gómez, es fundador de Gómez, Pallavicini & García Abogados.

García, que trabajó en la rama constitucional de Libertad y Desarrollo, el think thank del gremialismo, constituyó en junio de 2010 la única sociedad asociada a su nombre: Asesorías e Inversiones Santa Marcia. El abogado respondió a CIPER que si bien no ha disuelto oficialmente esa sociedad, “cerré su cuenta bancaria y su giro ante el SII en 2014, por lo que quedó solo el papel”. Durante sus cuatro años de actividad, indicó que Santa Marcia prestó “asesorías legales y emisión de facturas a nombre de Morales y Besa, una oficina de abogados en la que trabajé anteriormente”.

La esposa de José Francisco García es Pía Greene Meersohn, actual jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

El constitucionalista registra dos reuniones en la plataforma Info Lobby, ambas como gestor de intereses: la primera en junio de 2018, cuando se reunió con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristián García-Huidobro, para abordar una denuncia presentada ante la Contraloría por “irregularidades en la Capitanía de Puerto Montt”, y la segunda el 29 de agosto de 2019, ante el Asesor Jurídico de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, en compañía de Gastón Gómez.

La Democracia Cristiana (DC) es representada en la comisión técnica por María Cristina Escudero, quien formó parte del Comité de Sistematización del proceso constituyente de Bachelet. La abogada y académica de la Universidad de Chile, también es magíster y doctora en Ciencia Política, y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.

En enero de 2019 constituyó la sociedad Andes Risk Group –junto a Roberto Funk, Sebastián Pavlovic Jeldres y Jaime Baeza Freer–, dedicada a la asesoría jurídica, política y comunicacional para el servicio público y el sector privado. Escudero señaló a CIPER que esa sociedad nunca alcanzó a tener movimientos ni clientes.

Por el Partido Liberal (PL) fue elegida la abogada de la Universidad Diego Portales (UDP) y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Alejandra Zúñiga, quien actualmente realiza clases de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad de Valparaíso. En 1997 formó la sociedad Inversiones ZF. Según contestó a CIPER, dicha sociedad  ha “sido usada esencialmente para la venta de cerámica y otros objetos de arte”, confeccionados por su hermana Claudia Zúñiga.

La abogada confirmó a CIPER que trabajó “remuneradamente” para la organización pro-aborto Fundación MILES durante la tramitación del proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales. “Ahora los sigo apoyando ad honorem”, dijo.

Revolución Democrática eligió a la doctora en Ciencia Política Claudia Heiss Bendersky, quien además es periodista de la Universidad de Chile, Becaria Fulbright 2001-2002 y ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. De acuerdo con los antecedentes revisados por CIPER, no registra sociedades comerciales o de otro tipo.

Pamela Figueroa, ingresó a la comisión en el cupo PPD. La profesora de historia y cientista política –Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University y Doctora en Estudios Americanos de la Usach- fue jefa de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el segundo gobierno de Bachelet y jefa de gobierno interior del Ministerio del Interior durante el mismo mandato. No figura en registros societarios en las bases de datos revisadas para este reportaje.

El último cupo oficialista fue asignado a José Soto Velasco (independiente-Chile Vamos), quien es doctor en Derecho de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde julio de este año. Soto trabajó en Libertad y Desarrollo con Cristián Larroulet, actual jefe de asesores del “segundo piso” de La Moneda. Además, fue jefe de asesores de la Segpres durante el primer gobierno de Piñera y actualmente es miembro del consejo directivo del Observatorio Judicial, organismo que fundó junto al ex ministro de Educación, Gerardo Varela.

En 2018 creó la sociedad Servicios e Inversiones San Ignacio (asesorías jurídicas), junto a su esposa María Rosario Willumsen Jigins, licenciada en historia que trabaja como encargada de proyectos en la corporación cultural de Lo Barnechea.

El abogado aseguró a CIPER que no participa en ninguna sociedad comercial que reciba pagos desde el Estado y que desde que ingresó al CDE “ni yo ni la sociedad mencionada hemos tenido relación con empresas privadas ni con organismos del sector público”. Cuando se le preguntó si era posible conocer el listado de empresas con las que trabajó antes de asumir en el CDE, no hubo respuesta.

El abogado Sebastián Aylwin Correa representa al opositor Partido Comunes (Frente Amplio). Nieto de Andrés Aylwin Azócar, patriarca del sector “chascón” de la DC, egresó de la Universidad de Chile y luego cursó un master en Governance of Risk and Resources de la Universität Heidelberg.

Aylwin Correa fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECH) y el año pasado representó a la estudiante de Derecho de esa universidad, Sofía Brito, quien denunció al profesor y ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, por acoso sexual.

Actualmente es asesor legislativo de la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) y, de acuerdo a la revisión hecha por CIPER, no tiene sociedades registradas a su nombre ni actividades comerciales ajenas a su labor profesional.

Aylwin dijo a CIPER que no tiene vínculos personales «con el aparato público ni en el ámbito privado», pero que el estudio de abogados donde trabaja, Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia, «participa de licitaciones para conformar estudios de organismos públicos». Además consignó que en marzo de 2019 dejó de ser asesor parlamentario de la diputada Camila Rojas, que desde entonces no «he realizado ninguna gestión para el Congreso» y que actualmente es «consejero político del partido Comunes ad honorem».

Este reportaje fue actualizado a las 18:15 del 27 de noviembre de 2019

*Nota de la Redacción: en la versión original de este reportaje se señaló que el abogado José Soto Velasco había sido asesor en la Municipalidad de Lo Barnechea. El abogado se comunicó con CIPER y aseguró nunca haber trabajado en ese municipio.

*Fuente: CiperChile

El articulo Los vínculos con el poder político y empresarial de los miembros de la comisión técnica constituyente apareció primero en piensaChile.