¿A qué se debe el acelerado crecimiento de la industria armamentista israelí en Latinoamérica? ¿Qué tipo de drones, de tecnologia,  fusiles y pistolas semiautomáticas están llegando a nuestros países?

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El articulo ‘Palestinización’ de América Latina: ¿qué tienen que ver la Tecnología de Israel, Kast y Milei? apareció primero en piensaChile.

Desde la década del 70, Israel cultivó excelentes relaciones comerciales y diplomáticas con numerosas dictaduras como las de Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua y El Salvador

Quizás sorprenda el hecho de que varios gobiernos latinoamericanos hayan tenido una respuesta más rápida y una posición más enérgica frente al genocidio israelí en Gaza que la que sostuvieron desde un comienzo varios Estados árabes, o incluso la mayoría de los países europeos.

Esto se debe a que el conflicto interminable, la militarización de territorios y poblaciones enteras, e incluso las tentativas de limpieza étnica, no son hechos ajenos a la memoria histórica reciente de América Latina y el Caribe. De hecho, el Estado de Israel ha cumplido un rol particular en este drama, a través de un militarismo for export que, desde mediados de la década del 70, le llevó a sostener relaciones inconfesables con la región; relaciones que en algunos casos se prolongan hasta el día de hoy.

Apoyar golpes

Esta relación non sancta se forjó en un contexto específico: durante la vigencia del Plan Cóndor, un plan contrainsurgente desplegado entre mediados de la década del 70 y comienzos de los años 90, destinado a cortar en seco el ciclo de radicalización política que atravesaba la región desde el triunfo de la Revolución Cubana.

Este plan produjo más de 400 mil víctimas entre asesinados, desaparecidos, torturados y encarcelados, e implicó la articulación de gobiernos militares, fuerzas armadas, policías, servicios de inteligencia y grupos paramilitares, coordinados por la CIA y estrechamente vinculados al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En ese entonces Israel, vencedor reciente de la guerra de Yom Kipur, comenzaba a proyectar globalmente su poderoso complejo armamentístico. Así, este entramado de capitales público-privados encontró en las dictaduras del Cono Sur primero, y de Centroamérica después, un inestimable socio comercial, sobre todo cuando determinadas administraciones norteamericanas, condicionadas por la opinión pública local, tuvieron que tomar distancia, impulsar embargos e incluso romper relaciones públicas con ciertos gobiernos de facto. Esto permitió a Israel fortalecer su complejo militar, financiar la importación de materias primas y sumar aliados extraregionales, rompiendo con su aislamiento relativo.

Así,

desde la década del 70, Israel cultivó excelentes relaciones comerciales y diplomáticas con numerosas dictaduras como las de Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En algunos casos el respaldo político fue muy explícito, como en la gira realizada por los generales Mordechai Gur y Haim Laskov a la Argentina y Chile, que en 1972 fueron recibidos con honores, negando que ambos regímenes estuvieran violando sistemáticamente los derechos humanos.

Vender armas

Diferentes clasificaciones sitúan a Israel entre el octavo y el décimo lugar como exportador global de armas (aunque se vuelve el primero si comparamos lo exportado con su población y su PBI). Aquí operan gigantes como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) y Rafael Advanced Defense Systems, junto a toda una red de subsidiarias públicas y privadas, muchas de ellas fundadas y dirigidas por ex agentes del Mossad o de las fuerzas armadas.

Este entramado permitió que el país se convirtiera en el principal vendedor de armas al gobierno de Augusto Pinochet, como figura en los cables desclasificados de la Embajada de Estados Unidos en Chile. Y también al de Efraín Ríos Montt en Guatemala, según consta en declaraciones del Jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Mario López Fuentes. Singular fue el caso de Argentina; Israel vendió aviones y equipamiento a la junta militar que se utilizaron para combatir en la Guerra de Malvinas, contra una Gran Bretaña que también fue pertrechada con armas y tecnología israelí.

En lo que va de este siglo, fue clave la firma de acuerdos de libre comercio con la región: con México en el año 1999, con el MERCOSUR en 2007, con Colombia en 2017 y con Panamá en 2018. En general, estos acuerdos derivaron en una balanza comercial deficitaria para América Latina, dado que la región exporta materias primas e importa manufacturas (en donde los rubros de armamento y ciberseguridad ocupan un lugar nada despreciable).

Otro forma de promoción habitual es la participación del lobby israelí en diferentes ferias regionales de seguridad y defensa.

Recientemente, la nutrida comunidad palestina de Chile logró cancelar su invitación a la FIDAE 2024. En estos eventos, es normal que el armamento y la tecnología israelí se promocione con el rótulo de “probado en terreno”, dado que su superioridad técnica deriva de su aplicación continuada contra un enemigo a la vez interno y externo.

Formar paramilitares

Colombia y los territorios de la Palestina histórica comparten una característica singular: ambos sufren, junto a Myanmar, los conflictos militares más antiguos aún vigentes. Por eso, no es casual que el reverso más oscuro de esta trama esté en la conexión colombo-israelí. La relación de Israel con las dictaduras del Plan Cóndor no se limitó sólo al respaldo político o la venta de armas, sino que incluyó también la formación de militares y paramilitares en tácticas contrainsurgentes, refinadas a lo largo de años de ocupación territorial y control de la población palestina.

Pero este tipo de colaboración alcanzó su grado máximo en Colombia a partir de los años 80, amparado en paradigmas como el de la “guerra contra las drogas”, tal como se desprende de las investigación de Raúl Zelik, uno de los mayores especialistas en paramilitarismo. Así, el caso más emblemático fue el de Yair Klein, un ex militar y mercenario israelí que reconoció haber entrenado a grupos paramilitares en el Magdalena Medio en 1987, con conocimiento de los ministerios de Defensa de Israel y Colombia.

El veterano Klein asesoró personalmente a Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidad de Colombia, la más temible organización paramilitar del país. Este último narró en su autobiografía que, a la edad de 18 años, participó de un curso anual de contrainsurgencia en Israel. A partir de entonces se convertiría en un verdadero devoto de las políticas sionistas, que se encargó de exaltar en múltiples oportunidades.

Pero el de Klein no fue un caso aislado. También fueron identificados otros mercenarios como Tzedaka Abraham y Melnik Ferri, amén de algunos británicos. Éstos no sólo formaron a paramilitares, sino también a narcotraficantes a las órdenes de Pablo Escobar, a través de cursos que fueron financiados por ganaderos locales. Según las declaraciones de Klein en el año 2011, uno de estos ganaderos habría sido ni más ni menos que el ex presidente Álvaro Uribe.

Construir muros

El último pecado regional se vincula a otra especialidad del Estado de Israel: la construcción de muros, el control de poblaciones y la seguridad fronteriza. Estas competencias resultan atractivas para las élites del hemisferio, que buscan controlar los flujos migratorios desde y hacia sus respectivos países.

Esta es quizás la intervención menos conocida del militarismo israelí en la región. Su primera experiencia local en este rubro se dio en 2017, cuando IAI cerró un acuerdo con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos para construir un prototipo del muro que divide a la extensa frontera con México (y, por extensión, con toda América Latina). Pero como además de construir muros también hay que vigilarlos, Israel abastece de drones a su principal aliado, al menos desde que George W. Bush impulsó la Ley de Frontera Segura.

Los capitales israelíes volvieron a aparecer en un escenario tan inesperado como la isla que comparten Haití y República Dominicana. El gobierno dominicano de Luis Abinader anunció en febrero de 2021 la construcción de un muro fronterizo con su vecino isleño, con el objetivo apenas velado de contener la migración haitiana. Rápidamente, y tal como fue confirmado por el embajador israelí en Santo Domingo, su país se presentó a la licitación, proponiendo la construcción de un “muro inteligente” que incluyera sensores de movimiento, sistemas infrarrojos, cámaras de reconocimiento facial, torres de vigilancia y drones: un sistema que recuerda demasiado a los check point de la Palestina ocupada. Pese a la inauguración simbólica de un breve tramo del muro al norte del país, de momento el proyecto parece haber caído en desgracia.

En síntesis, si bien la presencia de importantes comunidades judías o palestinas en diferentes países de la región juega un rol importante a la hora de definir las posiciones adoptadas por uno u otro gobierno, no resulta menos determinante la afinidad manifiesta entre el gobierno de Israel y las figuras más conservadoras del continente. Como dijo Modi Ephraim, responsable para América Latina de la Cancillería israelí, las relaciones entre su país y la región se afianzaron con “la llegada de gobiernos amistosos y la casi desaparición de gobiernos populistas”.

Sin embargo, la reciente cumbre de CELAC mostró una imagen muy distinta a la de 2017, cuando Benjamín Netanyahu visitó la región en plena ofensiva conservadora. Ahora, el más representativo organismo de integración regional ratificó a América Latina como una zona de paz, y suscribió de manera mayoritaria un documento especial que exige el cese al fuego inmediato en Gaza; quizás recordando el historial israelí en la región y ponderando su persistente exportación de violencia y militarismo.

El articulo Relaciones peligrosas: los pecados de Israel en América Latina apareció primero en piensaChile.

Detienen con armamento y explosivos a funcionario del Poder Judicial de La Araucanía, Juan Pierce, secretario del tribunal de Traiguen, hijo de Guillermo Pierce, ex Intendente de Bachelet y ex funcionario ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) https://t.co/fkxqToYNLc pic.twitter.com/nKCtEzkijp

— PIENSAPRENSA 248 mil Seguidores (@PiensaPrensa) April 6, 2021

Una denuncia anónima por cosecha de plantas de marihuana en un domicilio particular de Traiguén, terminó con la incautación de armamento de guerra y explosivos plásticos en manos del funcionario del Poder Judicial, Juan Pirce, quien es hijo del exfuncionario de la ANI y exintendente de la Araucanía, Guillermo Pirce.

Según detallan las fuentes policiales, la denuncia anónima por cosecha de plantas de marihuana se realizó durante la jornada del día lunes, donde funcionarios policiales se presentaron al lugar, siéndoles negada la entrada por parte de Pirce, quien se presentó como funcionario del Poder Judicial.

Tras conseguir una orden y cerca de las 9 de la noche de este mismo lunes, los policías entraron y registraron la casa encontrando 1 fusil marca FAL calibre 7.62, con su respectivo cargador y munición; 27 cartuchos calibre 7.62 sin percutir; 1 pistola marca Colt, calibre 45, serie borrada, con su respectivo cargador, la cual se encontraba preparada con munición en su recámara; 8 cartuchos calibre 45 sin percutir;1 rifle, calibre 22, sin munición a nombre de una tercera persona, sin encargo; 1 bolsa contenedora de explosivo C4; y 1 Niple de plástico de material PVC, con clavos en su interior para provocar esquirlas.

Juan Pirce es hijo de Guillermo Pirce, exfuncionario de la Agencia Nacional de Inteligencia -fundada policía política de la Concertación en los primeros años de los gobiernos postdictadura-, exgobernador de Malleco y también exintendente de la Araucanía en el segundo mandato de Michelle Bachelet.

*Fuente: Resumen.cl

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*Fuente para piensaChile: GrupoTortuga

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Si todo sucede tal cual está previsto, el 25 del próximo mes concurriremos a decidir, plebiscitariamente, si redactaremos o no una nueva constitución. Tal es, al parecer, el más importante suceso sobre el cual ha de pronunciarse la decisión mayoritaria de la población nacional, si nos atenemos a las encuestas realizadas hasta este momento. Y, también, si conversamos con el vecino, el amigo, o si incursionamos en el vasto mundo de las redes sociales. La propaganda invade todos esos espacios. La oposición parece unida en torno a ese objetivo y, también, gran parte del oficialismo, de manera que la decisión parece resuelta.

Pero eso, ¿es realmente así? ¿Es, en verdad, lo que la comunidad quiere? ¿Es el cambio de constitución el hecho más relevante sobre el cual ha de pronunciarse la población nacional? Tengo mis dudas, al respecto. Pero, para dilucidarlas, bueno es retroceder en el tiempo. La historia nos sirve. Es una buena consejera. Nos enseña el por qué de las cosas, el por qué de los acontecimientos y cómo éstos deciden nuestro futuro.

BREVE HISTORIA DEL PLEBISCITO

La historia de la realización de un plebiscito no arranca, como erróneamente cree gran parte de la población, de la gran protesta nacional de 18 de octubre de 2019 sino del encuentro que, el 15 de noviembre de ese mismo año, se realizó entre los diversos estamentos de la escena política nacional (gobierno, partidos, congresales, dirigentes políticos). En ese encuentro, firmaron tales actores políticos un acuerdo en el que se comprometieron convocar a un plebiscito en mayo del presente año para que la comunidad se pronunciara decidiendo si quería o no un cambio de constitución. El gobierno aceptó esa condición, impuesta por la oposición institucional, ante la amenaza cierta de una oposición social que parecía dispuesta a tomar en sus manos la construcción de la sociedad que anhelaba.

Héctor Vega nos recuerda, al respecto, que

“Poco después del estallido social, el 25 de noviembre, 262 abogados firmaron una declaración afirmando que ninguna Constitución ha sido el producto de la voluntad del pueblo y que esta vez existía la posibilidad de crear una mediante un proceso democrático, el que se apresuraron en calificar como un logro inédito en la historia de la república. Se cuidaron de decir que su procedimiento era tan tramposo como el de la Constitución de 1980, así como el acuerdo que la Concertación logró con la dictadura en 1989 que, ante la pasividad del pueblo en la época, lograron franquear mediante un plebiscito”[1].

Fue sorprendente aquello: primero, porque el Gobierno cedía ante un viejo anhelo de la oposición institucional que jamás el movimiento social había planteado en las semanas anteriores; y, segundo, porque no fue aquella una concesión gratuita, a pesar que el gobierno se vio forzado a hacerla —presionado por una oposición que, sin rubor alguno, se atribuyó la representación de la comunidad nacional, precisamente, en un tiempo en que su honra y aprobación ciudadana estaba por los suelos— sino bastante onerosa, pues tal  advenediza parte se comprometió a estudiar todas las leyes necesarias para recuperar el perdido ‘orden institucional’ en las protestas. La oposición institucional sacaba, de esa manera —si empleamos un refrán muy chileno—, ‘las castañas con la mano del gato’.

Por eso, podemos aseverar que el 15 de noviembre fue la culminación de una serie de maniobras realizadas por la elite política opositora para recuperar ese perdido prestigio que amenazaba terminar con ella. Hay que recordar que, en las protestas, no sólo actuaron elementos reacios a las organizaciones políticas sino, también, militantes de partidos desprestigiados que levantaban la consigna del plebiscito y del cambio de la constitución, aspiraciones que jamás figuraron en las demandas estudiantiles que dieron origen a las protestas. Ni en un comienzo ni en otro momento de las mismas. La constitución no era el tema del momento; había razones para ello. Por eso, no nos parece acertado aseverar que

“El proceso constituyente es resultado de la presión social”[2],

como lo señala otro analista, pues da a entender que tal fue la idea de las organizaciones sociales convocantes a la rebelión del 18 de octubre de 2019. Sostenemos, por el contrario, sí que

“[…] este proceso social es el resultado de la enorme inestabilidad generada luego del estallido social de 18 de octubre de 2019”[3] (y, por lo mismo, un recurso fundamental para) “[…] garantizar por medio del plebiscito una salida institucional al estallido social […]”[4]

En palabras más directas, un recurso para salvar la institucionalidad vigente.

En los meses siguientes, resultaría paradojal constatar que la única conquista obtenida en las protestas fuese una aspiración jamás considerada como bandera de lucha de las organizaciones sociales; y no sus reales demandas planteadas. Lo que hace cavilar acerca del poder que ejerce sobre el conjunto social la superestructura jurídico/política de la nación.

LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El cambio de una ley o de una constitución jamás va a ser demanda prioritaria de una población en estado de necesidad. La naturaleza nos enseña que antes de todo, el ser humano necesita comer, beber, vestirse, ir al trabajo para poder vivir; ganar dinero para el sustento diario que requiere la propia conservación y la de la familia que organiza, cubrir las necesidades más elementales que faltan. Eso es lo prioritario. El ser humano, antes de cualquier cosa, necesita producir para sí mismo, para reproducirse todos los días en el escenario de la vida, y para reproducirse como individuo y como especie cuando el ciclo de su vida llegue a término. Porque toda producción es reproducción. Esto es ley de la naturaleza, no ley de gobierno alguno. O constitución. Y eso fue lo que reivindicaron los estudiantes al momento de desencadenar las protestas.

Pero en una sociedad hay intereses que se superponen a otros. Y pasan por encima de las verdaderas necesidades de la población. Fue lo que sucedió ese 15 de noviembre de 2019, cuando todos los sectores interesados en mantener sus prebendas y privilegios firmaron un acuerdo tomando el nombre y representación de quienes con su sangre y sacrificio demandaban el trato de seres humanos a un gobierno incapaz de entender aún lo que sucedía. Porque las élites, como lo hacen normalmente y como lo hicieron bajo la dictadura, acostumbran a mantener sus privilegios con sangre ajena. No lo haría de modo diferente una élite política interesada en su propia supervivencia.

Por eso, podemos asegurar que el 15 de noviembre de 2019 se consumó la suplantación de la voluntad popular por la voluntad parlamentaria. Y ello ocurrió porque, hasta esa fecha, la estructura social del movimiento que había dado origen a las protestas avanzaba dificultosamente hacia formas superiores de organización. En palabras más directas: porque el Gobierno no tenía con quién negociar y el único interlocutor que tenía por delante para esos efectos era un parlamento tan desprestigiado como él. Y, por supuesto, aquel no era, en lo más mínimo, un interlocutor válido. Recordemos solamente que, en diciembre de 2019, la encuesta CADEM arrojó un resultado que no podía ser más deplorable para la dirección política del país: un 6% de aprobación para el Gobierno y un 3% de aprobación para el Congreso.

No puede, por consiguiente, decirse que el llamado a plebiscito haya sido una de las demandas más queridas de la ciudadanía.

EL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN BAJO LA DICTADURA

Pinochet, desde el momento mismo en que encabezó el golpe militar contra el gobierno popular, jamás se preocupó de cambiar la constitución: simplemente pasó por encima de ella, la atropelló, la destruyó con sus actos, a un extremo tal que el propio Jaime Guzmán, al referirse a ella, hablaba solamente de ‘colgajos constitucionales’. Porque Pinochet comenzó violando el art 22 de la constitución de 1925 que señalaba:

“La fuerza pública es esencialmente obediente; ningún cuerpo armado puede deliberar”.

Luego, el art 4 de la constitución para el cual

“Ninguna magistratura, ninguna persona o reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo”.

No hubo autoridad ni institución ‘libre’ alguna que protestase contra esos hechos. Toda la comunidad se doblegó ante la fuerza. La constitución de 1925 jamás fue respetada por Pinochet ni por los generales insurgentes; mucho menos por el llamado ‘Poder Judicial’ cuyo presidente se dio, incluso, la tarea de terciar, sobre el pecho del dictador, la banda presidencial, reconociéndolo como gobernante supremo. El único poder válido era el poder de las armas,  la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza. Porque, como lo señala con acierto Friedrich Von Savigny:

“Si la fuerza sin el derecho es la barbarie, el derecho sin la fuerza es una burla”.

Por eso, no deja de ser interesante la circunstancia que la dictadura se haya preocupado fundamentalmente de algo que, para la generalidad de las personas no reviste importancia crucial porque lo estima obvio, y no obstante, es esencial: el modelo económico que había de imponerse en el país, deseo que era el motivo principal que guiaba al Almirante Merino desde antes del golpe. No por algo había dicho, en junio de 1973:

“[…] botar a Allende no cuesta nada, lo importante es tener un plan económico”[5].

Merino no era un sujeto brillante y no puede atribuirse a su genialidad esta medida sino más bien a la idea (torpe, por cierto) que sostenía según la cual bastaba con ser jefe del Economato de la Armada para administrar las finanzas de un país, como lo señaló en cierta oportunidad en una entrevista que le hiciera un periódico de la capital.

Esta misma pregunta es la que muchos nos hacemos hoy, ad portas del plebiscito de octubre: ¿qué modelo vamos a establecer? ¿Vamos a ‘parchar’ el actual modelo una vez estatuida la nueva carta fundamental? ¿Vamos a abrogarlo? ¿Qué pondremos en su reemplazo? ¿O diremos, como Abraham,  camino hacia el monte donde pensaba sacrificar a su hijo, ‘Dios nos lo proveerá’? Porque la economía de un país sigue parámetros que no son diferentes a los que siguen los seres humanos en su vida particular, es decir, avocarse, antes de todo, en comer, producir, para poder reproducirse en la vida como individuo y como especie. Y, posteriormente, pensar en la regulación social. Entonces, ¿no estamos tomando el rábano por las hojas?

LA BASE ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD COMO PILAR SOBRE EL CUAL LEVANTAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS FORMAS CULTURALES

No es primera vez que la élite política ‘toma el rábano por las hojas’. Guiada por sus voraces ansias de mantener una posición social de la que ha gozado siempre, vuelve a hacerlo: construye una constitución antes de resolver las necesidades de la población porque cree, de esa manera, proveerse de una herramienta fundamental para resolver los demás problemas de la sociedad.

No es eso lo que enseña la teoría social. Porque, de acuerdo con ésta, es la base de la producción lo que determina la estructura legal que va a proteger esa forma de producir, no lo contrario. Algo que también va a suceder con las formas culturales de esa sociedad: la forma de producir es lo que va a realizar esos milagros.

Extrememos las situaciones para explicarnos mejor: No es lo mismo producir en las cercanías de la costa que hacerlo en la montaña o el valle. Las formas de producir son las que establecen las diferencias entre los seres humanos. Cada una de ellas tiene formas tanto legales como culturales que determinan el carácter tanto individual como social de quienes viven en esos parajes.

Así, la dictadura nos enseñó cómo deben hacerse las cosas, es decir, ante todo, construir la base económica de la sociedad, pues la ley va a la zaga de los acontecimientos; y, como ley fundamental, también debe hacerlo toda constitución.

POR QUÉ, ENTONCES, EL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

Las constituciones se acostumbran dividir en flexibles, semirígidas y rígidas. La constitución pinochetista es del tipo ‘rígido’. La oposición institucional realizó innumerables intentos de flexibilizarla, pero todos ellos se malograron por diversas circunstancias, siendo la más importante de ellas la falta de interés en hacerlo. Porque mayorías absolutas hubo en el Congreso, suficientes para producir los cambios que se deseaban introducir en la carta pinochetista. Sucede, simplemente, que el Gobierno de turno no quiso hacer uso de ellas. Por eso, hoy se apoya la necesidad de un cambio de constitución. Por lo demás, esa propuesta da satisfacción a todos quienes queremos ser regidos por una carta fundamental nacida de la voluntad de nosotros mismos.

Sin embargo, cuando se ofrece cambiar una constitución, el objetivo central es alterar las condiciones jurídicas que impiden introducir al modelo vigente las modificaciones necesarias para suavizar su funcionamiento. No se trata, en modo alguno, de cambiar un sistema. No se trata, en suma, de cambiar el sistema capitalista. El objetivo no es otro sino, simplemente, dejar el camino despejado para hacer talas, reajustes, reformas al sistema vigente y revisar la conveniencia de seguir adelante con el modelo elegido, hacerle las reformas que requiere e, incluso, cambiarlo por otro más acorde a las necesidades y requerimientos del sistema capitalista mundial. Y responder de modo sensato a unas Fuerzas Armadas que miran con asombro las veleidades de un mundo político incapaz de resolver por sí mismo los problemas de toda la sociedad.

¿UNA ‘DERECHA’ VOTANDO POR EL ‘APRUEBO’?

El problema no termina allí. Por el contrario: ahí comienzan, no ‘el’ problema, sino ‘los’ problemas. Porque puede sorprender a más de algún ingenuo que, en estos días, sorpresivamente, hayan aparecido conspicuos miembros de los partidos oficialistas estimando importante aprobar el cambio de la constitución pinochetista. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué, de súbito, todos ellos se hacen ‘socialdemócratas’ y están dispuestos no solamente a aprobar el cambio de la carta fundamental sino a participar en la redacción de la nueva ‘pero no de cero’?

Sin lugar a dudas, una de las razones que inducen a parte importante de las élites políticas gobernantes a adoptar esa decisión radica en el examen más o menos minucioso que han hecho de las encuestas que arrojan mayorías abrumadoras favorables a quienes apoyan el cambio de la constitución, algo que reconocen sus propias ‘personalidades’, como lo hiciera Joaquín Lavín a un medio informativo:.

“Creo que si tú hicieras una encuesta —no la he visto, porque no hay encuestas así— entre los que votaron por Sebastián Piñera y que lo llevaron a ser Presidente de Chile, te doy firmado que gana el “Apruebo ”[6]

Un partido o una coalición que es derrotada espectacularmente en un evento como aquel al que la comunidad ha sido convocada se le hace muy difícil recuperar el perdido prestigio. No ocurre así, si va dividida al evento y, por el contrario, se muestra como ganadora, a pesar de no serlo. Ante la opinión pública aparece, también, revestida de un aura triunfal. Y eso es importante en un mundo en donde la propaganda es la base del triunfo social. Desde este punto de vista, es lógico que un partido, como la Unión Demócrata Independiente UDI, haya querido mantener en secreto la posición de algunos de sus militantes, en donde los partidarios del ‘Apruebo’

“[…] cada día suman más adeptos y que el camino habría comenzado hace tiempo de la mano de los alcaldes UDI. Incluso, según datos internos, de los más de 70 jefes comunales en todo Chile, al menos la mitad se declara en privado como cercano al Apruebo.
¿El problema? Algunos preferirían no manifestarlo públicamente para no generar conflictos al interior de la UDI, debido a que tras el proceso constituyente se aproximan otras elecciones, como las de alcaldes, concejales y gobernadores regionales (11 de abril del 2021)”[7].

Hay, no obstante, varias otras razones sobre las cuales no pocos analistas han llamado la atención. Razones que invitan a los sectores oficialistas a sentirse seguros no obstante el triunfo del ‘Apruebo’. Por eso, no pocos estudiosos han llamado la atención acerca de las herramientas legales que entregan a los sectores oficialistas los propios opositores (institucionales, por cierto). Felipe Portales señala, al respecto, que la Reforma Constitucional de enero de 2020 dejó en manos de los sectores oficialistas

“[…] un virtual poder de veto en la aprobación de una “nueva” Constitución, al establecerse un antidemocrático quórum de 2/3 para ello”[8].

Esta idea la desarrolla en una carta que enviara al autor de este trabajo, a principios del mes en curso, en la que, al respecto, señala, en una de sus partes, lo siguiente:

“Queda muy claro que todo el proceso es antidemocrático desde el momento que en los artículos 133, 134 y 135 se estipula que tanto la «nueva» Constitución» como el reglamento de la Convención tienen que ser aprobados por los dos tercios (violando flagrantemente el principio democrático de mayoría); y que constriñe a los convencionales a «respetar» el modelo neoliberal sellado por numerosos tratados internacionales de libre comercio suscritos por Chile en los últimos treinta años”[9].

En efecto: el art 133 de la Constitución establece que

“[…] la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos”

Héctor Vega sostiene, al respecto que,

“Creer que los constituyentes mandatados por los partidos se volverán en contra de los dos tercios que dirimen cualquier discusión es creer, con la misma ingenuidad de los que votaron en el plebiscito que aprobó la Constitución de 1989 acordada por Pinochet y la Concertación, que ese acuerdo llevaría a la democracia. Tres décadas transcurrieron sin que ello se cumpliera”.

Por su parte, el art. 135 dispone que

“[…] le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución”.

Pero, puesto que el art. 5 de la misma carta fundamental dispone que

“[…] la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece […]”,

nos preguntamos, con Héctor Vega,

“¿Cómo entonces los constituyentes van atribuirse otros poderes que los que le conceden sus mandantes (la clase política) y, para de esa manera derogar el candado de los dos tercios?”[10]

Así, parece claro que estamos en presencia de algo más grave. Héctor Vega no tiene reparos en llamarlo ‘fraude’.

“El fraude, al igual que en la época de la dictadura, está en que sólo aquellos constituyentes patrocinados por los partidos políticos tendrán alguna chance de acceder a la Convención Constitucional de la segunda papeleta. Pues su elección se rige según la ley de elección de los diputados. En esta fabricación de la clase política, los constituyentes de elección popular deben entenderse como aquellos independientes que lograron financiar su candidatura o bien independientes en el cupo de un partido que lo patrocine. La conclusión central de esto es que los constituyentes así elegidos no serán mandatarios del pueblo sino de los partidos que los aceptan como tales. No olvidemos que la aprobación de los partidos políticos actuales es de un 2%”[11].

Idéntico reparo es, igualmente, compartido por Hugo Latorre quien, en una nota publicada en Facebook, luego de señalar que habrá dificultades

“[…] con la votación en los constituyentes […]”,

concluye, desoladoramente, que

“Otra cosa será el cómo desatar el nudo gordiano del veto de los 2/3”[12].

Sin embargo, no es del todo inútil el cambio propuesto. Por el contrario: no aprovechar esta posibilidad podría ser una torpeza de la que nos podríamos arrepentir en el futuro. Es cierto que existen muchas dudas acerca de la forma de elegir a los miembros de la llamada ‘Convención Constituyente’, es posible que nos entrampemos en problemas peores, es cierto que este cambio sólo beneficia a quienes firmaron el acuerdo de 15 de noviembre, es cierto que poco o nada significa el cambio de la carta fundamental, es cierto que nada de esto representa la voluntad de quienes concurrimos, constantemente, a la Plaza de la Dignidad a festejar el estallido del 18 de octubre pasado, pero dicho cambio puede, tal vez, ayudarnos en el cometido de sentar las bases de una sociedad mejor. Porque podría ‘legalizar’ las reformas que se estiman necesarias para dar satisfacción al interés de las grandes mayorías nacionales, en un país donde sobran los ‘doctores de la ley’. Y evitar la tentación siempre presente en los institutos armados de enseñar violentamente a una comunidad sometida cómo han de comportarse en todo momento los obedientes súbditos de todo Estado. En septiembre, mes que recuerda los cincuenta años del acceso de la Unidad Popular al Gobierno de la nación, es bueno tener presente la figura del presidente Allende que también creyó posible hacer transformaciones sociales con los instrumentos legales que el propio sistema emplea para expandirse.

Vamos a tomar el rábano por las hojas, sí, pero no hay otro camino. Al menos, por ahora. Salvo que se haga realidad esa frase maravillosa, contenida en una pancarta que alzara uno de los manifestantes en Plaza Dignidad, húmeda aún por el agua lanzada desde uno de los vehículos policiales, el pasado 4 de este mes:

“Somos la calle y no hemos firmado ningún acuerdo”.

También quien escribe estas palabras es un miembro más de la calle. Como la generalidad de los chilenos.

Santiago, septiembre de 2020

[1] Vega, Héctor: “El sujeto social de cambios en el proceso constituyente”, documento de 01 de septiembre de 2020, publicado en piensaChile

[2] Ramis, Álvaro: “Lo que se juega el 25 de octubre”, ‘Le Monde Diplomatique’, Nª220, agosto de 2020, pág.4.

[3] Ramis, Álvaro: Art. Citado en (2).

[4] Ramis, Álvaro: Art. Citado en (2).

[5] Buscat Oviedo, Esteban: “El golpe naval del 11 de septiembre de 1973”, Centro de Estudios por la Democracia y Defensa del Ciudadano CEDEC, documento que se encuentra disponible en INTERNET.

[6] Redacción: “Joaquín Lavín le baja los humos al ‘Rechazo’ y asegura que entre quienes votaron por Piñera para Presidente ‘doy firmado que gana el Apruebo’”, ‘El Mostrador’, 23 de agosto de 2020.

[7] Claro, Hernán: “Apruebo: el secreto mejor guardado de algunos militantes de la UDI”, ‘El Dínamo’, 01 de septiembre de 2020.

[8] Portales, Felipe: “¡Nos están engañando de nuevo!”, documento de agosto de 2020, publicado en piensaChile

[9] Portales, Felipe: Carta enviada al autor de este trabajo, de fecha 01 de septiembre de 2020.

[10] Vega, Héctor: Documento citado  “El sujeto social de cambios en el proceso constituyente” en (1).

[11] Vega, Héctor: Documento citado “El sujeto social de cambios en el proceso constituyente” en (1).

[12] Latorre, Hugo: “Tomémonos de las manos”, documento publicado en Facebook el 04 de septiembre de 2020.

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17 de octubre de 2019
Un pequeño número de corporaciones, principalmente firmas de armas y también de información tecnológica, han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la militarización fronteriza entre Estados Unidos y México, de la que se han beneficiado con miles de millones de dólares en contratos.

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“La diferencia entre la revolución chilena y la nuestra, es que Allende no tenía armas. Nosotros sí las tenemos”

A propósito de esa frase me preguntaba yo en ese artículo:

¿quiénes tienen esas armas en Venezuela? ¿el pueblo? ¿o el ejército que apoyaba firmemente a su comandante en jefe de ese tiempo? ¿o ambos a la vez, pueblo y ejército?

Afirmé a continuación que ese era un importante enigma cuya resolución a la hora de los hornos sería fundamental.

La socorrida frase que asegura que la historia se va repitiendo en la sociedad humana, pero que lo hace en espiral, es decir que no se reproduce exactamente como antaño, sino que agrega nuevos elementos que marcan las diferencias, se puede aplicar hoy día sin temor a equivocarse. En la experiencia chilena de entonces y ahora en la venezolana, es posible observar un mismo objetivo y un mismo camino para obtenerlo:

el bienestar del pueblo por medio de cambios revolucionarios de la sociedad,

aunque ambas eligiendo un camino diferente al clásico advenimiento del socialismo en muchos países del siglo pasado. Bautizado como el “Socialismo del Siglo XXI”, avanza hoy la experiencia venezolana, igual que la chilena de entonces, respetando el orden burgués con su seudo democracia, la hegemonía de la superestructura, leyes, ejército, iglesia y una buena parte del ordenamiento económico. Sin embargo, a estas alturas, luego de varios intentos de este novedoso neosocialismo, es posible preguntarse ya cuál ha sido su resultado. En el caso de Chile, usted estará de acuerdo conmigo en que no es necesario profundizar mucho para entender que la guerra civil que se quiso evitar a costa de falaces argumentos, existió, pero de manera muy sui generis:

el pueblo, que no tenía las armas, puso algunos miles de muertos, torturados, exiliados y reprimidos, en tanto que la otra parte, que sí las tenía, me refiero a las armas, se llevó las ganancias que perduran incluso hasta nuestros días.

Esta amarga experiencia se convirtió, sin duda, en el mejor argumento para quienes, como yo, tenemos la convicción que el camino del socialismo bautizado como el del siglo XXI, es intrínsecamente errado, un ímprobo intento de amoldar la realidad a los designios del capitalismo burgués.

La arremetida de las fuerzas reaccionarias luego que América Latina pareció poblarse de gobiernos progresistas seducidos por los nuevos aires de este supuesto socialismo, tardó muy poco en demostrar que por ese camino es imposible soñar con una revolución de verdad. Uno a uno han ido cayendo a manos del poder que siguieron sustentando las derechas del continente con la ayuda solícita de Norteamérica: hoy si no utilizan el poder judicial para someter a proceso y encarcelar a los líderes que se han atrevido en el intento, utilizan el ahogo económico con el que fácilmente se echa abajo cualquier recurso destinado a consolidar el necesario bienestar que un régimen que se declare socialista debe traer a su pueblo. El resultado de esto último, este maquiavélico bloqueo, conduce inexorablemente al descontento de buena parte de la población que, sin entender el real origen del problema, se vuelve violentamente contra los gobiernos que ingenuamente creyeron en el llamado socialismo aggiornado. El gobierno de Allende, efectivamente como dijo Chávez, no tenía ni las armas, ni tampoco un ejército leal a la constitución y las leyes. Pero por sobre todo no tenía la convicción ideológica que una revolución, si es verdadera, no se puede llevar a cabo si las armas no están en manos del pueblo. Hasta hoy lo ha demostrado porfiadamente la historia.

No podemos preguntar a Chávez, que ya no está, si su revolución tenía efectivamente las armas en poder del pueblo. Tampoco tenemos la certeza que la misma revolución que hoy encabeza Nicolás Maduro tiene ese potencial para enfrentar el ataque a sangre y fuego que prepara el imperialismo en connivencia con la reacción de su país. Usted me responderá  que el resultado del intento de golpe del martes 30 contradice lo que aquí estamos diciendo ya que no tuvo la adhesión del resto de las fuerzas armadas de Venezuela. Permítame ser el abogado del diablo en este entuerto, el aguafiestas, el desconfiado pesimista que porfiadamente mira el espiral anterior que dio la historia, y déjeme que enarbole yo un solo ejemplo con el que puedo amargarle su enternecedora ingenuidad: el 29 de junio de 1973, menos de tres meses antes del sangriento golpe del pinochetismo, se insurreccionó una parte de las fuerzas armadas atacando La Moneda ‘a tanquetazo limpio’. Ese mismo ejército, no el pueblo que miraba con las dos manos vacías, se encargó de aplastar la asonada en menos de tres horas. ¿Recuerda usted como saltaba ese mismo pueblo de alegría por la derrota de la conspiración? Nuestras fuerzas armadas nos tenían bien protegidos del golpismo, era la principal frase que proclamábamos junto al Presidente. El resto, que no es necesario removerlo, ya es historia.

Creo que la conclusión de todo esto pudiera atribuirse a don Pedro Grullo, nacido Pedro Grillo, o más claro, es una perogrullada:

no se puede sacar las castañas con la mano del gato, por muy uniformado que esté este felino.

Ojalá que la respuesta de Diosdado Cabello a la amenaza de Blackwater, una empresa de mercenarios, de desembarcar cinco mil de sus sicarios en Venezuela, diciéndole que

 “acá hay dos millones y medio esperando”,

no sea como esas balandronadas a las que fuimos tan asiduos en tiempos de la Unidad Popular. Estamos, sin dudas, en un compás de espera; no podemos predecir lo que ocurrirá en las tierras de Bolívar, pero una cosa es segura, y es que estos días los viviremos con el alma en un hilo, con el credo en la boca como diría un fraile por pedófilo que sea, con los ojos puestos en ese ejército venezolano que, de seguir leales hasta el fin con su pueblo, darán un gran tapaboca a todos los escépticos y mal pensados.

Entre ellos a mí.

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Foto: David B. Gleason (CC BY-SA 2.0).

Las armas no pueden ser el principal camino para un mundo más justo, más seguro y más sostenible. Aun reconociendo el derecho de todo Estado a la defensa y la necesidad de unas fuerzas armadas como instrumento principal de disuasión y de castigo de último recurso, la carrera armamentista en la que de nuevo estamos sumidos resulta una vía equivocada tanto para defender los intereses propios, como para resolver las diferencias que puedan surgir con otros en el escenario internacional. Buena prueba de esa perversa tendencia es que en 2018, y por quinto año consecutivo, el gasto militar mundial volvió a aumentar hasta los 1,7 billones de dólares. Simultáneamente, según los datos más recientes del SIPRI, el comercio mundial de armas en el periodo 2014-2018 aumentó un 7,8% con respecto al quinquenio anterior.

A pesar de tantas pruebas históricas en contra, son muchos los que aún hoy siguen cayendo en la tentación de apostar por dotarse de más y más armamento, como si eso les hiciera sentirse más seguros. Al igual que ocurre con los economistas que tienden a creer que todos los problemas tienen una causa y una solución económica, son muchos los gobernantes que siguen cayendo en el error de creer que cuantas más armas tengan más seguros están, desentendiéndose de la percepción de amenaza que eso pueda suponer para los vecinos y despreciando cualquier otro instrumento a la hora de defender sus intereses. Sirvan como ejemplos más visibles de ello tanto Estados Unidos como Arabia Saudí.

Gasto militar mundial (en dólares corrientes. Fuente: Banco Mundial con datos del SIPRI.

En el caso de Estados Unidos el problema es doble. Por un lado, no solo sigue siendo el principal exportador mundial de armas, sino que aumenta su presencia en dicho mercado, absorbiendo ya el 36% del mercado planetario en el periodo 2014-2018 (frente al 30% del periodo 2009-2013), dejando a Rusia en segunda posición, con un 20% del total. A sus reticencias con el Tratado de Comercio de Armas (2014), por temer que su estricto cumplimiento podría hacer peligrar sus relaciones de suministro a algunos clientes problemáticos, se une ahora un gobierno que no tiene reparos en abandonar acuerdos como el INF, de armas nucleares de alcance intermedio, y que plantea sacar las armas ligeras y pequeñas del control del Departamento de Estado para transferir su control al de Comercio, con el único fin de sacar adelante operaciones que, de otro modo, probablemente nunca serían aprobadas.

Por otro lado, Donald Trump acaba de presentar su propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal, planteando un incremento del 4,7% para el Pentágono. Si finalmente logra sacar adelante su propuesta el presupuesto de defensa alcanzaría los 750.000 millones de dólares, a lo que todavía habría que sumar los fondos destinados a las distintas agencias de seguridad o a la NASA.

Por su parte, Arabia Saudí acaba de desbancar a India como el mayor importador mundial de armas, con un crecimiento en el periodo 2014-2018 del 192% con respecto al lustro anterior. Sin disculpar en ningún caso el militarismo de Nueva Delhi –por mucho que trate de justificar su comportamiento como una obligada reacción a las crecientes tensiones con China y Pakistán–, basta con recordar que tiene alrededor de 1.300 millones de habitantes, mientras que no hay más allá de 32 millones de saudíes. En cualquier caso, lo más chocante del caso saudí es que, a pesar de esa desproporcionada apuesta por dotarse con todo tipo de armas, lo que tiene Riad como conclusión no son unas fuerzas armadas operativas y resolutivas, sino más bien el mejor museo militar del planeta. En efecto, tiene armas de todo tipo y procedencia –aunque siguen siendo Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sus principales suministradores–, pero su mera posesión no da automáticamente como resultado una capacidad militar capaz, por ejemplo, de imponerse en el conflicto de Yemen a fuerzas en principio menores en tamaño.

Como es bien sabido, en el marco de la relación estratégica establecida hace décadas entre ambos, Washington se ocupa de garantizar los intereses de la familia reinante y, a cambio, Riad cumple su papel como referente en el mercado petrolífero y contribuye significativamente a cebar al complejo industrial de defensa estadounidense. Un comportamiento que, a escala, sigue también Egipto, convertido en el tercer importador mundial de armas, sin que la constancia de la represión ejercida por el régimen golpista de al-Sisi haya supuesto freno alguno en la ayuda que Washington y muchas otras capitales occidentales le vienen prestando (mientras Moscú mueve también sus peones para recuperar cuota de mercado).

Son muchos más los países que cabría citar, igualmente equivocados en su afán por dotarse de un martillo militar lo más potente posible, sin entender que eso les incapacita para responder adecuadamente a problemas que necesitan otro tipo de instrumentos para hacerles frente. En este terreno Estados Unidos tan solo es el ejemplo más notorio de una pauta muy extendida entre los principales exportadores de armas (España incluida), con un inquilino de la Casa Blanca empeñado en recortar los recursos del Departamento de Estado y de su agencia de cooperación internacional para el desarrollo (USAID), como si la diplomacia y la ayuda al desarrollo no fueran mejores instrumentos para prevenir la violencia. Por desgracia, Washington no está solo en esta errónea senda.

*Fuente: Elcano

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También Informe devela que las fuerzas armadas en el sur de Chile han recibido entrenamiento, tecnología y armamento militar israelí. se ha denunciado que en el último tiempo ha existido un contrato con la empresa israelí “BlueBird Aero System”, y que hubo intensiones de comprar drones para vigilancia durante este año, pero que no se ha concretado.

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