A 50 años del golpe de estado civil-militar, fue inaugurado un mural a mujeres mártires, luchadoras por la libertad

Santiago, Chile, el día 4 de septiembre de 1985 en las manifestaciones relativas a la Décimo Cuarta Jornada de Protesta Nacional las fuerzas militares y policiales asesinaron a diez personas.

Una de ellas, en la comuna de Quinta Normal, fue Marisol de las Mercedes Vera Linares , de 22 años de edad, estudiante de Pedagogía en Castellano en la Universidad de Tarapacá, Arica, simpatizante de izquierda. En la noche del 4 de septiembre participó junto a otras personas en una barricada en calle Mapocho con Ingeniero Lloyd, Quinta Normal(Santiago). Al lugar llegó una camioneta con uniformados, desde la cual se disparó con armas de fuego, en presencia de varios testigos. Aunque los participantes habían emprendido la huida, la afectada fue alcanzada en la esquina de Mapocho con Sergio Valdovinos por una bala que le causó la muerte. Los antecedentes reunidos por la Comisión y la consideración de otros testimonios acerca del modo de actuar los agentes del Estado en el control del orden público durante los días de protesta, la llevan a presumir que en este caso los agentes del Estado hicieron un uso excesivo de la fuerza, violando así el derecho a la vida de Marisol Vera (Fuente principal: Informe Rettig).

“Con Marisol, más allá de ser compañeras de carrera, éramos amigas. Nuestras raíces proletarias, historias de esfuerzos familiares para poder estudiar, las primeras en poder llegar a la Universidad, era un orgullo para nuestras familias y fue un punto de unión entre nosotras. También nos unieron las luchas y sueños por cambiar el estado de situación política, económica y social restringida y discriminatoria que vivíamos en dictadura, por un Estado social más justo y con mayor dignidad para las personas. Nos arrebataron su joven vida, pero los ideales y convicciones siguen intactos con Marisol en la memoria ”

(testimonio de Alejandra Flores, compañera de carrera de Marisol en la UTA).

¡MATARON A LA NEGRA!
«¡Nos están asesinando!
¡Nos están asesinando por defender la vida!
¡Nos están asesinando por atrevernos a pensar distinto!
¡Nos están asesinando por atrevernos a levantar la voz!
Y peor aún…
¡Nos están asesinando por el hecho de ser mujeres!
!No nos podemos rendir frente al miedo!…
¡Macarena Valdés sigue viva!…»

Palabras de Rubén Collío, compañero de Macarena, en su despedida (al poco tiempo, Rubén falleció en un sospechoso accidente de tránsito)

Heba Kamal Abu Nada

«El oxígeno no es para los muertos», este es el potente título con el que la joven escritora palestina Heba Kamal Abu Nada obtuvo el 2º Premio Sharjah a la Creatividad Árabe en 2017, tenía entonces 26 años.

Heba Abu Nada, escritora y poeta palestina, asesinada en Gaza, por el estado terrorista de israel, en octubre de 2023. Sus crímenes están en la impunidad.

Macarena Valdés Muñoz

Macarena Valdés tenía 32 años y decía que “antes de hacerse vieja quería cumplir su sueño”. Salir del contaminado Santiago donde vivía en Ñuñoa e irse al sur era un proyecto de pareja con el que habían soñado con Rubén Collío Benavides por años. Cuando mataron a Macarena hacía ya tres años que lo habían cumplido.

Luego de cumplirse 50 años del golpe civil-militar de septiembre de 1973, en la calle Prensa Libre esquina con Mapocho (a una cuadra de donde fue asesinada Marisol), se realizó un mural en el cual se rindió homenaje a 3 mujeres asesinadas: Marisol Vera, estudiante de la UTA, asesinada por milicos, en septiembre de 1985; Macarena Valdés, comunera mapuche y activista socio-ambiental, asesinada por orden empresarial, en agosto de 2016,

El mural fue una actividad colectiva desarrollada por la Plataforma Anticapitalista y Popular, con el apoyo del Comité Memorial Puente Bulnes y de diversos muralistas, así como también de la familia de Marisol, incluyendo a su madre Olga y a su hermano Patricio.

¡HONOR Y GLORIA A MARISOL VERA!

¡HONOR Y GLORIA A MACARENA VALDÉS!

¡HONOR Y GLORIA A HEBA ABU NADA!

¡JUSTICIA NADA MÁS, PERO TAMPOCO NADA MENOS!

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

El articulo El 4 de septiembre se cumplen 40 años del asesinato de Marisol Vera apareció primero en piensaChile.

Carta abierta a la Ministra de Defensa
en solidaridad con la Agrupación de Familiares de DDDD y EEPP de Arica y Parinacota.

10 de julio de 2025

Corno Red Nacional de Sitios de Memoria, comprometida con la promoción de los derechos humanos, la memoria histórica y la justicia, queremos que expresar nuestra más fraterna solidaridad con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Arica y Parinacota, frente a los graves hechos ocurridos el pasado 9 de julio de 2025, en el contexto de las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según consta en el comunicado público emitido par dicha Agrupación, durante una diligencia de exploración en el recinto del autódromo de Arica -sitio de interés para la localización de restas de personas desaparecidas- se hizo presente personal del Ejército, sin convocatoria ni coordinación con las instituciones civiles responsables del proceso. Lo más grave de esta situación es que dicha presencia fue encabezada por el Coronel Sr. Cristian Lauriani, hijo de un exagente de la DINA condenado par crímenes de lesa humanidad. Su participación, lejos de ser inocua, constituye un acta de revictimización que vulnera profundamente los principios fundamentales de la justicia transicional que deben regir estos procesos en tanto obligaciones del Estado.

Corno organizaciones que hemos luchado durante años par la recuperación de la memoria y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias, no podemos sino rechazar con firmeza la participación de actores militares, en diligencias asociadas con la búsqueda de compañeras y compañeros hechos desaparecer par el terrorismo de Estado, que no hayan sida expresamente requeridos, y que además representen simbó1icamente el legado del aparato represivo del Estado. Este tipo de acciones no solo reeditan el trauma de quienes buscan a sus seres queridos desde hace décadas, sino que constituyen un gesto de negacionismo institucional incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

En este marco, solicitamos que el Ministerio de Defensa:

-Garantice que el personal militar no participe en diligencias vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda sin coordinación expresa y autorización de las instituciones civiles a cargo.

-lnstruya formalmente al Ejército de Chile para que respete el carácter civil, reparador y sensible de estos procesos.

-Reconozca públicamente que hechos coma el ocurrido en Arica constituyen una falta grave al deber del Estado de respetar la memoria de las víctimas y los derechos de sus familias.

El camino hacia la verdad, la justicia y la memoria no admite retrocesos. Son pilares de la democracia que el Estado tiene la obligación de resguardar activamente. Su negación -ya sea par acción o par omisión- es una forma de violencia, revictimización y perpetuación de la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas par agentes del Estado entre 1973-1990.

Red Nacional de Sitios de Memoria

Padre del Coronel Sr. Cristian Lauriani. Vea aquí su expediente criminal:

Lauriani Maturana Fernando Eduardo

El articulo Ministra, cnl. Laureani, hijo del (alias) «Teniente Pablito», ex-miembro de la DINA, se aparece en lugar en que trabaja el PNB apareció primero en piensaChile.

Dagoberto Limarí Ochoa, (79) es un antiguo profesional ariqueño, licenciado en ciencias de la ingeniería de la universidad de Tarapacá, quien Luego de un paciente trabajo de años de investigación, logró desarrollar un innovador proceso para aplicar en el área de la minería, cuyo resultado es la obtención de óxido cúprico y ácido sulfúrico al mismo tiempo.

Se trata de dos compuestos químicos con múltiples e importantes usos en la industria y en productos cotidianos. El óxido cúprico se utiliza en la fabricación de productos que contienen cobre, como conservantes de madera, cerámicas, suplementos minerales, y esmaltes. También es esencial en la pirotecnia para crear colores específicos.

En cuanto al ácido sulfúrico es uno de los productos más importantes de la industria química. Se utiliza en la fabricación de fertilizantes, productos químicos, y en procesos como el refinado de petróleo y tratamiento de minerales.

Su trabajo investigativo consiguió que se le otorgara en julio de 2015, el reconocimiento de Invención Internacional del Tratado de Cooperación de Patentes, entidad con sede en España.

Pero, la trayectoria de Limarí Ochoa, y sus afanes e interés  en la investigación de procesos ligados a la minería, se remontan a comienzos de la década de los setenta, cuando apenas egresado de sus estudios de ingeniería en la otrora universidad del Norte, se incorpora a trabajar en un proyecto de investigación e innovación financiado por CORFO, consistente en una planta piloto tendiente a desarrollar nuevas tecnologías en el uso del azufre refinado, entre ellas su aplicación en la agricultura.

Posteriormente, con la instalación del régimen militar dicho proyecto fue suspendido y vendido a privados, debiendo su personal buscar otros horizontes laborales. Sin embargo, avanzado los años 70, la iniciativa en manos privadas fue definitivamente desechada.

Fueron años difíciles para Limarí Ochoa, responsable de la subsistencia de una familia compuesta por su esposa y en ese entonces dos hijos. Con un espíritu perseverante que lo ha inspirado en su vida a emprender iniciativas para salir adelante. Por ejemplo, en la valiosa experiencia ganada en el proyecto de CORFO, en 1976, y en sociedad con un hermano, adquiere una pequeña planta para elaborar cemento de cobre en un paño de terreno en las afueras de Arica, entregado en concesión por un organismo estatal.

La producción de cemento de cobre a escala menor en dicha planta, era adquirida posteriormente por la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Sin embargo, la actividad fue tornándose difícil de sostener por el continuo incremento en los costos de producción, situación que hizo crisis finalmente en 1980, paralizando la producción y reintegrando el terreno a la entidad pública que lo había otorgado.

Estos traspiés en el plano laboral, no le desanimaron en su decisión de continuar incursionando en nuevos procesos ligados a la minería, lo que sumado a la experiencia acumulada y pacientes investigaciones personales le permitió arribar a un proceso inédito e innovador para la producción de ácido sulfúrico y oxido cúprico, con mayor rapidez y menores costos que los procedimientos tradicionales.

Seguidamente, Dagoberto Limarí inicio gestiones ante diversas instituciones para impulsar la materialización de dicho método productivo, teniendo como motivación principal aportar, desde la actividad minera, al desarrollo de su natal región de Arica-Parinacota.

En 2013, se hicieron pruebas para certificar la factibilidad del proceso, las que se llevaron a cabo en las dependencias del Laboratorio de Investigaciones Medioambientales de Zonas Áridas, (LIMZA) de la Universidad de Tarapacá, con equipamiento y profesionales de la universidad como del Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE).

Las conclusiones fueron altamente satisfactorias, obteniéndose óxido de cobre a escala de laboratorio. El siguiente paso fue gestionar el reconocimiento de patente de invención, por lo que desde el 2015 cuenta con protección internacional otorgado, como se expuso, a través de una institución certificadora con sede en España.

Otro relevante antecedente en favor de la factibilidad del proceso, es una resolución emitida en 2014 por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entidad que, ante la consulta de pertinencia de ingreso a dicho sistema de un proyecto de instalación de planta minera ecológica para producir oxido cúprico, yoduro de cobre y cobre en polvo resolvió que tal iniciativa no requiere evaluación de manera obligatoria.

Aun así, el camino para materializar la aplicación de este método para producir ácido sulfúrico y oxido cúprico, a través de un proceso innovador que aporta rapidez y reduce costos en relación a los procedimientos tradicionales, no ha sido fácil ni expedito.

A la fecha de hoy, hay conversaciones preliminares con la Corporación de Desarrollo de Arica – Parinacota, con el propósito de concretar la construcción de una planta piloto de elaboración del mineral, que a escala de producción mayor requiere como materia prima principalmente óxidos de cobre de baja ley existentes en la región de Arica-Parinacota y norte grande de Chile, incluyendo sectores de relaves, como también zonas localizadas en Bolivia y Perú.

En la misma línea, se suscribió también con la Universidad de Chile, a través de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, un acuerdo para explorar un proyecto de desarrollo de prototipo de un método para la obtención de óxido cúprico y ácido sulfúrico al mismo tiempo, iniciativa que no ha registrado avances significativos.

Por estos días, Limarí Ochoa, el inquieto y creativo ingeniero ariqueño, atraviesa un complejo cuadro de salud, del cual se recupera lentamente. Aún mantiene el espíritu perseverante que le ha inspirado durante su vida a sortear obstáculos y cumplir las metas que se ha propuesto, y confía que el método de producción que ha patentado sea valorado y materializado con el apoyo de entidades gubernamentales como sería el caso de la corporación de desarrollo de Arica-Parinacota

Finalmente, no descarta alianzas con sectores privados del rubro minero, tanto del país como también de países vecinos de Perú y Bolivia.

El articulo Ingeniero ariqueño inventa innovador proceso aplicable a la minería apareció primero en piensaChile.

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Precautoria Fundación Mamitas del Plomo

Lorena Delgado Varas es una diputada sueca, de origen chileno,

Interpelacion de la diputada sueca Lorena Delgado a la ministra chilena de Clima y Medio Ambiente

Estocolmo, 4 de junio de 2024

Sr. Gabriel Boric
Presidente de la República de Chile

Con motivo de su visita a Suecia, reciba Ud. un cordial saludo de la comunidad chilena residente en este país; muchos de los cuales llegamos aquí huyendo de la dictadura. Este país que nos acogió, nos ha permitido formar y educar familias y nos ayudó también en grandes campañas solidarias por Chile.

Somos la Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia, nacida al calor de las protestas contra los años de injusticias y que finalmente culminaron en el estallido social que el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera reprimiera fuertemente, resultando en muertes, torturas y mutilaciones oculares.

A partir de esas protestas surgió su candidatura como una esperanza y la gran mayoría de los votantes en Suecia le entregamos nuestro voto.

Nos sentimos emocionados por su triunfo en las urnas, del cuál fuimos partícipes, y por esta razón en nuestro primer contacto, al asumir el embajador Tucapel Jiménez su cargo en Estocolmo, le hicimos entrega de una carta saludando a Ud. y su gabinete, deseándole éxitos y ofreciéndole nuestro apoyo; también les informamos de los temas prioritarios de nuestra agenda en la defensa de los Derechos Humanos, con el objeto de poder apoyar, desde aquí, estos temas:

Pedir al estado sueco y a la empresa Boliden que asuman parte en el retiro de 20 mil toneladas de residuos tóxicos de Arica que han afectado por décadas a la población y siguen afectando a las nuevas generaciones.

Estamos seguros que éste es un problema que Ud. conoce perfectamente. Lamentablemente las autoridades sanitarias, ambientales y la justicia chilena no han dado una solución; los residuos tóxicos continúan afectando la vida de miles de ciudadanos de Arica.

Dado que somos ciudadanos suecos y continuamos con nuestros corazones en Chile, hemos seguido el tema de cerca y, junto con divulgarlo, hemos presentado antecedentes en diferentes instancias, así como ante el Ministerio de Relaciones Exteriores sueco. En este tema trabajamos junto a otras asociaciones de chilenos, destacadas por su lucha incansable por los derechos de los chilenos, tanto en Suecia como a nivel europeo; apoyamos el trabajo de la parlamentaria de origen chileno Lorena Delgado quién ha hecho una interpelación a las autoridades suecas (adjuntamos la interpelación).

En Chile apoyamos la incansable labor de la agrupación “Mamitas del Plomo”; junto a ellas estamos desarrollando un proyecto, el que presentaremos a las autoridades suecas para su financiamiento, para apoyar a la comunidad afectada por la presencia de polimetales, en torno a desarrollar acciones legales y demanda de responsabilidad al Estado de Chile; trámite actualmente en proceso, por los daños ambientales irreversibles derivados de la contaminación por plomo, arsénico y otros metales pesados.

Consideramos que su visita es el momento propicio para que la máxima autoridad de Chile, nuestro presidente, promueva con firmeza la protección al medio ambiente y el respeto a los Derechos Humanos a través de fuertes y claras cláusulas de cuidado al medioambiente y los Derechos Humanos en los tratados firmados y por firmar. Confiamos que estos principios primarán sobre los intereses económicos en las relaciones bilaterales. Por esta razón solicitamos a Ud. que estos temas sean incorporados a la discusión de su agenda. También esperamos que esta ocasión sea momento propicio para hablar de las miles de toneladas de desechos textiles depositados en la actualidad en el desierto de Atacama por industrias europeas, incluyendo al conocido H&M, multitienda sueca.

Dado que el caso de los desechos tóxicos afecta las vidas de los grupos más vulnerables; niños, mujeres, comunidades indígenas, inmigrantes y en general los más pobres; consideramos que deberían abordarse estas propuestas:

1. Que en acuerdo con el estado sueco se realice la repatriación de los desechos tóxicos para que sean tratados en Suecia, donde existe la tecnología para hacerlo, de lo contrario sean confinados en depósitos con los que Suecia dispone para estos casos.
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2. En el caso de la industria textil deberían incluirse medidas de fiscalización para el cumplimiento de las exigencias sanitarias de nuestro país y los tratados internacionales como lo estipulan los acuerdos ambientales firmados; así como el retiro de los desechos textiles lanzados al desierto de Atacama, su tratamiento y la restauración del desierto creando para ambos casos protocolos conjuntos de fiscalización y medidas concretas de restauración.

Otro tema que creemos de importancia en la mesa de negociaciones, son las adopciones irregulares durante la dictadura en Chile y que continuaron durante muchos años producto de la instalación de una red que operó en Chile y que vendió al exterior a más de 20.000 niños, de los cuales aproximadamente 2.100 llegaron a Suecia.

Valoramos su anuncio en la cuenta presidencial de la creación de una mesa interinstitucional para abordar las adopciones irregulares, ya que no podemos seguir esperando más tiempo por las medidas que permitan devolverles su identidad y sus familias. Nuestra Comisión apoya a la organización de adoptados en Suecia, Chileadoption, y trabaja en conjunto con la Fundación Hijos y Madres del Silencio, activa en Chile.

Muchos países europeos que recibieron niños y niñas chilenas para adopción han recibido denuncias de irregularidades. Varios países han realizado investigaciones de esas adopciones y ya se han presentado informes en Suiza, Holanda, Dinamarca, Bélgica, entre otros. Mientras que en otros países aún se está investigando lo ocurrido, como es el caso de Suecia y Francia.

Sugerimos que las siguientes propuestas sean incorporadas y discutidas en las conversaciones que se sostengan con autoridades en Europa y especialmente con las autoridades suecas:

1. Solicitamos que se establezcan canales de comunicación diplomáticos entre los estados, especialmente con Suecia, para facilitar que las autoridades europeas y chilenas puedan entregar información relevante y actualizada a los ciudadanos europeos adoptados desde Chile y a sus padres adoptivos, con el fin de facilitar la búsqueda de sus orígenes. Además de entregar información actualizada sobre el trabajo de la mesa interinstitucional que se ha iniciado.
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2. Es necesario que el Estado chileno solicite a Suecia información sobre la investigación de adopciones internacionales en curso, además de solicitar que se realice una investigación específica de las adopciones vinculadas a Chile.
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3. Que se solicite a Suecia apoyo para la creación de un banco estatal de ADN con el objetivo de garantizar futuros encuentros entre los adoptados y sus familias.

Nos parece de suma importancia que se establezca un vínculo permanente a través de nuestro consulado, para continuar intercambiando opiniones y haciendo seguimiento al desarrollo de estos temas.

Un afectuoso saludo,

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

El articulo Chilenos-suecos envían carta a presidente Boric antes de su viaje a Europa apareció primero en piensaChile.

13 febrero, 2023 

Muchas detenciones ocurridas durante la dictadura de Pinochet, incluyendo envíos a campos de concentración, cárcel, relegaciones, largas sesiones de tortura, y peor aún ejecuciones en el contexto de un “Estado de Guerra”, que nunca ocurrió, se han ido derribando una tras otras. Y no es sólo la sentencia, en rigor, la que se invalida, sino que pone en jaque un “gobierno militar”, que operó en la más absoluta impunidad e ilegalidad.

En estos días hemos conocido el caso que afectó a tres presos políticos en Arica, lugar donde por esos años residía JULIO CÁMARA CORTÉS, oriundo de la Salitrera Humbestone e hijo de una familia pampina, que poco antes de los ´70 se fue al vecino puerto, donde trabajó y fue dirigente de la CUT.

Sus ideales y labor gremial, le valieron que fuera detenido por fuerzas militares el mismo 11 de septiembre de 1973, en el contexto del cruento golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas que derrocaron al gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende. Fue enviado a la cárcel de Arica, compartiendo espacio con presos comunes, lo que lejos de debilitarlo, le ayudó a fortalecer sus convicciones.

Ese Consejo de Guerra, lo había condenado a tres años de presidio, la misma condena que hoy fue invalidada por la Corte Suprema.

Julio Cámara Cortés junto a dos de sus compañeros, que también eran parte de la CUT de Arica, interpusieron un recurso de revisión, porque, claro, estaban convencidos de su inocencia y de la injusticia de ocurrió en su contra.  Las otras dos personas son:

1.- OSCIEL CONTRERAS CIFUENTES, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales, como autor del delito tipificado en la letra d) del artículo 4º de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado

2.- MIGUEL OLIVOS AZÚA, a sufrir la pena de tres años de relegación menor en su grado medio y a las accesorias legales, como autores del delito tipificado en la letra d) del artículo 4º de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado.

LOS ANTECEDENTES

Según recuerdan estos ex tres dirigentes de la CUT de Arica, tras su detención  y mientras permanecían detenidos, fueron sometidos a un proceso que llevó adelante la fiscalía militar de Arica, acusados de supuestos delitos tipificados en la ley de Seguridad Interior del Estado, para finalmente, en noviembre de 1974, comparecer ante un Consejo de Guerra que condenó a prisión a Osciel Contreras y Julio Cámara, en tanto que a Miguel Olivos le fue aplicada la pena de relegación al sur del país.

Frente a lo resuelto por la Corte Suprema, es importante destacar que sigue una línea de acción iniciada en los últimos años que, a su vez, recoge pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), tendiente a acoger recursos de revisión y anular sentencias de consejos de guerra que operaron en diversas regiones del país.  Siendo los casos más graves, aquellos que terminaron con fusilamientos de detenidos, como ocurrió a lo largo del país y también en Tarapacá.

Esto evidencia una feroz escalada represiva que siguió a la instalación de la dictadura cívico-militar, contra militantes y adherentes de los partidos que integraron la coalición política del gobierno de Salvador Allende, señala hoy Julio Cámara.

ABOGADOS EN CAUSAS DE DDHH

Un rol preponderante en la presentación y tramitación del recurso de revisión acogido favorablemente por la Corte Suprema, y que hace justicia y dignifica los nombres de los ex dirigentes de la CUT, le ha correspondido al destacado jurista Francisco Ugas, del staff de profesionales que encabeza el conocido abogado de DD. HH. Nelson Caucoto, con dilatada y reconocida trayectoria en este ámbito.

Así lo reconocen los exdirigentes sindicales Contreras, Olivos y Cámara, quienes a 50 años del cruento derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende, uno de los hechos políticos más impactantes de la historia de Chile, recuerdan nítidamente la dramática y dura experiencia que vivieron y sufrieron a partir de su detención por elementos armados del Ejército. Esta detención, se produjo en una de las industrias electrónicas de Arica.

Es así como, en noviembre de 1974, luego de ser procesados y sufrir diversos actos de maltrato físico y psicológico, comparecieron ante un Consejo de Guerra, acusados de ejercer cargos gremiales y políticos que a esa fecha era legales y públicos. Este, precisamente, lo establece el reciente fallo de la Corte Suprema que dictamina anular todo lo obrado respecto de tales acusaciones y les absuelve, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia.

Sin embargo, señalan los tres exdirigentes de la CUT, no olvidan

“que las condenas impuestas de manera arbitraria por un tribunal militar carente de toda legitimidad jurídica se cumplieron, lo que significó para ellos un drástico cambio en sus proyectos de vida, a nivel personal, familiar y profesional, situación ratificada con anterioridad por la Comisión Valech, que les reconoció como víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Finalmente, señala el hecho que el pronunciamiento del máximo tribunal “es un acto de justicia que se valora”, señalan los exdirigentes, pese a su tardanza, es decir 50 años después de su detención y a 49 de dictada la sentencia. “Esto da cuenta también de las dificultades y escollos que aún subsisten para que exista plena justicia y reparación para miles de chilenos que sufrieron persecución durante los 17 años de dictadura en Chile.”, concluyen.

TRAYECTORIAS

Pese a los difíciles años de dictadura que siguieron al momento de recuperar su libertad, Julio Cámara Cortés  logró realizar una vida normal. Conformó una familia y tiene dos hijos, ambos destacados profesionales. A mediados de los 80, y radicado en la zona central, asumió nuevamente roles en el ámbito sindical, lo que le significó acciones represivas en su contra por dicha labor.

En lo político fue consejero regional (CORE) de Tarapacá, y hasta enero pasado se desempeñó como Consejero de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por nuestra Región.

Es Ingeniero en Administración, con un magíster en Recursos Humanos y desde fines de los ´80 reside en Iquique.

Osciel Contreras Cifuentes, que presidía la CUT en Arica al momento de su detención, años después retomó sus actividades sindicales en el sector minero y en tal condición contribuyó a la formación de la Coordinadora Nacional Sindical. Fue miembro fundador de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad que presidió en Arica hasta el año pasado. Los años, lejos de neutralizarlo, le han hecho fortalecer sus ideales y el anhelo de un Chile mejor.

En el caso de Miguel Olivos Azúa, de profesión técnico electrónico, se desempeñó en empresas del rubro en la zona industrial de Arica, asumiendo, además, tareas como delegado del personal, siendo electo posteriormente en la dirección de la CUT.  Al término de su condena de relegación, siguió en la zona central del país trabajando en su especialidad, la electrónica, en importantes empresas del área en la capital.

*Fuente: Edición Cero

El articulo Arica: a 50 años del golpe, invalida sentencia de Consejo de Guerra contra 3 sindicalistas apareció primero en piensaChile.

Contexto

A fines de los 60, Arica destacaba como una ciudad moderna y pujante, plena de actividades industriales y comerciales.  Además, por su condición fronteriza, la ciudad disponía de estrecha y directa conexión  con Perú y Bolivia, generando condiciones propicias para el intercambio comercial y un tránsito histórico y fluido de gentes a ambos lados de la frontera, especialmente con Tacna (Perú), y con La Paz (Bolivia).

(Un antecedente adicional en este contexto, es que en el vecino Perú gobernaba desde 1968 el general Juan Velasco Alvarado, a la cabeza del  “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, accediendo al poder a través de un golpe de estado institucional).

Arica contaba con un activo y floreciente barrio o zona industrial donde se emplazaban principalmente industrias armadoras de vehículos, del rubro electrónico y también algunas textiles. Empresas internacionales del área automotriz como Citroen, Nissan, General Motors, Miniaustin, empleaban una cantidad significativa de masa laboral. A dicho rubro, se agregaban industrias del área electrónica, como Mellafe y Salas, Sony Cantolla, Chilevisión, entre otras, que armaban principalmente televisores. Entre las textiles destacaban Banvarte y Contex.

Esta actividad industrial y comercial, que concentraba mayoritariamente la fuerza de trabajo de la ciudad, tenía también su expresión a nivel de la organización política y sindical, la que a inicios de los años 70 había dado ya muestras de dinamismo y cohesión en algunos movimientos huelguísticos reivindicativos. (Ej. huelga de industria textil Banvarte)

Importante señalar que tanto en las empresas electrónicas como en las del rubro textil, laboraba un significativo segmento de mujeres, que participaban activamente también a nivel de las organizaciones sindicales.

A lo anterior, se agregaba el hecho que siendo Arica un departamento de la antigua provincia de Tarapacá, con el puerto de Iquique como su capital, la Central Única de Trabajadores (CUT), tenía el reconocimiento  excepcional también de provincial, al igual que Iquique, precisamente por la relevancia que había alcanzado el movimiento sindical en dicha ciudad.

Es en este contexto, de pujante actividad industrial y comercial y su correspondiente expresión a nivel de la organización política y sindical, que asume el gobierno del país la coalición política de la Unidad Popular, (UP) encabezada por Salvador Allende, sustentado en un programa de transformaciones sociales inéditas en la historia de Chile.

En lo personal, en 1970, fui electo dirigente sindical en una empresa dedicada al rubro automotriz y, posteriormente, en mayo de 1972, electo dirigente provincial de la CUT, encabezando una lista de jóvenes dirigentes del partido MAPU.

Un hecho relevante ocurrido en las elecciones de la CUT de 1972, es que se realizaron bajo la modalidad “un trabajador un voto”, constituyendo un verdadero hito en la línea de democratizar, desde las bases, la generación de los órganos directivos de dicha organización sindical, y a tono, además, con las inquietudes, y demandas de la ciudadanía y los “vientos de cambios” impulsados por el gobierno de Allende. Indicar, además, que hasta 1973 existía la sindicalización obligatoria, lo que contribuía a contar con sindicatos con mayor fortaleza orgánica y representatividad.

Derivado de los avances en el cumplimiento del programa de la Unidad Popular, y por decisión mayoritaria del Congreso, se nacionalizó la gran industria del cobre, y se dieron importantes pasos en la definición de las tres áreas de la economía, que contemplaba el traspaso al control del Estado de un conjunto de empresas consideradas estratégicas.

Se mejoraron sustancialmente las condiciones laborales en materia de remuneraciones y de condiciones de empleo, estableciéndose un nuevo sistema de negociación colectiva por niveles. El primer nivel, correspondía a un acuerdo CUT-Gobierno, que fijaba condiciones generales o básicas  de remuneración para todos los trabajadores del país; luego, y a partir de este “piso”, se negociaba por áreas o sectores de la economía, la que incorporaba mejoramientos que tuvieran en cuenta las especificidades y características propias de cada sector, y finalmente, la negociación se daba por empresa, con la suma de las condiciones establecidas en los niveles anteriores.

Hay que decir que estos avances se dieron en medio de una tenaz y agresiva oposición política por parte de los sectores más conservadores  de la DC, y de la Derecha en general, quienes desde el Congreso, y desde las organizaciones empresariales,  obstaculizaban y/o boicoteaban las medidas e iniciativas.

(La historia demostró, posteriormente, la activa ingerencia e intervención del gobierno de EE.UU. y de la CIA, en alianza conspirativa con sectores de la DC, Derecha y ultraderecha, en el derrocamiento de Allende a manos de las FF.AA. chilenas).

Los “cordones” industriales.   

Las dificultades y tensiones políticas surgidas de la aplicación de un programa de transformaciones sociales, se expresó también con fuerza al interior de la propia coalición gobernante, es decir, de la UP, en la que  se evidenciaron al interior de algunos Partidos diferencias frente a las tareas que se debían acometer.

Estas diferencias de apreciación respecto del desarrollo del proceso de cambios que se vivía, se hicieron notorias también en el accionar de las organizaciones sindicales, tanto de las zonas urbanas como agrarias.

Organizaciones políticas de fuera de la UP, en particular del MIR, estimularon esta tendencia a través de sus denominados “frentes de masas”, el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) con inserción en los sindicatos urbanos, y el Frente de Campesinos Revolucionarios (FCR) con campo de operaciones en las zonas agrícolas del país.

En ese contexto,  en zonas urbanas determinadas, en la que industrias y/o empresas estaban geográficamente “acordonadas”, surgen instancias de coordinación intersindicatos, que asumieron la denominación, por las características expuestas, de “cordones industriales”. (En la región metropolitana, fueron célebres los “Cordones” Cerrillos y Vicuña Mackenna)

En Arica se replicó esta tendencia, favorecida también por la localización geográfica de las industrias, y al hecho que por la fuerza de los acontecimientos políticos, la mayoría de las industrias habían sido tomadas por sus trabajadores, o “intervenidas”, haciéndose cargo el gobierno de su gestión y administración a través de un responsable de ellas, es decir, un interventor. Similar situación ocurría en gran parte del país.

La CUT, tanto nacional como local (Arica), miraba con cierto recelo estas instancias de coordinación, en la que confluían dirigentes sindicales y trabajadores del MIR, y de sectores más radicalizados del PS, MAPU y Radical.

En la percepción de la CUT, los “cordones industriales” interferían en la relación de dicha central sindical con los sindicatos de base, alterando su estructura orgánica. Por su parte, las organizaciones sindicales integrantes de los “cordones” exteriorizaban posturas críticas hacia la conducción de la propia CUT, tildándola de “reformista”. Igual apelativo se le enrostraba también a Salvador Allende y a su gobierno.

A fin de superar estas fricciones, la CUT decide, a manera de reconocimiento formal, que los “cordones” industriales son organismos intermedios entre las direcciones nacionales y/o provinciales y los sindicatos de base.

Esta definición, que tenía también el propósito de ejercer una dirección al conjunto de la acción sindical y contener los “desbordes” de los “cordones” supeditándolos al liderazgo de la CUT,  cobraría cierta importancia, al menos en Arica, en los hechos represivos que siguieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El “11” en Arica

En las primeras horas de la mañana de ese día, la ciudad ofrecía un panorama de aparente normalidad. No se observaban movimientos de tropas en las calles, no obstante que a través de diversas fuentes informativas, gran parte de la población  había tomado conocimiento de un alzamiento militar en Valparaíso contra el gobierno de Allende.

Un antecedente a tener en cuenta, es que el jefe militar en Arica era el Coronel Odlanier Mena. Dicho oficial había llegado a la ciudad ese año, y  en un encuentro con trabajadores del barrio industrial, en que quien suscribe estaba presente en su condición de dirigente provincial de la CUT, se declaró un militar “constitucionalista” y leal, por tanto, al gobierno vigente, respetuoso del mando militar y partidario de la doctrina que sustentaba en ese entonces, el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats González.

(Años más tarde, y ostentando el grado de general, Odlanier Mena asumió la jefatura de la Central Nacional de Información (CNI), que sucedió a la DINA, cuyo jefe, Manuel Contreras había “caído en desgracia” por su implicancia en el atentado que costó la vida a Orlando Letelier y a su secretaria, en la ciudad de Washington).

La mañana del “11”, la dirección provincial de la CUT resolvió convocar a los dirigentes del barrio industrial a una reunión informativa, a fin de analizar los alcances del alzamiento militar y definir acciones a seguir, lo que daba cuenta, además, de la deficiente información que se disponía respecto de la real envergadura de dicho alzamiento, en la errada idea que podría tratarse de una acción similar al “Tancazo” ocurrido en   junio de 1973, en que un reducido grupo de oficiales y tropas intento un alzamiento militar rodeando con tanques el palacio de La Moneda.

Con el correr de las horas, se hizo notorio el movimiento de tropas en las calles, y junto con tomar el control de la ciudad comenzaron las primeras detenciones, entre ellos de algunos dirigentes sindicales y de la CUT, derivado del allanamiento que los militares llevaron a cabo en la industria  electrónica en que se había realizado la reunión informativa. A esas alturas, la idea, ingenua por cierto, que se trataba de un nuevo “tancazo” estaba ya totalmente descartada.

Respecto del accionar del “cordón” industrial frente a los acontecimientos, no hubo capacidad de reacción alguna al despliegue y control militar incontrarrestable sobre el barrio industrial y de toda la ciudad. Similar situación ocurrió a nivel de los Partidos y organizaciones políticas de dentro y fuera de la UP.

En Santiago, escenario de los principales acontecimientos, con el bombardeo al palacio de La Moneda y muerte de Salvador Allende,   se supo posteriormente que hubo algunos conatos de resistencia en algunos “cordones” los que fueron prontamente reducidos por la superioridad militar.

Quedaba así en evidencia, la escasa y deficiente capacidad de reacción militar no solo de los Partidos de la coalición gobernante, sino sobre todo de los Partidos o movimientos de fuera de la coalición, cuya valoración y énfasis respecto de la “vía armada” para profundizar las transformaciones sociales constituía lo central de su discurso y acción política.

Parte de ese discurso estaba presente también en la acción de los “cordones” industriales, en el convencimiento que ellos podrían constituir una importante base de apoyo y resistencia a los intentos golpistas de un sector de las fuerzas armadas, lo que ya había ocurrido con el ya mencionado “Tancazo” de junio de ese año.

Hay que decir, además, intentando una apreciación sin prejuicios y objetiva de los hechos, que a nivel del gobierno y de algunos Partidos de la coalición, existía un cierto convencimiento que cualquier intento de golpe militar no contaría ni comprometería a la totalidad de las fuerzas armadas, derivado de la presencia de oficiales de alta graduación  “constitucionalistas”, especialmente en el Ejercito, leales y respetuosos a un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía,  y seguidores o herederos de la doctrina de los generales Schneider y Prat.

Esta percepción, que un intento golpista conduciría a una división de las fuerzas armadas y a un escenario de guerra civil, se tradujo en una consigna, muy presente durante 1973, de “No a la guerra civil”, esgrimida desde el gobierno y los partidos afines, y hábilmente utilizada por las fuerzas de oposición para describir la inestabilidad política a que había llevado al país el gobierno encabezado por Allende.

El otro hecho, no menor, es que utilizando una disposición emanada del congreso, en los meses previos al golpe militar, las fuerzas armadas se dedicaron con esmero y eficiencia a allanar numerosas grandes empresas, muchas de ellas situadas en los “cordones “ industriales, en busca de armas, cuya tenencia y supuesto acopio contravenía la legalidad.

Ello les permitió, como lo reconocieron posteriormente algunos jefes militares, constatar en terreno la verdadera capacidad “combativa” de los denominados “cordones” frente a una intervención militar, revelando de paso, la preocupación que les causaba para sus intenciones golpistas la existencia de dichas instancias de coordinación sindical.

En esta tarea de allanar industrias, participaron todas las ramas de las fuerzas armadas, En Arica, al menos hubo una acción de allanamiento en una industria electrónica, sin encontrar, obviamente, ningún tipo de armamento, ni siquiera una pistola.

La represión: el Plan Zeta y los “cordones industriales”      

Al finalizar el día 11, y con el control total de la ciudad por parte de las fuerzas armadas, ya eran cientos los detenidos en la cárcel de Arica, la mayoría conformada por autoridades locales de gobierno, dirigentes políticos y sociales, y militantes y simpatizantes de Partidos de izquierda.

Pero, no solo hubo detenidos en la cárcel, también las propias dependencias del regimiento Rancagua sirvieron de cautiverio y centro de interrogatorios y torturas, agregándose posteriormente para el mismo fin las instalaciones del camping de verano Las Machas.

A diferencia de lo ocurrido en otras zonas del país, en los primeros días posteriores al golpe, en Arica no hubo actos represivos con costos de vidas humanas, ni se supo de “enfrentamientos” ni reales ni ficticios, aparte de las detenciones con aplicación de torturas, y los ya conocidos allanamientos en busca de armamento.

Sin embargo, en octubre la represión se abatió con fuerza en contra de militantes de la UP. El día 20 son asesinados tres militantes del PS: Oscar Ripoll Codoceo, 38 años, profesional de SERCOTEC; Julio Valenzuela Bastias, 28 años, radiooperador del ferrocarril Arica – La Paz, y Manuel Donoso Dañobeitia, 26 años, sociólogo y profesor de la Universidad del Norte.

Tres días después, la prensa de Arica informaba de la ejecución de Luis Pedro Solar Welsch, de apenas 18 años, hecho acaecido, según la versión publicada, al interior de un recinto militar. En este caso, como en el de los tres militantes PS, los asesinatos fueron encubiertos a través de burdos montajes, procedimiento que se hizo habitual en innumerables hechos represivos con resultado de muerte a nivel nacional.

En los meses siguientes, y desde la cárcel, cuatro detenidos fueron trasladados a Pisagua, histórico lugar de confinamiento para la izquierda y dirigentes de organizaciones sociales.

También, en los meses que siguieron, se instalaron los tribunales militares en tiempo de guerra, y se sometió a proceso a los detenidos, hombres y mujeres, con interrogatorios a cargo de fiscales adhoc. Debo señalar nuevamente que a diferencia de lo ocurrido en otros centros de detención del país, especialmente en Pisagua, en los denominados “Consejos de Guerra” que se realizaron en Arica, aparte de una sentencia de muerte que no se llevó a efecto, fueron las condenas de cárcel y relegación los castigos aplicados con más frecuencia.

Según mi experiencia como “prisionero de guerra”, calificativo inventado para conferirle algún fundamento a la intervención militar, es decir, que en Chile hubo una situación de guerra civil, con ganadores y perdedores, al menos en los interrogatorios a que fui sometido, dos eran los temas recurrentes que interesaban a los fiscales militares: el “Plan Zeta”, otra ficción creada para justificar también el golpe, y atendiendo a mi condición de dirigente de la CUT, la organización y envergadura de los ya famosos “cordones industriales”.

En tal situación, y requerido en un interrogatorio por este tema, me correspondió reafirmar que los “cordones industriales” eran efectivamente parte de la estructura de la CUT, y no organismos paralelos a la central sindical ni menos de carácter paramilitar, percepción que los militares tenían de dichas instancias de coordinación, como expuse anteriormente. Percepción alimentada, además, por el discurso “belicista” imperante en algunas organizaciones políticas y sindicales con anterioridad al golpe de Estado.

El hecho de reafirmar la dependencia y subordinación de los “cordones industriales” a la estructura orgánica de la CUT, contribuyó a darle sustento a la versión entregada a los fiscales militares por algunos dirigentes sindicales detenidos, y participantes en dichas instancias.

Lo anterior, no obstante las fricciones y diferencias que como dirigente de la CUT sostuve muchas veces con dirigentes sindicales que levantaban las banderas de la autonomía de los cordones industriales frente a cualquier tutelaje y/o subordinación a centrales sindicales “reformistas”.

Para finalizar, no está demás decir que todo lo expuesto corresponde a mis vivencias y experiencias personales como militante, dirigente sindical y de la CUT, en un periodo relevante de las luchas políticas y sociales de Chile.

Julio Cámara Cortés
Ex – dirigente provincial CUT – Arica

Septiembre de 2016

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En 1921, durante el primer gobierno de Alessandri, el destacado abogado y académico, Carlos Vicuña Fuentes, dentro de un conjunto de opiniones dadas en el seno de la FECH -y que fueron publicadas  por el periódico La Epoca– señaló que

“debe resolverse el problema internacional del Norte mediante la devolución al Perú de las provincias de Tacna y Arica y la cesión a Bolivia de una faja de terreno en Tarapacá, para que tenga una salida al mar” (Carlos Vicuña.- La libertad de opinar y el problema de Tacna y Arica; Imprenta Selecta, 1921; p. 16).

Teniendo en cuenta que ya era totalmente inconducente realizar un plebiscito para definir la pertenencia final de Tacna y Arica (que de acuerdo al Tratado de Ancón debió efectuarse en 1894) y que en esa época Chile tenía plena libertad para entregarle una franja territorial a Bolivia en su extremo norte; es muy probable que la idea de Vicuña hubiese representado la solución más justa, honorable y feliz para los tres países, resolviendo definitivamente todas las dolorosas secuelas de la guerra del Pacífico. Habría significado, además, cumplir con el Tratado de 1895 con Bolivia, por el cual Chile se comprometió

“una vez adquiridas definitivamente Tacna y Arica (fuere por plebiscito o por arreglo directo), a transferirlas, también en dominio definitivo, a Bolivia. El precio: 5 millones de pesos chilenos de plata (aprox. 625 mil libras esterlinas)”;

y que

“si Chile no adquiría Tacna y Arica, se obligaba a ceder a Bolivia la caleta Vitor hasta la quebrada de Camarones, u otra análoga” (Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973), Volumen II, Triunfo y decadencia de la oligarquía (1891-1920); Edit. Santillana, 1983; p. 188).

Sin embargo, lo anterior generó una furia del establishment en contra de Vicuña. En primer lugar, lo atacó el senador conservador Francisco Huneeus en Sesión del 22 de agosto. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Barros Jarpa, declaró que

“no se aceptará en ninguna forma el que los funcionarios públicos se arroguen el derecho de estar opinando en discrepancia con el gobierno, acerca del manejo de las relaciones exteriores (…) con proposiciones más o menos atrevidas y más o menos inconscientes” (Vicuña; p. 20).

Después, se inició una ofensiva para lograr su expulsión de la Universidad de Chile. Así, el senador liberal Enrique Zañartu Prieto dijo el 31 de agosto que

“cuando se vierten ideas tan condenables (…) su señoría (el ministro de Instrucción Pública, Tomás Ramírez Frías) está en el deber de indignarse y decir que arrojará de su puesto a ese profesor, y que si las leyes existentes no lo permiten expulsarlo, presentará un proyecto especial para echarlo a la calle e infamarlo con esa medida de excepción (…) El Gobierno está en el deber, después de liquidar sus cuentas con este mal ciudadano de presentar modificaciones a las leyes existentes que le permitan castigar las acciones que son verdaderos crímenes de traición a la Patria” (Ibid.; pp. 44-5).

Posteriormente, el Rector de la Universidad de Chile, Domingo Amunátegui Solar, adujo que Carlos Vicuña era solo profesor universitario interino y que, como tal, el ministro de Educación podía expulsarlo, sin necesidad de un acuerdo del Consejo de Instrucción Pública. Enseguida, el 2 de septiembre, el Gobierno acordó la destitución de Vicuña.

En una interesante puntualización -que sin entrar a cuestionar las facultades discrecionales del Gobierno, desmerecían su posición- el ex diputado Galvarino Gallardo publicó un artículo en La Nación del 6 de septiembre, en que reseñaba las distintas posiciones manifestadas por diversos Gobiernos sobre las formas de resolver el diferendo con Perú sobre Tacna y Arica, preguntándose finalmente:

“¿Hay o no razón para decir con honrada franqueza que jamás hemos tenido una política definida, estable en este problema?” (Ibid.; p. 150).

La destitución de Vicuña fue defendida por el ministro del Interior, el radical de izquierda Héctor Arancibia Laso, quien señaló primero ante la Asamblea Radical que “no es posible que los propios encargados de formar el alma nacional estén sembrando en las almas infantiles la semilla funesta del anarquismo y del desprecio por la Patria y sus instituciones” (Ibid.; p. 1259). Y posteriormente el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados:

“El funcionario (público) debe subordinar su actividad al interés del Estado; y entre los deberes que a aquel incumben figura el de acomodar su acción al servicio público. El interés del Estado impone al funcionario la obligación de servirlo incondicionalmente. El funcionario que falta a ese deber y a la lealtad hacia el Estado cesa de estar al servicio de su interés y, en consecuencia, éste tiene el derecho de poner fin a una relación que ha dejado de serle beneficiosa” (Ibid.; p. 185).

La Cámara de diputados, luego de escuchar la fundamentación de Arancibia, dio su aprobación a la conducta del gobierno contra Vicuña, con el apoyo de los comités de todos los partidos de la Alianza Liberal y la Unión Nacional. Honrosas excepciones –que se retiraron de la sala antes de la votación- fueron los diputados Domingo Durán Morales, Santiago Labarca Labarca, Pedro Rivas Vicuña, Ramón Ernesto Videla (radicales); Ramón Herrera Lira, Tomás Menchaca Lira, Joaquín Tagle Ruiz, Héctor Zañartu Urrutia (conservadores); Hernán Correa Roberts, Ernesto Escobar Morales (liberales); Roberto Sánchez García de la Huerta (liberal democrático); y Nolasco Cárdenas Avendaño (democrático).

La resolución contra Vicuña fue aplaudida, a su vez, por El Mercurio (11-9-1921); El Diario Ilustrado (10-9-1921) y La Nación (10-9-1921). En cambio, Vicuña recibió la solidaridad de diversas organizaciones de profesores y de la FECH (Ibid; pp. 88, 108-12, 151-3 y 201); y de destacados políticos e intelectuales del país, aunque no compartieran necesariamente el contenido de sus ideas. Así, Enrique Mac Iver señaló: “Es un absurdo pretender que los profesores y demás empleados públicos piensen siempre de acuerdo con las ideas del Gobierno, porque en tal caso no existiría la libertad y caeríamos en la más odiosa de las tiranías” (Ibid; p. 172).

A su vez, Amanda Labarca dijo: “Creo que negar a las minorías el derecho sagrado de pensar es un crimen de lesa humanidad. Aunque esa minoría esté reducida a un solo hombre, su derecho es el mismo. Amordazar a aquel hombre so pretexto de que la suya es una voz nefasta, es negara la humanidad el derecho de expresarse. Si entrar al servicio del Estado de Chile, significa obligarse a pensar de acuerdo con la mayoría gobernante, los mejores servidores de la República estarían hoy fuera de sus filas, porque nadie que se estime puede vender por un mendrugo de pan su derecho a pensar libre, humanamente” (Ibid.; p. 205).

Asimismo, el escritor Armando Donoso declaró:

“¿Acaso un hombre, por el hecho de ser empleado público, deja de ser hombre, para poder emitir libremente sus opiniones? Lo cierto es que hay dos clases de hombres, unos que tienen el valor de emitir sus opiniones y otros que carecen de ese valor. Yo aplaudo la actitud de Carlos Vicuña que, creo, puede enorgullecerse por haber caído en desgracia afirmando su dignidad moral de hombre” (Ibid.; p. 211).

El poeta Manuel Magallanes Moure se expresó de forma más ácida:

“Los que estimamos a Ud. y tenemos justo aprecio por su valor intelectual, nos felicitamos de que el castigo que el Gobierno ha aplicado a Ud. por atreverse a pensar libremente acerca de la cuestión del norte, no haya ido más allá de un simple acuerdo de Gabinete para quitar a usted sus cátedras en la enseñanza fiscal. Es de extrañar que no le hayan arrastrado a usted a la cárcel o que no lo hayan suprimido de manera más rápida y segura” (Ibid.; p. 203).

Así también lo hizo el periodista Carlos Pinto Durán quien, sin estar de acuerdo con la propuesta de Vicuña, señaló que

“lamenta que, en pleno reinado radical, regresemos a los peores tiempos del Santo Oficio (Inquisición). Hoy como entonces pretendía eliminarse, invocando razones de Estado, a los que no decían lo que deseaban los de arriba. El empleado público sólo puede abrir los labios para aplaudir y adular a sus jefes. La actitud del Gobierno para con Ud. me parece hipócrita, rastrera y cobarde. ¡Pobre país conducido por fantoches!” (Ibid.; p.202).

Y el dirigente obrero y futuro fundador y senador del Partido Socialista, Carlos Alberto Martínez, que exclamó:

“¡Desgraciado el país en que los empleados públicos, y lo que es más grave, los educadores, tuvieran que pensar y sentir al compás de lo que piensan y sienten los comediantes que llegan a las alturas! Con esas premisas; ¿qué porcentaje de cretinos tendría Chile? ¡El ‘diablo’ nos libre!” (Ibid.; pp. 209-10).

Pero la más notable fue la carta de solidaridad que le llegó a Vicuña desde la vieja España, de uno de sus más destacados intelectuales y escritores, Miguel de Unamuno:

“Me creo, señor mío y compañero, el deber de dirigirle estas líneas para felicitarle por su noble patriotismo humano y protestar contra la medida despótica que le ha privado de su cátedra. Veo que el despotismo republicano no le va en zaga al monárquico. Si es que es republicano el poder que ha actuado contra usted. En un pueblo sereno y noble, como creo que es ese pueblo –el pueblo, entiéndase bien- de Chile la actitud de usted al emitir un juicio que usted estimaba de justicia, es algo que se agradece y se honra y hasta cuando se crea que se equivoque quien lo emita. Porque se pone el honor patrio en tener una voluntad nacional enderezada a fines de justicia.

Son las oligarquías de negociantes, de explotadores de la nación, son los accionistas de la patriotería oficial y lucrativa los que ponen el prestigio de la patria en que no rectifique sus errores, aún reconociéndolos.

Procure siempre acertarla
el honrado y principal
pero si la acierta mal
defenderla y no enmendarla

dice la cuarteta famosa de ‘Las Mocedades del Cid’. Y esa cuarteta me recuerda lo de ‘por la razón o por la fuerza’. ¡Nó, nó, nó y nó! Por la razón y sólo por la razón. Y por la justicia. El que añade ‘…o por la fuerza’ es que no cree en su razón. Sólo por la razón, sólo por la justicia.

Por lo demás, la medida despótica de que ha sido usted víctima prueba que el poder que lo ha exonerado a usted de su cátedra, no cree en la justicia de la política antiamericana y antipatriótica contra la que usted se ha pronunciado, no cree en la justicia de la prusianada que trata de mantener, no cree que sea civil y humano siquiera el imperialismo de una oligarquía de negociantes.

Usted y los que con usted sienten están sirviendo al verdadero honor de Chile y tratando de redimir a ese noble y generoso pueblo del denigrante sambenito que sobre él cayó cuando se le llegó a llamar la Prusia de Suramérica.  

En resolver en justicia ese viejo pleito entre hermanos, entre consanguíneos de espíritu –la sangre de éste es la lengua- no va sólo la paz de América, la prosperidad de Chile y la sangre de los hijos de esa patria; va el honor, el verdadero honor de ésta, va el honor de Chile. Y va su civilidad, que es la civilización.

Lo felicito, pues, por su actitud civil y humana, por su patriotismo americano, que es el más hondo patriotismo chileno, por su humanidad –¡no en vano enseña usted humanidades!- y porque creo que la injusta medida de que ha sido usted víctima servirá para encender y alumbrar la conciencia de los que allí sienten que entre pueblos hermanos –y todos lo son entre sí- sólo se resuelven los pleitos por la razón, nada más que por la razón. ‘Por la razón y por la razón’ ” (Ibid.; pp. 221-2).

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Tres mil años antes de que los egipcios momificaran a sus grandes faraones, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, la civilización Chinchorro ya llevaba a cabo este ritual, del que se conservan las momias más antiguas del mundo que desde este martes son Patrimonio de la Humanidad.

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• Estreno exclusivo para Latinoamérica, se exhibirá hasta el 30 de enero en el marco del festival que ofrece una amplia programación gratuita para Chile, Perú y Bolivia

El documental exhibido a continuación fue publicado el año 2019. Lo hemos insertado para que nuestros lectores comprendan la gravedad del problema que estamos denunciando.
El video «Arica«, sobre el que informamos más abajo, se estrenará a fines de este mes, enero, en el ARICADOC

Entre los años 1984 y 1985, en plena dictadura militar, se importaron desde Suecia 20 mil toneladas de un material rotulado como “barro con contenidos metálicos” de la empresa Boliden. El material fue importado por la empresa Promel y depositado en un sitio fiscal conocido como el Sitio F. Años más tarde, en los alrededores del este sitio se construyeron dos poblaciones cuyos habitantes se vieron expuestos directamente y sin saberlo a un foco crítico de contaminación por polimetales. Durante el 2017 y 2018 como Colectivo Salud en Movimiento fuimos testigos de lo que sigue aconteciendo en Arica con respecto a la contaminación medioambiental por los llamados ’polimetales’. Buscamos viralizar este corto para dar a conocer, recordar y presionar a las autoridades pertinentes a tratar las inquietudes de la gente. Cabe decir que este es sólo un fragmento de lo que se proyecta trabajar con mayor profundidad y alcanzar la atención internacional no solo para mostrar este conflicto en particular, si no que también los otros miles de conflictos sobre esta temática.

ARICADOC estrena “Arica”, conmovedor documental sobre los daños socio-ambientales provocados por una poderosa empresa minera sueca
Co-dirigido por Lars Edman y William Johansson, sigue la batalla legal de las víctimas del desastre que ha generado enfermedades y malformaciones en el norte de Chile.

Estreno exclusivo para Latinoamérica, se exhibirá hasta el 30 de enero en el marco del festival que ofrece una amplia programación gratuita para Chile, Perú y Bolivia.

El cine puede generar acciones y los directores de “Arica” lo saben. En 2010, los suecos Lars Edman (nacido en Chile) y William Johansson estrenaron “Toxic Playground”, documental que da cuenta de un hecho repudiable: en los años 80, la empresa minera sueca Boliden envió desechos tóxicos a Arica. Como consecuencia, mucha gente murió de cáncer, bebés nacieron con malformaciones congénitas y la comunidad entera tuvo que lidiar con los daños provocados por el arsénico. La película puso el tema en la opinión pública. Boliden negó su responsabilidad en los hechos.

«Arica” funciona como una secuela de “Toxic Playground”. Muestra la lucha por justicia de parte de las víctimas del desastre. Es una obra potente que tendrá su estreno latinoamericano en el marco de ARICADOC tras un elogiado paso por el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam (IDFA).

El documental de Edman y Johansson se exhibirá de forma online entre el 18 y el 30 de enero, con cupos limitados, en el marco del festival de documentales que ofrece una amplia programación gratuita para Chile, Perú y Bolivia.

“Arica” transcurre entre Chile y Suecia. Cautivantes tomas aéreas sobrevuelan las locaciones donde se desarrollan los acontecimientos: principalmente Arica y los tribunales suecos donde une equipo legal representa a las víctimas del desastre medioambiental ante la defensa de Boliden. Son personas humildes que atreven a enfrentar a una de las empresas mineras más grandes del mundo. Entre ellas destaca Joselyn, una joven que apareció en el primer documental y ha padecido las consecuencias de la contaminación. Edman y Johansson desarrollan todas las aristas del caso y dan espacio a las argumentaciones vinculadas a la empresa para que el espectador sea quien tome la decisión. A pesar de este respeto por las fuentes, la situación es bastante clara y funciona como una muestra más de un sistema capitalista ciego e inhumano.

Juan Pablo Donoso, director de ARICADOC, destaca: “El movimiento, la acción colectiva surgen de la la rabia. ¿Qué nos queda después de la rabia? Testimonio de los costos socio-ambientales de la codicia humana,” Arica” nos expone a toda la crueldad imperante en el actual sistema económico, pero situando a sus protagonistas ya no solo como víctimas, sino como activos actores que luchan por sus vidas”.

Toda la programación del festival se encuentra disponible desde la web www.aricadoc.cl

WILLIAM JOHANSSON: “LA PELÍCULA MUESTRA CÓMO FUNCIONA LA JUSTICIA”

“El oro de las minas nos ha hecho ricos, y se podría decir que pagó por mi educación y la de Lars. Estaba increíblemente molesto cuando escuché que los desechos tóxicos que quedaban cuando el oro fue procesado, causaron enfermedades y muertes en una comunidad pobre lejos de casa”, opina William Johansson, co-director del documental. “Es difícil reducir 15 años de material filmado y varios meses de procedimientos judiciales a una película de una hora y media. “Arica” es la película más complicada con la que he trabajado. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y se siente bien que la película por fin se proyecte en Arica”.

El cineasta agrega: “La película muestra cómo funciona la justicia y cómo no funciona. Nuestra película anterior trataba de la justicia moral. Esta vez se trata de justicia legal, cuando gente pobre del otro lado del mundo desafía a una de las compañías mineras más grandes del mundo. Durante el trabajo en la película, aparecieron diferentes realidades. El Tribunal de Distrito de Skellefte en el norte de Suecia y la pobre zona residencial en el norte de Chile se sentían muy alejados. El equipo legal nos permitió entrar he hizo posible que siguiéramos este extenso y único proceso legal desde dentro con nuestras cámaras. Fue un largo y complicado viaje navegando a través de la esperanza y la desesperación, la tensión y los giros desgarradores. Por supuesto que entendíamos de antemano que sería difícil para la gente pobre de una zona vulnerable en Chile que demandaran a un gigante minero en Europa. Durante el rodaje de la película, pudimos ver de cerca cómo la gran multinacional Boliden con sus interminables recursos y consultores contratados, podía producir un sinfín de documentos, teorías y modelos para demostrar su inocencia. Pero incluso si las pruebas de los consultores pueden haber funcionado en los tribunales, se volvió visiblemente absurdo cuando se enfrentaron a la realidad de la gente en Arica”. Esperamos que la película reciba atención y que de alguna manera sea útil también para todos los afectados por los residuos tóxicos de Boliden. Muchos en Arica se han convertido en nuestros amigos y es doloroso ver todo el sufrimiento. Todos conocen a alguien que ha sido afectado o está enfermo”.

Bio-filmografía directores

LARS EDMAN: Nacido en Chile y criado en Suecia, Lars estudió en la Escuela de Cine de Valparaíso. “Toxic Playground” fue su primer film, ganó 6 premios internacionales y se proyectó en más de 30 festivales internacionales y por televisión en toda Europa.

WILLIAM JOHANSSON: Sueco, William conoció a Lars estudiando en la escuela de cine de Valparaíso y desde “Toxic Playground”, su primer film en 2010, ha seguido trabajando como periodista de investigación y cineasta en trabajos para televisión y cine.

INFORMACIÓN DE CARTELERA

ARICADOC, Festival Internacional de Cine Documental
Del 18 y el 30 de enero.
Gratuito. Exhibición de películas y actividades de formación.
Plataforma: desde aricadoc.cl
Países: Chile, Perú y Bolivia

REDES SOCIALES

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instagram.com/aricadoc
facebook.com/aricadoc

Andrea A. Carvajal Sandoval
Plaza Espectáculos
Cel +56 9 9679 5156
e-mail: andrea@plazaespectaculos.cl

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