27 junio de 2025

Los medios de comunicación hegemónicos han realizado otro acto de magia:

Palestina ha desaparecido de los noticieros de la televisión y de las portadas de los diarios, en un intento por hacer olvidar, desaparecer y negar las masacres ordenadas por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En fin, ocultar el genocidio de más de 60 mil palestinos.

El articulo Medios hegemónicos: el arte de invisibilizar el genocidio apareció primero en piensaChile.

En su tercer intento en llegar al cargo más importante de Colombia, Gustavo Petro lleva a cuestas el lastre –así lo llaman los analistas del sistema- de haber sido integrante de un grupo guerrillero, pero es uno de los líderes políticos más importantes de la historia reciente del país, con capacidad de terminar con tanta injusticia y desigualdad, con tantas masacres y muertes de campesinos, indígenas y pobladores, con tanta impunidad para el establishment explotador.

Un elemento destacado en la campaña de las derechas colombianas, latinoamericanas y mundiales contra las candidaturas de Gustavo Petro y  Francia Márquez, es que ellas representan para esos sectores ultraconservadores una enorme amenaza. Les aterra la posibilidad de que llegue un presidente de centroizquierda al poder en la nación que con más ahínco (muertes y desplazados) ha conservado la oligarquía.

El actual gobierno de Colombia, el que encabeza Iván Duque  y digita Álvaro Uribe Vélez, es el principal aliado regional de Washington. En este país cafetero y cocalero EU tienen instaladas ocho bases militares como puntos estratégicos de su área de influencia y de seguridad en lo que consideran su patio trasero desde hace décadas. Colombia es el país latinoamericano donde nunca se ha realizado una reforma agraria.

El poder del narcotráfico y de los grupos paramilitares es enorme, lo que queda demostrado con un enorme acaparamiento de tierras, de los más concentrados en la región latinoamericana en manos de los grupos de   terratenientes. En Colombia se ha prolongado una guerra que lleva más de 55 años. En Colombia se ha generado una de las situaciones de mayor marginación y pobreza del continente.

Para los intereses de esa rancia oligarquía colombiana, la candidatura de Gustavo Petro representa el mayor peligro  para sus intereses. Por ello se ha lanzado con mayor fuerza toda una gran campaña en diversos medios de comunicación y redes sociales, tratando de  inducir el miedo en los sectores populares y medios de la población de que “Gustavo Petro es un peligro para Colombia”.

Hay quienes apoyan a Petro porque es un líder de la izquierda progresista en un país altamente tradicional y de derecha, que propone hacer girar la economía alrededor de la vida, apostarle a la riqueza natural y a la protección del medio ambiente, así como profundizar la democracia, y hacer una estructura económica que se base en la producción y no en la extracción.

Se atrevió a decirle a CNN que «no es posible una América Latina —llámela usted de izquierda o de derechas— que viva de sacar gas, petróleo o cobre. La única posibilidad de un desarrollo sostenible en América Latina es el conocimiento, es la producción».

Petro sigue siendo estigmatizado por sus rivales políticos por su paso por la guerrilla del M-19, una guerrilla urbana de origen socialista, a la que se unió en su juventud. El M-19 dio muchos golpes de efecto como el robo de las armas del Ejército del Cantón Norte (1978), una fortaleza militar, a través de un túnel, y en un acto «simbólico», recuerda Petro», cuando el M-19 robó la espada de Bolívar.

«¿De quién era la espada?», recuerda Petro. «La espada no era ni más ni menos que del pueblo. Y estaba realmente secuestrada», dijo en el programa de televisión Mesa Capital. El día de la firma del acuerdo de paz con el M-19 en 1990, el grupo guerrillero devolvió la espada de Bolívar.

Era época de ebullición, con la revista Alternativa de Gabriel García Márquez, de ‘La pollera colorá’, Mariposas Amarillas y El Camino Culebrero, en una Bogotá que llegaba hasta la calle 100…

En Una vida, muchas vidas recuerda su paso por el M-19: “Nuestro entrenamiento militar era más en técnicas de clandestinidad, de aprender a resistir la tortura en caso de que nos capturaran. Ese momento influyó mucho en mi personalidad. Debíamos ser fuertes, centrados, silenciosos: ante la presión, debíamos aprender a guardar la tranquilidad. Eso me ha servido en la vida para, en los debates parlamentarios más duros, mantenerme tranquilo y centrado”.

A prisión llegó por primera vez en 1985, luego de que un niño le revelara su ubicación al Ejército, intimidado por la amenaza de que le mataran a su mamá. Fue retenido sin orden de captura, torturado por agentes de la fuerza pública y recluido en cuatro lugares: la Escuela de Caballería del Cantón Norte, la Cárcel La Modelo, la Picaleña de Ibagué -luego de que lideraran una protesta para que dejaran trabajar a los presos- y La Picota de Bogotá, cuando hubo un intento de fuga en Ibagué y le echaron la culpa a él.

Contrario a lo que afirman algunas versiones de la derecha ampliamente difundidas en las redes sociales, Gustavo Petro vio la toma del Palacio de Justicia a través de un televisor en la cárcel. No obstante, debido a un comunicado reivindicativo emitido por el M-19 que llevaba su firma, fue culpado por eso, y quedó en el imaginario popular que había participado en la toma.

En febrero de 1987, cuando salió de prisión, prefirió la clandestinidad en Santander. Allá conoció a Mary Luz Herrán, su primera esposa, con quien tuvo a sus hijos Andrés y Andrea. Nombres especiales para Petro. Cuando recién ingresó al M-19 había escogido el alias de Aureliano, en honor a Gabriel García Márquez. Años más adelante adoptó el alias de Andrés, como un gesto de admiración hacia Andrés Almarales, combatiente de quien destacaba su integridad y capacidad para la oratoria, y que murió en la toma del Palacio de Justicia.

A sus peleas dentro de la dirigencia del M-19 se sumaron las amenazas de muerte que empezaron a llegar por parte de la agrupación paramilitar Colombia sin Guerrillas (Colsingue), que lo obligaron a aceptar una propuesta del presidente César Gaviria en el exterior. La familia Petro llegó a Bruselas para cumplir una función diplomática sin hablar inglés ni francés, pero debió conformarse con un Diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad de Lovaina.

Y aprendió a conducir; lo que dejó de hacerlo cuando regresó a Colombia, en concordancia con su recién adoptada lucha ambiental. También aprendió a usar un computador de escritorio y accedió a internet.

Al regreso al país, él hizo su primer intento por llegar a la Alcaldía de Bogotá, pero no tenía el impacto mediático de Antanas Mockus. No obstante, la Alianza Democrática M-19 se presentó a las legislativas en 1998 y Petro volvió a entrar al Congreso, de donde no salió hasta 2009. Allí lideró todo tipo de debates: desde acaparamiento de terrenos en Bogotá, pasando por el caso de Banpacífico y las escuchas telefónicas, hasta la complicidad de la política nacional y regional con el paramilitarismo.

En su época de parlamentario, Petro también tuvo un encuentro de frente con el líder de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño. Describió esa interacción como una con “una persona débil mentalmente, que se diluía ante contrincantes con convicciones e ideas profundas. Al cabo de unos minutos ya tartamudeaba y retrocedía”. En su versión de la historia, le advirtió a Castaño que moriría a manos de sus propios hombres si no adelantaba un proceso de paz. Así fue: Carlos murió asesinado por su propio hermano, Vicente.

En 2009 salió del Senado de la República para aspirar a la presidencia al año siguiente, y nuevamente en 2018. Dicen que a la campaña electoral de 2022, llegó acercándose a sectores impensables para sus campañas anteriores como el pastor evangélico Alfredo Saade, quien participó en la consulta del Pacto Histórico.

Incluso, tras su victoria en las consultas internas y cuando la coalición del Pacto Histórico obtuvo una alta votación en las elecciones legislativas (16 senadores y 25 representantes a la Cámara) se vio a un Petro calmo y sonriente, confiado en que sería presidente, apostándole a un cambio de política en su país:

Dicen que Petro representa uno de los extremos políticos antagonistas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, una polarización de la que  muchos dicen estar cansados, según las manipuladas y manipulables encuestas de la prensa hegemónica, que insisten en el peligro del “comunismo” como si viviéramos en épocas de la guerra fría, aquella que en el resto del mundo terminó en 1991.

La fuerza que le dan sus millones de electores tiene contrapeso en sectores que prefieren votar por la derecha porque ven en Petro una amenaza al statu quo, como si éste les favoreciera.

Desde podcasts y videítos por redes nos insisten en que Colombia es un país muy conservador en donde de alguna manera existe la idea colectiva de que un gran cambio es un salto al abismo. Son quienes lo acusan de populista y autoritario y hasta el presidente ultraderechista Iván Duque afirma que si gana las elecciones, Colombia se convertiría en una Venezuela.

Hasta la prensa hegemónica habla de la existencia de toda una serie de conspiraciones a su alrededor, hay todo un hilo de propaganda muy fuerte contra Petro impulsado por sectores más conservadores y tradicionales como las iglesias evangélicas que dicen que Petro «va traer el homosexualismo, va a traer el comunismo, va a traer a Satanás”.

Algunos analistas dicen que genera pasiones viscerales encontradas: hay gente que lo idolatra a muerte, que lo adora, y hay gente que lo odia con todas las entrañas.

La política ha sido transversal a Gustavo Petro. A sus 62 años recoge un paso por la vida pública que lo ha llevado a ser personero y concejal de Zipaquirá, guerrillero, representante a la Cámara, agregado de la embajada de Colombia en Bélgica, alcalde de Bogotá y senador de Colombia durante dos periodos.

Es estoico, pausado, teórico: algunos lo califican como orgulloso, autosuficiente, engreído, y sus enemigos políticos hasta dicen que es ateo, para alejarlo de los votantes en un país católico,

Petro es reconocido como uno de los senadores más destacados del país tras destapar escándalos atroces como la ‘parapolítica’ (inflitración de paramilitares en la política) y los llamados falsos positivos (asesinatos extrajudiciales por parte del Ejército). En 2011 ganó las elecciones para la alcaldía de Bogotá.

Tras una investigación disciplinaria por el manejo de una crisis relacionada con el sistema de recolección de basuras en la ciudad,  en un típico caso de lawfare, fue destituido por la Fiscalía e inhibido de ejercer cargos públicos. Si no le puedes ganar en elecciones, impide que participe en ellas.

Pero lo que podría leerse como una «muerte política», le dio a Petro un impulso popular que dejó imágenes muy recordadas, con el alcalde defendiéndose en plaza pública y una multitud llenando la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, hecho que no se veía desde hacía décadas en el país, ayudando a construir la imagen de ser un perseguido por su victoria jurídica internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó su restitución como al alcalde de la capital en 2014, le permitió catapultarse como el líder de izquierda que se ha construido hasta hoy.

Petro fue el segundo más votado en las elecciones presidenciales de 2018, detrás de Iván Duque, el candidato del establishment, en una campaña altamente polarizada. Muchos, con el miedo de «ser como Venezuela» como decía la campaña del Centro Democrático, votaron en contra de Petro, apoyando a Duque, actual presidente de Colombia, cuya gestión no alcanza el 20 por ciento de aprobación.

Sin embargo, en esta campaña, la de 2022, Petro ha mostrado un tono más moderado, criticado por muchos de sus filas, por unirse con políticos tradicionales que manejan las llamadas maquinarias políticas, como el expresidente liberal César Gaviria, quien podría brindarle su apoyo luego de las consultas internas.

En la segunda vuelta, todos se alinean contra el cambio, contra él. «Yo no puedo ser ni ambicioso ni falso de que históricamente en cuatro años se pueda producir el cambio real de la sociedad y del Estado colombiano, pero iniciamos una transición. ¿Hacia dónde? Hacia la democracia y hacia la paz», puntualizó.

Los colombianos tienen la oportunidad de cambiar su historia. O al menos de intentarlo. Gustavo Petro, Francia Márquez y el equipo de Colombia Humana se juegan el presente y el futuro ante una derecha y ultraderecha encaramadas en el poder desde hace más de cinco décadas, succionando las riquezas del país, sumando masacres, desapariciones, asesinatos masivos y selectivos, represión permanente… y hambre, mucha hambre y desigualdad.

…

Pero, lo decía en el título, yo no voy a votar por Petro: No vivo en Colombia ni soy ciudadano colombiano…

-El autor, Aram Aharonian, es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

*Fuente: SurySur

El articulo Yo no votaré a Petro apareció primero en piensaChile.

El articulo En un año, la pandemia desnudó la crisis capitalista y las desigualdades apareció primero en piensaChile.

No cabe duda que los jóvenes fueron quienes encabezaron el arrasador triunfo del Apruebo y Convención Constitucional en Chile. Algunos de ellos votaban por primera vez y lo hicieron junto a aquellos ya mayorcitos que desafiaron las amenazas y la pandemia que deja más de 14 mil muertos en el país, para consolidar la ruta de salida del neoliberalismo.

Fue el repudio popular a cuatro décadas de un ordenamiento nacido de la más dura represión y, quizá, el inicio de un pasaje ordenado y moderado a la siguiente etapa, sin rupturas radicales con estas tres últimas décadas de gobiernos constitucionales pero no democráticos ni populares.

Tras el plebiscito, desde Chile y desde fuera, llegan los balances (como éste). Muchos quieren imponer el imaginario de que Chile cambió nuevamente gracias a un lápiz y un papel –por la vía institucional y republicana-, en recuerdo nostalgioso y romántico del gran logro del plebiscito de 1988 que derrotó a la dictadura. Desde el gobierno, señalan que “la gran mayoría del país decidió un camino por la vía institucional”.

La falacia omite la realidad, ya que el famoso lápiz y papel fue el final –entonces y ahora- de un largo proceso que se inició en 1983 con paros y protestas y cientos de muertos, muchos de ellos de la resistencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Hoy intentan olvidar o minimizar el largo proceso de un año de movilizaciones continuas, muertos y mutilados, y quieren imponer el imaginario que esta historia terminó con el voto y es hora de abandonar la calle, regresar a casa y dejar todo en manos de los “expertos” de las elites. Expertos en traiciones, como lo demuestra la historia chilena de dos siglos.

El domingo 25 se abrió la ventana para la necesaria renovación de la elite dirigente, una imprescindible oxigenación generacional, de liderazgos y de ideas, pero son los mismos de siempre, los traidores con historia, que comenzaron a candidatearse para ser constituyentes el año próximo. Y lo que se necesita son nuevas voces que transmitan las necesidades del Chile real, ese que no aparece en la televisión ni en los medios.

Si bien el proceso constituyente surge de un acuerdo entre los partidos de la burguesía frente al escenario impuesto por la movilización popular, existen enormes vacilaciones y vacío programático en la clase dominante para resolver sus pugnas, ante el deplorable estado de los aparatos ideológicos (Iglesia, cúpulas sindicales, sistema de educación).

La clase obrera venía aumentando sus niveles de actividad desde el año pasado, especialmente a raíz del estallido social del 18 de octubre: las huelgas aumentaron en un 68% en 2019 con respecto a las registradas en 2018. Debería la izquierda encauzar la acción política de la clase obrera frente a la encrucijada puesta por la burguesía, como actor autónomo e independiente con programa propio.

Lo relevante es que pese a las vacilaciones de la burguesía, el aparato de Estado propiamente tal no se ha quebrado: las fuerzas represivas siguen aglutinadas en torno al gobierno y clases populares no han sido capaces de levantar un contrapoder capaz de llevar a cabo dicho quiebre.

La nueva-vieja izquierda

Hoy se habla de una nueva izquierda, con el surgimiento del Frente Amplio en 2017 (conquistó el 20 por ciento de los votos), y del renacimiento del Partido Comunista, de la mano de  Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Pero las formas son las mismas: en lugar de hablar de encauzar la Constituyente, de la renovación radical de la vida política con la elección de una nueva generación de representantes, comenzaron a negociar las candidaturas presidenciales.

Mientras, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a la unidad de Chile Vamos, coalición a la que solicitó preparar una lista única de candidatos a la Convención Constitucional y a todas las contiendas del nutrido calendario electoral de 2021.

El referendo cambia el escenario político chileno, profundizando la crisis de los partidos tradicionales, tanto los de derecha, como los de izquierda, inclusive de la Convergencia Social (escindidos del Frente Amplio), abriendo espacio para una renovación. No sería raro que algunos progresistas y centristas, ausentes o expulsados de las movilizaciones populares, trataran de reflotar la vieja Convergencia Democrática, de socialistas y demcristianos, como alternativa para la derecha light y el centrismo.

Han recorrido un largo camino, muchachos

El estallido social de octubre de 2019 fue el corolario de los levantamientos de rebeldía que se han sucedido desde 2006, cuando los estudiantes secundarios (los pingüinos) mantuvieron una prolongada huelga para exigir el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Educación.

A esto le siguieron movimientos ambientales contra megaproyectos energéticos y de reivindicaciones de regiones apartadas afectadas por el centralismo, movilizaciones populares que tuvieron sus puntos altos en 2011 con la lucha por “una educación pública libre y gratuita”, en 2017 con el propio Movimiento No Más AFP (fondos privados de pensión) y en mayo de 2018 con la Rebelión Feminista contra el patriarcado.

La Ley de Pesca, fraudulentamente tramitada en el primer gobierno de Piñera (2010-2014) y los posteriores escándalos de financiamiento ilegal de campañas, conocidos como Caso Penta y Caso SQM (Sociedad Química y Minera), revelaron una corrupción empresarial transversal a los partidos y a varios de sus parlamentarios.

La Iglesia católica, otra institución valorada por su defensa de los derechos humanos bajo la dictadura, perdió influencia y credibilidad en la población con el destape de episodios de pedofilia encubiertos por algunos de sus jerarcas, y durante el estallido social no tuvo protagonismo alguno.

El ciclo creciente de protestas, interrumpido por la pandemia de Covid-19, obligó al Parlamento a aprobar una ley para que la Asamblea Constitucional -que se elegirá el 11 de abril próximo- sea absolutamente paritaria en su composición entre hombres y mujeres, que no solo reconoce a las mujeres el derecho a participar en igualdad de condiciones, sino también a escribir una nueva Carta Magna con enfoque de género.

¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? era la pregunta de la segunda papeleta de votación del Plebiscito. Chile tendrá una Convención Constituyente para elaborar la Constitución, formada por 155 ciudadanas y ciudadanos elegidos por voto popular el 11 de abril próximo.

Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial y líder del progresismo , señaló que  “no es eficiente tener dos Congresos, más aún cuando el árbitro está en contra”. Detalló que “cuando uno elige una Constituyente y tiene un Congreso al mismo tiempo, va a haber una disputa de hecho y de derecho y, por tanto, lo mejor es que tengamos un solo Congreso Constituyente”

La calle ganó el plebiscito

No se trata de una concesión de la clase política, sino de una lucha sin cuartel, donde las víctimas pertenecen a las clases populares, que durante 47 años fueron ninguneados por quienes aceptaron el pacto de transición con las fuerzas armadas. Son los mismos que desmovilizaron a la sociedad civil, traicionaron el espíritu del No en el referendo de 1988 y en 1990 se hicieron con el poder, recuerda el analista chileno Gustavo González.

Por eso es imprescindible impedir que las fuerzas de la derecha logren una influencia determinante en la Convención Constitucional, y para ello los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la renovación, gestoras del fin de la institucionalidad pinochetista, deben alcanzar una hegemonía que se traduzca en una constitución realmente democrática que signifique la superación del neoliberalismo.

Chile vive un proceso político caracterizado e impulsado por la calle, por la movilización popular, donde los púberes y jóvenes han tomado la batuta y expuesto sus vidas. Pero bajo la amenaza latente de que el gobierno y la derecha podrán revertir su derrota si logran controlar la Constituyente.

Resulta imposible que Chile se consolide como un Estado democrático de derechos sociales, plurinacional y pluricultural, con reconocimiento de sus pueblos originarios, de igualdad de géneros, con plena vigencia de los derechos humanos en sus más amplias acepciones, sin romper con las preceptivas neoliberales del Estado subsidiario y de las instituciones que lo sustentan.

Hace más de cuatro décadas, Salvador Allende había señalado que “no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”. De eso se trata, de hacer una Constitución democrática desde abajo.

El domingo 25 se registró la mayor participación ciudadana en una elección: casi el 51 por ciento del padrón de electores, de 15 millones. La abstención se puede explicar por el  temor a la pandemia, insuflado desde la aprensa hegemónica y del gobierno, pero también por la desconfianza y rechazo a los desprestigiados partidos políticos.

Por eso se hace imprescindible el debate de los contenidos de la nueva Constitución y promover los candidatos independientes, desde las bases, que en abril del 2021 conformarán la Convención Constitucional. Aquellos comprometidos, sin ambigüedades, con la voluntad de cambio.

No hay que dejar de considerar la fuerza que aún tiene el polo conservador, que desde el fin de la dictadura retiene cerca del 40% electoral. El 20 por ciento logrado por el rechazo proviene de una derecha poderosa en lo financiero, político y militar, dispuesta a todo y que nunca ha dudado en derramar la sangre del pueblo cuando vieron comprometidos o amenazados sus intereses. Un nueva Constitución es la peor amenaza para la ultraderecha recalcitrante, el militarismo, los oligarcas.

Lo maravilloso de las elecciones es que el pueblo puede dar una bofetada y nadie puede responder. Mientras Piñera obtuvo el 26% del país para ser Presidente, el Apruebo obtuvo el 40%. Como votó la mitad del país (7.562.000 de 15 millones), ese 40% se transformó en 78%. El Rechazo obtuvo apenas el 11% del país, destacó Marta Lagos, directora de Latinbarómetro.

A nosotros, los que escribimos sobre “la bofetada”, también nos ha llegado un pedazo, por no haber sido lo suficientemente claros en decir las cosas por su nombre, añadió.

El domingo 25 el pueblo chileno comenzó a cavar la sepultura de la Constitución pinochetista y es la oportunidad para que los jóvenes de hoy se preparen para gobernar e ir definiendo su propio futuro. Su caudalosa participación en el plebiscito -en especial los de las comunas populares- parece clara señal de aceptación de esa responsabilidad. ¿Se los permitirán?

Obviamente hay que comenzar a construir el necesario movimiento político-social que destierre sectarismos, pero las primeras manifestaciones de los grupos políticos de la izquierda y de la centroizquierda no se ven muy proclives a intentar la unidad de acción, y mucho menos  a actualizar doctrinas y cambiar métodos de organización y lucha.

“En Chile las instituciones funcionan” señalaba permanentemente el expresidente socialdemócrata Ricardo Lagos al inicio del milenio, el siglo y la década y era un elogio a la moderada transición dirigida por los partidos de la Concertación por la Democracia, y un implícito reconocimiento a la fortaleza de la institucionalidad heredada de la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Los mismos que hace un año salieron a las calles para poner fin al oprobio neoliberal son los que hoy alertan: “Desconfía de quienes nos llamen a detenernos, a desmovilizarnos, de los que llaman a la moderación, nos quieren amarrar de manos para que seamos obedientes en su cocina constitucional. El pueblo exigió, logró y votó Nueva Constitución y el Pueblo Manda”

-El autor, Aram Aharonian, es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

*Fuente: SurySur

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Toda la prensa hegemónica especula con la vacuna para el Covid-19, la píldora (o poción) milagrosa que ipso facto terminará con la pandemia. Pocos se han puesto a pensar en la pospandemia, en cómo será América Latina y el Caribe, cuando el pronóstico optimista es de un desempleo de 50 millones de personas para el fin de año y la pobreza que alcanzará a 230 millones, el 37 por ciento de la población regional.

La situación económica será similar a la de hace una década: La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), habla de una década perdida. Pero, para ser sinceros, hay otras pandemias que venimos arrastrando desde 1492 y para las cuales pareciera que no hay cura. Hoy 96 millones de latinoamericanos y caribeños carecen de ingresos.

Estamos hipersensibilizados sobre las consecuencias humanas del Covid-19 y la prensa hegemónica –radio, diarios, revistas, televisión, redes sociales- siguen a diario la carrera de las empresas farmacéuticas trasnacionales por quién patenta primero la vacuna contra el coronavirus. La pobreza o la desnutrición no se combaten, porque eso no es negocio.

Por eso, pongámonos a pensar en la pospandemia, cuando el desempleo y la necesidad de alimentar a millones de conciudadanos, sin acceso al trabajo (y por ende a la comida), cuando deban elegir entre un pedazo de pan y la cuota de internet…

El analista chileno Marcos Roitman se pregunta si hay vacuna para la pobreza o para la evasión de capitales. ¿Se puede luchar contra el hambre? ¿Son viables una vivienda digna y una educación pública de calidad? En nuestra región los pobres mueren a diario por enfermedades que tienen mucha menos prensa, como el sarampión, el dengue, la difteria, el chagas, pero tienen la misma mortalidad.

El hambre, la falta de condiciones higiénicas, la explotación infantil, el desempleo, la trata de mujeres no son considerados pandemia y morir por esas causas es algo natural. Así, la necropolítica hace su aparición como forma de organización social del capitalismo.

¿Es viable tener una salud pública para todos? Obviamente eso atentaría contra la salud privada, los médicos-taxímetro, las clínicas privadas y las empresas farmacéuticas, entre otras. Las cifras nos muestran que el 22 por ciento de la población mundial (1.500 millones de personas) no recibe ninguna atención médica, mientras 115 millones de menores de cinco años padecen desnutrición crónica y 700 niños mueren cada día por diarrea.

Las fotos y los vídeos nos muestran nuestras nuevas realidades que, en nombre del dios Mercado, como la privatización de la salud poniéndola en manos de los buitres de las empresas de capital de riesgo, atentan contra la dignidad humana. Cadáveres abandonados en las calles se repiten en las calles de Lima, de Santiago, de Bogotá, de Quito, Barcelona, Río de Janeiro o San Pablo. Muertos por Covid-19 o por cualquiera de las otras pandemias, sobre todo la del hambre.

La muerte para estos gobiernos neoliberales es su arma de guerra, y seguirán muiendo ciudadanos, hombres, mujeres y niños, incluso si surgiera la vacuna del Covid-19. Porque para el capitalismo, los tratamientos de las enfermedades y pandemias son propiedad de alguna empresa, nacional o trasnacional.

Necropolítica, necroeconomía

Achille Mbembe, teórico camerunés que acuñó el concepto de necropolítica, señala que la política de la muerte, instrumenta los diversos medios por los cuales las armas se despliegan con el fin de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones son sometidas a condiciones que les confieren el estatus de muertos vivientes.

La necropolítica, dice Mbembe, está en conexión con el concepto de necroeconomía: Una de las funciones del capitalismo actual es producir a gran escala una población superflua, que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar, pero hay que gestionar de algún modo. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales. Otra técnica consistiría en aislarlos y encerrarlos en zonas de control. Es la práctica de la “zonificación”.

Mbembe señala que el capitalismo tiene como función genética la producción de razas, que son clases al mismo tiempo. La raza no es solamente un suplemento del capitalismo, sino algo inscrito en su desarrollo genético. En el periodo primitivo del capitalismo, que va desde el siglo XV hasta la Revolución Industrial, la esclavización de negros constituyó el mayor ejemplo de la trabazón entre la clase y la raza.

En las condiciones contemporáneas, la forma en que los negros fueron tratados en ese primer periodo se ha extendido más allá de los negros mismos. El “devenir negro del mundo” es ese momento en que la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tiende a desaparecer y borrarse, sin que nadie –negros, blancos, mujeres, hombres- pueda escapar a ello”, señala.

Asevera que es justamente a partir de la necropolítica y la necroeconomía que podemos comprender la “crisis de los refugiados”, resultado directo de dos formas de catástrofes: las guerras y las devastaciones ecológicas, que se afirman recíprocamente. Las guerras son factores de crisis ecológicas y una de sus consecuencias es fomentar guerras.

La crisis de los refugiados tiene también que ver con la «repoblación del mundo», en la medida en que las sociedades del norte envejecen, aumenta su necesidad de repoblarse, y la migración ilegal es una parte esencial de ese proceso, que seguramente se acentuará en los próximos años. La reacción de Europa está siendo esquizofrénica: levanta muros en torno al continente, pero necesita la inmigración para no envejecer, afirma Mbembe.

El gobierno privado indirecto a nivel mundial es un movimiento histórico de las élites que aspiran, en última instancia, a abolir lo político. Destruir todo espacio y todo recurso -simbólico y material- donde sea posible pensar e imaginar qué hacer con el vínculo que nos une a los otros y a las generaciones que vienen después.

Para ello, se procede a través de lógicas de aislamiento -separación entre países, clases, individuos entre sí- y de concentraciones de capital allí donde se puede escapar a todo control democrático, expatriación de riquezas y capitales a paraísos fiscales desregulados, entre otros. Este movimiento no puede prescindir del poder militar para asegurar su éxito: la protección de la propiedad privada y la militarización son correlativos hoy en día, hay que entenderlos como dos ámbitos de un mismo fenómeno.

La crisis humanitaria como negocio

La biopolítica necesaria al capitalismo (preservar vida y salud para garantizar la normalidad de la acumulación) se ha tenido que combinar con la necropolítica (hacer morir a aquellos que ya resultan desechables). Conmocionan las declaraciones del Vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien afirmó que los mayores de 70 años deberían dejarse morir para salvar la economía estadounidense.

La pandemia dejará millones de ciudadanos muertos, pero también a pocos empresarios con los bolsillos llenos, como los propietarios de los sistemas de comunicación o algunas farmacéuticas, con el sueño de vender dos mil millones de dosis para alcanzar la inmunidad del rebaño.

Pero esto, aunque inmoral, tampoco es nuevo: el costo del tratamiento contra la hepatitis C es de 1,5 euros pero la dosis se vende a mil euros. Médicos Sin Fronteras señaló que en un país pobre, una vacuna o medicamento cuesta 68 veces más que en uno desarrollado.

Lo cierto es que decenas de millones de los 630 millones de latinoamericanos y caribeños vienen soportando el distanciamiento social y el confinamiento bajo el hambre: pocos gobiernos han creado planes para ayudar a la subsistencia de sus ciudadanos, que en varios países recurren a las ollas populares o comunes y a la solidaridad de clase para hacer frente a la pandemia.

¿Es el auge del “capitalismo del desastre”, lo que nos viene después de la pandemia?

La crisis humanitaria no es sólo la pandemia del Covid-19. Está en la mayoría de nuestros países donde el hambre, la pobreza, la desigualdad, la miseria, la desocupación, el desempleo conviven con la evasión de impuestos, la fuga de capitales, la explotación de las riquezas naturales por empresas trasnacionales y contra la naturaleza y la soberanía.

A esas pandemias no se les busca vacunas: el capitalismo, en su carrera necropolítica, no las combate. Las incentiva.

 -El autor, Aram Aharonian, es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

*Fuente: SurySur

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Los ganadores con la pandemia

La debacle causada por la pandemia ha devastado economías nacionales, multiplicado el desempleo, la marginación, el hambre y la pobreza y la crisis o quiebra de empresas de todos los tamaños.

Pero algunas compañías y algunos de los más ricos del mundo han ganado en grande con esta pandemia, al acelerarse la tendencia a la digitalización, la robotización y el uso de inteligencia artificial de muchas actividades industriales y financieras, así como de nuevos sistemas de vigilancia y control ciudadano.
Las principales ganadoras de la pandemia son las grandes plataformas digitales Amazon, Microsoft, Apple, Google (Alphabet), Facebook, Baidu, Alibaba, Tencent. Las primeras cinco, conocidas como Gafam, tienen matriz en Estados Unidos. Las otras tres, con el ahora sugestivo acrónimo de BAT, en China. Otras plataformas digitales, como las de entretenimiento, Zoom y algunas de entregas a domicilio también han crecido.
Un informe del Grupo ETC señala que la primacía de mercado y ganancias de las ocho mayores plataformas (Gafam y BAT) es abrumadora: 70 plataformas digitales tienen 90 por ciento del mercado mundial, pero las siete más grandes tienen dos tercios y han aumentado significativamente sus ganancias en 2020, al igual que sus fundadores, Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) y Mark Zuckerberg (Facebook).
Las empresas estadounidenses y chinas controlan 75 por ciento de las nubes de cómputo, 75 por ciento de las patentes sobre cadenas de bloque (blockchain) y representan 90 por ciento del valor de capitalización de mercado de todas las plataformas digitales.
Las megaempresas se tragan a competidores más pequeños, logrando un control oligopólico del mercado. En años recientes, Facebook compró WhatsApp e Instagram; Microsoft adquirió Skype y Amazon a Souq, la principal plataforma de Medio Oriente. Facebook controla dos terceras partes de las redes sociales y Google más de 90 por ciento de las búsquedas. Amazon, la mayor ganadora con la pandemia, superó a Walmart como la mayor en ventas minoristas a escala global.
Uno de los nichos de dominación de mercado es que ofrecen almacenar los datos de otras empresas e instituciones públicas en sus servicios de nubes, donde también pueden manejar, manipular o incluso vender esos datos con inteligencia artificial. Esta capacidad de almacenamiento y uso de datos, llamada extracción o minería de datos, es el motor fundamental de sus ganancias.
Las grandes plataformas no tienen casi fiscalización, regulación o supervisión pública. Básicamente establecen sus propias reglas, y alegando su carácter global están entre los mayores evasores de impuestos, lo que significa cifras astronómicas, mayores que el PIB de decenas de países enteros.
El factor fundamental de ganancia son los datos que les entregamos al usar estas redes. Individuos y gobiernos que entregan o facilitan a esas plataformas los datos de sectores enteros de la población. Por ejemplo, gobiernos latinoamericanos pretenden que la educación a distancia se realice a través de las herramientas que ofrecen Google y Youtube, con lo que éstas tendrán acceso a una multiplicidad de datos de profesores, alumnos e instituciones, incluyendo intereses, edad y ubicación.
Las implicaciones de control, vigilancia y potencial represión gubernamental de estos sistemas preocupan a todos, pero sobre todo las consecuencias políticas y económicas que tienen al otorgarle acceso masivo de los datos de los ciudadanos y la inducción que las que compran los datos ejercen para vender desde productos a preferencias electorales (recordar Facebook y Cambridge Analytica). No es sólo un tema de privacidad de datos personales, se trata de los nuevos gerentes del mundo y cómo enfrentarlos colectivamente, señala Silvia Ribeiro, autora del informe de ETC.

¿Qué mundo les tocará vivir a las nuevas generaciones?

Mucho se ha escrito –y queda por escribir- sobre los escenarios para el mundo pospandémico. Para la visión occidental hay tres posibilidades: uno, regreso a la normalidad y la superación de la crisis en unos meses; dos, la intensificación de la disputa entre el mundo autoritario y la defensa de la democracia, y tres, la expansión del ideal aceleracionista de Silicon Valley, que profundizará la dependencia de las sociedades en relación con las plataformas digitales.
El virus del coronavirus parece ser la bisagra o la fecha que en el futuro se usará como símbolo del cambio histórico económico y político hacia la digitalización de la economía, la financiarización, la moneda virtual, hacia la materialización de nuevas relaciones sociales. Pasaremos del fetichismo de la mercancía al fetichismo de la virtualidad.
Todo se manejará sobre plataformas, no habrá más relaciones cara a cara, y eso traerá nuevas percepciones, nuevas sensibilidades, incluso nuevos valores y sentimientos. Pero, sobre todo, nuevas formas de un capitalismo esclavizante, quizá como lo fuera el pasaje del feudalismo al capitalismo, señala un estudio del Centro latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Los analistas señalan que las plataformas serán los amos, y los «esclavos libres», trabajadores que pondrán sus tiempos en las plataformas que recibirán a cambio puntos (o cualquier mediación) para canjear por lo que requiere sólo para vivir, ya que no será necesario la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero vale la pena recordar que sólo el trabajo es lo que genera valor. El capital sólo produce valor en tanto y en cuanto es relación de fuerza, relación de coerción sobre el trabajador, obligándolo a ejecutar un sobretrabajo.
En el tiempo de la antigua esclavitud, el opresor debía cuidar de sus siervos, y en cambio, en el capitalismo las condiciones laborales y el cuidado quedaba en manos de la familia.
Ahora, si se eliminan todas las condiciones laborales, las responsabilidades del empleador se trasladan al trabajador y será su responsabilidad cómo y cuánto trabaja, lo que –bien publicitado- puede generar una apariencia de libertad, aunque en realidad es un esclavo-libre, cuyo mayor amo es la necesidad.
El amo, el empleador, el jefe desaparecen físicamente, mientras el teléfono y la pantalla pasan a ser mediadores de las plataformas. Sin ellas, sin internet no hay socialización, por ende, uno desaparece, y solo subsistiría dentro de las plataformas, dentro de la virtualidad. Cada uno debe decidir qué plataforma, qué economía digital le brinda mejores opciones para su subsistencia.
El filósofo inglés Thomas Hobbes señalaba que «no basta con que un hombre trabaje para el mantenimiento de su vida; sino que, además, debe luchar, si hace falta, para conseguir su trabajo». O sea, habrá que luchar dentro de la digitalización para conseguir las condiciones de nuestra subsistencia. La propia y la de la humanidad.
-El autor, Aram Aharonian, es periodista y comunicólogo, nacido en Uruguay, con vasta experiencia en América latina. Magister en Integración. Creador y fundador de Telesur, preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Observatorio en Comunicación y Democracia y el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en Wall Street Journal Magazine
*Fuente: SurySur

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17 de octubre de 2019
Un pequeño número de corporaciones, principalmente firmas de armas y también de información tecnológica, han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la militarización fronteriza entre Estados Unidos y México, de la que se han beneficiado con miles de millones de dólares en contratos.

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Resurge la esperanza de reconstruir la integración latinoamericana, basada en un eje movilizador entre Ciudad de México y Buenos Aires, con la decisión del presidente  Andrés Manuel López Obrador de volver la mirada al sur y la expectativa del gobierno de Alfredo Fernández y de su visión geopolítica puesta en la región y no en el Norte.

Si la elección de López Obrador fue un tsunami, la de Fernández también será un cimbronazo, por sus efectos en una región que se está moviendo y donde la derecha y sus medios hegemónicos se apresuraron demasiado a hablar del fin del ciclo progresista.  Fernández ofreció algunas interesantes definiciones sobre integración desde Argentina y durante sus visitas a varios países y también al expresidente Lula, en la cárcel.

“ La región tiene que volver a unirse. Frente a un mundo que se globaliza, nosotros vamos a tener que enfrentar ese desafío y es mucho más fácil enfrentarlo si estamos unidos que separados (…) Lo que pasó en los últimos tiempos es que como consecuencia de la ruptura de Unasur, la poca importancia que le dieron Brasil y Argentina al Mercosur”, señaló el –seguramente- próximo presidente argentino.

Para Fernández es imprescindible «volver a vincularnos, con todos y más allá de la situación interna de cada país en un acuerdo de intereses de la región, con prescindencias de la ideología de los partidos de los gobiernos de turno, y ayudar a los venezolanos en encontrar una solución para su país. La solución no es la intervención, sino ayudar a que Venezuela encuentre esa solución».

Estas opiniones significan un cambio de 180 grados en la política exterior argentina, donde en lugar de la agresividad y animosidad del régimen de Mauricio Macri hacia el gobierno venezolano, y la postura aliado-dependiente de Washington, se mostró partidario de una salida política, coincidiendo en eso y también en la necesidad de retornar la mirada al sur (desde el sur) con el discurso de López Obrador.

La cancillería mexicana sorprendió al afirmar que está dispuesta a asumir la presidencia de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) el año próximo, para poner a funcionar el organismo de 33 países de la región –sin Estados Unidos ni Canadá- que los gobiernos de derecha, asumiendo la estrategia de Washington, quieren congelar, desarticular, invisibilizar.

Suspendido un encuentro entre Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (pactado en principio para la semana pasada), en el mes de noviembre está programado en Buenos Aires el segundo encuentro del Grupo de Puebla (GP), con presencia de decenas de líderes políticos de América Latina, tras la reunión inaugural del 12 de julio en la ciudad mexicana de Puebla (de ahí el nombre del grupo).

En su documento fundacional este espacio progresista latinoamericano se plantea el objetivo de analizar los desafíos comunes de cada uno de los participantes y trazar iniciativas conjuntas, en pos del desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos.

Si bien Alberto Fernández no participó del encuentro de Puebla, varios de sus colaboradores estuvieron presentes: Jorge Taiana, Felipe Solá, Carlos Tomada y Julián Domínguez  (los dos primeros candidatos a ocupar la cancillería desde el 10 de diciembre).

El GP cuenta ya con siete expresidentes: Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), Ernesto Samper (Colombia) y Fernando Lugo (Paraguay); y dos actuales candidatos: Alberto Fernández (Argentina) y Daniel Martínez (Uruguay).

También integran el grupo, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad (excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores); dirigentes chilenos como el senador Alejandro Navarro, el presidente del partido Progresista Camilo Lagos; la diputada comunista Karol Cariola y el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza; la joven legisladora ecuatoriana Gabriela Rivadeneira  y  Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial mexicano y fundador del PRD.

Antecedentes

El Grupo de Puebla tiene sus antecedentes en los esfuerzos del Foro (anual) de Biarritz, iniciado en el año 2000, que fue encrucijada de los intercambios entre dirigentes de Europa y América Latina. Plataforma de debates, de reflexión y de de análisis de las problemáticas comunes, el Foro de Biarritz reunió cada año a líderes políticos y económicos de ambos continentes.

Tuvo como principales animadores al expresidente colombiano Ernesto Samper y a Didier Borotra, alcalde de la ciudad de Biarritz, en Francia y como director ejecutivo al galo Xavier Cazaubon.

En 2008, los líderes latinoamericanos –entre ellos más de 20 expresidentes- reunidos en el Foro de Biarritz plantearon en un libro la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo de gobernabilidad en la región, amenazada por las desigualdades.

El tema de la gobernabilidad fue identificado ya entonces como el mayor desafío de la región, tras la quiebra del modelo de desarrollo del Consenso de Washington, que detuvo el crecimiento y amplió las condiciones de desigualdad social, dando lugar a las protestas sociales, producto de la inconformidad popular con la situación de la región.

Otro de los temas abordados, once años atrás, fue el de las denominadas «patologías globales», en relación al narcotráfico, la corrupción y el armamentismo, ya que por el mismo canal por donde circulan las mercancías, los servicios y la tecnología, también circulan las drogas, los corruptos y la armas, señalaban.

Hoy el GP deberá estudiar viejas y nuevas problemáticas: cambio climático, migración, narcotráfico, desigualdad social, nuevas tecnologías y trabajo, brecha digital, defensa regional, necesidad de reconstruir entidades financieras regionales, el afianzamiento de la democracia, la participación ciudadana, entre muchas otras.

Tomando posición

Tácticamente, el GP no apunta a confrontar con Estados Unidos (en lo que está enfrascado el Foro de Sao Paulo, de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde centroizquierdistas hasta colectividades de izquierda, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil), sino a trabajar en la consolidación de un sistema de alianzas que permita la gobernabilidad sin dependencia.

En realidad, se presenta como contracara del Grupo de Lima, formado por EU con sus más cercanos aliados-cómplices con el fin de derrocar al presidente constitucional venezolano Nicolás Maduro.

Aún en formación, el Grupo de Puebla rechazó el 11 de septiembre «cualquier intento de uso de la fuerza que quebrante el principio de solución pacífica de las controversias y que posibilite una intervención militar en Venezuela por parte de fuerzas extranjeras, incluida la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento arcaico para intervenciones militares en países de América Latina durante la Guerra Fría».

La declaración del GP fue en respuesta a la decisión de once países de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), herramienta que contempla «el empleo de la fuerza armada» para una eventual intervención.  El Grupo respalda la necesidad de una salida negociada, propugnada en los foros regionales por México y Uruguay.

Poco antes el GP había condenado las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. «Estas agresiones demuestran, una vez más, que Bolsonaro no puede convivir de manera civilizada y democrática con la comunidad internacional», señalaron. Bolsonaro también reivindicó la dictadura de Augusto Pinochet .

Marco Enriquez-Ominami, el aun joven precandidato presidencial chileno y uno de los articuladores del Grupo, señala que el progresismo cuando gobierna, lo hace con una lógica pragmática, sin pelearse con el mercado ni dogmatizar el rol del Estado, sino que poniendo como norte la necesidad de mejorar las condiciones de vida de todas y todos.

Debe haber una relación entre la total libertad de los mercados (laissez faire) y la jibarización del Estado (laissez passer). Para ellos (la derecha) los problemas del mercado se solucionan solos (porque los mercados se auto-regulan). El Estado, que es hoy un estorbo, debiera convertirse en poco más que una Pyme, añade.

Los promotores del Grupo, señalan que el modelo progresista no es anti-mercado. Y señalan que las sociedades contienen al Estado y al mercado como herramientas constitutivas de su ordenamiento. Solo un Estado fuerte y protagonista podrá ofrecer al mercado las certezas que necesita para funcionar de manera armónica.

Para el modelo progresista la democracia es fundamental y no resiste medidas que pongan a sufrir a la gente para favorecer los indicadores financieros. Es que el modelo de Mauricio Macri, Esteban Piñera, Jair Bolsonaro y también el que pretenden imponer en Uruguay los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado, ve a los mercados y a la economía desde una simpleza negligente.

Las medidas progresistas necesitan mercado y Estado; inversión privada y extranjera, crecimiento, pero, también redistribución. Porque si la economía no tiene un componente moral, es mera matemática, añaden.

Desde su punto de vista, el principal problema no es que nuestros países sean pobres, sino que son desiguales. El Estado debe hacerse cargo de esa desigualdad para que los mercados puedan funcionar desde el consumo. La prosperidad debe ser social, porque de otro modo, no hay consumo, crece la desigualdad y la democracia comienza a hacer aguas.

¿Otros progresistas?

Con calculada precisión intentan quedar bien distanciados de la derecha que se disfraza de renovada, pero sobre todo de la izquierda del siglo 21, que va desde la revolucionaria de Hugo Chávez, a los modelos de Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva y Dilma Rousseff, de los pasivos que dejaron sus gobiernos,  agigantados por la falta de autocrítica y por el terrorismo mediático de los medios hegemónicos.

Esto significa zafar la estigmatización mediática de pertenecer a lo viejo, lo caduco, frente a lo “moderno” y “la inclusión en el mundo” prometido por los gobiernos neoliberales.

Pese a la instalación del imaginario colectivo de que “no se puede” cambiar el orden establecido, se produjo en los últimos dos años unos renovada ola progresista en la región, con Andrés Manuel López Obrador en México; Gustavo Petro en Colombia, Verónika Mendoza en Perú; Gabriel Boric y Giorgio Jackson en Chile, que surgen con reivindicaciones de derecho social y soberanía en países con gobiernos neoliberales .

Estos liderazgos no nacen de movilizaciones multitudinarias, de estallidos sociales, de la lucha obrera tradicional y, quizá por ello, las nuevas propuestas no son revolucionarias, rupturistas. Es una nueva apuesta por el quizá sí se puede y es, entonces cuando la derecha ve peligrar su hegemonía, al paso del fracaso de las políticas neoliberales, el crecimiento de la desigualdad, la miseria, la exclusión.

Generalmente estos grupos tienen origen, su punto de partida en la variopinta izquierda, uno actualizando sus propuestas y tratando de armar un proyecto político común. Así, la  vía electoral se presenta como la salida, sin necesidad de salir a las calles. Muchas veces es apenas una salida individual, pero otras son en beneficio de las mayorías.

Estos grupos seguramente se sumen al polo progresista en construcción y aún sin mayores definiciones, aunque parten de la exigencia de derechos sociales básicos, políticas inclusivas, oportunidades más igualitarias, mayor grado de soberanía y defensa de la democracia.

Hoy, ninguno de los gobiernos de derecha neoliberal en la región se muestra sólido. Colombia vive su calvario de asesinatos sistemáticos y desintegración, Ecuador acaba de abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a pedido de Washington.

En Perú la gente en la calle exige que se vayan todos (gobierno, congreso), en Paraguay la corrupción, el narcotráfico y el desgobierno minan al régimen que amenaza con sacar al Ejército a las calles. Chile vive su peor época desde la dictadura pinochetista y en Brasil –¡ay Brasil!- gobierna la extrema derecha oscurantista, xenófoba, homofóbica, racista, misógina.

Hay aires de cambio en la región. Aires progresistas, centroizquierdistas, que intentan terminar con esta noche de unas derechas, que sirven al capital financiero internacional, a las grandes empresas trasnacionales y a las elites de sus países, ese poder fáctico que lucra para que crezca la desigualdad, la precarización del trabajo, el hambre, la miseria y para que los recursos naturales dejen de ser de los pueblos y pasen a poder de las trasnacionales.

–El autor, Aram Aharonian, es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y www.surysurtv.net

*Fuente: SurySur

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Los feroces incendios que ya devastaron casi medio millón de hectáreas de la selva amazónica en Brasil prendieron fuego también a la reunión del Grupo de los Siete en Francia y chamuscaron y dejaron en estado crítico el tratado de libre comercio firmado recientemente entre la Unión Europea y el Mercosur.

Paradojalmente, el entreguismo de los gobiernos neoliberales del Mercosur salvó la reunión de los siete países capitalistas más industrializados (Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y Japón) y le dio un espaldarazo al presidente francés Emmanuel Macron para relanzarse como una figura internacional defensora del medio ambiente.

Pero lo más destacable es que en el imaginario colectivo internacional dejó a los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay) como incompetentes subdesarrollados que necesitan de la tutela del mundo “civilizado” para sobrevivir, porque si se los deja solos destrozan el planeta.

Los incendios amazónicos se extendieron con inesperada rapidez al terreno de la diplomacia europea, cuando el presidente francés Emmanuel Macron, acusó a su par brasileño, Jair Bolsonaro, de haberle mentido sobre sus compromisos en favor del medio ambiente y anunció su decisión de oponerse al TLC entre la UE y el Mercosur.

Macron aprovechó el enorme incendio de la Amazonia, las provocativas palabras de Bolsonaro y, sobre todo, la ausencia de reacción inteligente y soberana de los otros tres países del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay), no solo para atacar el acuerdo secreto suscrito recientemente sino para abrir la puerta de la ofensiva del G-7 para la internacionalización de la Amazonia, el pulmón del planeta (y, claro, sus recursos).

La minicrisis diplomática se expandió al resto de Europa, y la decisión de Macron fue apoyada por Irlanda. Alemania y Canadá también urgieron hablar sobre el tema de la Amazonia. Macron, en un discurso calificado de maniqueísta, señaló que por culpa de Bolsonaro y su política en el Amazonas se opondrá al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, lo que sirvió para esconder una vez más las responsabilidades de las siete potencias en los dramas actuales, entre ellos la desigualdad mundial que promueven.

Según documentos publicados esta semana por un sitio británico, Bolsonaro y su gabinete inundado de militares tendrían un plan bien preciso para la Amazonia: construir una autopista y una central hidráulica en el corazón de la selva, un proyecto que data de la época de la djictadura militar brasileña (1964-1983).

La reacción del gobierno francés fue tomada con cautela por el gobierno argentino, que había celebrado con bombos y platillos el desigual el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, sellado en junio tras 20 años de negociaciones. Pero el gobierno neoliberal de Mauricio Macri está de salida, lo que pone en duda de que este TLC sea aprobado en el Congreso, habida cuenta de la oposición sindical, empresarial y, sobre todo, del sector productivo.

Macron no habló –claro está- de Japón y su depredadora pesca de ballenas, Alemania y su multinacional Bayer, propietaria de la ecoterrorista Monsanto, Italia y su desprecio por la condición humana ante la crisis de los migrantes en el Mediterráneo, y todos como promotores y suministradores de armas que alimentan conflictos como el de Yemen, respaldan a dictaduras y hacen trizas la región del Medio Oriente.

En un discurso más mediático que político, Macron interpeló a los ciudadanos a “responder al llamado de los océanos y de la selva que se está quemando”, sin olvidar que por su política colonial aún vigente, Francia también se sitúa como país amazónico (por la Guayana Francesa). “Vamos a lanzar no un simple llamado sino una movilización de todas las potencias” reunidas en Biarritz, y ello “en asociación con los países del Amazonas para luchar contra el fuego e invertir en la reforestación”, dijo.

También el aún presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk puso en duda la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no combate los fuegos en la Amazonia brasileña. De igual modo, Tusk avisó que «no facilitará» al Reino Unido que pueda abandonar la UE sin acuerdo previo

Mientras Francia e Irlanda amenazaron con no aprobar este acuerdo, Finlandia, que preside actualmente la Unión Europea, propuso imponer restricciones a las importaciones de carne de Brasil, el segundo abastecedor cárnico mundial, como forma de presionar al país a preservar la Amazonia. «No hay posibilidad de que Irlanda vote en favor del acuerdo si Brasil no respeta sus compromisos medioambientales», previno el premier irlandés Leo Varadkar.

La reacción de Macron se produjo en medio de una extrema tensión entre ambos países, un día después de que Bolsonaro  lo acusara por tuit de «tener una mentalidad colonialista», que «instrumentaliza una cuestión interior de Brasil y otros países amazónicos» con «un tono sensacionalista que no contribuye para nada a resolver el problema».

Firmado a fines de junio, el acuerdo UE-Mercosur, que crearía un mercado de 780 millones de consumidores, es criticado no sólo en los países del Mercosur, sino también en Europa por el sector agrícola de varios países, pero también por ecologistas y ONGs. Parlamentarios europeos, al margen de la cumbre del G-7, habían alertado sobre la amenaza de Bolsonaro de «dejar el Mercosur» si la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner ganara las elecciones en la Argentina en octubre próximo.

Algunos analistas europeos prefieren interpretar la crisis entre Brasil y algunos países europeos como un triunfo de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y escéptico del cambio climático (como su imitador brasileño), enemigo del multilateralismo, de la UE y del acuerdo UE-Mercosur.

Pero, más allá del desigual tratado de libre comercio, los sudamericanos deben tener en claro que detrás de los discursos de protección ambiental, en la mente de los dirigentes de los siete principales países capitalistas está el apoderarse del pulmón del planeta y de sus enormes riquezas,

-El autor, Aram Aharonian, es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

*Fuente: SurySur

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