Dicho lo anterior pero centrándonos en lo económico, hemos actualizado los cálculos que habíamos realizado en marzo de 2019. Para ese momento las pérdidas que esta guerra ha ocasionado ascendían a US$ 125 mil millones. Ahora hemos calculado las correspondientes al 2019, las cuales totalizan para ese año US$ 68 mil millones.

Por lo tanto, las pérdidas económicas totales entre 2016 y 2019 suman US$ 194 mil millones.

Para los venezolanos, US$ 194 mil millones equivalen a aproximadamente 16 meses de producción nacional. Con ese dinero hubiésemos podido pagar la deuda externa completa que según el BCV es de US$ 110 mil millones. O tendríamos suficientes recursos para importar alimentos y medicamentos durante 45 años.

Estas pérdidas están desagregadas de la siguiente manera: US$ 25 mil millones corresponden al dinero y activos que nos han sido saqueados, mientras que los otros US$ 169 mil millones representan lo que hemos dejado de producir desde el 2016 hasta el 2019 como consecuencia del ataque contra PDVSA (US$ 64 mil millones) y del ataque al bolívar (US$ 105 mil millones).

Bloqueo/saqueo/piratería
John Bolton, confesó en enero de 2019: “Congelamos todos los bienes de la empresa estatal Pdvsa en territorio estadounidense [Citgo], bloqueamos US$ 7 mil millones en activos más US$ 11 mil millones en ingresos estimados por exportaciones durante el próximo año”.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de EEUU y sus aliados nos han saqueado US$ 25 mil millones. Ellos lo disfrazan como “sanciones”, otros, elegantemente las llaman medidas coercitivas unilaterales, pero no es otra cosa si no un descarado robo y un acto de piratería. Aproximadamente US$ 5.400 millones se encuentran retenidos en 50 bancos incluyendo las 31 toneladas de oro que nos tiene retenidas el Banco de Inglaterra. Están incluidos también los US$ 18 mil millones en activos y dividendos de la empresa Citgo.

No sólo nos robaron sino que además, en enero de 2019 el Departamento de Estado estadounidense anunció que le dio a Guaidó el control de bienes, activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias en EEUU, o sea, Guaidó ha sido el responsable de la administración de esos recursos. Nos gustaría saber cuánto de esos dólares ha destinado proteger a la población venezolana en tiempos de cuarentena. Lo que sí tenemos claro es que US$ 200 millones los destinó para cerrar un contrato con SilverCorp cuyo objetivo era contratar mercenarios para asesinar a venezolanos.

En cuanto al oro retenido debemos decir que el Banco de Inglaterra está obligado a devolverlo a su dueño inmediatamente éste se lo solicite. Ahora resulta que, según los ingleses, el dueño del oro es Guaidó quien dicen es el “presidente interino” de Venezuela. Es tan burdo este robo que quién en su sano juicio cree semejante barbaridad. El mundo entero sabe que no es Guaidó quien se sienta en la Asamblea General, ni en el Consejo de DDHH, ni en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni en las reuniones de la Opep. Obviamente tampoco se sienta en Miraflores y mucho menos da órdenes a la Fanb.

¿Acaso es Guaidó quien está haciendo frente al covid-19 en Venezuela y coordinando con la Organización Mundial de la Salud los protocolos y recepción de la ayuda sanitaria? Cosas veredes, amigo Sancho.

Ataque a Pdvsa
William Brownfield, ex embajador de EEUU en Venezuela confesó: “Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar el colapso aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”.

No es casual el ataque a Pdvsa, por el contrario es una acción premeditada y certera. Cualquier afectación a la industria petrolera tiene repercusiones no solo en la propia empresa, sino principalmente en la economía nacional y con ella en el pueblo venezolano.
La industria petrolera genera el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela por concepto de exportaciones. La disminución de dichas exportaciones, ya sea por la caída de los niveles de producción petrolera o por disminución del precio del hidrocarburo afecta el ingreso de divisas y con ello las importaciones de insumos, repuestos, maquinarias para la producción nacional. Pdvsa es el catalizador de la producción interna.

El precio del petróleo, por primera vez en la historia cayó durante 4 años consecutivos, la caída fue de 65%. Por otra parte, el bloqueo comercial y financiero contra Pdvsa, la dificultad e imposibilidad de traer repuestos e insumos y las trabas financieras, entre otras razones, han afectado la producción petrolera, la cual ha disminuido 64% pasando de 2,8 millones de barriles diarios en 2013 a 1 millón en 2019, lo que se ha traducido en una caída de 78% de las exportaciones petroleras (pasaron de US$ 85 mil millones anuales en 2013 a US$ 19 mil millones en 2019).

Entre el año 2016 y 2019 dejamos de producir US$ 64 mil millones a nivel nacional como consecuencia de la disminución de las exportaciones petroleras.

Ataque al bolívar
Richard Black, senador del partido republicano de EEUU confesó refiriéndose a Venezuela: “Hemos desmonetizado su moneda y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos: ‘Miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda”. (Sputnik 09-12-2019).

El ataque al bolívar, principal arma de la guerra económica, no solo induce la hiperinflación y con ella la pérdida del poder adquisitivo de la clase obrera, también contrae la producción nacional. En la medida en que la clase asalariada ve deteriorada su capacidad de compra consecuencia de la veloz y desproporcionada subida de los precios, ésta disminuye las cantidades demandadas de bienes y quien vende disminuye su producción.

Desde el 2013 el imperialismo ha inducido criminalmente la depreciación del bolívar en 241.657 millones por ciento, lo que ha derivado en un aumento de precios de 11.500 millones por ciento desde ese año y hasta la fecha.

Entre 2016 y 2019 dejamos de producir a nivel nacional US$ 105 mil millones como consecuencia del ataque al bolívar.

Que cada quien saque sus conclusiones de lo que estas pérdidas económicas por US$ 194 mil millones representan en angustia, indignación, calidad de vida y vidas de venezolanos. Que saque también las conclusiones del incalculable nivel de conciencia y por tanto de resistencia del pueblo venezolano que, siempre con la moral en alto, ha enfrentado a los enemigos de la Patria con la mejor de las estrategias: la unión cívico militar.

*Fuente: Últimas Noticias

El articulo Impacto de la guerra económica en Venezuela apareció primero en piensaChile.

La nueva estrategia de Estados Unidos en su desesperada presión para un cambio de gobierno en Venezuela -que incluye amenazas de invasión- consiste en un castigo colectivo a la población civil, con el fin de que el malestar social intensificado por el incremento de las dificultades económicas produzca la caída del presidente constitucional Nicolás Maduro.

Para la fase 2 de la Operación Venezuela Freedom del Comando Sur de EU, la base social del chavismo es el obstáculo mayor para acceder al petróleo, la riqueza humana y natural de Venezuela y por eso Washington apura el uso del castigo colectivo contra la población más pobre y vulnerable en su retahíla de provocaciones.

Pero ya las provocaciones no son solo contra Venezuela y lanzó las acusaciones contra Moscú. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, señaló que «Las declaraciones sobre la supuesta responsabilidad rusa de la situación en Venezuela son absurdas».

El gobierno de EU en su plan de asfixiar la economía venezolana, ahora se ha propuesto atacar los Comité Locales de Alimentación y Producción, y prepara sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano relacionados con las cajas de alimentos. El sistema de los CLAP ha resultado efectivo para combatir la reventa, especulación, acaparamiento y contrabando de rubros básicos.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado consideró al programa de alimentación y de distribución de las cajas del CLAP con las que el gobierno venezolano garantiza la alimentación de la población, como una amenaza inusual a la seguridad interna de EU, por lo que los senadores Marco Rubio y Bob Meléndez propusieron una Ley que sancione la distribución de las cajas del CLAP e impida que empresas en cualquier parte del mundo vendan, distribuyan por aire tierra o mar, bancos procesen pagos, de los alimentos.

Esta semana Washington también presionó a algunas grandes corredurías a suspender el comercio de combustible para aviones con Venezuela, bajo la amenaza de tener que enfrentar sanciones, elevando la presión para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder. También exigió que los vuelos comerciales no hagan escala en Venezuela.

A las sanciones, embargos y pirateo de fondos y recursos venezolanos se suman otras medidas coercitivas unilaterales de ataque directo a la población venezolana, lo que marca el carácter indiscriminado e inhumano de las mismas, tal como ocurre con las medicinas, equipos médicos y tecnológicos de todo tipo, repuestos automotrices, transacciones de comercio, reservas internacionales, que afectan a toda la población sin distingo de preferencia política, credo, raza o condición social.

A propuesta de Washington, la oposición (la que dirige Guaidó) anunció la contratación del veterano abogado Lee Buchheit para ayudar a reestructurar la deuda y garantizarle a la banca trasnacional su pago. De eso depende en buena parte el financiamiento de la oposición.

Diálogo en Noruega

Las conversaciones en Noruega la semana pasada con representantes del gobierno y la oposición buscaron construir una agenda pacífica en una iniciativa internacional de apoyo para lograr una solución a la crisis, y crearon expectativas positivas tanto en el interior de Venezuela como en las principales metrópolis del mundo, aun cuando el gobierno de EU no se dio por enterado, al menos oficialmente.

Mientras todo intento de negociación entre gobierno y oposición,  parte de la necesidad de un llamado a elecciones, el presidente Nicolás Maduro propuso “Hagamos elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años”, refiriéndose a la Asamblea Nacional, en desacato, manejada por la oposición y presidida por Juan Guaidó.

Desde la oposición, la respuesta inicial ha sido de rechazo a la propuesta de elecciones adelantadas (sólo) de la Asamblea Nacional. Y se plantea la salida de Maduro de la presidencia, antes de celebrar elecciones presidenciales, tema por demás difícil de negociar.  Mientras, Diosdado Cabello, presidente de  la Asamblea Constituyente, dijo que la misma decidió continuar en funciones «al menos» hasta el 31 de diciembre de 2020.

El diálogo propuesto por Noruega es necesario para llegar a un acuerdo de reconocimiento político que permita devolver la tranquilidad. No se debería tratar de un diálogo entre dos grupos, que solo piensen en sus intereses, sino que busque una solución al conflicto político, con el acompañamiento internacional necesario, pero sin que otros países decidan el destino de Venezuela como Nación.

Cuadro de situación

El cuadro de situación marca que ante los sucesivos fracasos de Washington en su búsqueda de cómplices para una invasión a Venezuela (en la que perdió el apoyo del Grupo de Lima y de la Unión Europea) el Comando Sur estadounidense se replegó en sus amenazas, y Washington decidió dar prioridad a las sanciones económicas y los acreedores –en su mayor parte fondos buitre- se mueven para el pago de la deuda.

En la última semana se  realizó una reunión, en el Departamento de Estado de EU, de Carlos Vecchio (representante de Juan Guaidó) con Elliott Abrams y Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental de EU, quien se desempeñó como agregado militar de EU en Venezuela, y ha desarrollado proyectos de simulación de conflictos de baja intensidad.

Pero la promocionada reunión de Vecchio con el  vicealmirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, para pedirle en nombre del autoproclamado Guaidó una urgente invasión a Venezuela, fue suspendida.  Las agencias internacionales cambiaron su libreto y ahora señalan que Washington prefiere ejercer una presión económica y diplomática continua para expulsar a Maduro, postergando –al menos- el uso de la fuerza militar, aunque no las amenazas.

Mientras, en Washington fue tomada la sede diplomática de Venezuela por fuerzas policiales estadounidenses, en contravención a lo establecido por la convención de Viena. Cabe resaltar las palabras del reverendo Jesse Jackson ante esta agresión: «La gente debe protestar porque si pueden violar esta ley internacional pueden violar otra».

También continúa la confrontación por medio del embargo financiero que sigue vigente y limita las transacciones bancarias para importaciones. Para circundar las sanciones, Venezuela intenta “utilizar el rublo ruso en acuerdos comerciales mutuos y abandonar las transacciones en dólares”, según, Jorge Valero, representante de Venezuela ante ONU en Ginebra.

Cabe recordar que estas propuestas y decisiones tienen lugar en el marco de los primeros pasos de las negociaciones, que se han comenzado a desarrollar por mediación del gobierno de Noruega.

Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que salieron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. O sea, agudizaron la crisis económica e hicieron casi imposible estabilizar la economía.

Más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva (de Donald Trump) del 28 de enero de 2019 y las posteriores de este año; junto con el reconocimiento de un gobierno paralelo que creó un nuevo conjunto de sanciones que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas, señala el analista mexicano John Saxe-Fernández.

Las sanciones infligieron daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018, lo que las incluye en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales EU es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EU. Pero eso poco le importa a Trump, sus aliados/cómplices y a la oposición radical venezolana.

Honda repercusión tuvo en Venezuela la carta renuncia de Isaías Rodríguez, el embajador venezolano en Italia, acosado por problemas de salud y una deuda de nueve millones de euros que mantiene la representación diplomática con particulares y empresas italianas. “Renuncio, Presidente, a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan”, señala en la carta, sin identificar a las víboras.

Rodríguez, además miembro de la actual Asamblea Nacional Constituyente, es un dirigente muy querido por la ciudadanía, por su coraje, lealtad y humildad. Fue constituyente en 1999, Vicepresidente ejecutivo y Fiscal General de la República.

–El autor,Alvaro Verzi Rangel, Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 *Fuente: SurySur

El articulo Castigo colectivo, nueva estrategia de EU: matar de hambre a la base social del chavismo apareció primero en piensaChile.

En este contexto, desde 1999 las maniobras internas del antichavismo se alternaban entre mecanismos de bajo perfil como el boicot o la desinversión empresarial y acciones contundentes como el golpe de abril de 2002 o el paro petrolero.

Desde 2015, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos», se hizo indiscutible la vanguardia política y el liderazgo en el antichavismo de la élite transnacional que gobierna en Washington, ellos imprimieron mayor firmeza a una ristra de medidas que han determinado no solo la destrucción de la economía nacional sino modificado gravemente el imaginario cultural.

Lo que se comprende en su justa dimensión con las declaraciones de Jack Lew, ex secretario del Tesoro durante la Administración Obama,  quien afirmó que «las sanciones son la bala de plata de la política exterior de Estados Unidos porque son más efectivas y baratas para doblegar a sus enemigos que el poder tradicional, porque tienen influencia en los mercados financieros estadounidenses, el nervio central de la economía globalizada». Las sanciones, así, son medidas de asedio a fortalezas, como en la era medieval, aggiornadas a esta nueva era de poder inteligente, tecnologizado, globalizado, donde cada nervio que toca el poder es en función de doblegar a sus enemigos, según Lew.

2015: ESTADOS UNIDOS ASUME EL MANDO DEL ANTICHAVISMO

El bloqueo financiero ha venido mutando desde el ataque a la deuda, pasando por el aislamiento del sistema financiero estadounidense, hasta llegar a la aplicación de técnicas de espionaje que persiguen las transacciones venezolanas, y retienen fondos destinados a la importación de alimentos y medicinas.

Venezuela sufre desde entonces los embates de la caída de los precios del petróleo debido a que Estados Unidos acordó con Arabia Saudita aumentar agresivamente la producción de petróleo para bajar los precios y afectar a importantes países productores, como Venezuela, Rusia e Irán.

Además, la economía comenzó a deteriorarse por falta de ingresos y una compañía creada en Miami en 2010, llamada Dólar Today,  que devaluó artificialmente el valor de la moneda con el fin de iniciar una escalada inflacionaria. Venezuela perdió ese año aproximadamente el 60% de sus ingresos nacionales.

La Orden Ejecutiva (13692) firmada por la Administración Obama en marzo de 2015 inició las acciones de bloqueo financiero contra Venezuela y, con ella, el gobierno estadounidense hizo del ataque económico contra el país un asunto legal. Basada en la Ley de Emergencia de Poderes Económicos Internacionales, activada a nivel constitucional, para dotar a la administración de turno de herramientas para «defenderse» de la amenaza.

Bajo este pretexto, la Casa Blanca colocó en estado de alerta a su sistema financiero, a través del Departamento del Tesoro, respecto a operaciones financieras venezolanas.

El 5 de marzo de 2015, Barack Obama firmó una orden ejecutiva donde se declara a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de Estados Unidos (Foto: Casa Blanca)

Con la excusa de bloquear la movilidad de cuentas personales no demostradas de, hasta entonces, siete funcionarios venezolanos, este instrumento legal ha atacado el uso del sistema financiero estadounidense para importar alimentos y medicinas por parte del Estado venezolano.

En paralelo, las calificadoras de riesgo, agencias creadas por Estados Unidos para desestabilizar países soberanos, publicaban un mapa global de «países riesgosos». Esto para complementar el cerco económico-financiero contra los planes de recuperación del gobierno venezolano, producto de la caída de los precios del petróleo.

Venezuela fue catalogada por la empresa financiera de origen francesa Cofacecomo el país con el riesgo país más alto de Latinoamérica, similar a países africanos que actualmente se encuentran en situaciones de conflicto bélico. El «estudio» fue realizado con base a las calificaciones negativas de las tres grandes calificadoras estadounidenses, Standard and Poor’s, Fitch Rating y Moody’s, responsables en buena medida del colapso financiero mundial del año 2008.

A partir de 2015 comenzó a aumentar artificialmente la variable del riesgo-país para obstaculizar la entrada de financiamiento internacional y, hasta el primer semestre de 2018, estas tres grandes calificadoras han arreciado sus ataques contra Venezuela, omitiendo los oportunos pagos de deuda con el fin de empujar al país hacia el default y proyectar una situación de inseguridad para la inversión internacional.

En este contexto de asedio con base en el descontento social producido por la baja de los precios petroleros, la escasez, el desabastecimiento y la ola de saqueos, el antichavismo ganó la mayoría en la Asamblea Nacional y configuró un piso más alto, ahora desde la instancia parlamentaria, para las agresiones financieras contra Venezuela.

2016: CERCO FINANCIERO Y EL DEFAULT QUE NO LLEGÓ

En abril de 2016, el Fondo Monetario Internacional alertaba sobre la «catástrofe económica» en Venezuela mediante un informe, generando expectativas de colapso, inflación y escasez para legitimar las acciones de guerra económica llevadas a cabo por Fedecámaras y Consecomercio, las dos principales entidades privadas del país.

El FMI calcula que los precios subirán en Venezuela un 17.700% en dos años https://t.co/u2mDaRe48i

— EL PAÍS América (@elpais_america) 18 de abril de 2017

La Asamblea Nacional, en desacato por incorporar a tres miembros cuyas elecciones fueron demostradamente fraudulentas, aprobó instrumentos legales en mayo y agosto que declaraban «nulos» los contratos petroleros, inversiones internacionales y la emisión de nuevo endeudamiento por parte del país, intentando con ello obstaculizar que dinero fresco entrara a las arcas del Estado.

Durante 2016 y 2017 fueron cerradas cuentas venezolanas en Estados Unidos por parte de bancos privados de gran envergadura, como Citibank y JP Morgan, debido a que la Orden Ejecutiva 13692 facultó al Departamento del Tesoro para emplear mecanismos de vigilancia a las transacciones financieras de Venezuela en Estados Unidos.

Tras la excusa de proteger su sistema financiero de «funcionarios corruptos», se buscaba aislar a Venezuela del sistema financiero norteamericano y obstaculizar tanto sus importaciones como el pago de la deuda externa. A ello se unió el segundo banco más grande de Alemania, Commerzbank.

En julio de 2016, el índice de riesgo país EMBI, creado por el banco JP Morgan, colocó a Venezuela con el puntaje más alto del mundo (2640 puntos) por encima de países en guerra como Ucrania, aun cuando el Estado venezolano pagó 6 mil millones de dólares en deuda externa ese mismo año. En septiembre, PDVSA realizó una oferta para canjear 7 mil 100 millones de dólares en bonos con el fin de aliviar sus pagos, y las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidense buscaron atemorizar a los inversionistas con declarar default si accedían a la propuesta de la estatal petrolera.

 

Cierra el año 2016 con el RIESGO PAÍS más alto del MUNDO – JPMorgan (EMBI+) : #VENEZUELA hoy 30/12/2016 2.168 Puntos pic.twitter.com/auNlinZMNJ

— Mercados y Acciones (@mercadosyaccion) 30 de diciembre de 2016

En noviembre, JP Morgan emitió una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares para generar temor en el mundo financiero y dañar la imagen de la estatal. También la petrolera estadounidense ConocoPhillips demandó a PDVSA ante una Corte en Delaware por su operación de canje de bonos para atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación.

En este entorno agresivo contra la economía venezolana, la inflación mediante el efecto Dólar Today cerró en 800% aproximadamente, según cifras filtradas a algunas agencias internacionales.

2017: EMBARGO, VIOLENCIA FRACASADA Y MÁS DESESTABILIZACIÓN

En abril de 2017 el presidente (electo ilegalmente) de la Asamblea Nacional, Julio Borges, exigió a más de 20 bancos internacionales cesar sus vínculos económicos y financieros con Venezuela. Mientras que en mayo declaró «nula» la compra de 865 millones de dólares en bonos PDVSA por parte del banco estadounidense Goldman Sachs.

En su afán por coordinar las sanciones financieras y económicas contra Venezuela, y utilizando el Parlamento como un instrumento para legitimar el bloqueo financiero, Borges se reunió con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de ese entonces, el general H.R. McMaster. De esta manera el bloqueo financiero impidió al país importar alimentos y medicinas necesarias para su supervivencia.

Apoyado por Estados Unidos y la OEA, el antichavismo venezolano emprendió una nueva escalada de caos y violencia más intensa y peligrosa que la de 2014, lo que ocasionó pérdidas millonarias al país y dejó un saldo lamentable de 130 muertos y miles de heridos. Asimismo, Estados Unidos sancionó a más de 20 funcionarios venezolanos, representantes de todos los poderes públicos y responsables de mantener el orden interno, como una medida para alimentar el caos de las guarimbas.

Como medida extrema, el presidente Nicolás Maduro convocó en mayo a elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyos comicios se llevaron a cabo en julio en medio de una violencia focalizada. Más de 8 millones de venezolanos asistieron a la elección y se cerró a partir de ahí un traumático escenario de violencia. El país ganó estabilidad política y social ante un ciclo de agresiones que apuntaron a sacar al presidente Nicolás Maduro, y eliminar de cuajo el marco constitucional actual.

 

Presidente @NicolasMaduro así responde el pueblo del Táchira a tu lealtad.
Nadie ni nada los detiene para votar por la #CONSTITUYENTE pic.twitter.com/J40myoRmAQ

— Javier Alexander Roa (@RoaJavier) 30 de julio de 2017

2017 DESPUÉS DE LA ELECCIÓN CONSTITUYENTE: VIRULENCIA INJERENCISTA

Entre agosto y noviembre corrieron los días más dinámicos de la agresión contra Venezuela ese año. Al fracasar las guarimbas, Europa entró en el juego desestabilizador; en agosto el banco suizo Credit Suisse prohibió a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela, tal como había solicitado Julio Borges en abril.

Por su lado y mediante una orden ejecutiva, Trump prohibió la compra de deuda venezolana y la repatriación de los dividendos de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, cerrando así dos vías de financiamiento clave para una Venezuela devastada por las guarimbas.

A continuación, Estados Unidos comenzó a ejecutar un embargo petrolero no declarado. Los bancos privados estadounidenses, presionados por el Departamento del Tesoro, se negaron a emitir cartas de crédito para la compra de crudo venezolano, afectando así los ingresos de la nación.

La empresa PBF Energy, una de las refinadoras que realizaba mayores compras a Venezuela, tuvo que desistir de sus lazos económicos por el país producto de las sanciones.

En septiembre, el Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), emitió una alerta denominada «banderas rojas» que impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela para impedir el pago de alimentos y medicinas mientras que, producto de las sanciones de Trump emitidas en agosto, Citgo comenzó a tener problemas para adquirir crudos para sus refinerías y mantener sus operaciones estables.

En este contexto, unas 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque Citibank boicoteó su compra.  Al mismo tiempo, el desembarco de 18 millones de cajas CLAP a Venezuela fue interrumpido por las trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense, dado que sus autoridades cerraron 52 cuentas bancarias de venezolanos en entidades como Wells Fargo, East y City, debido a que sus titulares, supuestamente, estaban vinculados al gobierno venezolano.

Como secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, fue quien estuvo a cargo de perseguir las transacciones de Venezuela a través de medidas técnicas (Foto: The Nation)

Mientras esto sucedía, se realizaron las elecciones regionales con más de 11 millones de votos en todo el proceso. El chavismo obtuvo 19 de 23 gobernaciones en unos comicios, convocados por la ANC, donde participaron toldas políticas del antichavismo como Acción Democrática y Voluntad Popular.

Pese a eso, aun cuando en los últimos tres años Venezuela no había dejado de honrar sus compromisos internacionales, en noviembre la empresa europea Euroclear, fundada por JP Morgan, secuestró 1 mil 650 millones de dólares que estaban destinados a la compra de alimentos y medicinas.

El comité de las Américas de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), declaró a Venezuela en default, omitiendo el pago de deuda por 70 mil millones de dólares en los últimos dos años. Mientras JP Morgan volvió a aumentar el riesgo-país de Venezuela a 2.989 puntos, la cifra más alta desde 2014, cuando se ubicó en 1.458 puntos.

La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declaró a Venezuela en «default selectivo» porque no pudo honrar unos compromisos de deuda, producto de que las sanciones limitaron las transacciones financieras del país en el sistema de pagos estadounidense. Con estas maniobras intentaron abrir la puerta para confiscar bienes de PDVSA.

Ese mismo noviembre la gestora de bonos estadounidense Wilmington Trust acusó a Corpoelec de no cancelar intereses de deuda por el orden de los 27 millones de dólares, justo cuando el país vivía un bloqueo total a los medios de pago en el sistema financiero estadounidense.

Tanto así que un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar la malaria, no ingresó al país por el bloqueo de un laboratorio colombiano llamado BSN Medical y 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas: un total de 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos.

En diciembre, otras 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero fueron cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores, mientras el antichavismo decide no participar en las elecciones de alcaldes luego de su derrota en las regionales de octubre. El chavismo nuevamente arrasa con más del 95% de todas las alcaldías.

2018-2019: ATAQUE DESCOMUNAL Y MULTIFACTORIAL

En enero de 2018, el jefe de la CIA de turno, y actual secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó en una conferencia en el Instituto Americano de la Empresa que las sanciones financieras contra Venezuela habían sido coordinadas por él directamente con el presidente Trump.

Al mismo tiempo, once bonos venezolanos y de PDVSA, por valor de 1 mil 241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones. La Asamblea Nacional (aún en desacato) firmó un acuerdo donde criminalizó el criptoactivo venezolano Petro, reafirmando su interés por mantener sin fuentes de financiamiento al país.

En marzo, la Administración Trump, mediante orden ejecutiva, declaró ilegal la compra u otra operación relacionada con el Petro por parte de empresas y ciudadanos estadounidenses. Con esta maniobra legalizó el acuerdo de la Asamblea Nacional afectando la preventa inicial y los recursos que ingresarían al país en un contexto donde otros 2 mil 500 millones de dólares de Venezuela fueron retenidos en bancos estadounidenses. Este dinero en buena parte iba a ser dirigido al pago de acreedores internacionales.

En ese mes, quince boxeadores venezolanos no pudieron viajar al evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC) en México debido a las sanciones financieras que impidieron procesar los pagos para la logística. Una vez, sorteado este escollo, el otro drama fue que Colombia bloqueó su espacio aéreo para que estos boxeadores realizaran el viaje.

El gobierno colombiano bloqueó 400 mil kilos de alimentos en cajas CLAP que ingresarían al país para fortalecer este programa con el que más de 6 millones de familias se alimentan en todo el territorio nacional.

El expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció en una conferencia el robo de 400 toneladas de alimentos en cajas CLAP. (Foto: Casa de Nariño )

En abril, Estados Unidos y Colombia crearon un grupo de inteligencia financiera para bloquear la importación de alimentos y medicinas internacionalizando la asfixia financiera. Y en mayo la petrolera estadounidense ConocoPhillips ejecutó una serie de embargos contra activos de PDVSA por el reclamo de un laudo arbitral por 2 mil 40 millones de dólares exigido a la Cámara de Comercio Internacional.

Esta maniobra no sólo afectó su capacidad instalada en el ámbito internacional, sino que limitó los ingresos del país por venta de crudo intensificando el daño al corazón de la economía nacional y buscando disolver más el tejido social que sostiene parte de la estabilidad.

A ello se unió la empresa minera de capital canadiense Rusoro, presentando una demanda que buscaba unir los activos de Citgo y algunos de PDVSA como pago por un premio de arbitraje de 1 mil 200 millones de dólares. También la contratista canadiense SNC-Lavalin demandó a PDVSA por más de 25 millones de dólares por supuesto impago de deuda, ante un tribunal de Nueva York.

Así, Estados Unidos reforzó su política de asfixia financiera y secuestro de recursos venezolanos limitando tanto la venta de activos petroleros de Venezuela en suelo estadounidense, como la liquidación de cuentas por cobrar, en respuesta al triunfo presidencial del chavismo el 20 de mayo.

A su vez, los países del Grupo de Lima acordaron, siguiendo la política de Trump, poner la inteligencia financiera de sus respectivos Estados para perseguir las transacciones, cuentas y operaciones financieras de Venezuela. El resultado de todo esto fue la abrupta caída de importaciones, que pasaron de los 60 mil millones de dólares anuales, entre 2011 y 2013, a un total de 12 mil millones en 2017.

Uno de los puntos culminantes de esta fase de agresiones, sin duda, es el embargo de la empresa de PDVSA en territorio estadounidense, Citgo, anunciado por el director del Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton, en consonancia a la imposición de un embargo petrolero contra el país.

Esto busca dañar aún más la capacidad de conseguir financiamiento para Venezuela y, por lo tanto,  pagar importaciones, dado que los efectos de este virtual embargo en lo inmediato son «atroces», según The New York Times, si se tiene en cuenta que en la primera semana de efectuado las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos se redujeron en un 40%.

Así se ha configurado el escenario de «crisis humanitaria» que sirve a las pretensiones intervencionistas que apuntalan el interinato de Juan Guaidó en el marco de una estrategia definitiva para asaltar los recursos y la dignidad nacional.

DESCONFIGURAR EL PAÍS ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL

Datos históricos demuestran que el bloqueo financiero ha preparado el escenario para la intervención y el reconocimiento internacional de un gobierno paralelo (caso Libia), crear incentivos económicos a los movimientos mercenarios estimulados desde la CIA (caso Yugoslavia),  debilitar a la fuerza armada de un gobierno no alineado a Washington y fortalecer el poder de fuego de grupos paramilitares (caso Siria), fracturar el alto mando político-militar utilizando la precariedad de la población como vía de presión política (caso Cuba) o la afectación de la industria petrolera y condiciones internas para impedir el desarrollo energético como arma política (caso Irán).

El bloqueo financiero contra Venezuela persigue la destrucción masiva de la economía nacional, el desmantelamiento de los logros sociales de la era Chávez y la afectación de la población más pobre que desde 1998 ha demostrado ser la base política más sólida del chavismo y, sobre todo, el socavamiento de la confianza nacional en que las potencialidades internas del país (su población y recursos estratégicos) pueden proveer los recursos necesarios para retomar la estabilidad.

En pocas palabras: negar por completo el derecho de una nación a constituirse por sí misma ante las dificultades, y decidir su propio futuro más allá de las decisiones tomadas en unas pocas oficinas alejadas del país.

*Fuente: Misión Verdad

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