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El desafío de la izquierda ante el plebiscito: abrir un camino de ruptura entre la mera participación y el simple rechazo

Redacción piensaChile — Wed, 19 Feb 2020 22:38:15 +0000

17 de febrero de 2020
La crisis del sistema político provocada por la rebelión popular desencadenada desde el 18 de octubre pasado y la estratagema institucional con que la casta política que ha cogobernado el país desde 1990 pretende desactivarla, han puesto a prueba la capacidad de las corrientes que se reclaman de izquierda para orientarse en este escenario y encontrar la manera de abrir un curso progresivo a la lucha por superar el estado de cosas heredado de la dictadura.
La mayor parte de sus diversas expresiones orgánicas, políticas y sociales, parecen estarse agrupando en torno a una disyuntiva polar que las obligaría a optar entre una participación sin horizonte de ruptura en el plebiscito convocado en el marco de las reglas reconocidamente tramposas cocinadas por el duopolio en la madrugada del 15 de noviembre, o un rechazo tajante a hacerlo pero sin ofrecer una vía alternativa capaz de convocar a la mayoría.
Como sabemos, desde una perspectiva revolucionaria lo que corresponde es definir una clara orientación de lucha sobre la base de un «análisis concreto de la situación política concreta», lo cual significa considerar tanto las posibilidades que en cada coyuntura abre el estado de ánimo y disposición de lucha de las amplias masas populares, como los límites que imponen sus largamente arraigadas ilusiones e inevitables déficits de conciencia política.
En esto es clave no confundir el estado de ánimo y nivel de conciencia de la mayoría, que es la llamada a aportar la fuerza social necesaria para vencer, con el de los sectores de vanguardia, que han estado a la cabeza de la movilización, portadores de una percepción mucho más clara del carácter fraudulento de las maniobras que realiza la casta política y que comprenden la necesidad de continuar luchando en las calles por cambios de fondo.
Aquellos que, reclamándose de izquierda, privilegian un accionar político de carácter cupular, centrado en la búsqueda de acuerdos y compromisos entre los aparatos de todo el posible arco político del «progresismo», solo manifiestan con ello su profunda desconfianza en la capacidad de lucha de las masas y, por tanto, en la posibilidad, y aun la conveniencia, de abrir paso a una revolución de verdad, que termine de una vez con la dominación del capital.
De allí que, temerosos de verse excluidos de ese amplio espectro de fuerzas políticas, limitan sus críticas a aspectos menores de la estrategia gatopardista ideada por el duopolio para superar a su favor la crisis política en curso, resignándose a encuadrar su accionar en la aceptación de ese marco institucional fraudulento y circunscribiendo su horizonte visual a su tradicional empeño de presionar por una mera «superación del neoliberalismo».
Aquellos otros que, desconfiando de los partidos políticos, cultivan una visión mítica del sujeto popular, ignorando sus reales y ostensibles limitaciones, lo conciben no solo capaz de desarrollar por sí mismo, «desde abajo» y de manera completamente espontánea, un accionar consistentemente revolucionario, sino también de estar en condiciones de liquidar ya, sin más trámite, al orden burgués. Las condiciones ya estarían madurando para ello.
De allí que, junto con exigir la salida de Piñera del gobierno y denunciar el carácter fraudulento del «acuerdo por la paz social» cocinado por la casta política el 15 de noviembre, llaman a desconocer de plano el plebiscito del 26 de abril y a continuar desarrollando en su lugar órganos de poder popular que puedan confluir en una Asamblea Popular Constituyente, nacida «desde los territorios», como genuina expresión de la rebelión popular en curso.
Si bien estos compañeros reconocen que el poder popular es aún embrionario, invocan el carácter dinámico de los procesos en curso, pero sin atinar a ponderar, en función de ello mismo, la pertinencia de las disyuntivas que encaramos precisamente ahora, no en un futuro aun indeterminado. Y, por supuesto, el riesgo evidente es que, al no hacerlo, en lugar de asistir al alumbramiento de una revolución tengamos que resignarnos a presenciar su aborto.
En consecuencia, ninguno de los cursos de acción antes señalados es capaz, por sí mismo, de dar simultáneamente cuenta, tanto de las potencialidades y debilidades que exhibe hoy la rebelión popular contra el sistema político y económico heredado de la dictadura, como de los desafíos a que nos enfrenta la estratagema antidemocrática con que la casta política está pretendiendo desactivar la movilización y retomar el pleno control de la situación.
Salvo el improbable escenario de que la reactivación de la rebelión popular logre alcanzar rápidamente una intensidad mucho mayor a la presenciada hasta ahora, lo más complejo será romper la camisa de fuerza que representa el proceso seudoconstituyente con que la casta política pretende acabar definitivamente con ella, puesto que reconoce como su punto de partida la convocatoria a una consulta ciudadana, fuente de toda legitimidad democrática.
Es por ello que, más allá de la operación fraudulenta de la que forma parte, el plebiscito del 26 de abril está llamado a constituir un hecho político relevante, cuya significación resultará imposible desconocer. Frente a ello, políticamente solo caben dos opciones: llamar a participar activamente en él o llamar a boicotearlo, esforzándose luego por alcanzar un resultado exitoso en la opción que se elija. Lo que claramente no cabe es ignorarlo.
¿Cuál de ambas opciones es la que permite impulsar de mejor manera la lucha por un cambio revolucionario de la sociedad en que vivimos? ¿Cuál de ellas es la que, en el contexto de la actual coyuntura, empalma más claramente con la lucha por los derechos, y aspiraciones que han movilizado al pueblo trabajador? ¿Cuál nos puede ayudar en mayor medida a elevar los actuales niveles de conciencia, organización y movilización popular?
La opción por el boicot parece tener a su favor la posibilidad de denunciar de mejor manera el carácter fraudulento del proceso constituyente «cocinado» entre gallos y medianoche por la desprestigiada y repudiada casta política. Pero, a pesar del amplio rechazo ciudadano a esta última, parece muy improbable que un llamado a boicotear el plebiscito pueda lograr la adhesión aplastantemente mayoritaria requerida para resultar exitoso.
Más aun si muchos de quienes han asumido una posición afín a esta opción no parecen estar mayormente interesados en llevar adelante una activa campaña en tal sentido, limitándose a denunciar y rechazar la burla que representan los condicionamientos antidemocráticos a que se halla sujeto dicho proceso constituyente y a apostar por una salida surgida directamente de la movilización popular y las asambleas territoriales nacidas al calor de ella.
La alternativa de llamar a concurrir a votar en el plebiscito del 26 de abril por las opciones «apruebo» y «convención constitucional» tiene, a juzgar por las encuestas, buenas chances de resultar victoriosa, pero se enfrentará luego a las variadas amarras que le ha impuesto a todo el proceso constituyente ulterior el marco institucional y legal derivado del acuerdo cocinado por el duopolio. Parece difícil disociar el plebiscito de la operación gatopardista que lo cobija.
Pero el desafío consiste precisamente en eso, en hacer ver y enfatizar la inconsistencia que representa el que la casta política apele primero a una consulta ciudadana, aceptando con ello que la voluntad popular, libremente expresada, es el único fundamento real de un sistema político que se presuma democrático, para arrogarse luego la pretensión de restringir el derecho del pueblo a decidir de un modo enteramente soberano su futuro.
Por lo tanto, la opción más conveniente será llamar a participar en el plebiscito pero insistiendo en resaltar con fuerza el principio de la soberanía popular como la única fuente de legitimidad democrática, contraponiéndolo clara y abiertamente a todas las amarras con que los políticos del sistema pretenden aprisionar el proceso constituyente que se abre y llamando a intensificar la movilización popular para lograr que ese principio sea respetado.
En este sentido lo clave seguirá siendo el esfuerzo por mantener viva la movilización popular para exigir que dejemos definitivamente atrás todo el legado de la dictadura y avancemos a paso firme en una real democratización del país. Una movilización popular en demanda de un pleno reconocimiento de los intereses, derechos y aspiraciones del pueblo trabajador y también de la soberanía de la nación, tan gravemente dañada a partir del golpe de 1973.
Si a pesar de ello no se lograse impedir luego que los miembros del órgano constituyente sean electos de acuerdo a la actual ley de partidos políticos, habrá que exigir que quienes postulen a ese organismo se comprometan a desconocer las amarras antidemocráticas con que el duopolio ha pretendido anular el carácter soberano del mismo y, como representantes de la voluntad popular, a adoptar por simple mayoría todos sus acuerdos.
Además de legítimo, este proceder no sería en modo alguno algo inédito en la historia. Solo replicaría, a su modo, lo obrado en la Francia de 1789 cuando los representantes del estado llano, actuando en nombre de la nación, se niegan a aceptar las reglas que en defensa de sus privilegios pretendían imponer la monarquía, la nobleza y el alto clero, y deciden convertirse en Asamblea Nacional Constituyente, abriendo así las puertas a la revolución.
Hay que considerar que la batalla política planteada está lejos de estar resuelta en uno u otro sentido. Los sectores reaccionarios, que se empeñan en deslegitimar la protesta social, centran su discurso en la «condena de la violencia» atribuida a los manifestantes y en el anhelo de muchos de ver restablecido «el orden y la normalidad», buscando dejar instalada la idea de que lo democrático es la búsqueda de grandes acuerdos cupulares.
Para contrarrestar ese discurso, junto con denunciar y rechazar la brutal y desquiciada violencia policial, la izquierda debe rechazar también claramente los saqueos y quemas de iglesias, buses y trenes, acciones que, desprovistas de justificación política, inevitablemente generan un espontáneo y generalizado rechazo en la población, siendo utilizadas de buena gana por el poder burgués para justificar una intensificación de sus acciones represivas.
Se hace hoy más necesario que nunca unir a todas las fuerzas del pueblo en una lucha multifacética y permanente por la democratización real y profunda de la sociedad en todos los planos, unidad que solo puede y debe darse sobre la base del reconocimiento pleno e irrestricto de la soberanía popular como único fundamento posible de un sistema político efectivamente democrático. La voluntad soberana del pueblo es la que debe imperar.
Es allí, en la reivindicación clara, decidida y consecuente del principio de la soberanía popular, fuente de toda legitimidad democrática, donde las fuerzas que se reclaman de la izquierda necesitan centrar todo su discurso a fin de abrir un cauce progresivo a la movilización popular actualmente en curso. Y para ello necesitan también utilizar todas las tribunas y disputar todos los espacios, sin ceder ni un solo milímetro a las fuerzas de la reacción.

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¿No hemos aprendido nada?

Redacción piensaChile — Mon, 27 Jan 2020 23:58:56 +0000

Los que en los ochenta llamaron a votar por el NO en el Plebiscito, ahora se preparan a votar por el SÍ…y viceversa.
Lo concreto es que solo después de 30 años quedó en evidencia que el triunfo del NO en el Plebiscito de año 88 significó en los hechos el triunfo del SI, ya que se mantuvo y perfeccionó el modelo neoliberal instaurado por la dictadura cívico militar, modelo de sociedad que los gobiernos civiles de la post dictadura entusiastamente respaldaron y llevaron adelante.
Con el inicio de multicolores campañas audiovisuales, emulando el arcoíris de la alegría que nunca llegó, todos los sectores políticos que participan de la institucionalidad heredada de la dictadura han aceptado participar en la cancha y con las reglas creadas por quienes han sido enérgicamente cuestionados por los millones de chilenas y chilenas en las múltiples y constantes movilizaciones iniciadas el 18 de octubre pasado.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dada a conocer el 16 de enero del 2020 dice que Sebastián Piñera cuenta con un 6% de aprobación, su gobierno el 5%, el Parlamento el 3% y los partidos políticos el 2%. Y son precisamente estos sectores institucionales los que mayoritariamente, al ver peligrar sus intereses, no dudaron en ponerse de acuerdo y aceptar el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, instrumento fría, inteligente y meticulosamente ideado por el gobierno de derecha encabezado por Sebastián Piñera para sortear la crisis política en curso.

La “calle”, es decir el pueblo rebelde movilizado, rechazó este acuerdo elaborado entre cuatro paredes que solo busca salvaguardar la institucionalidad vigente, rechazando con sus acciones de protesta el modelo neoliberal imperante, pidiendo la renuncia de Piñera y exigiendo la realización de una Asamblea Constituyente elaborada a partir de los sectores movilizados y con participación popular soberana.
Estas demandas poco a poco se fueron diluyendo, en la medida que algunos sectores políticos que en un primer momento rechazaron el acuerdo por la paz, comenzaron a vacilar y buscar los argumentos que le permitieran exponer su disposición a participar, su posición de aceptar la cancha y las reglas del juego impuestas desde el poder y las elites.
Cuando la movilización popular alcanzó niveles potentes de rebeldía y los poderosos cimientos de la institucionalidad comenzaron a debilitarse, haciendo tambalear a Sebastián Pilera y su gobierno, estos comenzaron a ser reforzados por moros y cristianos, temerosos de perder las prebendas que obtienen al participar de la torta del poder.
Por lo tanto, antes de que se firmara el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución hubo un momento determinante para que el camino iniciado por el pueblo rebelde en las calles siguiera una u otra dirección.

¿Qué hubiera pasado si todos aquellos sectores de la oposición institucional que decían respaldar completamente las demandas exigidas por las chilenas y chilenos movilizados, y enérgicamente denunciaban como responsables políticos al gobierno y sus autoridades de las reiteradas violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo, como también de la brutal represión que agentes del Estado ejercían en contra de un pueblo desarmado, hubieran tomado la determinación de seguir relacionándose solo con los millones de mujeres y hombres movilizados que decían representar – pueblo que con sus acciones había deslegitimado tanto al gobierno, a sus autoridades, al modelo neoliberal e incluso al poder legislativo y la clase política en general – y al mismo tiempo hubieran congelado o suspendida sus relaciones con el gobierno, entorpeciendo las labores legislativas que este llevaba adelante?
Es una pregunta que legítimamente se puede plantear, más aún teniendo presente que dentro de esos parlamentarios había una gran cantidad de jóvenes y muchachas que formaron parte de los estudiantes rebeldes que también se movilizaron en las calles por sus derechos.
Sabemos que la respuesta a esta interrogante significó que dichos sectores políticos tomaran una opción que le dio las espaldas al pueblo en rebeldía, legitimando y respaldando las acciones que estaba impulsando el gobierno derechista encabezado por Sebastián Piñera, aceptando y apoyando la propuesta de salida a la crisis elaborada por las elites, propuesta que se concretó en el denominado acuerdo por la paz.
Los pocos políticos institucionalizados que no apoyaron dicho acuerdo, al poco andar comenzaron a tejer las redes de la lógica y la retórica para, con hermosas palabras y argumentos rebeldes, justificar su participación y aceptación de este acuerdo que fue creado precisamente con el objetivo de desarticular al pueblo movilizado, dividirlo y, una vez más, derrotarlo en una cancha y con un mecanismo creado meticulosamente con ese objetivo, que se presenta con una careta democrática de participación ciudadana en el Plebiscito de abril próximo. Los vendedores de ilusiones han comenzado a utilizar toda su creatividad y profesionalismo para respaldar el camino que han adoptado.

No está de más recordar las alarmantes cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto a la represión, que según el último informe dado a conocer con fecha 30 de diciembre del 2019 denuncia que hay 5 querellas por homicidio; 137 querellas por violencia sexual; 777 querellas por torturas y tratos crueles; 359 personas han resultado con daños oculares, 24 de ellas con estallido y pérdida ocular. Por otra parte, han sido miles los presos políticos detenidos a lo largo del territorio nacional, desconociéndose la cifra oficial del número de ellos que actualmente están en las cárceles y en recintos del SENAME, los cuales están siendo castigados con exageradas medidas cautelares de prisión preventiva, mientras los agentes del Estado que han sido querellados o sometidos a proceso por violaciones a los derechos humanos se les ha aplicado medidas cautelares diferentes, insignificantes y desproporcionadas en relación con el daño que han ocasionado. Si tenemos en cuenta que estas son solo las cifras oficiales, podemos deducir que las cifras reales de la represión a lo largo de todo el país son mucho mayores.

Ante este nuevo panorama político, la rebeldía popular sigue expresándose y oponiéndose con sus protestas en las calles y la organización de asambleas y cabildos sectoriales y territoriales, pero los ingenieros de la “normalidad” continúan cementando con paciencia y decisión los ladrillos y soportes del modelo neoliberal, blindando el aparato institucional y respaldando al gobierno encabezado por Sebastián Piñera.
Dentro de la coordinadora de organizaciones sociales y populares que conforman la Unidad Social en Santiago, el Bloque Sindical fue el primero que entregó señales de “buena conducta” aceptando un diálogo con el gobierno que manifestaban rechazar. Estas organizaciones, aún cuando aparentan obedecer las directrices emanadas desde sus propias bases, en la práctica, con estas actitudes, demuestran que sus acciones obedecen más bien a las directrices emanadas desde los propios partidos con los que se identifican o de los cuales son militantes. Esta debe ser la causa por la que dieron el paso – sin plantear ni acordarlo en la Asamblea de la Unidad Social – de reunirse con el gobierno de Sebastián Piñera, legitimando con su actuar, por mucho que se diga lo contrario, el acuerdo por la paz elaborado e impulsado por el gobierno de derecha que busca impedir por todos los medios que el pueblo movilizado logre conquistar sus derechos conculcados por décadas, que busca terminar con los abusos, la opresión y las desigualdades sociales. Precisamente por esta razón fue que la Coordinadora Feminista 8 de Marzo decidió abandonar la Unidad Social. En el documento de renuncia las compañeras expresaron claramente lo anteriormente expuesto al manifestar que “Este Bloque, que no reúne por cierto a todas las organizaciones sindicales de Unidad Social, se arrogó tempranamente la potestad de hablar a nombre de todxs nosotrxs y, haciendo esto, tomó una serie de decisiones políticas de carácter estratégico.”

Como planteaba anteriormente, mientras el pueblo rebelde continúa en las calles, los poderes fácticos, las elites y la clase política institucional ha ido consolidando la salida a la crisis diseñada por ellos mismos, delimitando la propia cancha en donde se jugará el partido del Plebiscito y la Convención Constituyente, con las tramposas reglas e instrumentos creados, como el quórum de los 2/3 que permite a las minoría, aunque pierda, ganarle a la mayoría. Esto ha quedado demostrado en la votación en el Senado el 7 de enero del 2020 que buscaba transformar el agua en un bien de uso público, que contó con la aprobación de 24 Senadores y el rechazo de 12 pero, debido al quórum de los 2/3, ganó el rechazo sustentado en los votos de minoría. Esto mismo ocurrió el miércoles 22 de enero, cuando el Senado rechazo la paridad de género para quienes sean nominados a la Convención Constituyente, donde nuevamente 12 votos le ganaron a 24, ya que el quórum de los 2/3 significaba, al igual que en el caso anterior, 29 votos.

Al mismo tiempo, como un complemento de lo anterior, han estado legislando y aprobando en forma acelerada y “diligente” una serie de leyes que criminalizan la protesta social, reforzando e incrementando los instrumentos represivos del Estado, llegando incluso al absurdo de definir como delito expresiones de ate popular que interfieran con el tránsito vehicular, pues representarían actos compatibles con “barricadas”.
La participación ciudadana democrática en este proceso ideado por y para los defensores del modelo neoliberal imperante, será solo un espejismo de cambio, que se traducirá, en el mejor de los casos, en un maquillaje más a la Constitución del 80, como ocurrió con las reformas firmadas por Ricardo Lagos.

La máscara del oasis de bienestar y justicia social que fue destruida por la rebeldía popular que comenzó del 18 de octubre del año pasado, está siendo reemplazada por una careta de normalidad y democracia que se materializó en el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, en donde el Plebiscito de abril está ofreciéndose como un producto de mercado más, con una imagen de colores llamativos, como si se tratara de una nueva alegría que se encuentra a la vuelta de la esquina.
Debieron pasar 30 años para que aquel arcoíris de esperanza del año 88 mostrara su verdadero rostro desteñido, transformándose en una nube negra de injusticias y abusos que se transformó en un temporal de rebeldía que hizo estallar la rabia acumulada por años con la fuerza de un volcán. El 18 de octubre del 2019.
Los sectores políticos institucionales y las organizaciones sociales en donde sus militantes tienen una presencia importante, lenta, pero decididamente, se han colocado el equipo del nacionalismo tricolor para entrar a jugar en la ornamentada cancha meticulosamente construida para la ocasión por las clases dominantes.
Dichos sectores argumentan que participar en el Plebiscito de abril representa un punto fundamental en la conquista de una Nueva Constitución, pero omiten explicitar que el Acuerdo por la Paz fue rechazado tajantemente por los millones de chilenos y chilenas que se han estado manifestando enérgicamente en las calles; omiten, además, resaltar que el apoyo de Sebastián Piñera, según la encuesta CEP dada a conocer recientemente, solo alcanza al 6%, su gobierno el 5%, el Parlamento el 3%% y los partidos políticos solo el 2%; olvidan resaltar que precisamente esta institucionalidad deslegitimada es la que diseño la cancha y las reglas en donde se jugará el futuro de una “nueva” Constitución.

Dentro de los argumentos esgrimidos, además de las cientos de palabras llenas de retórica rebelde expresadas en manifiestos y proclamas para aceptar la propuesta del gobierno, está el de demostrar, con una masiva participación en el Plebiscito, votando y haciendo ganar a la opción Si, “Apruebo”, que se quiere una nueva Constitución, como si esto no haya quedado claramente demostrado en las movilizaciones multitudinarias que han estado desarrollando a lo largo de todo el territorio nacional los millones de chilenas y chilenos rebeldes.
Como he expresado anteriormente, el gobierno tiene en sus manos la iniciativa política, el sartén por el mango como se dice en buen chileno. Si participara poca gente en el Plebiscito de abril Sebastián Piñera y su gobierno podría argumentar que las chilenas y chilenos no quieren cambiar la Constitución y, por otro lado, si participa muchísima gente en esta consulta ciudadana, puede lisa y llanamente decir que lo propuesto por el gobierno en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es ampliamente apoyado por la mayoría ciudadana al participar en el camino institucional diseñado por ellos mismos.
El tango “Cambalache” sigue así más vigente que nunca.
Quienes hoy están nuevamente embarcados en esta mascarada, debieran tener, por lo menos, la dignidad de denunciar esta maniobra ideada por el gobierno y los poderes fácticos, denunciando enérgica y claramente que este no es el camino que llevará a lograr las demandas levantadas por el pueblo rebelde, dejando de utilizar argumentos y campañas publicitarias que faltan a la verdad, prometiendo oropeles, espejitos y regalos multicolores, “quemando etapas o utilizando todos los espacios” que solo sirven para dividir al pueblo movilizado, aprobar la gestión del gobierno de Piñera y aislar a los y las rebeldes encapuchadas que continúan en la primera línea, junto a las chilenas y chilenas que no creen en promesas de alegrías y tiempos mejores, manteniendo viva la llama de la rebeldía.
Una vez más, como hace treinta años, el triunfo del SÍ en el Plebiscito de abril significará el triunfo del NO y viceversa, como lo he planteado al iniciar esta reflexión.
Tal vez, el título de esta crónica “¿No hemos aprendido nada?” sería más adecuado cambiarlo, irónicamente, por “No hay que pedirle peras al olmo”.

Pero todo este sombrío panorama tiene una contraparte luminosa, representada por los millones de chilenas y chilenos rebeldes que sin permiso de nadie abrieron las grandes alamedas, para sembrar las semillas de la rebeldía y comenzar a construir un camino de liberación por donde, parafraseando a Salvador Allende, más temprano que tarde caminaran los hombres y las mujeres libres y dignas.
Y esta otra historia ya la están escribiendo las organizaciones y colectivos políticos extraparlamentarios junto a los diferentes sectores sociales y territoriales que, consciente o inconscientemente, han adoptado con su práctica concreta una posición anticapitalista y antipatriarcal.
Las movilizaciones populares, en sus múltiples expresiones de lucha, se han trasformado en una escuela de educación popular que en un período muy corto de tiempo, pero muy intenso en acciones de resistencia y lucha por la liberación, ha logrado instruir políticamente a muchísimos chilenos y chilenas, quienes se han transformado en protagonistas y constructores de su propia historia, desde la primera a la última línea de la rebelión popular.

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Paliza en la "Paridad de género": 24 votos a favor, 14 en contra. Pero ¡por la regla de 2/3 (Guzmán) no habrá paridad!

Redacción piensaChile — Thu, 23 Jan 2020 10:35:05 +0000

Los 2/3 lo hicieron otra vez: Senado rechaza paridad por falta de quórum

Diversas han sido las discusiones en torno al proceso de la convención constituyente, en donde los debates en torno a la paridad, la participación de pueblos originarios, así como los independientes, ha atravesado al conjunto de los partidos. Sin embargo, nuevamente se rechazó la paridad, gracias a la modalidad de los 2/3, que opera según la actual Constitución, pero que es la misma modalidad pactada en el acuerdo de paz, para lo que será la convención.
Desde las 11 de la mañana del miércoles estuvo en discusión el proyecto que contempla la paridad de género, la inclusión de pueblos originarios y la participación de independientes. Sin embargo, la paridad de género fue rechazada con 24 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.
Uno podría preguntarse ¿cómo es que siendo 24 contra 14 votos siga siendo rechazo el resultado? Esto se debe a los famosos dos tercios que tiene la constitución de la dictadura y que en el pacto del acuerdo por la paz que firmaron el 15 de octubre los personeros políticos de la UDI hasta sectores del Frente Amplio, como Gabriel Boric, Catalina Pérez, entre otros, se vuelve a repetir.
Es así que este proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, en donde de ser rechazado en ésta cámara, deberá discutirse en una comisión mixta entre Diputados y Senadores.
Sin duda alguna una muestra de los candados que ha puesto la derecha a su favor -con votos del Frente Amplio y abstenciones del Partido Comunista-, en donde hoy tienen la posibilidad de veto a cualquier iniciativa, utilizando la modalidad de los 2/3 a su favor. Modalidad que impidió recientemente que el agua pasase a ser reconocido como un “recurso de uso público”.
Medidas que la derecha ha hecho a su favor, y que se mantienen de cara al proceso que el Gobierno de Sebastián Piñera ha vendido como un proceso constituyente, pero que mantiene todas las posibilidades de veto de la derecha.
–El autor, Felix Melita, es estudiante de Psicología Universidad de Antofagasta
*Fuente: LaIzquierdaDiario

¿Quién es Jaime Guzmán, uno de los grandes responsables de la Constitución de la dictadura cívico-militar? Vea un detalle de su personalidad e ideología

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Llamado Urgente al Gobierno de Colombia

Redacción piensaChile — Sat, 27 Apr 2019 02:30:41 +0000

La situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo preocupante. El 19 de marzo, fue asesinado, con múltiples disparos, el líder social Joaquín Emilio Jaramillo en Antioquia.

Así mismo, los y las indígenas y campesinos de la “Minga” social en el Cauca denunciaron, el mismo día, que sufrieron represión, con armas de fuego, por parte de las fuerzas de seguridad, mientras realizaban una protesta social.

El 2 de abril, Deiner Ceferino Yunda Camayo, un indígena colombiano, fue asesinado por la Fuerza Pública y seis personas resultaron heridas cuando agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía reprimieron nuevamente las protestas de la “Minga”.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia desde el 01 de enero de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2019 han sido asesinados 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Es urgente llamar al Estado de Colombia a poner fin a la represión de la protesta social y la impunidad, sobre todo con respecto a los asesinatos sistemáticos de los y las líderes sociales y defensores de derechos humanos que lamentablemente se siguen registrando en el país.

Por otro lado, manifestamos nuestra preocupación que el Presidente de Colombia, Iván Duque, haya objetado el marco jurídico con que debe operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha resultado en que esta Ley volvió a trámite legislativo al Congreso de Colombia.

Debemos recordar que la JEP es uno de los compromisos de los Acuerdos Finales de Paz que fueron firmados el 2016 en La Habana, Cuba, entre la antigua guerrilla FARC-EP y el gobierno de Colombia, y deben ser respetados.

Estos Acuerdos Finales de Paz pusieron fin a más de 50 años de guerra entre las FARP-EP y el Estado de Colombia, y es importantes que todas las partes los respeten para seguir avanzando en la Construcción de Paz, por lo cual llamamos al Estado de Colombia a cumplir con sus compromisos.

Finalmente, denunciamos que a medida que la ex guerrilla de las FARP-EP se desmovilizó, grupos paramilitares han ocupado los territorios que las FARC-EP antes controlaban, y hoy ejercen control social y violencia contra la población.

Invitamos a nuestra base a enviar la siguiente carta al Presidente de Colombia:

Carta Urgente al Gobierno de Colombia

Sr. Iván Duque

Presidente de Colombia

A: contacto@presidencia.gov.co

CC: eestadosunidos@cancilleria.gov.co, Andres.diez@cancilleria.gov.co

Queremos expresar con esta carta nuestra preocupación y condena ante la continuidad de crímenes que se siguen registrando en Colombia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, desde el 01 de enero de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2019, han sido asesinados 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Por lo anterior, pedimos al Gobierno de Colombia proteger la integridad de todas y todos los líderes sociales y de las y los defensores de derechos humanos y detener a los grupos paramilitares que siguen operando con total impunidad. También pedimos poner fin a la represión y criminalización de la protesta social.

Al mismo tiempo, lamentamos que la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haya sido objetada, en seis de sus artículos, y nuevamente se esté tramitando en el Congreso de Colombia, lo que seguirá demorando que este organismo tenga un marco jurídico sólido.

Recordamos que la JEP es parte integrante de los compromisos de implementación de los Acuerdos de Paz, firmados en noviembre del 2016, entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, y que ha logrado poner fin a 50 años de guerra con las FARC-EP, lo que posibilitó el desarme y la desmovilización de miles de ex guerrilleros a favor de la construcción de paz.

Recordamos que los Acuerdos de Paz, y sus mecanismos de implementación, son un compromiso realizado ante la Comunidad Internacional, y los países garantes, por lo cual pedimos se cumplan con la mayor prontitud posible en favor de la paz y la convivencia democrática.

Señalamos finalmente que el sistema de Naciones Unidas y su Misión de Verificación en Colombia expresaron su total respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz como organismo de justicia transicional que es parte fundamental del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. (En inglés aquí…).

En solidaridad,

SOA Watch

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Balance de 2017 en Colombia: Se repite la historia de traición y muerte

Redacción piensaChile — Thu, 04 Jan 2018 07:51:28 +0000

27 de diciembre de 2017

«El problema en América Latina es que la historia tiende a repetirse como tragedia»
Eduardo Galeano

Es famosa esta afirmación de Carlos Marx: “Hegel dice en alguna parte que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa”. Este principio debería modificarse en América Latina en general, y en Colombia en particular, diciendo que acá la historia se puede repetir muchas veces, pero siempre como tragedia.

Y este presupuesto resulta de una importancia crucial a la hora de analizar lo que viene sucediendo con los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, puesto que nuevamente, por enésima vez, se incumple en forma descarada lo que ha pactado el primero. Esa historia de incumplimientos y traiciones no es nueva, es más que bicentenaria, puesto que se hizo realidad por primera vez en 1781, cuando el régimen colonial español traicionó las capitulaciones que había firmado con el movimiento de los Comuneros [1] y persiguió y asesinó públicamente y con saña a José Antonio Galán, el principal líder popular de ese levantamiento. En ese momento se originó lo que puede denominarse el síndrome del incumplimiento y de la traición por parte del Estado colombiano y las clases dominantes de lo que pactan y acuerdan con sectores de las clases subalternas. Ese síndrome viene acompañado de la persecución y muerte de los opositores políticos, como lo rubrica lo sucedido en los últimos 60 años de la historia colombiana.

En esta perspectiva lo que acontece hoy en día no es inédito, es simplemente la repetición, aparentemente mecánica de algo ya conocido, en cuanto a su resultado. Lo que aparece como diferente estriba en la suposición de una de las partes, las FARC, que esta vez el Estado si iba a cumplir, por las implicaciones que supone poner fin a una contienda armada de más de medio siglo. Los hechos han demostrado que al bloque contrainsurgente existente en nuestro país lo único que le interesaba era desarmar a la insurgencia de las FARC, como lo ha dicho sin disimulo Juan Manuel Santos. Esto quiere decir, sin necesidad de leer entre líneas, simplemente que no se va a cumplir nada de lo pactado y que los acuerdos no pasan de ser letra muerta, papel higiénico. Y a ese orden contrainsurgente le tiene sin cuidado que hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), garante de los acuerdos, critique ese incumplimiento.

Este es un incumplimiento en el que han participado los diversos componentes del bloque contrainsurgente: el ejecutivo, el parlamento, el sistema judicial, las fuerzas armadas, los medios de desinformación, los partidos políticos ligados al establecimiento, e incluso sectores políticos que se supondrían son de izquierda o alternativos (como el Polo Democrático-MOIR y los verdes, con Claudia López a la cabeza)…Todas a una, como en fuente ovejuna, han actuado al unísono, para torpedear lo pactado, que fue solemnemente firmado no en una sino en dos ocasiones, primero en Cartagena, antes del plebiscidio (suicidio plebiscitario) de octubre de 2016, y luego en el teatro Colon de Bogotá, tras introducir un sinnúmero de modificaciones, aceptadas por las FARC, que ya de por sí desnaturalizaban gran parte de lo acordado en cinco años de negociaciones en La Habana.

No se trata en esta reflexión de entrar a discutir –no porque no sea importante, sino porque ese no es el objetivo de este breve escrito– el alcance limitado de los acuerdos firmados en Bogotá en noviembre de 2016, alcance que ha sido presentado en forma exagerada por los voceros de la extrema derecha, desde el uribismo hasta el vargasllerismo, y sus voceros de prensa, encabezados por RCN, quienes sostienen con un cinismo extremo que esos acuerdos representan una entrega del país a lo que ellos denominan el castro-chavismo.

El trasfondo de este enunciado mentiroso, al estilo de Josep Goebbels, no es otro que ambientar el incumplimiento, como lo han logrado con éxito, y sobre lo que no debería haber duda, como lo demuestran algunos de los balances efectuados con motivo de cumplirse el primer año del acuerdo del Teatro Colón. Uno de esos balances sostiene que, en términos cuantitativos, el Estado ha cumplido solamente con un 18 por ciento de lo acordado, mientras que el cumplimiento de la contraparte, de las FARC, ha sido prácticamente del ciento por ciento. En efecto, mientras esta insurgencia ha entregado las armas, concentró sus frentes en zonas fijas, entregó un listado sistemático de sus haberes, los puntos básicos del acuerdo han sido irrespetados por el Estado.

Así, en cuanto al tema agrario –eje central del conflicto social y armado– no hay nada que permita vislumbrar que se va a efectuar alguna “reforma rural integral” que favorezca a los campesinos y pequeños productores. En cuanto al anuncio de entregar tres millones de hectáreas de tierras y de legalizar los títulos de otros siete millones, hasta ahora lo hecho es, por decir lo menos, absolutamente ridículo: se han entregado unas 69 mil hectáreas, sin saber cuántas corresponden a entrega y cuántas a restitución y “la Dirección de Acceso a Tierras reportó que durante 2016 compró 1.381 hectáreas, correspondientes a 33 predios, para entregarlas a organizaciones campesinas”( La Reforma Rural Integral, a ‘fuego’ lento ) .

Respecto a la política antidrogas, donde se planteaba una solución integral a ese espinoso asunto, que no se concentrara en atacar al productor de hoja de coca y se tocaran los diversos eslabones de ese negocio multinacional, eso no ha pasado del papel. En la práctica se ha reafirmado el viejo criterio de la política anti-drogas hecha en Estados Unidos, y reafirmada ahora por el gobierno de Donald Trump, de golpear a los campesinos, como lo evidencia lo sucedido en Tumaco, con la masacre de pequeños cocaleros, llevada a cabo por miembros de los cuerpos represivos del Estado colombiano. Incluso, como van las cosas, no es de extrañar que en el corto plazo se vuelva a poner en práctica la criminal política de fumigación aérea con glifosato, como lo viene planteando el Fiscal General de la Nación, una ficha del orden contrainsurgente, quien es uno de los principales opositores al cumplimiento de lo pactado con las FARC.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue presentada desde un principio como la “novedad” del acuerdo, y donde se planteaba abordar las responsabilidades de los financiadores de la guerra (los llamados “terceros”, como los empresarios, multinacionales, funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes…), ha quedado hecha trizas, y ha terminado siendo un tribunal en donde se va a juzgar de manera exclusiva a las FARC.

Y con relación a la participación política lo hecho es vergonzoso, puesto que no ha habido ninguna reforma política ni tampoco se ha propiciado ni creado el ambiente para la participación no solo de las FARC, sino de otros sectores políticos de las regiones, como lo demuestra la decisión del Paramento (perdón, Parlamento) de negar la aprobación de las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz, que debían facilitar la participación de las víctimas.

No se ha cumplido nada en lo esencial. Y no solo eso, lo peor de todo, es que avanza un nuevo genocidio: el de los excombatientes de las FARC. O cómo puede calificarse lo que está en marcha en Colombia, ante la mirada cómplice en algunos casos y complaciente en muchos otros de gran parte de la mal llamada “opinión pública” de este país, del asesinato a mansalva, desarmados y en estado de indefensión, hasta el momento en que se redactan estas líneas, de un poco más de 30 miembros de las FARC, a lo que se suma el asesinato de una decena de sus familiares.

El asesinato del primer miembro desarmado de las FARC, luego de la pretendida puesta en marcha de los acuerdos de La Habana no supuso ningún rechazo, como era apenas obvio, de los voceros del orden contrainsurgente, cuando ese hecho debió concitar la movilización masiva de la sociedad colombiana, para que ese no fuera el comienzo de un nuevo genocidio. Qué diferencia a lo sucedido en Argentina donde la movilización de importantes sectores de la sociedad ha impedido que se vuelva a legitimar la desaparición forzada, que se ha intentado imponer nuevamente como práctica de terrorismo de Estado con el caso de Santiago Maldonado. Es esa acción activa lo que obligó a que en forma relativamente rápida apareciera el cadáver de este dirigente popular, lo que desde luego es una noticia trágica, pero ese mismo hecho no hubiera sido posible sin una movilización que clama en contra de la impunidad de los crímenes de Estado.

El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince días después de haber salido de la cárcel.

Y como fue una noticia más de la crónica criminal de este país, y una noticia muy secundaria, el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, primer asesinado de las FARC, menos importante que los chismes y trivialidades de los famosos de origen colombiano (futbolistas que se divorcian o que estafan al fisco de diversos estados europeos, cantantes y actrices que exhiben como gran cosa sus asuntos personales en las mal llamadas redes sociales…), eso dio pie a que siguiera existiendo la impunidad plena de esos crímenes y de esos criminales, que directa o indirectamente están ligados al Estado y forman parte del orden contrainsurgente. Y que, además, se suponía que iba a dejar de existir luego de la desmovilización de las FARC. Pero qué va, los hechos han ido mostrando dolorosamente que en este país se sigue aplicando la lógica de la Guerra Fría, que nunca ha terminado en Colombia, de eliminar al que es declarado como enemigo, y no importa que para ello haya que esgrimir los argumentos más rebuscados y traídos de los cabellos, como los presentados recientemente por el Ministro de Defensa (sic) (mejor sería llamar Ministro de Ofensas), Luis Carlos Villegas.

Al respecto este personaje sostuvo que los asesinatos que se vienen dando en Colombia con una terrible asiduidad no son resultado de una persecución sistemática y planificada, sino que en su “Inmensa mayoría” «son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas». Dicho de otra forma, el Estado deja de cuidar la vida de los colombianos –que, según los cultores del supuesto “Estado de Derecho” que existiría en Colombia, sería una de sus responsabilidades principales- y expresa con cinismo algo así como que esos asesinados están bien muertos porque se lo merecen, al fin y al cabo, en algo debían andar, como siempre han dicho los asesinos, y sus cómplices mediáticos, cuando se asesina a un estudiantes, un campesino, un sindicalista o cualquiera que esté al margen de los verdaderos dueños de este país. No sorprende que los opinólogos de la prensa, como Semana, ese órgano por excelencia del orden contrainsurgente, legitimen los crímenes diciéndoles a las FARC, por ejemplo, como lo hace un tal Mauricio Carradini, que “no abusen de la victoria (sic) y no se vayan a ahogar en la sangre de sus propias batallas”. (http://www.semana.com/opinion/articulo/mauricio-carradini-opinion-la-arrogancia-de-las-farc/547813)

Frente a lo que está aconteciendo con el asesinato de ex combatientes de las FARC, que repite además la trágica historia de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Toledo Plata y miles de ex guerrilleros asesinados luego de que distintos movimientos insurgentes firmaron acuerdos con el Estado (algo que modernamente comenzó en 1953), sí que resultan aplicables las palabras de Eduardo Galeano, cuando manifestó con claridad meridiana: “La amnesia implica impunidad, y la impunidad estimula el delito, tanto en términos personales como colectivos. No se necesita ser un gran jurista para saber que si yo mato a mi vecino, y todo sigue igual, termino matando al vecindario entero, porque la impunidad tiene un efecto estimulante sobre el delito”.

Lo acontecido en este 2017 con el acuerdo, el haberlo hecho trizas, no es algo de poca monta, porque tiene una trascendencia que va más allá de lo meramente coyuntural. Muestra, de un lado, que está en marcha un genocidio similar, y de pronto peor, que el de la Unión Patriota y A Luchar. Indica, de otra parte, que en este país se repite la historia de incumplimiento y muerte por parte del bloque de poder contrainsurgente, que supone sembrar las semillas de nuevos-viejos conflictos nunca resueltos, es decir, se están incubando nuevas guerras. De eso deben estar tomando nota el ELN, las mal llamadas disidencias de las FARC, y nuevos movimientos insurgentes que puedan formarse en el futuro próximo, para los que queda claro que en este país de cultura traqueta no se respeta la palabra empeñada.

Renán Vega Cantor, Especial para La Pluma, Bogotá, diciembre 26 de 2017

Editado par María Piedad Ossaba

*Fuente: La Pluma

Notas:

{1] Sentencia de muerte del 30 de enero de 1782: “Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera; que, bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado por las llamas (para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo); su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro, la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes; declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esa manera se dé olvido a su infame nombre y acabe con tan vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspiran la fealdad y el delito”.

Renán Vega Cantor. Miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Historiador, Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Diplomado de la Universidad de París I, en Historia de América Latina. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999. Capitalismo y Despojo, Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013, entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Colombia y el Imperialismo contemporáneo, escrito junto con Felipe Martín Novoa, Ed. Ocean Sur, 2014. Integrante del Consejo asesor de Revista Herramienta, en la que ha publicado varios de sus trabajos. Es miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Colaborador de La Pluma.net

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Alerta: En Colombia, una nueva pacificación disfrazada de paz

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La Paz se construye en el Campo: Misión Internacional de Solidaridad con Colombia

Redacción piensaChile — Fri, 23 Sep 2016 22:58:33 +0000

El próximo 26 de septiembre se firma el acuerdo de Paz entre las Farc y el estado Colombiano, en la ciudad de Cartagena. Luego de este hecho inicia un proceso de consulta, mediante la aprobación de un plebiscito donde las y los colombianos afirmarán su compromiso con la Paz que marcará la terminación del conflicto. La consolidación de la Paz en Colombia será un hecho histórico, no solo para este país sino para el mundo luego de cinco décadas de guerra.

Varios han sido los actores del conflicto en estos años, uno de los principales es el campesinado; que representa más de 5 millones de personas, quienes han vivido en carne propia las consecuencias y los costos de esta guerra interna, que estos más de 50 años ha ocasionado muerte, desplazamiento y despojo en el campo, principal escenario de enfrentamiento y disputa.

«Ahora hablan de Paz cuando ya me han matado a todos mis hijos, nunca hemos podido vivir a plenitud en medio de esta guerra», asevera campesina en el departamento del Putumayo.

Colombia posee cerca de 42 millones de hectáreas para uso agropecuario, sin embargo también es uno de los países más desiguales del continente, mucha tierra en pocas manos, y muchos campesinos sin tierra, lo cual ocasiona miseria y pobreza que afecta directamente a los pueblos que viven en estos territorios.

En ese sentido, el acuerdo de paz tiene varios desafíos por delante, pues si bien no toca temas estructurales, al menos debería llegar a un punto decente, con un horizonte de justicia social, económica y ambiental; garantizando los derechos de las campesinas y campesinos a una vida digna.

La Misión Internacional de Solidaridad con Colombia (20 – 24 de septiembre), organizada por La Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, como garantes del proceso de Paz, en su primer día fue recibida en el Congreso Nacional. Para luego trasladarse a varias zonas emblemáticas del conflicto como el Putumayo, Norte de Santander, Magdalena, El Meta y Popayán donde fueron recibidos por organizaciones campesinas, cooperativas, organismos de derechos humanos y diversos sectores comprometidos con este sector.

La delegación de la Misión conformada por 16 países de América Latina, África y Europa, escuchó testimonios, recibieron denuncias, conocieron varios casos de persecución política, de desapariciones y muertes que han vivido familias campesinas durante la guerra. La Misión tuvo la tarea de verificar la situación de derechos humanos y tierra que enfrenta el campesinado en el contexto de paz para garantizar el punto uno del acuerdo relacionado a la Reforma Rural Integral que consiste en una serie de transformaciones para democratizar el acceso a la tierra en los campos de Colombia. Además los otros puntos relacionados con la Apertura Democrática, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas y Víctimas del Conflicto Armado. Este viernes 23 la Misión presentación del informe preliminar con base a las informaciones recogidas durante esta semana.

Cabe resaltar, que una parte significativa de la población mundial está formada por campesinas y campesinos. Incluso en un mundo altamente tecnificado, la gente come alimentos producidos por agricultores. La agricultura campesina no es sólo una actividad económica, sino que constituye el sustento vital de todas las personas. La Soberanía Alimentaria de la población en las ciudades depende del bienestar del campesinado y de la agricultura, por eso es estratégico redistribución de las riquezas y la tierra. Para proteger la vida humana es importante respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de las campesinas y campesinos. En este contexto, cobra particular importancia el proceso de Paz que hoy se vive en Colombia, porque es desde el campo donde se construye y se vive la Paz.

Videos:

El Campo es Paz: Entrevista Doris Rivera

El Campo es Paz: Entrevista David Martínez

Fotos:

Misión Internacional de Solidaridad con Colombia – Congreso Nacional

Misión Internacional de Solidaridad con Colombia – Putumayo

Misión Internacional de Solidaridad con Colombia – Villavicencio

Misión Internacional de Solidaridad con Colombia -Popayan

Más Noticias:

Misión Internacional de Solidaridad con Colombia verificará la situación de la tierra y los derechos humanos

La Cloc-VC Honduras presente en la Misión Internacional de Solidaridad con el movimiento campesino colombiano
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Acuerdo entre el Gobierno de Santos y la guerrilla, y el supuesto fin de la violencia

Redacción piensaChile — Mon, 19 Sep 2016 02:15:39 +0000

Con bombos y platillos, vienen anunciando las autoridades colombianas que el acuerdo de paz con la guerrilla, que será sometido a un plebiscito el dos de octubre del presente año, será muy importante en el sentido de que la nación suramericana tendrá al fin la paz anhelada por buena parte de su pueblo. Tristemente se trata de una verdad a medias, pues Colombia es un país con múltiples situaciones y fenómenos que de una u otra manera han generado toda una espiral de violencia desde mucho tiempo atrás, muy anterior a la aparición de los movimientos guerrilleros y de las autodefensas a mediados del siglo XX. Cómo se puede hablar de paz en una nación en la que:

La pobreza y miseria son elevadas, y por tanto son caldo de cultivo permanente para la delincuencia común y organizada.

Los alimentos y diversos bienes y servicios tienen precios inaccesibles para la mayoría. La educación y salud de alta calidad no son gratuitas ni por asomo.

El desarraigo socioterritorial y las migraciones forzosas de las masas campesinas son el pan de cada día, cortesía, en buena medida, del hostigamiento y la represión estatal en conjunción con fuerzas parapoliciales y paramilitares.

El narcotráfico sigue teniendo gran fuerza. De hecho no es exagerado identificar a Colombia como un Narcoestado.

Los famosos paracos hacen lo que les viene en gana, con el visto bueno disimulado del Estado colombiano. Un ejemplo es la impunidad con que actúan en zonas fronterizas con Venezuela, debido a los intereses económicos en torno a diversas actividades ilegales: contrabando, narcotráfico y otras.

Ciertamente la desmovilización de los guerrilleros parece que será una realidad concreta, y con ella la incorporación de éstos a la vida civil “normal”, o a la vida política en el caso de algunos de sus líderes. Pero también hay que considerar que numerosos guerrilleros delinquirán, tal como lo han hecho centenares de paramilitares desmovilizados. Factores como el desempleo existente y los miserables salarios pagados por la mayor parte del sector público y del sector privado, seguramente impulsarán a muchos ex miembros de la guerrilla a aliarse con narcotraficantes, o a participar en extorsiones, cobro de ‘vacuna’, sicariato y otras actividades delincuenciales. De manera que afirmar que el fin de la violencia llegará tras la puesta en práctica del acuerdo de paz (si es que el plebiscito le favorece), no es sino vender humo a los incautos. La paz en Colombia y el resto del mundo sólo será una realidad cuando haya justicia social y equidad, gracias a una nueva humanidad.

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Colombia: “La realidad en los territorios no tiene nada que ver con un escenario de paz”

Redacción piensaChile — Fri, 16 Sep 2016 23:48:37 +0000

Entrevista con Gladys Rojas, lideresa y luchadora social y de los DDHH en Colombia

Gladys Rojas es parte del equipo de trabajo de la Corporación Sembrar, una agrupación de Derechos Humanos con un cuarto de siglo de trayectoria y que se desempeña prioritariamente en el sur del departamento de Bolívar, desde los tiempos más duros de la incursión paramilitar en esa región. Gladys es una luchadora social que inició su compromiso popular hace 30 años, trabajando en la alfabetización campesina. Hasta hoy acompaña a las comunidades agro-mineras en la zona y colabora con las víctimas de violaciones de los DDHH en materia psicosocial.

La Corporación Sembrar se articula nacionalmente con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y con el Congreso de los Pueblos.

-Hoy Colombia está en el centro de la mirada latinoamericana e internacional debido al denominado Proceso de Paz. ¿Cuáles son para ti y para las organizaciones a las que perteneces, las condiciones de una paz genuina para los pueblos de Colombia?

“Puede sonar muy pesimista, pero cuando las y los líderes sociales estamos en terreno, viviendo el día a día junto a las comunidades campesinas, afro, indígenas, esa paz genuina no la percibimos. La realidad en los territorios no tiene nada que ver con un escenario de paz. En las regiones, las causas estructurales que originaron el conflicto social y armado en el país permanecen intactas. No existe ningún interés por parte del Estado colombiano de enfrentar esas causas sistémicas. Por el contrario, el Estado sólo tiene el interés de ‘adornar’ el país para venderlo a los intereses transnacionales. Y ante ese objetivo, el movimiento social e insurgente representa un estorbo. Por eso necesita neutralizarlo a como dé lugar.”

-¿Cuáles son esas causas estructurales?

“Consideramos que existen tres elementos estructurales que nos llevaron al conflicto social y armado. El despojo, la desigualdad económica y la exclusión política. Para nosotros una paz estable y duradera debe superar y resolver estos tres componentes.”

“Todas las reivindicaciones que hemos conquistado han sido mediante la movilización y la lucha. Y eso continuará siendo así.”

-Para reproducirse, el capitalismo requiere de la destrucción incesante de capital. Si, precisamente, el Estado capitalista colombiano subordinado a los intereses pentagonistas, tal como en muchas partes del planeta, busca superar su feroz depresión y crisis mediante el extractivismo destructivo de humanidad y naturaleza, la deuda y la súper explotación del trabajo asalariado, ¿qué confianza tienen de que el gobierno de Santos acabe con las causas sistémicas que iniciaron y mantienen el conflicto en el país?

“Confianza, ninguna. Nosotros reconocemos que los acuerdos de La Habana son un paso importante en la construcción de la paz. Sabemos que significará salvar muchas vidas en Colombia. Sin embargo, la realidad nos indica que al movimiento social nada se nos regala. Históricamente, todas las reivindicaciones que hemos conquistado han sido mediante la movilización y la lucha. Y eso continuará siendo así, si es que deseamos una paz al servicio de los intereses del pueblo colombiano.”

“Falta la participación de las comunidades y de la población”

-En Chile, a inicio de los 90 del siglo pasado, el primer presidente civil post-dictadura, el demócrata cristiano Patricio Aylwin, a propósito de la lucha por la verdad y la justicia por los crímenes de la tiranía cívico y militar, acuñó la infeliz expresión de “justicia…en la medida de lo posible”. La frase de Aylwin, uno de los golpistas más destacados durante el gobierno de Salvador Allende, sigue vigente en Chile a causa de los pactos entre las facciones del poder para tornar intocables a Augusto Pinochet y a los principales artífices y hechores de la más sangrienta dictadura que registra la historia de mi país. ¿Qué ocurre sobre la paz en Colombia en este sentido?

“El Estado colombiano está por la paz, más que ‘en la medida de lo posible’, derechamente ‘a su medida’. Y en el área de los DDHH, según el proceso de los acuerdos de La Habana en lo que compete a la demanda de verdad y justicia, hay un enorme escepticismo y decepción entre las víctimas, debido a que el acuerdo pondrá en total impunidad a muchos responsables de los crímenes cometidos por la fuerza pública. De hecho, este proceso los colocará a salvo. En tal sentido, sentimos que los años de trabajo, lucha y sacrificio en vidas humanas por la búsqueda de la verdad y la justicia, han sido en vano. Muchos militares que logramos llevar a la cárcel a un altísimo precio en vidas, quedarán libres.”

-Entonces, ¿qué clase de paz es la de los acuerdos de La Habana?

“Una paz incompleta. Faltan otros grupos insurgentes que deben ser tenidos en cuenta. Pero, ante todo, falta la participación de las comunidades y de la población colombiana que han vivido los impactos de la guerra y que no han sido consideradas hasta ahora. Si a ello le agregas la no solución de las causas estructurales del conflicto, entonces el camino está por hacerse todavía. Vale señalar que nosotros en relación al próximo plebiscito, estamos por el ‘Sí Y Vamos Por Más’, entendiendo siempre los aspectos antes señalados.”

Se agudiza la represión

-Desde el denominado cese de las hostilidades acordado entre el gobierno y las FARC, entre el 26 de agosto y el 14 de septiembre de 2016, ya han sido asesinados más de una docena de líderes sociales y defensores de los DDHH, y amenazados de muerte muchos más. ¿Qué significan estos hechos cuando se habla de paz?

“Significa que cuando todos están distraídos con el discurso de la paz, las y los líderes sociales y luchadores de los DDHH que continúan su labor en los territorios son presa del paramilitarismo y la fuerza pública sin control que siguen operando en las regiones. En Colombia cada vez que se habla de paz, siempre hay guerra. Pensamos que esperarían los resultados del plebiscito antes de continuar aplicando la represión. Sin embargo, ya prevemos que la represión se agudizará a través de los grupos paramilitares y de la fuerza pública con la excusa de perseguir al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ahorita será un objetivo importante desde lo militar. En ese marco, el movimiento social y las y los líderes de las comunidades llevamos la peor parte.”

El amor eficaz

-¿Qué madera insobornable forjó al movimiento social en Colombia?

“La construcción cotidiana con las comunidades. Vivir sus alegrías y sus dolores, sus triunfos y derrotas. Nuestra convicción de que otro mundo es posible; un amor infinito por la libertad y la justicia, un amor eficaz.

Ahora bien, naturalmente el mérito no ha sido sólo nuestro. Hemos recibido el ejemplo de los movimientos populares chileno, ecuatoriano, argentino, cubano, venezolano, etc. Aquí existe una retroalimentación permanente que ha fortalecido todo el sentimiento de resistencia en América Latina.”

-Si la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿qué precisan de las y los luchadores sociales del Continente y del mundo en esta hora incierta?

“Que nos sigan acompañando en la creación de esa paz verdadera y necesaria para Colombia, y que perseveremos en el trabajo conjunto de construir una América Latina tal como la soñamos.”

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