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Acuerdo de Escazú: a propósito de dos nuevas ratificaciones (Granada y Belice) y de otros avances

Redacción piensaChile — Wed, 22 Mar 2023 22:22:44 +0000

22 de marzo de 2023

El pasado 20 de marzo, Granada se convirtió en el Estado Parte número 15 al Acuerdo de Escazú, precedida por Belice que lo había hecho el 7 de marzo: véase carta formal con relación a Granada y carta formal con relación a Belice del Secretario General de Naciones Unidas, actuando como depositario de dicho tratado.

Cabe señalar que Granada había firmado el Acuerdo de Escazú el 26 de setiembre del 2019, mientras que Belice lo había firmado el 24 de setiembre del 2020, siendo su firma una de las más recientes registradas, conjuntamente con la de Dominica.

En Mesoamérica, México ratificó este tratado en enero del 2021, mientras que Nicaragua y Panamá ratificaron ambos este instrumento hace más de tres años (marzo del 2020); al tiempo que Costa Rica persiste en no aprobarlo, al igual que Guatemala. Por su parte El Salvador y Honduras (Nota 1) ni tan siquiera han firmado el Acuerdo de Escazú.

Pese a la situación antes descrita en lo que atañe a Mesoamérica, el resto del continente americano se ha mostrado mucho más comprometido con este instrumento regional de vanguardia en materia de ambiente y de derechos humanos: a modo de ejemplo, las acciones emprendidas por Chile (véase enlace oficial) son de destacar y de emular. En otras palabras, son señales prometedoras para el Acuerdo de Escazú las que se han registrado en el 2022, y en lo que va de este año 2023, tal y como lo intentaremos explicar en las líneas que siguen.

El Acuerdo de Escazú: un breve recuento sobre un tratado en pleno desarrollo

Como se recordará, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe. Se trata del primer (y a la fecha, del único) instrumento en materia ambiental para América Latina y el Caribe, por lo que la ausencia de Costa Rica entre sus Estados Parte a cinco años de adoptado, puede plantear algunas interrogantes muy válidas.

El largo proceso de negociación iniciado en el 2013 fue co liderado por Chile y Costa Rica. El texto finalmente adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 consta de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace): su objetivo es traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental. Su entrada en vigor, el 22 de abril del 2021, fue celebrada por diversos Estados, entidades de la sociedad civil y organizaciones internacionales, incluyendo dentro de Naciones Unidas, al mismo Secretario General (véase comunicado oficial del Secretario General).

Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 2).

En este 2023, un reciente llamado a Brasil para garantizar la supervivencia de la población Yanomami exige la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 8 de febrero del 2023). De igual manera, con relación a los derechos de la mujeres costarricenses, un reciente informe del Comité de la CEDAW le recomienda al Estado costarricense aprobar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase informe CEDAW/C/CRI/CO/8 del 28 de febrero del 2023, punto 45). Anterior a ello, encontramos la misma excitativa hecha a Costa Rica en un informe del Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado a raíz de su visita in situ realizada en el 2021 (véase enlace para acceder a dicho informe, con fecha del 13 de julio del 2022, párrafo 98 inciso i) ).

En el mes de marzo del 2022, una importante cita en la capital costarricense auspiciada por la CEPAL con los principales bancos internacionales de cooperación al desarrollo (Banco Mundial, BCIE, BID, BEI) y con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reafirmó que el Acuerdo de Escazú se enmarca perfectamente con los lineamientos generales sobre transparencia y rendición de cuentas que promueven estas entidades internacionales en materia de inversión (véase comunicado oficial de prensa). Por razones que ameritan ser investigadas, y no lo han sido, este comunicado de prensa y el evento como tal no fueron referenciados en los medios de la prensa costarricense.

En el mes de abril del 2022, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú: se trata de un texto muy valioso, y de lectura muy recomendada para organizaciones sociales, así como para decisores y entidades públicas, y público en general interesado.

En el mes de noviembre del 2022, el primer foro sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales se reunió en la capital ecuatoriana (véase programa y videos de esta importante actividad).

Estas y varias otras actividades, totalmente ignoradas por gran parte de la prensa costarricense, denotan el fuerte impulso que la CEPAL y los Estados Partes le han imprimido al Acuerdo de Escazú, en aras de lograr su pronta implementación y correcta aplicación.

El Acuerdo de Escazú: una notable utilización por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En una de sus últimas sentencias, dada a conocer en febrero del 2023, el juez interamericano condenó a Chile por violar la libertad de expresión de un abogado ambientalista: véase por ejemplo esta nota de la DW de finales de febrero de 2023. Al estudiar más detenidamente el razonamiento seguido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver este complejo caso, el Acuerdo de Escazú aparece en varias partes de dicha sentencia, y ello de manera notoria. Es así como, luego de citar varias de sus disposiciones (párrafos 73-77), la Corte Interamericana precisa que:

“La Corte considera que el respeto y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, además de ser un compromiso adquirido por los Estados parte de la Convención Americana, en tanto se trate de personas bajo su jurisdicción, reviste especial importancia pues estos desempeñan una labor “fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho” (párrafo 78) (Nota 3).

El juez interamericano procede de igual manera más adelante en el texto de su sentencia. En efecto, luego de referirse a otra disposición del Acuerdo de Escazú en el párrafo 99, se lee en el párrafo 100 que:

«…, la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental«.

Estas referencias al Acuerdo de Escazú por parte del juez interamericano en su razonamiento constituyen las primeras de muchas otras que reaparecerán en el futuro, en particular cuando examine casos contenciosos relacionados a la situación que enfrentan quienes en América Latina alzan la voz en defensa del ambiente, sea desde sus pequeñas comunidades o sea desde otros espacios. Si bien la contribución de la jurisprudencia interamericana a la protección de los defensores del ambiente ha sido analizada de manera detallada (Nota 4), no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye desde ya a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia.

Esta sentencia debería desde ya interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos. Cabe precisar que en el párrafo 71 de su sentencia, se lee que para el juez interamericano:

«71. La definición de la categoría de defensoras o defensores de derechos humanos es amplia y flexible debido a la propia naturaleza de esta actividad. Por ello, cualquier persona que realice una actividad de promoción y defensa de algún derecho humano, y se autodenomine como tal o tenga reconocimiento social de su defensa, deberá ser considerada como persona defensora. En esta categoría se incluyen, por supuesto, los defensores ambientales, también llamados defensores de derechos humanos ambientales o defensores de derechos humanos en asuntos ambientales«.

El contenido de esta sentencia merece ser ampliamente difundido a organizaciones ecologistas, activistas, y público en general, así como también a universidades, abogados litigantes y a escuelas judiciales: el razonamiento seguido por el juez interamericano debería ser en particular analizado por jueces penales nacionales que examinan demandas por presunta difamación contra ecologistas (Nota 5).

En efecto, la demanda penal por presunta difamación contra Carlos Baraona Bray en Chile interpuesta en el 2004 constituye en realidad una “técnica” a la que se recurre con frecuencia en América Latina para intentar veladamente intimidar a líderes comunales, ecologistas, campesinos, indígenas, o a académicos, en particular cuando un megaproyecto es objeto de un debate público debido a los impactos ambientales negativos del mismo; la doctrina anglosajona refiere a este tipo de acciones como “SLAPP actions” (Nota 6). Estas acciones penales presentadas, ya sea por un funcionario estatal (como en el caso de Carlos Baraona Bray), ya sea por una empresa privada, pocas veces fructifican: son usualmente desestimadas, archivadas o bien rechazadas después de largos años por los tribunales de justicia. Como ocurrió en Costa Rica – entre muchos ejemplos – con la demanda interpuesta por una empresa piñera contra un líder ambientalista y sindical en Siquirres (véase nota de Kioscos Ambientales del 2010), con las cinco demandas por presunta difamación interpuestas por una empresa minera canadiense en el 2011 (Nota 7), o bien con la demanda interpuesta por un empresario en el 2015 contra un abogado ecologista del Caribe Sur costarricense (véase nota de ElPais.cr del 2021). El hecho que estas demandas sean desestimadas o sobreseidas (como en el caso de Carlos Baraona Bray) no significa que no vulneren algunos de los derechos de las personas demandadas, y en ello es que radica precisamente el principal aporte de esta sentencia, entre varios más.

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).

En nuestra opinión, resulta innegable la importancia que reviste esta sentencia desde ya para proteger a personas defensoras del ambiente de demandas penales claramente intimidatorias de las que son muy a menudo víctimas. En el párrafo 126 de esta sentencia leemos que:

«126. Sobre el particular, la Corte recuerda que estándares internacionales en materia ambiental resaltan la importancia de que los Estados adopten medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión y el acceso a la información con el fin de garantizar la participación ciudadana en asuntos ambientales la cual resulta de vital importancia en la materialización y protección del derecho al medio ambiente sano, conforme al Acuerdo de Escazú (supra párr. 100)«.

Cabe añadir que el Acuerdo de Escazú también deberá reaparecer, esta vez, en una futura opinión consultiva de esta misma jurisdicción regional: en efecto, en enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada por Chile y Colombia con relación a las obligaciones que tienen los Estados de cara a la emergencia climática y a las medidas de carácter urgente que deberían de tomar (véase texto completo de la solicitud de opinión consultiva): se trata de seis preguntas a las que la Corte deberá de responder, dos de ellas (la B y la E) refiriendo sus autores de manera expresa a las disposiciones del Acuerdo de Escazú.

Con relación a la impunidad que campea usualmente ante atropellos de toda clase que sufren los defensores del ambiente y los líderes de poblaciones más impactadas que otras por los efectos del cambio climático, hay que agradecer a Chile y a Colombia por por haber incluido la pregunta E en su solicitud de opinión consultiva, cuyo párrafo 5 se lee de la siguiente manera:

«5. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tener en cuenta los Estados para asegurar que los ataques y amenazas en contra de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática no queden en la impunidad?«

Algunos detalles sobre la línea de tiempo de las ratificaciones reunidas en breve

Más allá de los efectos que empieza a producir desde ya en el sistema interamericano de derechos humanos el Acuerdo de Escazú, a la fecha, el estado oficial de firmas y ratificaciones de este emblemático tratado regional adoptado en Costa Rica en el mes de marzo del 2018, registra un total de 24 firmas y de 15 Estados Parte, con Granada y Belice que depositaron su instrumento de ratificación en el mes de marzo del 2023.

Anterior a Granada y a Belice, Chile (junio del 2022), Argentina y México (enero del 2021) procedieron de igual forma, de manera coordinada, al ser estos dos últimos Estados los que permitieron de manera conjunta la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el 22 de abril del 2021, Día de la Tierra.

Cabe recordar que el primer Estado en ratificar el Acuerdo de Escazú fue Guyana (abril del 2019), seguido luego por Bolivia, Santa Lucía, San Vicente y la Granadinas, y Uruguay, Estados que depositaron su respectivo instrumento de ratificación en Naciones Unidas en la misma fecha del 26 de setiembre del 2019, la cual coincide con el primer año desde que fue abierto a la firma este tratado regional en la sede de Naciones Unidas. En el 2020, Antigua y Barbuda logró depositar su instrumento de ratificación en Naciones Unidas en la fecha en la que el Acuerdo de Escazú celebraba su segundo aniversario (4 de marzo) seguido una semana después por Nicaragua y Panamá.

Estos pequeños detalles de forma evidencian el esmero de algunas cancillerías en el hemisferio por formalizar su compromiso con un emblemático instrumento en fechas de relevancia. Se puede de igual manera considerar que Chile buscó en el 2022 una fecha insigne como es la del 5 de junio (Día Internacional del Ambiente), depositando formalmente su instrumento de ratificación una semana después en Naciones Unidas.

En América Latina, Colombia debería proceder a una pronta ratificación, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras de su Poder Legislativo de dicho acuerdo en el mes de noviembre del 2022 (véase nuestra nota al respecto). En lo que respecta al trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, aún está pendiente una consulta a la Corte de Constitucionalidad colombiana cuya resolución es esperada en los próximos meses.

La desconcertante ausencia de Costa Rica

El pasado 4 de marzo, el Acuerdo de Escazú cumplió exactamente 5 años desde du adopción en Costa Rica en el 2018: una fecha que pasó totalmente desapercibida, al menos en lo que refiere a las autoridades de Costa Rica. Este fecha fue precedida por un episodio bastante llamativo: el archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota).

El hecho de archivar el Acuerdo de Escazú ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: en efecto, fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«).

Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú:

«Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Un reciente foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por LaRevista.cr (véase enlace) explicó los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa, reiterando de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales: se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las propinadas por la Sala Constitucional en dos ocasiones (Nota 8).

A la fecha, la insólita mezquindad demostrada por la Corte Plena a la hora de examinar los efectos del Acuerdo de Escazú sobre el funcionamiento del Poder Judicial, ratificada en marzo del 2020 por la Sala Constitucional en una votación de seis contra uno (Paul Rueda Leal – Nota 9) es única: no ha encontrado eco alguno por parte de los demás poderes judiciales del hemisferio americano. Un mismo tratado internacional que sí genera, según la Corte Plena y luego la Sala Constitucional, un gasto para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense y … ¿qué no lo genera en ninguno de los poderes judiciales de los demás Estados de la región? Así como se lee, por más insólito que resulte. Vaya extrañeza que ameritaría, como mínimo, una explicación (que a esta fecha no se ha dado) y hasta una rectificación. Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera.

Ya tuvimos la oportunidad, en junio del 2022, de escribir que:

“Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe” (Nota 10).

Con relación a otros “argumentos” contra el Acuerdo de Escazú, habíamos tenido la oportunidad de externar públicamente una cuantas preguntas en la misma fecha del 4 de marzo del 2022 a algunos sectores empresariales costarricenses: véase nuestro artículo publicado en Delfino.cr y titulado «Acuerdo de Escazú: preCOP este 4 de marzo… sin Costa Rica«. A más de un año de publicadas, ninguna de estas preguntas han sido contestadas. Intentos previos realizados en el 2021 para debatir públicamente los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú no lograron materializarse (Nota 11).

A modo de conclusión

Más allá de la forma bastante peculiar que tienen algunos sectores en Costa Rica de debatir sus supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú, y del desconcierto que ha generado la ausencia de Costa Rica, no cabe duda que este 2023 inicia de manera muy prometedora para el Acuerdo de Escazú, tal y como lo hemos detallado en las líneas anteriores.

Desde el punto de vista institucional y operativo, los Estados Parte al Acuerdo de Escazú y la CEPAL no han escatimado en sus esfuerzos: la breve reseña de actividades y documentos elaborados en el 2022 son tan solo una pequeña muestra de su compromiso con la democracia ambiental que se pretende consolidar a través de la implementación del Acuerdo de Escazú. Cabe precisar que una primera Conferencia de las Partes (COP1) se realizó en Santiago de Chile en abril del 2022, la cual será seguida por una segunda COP en el 2024 también a celebrarse en la capital chilena, mientras que una importante reunión preparatoria tendrá lugar en Argentina en abril del 2023 (véase enlace oficial).

Con relación al precitado estado oficial de 24 firmas y 15 ratificaciones, a la fecha, en América Latina, varias ausencias persisten.

En efecto, se mantienen sin tan siquiera haber firmado el Acuerdo de Escazú los siguientes Estados: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela. El proceso de ratificación no tiene cómo iniciarse en estos Estados hasta tanto el Poder Ejecutivo no firme el texto. Al tiempo que, conjuntamente con una desconcertante Costa Rica, persisten en no aprobarlo en sus respectivos congresos los siguientes Estados: Brasil, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Es muy probable que la ausencia de Costa Rica, a cinco años de aprobado el Acuerdo de Escazú, constituya un argumento inesperado que resultará de gran utilidad para sectores políticos y económicos del hemisferio opuestos al reconocimiento de los derechos de quienes defienden el ambiente.

No está de más recordar que en el pasado, con relación a otro emblemático instrumento regional que fue también adoptado en el territorio costarricense, Costa Rica sí se ajustó a lo que se espera siempre de un Estado que hospeda la ronda final de negociación de un futuro tratado: en efecto, Costa Rica fue el primer Estado en ratificar en 1970 (véase el estado oficial de firmas y ratificaciones de dicho instrumento) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como «Pacto de San José».

El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Blog del autor: Derecho Internacional

Notas

Nota 1: En el caso de Honduras cabe precisar que el Acuerdo de Escazú se adoptó un 4 de marzo, una fecha escogida como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016 debido a su oposición a un proyecto hidroeléctrico denominado Agua Zarca. Su asesinato fue objeto de una investigación internacional, un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer este crimen y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres«).

Nota 2: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).

Nota 3: Véase sentencia Baraona Bray contra Chile, sentencia del 24 de noviembre del 2022, párrafo 100. Texto completo de la sentencia disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo BORRÁS S., «La contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la protección de los defensores ambientales«, Revista Eunomía, Vol. 9, Núm. Oct-2015/Marzo 2016, pp. 3-25. Texto integral del artículo descargable en en la red; así como NUÑO A., «Personas defensoras del medioambiente. Obligación de investigar violaciones a derechos humanos«, Infojus, disponible aquí.

Nota 5: En el párrafo 118, se lee textualmente que para el juez interamericano: “118 …, la Corte recuerda que, en el marco del debate sobre temas de interés público, el derecho a la libertad de expresión no solo protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la emisión de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población152. De esta forma, si bien las expresiones del señor Baraona Bray fueron sumamente críticas de la conducta del senador SP en relación con las autoridades encargadas en la conservación del árbol de alerce, eso no implica que su discurso quede desprotegido bajo la óptica de la libertad de expresión. La utilización de expresiones que pueden ser chocantes o críticas son recursos o estrategias comunicacionales utilizadas por defensores de derechos humanos y del medio ambiente, que buscan comunicar y generar consciencia en la población en general. De esta manera, una declaración sobre un asunto de interés público goza de una protección especial en atención a la importancia que este tipo de discursos tienen en una sociedad democrática”.

Nota 6: Estas acciones penales buscan ante todo presionar e intimidar a líderes ecologistas, campesinos, indígenas o de otros colectivos sociales que alzan la voz ante los atropellos de los que son víctimas por parte de empresas y corporaciones. Su objetivo es claramente de carácter intimidatorio. En la doctrina anglosajona se denominan «SLAPP actions» (Strategic Legal Actions Against Public Participation). Este valioso informe titulado “Silencing Human Rights and Environmental Defenders: The overuse of Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPP) by Corporations” analiza el impacto de estas acciones penales, mientras que en este enlace se encontrará un informe publicado en el 2022 que recoge parte de la práctica en América Latina, titulado «SLAPPS in Latin America”.

Nota 7 : Se trata de demandas penales interpuestas por la empresa minera Infinito Gold contra dos diputados (véase nota de Panamaamérica del 2011), así como contra un líder comunal y dos profesores universitarios. Con relación a estas demandas, en el 2012 tres de los demandados publicaron un artículo titulado “Audiencias con el Infinito: ausencias…” en La Nación (véase artículo en la edición del 3/07/2012 y reeditado en Kioscos Ambientales) sobre extrañas patologías recurrentes de los abogados de la empresa tendientes a aplazar, en tres causas penales distintas, las audiencias ante el juez programadas para resolver estas tres demandas (que fueron finalmente desestimadas). El programa Era Verde del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR) dedicó dos interesantes emisiones sobre la suerte de estas cinco demandas por presunta difamación interpuestas por Infinito Gold (véase video1 y video2), incluyendo entrevistas a las personas acusadas por la empresa minera canadiense.

Nota 8: En una primera sentencia de marzo del 2020 (véase texto completo de la sentencia 06134-2020), la Sala Constitucional consideró que un vicio en el procedimiento invalidaba la aprobación en primer debate, con un voto salvado de un magistrado (de siete) opuesto a semejante conclusión y que señaló en su opinión que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país«. Dos magistrados consideraron además adjuntar dos notas: una primera en la que el magistrado intenta demostrar los límites de la participación pública en asuntos ambientales, omitiendo – convenientemente – citar lo que señaló expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho en su Opinión Consultiva OC-23 del 2018; y una segunda en la que una magistrada consideró útil – y oportuno – hacer ver que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental contraviene a la Constitución (lo cual resulta a todas luces insólito y denota su desconocimiento de reglas básicas del derecho ambiental moderno vigente en Costa Ria). En un segundo momento, en agosto del 2020, la Sala Constitucional consideró necesario retrotraer todo el procedimiento desde un inicio (véase texto completo de la sentencia 15523-2020): el mismo magistrado Paul Rueda en esta segunda oportunidad, indicó en su voto salvado – cuya lectura completa se recomienda – que: «Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”. Remitimos a nuestros estimables lectores a la sección titulada “Escazú y la inversión de la carga en materia ambiental o del arte de amenazar con la vaina vacía” y a la sección “La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina” de nuestro artículo: BOEGLIN N., “La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Ambiente”, 7 de junio del 2022, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), disponible aquí.

Nota 9: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.

Nota 10: Véase BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones en el Día Internacional del Ambiente”, LaRevista.cr, edición del 8 de junio del 2022, disponible aquí.

Nota 11: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental fracasaron: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en el mes de mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también el comunicado oficial de la UCR), así como en el mes de junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a la UCCAEP conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» fue la tónica de algunos en Costa Rica

El articulo Acuerdo de Escazú: a propósito de dos nuevas ratificaciones (Granada y Belice) y de otros avances apareció primero en piensaChile.

Acuerdo de Escazú: una nueva y valiosa contribución de la CEPAL

Redacción piensaChile — Sun, 28 Nov 2021 23:01:39 +0000

Foto presentada arriba fue extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019

28 de noviembre de 2021
En este mes de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario (Argentina).

La obra se titula «El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano: el texto completo de la misma (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial de la CEPAL. Cabe destacar que el prefacio a este libro es autoría de John H. Knox, Ex relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.

En su presentación, las tres editoras de este libro indican que: «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv).

Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional. En gran parte ello se debe a una verdadera campaña de desinformación orquestada por algunos sectores económicos y políticos opuestos a ver consolidados y afianzados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entre muchos, destaca el caso de Chile, de Colombia, de Paraguay y de Peru. Estos «argumentos» en contra de Escazú se asemejan más a mitos y a leyendas promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables: desde la idea según la cual al aprobar Chile este tratado, una demanda boliviana en su contra sería inminente, hasta la supuesta pérdida de soberanía peruana en la región amazónica, pasando por la intención de favorecer el aborto que encontró la iglesia paraguaya en el Acuerdo de Escazú, sin hablar de la inversión de la carga de la prueba (que vendría a amenazar la presunción de inocencia en materia penal) o el hecho que se ahuyentaría la inversión extranjera de aprobarse el Acuerdo de Escazú. Estos y muchos otros supuestos «argumentos» han sido sólidamente refutados en varias latitudes, desde la academia y desde la misma sociedad civil (Nota 1).

La intensidad de esta campaña de desinformación y sus relevos encontrados en influyentes medios de prensa, que se intentan contrarrestar mediante valiosos esfuerzos en materia de comunicación (Nota 2), explican que de 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Desde este punto de vista, esta nueva contribución de la CEPAL en este mes de noviembre del 2021 permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental. Es de notar desde ya que las economías de los Estados que ya han ratificado este novedoso instrumento regional (como las de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá o Uruguay) no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Durante la reciente COP-26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente.

Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) un valioso artículo que refuta nuevamente los mitos creados por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento: véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica«, cuya lectura también recomendamos.

Los casos de Costa Rica (que persiste en no ratificar este instrumento) y de Chile (que tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 3), al tratarse de los dos Estados que lideraron las negociaciones previas a la adopción del Acuerdo de Escazú (y que se extendieron por cinco años, siete meses y siete dias): es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideran la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.

El Acuerdo de Escazú_ CEPAL_es

Notas:

Nota 1: Por ejemplo, en Costa Rica el equipo de periodistas de Doblcheck publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«, disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú«, disponibe en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales«. En Paraguay, el sitio ElSurti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya con relación al Acuerdo de Escazú.

Nota 2: En Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de LaPulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacerse los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal se recomiendan: «El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente«, disponible en YouTube aquí y otro video titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, disponible aquí . Es de notar que tan pronto conocido el comunicado de una influyente camara empresarial en Costa Rica en contra el Acuerdo de Escazu en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate publico con dos academicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para Tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos academicos invitados a «debatir» con los ausentes.

Nota 3: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica?Así como se oye, por más extreño le suene«, sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí; así como a PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, Derecho al Dia, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V. & NALEGACH C., «¿Porqué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?» Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, Número 2, Noviembre 2020, disponible aquí.

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Blog del autor: Nicolas Boeglin

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La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una no celebración teñida de tensión en Costa Rica

Redacción piensaChile — Mon, 26 Apr 2021 17:33:54 +0000

El pasado 22 de abril, entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en el 2018. Como se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018, bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas).

El Acuerdo de Escazú en breve

El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficial en español) es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Al 22 de abril del 2021, este tratado regional ha sido firmado por 24 Estados y ratificado por 12 (véase estado oficial de firmas y ratificiones). Es de notar que entre el 2013 y el 2018, las negociaciones contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica: dos Estados que vergonzosamente, a la fecha no han ratificado este texto. En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente (véase texto que aún está colgado en el sitio oficial de la diplomacia chilena) constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa.

La determinación de la fecha de entrada en vigor

Mientras un tratado internacional no es vigente, no ingresa plenamente al universo del derecho internacional público. Su contenido no víncula aún de manera obligatoria a los Estados que lo han ratificado, ni tienen estos cómo implementar los mecanismos o crear los órganos previstos dentro del tratado. En cada instrumento internacional se incluyen disposiciones que establecen de manera muy clara las condiciones para determinar la fecha exacta de su entrada en vigor.

¿Cómo se fijó la fecha de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú? Esta se calculó contando tres meses después de registrarse el número de ratificación número 11, según lo establece el Artículo 22, párrafo 1.

Al respecto, merece mención la coordinación muy precisa realizada por los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York, el 22 de enero del 2021: de 10 Estados Partes, se pasó directamente a 12 Estados Partes. De esta manera, estos dos Estados enviaron una señal clara e inequívoca a la región y al resto de la comunidad internacional en favor de la democracia ambiental, permitiendo además hacer coincidir la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú con una fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Madre Tierra: un gesto ejemplar para otras cancillerías, de cómo se puede transformar un sencillo acto protocolario en una gran celebración.

Sobre algunas actividades oficiales programadas para celebrar la entrada en vigor de Escazú

Entre varias actividades para celebrar la entrada en vigencia de este importante acuerdo regional se puede citar la que desde la CEPAL (entidad que auspició las negociaciones de este acuerdo regional durante más de 5 años y medio), se organizó con la participación oficial de los 12 Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase programa), a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Cada Estado celebró oficialmente esta fecha: podemos por ejemplo citar este foro interministerial realizado por diversas carteras en Argentina (véase enlace oficial) y este otro evento realizado en Bolivia (véase nota de prensa); y de paso, preguntarnos qué fue lo que ocurrió en algunos Estados para que no se registrara ninguna actividad oficial al respecto.

Cabe señalar que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su profunda complacencia por la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (véase comunicado de prensa), asi como Naciones Unidas, incluyendo un mensaje de su máximo representante, el Secretario General (véase comunicado de prensa oficial).

Sobre algunas actividades de otra índole para celebrar la entrada en vigor de Escazú

Se puede también destacar la feliz iniciativa gestada desde universidades de Argentina y de Francia para realizar varios módulos virtuales de capacitación sobre los alcances de este novedoso tratado regional para jueces, operadores de justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG): se trata del «Primer conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional«, cuyo programa y formulario de inscripción (gratuita y abierta a todo el público) son disponibles aquí.

Siempre en Argentina, hay que recordar el esfuerzo de los académicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para ofrecer una de las publicaciones más completas existentes en estos momentos sobre el Acuerdo de Escazú (330 páginas), la cual fue editada en el 2020 y cuyo texto completo está disponible en este enlace.

Es también en Argentina que se anunció la creación de un Foro Legislativo Ambiental en el seno de su Congreso este 21 de abril (véase nota), un formato que bien podría interesar a otros poderes legislativos en la región.

Es muy probable que otras iniciativas en distintas partes de América Latina y del Caribe vieron el día para celebrar la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú … sin Costa Rica

En Costa Rica, la situación incómoda de observar la entrada en vigor de un tratado internacional que lleva el nombre de uno de sus cantones sin figurar entre los Estados Partes fue más que palpable.

Más aún si se considera que Costa Rica lideró con Chile los cinco años, siete meses y siete días que duraron las negociaciones. Y más aún si se considera lo siguiente: a diferencia de Chile, en donde la pasación de poderes del 2018 significó un cambio abrupto de orientación política (con el estallido social que sacudió a Chile en el 2019 y parte del 2020), en Costa Rica, a partir de mayo del 2018, las nuevas autoridades electas pertenecen al mismo partido político que gobernó en el período 2014-2018.

A una extraña maniobra del Poder Ejecutivo de la semana pasada, consistiendo en convocar el Acuerdo de Escazú el 12 de abril para desconvocarlo 48 horas después (véase artículo del Semanario Universidad), volver a convocarlo y desconvocarlo nuevamente el pasado 24 de abril aduciendo temas sanitarios ligados a la pandemia, podemos observar otras más recientes en el Congreso: véase por ejemplo esta nota con audios de diputadas registrados en días recientes así como lo que quiso ser una maniobra de última hora de la fracción oficialista (y que no lo fue) y este reciente artículo del Semanario Universidad. De última hora se informó desde el mismo 21 de abril que varios diputados se oponían rotundamente al Acuerdo de Escazú (véase esta nota del medio digital Delfino.cr y esta otra de CRHoy).

La sensación de incoherencia y de improvisación fue total, así como lo insólito que resulta la situación de Costa Rica, analizada esta vez desde la perspectiva internacional (véase entrevista radial al respecto). Como lo habíamos explicado en su momento, algunas cámaras empresariales costarricenses en octubre del 2020 circularon una serie de pronunciamientos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú en el seno de la Asamblea Legislativa (Nota 1).

Más allá de los vaivenes de la política costarricense, este 22 de abril se realizó un foro (véase programa) convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo video puede ver aquí:

Al tiempo que, siempre desde la UCR, el Programa Era Verde de su canal de televisión (Canal 15 UCR) dedicó su emisión semanal al Acuerdo de Escazú.

Pese a una intensa campaña realizada por varias cámaras empresariales contra el Acuerdo de Escazú, el mismo 22 de abril se organizó un foro, por parte del exitoso medio digital Delfino.cr, para debatir públicamente sus argumentos; los representantes de la UCCAEP optaron finalmente por no participar (véase enlace al foro realizado, en el que se ponderaron los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú que sostiene la UCCAEP).

El 22 de abril del 2021: una ocasión propicia para realizar acciones diversas

No está de más decir que, de cara a esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en este 2021, las organizaciones de la sociedad civil, la academia (Nota 2), el sector ecologista, los movimientos sociales y la prensa también fueron llamados a participar activamente: con respecto a esta última, varias agencias internacionales de noticias prepararon notas, entrevistas y artículos para el 22 de abril (véase por ejemplo esta nota de la DW alemana, este artículo publicado en ElPais de España y esta nota de Radio France Internationale, RFI).

En el ámbito nacional, se puede destacar el esfuerzo colectivo de varios medios peruanos que lanzaron el 22 de abril el video «Ratificación del Acuerdo de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú» (véase video promocional).

Así como la deuda de Perú con el Acuerdo de Escazú es manifiesta, al haber sido frenada su adopción en el congreso peruano con base en argumentos falaces (y hasta … fantasiosos), es muy probable que en América Latina, colectivos recordaron en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela que mantenerse distante del Acuerdo de Escazú resulta cada vez más insostenible.

Este artículo de El Desconcierto (Chile) ilustra muy bien el desconcierto que provoca la incoherencia del discurso de sus actuales autoridades en materia ambiental, mientras que este otro publicado en El Nuevo Siglo (Colombia) explica el alcance de la ausencia de Colombia (Estado en el que más asesinatos de líderes comunitarios y ecologistas se registra).

En cuanto a la situación de la prensa en Costa Rica, nos permitimos recordar lo que se observó en marzo del 2018 y que se plasmó en unas reflexiones nuestras (véase texto) al señalar que:

«No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.«

A modo de conclusión

El contar con 12 Estados que puedan oficialmente participar a la primera reunión de Estados Partes y darle vida a un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú, constituye sin lugar a dudas un gran avance para la región y para la consolidación de la democracia ambiental. El hecho que Chile y que Costa Rica aún no figuren en este grupo de Estados puede ciertamente afectar su credibilidad a nivel internacional; no obstante, esta ausencia no afecta mayormente el proceso de consolidación de este innovador impulso en procura de un desarrollo económico mucho más equitativo e inclusivo y respestuoso de los derechos de cada ciudadano y colectividad en el continente.

En América Latina, el haber incorporado el tema del Acuerdo de Escazú en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra constituyó una gran oportunidad para dar a conocer el alcance de las disposiciones normativas de este importante instrumento: en particular para informar sobre la vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en la región y son regularmente noticia cuando son intimidados, amenazados, enjuiciados, o asesinados.

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Publico, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

*Fuente: Nicolás Boeglin

Notas—

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., « «¡Llegaron los mitos!»: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.

Nota 2: Siempre en Costa Rica, referimos a un muy reciente y completo artículo publicado, cuya lectura completa se recomienda: PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el estado de derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17/4/2021, disponible en este enlace.

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Colombia firma finalmente el Acuerdo de Escazú: apuntes

Redacción piensaChile — Sat, 14 Dec 2019 22:59:07 +0000

Este 11 de diciembre del 2019, finalmente se oficializó en Naciones Unidas la firma del Acuerdo de Escazú (instrumento regional suscrito en Costa Rica en el 2018) por parte de Colombia: véase notificación oficial de la Secretaría General. En las líneas que siguen desmenuzaremos el alcance de esta firma, que no se deja ver en el escueto documento circulado por el departamento de tratados de Naciones Unidas.

Ello no sin antes recordar que, para que un tratado internacional sea vigente en el ordenamiento jurídico de un Estado, este último primero debe firmarlo (una atribución que recae usualmente en el Poder Ejecutivo) y luego aprobarlo (una postedad tradicionalmente reconocida al Poder Legislativo): el negarse a firmar un instrumento internacional impide a sectores políticos y de la sociedad civil iniciar una campaña para lograr su ratificación.

El resultado de una fuerte presión de la sociedad civil colombiana

La palabra «finalmente» usada previamente obedece a la fuerte movilización de organizaciones ambientales y sociales en Colombia, desde que oficialmente el Poder Ejecutivo colombiano afirmara que no iba a firmar este tratado, aduciendo un sinnúmero de razones tan insólitas como falaces (véase por ejemplo nota del prensa de RCN del 30.09.2019).

Cabe señalar que la víspera de la firma, es decir el 10 de diciembre del 2019, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó en la ciudad colombiana de Cartagena a una actividad en homenaje a lideres sociales y defensores de los derechos humanos en la que afirmó que:

«Combatir la violencia que se ejerce contra estos defensores de los Derechos Humanos es una responsabilidad de los gobiernos, pero también de nuestras sociedades, de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas y de la comunidad internacional. Es una responsabilidad y un deber sagrado compartido por todos» (véase texto de su discurso).

La decisión del Poder Ejecutivo de Colombia de firmar el Acuerdo de Escazú en semejantes condiciones merece mención y anuncia que la campaña por lograr su debida ratificación será bastante álgida. No está de más precisar que durante las negociaciones del Acuerdo de Escazú (2014-2018), la delegación colombiana se mostró incómoda, presentando diversas propuestas en aras de reducir el alcance de varias disposiciones del futuro instrumento.

«No firmaremos el Acuerdo de Escazú porque…»: un insólito unísono oído en Bogotá y en Santiago (y en ninguna otra parte)

Con ocasión de la PreCop25 celebrada en Costa Rica en octubre del 2019, habíamos tenido la oportunidad de señalar lo inédito que resultaban las posiciones de Chile y de Colombia de no firmar un instrumento regional como el Acuerdo de Escazú. En esta nota publicada en el sitio de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, titulada: «Ambiente y Derechos Humanos: el Acuerdo de Escazú a un año de su firma«, nos permitímos señalar que:

«La ausencia de la firma de Chile, de Colombia y la de otros Estados podría revertirse en caso de que algunos Estados de la región, por alguna razón, cambien súbitamente de parecer e inicien su propio proceso en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia ambiental.»

La posición de Chile así como los argumentos (un tanto originales) esgrimidos por parte de sus máximas autoridades fueron desmenuzados y desvirtuados uno tras uno en en esta emisión producida en Chile del programa «Las cartas sobre la mesa» por parte de representantes chilenos de la sociedad civil (véase emisión disponible en este enlace).

Con relación a aspectos estríctamente jurídicos, remitimos también a nuestros estimables lectores a una entrevista titulada «¿Cuál es el tratado de derechos humanos y ambientales que Chile y Colombia se rehúsan a firmar?» realizada en noviembre del 2019, disponible en este enlace, en la que hacemos ver la verdadera revolución jurídica que proponen Chile y Colombia al presentar una serie de argumentos sobre las consecuencias de la firma de un tratado que desconoce … la misma Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969 (véase lo que dispone el artículo 18 de dicha convención).

Como bien se sabe, la cumbre anual sobre cambio climático (COP25) debió ser trasladada de Chile a España a solicitud de las autoridades chilenas, debido a la situación de convulsión social imperante en Chile. La COP25 que sesiona en Madrid ha tenido que extenderse por una jornada sabatina imprevista este 14 de diciembre para intentar lograr un acuerdo: resulta de interés señalar que la propuesta de último momento de la Presidencia de la COP25 (ejercida por Chile) fue objetada por México, Argentina y Uruguay, Estados que

«denunciaron que en el borrador actual se retiraran referencias a la importancia de tener en cuenta los derechos humanos y los de los indigenas en la lucha contra el calentamiento» (véase cable de la agencia AFP reproducido en esta nota de CRHoy del 14.12.2019).

Esta información nos viene a confirmar que para las actuales autoridades de Chile (y algunos otros Estados), el tema de los derechos humanos no tiene mayor cabida cuando de ambiente se habla: una postura de la que está tomando nota toda la comunidad internacional así como los movimientos sociales de Chile y del resto de América Latina.

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada «Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina», 30 de julio del 2019

El Acuerdo de Escazú a más de un año desde su firma

El tablero oficial sobre el estado de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial), con 22 firmas pero tan solo cinco ratificaciones obtenidas en poco más de un año evidencia que a algunos sectores políticos (y a influyentes sectores económicos) no les interesa en lo más mínimo que se combine la protección de los derechos humanos con la defensa del ambiente.

En días recientes, el Ejecutivo de Paraguay optó por retirar el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú en trámite en el Congreso, causando un profundo malestar entre diversos sectores paraguayos (véase nota de prensa de Ultima Hora del 2/1/2019): no se tiene claro si el señor Arzobispo confundió este instrumento con otro texto al que se opone la Iglesia Católica sobre derechos humanos.

Es de notar que entre las firmas ausentes, figuran, además de las de Colombia (hasta este 11 de diciembre) y la de Chile, las de Cuba, El Salvador, Honduras y de Venezuela.

La COP25 que se lleva a cabo en España en este mes de diciembre constituye una ocasión propicia para que algunos Estados de América Latina reafirmen su compromiso con la defensa del ambiente y los derechos que ello conlleva para las comunidades y las organizaciones ecologistas.

Como bien lo señala una misiva colectiva de entidades colombianas,

«La firma de este Acuerdo representa también un compromiso con la agenda climática de Colombia y se convierte en un nuevo acercamiento del Gobierno Nacional con la democracia ambiental y las y los defensoras/es de derechos humanos y ambientales del país» (véase texto del Comunicado de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, con fecha del 10.12.2019).

Hay que agradecer a Bolivia y a Uruguay por haber sido los primeros en América Latina en depositar su respectivo instrumento de ratificación en la Secretaría General de Naciones Unidas, al tiempo que persisten interrogantes muy válidas sobre la ausencia de Costa Rica como Estado Parte a este novedoso instrumento (habiéndose transcurrido más de un año desde que puede serlo).

A modo de conclusión

Las organizaciones colombianas que lograron obtener esta firma por parte de Colombia podrían compartir su valiosa experiencia con sus homólogas chilenas: a pesar de haber sido, con Costa Rica, un activo promotor durante más de cuatro años de las negociaciones que culminaron en el 2018 en Escazú, y a pesar de la movilización de organizaciones sociales exigiendo mayor coherencia por parte de sus autoridades de cara a la COP25 inicialmente prevista en Santiago, Chile se resiste a firmar el Acuerdo de Escazú.

La movilización de organizaciones ecologistas colombianas permitió, entre muchas otras acciones, una publicación extremadamente completa (cuya lectura se recomienda y que puede interesar a muchos otros Estados de América Latina), titulada “Colombia y el Acuerdo de Escazú” (véase texto integral ), en la que se concluye que:

“Son alarmantes las cifras de conflictos ambientales y de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente en Colombia. A pesar de contar con una amplia legislación en materia de información, participación y justicia ambiental en Colombia, la conflictividad ambiental en el país se agudiza cada día. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta de vital importancia para cambiar esta situación en el país” (p. 89).

Un amicus curiae presentado el pasado 6 de diciembre por diversas entidades internacionales en la causa penal que enfrenta el líder mapuche en Chile Pascual Curamil Millanao (véase texto completo, cuya lectura también recomendamos) nos viene a recordar la opción latente de algunos Estados (y sectores económicos) de optar por criminalizar a líderes comunitarios y ecologistas en América Latina, con la única finalidad de intimidar a los integrantes de sus comunidades.

Nótese que en América Latina, los dos Estados en los que se están dando fuertes movilizaciones y protestas sociales en este cierre del año 2019 coïnciden con los dos únicos Estados cuyas autoridades adujeron oficialmente oponerse a la firma del Acuerdo de Escazú.

-El autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Blog del autor: Nicolás Boeglin

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La industria celebra: Chile impulsa tratado de Escazú para no firmarlo

Redacción piensaChile — Sun, 30 Sep 2018 02:30:52 +0000

En una extraña reacción de Cancillería, el Gobierno informó que nuestro país no firmará el acuerdo en el que por más de cuatro años trabajó y negoció con países de Latinoamérica y el Caribe para garantizar participación pública y acceso a la información y justicia en materia ambiental.

Miércoles 26 de septiembre 2018 17:52 hrs.

La ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, confirmó que nuestro país postergó la rúbrica por decisión de Cancillería, lo que ha desconcertado a las organizaciones que han trabajado por más de cuatro años en el desarrollo del documento.

La decisión del Gobierno se enmarca en un contexto de crisis ambiental en la que por más de un mes se han registrado centenares de personas intoxicadas producto de la emanación de gases contaminantes por parte de las empresas que funcionan en la zona de Quintero y Puchuncaví.

La catástrofe ambiental del borde costero aún no tiene responsables y el Gobierno no ha dado señales de un plan para mitigar esta emergencia que podría convertirse en uno de los casos de violación de derechos humanos ambientales más grave en las últimas décadas. A esto se suma que el Gobierno de Sebastián Piñera aprobó las tronaduras en Isla Riesco, sector patrimonial de la Patagonia que se pondría en peligro por la actividad minera del carbón.

Escenario internacional sustentable

En materia medioambiental Chile se ha perfilado como uno de los líderes en el desarrollo de su institucionalidad ambiental, esto porque es uno de los pocos países en Latinoamérica que cuenta con Tribunales Ambientales, Superintendencia de Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y un Ministerio en la materia.

Por lo mismo, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y el segundo mandato de Michelle Bachelet se desarrollaron negociaciones para crear un marco internacional que avanzara en la protección de los recursos naturales finitos y en la protección de los derechos humanos ambientales.

Ezio Costa, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director de FIMA, una de las organizaciones civiles implicadas en la redacción y desarrollo de la negociación para el acuerdo de Escazú planteó que “ha sido harto trabajo de parte del Estado y también de las organizaciones sociales que nos hemos sumado a esto. Llevamos trabajando cuatro años en el convenio para que salga con un texto aprobado en negociaciones sucesivas entre países de América Latina y el Caribe en que Chile tuvo un papel central. Fue nuestro país el que propuso la existencia de este convenio y fue Chile el que llamó a otros países a sumarse a este tratado, incluso nuestro país mantuvo la guía de la negociación y de la redacción. La oficina ejecutiva de la negociación fue la CEPAL que está en Santiago y que tuvo una forma de llevar el tratado que tenía que ver con su relación con Chile”.

Por lo mismo, es que el hecho de no firmar este convenio deja a nuestro país en una muy mala postura frente a sus pares en Latinoamérica y el mundo, “porque Chile es visto desde los ojos internacionales como un país que ha cumplido con sus obligaciones en general, incluso este país se ha enorgullecido en manifestar ser seguidor de sus compromisos internacionales y en este momento lo que está haciendo el Gobierno es romper una larga tradición de cumplimiento. Esta vuelta que se da el Gobierno creo que va afectar las relaciones diplomáticas en Latinoamérica”.

Por su parte, la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, quien participó activamente en las negociaciones que se dieron durante los últimos cuatro años, planteó que “el tratado se va a firmar y va a entrar en vigencia y quizás Chile lo firme más adelante, pero lo que se pierde hoy con esta decisión es liderazgo, porque Chile ha ganado un gran prestigio internacional por haber liderado este proceso. A nuestro país se le ha criticado por ser un mal vecino, por mirar solo al norte, en cambio en este proceso, desde 2012 se ha posicionado como un vecino interesado en cooperar con su región. Entonces si Chile no firma, después de que junto a Costa Rica, hace tres meses, invitó a todos los estados que participaron en las negociaciones a firmar, se va a perder ese liderazgo y prestigio. Además va a aparecer como un país que no cumple con sus compromisos, porque es como que el anfitrión abandone la casa antes de empezar la fiesta”.

La participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos empresariales es uno de los objetivos que plantea el convenio de Escazú, instancia que podría evitar que se sigan sucediendo casos como los que se han evidenciado en Quintero y Puchuncaví con el funcionamiento tóxico de un cordón industrial que no genera una convivencia con la comunidad, sino todo lo contrario, la ha llevado al colapso sanitario. Los mismo que ha ocurrido en Petorca con las empresas agroexportadoras que usurpan agua, dejando sin suministro básico de agua a la comunidad o como lo que se vive en las zonas australes de nuestro país con los desastres ambientales causados por la sobreproducción de salmones de cultivo en las aguas del sur de Chile que mantiene devastado el fondo marino y a las comunidades que han perdido sus fuentes de abastecimiento natural.

El convenio, si bien es cierto, no genera una posición vinculante de la comunidad en la evaluación ambiental, si exige que exista una participación activa de las comunidades y también protege la figura de los defensores ambientales que son personas que por iniciativa personal han estado constantemente levantando las demandas de la ciudadanía en esta materia y que en diferentes territorios han sufrido ataques que incluso en nuestro país han terminado en asesinatos.

El porqué de no firmar

Uno de los motivos por los que la Cancillería habría declinado de la firma del convenio de Escazú es la participación que eventualmente tendría el Tribunal de La Haya en la resolución de controversias ambientales, lo que podría haber incomodado al Gobierno en el contexto en que se encuentra con el litigio que vive nuestro país con Bolivia por la disputa de una salida soberana al mar.

En este sentido, Valentina Duran, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y una de las cabezas dentro del documento presentado para su firma mañana en Nueva York, explicó que “fuera de que me parece totalmente inoportuna la decisión de Cancillería, porque el texto del tratado ya estaba consolidado desde el cuatro de marzo, entiendo que las aprensiones tendrían que ver con darle o no competencia para la resolución de conflictos a la Corte Internacional de la Haya. Este tratado tiene disposiciones idénticas a las de muchos tratados internacionales, donde se explicita que los estados al firmar, ratificar o en cualquier momento pueden decidir a qué sistema de solución de controversia adhieren para efectos del tratado. Esta puede ser o someterse a la competencia de la Corte Internacional de la Haya o bien a sistemas de arbitraje que establezca el tratado, pueden ser a ambos sistemas o uno de los dos, por lo tanto, Chile al firmar tampoco se está comprometiendo a llevar cualquier controversia en relación con este tratado a la Haya, por lo que si esa es la tensión es un entendimiento errado de los alcances de este tratado”.

Según explicó, Ezio Costa, “durante toda la negociación participó un funcionario de la Cancillería, por lo mismo nos parece tan extraña la decisión, ya que incluso existía un borrador que había sido aprobado hace cuatro meses”.

Por otra parte, Duran explicó que “este tratado internacional, una vez ratificado y que pasa a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, no exige necesariamente que hayan cambios legales inmediatos, más bien requiere hacer progresivos ajustes en la gestión ambiental. Lo más importante de este tratado es que nos comprometemos a avanzar y no retroceder en la protección del medio ambiente.

*Fuente: Diario UdeChile

El articulo La industria celebra: Chile impulsa tratado de Escazú para no firmarlo apareció primero en piensaChile.

Más de 130 expertos en derecho ambiental e internacional emplazan al Gobierno: Chile debe firmar el Acuerdo de Escazú

Redacción piensaChile — Fri, 28 Sep 2018 09:23:38 +0000

26 de septiembre, 2018

En una declaración que pone presión al Gobierno, los firmantes señalan que el país debe “honrar el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales”. El tratado será suscrito este jueves en la Asamblea General de la ONU, pero el Gobierno optó por postergar su firma.

Más de 130 abogados y abogadas expertos en derecho ambiental e internacional y académicos suscribieron una declaración pública en la que exhortan al Gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú, el primer convenio de democracia ambiental del mundo que será suscrito este jueves en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Entre los firmantes figuran personalidades como Constance Nalegach, encargada de la negociación del acuerdo a nombre del Estado chileno; la ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte; el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic; el ex presidente del Segundo Tribunal Ambiental, Rafael Asenjo; el director del Grupo de Medio Ambiente de Carey, Felipe Meneses; Arturo Brandt, de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, Achidam; la académica Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile y directora del centro de estudios Espacio Público; y la Jefa División de Sanción y Cumplimiento, Marie Claude Plumer, entre otros.

En la declaración, señalan que “el tratado contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en una sociedad más pacífica, justa y sostenible, y espera beneficiar a más de 500 millones de personas a lo largo de América Latina y el Caribe”

Luego, recuerda el rol de liderazgo de Chile en este proceso, dado que propuso esta iniciativa en 2012, presidió su etapa preparatoria, co-presidió la negociación e involucró a países e instituciones internacionales para el buen éxito de este proceso.

En este sentido, señalan que “no solo se ha depositado la confianza en Chile por parte de los demás países de continuar su liderazgo”, y por lo tanto la firma del mismo significa “honrar el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales”.

Finalmente, destacan que “el tratado refuerza los compromisos ambientales de Chile pero no impone ninguna obligación adicional”, saliendo al paso de los temores que motivaría la firma de este nuevo acuerdo.

A continuación, el texto completo de la declaración y los firmantes:

En marzo de este año, luego de un proceso internacional impulsado y liderado por Chile y Costa Rica desde el 2012, veinticuatro países adoptaron en Costa Rica el “Acuerdo de Escazú”, cuyo principal objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

El tratado contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en una sociedad más pacífica, justa y sostenible, y espera beneficiar a más de 500 millones de personas a los largo de América Latina y el Caribe. Ha sido reconocido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente como uno de los tratados ambientales más importantes en los últimos veinte años.

A la luz de ello, no solo se ha depositado la confianza en Chile por parte de los demás países de continuar su liderazgo hasta que entre en vigor el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, sino que también su firma hace eco de la política internacional y ambiental que nuestro país ha venido sosteniendo de manera sistemática como política de Estado, honrando el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales.

El Acuerdo de Escazú que Chile ha impulsado, reafirma compromisos suscritos por Chile en acuerdos internacionales y desarrollados en su legislación interna, para elevar los estándares con que hoy se resuelven los conflictos socio-ambientales en los territorios. Con ello se espera reducir y prevenir la innecesaria judicialización que preocupa tanto al sector privado como a las comunidades y al sector público, promoviendo el diálogo, la restauración de las confianzas y el adecuado funcionamiento de las instituciones.

Por último, el tratado refuerza los compromisos ambientales de Chile pero no impone ninguna obligación adicional, distinta de avanzar y no retroceder en estas garantías, cuestión muy importante. No obstante los desafíos de gestión que tenemos por delante, su implementación no precisa en principio modificaciones legales y es consistente con el avance de nuestra regulación, siendo así como lo han entendido el sector empresarial, la academia, ONGS, y ambos bloques políticos nacionales.

Por lo anterior, los y las abajo firmantes, abogados(as) y abogados expertos en derecho ambiental, e internacional y académicos (as) de diversas áreas, confiamos en que el Presidente de la República instruirá a Cancillería para que firme este tratado con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el acto convocado para tal efecto el 27 de septiembre a las 10:00 AM, demostrando así su firme compromiso político y liderazgo internacional.

Santiago, 26 de septiembre de 2018

1. Valentina Durán Medina
2. Constance Nalegach Romero
3. Luis Cordero Vega
4. Verónica Pía Delgado Schneider
5. Dominique Hervé Espejo
6. Francisca Javiera Silva Valdebenito
7. Pilar Moraga Sariego
8. Sergio Montenegro Arriagada
9. Constanza Gumucio
10. Melissa Mallega Acevedo
11. Paula Fuentes Merino
12. Estefanía Carolina Vásquez Silva
13. Jorge A. Cash Sáez
14. Raul Campusano Droguett
15. Natalia Labbé Céspedes
16. Andrés Bordalí Salamanca
17. María Francisca Aguilar Campos
18. Francisca Javiera Silva Valdebenito
19. Daniela Alejandra Navarro Fernández
20. María Ignacia Sandoval Muñoz
21. Álvaro Núñez Gómez de Jiménez
22. Melissa Mallega Acevedo
23. Matías Esteban Ortiz Méndez
24. Ana Lya Uriarte Rodriguez
25. Florencia Ortúzar Greene
26. Estefanía Carolina Vásquez Silva
27. Cristian Laborda Mora
28. Branislav Marelic Rokov
29. Patricia Rada Salazar
30. Marcelo Castillo Sánchez
31. Rocío Noriega Pinner
32. Paulina Gálvez
33. Patricia Reyes Olmedo.
34. Juan Alberto Molina Tapia
35. Rocío Parra Cortés
36. Ximena Insunza Corvalan
37. Susana Figueroa Meza
38. Jose Ignacio Figueroa Elgueta
39. Pedro Pablo Silva Sanchez
40. Victoria Galleguillos Alvear
41. Luis Valentín Ferrada Walker
42. Valeria E. Meneses Señor
43. Clemente Pérez
44. Agustin Martorell Awad
45. Felipe Leiva Salazar
46. Paloma Infante Mujica
47. Francisco Ferrada Culaciati
48. Rodrigo Ropert Fuentes
49. Ezio Costa Cordella
50. Rodrigo Mora Ortega
51. Daniel Benoit Marchetti
52. Verónica Seguel Ilabaca
53. Arturo Brandt
54. Diego Lillo Goffreri
55. Paula Nieto Pino
56. Rodrigo Rivera Cuevas
57. Gabriela Burdiles Perucci
58. Ivan Poklepovic Meersohn
59. Daniela Matas
60. Jose Luis Novoa López
61. Sol Meckievi
62. Victoria Paz Belemmi Baeza
63. Andrea Reyes Blanco
64. Macarena Sofía Meléndez Román
65. Carolina Häberle Orrego
66. Sergio Guzmán Zenteno
67. Gabriela Durán Brand
68. Gabriela Alejandra Barriga Muñoz
69. Mauricio Daza Carrasco
70. Pamela Torres
71. Mara Angelini
72. Carla Valenzuela Muñoz
73. Marie Claude Plumer Bodin
74. Marcela Paz Fernández Rojas
75. Ignacia Isidora Mewes Alba
76. Paula Oriana Cortés González
77. José Aylwin
78. María Francisca González Guerrero
79. Fundación Geute Conservación Sur
80. Loreto Lorena Hernandez Navia
81. Camila Martínez Encina
82. Manuel Arís Alonso
83. Daniel Benoit Marchetti
84. Pablo Valenzuela Mella
85. María Josefina Correa Pérez
86. Felipe Benjamín Ramírez Parada
87. Carola Salamanca Gatica
88. Felipe Meneses Sotelo
89. Javiera Calisto Ovalle
90. Ximena Patricia Silva cespedes
91. Romina Chávez Fica
92. Edmundo Vargas Carreño
93. Camila Palacios Ryan
94. Jorge García Nielsen
95. Patricio Rodrigo Salinas
96. Julio Herrera Quezada
97. Nelson Rodrigo Pérez Aravena
98. José Ávila Barrera
99. Ignacio Martínez Jadue
100. Johana Cancino Pereira
101. Paz Zárate Barahona
102. Christian Paredes Letelier
103. Vicky Ortiz Durán
104. Mariana Cruz Astudillo
105. Javiera Edwards Rodríguez
106. María Graciela Veas Sabaj
107. Osvaldo Cabezas Muñoz
108. María Jesús Pinochet Abalos
109. Juan Carlos Cisternas Friz
110. Christian Rojas Calderón
111. Ingrid Henríquez Cortés
112. Enza Alvarado Parra
113. Carlos Silva Alliende
114. Leonardo Cofré Pérez
115. Rafael Asenjo Zegers
116. Camila Errázuriz Camus
117. Lina Callejas Ramírez
118. Matias Ignacio Montero Olivares
119. Ilan Motles Esquenazi
120. Salvador Millaleo
121. María Isidora Calaf Albagés
122. Karenn Diaz Campos
123. Tomás Las Heras
124. Constanza Cavallo Pérez
125. Juan Carlos Cisternas Friz
126. Gustavo Fuentes Gajardo
127. Jorge Alviña
128. Paulina Vodanovic Rojas
129. Dánisa Estay Vega
130. Sebastián Tapia Camus
131. Daniella Ramírez Sfeir
132. Victoria Olivia Alejandra Fullerton Soto
133. Sigrid Francisca Scheel Verbakel
134. Eduardo Astorga Jorquera
135. Felipe Tapia Valencia
136. Ariel Espinoza Galdames
137. Carolina Paz Soler León

*Fuente: El Mostrador

Organizaciones y parlamentarios por renuncia del Gobierno al Acuerdo de Escazú: “Es una forma de eludir responsabilidades”

Redacción piensaChile — Fri, 28 Sep 2018 02:30:25 +0000

CHILE NO SUSCRIBIÓ TRATADO, PESE A SER UNO DE SUS IMPULSORES

27 de septiembre de 2018

De forma súbita, el Gobierno de Sebastián Piñera desestimó firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –“Acuerdo de Escazú”–, a pesar de que Chile fue uno de los países líderes en dar impulso a la iniciativa hace seis años, justamente, durante la primera administración piñerista.

“Cancillería ha solicitado que por razones internacionales se postergue su firma y vamos entregar información cuando la tengamos”, fueron las explicaciones que entregó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pero que no han dejado satisfechas a las organizaciones que velan por la protección de la flora, fauna y los territorios.

De hecho, durante este jueves, día en que Chile tendría que haber firmado el Acuerdo, organizaciones de la sociedad civil, junto a parlamentarios de oposición, cuestionaron públicamente al Gobierno por su reciente decisión.

“Vemos con preocupación que lo que se ha entregado como argumento es contradictorio, pasando responsabilidades de un ministerio a otro, cuando sabemos que el Estado es uno. Aquí no solo hay descoordinación, sino que hay una forma de eludir responsabilidades”, expuso Paulina Acevedo, coordinadora del programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano.

La periodista sostuvo que Escazú “ha sido catalogado como el acuerdo ambiental más importante de los últimos 20 años”, puesto que “incluye la participación en las negociaciones de representantes de sociedad civil”.

En efecto, tras nueve reuniones del Comité de Negociación, en marzo pasado se definió que el Acuerdo tendría tres derechos fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública (involucramiento de ciudadanos en toma de decisiones, como viabilidad o monitoreo de proyectos) y acceso a la justicia ambiental.

“Estamos hablando de justicia ambiental, de acceso a la información y de participación ciudadana, mismos temas que este gobierno ha dicho son prioridad para esta administración y forman parte de los ejes de la reforma al sistema de impacto ambiental que hoy esperan nosotros tramitemos en la Cámara de Diputados”, afirmó la diputada, Catalina Pérez, presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la cámara baja.

*Fuente: ElCiudadano

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